Naciones Unidas

CMW/C/SR.186

Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares

Distr. general

17 de agosto de 2012

Español

Original: inglés

Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

16º período de sesiones

Acta resumida de la 186ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el lunes 16 de abril de 2012, a las 15.00 horas

Presidente:Sr. El Jamri

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud delartículo 73 de la Convención

Informe inicial del Paraguay

Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud delartículo 73 de la Convención

Informe inicial del Paraguay (CMW/C/PRY/1, CMW/C/PRY/Q/1 y Add.1; HRI/CORE/PRY/2010)

1. Por invitación del Presidente, l a delegación toma asiento a la Mes a del Comité.

2.El Sr. Buffa (Paraguay), al presentar el informe inicial de su país (CMW/C/PRY/1), expresa el firme compromiso del Paraguay con la protección de los derechos humanos, especialmente los de los migrantes, y dice que el Paraguay se encuentra al día en la presentación de informes ante el sistema de órganos de tratados de las Naciones Unidas. Los retos planteados por la migración se han multiplicado en los últimos años debido al mayor número de países de origen y destino. El Gobierno del Paraguay está convencido de que la migración no debe tratarse únicamente como un coadyuvante del crecimiento económico, sino que debe concebirse también dentro del enfoque de los derechos humanos. Por consiguiente, el Gobierno observa con preocupación las políticas migratorias restrictivas aplicadas en respuesta a la crisis económica mundial, sobre la falsa premisa de que los países desarrollados acogen "la miseria del mundo", un planteamiento que perjudica al respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus familiares. Las políticas contra los migrantes no contribuyen a disminuir la migración irregular, que es uno de los factores que favorecen el aumento de la trata de personas y otros abusos. La migración organizada puede ser una oportunidad tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo, por lo que todos deberían firmar la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

3.La migración es un pilar central de las políticas del Estado paraguayo, y el censo nacional de 2012 permitirá disponer de datos fidedignos y actualizados sobre los trabajadores migratorios que residen en el Paraguay y sobre los paraguayos residentes en el extranjero. Pese a que aún no se cuenta con datos completos sobre la población inmigrante, el promedio de extranjeros residentes en el Paraguay se mantuvo en el 3,4% de la población local durante el período de 1972 a 2002. El Gobierno trabaja para regularizar la situación de los migrantes que residen en el país. Más del 80% de ellos son nacionales brasileños o argentinos, y más de 12.000 han obtenido un permiso de residencia en virtud del Acuerdo de Residencia del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). En 2011 entró en vigor una ley de amnistía que simplifica los trámites y reduce los costos de solicitud del permiso de residencia para los extranjeros de fuera del MERCOSUR. La Comisión Nacional de Refugiados coordina con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados su labor de aplicación del segundo Programa de Reasentamiento de Refugiados.

4.La protección de los emigrantes paraguayos es un aspecto prioritario de la política exterior del Estado. Según los datos obtenidos en 2007 por la Encuesta Permanente de Hogares, casi el 10% de los hogares declara que uno de sus miembros salió del país en los últimos cinco años. La mayoría de los emigrantes son jóvenes y proceden de zonas rurales, y la Argentina es el país de destino de más del 70% de todos los emigrantes paraguayos. No obstante, en los últimos cinco años se ha observado un aumento de emigrantes con un nivel educativo mayor, por lo que el Gobierno ha adoptado medidas para fomentar el regreso de profesionales paraguayos emigrados. Se han puesto en marcha nuevas políticas y programas para ofrecer asistencia jurídica y acceso a la vivienda, la educación y otras prestaciones. Además, se está capacitando a los agentes nacionales encargados de aplicar los programas de atención dirigidos a los retornados en situación de vulnerabilidad. Desde 2011, los paraguayos residentes en el extranjero tienen derecho a inscribirse para votar en las elecciones presidenciales y senatoriales. Las próximas elecciones generales están previstas para 2013.

5.La intensificación de la lucha contra la trata de personas dio lugar a la formación de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Combate de la Trata de Personas, integrada por 47 instituciones del ámbito gubernamental, de la sociedad civil, embajadas y organismos internacionales. En 2011 se aprobó por ley una política nacional, que cuenta con el respaldo de la Mesa, para prevenir y combatir la trata de personas, y dos comisiones del Parlamento han emitido un dictamen favorable sobre un proyecto de ley integral contra la trata de personas, elaborado por la Mesa. Bajo los auspicios de la Mesa se han creado unidades especiales en el ministerio público y en otras instituciones para luchar contra la trata en los ámbitos transnacional e interno y para prestar asistencia a las víctimas. Se han llevado a cabo, por iniciativa de la Mesa, campañas de sensibilización del público y numerosos cursos de capacitación destinados a la judicatura, la policía, el personal consular, los fiscales y otros empleados públicos. Asimismo, la Mesa ha organizado recientemente una conferencia preparatoria en anticipación de una conferencia internacional sobre el acceso a la justicia para las víctimas de la trata, que se celebrará en el Perú en 2012. La labor de coordinación de la Mesa permite a los distintos organismos que luchan contra la trata reaccionar con mayor eficacia y celeridad ante situaciones concretas.

6.El informe inicial del Paraguay sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre los trabajadores migratorios fue elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la base de la información facilitada por diversos organismos con competencia en la materia. Los derechos de los trabajadores migratorios están amparados en la Constitución de 1992, que garantiza la igualdad de derechos a todas las personas, independientemente de su nacionalidad. La Constitución prohíbe también la tortura y la esclavitud, y garantiza el derecho al trabajo digno. El Gobierno del Paraguay no ha dejado de trabajar para proteger la libertad de expresión y de asociación, y el Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, en su informe al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/19/60/Add.1) señaló que el Paraguay es un ejemplo positivo de respeto a la protección de esa libertad.

7.La migración se ha convertido en un asunto público en los últimos años, sobre todo porque entre los trabajadores migratorios paraguayos hay cada vez más mujeres, lo cual afecta a las familias, y a los niños en particular. El Gobierno del Paraguay aguarda con interés la valiosa cooperación del Comité en su labor encaminada a la plena protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios.

8.El Presidente se felicita de que el Estado parte haya enviado una delegación de tal diversidad y tan alto nivel, y espera que pueda establecerse un diálogo constructivo y se señalen buenas prácticas.

9.El Sr. Carrión Mena dice que el Paraguay pone cada vez más empeño en tratar las cuestiones de la migración de manera positiva, como demuestra su disposición a cumplir sus obligaciones en materia de presentación de informes. Como país que es a la vez origen y destino de migrantes, las propuestas y políticas del Estado parte en el ámbito de la migración revisten un gran interés. Al Sr. Carrión Mena le gustaría conocer el grado de fiabilidad de los datos empleados al diseñar políticas, pues disponer de datos precisos es fundamental para establecer mecanismos capaces de gestionar una situación migratoria tan compleja como la paraguaya. El Sr. Carrión Mena también quisiera saber cuán sólidos son los lazos entre el Gobierno y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se dedican a la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, y pregunta si esas ONG tienen una influencia directa o significativa en las políticas públicas. Solicita más información sobre el proyecto de ley contra la trata de personas que se encuentra en fase de examen y sobre la vulnerabilidad, desde el punto de vista de los derechos humanos, de los trabajadores migratorios indígenas y de su familiares, en particular en el caso de los paraguayos residentes en el extranjero y de los bolivianos que trabajan en el Paraguay.

10.La Sra. Dicko pregunta qué medidas se han adoptado para ayudar a los retornados, especialmente a los trabajadores migratorios indígenas que regresan al país, los cuales figuran en el grupo de los más vulnerables. La migración es una cuestión transversal, y la Sra. Dicko pregunta en qué grado participó la sociedad civil en la preparación del informe del Estado parte. Solicita datos más precisos sobre el número de paraguayos residentes en el extranjero y sobre el número de extranjeros residentes en el Paraguay, sobre la importancia de las remesas para la economía nacional y sobre el acceso de los hijos de los trabajadores migratorios a la educación y los servicios de salud. El Comité también desea saber si los paraguayos del exterior tienen acceso a la justicia y si los miembros de la población indígena del Paraguay que viven en los países vecinos pueden ejercer en la práctica su derecho al voto.

11.El Sr. Sevim dice que tanto los acuerdos bilaterales y multilaterales como las decisiones de los tribunales regionales y nacionales desempeñan un papel muy importante en la protección de los derechos humanos. El Sr. Sevim pide información detallada acerca de los acuerdos bilaterales que el Paraguay haya podido concluir sobre la transferencia de prestaciones sociales o sobre los trámites de readmisión. El Comité desearía recibir información sobre los nacionales paraguayos que trabajan en Europa y saber si se han beneficiado de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sería de agradecer que se informara con detalle de los casos llevados ante esos tribunales con nacionales paraguayos entre los interesados, y que se informara sobre los servicios consulares prestados al respecto. El Comité también desea saber si los servicios consultares prestados por el Paraguay incluyen tanto el asesoramiento jurídico como la asistencia letrada.

12.El Sr. Núñez-Melgar Maguiña dice que el Paraguay ha demostrado su compromiso de abordar las cuestiones de la migración con su aplicación del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR, y el Comité celebra la ratificación por el Estado parte del Convenio Nº 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre igualdad de remuneración, 1951. El Sr. Núñez-Melgar Maguiña pregunta si la política nacional para combatir la trata de personas incluye un plan sectorial que cuente con la participación de todos los organismos públicos, y si la definición de la trata de personas que figura en el Código Penal se ajusta al Protocolo de Palermo.

13.La Sra. Miller-Stennett dice que el Estado parte es digno de encomio por sus progresos en la aplicación de la Convención. Naturalmente, sigue habiendo margen de mejora, y pregunta si el Estado parte ha tomado medidas para garantizar el acceso a la educación a los hijos de trabajadores migratorios que residen en zonas rurales y no hablan español. La Sra. Miller-Stennett también pregunta si hay un ministerio del trabajo u otro organismo similar y, en caso afirmativo, cuál es su misión en la promoción de los derechos de los trabajadores migratorios, especialmente los que se encuentran en situación irregular. El jefe de la delegación mencionó que los funcionarios reciben capacitación sobre las cuestiones relacionadas con la migración, y el Comité agradecería que se le informara sobre el modo en que esta labor de capacitación redunda en beneficio de los trabajadores migratorios y sus familiares.

14.La Sra. Ladjel pide que se confirme que la edad mínima para trabajar en el Paraguay son los 10 años, como se sugiere en el documento básico del Estado parte (HRI/CORE/PRY/2010). También desea información más detallada sobre las causas de defunción enumeradas en relación con la tasa de mortalidad materna en la página 8, y una explicación de las diferentes clasificaciones de la pobreza a que se alude en las páginas 12 y 13 del documento básico.

15.La Sra. Poussi dice que, dado que la Mesa Interinstitucional de Prevención y Combate de la Trata de Personas está integrada por tal diversidad de miembros y cuenta con tantos órganos subsidiarios y comités de apoyo, desearía saber si este órgano funciona bien en la práctica y si hay algún problema de coordinación. ¿Ha hecho la Mesa alguna contribución tangible a la lucha contra la trata, especialmente la de mujeres y niños? También pregunta qué sucede con los extranjeros que disponen de un permiso de residencia de un año de duración si se quedan sin trabajo y ya han renovado su permiso todas las veces que está permitido.

16.El Sr. Tall pregunta si el Estado ha concertado algún acuerdo bilateral con España para proteger los derechos de los paraguayos que residen en ese país, pues parece ser el destino predilecto de la mayoría de migrantes del Estado parte. También pide información sobre las medidas específicas adoptadas para proteger a las trabajadoras domésticas, que constituyen un porcentaje cada vez mayor de los migrantes. Asimismo, desea saber qué pasa con los migrantes que no pueden presentar la prueba de solvencia y de entrada que se requiere para obtener la residencia temporal en el Paraguay. El Sr. Tall ruega que se facilite información más detallada sobre los procedimientos empleados y las medidas más significativas adoptadas para aplicar la Convención, así como sobre las consecuencias de las limitaciones del Código de la Niñez y la Adolescencia a que se alude en el párrafo 22 del informe del Estado parte. También desearía recibir información sobre los procedimientos de expulsión de los extranjeros que carecen de permiso de residencia permanente, como los migrantes en situación irregular, que no tienen documentación o que entraron en el país clandestinamente o por medio de declaraciones o documentos falsos. Específicamente, el Sr. Tall pregunta si es posible recurrir y suspender una orden de expulsión, si se garantiza representación letrada al interesado y si se informa automáticamente al consulado correspondiente cuando se dicta una orden de expulsión.

17.El Comité desearía conocer los resultados del Proyecto Piloto para la Prevención y Combate a la Trata y Tráfico de Niños y Niñas, puesto en marcha por el Despacho de la Primera Dama de la Nación. También agradecería que se describieran tanto la situación de los trabajadores migratorios privados de libertad como las medidas adoptadas para proteger los derechos de esas personas y dar aplicación al artículo 17 de la Convención.

18.El Sr. Brillantes dice que, debido a la relación tan estrecha que existe entre la migración y la oferta de contratos laborales, sería interesante saber si lo habitual en el Paraguay son los contratos individuales o a gran escala. Pregunta si hay algún organismo público que preste asistencia a los empleadores extranjeros que deseen contratar a grandes números de trabajadores paraguayos, o si dichos empleadores tienen que recurrir a los servicios de una agencia de colocación. A ese respecto, pide información sobre los requisitos que fija la ley para el establecimiento y funcionamiento de agencias de colocación o contratación en el Estado parte.

19.En cuanto a los trabajadores paraguayos emigrados al extranjero, ¿qué tipo de seguimiento hace el Gobierno de sus condiciones contractuales y laborales con el fin de proteger sus derechos? El Sr. Brillantes pide además datos sobre la proporción de trabajadores migratorios paraguayos en situación irregular.

20.El Sr. Ibarra González dice que, dado que más del 60% de los migrantes paraguayos viven y trabajan en la Argentina, y puesto que la economía de ese país depende en gran medida de la mano de obra paraguaya, sería interesante saber si hay algún acuerdo entre ambos países que regule la circulación de trabajadores migratorios temporales. El Sr. Ibarra González también pregunta si el Estado parte ha aumentado la capacidad de sus servicios consulares en la Argentina para satisfacer las necesidades de sus nacionales, y si ha creado un servicio de asistencia jurídica en la Argentina y en otros países de destino de los trabajadores migratorios y sus familiares. El Sr. Ibarra González desea conocer el porcentaje de retornados paraguayos que, tras solicitar asistencia a la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, encuentran trabajo en el mercado laboral nacional, y si se dispone de estadísticas sobre el número de hijos de retornados que están escolarizados.

21.El Sr. Kariyawasam dice que en el informe inicial del Estado parte no queda claro qué estructuras se han creado en las misiones diplomáticas paraguayas para dar servicio a sus nacionales en el extranjero. El Sr. Kariyawasam pregunta si las misiones diplomáticas cuentan con personal especializado, como consejeros en bienestar social y trabajo, que presten asistencia a los migrantes, o si el personal consultar ha recibido capacitación para desempeñar esta función. El Comité agradecería recibir información sobre las mejores prácticas empleadas por el Estado parte.

22.El Sr. Carrión Mena solicita información sobre la forma en que los paraguayos del exterior ejercen su derecho al voto.

23.El Sr. Taghizade pregunta si se han tomado disposiciones, y en caso afirmativo cuáles, para reducir las tasas y gravámenes que se imponen a los trabajadores migratorios paraguayos que desean enviar remesas a sus familiares en el Paraguay, y si se han adoptado medidas para evitar los enfrentamientos en las zonas fronterizas donde trabajadores migratorios brasileños penetran en el territorio paraguayo para trabajar como jornaleros.

24.El Presidente dice que el Comité desearía saber cómo se coordina la labor de los diversos organismos encargados de la política migratoria en el Estado parte. También pide más información sobre los procedimientos de regularización establecidos por el Estado parte para los trabajadores migratorios, y pregunta si los aproximadamente 12.000 migrantes regularizados hasta la fecha eran todos nacionales de Estados miembros del MERCOSUR o si algunos procedían de otros países. Por último, pregunta quiénes entran en el ámbito de aplicación de la Ley de amnistía Nº 4429/11.

Se suspende la sesión a las 16.35 horas y se reanuda a las 17.05 horas.

25.El Sr. Buffa (Paraguay) dice que es difícil obtener estadísticas precisas sobre el número de paraguayos en el extranjero. Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones sugiere que en 2010 eran entre 800.000 y 900.000, pero esas cifras son demasiado conservadoras. El censo más reciente realizado en la Argentina indica que solo en ese país hay oficialmente 550.000 residentes paraguayos. La cifra real es probablemente mucho mayor, pues en la Argentina hay muchos paraguayos en situación irregular. Muchos otros cruzan la frontera habitualmente, por lo general sin documentos, para trabajar como temporeros en explotaciones agrícolas en la Argentina, mientras que otros buscan empleo temporal en el Brasil.

26.Una racha de crecimiento económico del Paraguay en los años sesenta y setenta dio lugar a una ola de inmigración, procedente sobre todo del Brasil y, en menor medida, de la Argentina y el Uruguay. El censo más reciente habla de 180.000 extranjeros residentes en el país, pero esta cifra no refleja la situación real, pues muchos encuestados optaron por no revelar su condición de extranjeros.

27.Desde la llegada al poder del actual Gobierno en 2008 se han producido cambios considerables en la política y los enfoques aplicados al fenómeno de la migración. Se están asignando más recursos a las misiones diplomáticas en el exterior, y se está ampliando la red consular en los países con una abundante presencia de paraguayos, como la Argentina y España, para hacerla más accesible. Se han redoblado esfuerzos para proporcionar documentos de identidad a los migrantes paraguayos que no los tienen, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras instituciones imparten capacitación al personal de las embajadas y los consulados para que presten asistencia y apoyo sobre cuestiones relacionadas con la migración a los paraguayos del exterior. También se han mejorado los servicios de asistencia a los extranjeros residentes en el Estado parte. La mayor confianza depositada por los migrantes paraguayos en su Gobierno hace que cada vez sean más quienes solicitan los documentos que necesitan para regularizar su situación en sus países de acogida. El establecimiento en 2009 de la Dirección de Atención a las Comunidades Paraguayas en el Extranjero también ha contribuido a mejorar la calidad de los servicios consultares. Los consulados en España han contratado a personal especializado y abogados para prestar asistencia a los paraguayos con problemas jurídicos y laborales, que se han agravado con la crisis económica que sufre aquel país, y para tratar las cuestiones relacionadas con la trata de personas, entre otras la explotación laboral y sexual. Se han adoptado medidas similares en la Argentina y el Brasil.

28.El Paraguay es país de origen de la trata de personas, y la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas a quienes se saca de sus zonas rurales de origen, en ocasiones con el consentimiento de sus familias, para ser explotadas sexualmente. La frontera entre el Paraguay y la Argentina es especialmente porosa, por lo que muchas víctimas paraguayas de la trata son llevadas a ese país. Las organizaciones de la sociedad civil contribuyen a diseñar políticas de lucha contra la trata sobre la base de un enfoque cada vez más global de este problema. La política nacional para combatir la trata de personas aprobada en 2011 facilitará la asignación de recursos a organismos específicos dedicados a la lucha contra este fenómeno, ayudará a armonizar mejor la labor de las distintas instituciones con competencias en la materia y dará lugar a una mayor cooperación en el ámbito internacional. El ministerio público cuenta con un mecanismo para mejorar la coordinación con sus homólogos en los principales países de destino, y esta mayor cooperación internacional está dando frutos en la desarticulación de redes dedicadas a la trata.

29.Aunque se ha modificado el Código Penal para tipificar como delito la trata de personas, la legislación en vigor sigue presentando vacíos legales. Se espera poder resolver esta situación con las nuevas disposiciones legislativas que está estudiando el Parlamento, diseñadas para mejorar la cooperación con los países de destino, entre ellos los Estados miembros del MERCOSUR.

30.El Sr. García (Paraguay) dice que la Ley de amnistía Nº 4429/11 se aplica a los trabajadores migratorios de cualquier nacionalidad que se encuentran en situación irregular y llevan al menos un año residiendo en el Estado parte. En virtud de esta Ley, estas personas pueden solicitar un permiso de residencia válido por un período de hasta dos años, durante los cuales pueden solicitar la residencia permanente. Los permisos de residencia temporal con una validez de un año pueden renovarse hasta seis veces. Posteriormente, se alienta a sus titulares a regularizar su situación de forma permanente. Hasta la fecha se ha concedido un gran número de permisos de residencia permanentes y temporales en el marco del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR, y ese proceso sigue en marcha. En particular, el Gobierno colabora estrechamente con el Brasil para hacer frente al gran número de trabajadores migratorios brasileños que trabajan en las zonas fronterizas del Paraguay.

31.El Sr. Sánchez (Paraguay) dice que los migrantes en situación irregular pueden ser expulsados del Paraguay por orden judicial o por la vía administrativa. Todo migrante que reciba una orden judicial de expulsión tiene derecho a la defensa y a recibir asistencia jurídica antes de que se ejecute la orden. En el procedimiento administrativo se da al interesado un período de 72 horas para acudir a la Dirección General de Migraciones, que por lo general concede a aquel un período de gracia de hasta seis meses durante el que puede solicitar que se regularice plenamente su situación. De no seguirse este procedimiento, se procede a la expulsión, pero tales casos son excepcionales.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.