Comité contra la Tortura

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención

Segundo informe periódico que los Estados partes debían presentar en 2012, presentado en respuesta a la lista de cuestiones (CAT/C/KEN/Q/2) transmitida al Estado parte con arreglo al procedimiento facultativo de presentación de informes (A/62/44, párrafos 23 y 24)

Kenya * **

[28 de septiembre de 2012]

Introducción

1.La República de Kenya acoge con satisfacción esta oportunidad de presentar su segundo informe en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (la Convención), con arreglo a la lista de cuestiones previa a la presentación del segundo informe periódico de Kenya (CAT/C/KEN/2).

2.El presente informe describe las diversas medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que se han adoptado en el país para dar cumplimiento a las disposiciones de la Convención desde la presentación del informe inicial de Kenya en 2008.

3.El informe se ha elaborado teniendo debidamente en cuenta la lista de cuestiones preparada por el Comité contra la Tortura y sus observaciones finales sobre el informe inicial de Kenya. El informe contiene las respuestas del Gobierno a las cuestiones específicas planteadas por el Comité sobre la aplicación de los artículos 1 a 16 de la Convención, incluida la información relativa a las recomendaciones anteriores del Comité.

4.En la elaboración del informe se llevaron a cabo amplias consultas dentro del propio Gobierno, así como con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya, otras instituciones nacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas, como las instituciones académicas y de análisis de políticas.

5.Desde la presentación del último informe se han logrado avances considerables en Kenya en materia de promoción y protección de los derechos humanos. El logro más importante ha sido la promulgación de una nueva Constitución, el 27 de agosto de 2010. La Constitución de Kenya de 2010, que proporciona un sólido marco constitucional, legal e institucional para la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país, contiene una serie de disposiciones que se ajustan bien a la Convención. Reconoce explícitamente la categoría de los instrumentos y normas internacionales, permite su incorporación en el ordenamiento jurídico interno y sus disposiciones se incorporan como derechos exigibles en Kenya.

6.El derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes es un derecho que no admite suspensiones y está consagrado en la declaración de derechos y garantías fundamentales. Al tiempo que protege el derecho a la libertad y la seguridad de la persona, la Constitución también incorpora normas estrictas sobre el derecho a un juicio justo como principio fundamental de justicia que no puede limitarse en ningún momento. Los derechos de los detenidos se exponen de manera amplia. Por otra parte, la Constitución ofrece protección a las personas que, con arreglo a la ley, están detenidas, retenidas o encarceladas, aclarando que estas personas conservan todos los derechos y libertades fundamentales previstas en la declaración de derechos y garantías fundamentales, salvo en caso de que un derecho o libertad fundamental determinados sea claramente incompatible con el hecho de que la persona esté detenida, retenida o encarcelada.

Artículos 1 y 4

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 1 de la lista de cuestiones (CAT/C/KEN/Q/2)

7.La promulgación de la Constitución en 2010 fortaleció considerablemente la aplicación de la Convención en Kenya de varias maneras. En primer lugar, el artículo 2 5) de la Constitución incorpora las normas generales del derecho internacional en la legislación de Kenya. Establece, en esencia, que las normas generales del derecho internacional, incluido el derecho internacional consuetudinario, serán una fuente del derecho en Kenya. En virtud del derecho internacional consuetudinario, la tortura es un delito absoluto que no admite excepciones, por lo que este artículo deslegitima cualquier medida del Estado, legislativa, administrativa, judicial o de cualquier otra índole, que autorice la tortura en Kenya. En segundo lugar, el artículo 2 6) establece que cualquier tratado o convenio ratificado por Kenya formará parte de la legislación del país. Esto significa que todas las disposiciones de la Convención son aplicables y exigibles legalmente en el ordenamiento jurídico de Kenya. En tercer lugar, el artículo 25 refuerza aún más las disposiciones de la Convención al incorporar la protección contra la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes como un derecho fundamental que no puede ser limitado, sean cuales sean las circunstancias. En cuarto lugar, el artículo 21 4) obliga al Estado a promulgar y aplicar leyes para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. En este sentido, y en reconocimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención, el Gobierno de Kenya elaboró en 2011 un proyecto de ley de prevención de la tortura.

8.El proyecto de ley, elaborado en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya, la Comisión Internacional de Juristas (Kenya) y el Organismo Independiente de Medicina Legal, establece un marco legislativo para la prevención, prohibición y sanción de los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la rehabilitación de las víctimas de la tortura. La definición de tortura establecida en el proyecto se ajusta plenamente al artículo 1 de la Convención. El proyecto prescribe para el delito de tortura una pena de hasta 25 años de prisión. Si el acto de tortura causa la muerte, la pena prevista es de cadena perpetua.

9.Por otra parte, "los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" son definidos en el proyecto de ley como "tratos o penas deliberados y agravados no equivalentes a tortura que una persona en posición de autoridad o un agente a su cargo inflige a una persona bajo su custodia y le causan sufrimiento, humillación grave o envilecimiento". La comisión de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes solo está contemplada para los funcionarios públicos, las personas que actúan a título oficial o por instigación o con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público. La sanción para ese delito es una multa de 1 millón de chelines kenianos o una pena de prisión por un término no superior a 15 años, o ambas cosas.

10.Entre otros delitos relacionados con la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes propuestos en el proyecto de ley figuran la complicidad, la utilización intencionada de información obtenida mediante tortura y la publicación de información relativa a un testigo declarado vulnerable por un tribunal. El proyecto de ley sobre prevención de la tortura contiene además varios elementos dignos de mención que fortalecen el cumplimiento de la Convención por el país:

a)Otorga a los tribunales de Kenya jurisdicción sobre los delitos de tortura, como se prevé en la Convención;

b)Establece un procedimiento detallado para la presentación de denuncias y la realización de investigaciones independientes e imparciales sobre actos de tortura;

c)Establece el procedimiento para las actuaciones judiciales relativas a los testigos vulnerables;

d)Crea el Fondo Nacional de Asistencia para las Víctimas de la Tortura;

e)Establece la protección contra la tortura de los presos o detenidos que son trasladados;

f)Establece que la tortura es un delito por el que se puede conceder la extradición;

g)Prohíbe la expulsión, repatriación o extradición de una persona a un país en que podría correr el riesgo de ser torturada;

h)Establece para la iniciación de un proceso civil un plazo de seis años a partir de la fecha en que por vez primera hubiera sido razonable y factible iniciarlo;

i)Prevé la elaboración por el Gobierno, en consulta con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya, de otras disposiciones reglamentarias para un mejor cumplimiento de los objetivos del proyecto de ley;

j)Protege el derecho de toda persona acusada de cualquier delito previsto en el proyecto de ley de recibir asistencia cuando deba comunicarse con un representante del Estado;

k)Incluye una enumeración no exhaustiva de actos que pueden constituir tortura.

11.El proyecto de ley está siendo examinado por la Comisión sobre la Aplicación de la Constitución, que tiene el mandato de supervisar si el proceso y contenido de las leyes se ajustan plenamente a la Constitución. Una vez haya sido examinado y se hayan celebrado las consultas necesarias con las partes interesadas, el proyecto de ley se presentará al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión posterior al Parlamento.

12.La Ley de la Policía Nacional de 2011 tipifica como delito la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes cometidos por la policía. La definición de la tortura prevista en la ley está retomada textualmente de la Convención. Todo policía que cometa actos de tortura podrá ser condenado a una pena de hasta 25 años de prisión. Por su parte, quien sea declarado culpable de someter a una persona a un trato cruel, inhumano o degradante enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión.

13.La Ley del niño de 2001 ofrece a los niños protección contra la tortura, los tratos o penas crueles y la detención o privación de la libertad ilegales.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 2 de la lista de cuestiones

14.La Constitución de Kenya protege la libertad y la seguridad de la persona y contiene una prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 2010 el Gobierno, a través de la Comisión de Reforma Legislativa, inició un examen completo de todas las leyes, entre ellas las mencionadas antes, a fin de garantizar que se ajustaran a las disposiciones de la Constitución, según establece el anexo 5 de la Constitución. Se señaló que la promulgación como ley del proyecto de ley de prevención de la tortura de 2011 subsanaría efectivamente las lagunas existentes en el Código Penal, la Ley de prueba y el Código de Procedimiento Penal, a las que se hizo referencia en el párrafo 8 de las observaciones finales del Comité. Introducir nuevas enmiendas a estas leyes constituiría una mera repetición del contenido del proyecto de ley de prevención de la tortura.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 3 de la lista de cuestiones

15.La declaración de derechos y garantías fundamentales establece los derechos generales garantizados a los ciudadanos en general y los derechos específicos garantizados a grupos determinados, como los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad. El artículo 53 prevé salvaguardias sólidas para los derechos de los niños. En 2010 el Gobierno emprendió una revisión integral de la Ley del niño para ajustar sus disposiciones a la Constitución y a las normas internacionales generalmente aceptadas. Como resultado de ello, se elaboró el proyecto de enmienda de la Ley del niño de 2011, que propone una serie de modificaciones a esa Ley. Uno de los cambios previstos es el aumento de la edad de responsabilidad penal de los 8 a los 12 años. El Parlamento está ahora en el proceso de aprobación de un gran número de proyectos de ley pendientes relacionados con la Constitución, y el proyecto de enmienda de la Ley del niño de 2011 figura entre los que recibirán una rápida atención.

16.La Ley del niño de 2001 ofrece protección a los niños contra la tortura, los tratos o penas crueles y la detención o privación de la libertad ilegales. Este delito se sanciona con una pena de hasta 12 meses de prisión o una multa de 50.000 chelines kenianos o ambas cosas. El proyecto de enmienda de la Ley del niño propone modificar las disposiciones relativas a la tortura de la Ley original, ampliando el ámbito de los delitos punibles, de modo que quede incluida la prohibición de los castigos corporales y toda práctica cultural que deshumanice al niño o sea perjudicial para su bienestar físico y mental. Asimismo, propone que cuando en cualquier parte del texto aparezca el término "detener" este se sustituya por el término "aprehender".

17.El proyecto de enmienda de la Ley del niño propone modificaciones en el artículo 18 1) de la Ley del niño de 2001, de modo que quede incluida la prohibición de los castigos corporales y toda práctica cultural que tenga por efecto deshumanizar al niño o sea perjudicial para su bienestar físico y mental. Asimismo, propone una renumeración, de modo que el apartado 1 del artículo 18 pase a ser el apartado 2 y diga lo siguiente: "Ningún niño será objeto de aprehensión y privación de la libertad ilegales", y que en cualquier parte en que aparezca el término "detener" este se sustituya por "aprehender".

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 4 de la lista de cuestiones

18.La Constitución de Kenya contiene varias salvaguardias para proteger de toda forma de violencia a las mujeres, los niños y todas las personas. Además de adoptar el principio de la dignidad inherente a la persona, la Constitución también protege la libertad fundamental y la seguridad de la persona. Prohíbe explícitamente toda forma de violencia de origen tanto público como privado. Entre los derechos que no pueden suspenderse previstos en la Constitución figuran la protección contra la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el derecho a no ser sometido a la esclavitud ni a la servidumbre.

19.La Ley de prohibición de la mutilación genital femenina, promulgada en 2011, ofrece nuevas oportunidades para la eliminación total de la mutilación genital femenina. La Ley tipifica como delito esa práctica y prevé sanciones severas. Autoriza a los jefes y funcionarios de los servicios que se ocupan de la infancia a entrar sin orden judicial en cualquier local a fin de determinar si ha sido cometido o está a punto de cometerse este delito. Establece, además, que no podrán invocarse la cultura ni la religión como pretexto para esa práctica.

20.En 2009 el Gobierno, en colaboración con diversas partes interesadas, elaboró el Marco nacional de respuesta y prevención de la violencia de género en Kenya, que ha servido de base para las investigaciones sobre los casos de violencia sexual y fortalece la coordinación de las respuestas para ponerle fin. El Marco establece una serie de medidas que deben adoptarse para resolver el problema de la violencia de género. Entre las medidas adoptadas hasta ahora cabe mencionar las siguientes:

El establecimiento de estructuras comunitarias que, a nivel local, respondan a la violencia sexual y de género;

La sensibilización sobre la prevención en las comunidades y en las instituciones comunitarias;

El fortalecimiento de los programas de cambio de comportamiento que se ocupan de la violencia sexual y de género;

El incremento de la participación de los hombres en las medidas de prevención de la violencia sexual y de género a nivel de la comunidad;

El mejoramiento de la capacidad de la policía de Kenya mediante actividades de formación para responder adecuadamente a los casos de violencia sexual y de género.

21.En 2011 se promulgó la Ley por la que se estableció la Comisión Nacional de Género e Igualdad. La Comisión es un órgano constitucional cuyo mandato principal es promover la igualdad de género y la no discriminación, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución. La Comisión lleva a cabo controles periódicos para garantizar que los grupos de interés especial, como las mujeres, las minorías y los grupos marginados, las personas con discapacidad, los jóvenes y los niños, estén protegidos contra la discriminación. La Política nacional de salud escolar (2009) también prevé que las cuestiones relativas a la mutilación genital femenina y los matrimonios precoces/forzados se expliquen a los estudiantes en las escuelas.

22.Para que el sistema de justicia penal de un país funcione de manera eficaz, debe estar fundado en un sistema fuerte de protección de testigos, ya que todo el proceso judicial se basa en los elementos de prueba aportados por los testigos que están dispuestos a declarar sin temor ante un juez en relación con los hechos que son objeto de controversia. En abril de 2010 se aprobó la Ley de protección de testigos (enmienda). Esta Ley alentará a las mujeres víctimas de abuso sexual, violencia doméstica y otros abusos que temen represalias a denunciar los hechos y tratar de obtener reparación ante los tribunales.

23.La Comisión sobre la Aplicación de la Constitución está llevando a cabo una revisión del proyecto de ley de protección de la familia y del proyecto de ley de bienes matrimoniales (2007) a fin de armonizarlos con las disposiciones constitucionales, como lo requiere la Ley suprema. Se proporcionó a las diversas partes interesadas y a la población en general la oportunidad de dar su opinión sobre los proyectos de ley. Tras la incorporación de las opiniones pertinentes en los proyectos de ley, estos se presentarán al Fiscal General para su transmisión posterior al Parlamento.

24.El proyecto de ley de protección de la familia de 2007 contiene disposiciones para la protección y socorro de las víctimas de la violencia doméstica. Establece procedimientos detallados para la denuncia, investigación y procesamiento de los casos de violencia doméstica, tipifica como delito varias conductas relacionadas con la violencia doméstica y otorga a diversos órganos y funcionarios, entre ellos los agentes del orden, facultades para que adopten medidas específicas destinadas a combatir la violencia doméstica. El proyecto de ley de protección de la familia propone medidas para combatir la violencia doméstica, establece los procedimientos para la investigación y el procesamiento de los casos de violencia doméstica y tipifica los delitos conexos.

25.El proyecto de ley de bienes matrimoniales de 2007, por su parte, proporciona un marco que garantiza la igualdad entre los cónyuges en materia de bienes matrimoniales por lo que se refiere al derecho a la propiedad, el control y la disposición de los bienes matrimoniales y el acceso a ellos. Entre los bienes matrimoniales contemplados en el proyecto de ley figuran el domicilio o los domicilios conyugales, los enseres domésticos y artículos que se encuentren en ellos, los bienes inmuebles que sean propiedad de cualquiera de los cónyuges y que proporcionen los ingresos básicos para el sustento de la familia y cualquier otro bien adquirido durante la vida conyugal y que los cónyuges acepten considerar parte de los bienes matrimoniales. Sin embargo, no formará parte de los bienes matrimoniales ningún bien mantenido en fideicomiso por uno de los cónyuges. Los cónyuges pueden, antes o durante el matrimonio, celebrar un acuerdo mediante el cual establezcan de cualquier otro modo sus derechos de propiedad. El proyecto de ley contiene disposiciones sobre la propiedad conjunta de los bienes y reconoce la contribución de un cónyuge a la mejora de las propiedades que no sean bienes matrimoniales.

26.El proyecto de ley de igualdad de oportunidades ha sido excluido de los proyectos de ley pendientes de examen debido a que el artículo 27 de la Constitución relativo a la igualdad y la no discriminación contempla el derecho a la igualdad de trato, lo que incluye el derecho a la igualdad de oportunidades en las esferas política, económica, cultural y social. Actualmente se están celebrando debates para elaborar una ley sobre igualdad y no discriminación que abarque todas las cuestiones pertinentes.

27.En 2010 Kenya promulgó la Ley contra la trata de personas a fin de cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en particular su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y combatir los delitos relativos a la trata de personas. Como medida disuasoria, las penas para los delitos previstos en dicha Ley son muy severas e incluyen multas considerables y en algunos casos la cadena perpetua.

28.La Ley contra la trata de personas de 2010 crea un Comité Asesor de Lucha contra la Trata de Personas para mejorar la cooperación interinstitucional en la lucha contra la trata de personas. El Comité está integrado por representantes del Gobierno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de las mujeres y los niños y tienen un historial comprobado de participación en la prevención y la represión de la trata de personas. El Gobierno ha tomado las siguientes medidas para difundir información sobre las leyes relativas a la violencia doméstica y otras leyes pertinentes:

a)La Oficina del Director de la Acusación Pública y el Grupo de Trabajo sobre la aplicación de la Ley de delitos sexuales organizaron en todo el país foros públicos para sensibilizar a la población en general sobre los delitos sexuales y la violencia de género.

b)El Gobierno, por conducto del Ministerio de Género, Infancia y Desarrollo Social, ha llevado a cabo e intensificado la sensibilización de la población sobre la Ley de prohibición de la mutilación genital femenina de 2011 y, en los cuatro distritos donde la práctica está muy extendida, ha facilitado el diálogo con la comunidad sobre la Ley y sobre los peligros de dicha práctica. En asociación con organizaciones religiosas, el Gobierno ha seguido celebrando ritos de iniciación para las niñas en sustitución de la práctica de la mutilación genital femenina.

c)En la Oficina del Director de la Acusación Pública se estableció la Sección de Delitos Sexuales, Violencia de Género y Derechos de las Víctimas con el mandato de llevar a cabo cursos de formación y actividades de sensibilización destinados a los investigadores, los fiscales policiales y los funcionarios judiciales sobre casos de violencia sexual y de género en todo el país a fin de mejorar su capacidad para responder efectivamente a estos delitos. La Sección también imparte formación especializada en investigación forense, los procedimientos aplicables en el lugar de comisión del delito y la reunión, preservación y presentación de pruebas.

d)Se ha elaborado un Manual del fiscal sobre delitos sexuales, el cual se está utilizando para capacitar a investigadores y agentes de policía en la investigación y enjuiciamiento de los delitos sexuales.

e)Se han establecido en todos los ministerios dependencias de género para aumentar la sensibilización a ese respecto en las operaciones administrativas de prestación de servicios. Los ministerios también han emprendido diversas iniciativas de sensibilización sobre cuestiones de género, en algunos casos en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, destinadas a miembros vulnerables de la población.

f)El programa de formación para agentes de policía ha sido revisado e incluye ahora capacitación en materia de derechos humanos, entre otras cosas sobre la prohibición de la tortura y los malos tratos. El programa fue elaborado mediante los esfuerzos concertados del Gobierno y de ONU-Mujeres. En los principales hospitales públicos de todo el país se han abierto centros de recuperación para víctimas de la violencia de género, que se ocupan de las cuestiones relativas a dicha violencia.

Artículo 2

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 5 de la lista de cuestiones

29.La reforma del sector de la justicia es una prioridad para el Gobierno desde 2003. La promulgación de la Constitución de Kenya de 2010 dio lugar a la adopción de medidas legislativas y administrativas fundamentales que han mejorado mucho la integridad, la eficiencia y la transparencia del poder judicial, transformándolo en una institución independiente, capaz de administrar la justicia, combatir la impunidad y defender y hacer cumplir la declaración de derechos y garantías fundamentales de forma eficaz. Conforme a los imperativos constitucionales, los tribunales están obligados a defender y hacer cumplir estrictamente dicha declaración. En este sentido, los jueces de Kenya han dado cumplimiento a disposiciones relativas, entre otras cosas, al derecho a un juicio justo y a los derechos de las personas detenidas y privadas de libertad, con lo que se ha avanzado mucho en la preservación de la dignidad y la libertad de las personas. Además, la Constitución prohíbe la prisión preventiva de una persona por un delito sancionable con multa únicamente o con pena de prisión de no más de seis meses. Gracias a que esta disposición ha sido fielmente observada por los tribunales, se ha logrado una mayor descongestión de las cárceles y centros de prisión preventiva, así como salvaguardar los derechos de los acusados.

30.Para que el poder judicial funcione de manera eficaz, la población y la nación en su conjunto deben tener confianza en su capacidad de ser un árbitro independiente e imparcial de los litigios de cualquier naturaleza, ya sea en la aplicación de los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en una solicitud de invalidación de una elección presidencial. Para restaurar la confianza pública en el sistema judicial, los jueces y los magistrados que administran justicia de manera cotidiana deben ser únicamente personas de integridad y ética comprobadas. A fin de garantizar que en el poder judicial se respeten los principios de integridad, rendición de cuentas y transparencia, se promulgó la Ley por la que se creó la Junta de Investigación de Jueces y Magistrados. La Junta establecida por dicha Ley está actualmente investigando los antecedentes de los funcionarios judiciales a fin de garantizar que quienes estén ejerciendo cumplan las exigencias de profesionalidad e integridad, como requiere la ley.

31.Ante todo, la Constitución establece que solo puede nombrarse jueces de los tribunales superiores de Kenya a personas de alta consideración moral, integridad e imparcialidad. La Ley por la que se establece la Comisión del Servicio Judicial respalda esta posición al fijar criterios estrictos para la designación de los jueces. La Comisión establecida por dicha Ley se encarga de evaluar a los candidatos al cargo de juez, para lo cual debe guiarse por principios como el de integridad, que incluye los elementos siguientes: i) una trayectoria demostrable y coherente de honestidad y elevado carácter moral en la vida profesional y personal; y ii) el respeto de los deberes profesionales, dimanantes de los códigos de conducta profesional y judicial.

32.El Estado ha adoptado una serie de medidas para mejorar la calidad y eficiencia generales del sistema judicial keniano. Figuran entre ellas el establecimiento del Instituto de Formación Judicial en 2008, encargado de impartir cursos de formación inicial y perfeccionamiento profesional continuo para jueces, magistrados y funcionarios judiciales. Esta escuela ofrece cursos en el ámbito de los derechos humanos, así como en el de tratados de derechos humanos regionales e internacionales. Se han organizado otros cursos de derechos humanos para jueces y magistrados impartidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya, así como en el marco del Programa de reforma sectorial de la gobernanza, la justicia y el orden público.

33.Para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente, los miembros del poder judicial deben estar bien equipados y disponer de los materiales necesarios, como la tecnología de la información y las comunicaciones, bibliotecas actualizadas, salas de audiencia y asistentes de investigación. La Constitución estableció el Fondo de la Judicatura que permite sufragar los gastos administrativos del poder judicial, así como satisfacer otras necesidades del desempeño de las funciones del poder judicial. El Fondo, administrado por el Secretario Principal de la Judicatura, se financia con cargo al Fondo Consolidado, por lo que las finanzas del poder judicial están exentas del control del ejecutivo.

34.A fin de mejorar la eficiencia de los jueces en la administración de la justicia y en otros servicios judiciales, la Ley del poder judicial fue enmendada para poder aumentar de 14 a 30 el número de magistrados del Tribunal de Apelación y de 70 a 150 el del Tribunal Superior. Esto constituye un adelanto fundamental, porque en Kenya la proporción de jueces por personas que acuden a la justicia ha sido muy baja, lo que ha dado lugar a la congestión de los tribunales y a retrasos en la administración de justicia. En algunos casos, debido al escaso número de jueces en el país, hay personas en prisión preventiva que han permanecido encarceladas durante años sin que sus causas hayan sido resueltas.

35.En julio de 2011 se creó el Consejo Nacional de Administración de Justicia cuya función principal es asegurar un enfoque coordinado, eficiente, eficaz y consultivo en la administración de justicia y en la reforma del sistema judicial. Los miembros del Consejo provienen de los ministerios y organismos públicos que tienen que ver con el sector judicial y jurídico, del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de cuestiones de derechos humanos y de la prestación de asistencia jurídica a las mujeres y los niños.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 6 de la lista de cuestiones

36.El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental bien protegido por la Constitución. El Estado tiene la obligación de garantizar que todas las personas puedan acceder a la justicia, y si se exige el pago de costas, estas deben ser razonables. Además, la Constitución establece que toda persona detenida tiene derecho a que el Estado le asigne un abogado de oficio para garantizar un trato equitativo si no puede contratar su propia defensa. De hecho, en la causa David Njoroge Macharia v . Rep u blic, el Tribunal de Apelación de Kenya, en su sentencia relativa al recurso de apelación penal Nº 497 de 2007, el Tribunal reafirmó la responsabilidad del Estado en la prestación de asistencia letrada. Reconociendo los importantes recursos humanos y financieros necesarios para garantizar este derecho, el Tribunal señaló que la sentencia debía servir para que el Gobierno estableciera las estructuras necesarias para dar plena efectividad a este derecho. Actualmente, la proporción de abogados por personas en Kenya es de 1 por 40.000, lo que está muy por debajo de las normas internacionales aceptables, y garantizar este derecho ha resultado ser un reto considerable.

37.A fin de garantizar que el acceso a la justicia no se vea obstaculizado en modo alguno, se han adoptado las siguientes medidas:

a)Se ha incrementado significativamente el presupuesto del poder judicial en comparación con los años anteriores. Este aumento del presupuesto impulsará en gran medida los esfuerzos del Estado para mejorar el acceso a la justicia en el país ya que, gracias a la creación de más tribunales y al aumento del número de tribunales móviles, se reducirá la distancia que hay que recorrer para llegar a ellos.

b)Se han modificado las Normas de procedimiento civil para simplificar el proceso de presentación de las causas ante los tribunales. En este sentido, las enmiendas a la Ley de la jurisdicción de apelación (2009), en particular los artículos 3A y 3B, marcan el comienzo de una nueva cultura de gestión de las causas y las apelaciones, encaminada a lograr una justa resolución de los procedimientos judiciales y garantizar el uso eficiente de los recursos administrativos de que disponen los tribunales para resolver oportunamente dichos procedimientos, a un costo asequible para las respectivas partes.

c)La Comisión de Reforma Legislativa de Kenya está llevando a cabo un análisis de las leyes que tienen un impacto negativo sobre el acceso a la justicia, con el fin de que se modifiquen para eliminar todos los obstáculos que dificultan el acceso a la justicia.

d)En virtud de la Ley de personas con discapacidad, en determinados asuntos no se exige a estas personas el pago de costas judiciales.

e)La Constitución establece la exención de costas judiciales en asuntos de interés público, y se han simplificado las leyes y evitado los tecnicismos.

f)El Programa nacional de asistencia jurídica y sensibilización, presentado por el Presidente en 2007 como programa experimental, está siendo evaluado con miras a aplicarlo en todo el país. En colaboración con organizaciones de la sociedad civil, el Programa imparte cursos de formación sobre la asunción de la propia defensa.

g)Mediante un proceso ampliamente participativo y consultivo en que participaron el Gobierno, la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya, se han elaborado un proyecto de política nacional de asistencia letrada y un proyecto de ley de asistencia letrada. La política proporciona un marco nacional integral y coherente para la prestación de asistencia letrada gratuita en Kenya. El proyecto de ley prevé la prestación de asistencia letrada para quienes no tengan recursos y establece las directrices en materia de condiciones para recibirla y financiamiento y gestión de las causas, tanto civiles como penales.

38.Tras consultas exhaustivas con los interesados durante el proceso de revisión constitucional, se acordó que el Programa nacional de asistencia jurídica y sensibilización trataba adecuadamente la función prevista para la oficina del defensor público.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 7 de la lista de cuestiones

39.La policía tiene la enorme responsabilidad de proteger a los ciudadanos y sus bienes y de hacer cumplir la ley en interés de la sociedad en general. La Constitución establece con suficiente detalle los derechos de la persona detenida, en particular que una persona detenida debe ser llevada ante un tribunal tan pronto como sea posible pero a más tardar 24 horas después de su detención, salvo si dentro de las 24 horas se incluye un día que no sea día laboral ordinario en los tribunales. La policía también debe informar sin demora a la persona detenida de los motivos de la detención y permitirle comunicarse con un abogado u otras personas cuya asistencia sea necesaria. Se espera de todos los agentes de policía que entiendan y pongan en práctica estas disposiciones constitucionales y, en este sentido, se distribuyó a todos los agentes de la policía en todo el país un manual sobre la declaración de derechos y garantías fundamentales y sobre las directrices generales en materia de detención. El Código de conducta de la Policía prohíbe recurrir a la tortura para enfrentar cualquier transgresión de la ley.

40.Las detenciones ilegales y arbitrarias no constituyen una política gubernamental, y se encausa judicialmente a los agentes de cualquier parte del país respecto de los cuales se hayan presentado ante la policía o la Comisión de Ética y Lucha contra la Corrupción pruebas suficientes de soborno. Entre 2008 y 2011 han sido acusados de corrupción 60 policías.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 8 de la lista de cuestiones

41.La Constitución establece que toda persona acusada de cualquier cargo puede solicitar ser puesta en libertad bajo fianza, y puede ser liberada siempre que no haya una razón de peso en contra de tal liberación. Se trata de un gran cambio con respecto a la antigua Constitución, que no concedía libertad bajo fianza a las personas acusadas de asesinato. En la causa penal Nº 26 de 2008, Rep u blic v . Danson Mgunya and another, el Tribunal Superior de Mombasa reafirmó la aplicabilidad del derecho constitucional de libertad bajo fianza a todos los delitos, incluidos los delitos susceptibles de ser sancionados con la pena capital, y concedió libertad bajo fianza a dos sospechosos que enfrentaban la pena de muerte en un juicio por asesinato, delito respecto del cual la antigua disposición constitucional excluía tal beneficio.

42.En 2011 se elaboraron una política y un proyecto de ley relativos a la información y el control de la libertad bajo fianza, con el propósito de ocuparse de la generación y utilización de la información sobre la libertad bajo fianza y, en caso necesario, de la supervisión de las personas a quienes se concediera dicha libertad. La política y el proyecto de ley fueron elaborados por el Gobierno con el apoyo técnico de organizaciones de la sociedad civil.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 9 a) de la lista de cuestiones

43.El Gobierno de Kenya no aprueba la tortura ni los malos tratos por parte de funcionarios gubernamentales ni de cualquier otra persona que actúe en ejercicio de funciones oficiales. Toda denuncia de tortura o malos tratos es investigada exhaustivamente y procesada. Las personas declaradas culpables de actos de tortura y malos tratos son condenadas o sancionadas severamente. La Constitución de Kenya, en particular, protege la libertad y la seguridad de la persona y prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Su artículo 49 1) c) garantiza el derecho de un acusado a comunicarse con un abogado y con otras personas cuya colaboración sea necesaria.

44.A lo largo de los años, el Gobierno de Kenya ha adoptado diversas medidas para prevenir los actos de tortura y malos tratos infligidos a los sospechosos en detención policial. A este respecto, las reformas integrales respaldadas por la Constitución y recomendadas por el Grupo de Trabajo Nacional para la Reforma de la Policía establecido por el Presidente en 2009 se han puesto en práctica de la siguiente manera:

a)La Autoridad Independiente de Supervisión de la Policía . Para un control y una gobernanza democráticos del sector de la seguridad es imprescindible la supervisión civil de la policía. En ese sentido, la Autoridad Independiente de Supervisión de la Policía, creada por la ley respectiva de la policía de 2011, es fundamental, ya que establece funciones muy necesarias de rendición de cuentas y vigilancia del Servicio de Policía. La Autoridad está facultada para inspeccionar las dependencias policiales, incluidos los centros de detención bajo el control de la Policía Nacional. También tiene el mandato de investigar cualquier muerte o lesión grave ocurrida o que presuntamente haya ocurrido como resultado de la acción policial. Cuando procede, la Autoridad proporciona información útil que permite a las víctimas de actos policiales ilícitos instituir y llevar a cabo acciones civiles para obtener indemnización en caso de lesiones, daños y pérdida de ingresos. El organismo desempeña un papel importante en el restablecimiento de la confianza pública en la policía.

b)La Policía Nacional . Establecida por la Ley de la Policía Nacional de 2011 tiene el deber constitucional de formar a su personal para que respete los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad de la persona humana. Debe cumplir las normas constitucionales relativas a los derechos humanos y las libertades fundamentales. A estos efectos, se ha preparado un programa de capacitación que incluye entre sus asignaturas evaluables la tortura y los malos tratos, módulo de formación que se ha ofrecido a más de 18.000 agentes de policía. La Ley define y tipifica como delito los actos de tortura y todo trato o pena cruel, inhumano y degradante cometidos por los agentes de policía. Asimismo, establece sanciones para ese delito.

c)El Código de conducta de la Policía de Kenya . Establece que la pauta para la conducta profesional y ética de la policía.

d)El proyecto de ley de prevención de la tortura . Se elaboró para proporcionar el marco jurídico necesario para la prevención, prohibición y sanción de los actos de tortura y malos tratos.

El servicio médico-forense nacional

45.El Estado también ha preparado un proyecto de ley relativo a la creación de un servicio médico-forense nacional que será competente para investigar la causa de la muerte de las personas en los casos en que se trate de una muerte por causas no naturales; de una muerte repentina por causas desconocidas; o haya ocurrido durante la detención policial, en la cárcel o en un lugar y en circunstancias tales que, en virtud de cualquier otra ley, se requiera, tan pronto como sea factible, realizar una investigación sobre ella. El proyecto de ley también establece que cuando una persona muera durante la detención policial, el funcionario a cargo deberá informar inmediatamente al médico forense con jurisdicción en la zona donde se encuentra la prisión y no se podrá disponer del cadáver sin una autorización emitida por dicho médico forense. El proyecto de ley se encuentra actualmente en fase de consultas con las partes interesadas.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 9 b) de la lista de cuestiones

46.Esta sección debe leerse conjuntamente con la anterior relativa al acceso a la justicia.

47.En virtud de los nuevos imperativos constitucionales, es obligatorio asignar un abogado de oficio a la persona detenida para garantizar un trato equitativo. Si bien el Tribunal de Kenya mencionado ha reafirmado este derecho, ha señalado los considerables recursos humanos y financieros que se necesitarían para hacerlo efectivo. En Kenya, la proporción de abogados por personas es de 1 por 40.000, lo que está muy por debajo de las normas internacionales aceptadas y, por lo tanto, repercute negativamente en el ejercicio efectivo de este derecho. Ahora bien, varias universidades han establecido facultades de derecho, por lo que se espera que en los próximos años aumente el número de abogados en el país.

48.En consonancia con las directivas constitucionales, se permite a los detenidos comunicarse con los representantes interesados, entre los que se incluyen, naturalmente, los médicos forenses y los familiares. En este sentido, la Policía Nacional ha construido nuevas instalaciones y mejorado otras para facilitar el trato humano de los detenidos.

49.En reconocimiento de las garantías constitucionales e internacionales de derechos humanos, en virtud de la cuales todos los seres humanos, incluidos los detenidos y los presos, tienen ciertos derechos inalienables, el Gobierno ha elaborado un proyecto de ley sobre el trato humano de las personas detenidas, retenidas o encarceladas: el proyecto de ley sobre personas privadas de libertad, de 2012.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 9 c) de la lista de cuestiones

50.Resumen estadístico de los casos relacionados con la tortura atribuidos a agentes del orden, entre los años 2006 y 2011:

N ú mero	Categoría	Número de casos
1.	Casos denunciados en las comisarías	35
2.	Casos procesados en tribunales	34
3.	Casos resueltos por tribunales	6
4.	Casos pendientes ante los tribunales	28
5.	Casos pendientes de investigaciones adicionales sobre sospechosos, tanto conocidos como desconocidos	1

51.El Comisionado de Policía creó un grupo de trabajo para investigar las denuncias registradas por Human Rights Watch en Dabaab relativas a varios refugiados somalíes en esa localidad que alegaban haber sido torturados por agentes de la policía. Las conclusiones del grupo de trabajo no fueron concluyentes, por lo que el asunto se remitió a la Autoridad Independiente de Supervisión de la Policía.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 10 de la lista de cuestiones

52.La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya ha sido reestructurada y ha pasado a ser una comisión constitucional independiente. La Comisión opera de manera independiente y su mandato principal es promover la protección y promoción de los derechos humanos en Kenya y vigilar la acción del Gobierno en materia de derechos humanos. Es el principal órgano del Estado encargado de garantizar el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los tratados internacionales y regionales de derechos humanos.

53.El artículo 249 de la Constitución establece que el Parlamento debe asignar fondos suficientes para permitir a la Comisión desempeñar su labor con eficacia. En este sentido, el Gobierno, en la medida de los recursos disponibles, ha asignado fondos suficientes a la Comisión para que funcione con eficacia en consonancia con los principios de París. La Comisión opera de manera independiente para vigilar y garantizar que se respeten estrictamente todas las leyes que protegen los derechos humanos y promueve activamente el establecimiento de marcos legales compatibles con las normas internacionales y las buenas prácticas en materia de derechos humanos.

54.La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya tiene el mandato de visitar las cárceles y otros lugares o instalaciones de detención a fin de acceder a ellos e inspeccionar las condiciones de detención de los reclusos y hacer recomendaciones apropiadas.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 11 de la lista de cuestiones

55.A fin de garantizar que todas las denuncias de tortura se investiguen con prontitud y precisión, eficacia e imparcialidad, en el proyecto de ley de prevención de la tortura de 2011 se han incorporado las salvaguardias pertinentes. El proyecto de ley establece el procedimiento para la investigación, que consta de los componentes esenciales que figuran a continuación.

56.Según el proyecto de ley, todas las denuncias de tortura o delitos conexos deben ser registradas por escrito. Si se presentan ante un órgano distinto de la policía, el asunto debe ser remitido a la policía, a otras autoridades de investigación competentes o a la Dirección de la Acusación Pública para que lo investiguen. Todo agente de policía que reciba una denuncia de esa índole debe notificarla sin tardar al oficial a cargo de la comisaría en cuya jurisdicción se ha cometido el delito, a fin de que se inicien las investigaciones. Cuando se alega que un agente de policía de una determinada comisaría, unidad o dependencia policial de condado ha cometido un delito, la Dirección de Investigación Criminal debe investigarlo, y la investigación será llevada a cabo por una persona que provenga de otra comisaría, unidad o dependencia policial de condado, según sea el caso. El delito debe ser investigado de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Cuando la denuncia se presenta ante un tribunal, este debe registrarla y, dentro de un plazo de 14 días, ordenar una investigación.

57.El proyecto de ley también establece que el fiscal podrá presentar como prueba una declaración de la víctima sobre las consecuencias de los daños sufridos, a fin de probar que se ha cometido un delito y ayudar al tribunal en la determinación de la pena apropiada. Cuando se condena a una persona por un delito relacionado con la tortura, el tribunal puede ordenarle que resarza o indemnice a la víctima por los gastos de tratamiento médico y psicológico, así como cualquier otra medida de reparación que considere conveniente. La víctima también puede entablar una acción civil para obtener indemnización.

58.La Ley de la Policía Nacional tipifica como delito los actos de tortura y cualquier otra forma de malos tratos cometidos por agentes de policía y prevé sanciones severas.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 12 de la lista de cuestiones

59.Sírvanse remitirse a la respuesta dada a las cuestiones planteadas en el párrafo 4 de la lista.

60.Además de los proyectos de ley pendientes mencionados en el párrafo 4, actualmente se están elaborando leyes bajo la dirección del ministerio encargado de las cuestiones de la tierra en Kenya, con el fin de tratar la gobernanza de la gestión y el uso de la tierra en Kenya, de conformidad con las disposiciones constitucionales que reconocen que los cónyuges tienen derecho a la igualdad de derechos en el momento del matrimonio, durante este y en caso de su disolución.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 13 de la lista de cuestiones

61.El Gobierno promulgó en 2011 la Ley de prohibición de la mutilación genital femenina. La Ley articula una definición amplia de la mutilación genital femenina, tipifica como delito la práctica y establece sanciones severas. Los delitos previstos en la Ley son sancionados con una multa de 100.000 chelines kenianos o penas de prisión de no menos de tres años, o ambas cosas. Cabe señalar en especial que, si la mutilación causa la muerte, puede imponerse una pena de cadena perpetua. Los tribunales kenianos tienen competencia extraterritorial en relación con todos los delitos previstos en la Ley. Esta autoriza a los jefes y funcionarios de los servicios que se ocupan de la infancia a entrar sin orden judicial en cualquier local a fin de determinar si ha sido cometido o está a punto de cometerse un delito de esta índole. Establece, además, que no podrán invocarse la cultura ni la religión como pretexto para esa práctica.

62.El Gobierno encuentra importantes problemas para reunir pruebas para enjuiciar a los culpables, ya que la mayoría de las comunidades afectadas no consideran que la mutilación genital femenina sea un delito y no la denuncian. Por consiguiente, la lucha contra esta práctica solo será posible cuando se modifiquen las actitudes culturales de la población. La Ley ha establecido una Junta de Lucha contra la Mutilación Genital Femenina encargada de elaborar y coordinar programas de sensibilización para educar a las comunidades sobre los perjuicios de esta práctica. El Ministerio de Género, Infancia y Desarrollo Social ha llevado a cabo e intensificado actividades de sensibilización de la población sobre la mutilación genital femenina y, en los cuatro distritos donde la práctica está muy extendida, ha facilitado el diálogo con la comunidad sobre sus peligros. En asociación con organizaciones religiosas, el Gobierno ha seguido celebrando ritos de iniciación para las niñas en sustitución de la práctica de la mutilación genital femenina. Se han organizado foros públicos con líderes tradicionales de las comunidades locales, como el Njuri Nncheke, Consejo de Ancianos de los ameru, que declaró públicamente su apoyo al abandono de la práctica de la mutilación genital femenina en su comunidad. Se considera que la participación de los líderes comunitarios puede tener un gran impacto en esta práctica retrógrada.

63.En 2010 se formuló la Política nacional para el abandono de la práctica de la mutilación genital femenina para orientar al Gobierno y otras partes interesadas sobre las estrategias necesarias para lograr el total abandono de la práctica. Por otra parte, la Política nacional de salud escolar (2009) prevé que las cuestiones relativas a la mutilación genital femenina y los matrimonios precoces/forzados se expliquen a los estudiantes en las escuelas.

64.La Constitución de Kenya prohíbe las prácticas culturales nocivas. Además, la Ley del niño (Nº 8 de 2001) prohíbe específicamente la práctica en su artículo 14 y, en su artículo 20, prevé al respecto una pena de un año de prisión y una multa equivalente a unos 600 dólares, o ambas cosas.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 14 de la lista de cuestiones

65.Entre las medidas adoptadas para combatir la trata de personas con fines de prostitución y trabajo forzado figuran la Ley de delitos sexuales y la promulgación de la Ley Nº 2 de ciudadanía e inmigración de Kenya, de 2011, en particular su artículo 33, parte VI, Controles de Inmigración. La Ley contra la trata de personas fue promulgada en 2010 a fin de cumplir las obligaciones que incumben a Kenya en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en particular, su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y combatir los delitos relativos a la trata de personas y con propósitos conexos. Como medida disuasoria, las penas para los delitos previstos en dicha Ley son muy severas y entrañan multas muy elevadas y, en algunos casos, la cadena perpetua.

66.A fin de mejorar la cooperación interinstitucional en la lucha contra la trata de personas, la Ley crea un Comité Asesor de Lucha contra la Trata de Personas. El Comité está integrado por representantes del Gobierno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de las mujeres y los niños y tienen un historial comprobado de participación en la prevención y la represión de la trata de personas.

67.Los hoteles de las ciudades costeras han firmado un código de conducta que tiene por objeto prevenir que los niños sean víctimas de abusos en sus establecimientos. Además, se ha sensibilizado y capacitado a las principales partes interesadas, en especial los investigadores policiales, los fiscales y los líderes comunitarios en particular sobre la Ley de delitos sexuales. La aplicación de la Ley del niño también ha tenido efectos positivos en la protección de los niños contra la trata y el secuestro. Actualmente no hay datos estadísticos sobre el número de personas víctimas de la trata ni sobre el número de procesamientos ni sobre las sanciones impuestas a las personas involucradas en la trata de personas.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 15 de la lista de cuestiones

68.La Constitución de 2010 establece el derecho al más alto nivel posible de salud, lo que incluye el derecho a servicios de salud, incluidos los de salud reproductiva. Un proyecto de ley de salud para hacer efectivo este derecho constitucional ha sido presentado al Consejo de Ministros para su aprobación. La Comisión de Reforma Legislativa de Kenya ha elaborado un proyecto de ley de salud reproductiva y familiar y ya está prevista su presentación al Parlamento para su debate.

69.El Gobierno de Kenya no tolera el maltrato de que son víctimas las madres que tratan de obtener servicios de salud reproductiva en los hospitales. Toda denuncia de esta conducta es tomada muy seriamente y tratada adecuadamente. Para reforzar los esfuerzos del Gobierno en este sentido, todos los hospitales y centros de salud ponen a disposición del público una Carta General de Servicios que establece los derechos de los pacientes que acceden a los servicios de salud. Los hospitales públicos también han elaborado sus respectivas cartas de servicios que establecen, como cuestión de derecho, el plazo en que debe atenderse a los pacientes. Las cartas de servicios, redactadas en las lenguas nacionales del Estado, se colocan en las carteleras de los hospitales públicos. Todo paciente agraviado, entre ellos las mujeres que tratan de obtener servicios de salud reproductiva, tiene derecho a quejarse ante el Superintendente Médico de los respectivos hospitales por violación de sus derechos. El Ministerio a cargo de los servicios de salud lleva a cabo controles médicos trimestrales de todos los establecimientos de salud pública en el país, en los que se ponen de relieve los casos de negligencia y deficiente prestación de servicios a los pacientes.

70.Las personas que han sufrido maltrato en hospitales públicos pueden denunciar el hecho ante la Comisión de Justicia Administrativa, que ha sido establecida con carácter de mediación y se ocupa de las quejas presentadas contra las instituciones públicas.

71.A fin de garantizar que los pacientes pobres no sean marginados en la prestación de servicios de salud, incluidos los casos de parto, los trabajadores sociales del Servicio Social y de los departamentos de asistencia social y asesoramiento de los hospitales públicos evalúan la situación socioeconómica de los pacientes. Así pues, las mujeres que no pueden pagar los gastos médicos después del parto no son ya retenidas en los hospitales públicos.

Artículo 3

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 16 de la lista de cuestiones

72.El Reglamento sobre refugiados elaborado en 2009 contiene directrices operacionales para garantizar la aplicación efectiva de la Ley de refugiados de 2006, que es el marco legislativo principal relativo a la gestión de los asuntos de refugiados en el país. El Reglamento establece los procedimientos objetivos para la tramitación de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y prohíbe la devolución de las personas que solicitan admisión en el territorio de Kenya. Permite a los solicitantes de asilo y sus familias permanecer en Kenya mientras se determina su condición y hasta que se resuelva su apelación, en caso de que su solicitud sea denegada. Según la Ley de refugiados, el Departamento de Asuntos de los Refugiados es el principal órgano encargado de las cuestiones de refugiados en Kenya. El Departamento de Asuntos de los Refugiados lleva a cabo regularmente actividades de vigilancia de las fronteras para controlar posibles retenciones o repatriaciones arbitrarias de solicitantes de asilo y refugiados y elabora informes sobre sus conclusiones. Toda irregularidad jurídica o violación establecida es notificada al Ministro de Inmigración o impugnada mediante un litigio de interés público, con la asistencia de dos organizaciones de la sociedad civil. Cabe señalar que el Gobierno no ha impartido ninguna orden oficial relativa a la repatriación arbitraria de refugiados o solicitantes de asilo.

73.El Gobierno está elaborando una Política nacional de refugiados para hacer frente a los numerosos desafíos que sigue teniendo ante sí el país. En 2012 se elaboró un proyecto de ley sobre refugiados que está examinando actualmente la Comisión sobre la Aplicación de la Constitución.

74.El Servicio de Gestión de los Ciudadanos Kenianos y Extranjeros, creado por la correspondiente Ley de 2011, también se ocupa de las cuestiones de refugiados. Los tribunales de apelación establecidos por dicha Ley proporcionan salvaguardias para la protección de los refugiados, ya que las personas que deseen impugnar las decisiones del Departamento de Asuntos de los Refugiados o de cualquier comité directivo del Servicio pueden recurrir a ellos para solicitar la revisión de dicha decisión.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 17 de la lista de cuestiones

75.Actualmente no se dispone de ninguna prueba documental de expulsiones, repatriaciones o extradiciones que hayan tenido lugar desde el examen del informe inicial.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 18 de la lista de cuestiones

76.Se presentan a continuación las estadísticas relativas a las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado presentadas desde 2010:

Año	Solicitudes	Aceptadas	Denegadas
2010	18 931	6 733	1 866
2011	14 287	5 028	1 691
2012 (enero a marzo)	6 119	940	562

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 19 de la lista de cuestiones

77.Las investigaciones realizadas revelaron que el Sr. Abdulmalik fue detenido con una serie de documentos de identificación que indicaban que no estaba registrado como keniano en la Oficina del Registro Nacional. Debido a la falta de pruebas que permitieran presentar cargos en su contra, fue puesto en libertad el 28 de febrero de 2007. Aunque el Sr. Abdulmalik fue puesto en libertad en Kenya, el Gobierno supo más tarde de que estaba recluido en el centro de la Bahía de Guantánamo cuando tuvo conocimiento de un recurso de habeas corpus presentado por un pariente suyo ante un tribunal de los Estados Unidos de América en que se afirmaba que su reclusión en el centro de Guantánamo constituía una violación de sus derechos. Al parecer, se denegó dicho recurso al Sr. Abdulmalik por considerarse que este representaba una amenaza para el Gobierno de los Estados Unidos.

78.Se han dado instrucciones a los oficiales superiores para que se mantengan informados de las resoluciones judiciales que sienten precedente y las respeten en el desempeño de sus funciones. Los tribunales nacionales también están facultados para emplazar a cualquier persona por desacato. Las sentencias de los tribunales, en especial del tribunal constitucional, sirven de referencia para todos los funcionarios en puestos de decisión.

79.Además, la policía investiga todos los casos de entrega de personas, y recientemente se descubrió que nueve ciudadanos de Kenya que se creía que habían sido capturados en Somalia estaban recluidos en prisiones etíopes. Tras posteriores investigaciones, el Gobierno de Kenya intervino y los nueve ciudadanos kenianos volvieron con sus familias.

80.En el marco del nuevo régimen constitucional, el poder judicial ha insistido en la necesidad de que en las extradiciones se respeten los derechos humanos y se cumplan las debidas garantías procesales. En una sentencia dictada el 30 de septiembre de 2010 en la causa Zuhura Suleiman v . Commissioner of Police and 3 others 6, recurso misceláneo Nº 441 de 2010 del Tribunal Superior (Nairobi), el Tribunal Superior dictaminó que la entrega a Uganda de un keniano sospechoso de terrorismo para su enjuiciamiento sin las debidas garantías procesales era ilegal.

81.Además, en una sentencia dictada el 28 de septiembre de 2010 en la causa Mohamed Aktar Kana v. Attorney General, recurso de amparo constitucional Nº 544 de 2010 ante el Tribunal Superior (Nairobi), el Tribunal Superior dictó providencias que prohibían a Kenya la entrega prevista de un sospechoso a Uganda sin que mediara un proceso con las debidas garantías y determinó que tal acción constituía una vulneración de los derechos constitucionales de esa persona.

Artículos 5 y 7

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 20 de la lista de cuestiones

82.Desde las observaciones finales del Comité, el Estado no ha recibido ninguna solicitud de este tipo.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 21 de la lista de cuestiones

83.Kenya no ha firmado ningún tratado de extradición específicamente relacionado con la tortura.

Artículo 10

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 22 de la lista de cuestiones

84.La Policía Nacional es la principal institución de Kenya encargada de la capacitación de agentes de policía. Elabora las políticas de formación y aprueba y revisa los planes de estudio para garantizar su adecuación a las normas de actuación policial. Está obligada por la Constitución a capacitar a su personal para que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales en el desempeño de sus funciones. La educación en derechos humanos se imparte de muchas formas en todo el programa de estudios de la policía, así como en un curso más detallado sobre la prohibición absoluta de la tortura. Más de 18.000 policías han realizado este curso, lo que ha dado lugar a un enorme cambio positivo en la actitud y el comportamiento de los agentes de policía en relación con su trabajo y en el tratamiento de las personas detenidas o privada de libertad.

85.La asignación presupuestaria de la Policía Nacional para la formación de agentes de policía se incrementó en un 50% en 2012. La Policía Nacional está elaborando materiales de evaluación y análisis para determinar el impacto de los programas de capacitación sobre el comportamiento policial.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 23 de la lista de cuestiones

86.La Policía Nacional, con la colaboración de ONU-Mujeres, ha elaborado un programa integral de formación para agentes de policía sobre la violencia basada en el género. El programa se concibió con la asistencia de ONU-Mujeres.

87.Desde las observaciones finales, el Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, el Departamento de Instituciones Penitenciarias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya y la Universidad de Nairobi, ha celebrado consultas amplias con el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y el Organismo Independiente de Medicina Legal en relación con la integración del Protocolo de Estambul en su sistema de investigación forense de la tortura.

88.El Gobierno está elaborando materiales de evaluación y análisis para supervisar el efecto de los programas de capacitación en la reducción de los casos de tortura, violencia y malos tratos.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 24 de la lista de cuestiones

89.De conformidad con la Constitución de Kenya de 2010, una persona que haya sido detenida podrá ser mantenida en detención por un período máximo de 24 horas, tras el cual deberán presentarse cargos en su contra ante un tribunal. De esta manera, la posibilidad de torturar a los sospechosos, que la situación anterior facilitaba, queda limitada. Por otra parte, con miras a proteger a los sospechosos, se han revisado las normas relativas a la confesión de conformidad con la Ley de prueba.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 25 de la lista de cuestiones

90.Los derechos de las personas detenidas, retenidas o encarceladas están garantizados por la Constitución de Kenya, que establece que dichas personas mantienen todos los derechos y libertades contenidos en la declaración de derechos y libertades fundamentales, salvo cuando un determinado derecho o libertad fundamental es claramente incompatible con el hecho de que la persona esté detenida, retenida o encarcelada. Para aplicar estas exigencias constitucionales, el Gobierno ha preparado el proyecto de ley relativo a las personas privadas de libertad de 2012. El proyecto prevé el trato humano de las personas detenidas, retenidas o encarceladas y da efecto a las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos y a las normas relativas a dichas personas. En el proyecto de ley se establecen las obligaciones de los agentes del orden público y de los particulares que tengan autoridad sobre personas privadas de libertad. El proyecto de ley, que está siendo examinado por las partes interesadas, garantiza además el derecho de las personas afectadas a solicitar una orden de habeas corpus.

91.A fin de reducir el hacinamiento en las prisiones, especialmente en relación con la prisión preventiva, la Constitución ha modificado la disposición constitucional anterior para que en todos los delitos se pueda otorgar la libertad bajo fianza. En la causa Rep u blica v . Dansom Mgunya and Kasim Sheebwana Mohammed, causa penal Nº 26 de 2008, el tribunal, invocando dicha disposición, concedió la libertad bajo fianza a un acusado que había estado en prisión preventiva desde 2008.

92.Además, la Constitución prohíbe la prisión preventiva de una persona por un delito para el que esté previsto una multa o una pena de prisión de no más de seis meses. Los tribunales han observado fielmente esta disposición, lo que ha permitido descongestionar en mayor medida las cárceles y centros de prisión preventiva y proteger los derechos de los acusados.

93.El poder judicial y el Departamento de Libertad Vigilada han logrado una enorme disminución de la congestión en las cárceles mediante el recurso a las órdenes de trabajos comunitarios previstas en la Ley de imposición de servicios a la comunidad. Los juzgados de paz determinan cuáles son los delincuentes menores que, por enfrentar penas de tres años o menos, pueden ser condenados a realizar servicios a la comunidad. En el caso de los que ya están encarcelados, el Departamento de Libertad Vigilada establece una lista de los delincuentes que han sido condenados por delitos menores o penas inferiores a tres años o que no tenían antecedentes penales y les queda por cumplir una pena de tres años para asignarlos a la realización de servicios a la comunidad. La medida solo se aplica a las infracciones y los delitos menores. Hasta septiembre de 2011, el número total de infractores que se habían beneficiado de este programa era de 59.000. Un juez visita periódicamente las cárceles para conocer los casos y las quejas de los presos.

94.Se ha elaborado un proyecto de política penitenciaria, que proporciona el marco para la mejora de las condiciones en los centros penitenciarios. Actualmente la Comisión de Reforma Legislativa de Kenya está llevando a cabo una revisión técnica de la política.

95.El Presidente de Kenya está facultado por la Constitución para, con el asesoramiento del Comité Consultivo sobre la Prerrogativa del Indulto, conceder el indulto a una persona condenada por un delito, aplazar la ejecución de la pena por un período determinado o indeterminado, sustituir la pena por otra menos severa y perdonar la totalidad de una pena o parte de ella.

96.La parte IV de la Ley penitenciaria, capítulo 90 de la Recopilación de leyes de Kenya, tipifica los delitos imputables a los funcionarios de prisiones y las penas correspondientes. A este respecto, nueve funcionarios penitenciarios procesados en los tribunales por acusaciones de tortura han sido suspendidos de sus funciones como medida disciplinaria hasta que se dicte sentencia. El Reglamento penitenciario previsto en esta Ley establece los delitos imputables a los funcionarios penitenciarios que pueden ser objeto de un proceso disciplinario interno. Figuran entre ellos los siguientes:

Utilizar la violencia contra cualquier recluso;

Utilizar la violencia contra cualquier funcionario penitenciario; y

Cualquier otra conducta que vaya en detrimento del orden o la disciplina o la seguridad de un recluso.

97.Hasta la fecha se ha acusado a tres funcionarios penitenciarios en virtud del artículo 124 i) del Reglamento y uno de ellos fue condenado y multado con 5.000 chelines kenianos, cantidad considerable si se tiene en cuenta el nivel de ingresos de los funcionarios penitenciarios. Ahora bien, en función de la gravedad de los delitos pueden imponerse otras sanciones, entre ellas la congelación o el aplazamiento del incremento salarial, la degradación en el escalafón y la destitución. En general, los funcionarios de prisiones que sean declarados culpables de un delito previsto en el artículo 124 no son considerados para ascensos ni para otros beneficios hasta la finalización de un período de prueba en que hayan demostrado buena conducta.

Artículos 12 y 13

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 26 de la lista de cuestiones

98.El Director de la Acusación Pública estableció un Grupo de Trabajo interinstitucional para que llevara a cabo un examen nacional de todas las causas relativas a actos de violencia local ocurridos tras las elecciones que estuviesen siendo objeto de investigaciones y estuviesen pendientes ante los tribunales, con miras a recomendar formas y medios para garantizar su resolución justa y rápida. Varias causas han sido sometidas a los tribunales kenianos, los cuales han dictado condenas en relación con diversos delitos, entre ellos la violación. El Grupo de Trabajo sigue examinando las causas.

99.Con respecto a los casos de actos de violencia sexual y de género cometidos en general y durante la violencia posterior a las elecciones, el Director de la Acusación Pública estableció una dependencia cuyos funcionarios están encargados de supervisar y gestionar todos los asuntos relacionados con la violencia sexual y de género. En particular, el objetivo de la Dependencia es aumentar la capacidad de los investigadores y fiscales para investigar y perseguir los delitos, incluidos los delitos sexuales y de género. A estos efectos, la Dependencia ha adoptado las siguientes medidas:

a)La elaboración y difusión de una guía para fiscales e investigadores, conocida como Manual sobre delitos sexuales, en la que se expone la Ley de delitos sexuales, se establecen normas sobre mejores prácticas y se hacen recomendaciones al respecto a los diversos proveedores de servicios del sector de la justicia penal. A los efectos de la investigación profesional y eficaz de los delitos, se ha capacitado en el uso del Manual a los abogados del Estado encargados de la acusación, los fiscales policiales, los investigadores policiales, los jueces y los médicos.

b)La impartición de cursos especializados sobre investigación forense.

c)El Grupo de Trabajo sobre la aplicación de la Ley de delitos sexuales elaboró y publicó en el Boletín Oficial de Kenya el Reglamento para la aplicación efectiva de la Ley de delitos sexuales, lo que entrañó la elaboración de un modelo de pliego de cargos aplicable a todos los casos de delitos sexuales. Todos los funcionarios que participan en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos sexuales han recibido capacitación sobre el Reglamento, el cual ya está aplicándose.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 27 de la lista de cuestiones

La operación "Chunga Mpaka"

100.La operación "Chunga Mpaka" (vigilancia de la frontera) se llevó a cabo en septiembre de 2008 en el distrito de Mandera para prevenir los delitos relacionados con el tráfico transfronterizo de armas de fuego ilícitas. En la operación, los militares patrullaban la frontera y la policía llevaba a cabo operaciones en Kenya basadas en información de inteligencia. Todas las denuncias recibidas fueron investigadas y se adoptaron medidas al respecto.

La "operación Mathare"

101.Tras el asesinato de cuatro policías en junio de 2007, el Gobierno realizó en la región de Mathare, una operación conjunta de seguridad interior para capturar a los delincuentes y recuperar armas de fuego. Durante la operación, cuando la policía atacó el lugar donde se escondían los delincuentes se produjo un tiroteo entre ambas partes a consecuencia del cual murieron dos delincuentes. Una investigación realizada poco después exoneró a la policía. Hubo una denuncia relativa a una mujer que había muerto de un disparo mientras estaba acostada en su cama. Las investigaciones concluyeron que había sido alcanzada por una bala perdida durante el tiroteo entre la policía y los delincuentes. Se aconsejó a la familia que procurara obtener indemnización mediante una acción civil.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 28 de la lista de cuestiones

102.En 2010 se promulgó la Ley de prevención de la delincuencia organizada como respuesta a la proliferación de grupos delictivos organizados, como los Mungiki y los Kisungusungu, involucrados en actividades delictivas en Kenya. La Ley define los grupos delictivos organizados y la actividad delictiva organizada y prescribe duras penas que toman en consideración la gravedad de los actos. Los grupos que hayan sido considerados culpables de cometer actos delictivos son sancionados con arreglo a la ley.

103.La formación de grupos delictivos organizados en el país se ha atribuido a diversos factores, entre ellos el alto nivel de desempleo y pobreza existente en el país. Los jóvenes ociosos están más expuestos al riesgo de recurrir a la violencia. Por consiguiente, a fin de hacer frente a los problemas resultantes de la pobreza y los riesgos de seguridad, se ha dado prioridad a la creación de oportunidades de empleo para los jóvenes. A estos efectos, se han adoptado las siguientes medidas:

a)En 2006 se creó el Fondo de Desarrollo de Empresas de Jóvenes como una de las estrategias para enfrentar el desempleo juvenil. El Fondo se propone como objetivo otorgar préstamos a las instituciones de microfinanzas, las ONG registradas que realizan actividades de microfinanzas y las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito existentes para que estas, a su vez, otorguen préstamos a empresas de jóvenes. El Fondo facilita asimismo la inversión en infraestructura comercial dirigida hacia las microempresas y las empresas pequeñas y medianas, como los parques empresariales o industriales, los mercados o los semilleros de empresas, que pueden beneficiar a las empresas de jóvenes. El Fondo ha registrado grandes logros desde su creación. En 2012 entregó 5.900 millones de chelines kenianos a más de 157.000 empresas de jóvenes de todo el país. Estas empresas han crecido y, además de contribuir al erario público, dan empleo a muchos kenianos. Estos esfuerzos se han traducido en la creación de más de 300.000 nuevos puestos de trabajo. Por otra parte, el Fondo, con sus asociados, ha proporcionado a más de 200.000 jóvenes capacitación sobre la actividad empresarial, además de facilitarles el acceso de sus productos a los mercados. También ha ayudado a integrar a miles de jóvenes kenianos en los servicios financieros corrientes. Por otra parte, a través del Fondo se ha ayudado a 6.000 jóvenes a encontrar empleo fuera de Kenya.

b)En 2009 se puso en marcha el programa Kazi Kwa Vijana como una de las estrategias de reducción de la pobreza mediante la creación de empleo. El objetivo de este programa es erradicar los males sociales provocados por el desempleo, el ocio y la pobreza. El programa ofrece a los jóvenes una fuente alternativa de sustento para ellos y sus familias. Las personas empleadas en el marco del programa participan principalmente en pequeños proyectos de trabajo manual en sus propias comunidades y reciben en pago un pequeño estipendio.

c)El Fondo para el desarrollo de las circunscripciones está destinado a financiar todos los proyectos de desarrollo a nivel de las circunscripciones, en particular los que tienen por objeto luchar contra la pobreza a nivel comunitario.

104.Con respecto a la violencia posterior a las elecciones, se han llevado a cabo varios procesamientos. Como se ha indicado antes, el Director de la Acusación Pública estableció en 2012 un Grupo de Trabajo interinstitucional encargado de llevar a cabo un examen nacional de todas las causas relativas a actos de violencia local ocurridos tras las elecciones que estuviesen siendo objeto de investigaciones y estuviesen pendientes ante los tribunales, con miras a recomendar formas y medios para garantizar su resolución justa y rápida. El Grupo de Trabajo ha examinado un gran número de expedientes, pero su labor no ha concluido aún. Los datos estadísticos relativos a la edad y otros indicadores estarán disponibles tan pronto como el Grupo de Trabajo finalice su labor.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 29 de la lista de cuestiones

105.Kenya no permite que sus servicios de seguridad participen en ejecuciones extrajudiciales. Todos los casos de muerte como consecuencia de operaciones policiales se investigan teniendo en cuenta sus circunstancias particulares. Siguiendo este procedimiento, entre 2006 y 2011 se realizaron investigaciones sobre 34 casos y se procesó a varios policías por el delito de homicidio. De estos encausados, 3 fueron condenados, 2 fueron absueltos y 29 tienen sus causas pendientes en etapas diversas del proceso judicial.

106.Estos procesamientos tienen por objeto disuadir a los agentes del orden público de vulnerar el derecho constitucional a la vida y fomentar su respeto estricto de las debidas garantías procesales y otras normas que rigen el uso de la fuerza por agentes de policía. Ha habido dificultades en relación con el almacenamiento y la recuperación de datos por los tribunales, los fiscales y la policía, dificultades que las reformas en curso están tratando de superar.

107.En 2009 el Gobierno nombró una comisión de aplicación de las reformas de la policía encargada de realizar una reforma integral de la institución que incluyera mecanismos legislativos, estructurales y de responsabilidad pública, capacitación, materiales, equipos y condiciones de servicio. Habida cuenta de todos los factores, entre ellos la competencia de prioridades en un contexto de recursos nacionales limitados y la dinámica social e histórica, las reformas son necesariamente graduales y escalonadas. Lo fundamental es que Kenya ha mantenido su compromiso y se han obtenido logros visibles en muchas esferas.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 30 de la lista de cuestiones

108.En mayo de 2008 el Gobierno designó un equipo de oficiales de policía de alto rango para que investigara todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos que hubieran podido cometerse durante las operaciones policiales y militares llevadas a cabo en la región del Monte Elgon (operación "Okoa Maisha"), estableciera quiénes habían sido los autores y formulara recomendaciones pertinentes. El equipo llevó a cabo intensas investigaciones al respecto y no encontró pruebas de que los oficiales de seguridad hubiesen cometido actos de tortura contra las víctimas, como se alegaba.

109.Este caso está actualmente siendo objeto de revisión por la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación que celebró audiencias en la región para recoger declaraciones de testigos. Se prevé que la Comisión presente un informe con sus conclusiones sobre si los organismos de seguridad cometieron o no atrocidades y haga recomendaciones sobre el procesamiento de todo presunto autor y sobre la indemnización de las víctimas.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 31 de la lista de cuestiones

110.En Kenya la policía no lleva a cabo desalojos, solo proporciona seguridad a las personas que, mediante órdenes judiciales válidas, estén autorizadas por la ley a realizarlos, por ejemplo los subastadores amparados por órdenes judiciales. Naturalmente, la resistencia a los desalojados suele estar caracterizada por actos de violencia que requieren la intervención de agentes de policía para restablecer el orden público.

111.En un esfuerzo por desalentar los desalojos forzosos indignos, el Ministerio de Tierras, con la asistencia del Centro de Derechos Económicos y Sociales, ha elaborado un proyecto de Directrices sobre desalojo y reasentamiento. Las Directrices, que se ajustan a la nueva Constitución y respetan las normas internacionales, velarán por que los desalojos se lleven a cabo de forma digna y humana y por que al realizarlos no se vulneren los derechos humanos. Están siendo examinadas por las distintas partes interesadas y se presentarán posteriormente al Consejo de Ministros para su aprobación. En espera de su aprobación por el Consejo de Ministros, la policía se guía por su código de conducta, que prohíbe que cualquier persona, sea o no sospechosa de haber cometido un delito, sea sometida a sufrimientos, tortura, tratos inhumanos o cualquier trato que exceda lo que establece y considera necesario la ley. Una vez que sean aprobadas, se proporcionará capacitación a la policía y los funcionarios públicos sobre la manera de actuar durante los desalojos.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 32 de la lista de cuestiones

112.El Código de Procedimiento Penal de Kenya establece la investigación obligatoria de todos los casos de muerte que se produzcan durante las operaciones policiales o la detención policial. En lo que respecta a los agentes acusados de asesinato, el número de casos pendientes en los tribunales son los siguientes: Valle del Rift: 8; Oriental: 5; Central: 5; Occidental: 2; Nyanza: 1; Costa: 2; Distrito de Nairobi: 4; Tráfico: 2; División de Investigación Penal: 3; y Ferrocarriles: 2. Uno de los agentes de la región Occidental fue condenado y dos de la región de Nyanza fueron absueltos. Cabe señalar que, en Kenya, cuando los agentes del orden cometen actos de tortura no son acusados de tortura, sino de delitos como asesinato, agresión y violación.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 33 de la lista de cuestiones

113.El formulario P3 ha sido revisado para mejorar su calidad forense mediante la inclusión de diagramas anatómicos, así como de una sección relativa a los síntomas postraumáticos, que debe ser rellenada por un psicólogo o un psiquiatra. A fin de garantizar que se tengan en cuenta los elementos probatorios característicos de la violencia sexual, el Estado también ha introducido el formulario de atención posterior a una violación, que está a disposición del usuario en todos los hospitales públicos. Además, el Ministerio encargado de los servicios de salud ha comunicado a todos los médicos, por conducto de los Funcionarios Médicos Provinciales, que no debe cobrarse a los pacientes por rellenar dichos formularios.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 34 de la lista de cuestiones

114.Se presentan a continuación datos sobre el número de presos, incluidos los presos preventivos, desglosados por sexo y duración de la pena.

Sexo	Pena de muerte	Menos de 1 mes	1 mes y menos de 1 mes	Entre 3 y 6 meses	Entre 6 y 12 meses	Entre 12 y 18 meses	Entre 18 meses y menos de 3 años	3 años y más	Presos preventivos
Hombres	1 552	489	1 128	2 184	1 020	1 928	3 059	15 718	21 660
Mujeres	30	118	212	281	52	119	168	509	1.002
Totales	1 582	607	1 340	2 465	1 072	2 047	3 227	16 227	22 662

Número total de reclusos al 31 de octubre de 2011: 51.229 .

Artículo 14

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 35 de la lista de cuestiones

115.Como se ha señalado anteriormente en este informe, la Oficina del Director de la Acusación Pública estableció un Grupo de Trabajo interinstitucional dentro del Gobierno para examinar todas las causas relativas a delitos ocurridos tras las elecciones que estuviesen siendo objeto de investigaciones y estuviesen pendientes ante los tribunales, con miras a garantizar la rapidez del procesamiento y de la resolución de las causas. El Grupo de Trabajo ha examinado varios expedientes, pero el ejercicio está todavía en curso. Una vez que hayan sido examinadas todas las causas se dispondrá de los datos estadísticos relativos a la edad, así como de los datos y la información sobre las causas pendientes ante los tribunales, las causas resueltas y la reparación y/o el importe de la indemnización concedida a las víctimas. En 2011 el Estado también puso en marcha el Organismo de Protección de Testigos, que es un organismo independiente creado en virtud de la Ley de protección de testigos de 2010. El Estado confía en que esta independencia dará a los posibles testigos seguridades de protección contra el perjuicio que pudieran ocasionarles los acusados de cometer delitos durante ese período de violencia.

Respuestas a las cuestiones planteadas en los párrafos 36 y 37 de la lista de cuestiones

116.Para la respuesta a esta cuestión sírvanse remitirse a la proporcionada supra sobre las cuestiones planteadas en el párrafo 9 c) de la lista de cuestiones.

117.Varias de las víctimas de tortura han pedido y obtenido indemnizaciones de los tribunales de Kenya.

En una sentencia dictada el 8 de abril de 2010, el Tribunal Superior que conocía de un recurso de amparo constitucional presentado por una víctima de la tortura 16 años después de los hechos en la causa Wachira Waheire v . Attorney General (Tribunal Superior de Nairobi, causa civil miscelánea Nº 1184, de 2003), concedió al recurrente una indemnización por daños y perjuicios generales de 2,5 millones de chelines kenianos.

En una sentencia dictada el 21 de julio de 2010, en la causa Harun Thungu Wakaba v . Attorney General (Tribunal Superior de Nairobi, recurso misceláneo Nº 1411, de 2004), el Tribunal Superior que conocía de un recurso de amparo constitucional consolidado presentado por 21 víctimas torturadas en las cámaras de tortura de Nyayo concedió a los recurrentes una indemnización por daños y perjuicios generales por un total de casi 40 millones de chelines kenianos.

En la causa James Omwega Achira v . Attorney General, recurso Nº 242 de 2009, el Tribunal Superior concedió al recurrente una indemnización de 2,5 millones de chelines kenianos por la detención y encarcelamiento en las tristemente célebres cámaras de tortura del Centro de Nyayo.

Para información sobre las causas relativas a tortura pendientes en los tribunales y sobre si se ha dictado o no sentencia en ellas, sírvanse remitirse al párrafo 112 supra.

118.Un grupo de trabajo creado por la Oficina de la Vicepresidencia ha finalizado la redacción de un proyecto de ley de víctimas de delitos, teniendo en cuenta el artículo 50 8) de la Constitución, disposición que obliga al Gobierno a promulgar leyes que prevean la protección, los derechos y el bienestar de las víctimas de delitos. El proyecto de ley propone la estructura de los derechos de las víctimas de delitos, así como los procesos y normas conexos y disposiciones de apoyo psicosocial.

119.En todos los hospitales públicos importantes de Kenya se han establecido centros de atención de las víctimas de la violencia de género para proporcionar apoyo médico y psicosocial a las víctimas de abusos sexuales. A fin de garantizar la prestación de asistencia en los centros a los sobrevivientes del abuso sexual, los centros trabajan en estrecha colaboración con la policía, el Laboratorio Oficial de Análisis Forense y las ONG.

Artículo 15

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 38 de la lista de cuestiones

120.Las normas relativas a la admisibilidad de las confesiones en Kenya están principalmente establecidas, además de en las disposiciones constitucionales sobre los derechos de la persona detenida, en la Ley de prueba, las Normas que rigen la práctica de la prueba (confesiones fuera del tribunal) de 2009 y el Reglamento de los jueces. Toda confesión o admisión de culpabilidad debe ser voluntaria y libre de coacción. Las situaciones que pueden dar lugar a la falta de libre albedrío se establecen en el artículo 26 de la Ley de prueba. La confesión hecha por un acusado del cargo que se le imputa no es admisible en el proceso penal si el tribunal considera que se ha obtenido mediante amenazas y torturas. La Ley también considera inadmisibles las confesiones de los acusados que no se hagan ante un juez, un juez de paz o un oficial de policía de rango no inferior a inspector jefe.

121.En virtud del artículo 4 de la Normas que rigen la práctica de la prueba (confesiones fuera del tribunal) de 2009, el funcionario que registre la confesión debe asegurarse de que la persona acusada no haya sido sometida a ninguna forma de coerción, coacción, amenaza, tortura o cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante. Además, de conformidad con las Normas, el funcionario que registre la confesión de un acusado debe suspender el procedimiento si este se queja ante él de haber sido víctima de tortura o si muestra lesiones físicas, como heridas abiertas o edemas, o si da muestras de agotamiento.

122.Asimismo, cuando los jueces reciban confesiones de una persona acusada o detenida, se debe respetar el Reglamento de los jueces y comunicar las advertencias habituales.

123.El proyecto de ley de prevención de la tortura de 2011 tiene por objeto hacer inadmisible como prueba cualquier información, confesión o admisión obtenida mediante tortura. El proyecto también propone prohibir el uso de dicha información por cualquier persona que tenga conocimiento de que esta fue obtenida mediante tortura.

Artículo 16

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 39 de la lista de cuestiones

124.Toda persona que desee presentar una denuncia formal ante la policía en casos de tortura y malos tratos y se sienta expuesta a actos de intimidación o tema que se produzcan esos actos puede presentarla en la oficina de denuncias, de la Jefatura de la Policía, Centro de Vigilancia, en Nairobi. Esta oficina está dirigida por un comisionado adjunto de policía, oficial de alto rango de la institución, que puede ordenar que el asunto sea investigado por la comisaría de policía competente. Además, el Estado ha creado un organismo civil de supervisión constituido por ley, la Autoridad Independiente de Supervisión de la Policía, y un organismo constitucional denominado Comisión Nacional del Servicio de Policía. La vigilancia independiente de la Policía Nacional proporcionada por estos dos organismos aumentará la protección contra la intimidación de las personas que deseen denunciar los casos de tortura y malos tratos.

125.Kenya es uno de los pocos países de África que protege a los testigos mediante un organismo independiente. El Organismo de Protección de Testigos, creado en 2011, ofrece protección especial a las personas que posean información importante y pudieran correr riesgos o ser intimidadas debido a su cooperación con la fiscalía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 40 de la lista de cuestiones

126.Aunque el artículo 26 3) de la Constitución establece que una persona puede ser privada del derecho a la vida conforme a lo autorizado por una ley escrita, la pena de muerte no se ha aplicado en Kenya desde 1987, cuando se produjo la última ejecución. A este respecto, en agosto de 2009 el Presidente de Kenya conmutó por penas de cadena perpetua todas las penas de muerte a las que se había condenado a más de 4.000 personas, las cuales están recibiendo apoyo psicológico en espera de beneficiarse de diversos programas de rehabilitación ofrecidos en las cárceles.

127.A pesar de que la pena de muerte sigue existiendo en la Constitución, el poder judicial ha desarrollado una jurisprudencia progresista al respecto. En una sentencia dictada el 30 de julio de 2010 en la causa Godfrey Ngotho Mutiso v . Rep u blic 12, el Tribunal de Apelación de Kenya señaló que el carácter obligatorio de la pena de muerte previsto en el Código Penal era inconstitucional. No obstante, los tribunales han dictado sentencias contradictorias en esta materia. En relación con las medidas adoptadas para mejorar las condiciones de detención de las personas condenadas a la pena de muerte con miras a garantizar sus derechos y necesidades básicos, sírvanse remitirse a los párrafos 94 a 97 supra.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 41 de la lista de cuestiones

128.Kenya ha sido y sigue siendo víctima de ataques terroristas. La Constitución de Kenya establece disposiciones generales sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en su declaración de derechos y garantías fundamentales. De hecho, la seguridad nacional solo puede protegerse de conformidad con la ley y con el máximo respeto por el estado de derecho, la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. De esta manera, el Gobierno garantiza que toda medida legislativa, administrativa y de políticas adoptada en la lucha contra el terrorismo se ajuste a las disposiciones de la Constitución. La Ley de prevención del terrorismo de 2012, elaborada este año, contiene estrictas directrices que han de respetarse en cualquier acción de lucha contra el terrorismo.

129.El proyecto de ley de represión del terrorismo, de 2006, se presentó al Parlamento pero fue retirado por no cumplir las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad sobre el terrorismo.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 42 de la lista de cuestiones

130.La Constitución de Kenya promulgada en 2010 establece que todos los tratados ratificados por el Estado tendrán fuerza de ley en el país. En consecuencia, la ratificación de todos los instrumentos internacionales se ha aplazado a la espera del examen, debate y aprobación del proyecto de ley sobre ratificación de tratados, de 2012. El proyecto de ley prevé las medidas que deben adoptarse antes de la ratificación de cualquier instrumento internacional. La Fiscalía General ha señalado que el proceso previsto en la ley sería obligatorio para dar efecto a cualquier nuevo instrumento, tratado/protocolo en que Kenya pase a ser parte. El Estado ha dejado en suspenso toda medida oficial de aceptación de la competencia del Comité contra la Tortura prevista en los artículos 21 y 22 de la Convención en espera de la aprobación del proyecto de ley sobre ratificación de tratados. El proyecto de ley fue elaborado por la Comisión de Reforma Legislativa de Kenya y actualmente está siendo analizado por la Comisión sobre la Aplicación de la Constitución.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 43 de la lista de cuestiones

131.Se adjunta la información.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 44 de la lista de cuestiones

Información general sobre la situación de los derechos humanos en el país y sobre la aplicación de los derechos humanos a nivel nacional

132.Kenya ha hecho enormes progresos en la promoción y protección de los derechos humanos desde el último informe gracias a la promulgación de una nueva Constitución en agosto de 2010. La Constitución incluye una amplia declaración de derechos y garantías fundamentales que elabora un marco jurídico e institucional más sólido para la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país. La protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho a un juicio justo, los derechos de los detenidos y el trato humano de las personas privadas de libertad no son más que algunos de los derechos que se inspiran estrechamente en la declaración de derechos y garantías fundamentales.

133.En el cuadro que se presenta a continuación se indican algunos de los marcos legislativos e instituciones establecidos después de la presentación del último informe con miras a fortalecer la promoción de la buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos, la rendición de cuentas y la eliminación de las desigualdades en el país y, de esa manera, proteger los derechos de los kenianos:

Marco legal	Institución	Mandato
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya, de 2011	Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya	Promueve y protege los derechos humanos en el país
Ley de la Comisión Nacional de Género e Igualdad, de 2011	Comisión Nacional de Género e Igualdad	Promueve la igualdad entre los géneros y la no discriminación
Ley de la Comisión de Justicia Administrativa, de 2011	Comisión de Justicia Administrativa	Investiga e informa sobre cualquier acto u omisión de la administración pública en cualquier esfera de gobierno
Ley de la Policía Nacional	Policía Nacional	Como parte de su mandato, garantiza que su personal cumpla las normas constitucionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales y respete los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad de las personas
Ley de la Autoridad Independiente de Supervisión de la Policía	Autoridad Independiente de Supervisión de la Policía	Establece la supervisión civil de la labor de la Policía
Ley de la prerrogativa del indulto, de 2011	Comité Consultivo sobre la Prerrogativa del Indulto, establecido por la ley respectiva de 2011	Asesora al Presidente en materia de concesión de indulto a los condenados, aplazamiento de las penas, sustitución de las penas por otras formas de sanción menos severas y remisión de las penas
Ley de la Comisión Nacional del Servicio de Policía	Comisión Nacional del Servicio de Policía	Contrata y designa a personas en el Servicio de Policía y destituye y ejerce el control disciplinario sobre las personas que ocupen un cargo en el servicio o actúen en ejercicio de sus funciones
Ley de la Junta de Investigación de Jueces y Magistrados, de 2011	Junta de Investigación de Jueces y Magistrados	Investiga los antecedentes de todos los jueces y magistrados a fin de garantizar su idoneidad y se asegura de que los funcionarios judiciales designados cumplan las normas de profesionalidad e integridad, como exige la ley
Ley del Tribunal Supremo, de 2010	Tribunal Supremo	Tiene jurisdicción original exclusiva para dirimir las controversias relativas a las elecciones presidenciales; conocer de las apelaciones y decidir al respecto; y conocer de las apelaciones relativas a la interpretación o la aplicación de la Constitución
Ley de la Comisión de Ética y Lucha contra la Corrupción, de 2011	Comisión de Ética y Lucha contra la Corrupción	Entre otras cosas, investiga y procesa a los sospechosos de corrupción y recupera los bienes
Ley de la Comisión sobre la Aplicación de la Constitución, de 2010	Comisión sobre la Aplicación de la Constitución	Vigila, facilita, coordina y supervisa el desarrollo de las leyes y procedimientos administrativos necesarios para aplicar la Constitución
Ley de la Comisión Electoral Independiente y de Delimitación de Circunscripciones	Comisión Electoral Independiente y de Delimitación de Circunscripciones	Es responsable de realizar o supervisar referendos y elecciones en relación con cualquier organismo o cargo electivos establecidos por la Constitución
Ley de partidos políticos, de 2011	Partidos políticos de Kenya	Prevé el registro, la regulación y el financiamiento de los partidos políticos de Kenya con miras a mejorar la democracia pluripartidista
Ley del Tribunal de Medio Ambiente y Tierras, de 2011	Tribunal de Medio Ambiente y Tierras	Conoce de las controversias relacionadas con el medio ambiente, el uso y la ocupación del suelo y los títulos de propiedad y decide al respecto
Ley de la Comisión Nacional de Tierras, de 2012	Comisión Nacional de Tierras	Tiene facultades amplias en materia de gestión y administración de las tierras públicas, privadas y de la comunidad en Kenya

134.Desde la presentación del informe inicial, el poder judicial ha adoptado varias decisiones históricas que han defendido los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Constitución de 2010, como se expone a continuación:

a)Antes de la promulgación de la Constitución de 2010, los tribunales no estaban autorizados a conceder la libertad bajo fianza a una persona acusada de asesinato, traición, robo con violencia y tentativa de robo con violencia. Ahora esas personas pueden solicitar y obtener la libertad bajo fianza, siempre que no haya una razón de peso en contra de tal liberación. En la causa Republic v. Dansom Mgunya and Kasim Sheebwana Mohammed, causa penal Nº 26 de 2008, el tribunal invocó el artículo 49 de la Constitución para conceder la libertad bajo fianza a una persona acusada de asesinato, que había permanecido en prisión preventiva desde 2008.

b)En la causa Purity Kanana Kinoti v. Republic of Kenya, recurso penal misceláneo Nº 752 de 2010 ante el Tribunal Superior, la recurrente afirmaba en su recurso que había sido detenida por la policía durante más de 24 horas antes de ser llevada ante un tribunal, lo que constituía una violación del artículo 49 f) de la Constitución. El Tribunal le concedió una indemnización.

c)Por otra parte, la Constitución prohíbe la prisión preventiva de una persona por un delito sancionado solo con una multa o con pena de prisión de no más de seis meses. Esta disposición ha sido observada fielmente por los tribunales, lo que ha dado lugar a una mayor descongestión de las cárceles y los centros de prisión preventiva, así como a la protección de los derechos de los acusados.

d)En las causas que se han presentado ante los tribunales relativas a personas que viven con el VIH/SIDA, estos han confirmado el derecho a la vida y a la dignidad de esas personas. En la causa P. A. O. and 2 others v . Attorney General of Kenya, recurso Nº 409 de 2009, Nairobi, el Tribunal Constitucional prohibió al Gobierno aplicar la Ley contra la falsificación de 2008, que habría impedido el acceso a medicamentos antirretrovirales a precios asequibles.

e)Según el artículo 50 h) de la Constitución, toda persona tiene derecho a que el Estado le asigne un abogado de oficio para garantizar así un trato equitativo y a ser informada de ese derecho sin demora.

f)En la causa David Njoroge Macharia v . Rep u blic, recurso de apelación penal Nº 497 de 2007, el Tribunal de Apelación de Kenya, en una sentencia dictada el 18 de marzo de 2011, reafirmó que el Estado era responsable de proporcionar asistencia letrada.

g)En la causa John Kimita Mwanike v . Rep u blic, el Tribunal Superior de Kenya en Nakuru sostuvo que, pese al artículo 204 del Código Penal, que todavía dispone que a toda persona condenada por homicidio se le impondrá la pena de muerte, el juez conserva la facultad discrecional de no hacerlo e imponer en lugar de ella la pena que exijan las circunstancias y los hechos del caso concreto.

h)En la causa Kenya Anti-Corruption Commission v. Stanley Mombo, Tribunal Superior de Nairobi, demanda civil Nº 448 de 2008, la Comisión de Lucha contra la Corrupción de Kenya había presentado una solicitud al Tribunal Superior pidiéndole que determinara si el Sr. Amuti tenía en su posesión bienes cuya procedencia no podía explicar y si se le debería haber condenado a pagar al Gobierno el equivalente del dinero y del valor de las propiedades adquiridas por medios corruptos o si, como alternativa, el dinero, los bienes inmobiliarios y los vehículos de motor en su posesión deberían haber sido confiscados por el Gobierno. El Tribunal Superior declaró que el proceso, en que se había aplicado la Ley de lucha contra la corrupción y los delitos económicos, no había cumplido los requisitos de un juicio justo, por lo que era incompatible con la Constitución.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 45 de la lista de cuestiones

135.A fin de promover y proteger los derechos humanos en Kenya, el Gobierno ha adoptado las medidas siguientes:

1)La Política y plan de acción nacional sobre los derechos humanos. El Ministerio de Justicia, Cohesión Nacional y Asuntos Constitucionales elaboró y presentó al Consejo de Ministros un proyecto de Política y plan de acción nacional para la promoción y protección de los derechos humanos que proporciona al respecto un marco global y coherente. Los objetivos principales de la Política y plan de acción nacional son:

Incorporar los derechos humanos en la elaboración de las políticas públicas y en la asignación de recursos;

Promover el respeto, la protección y el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos entre los actores estatales y no estatales;

Fortalecer la capacidad de todos los actores estatales y no estatales para respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos; y

Promover el enfoque basado en los derechos humanos en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas en todos los sectores en el país.

2)El Ministerio de Tierras elaboró una Política nacional de tierras que fue aprobada por el Parlamento. La Política proporciona un marco en el que se tratarán los litigios por la tierra y las injusticias históricas relacionadas con ella. La Política reconoce la vulnerabilidad de los grupos minoritarios y marginados y establece los derechos colectivos a la tierra y una estructura descentralizada de gobernanza de la tierra.

3)Otras políticas que cabe mencionar son la Política nacional para el abandono de la mutilación genital femenina, formulada en 2010, el proyecto de Política nacional de asistencia jurídica, la Política de libertad bajo fianza y el proyecto de Política nacional para los refugiados.

4)La incorporación de las cuestiones de género y discapacidad en todos los departamentos del Gobierno.

5)A fin de enfrentar el problema de la violencia sexual y de género se han adoptado las siguientes medidas:

Formación y sensibilización de los investigadores, fiscales policiales y funcionarios judiciales de todo el país sobre los casos de violencia sexual y de género;

Formación especializada en investigaciones forenses, procedimientos aplicables en el lugar de comisión del delito y reunión, preservación y presentación de pruebas;

Elaboración de normas para la aplicación efectiva de la Ley de delitos sexuales;

Elaboración del Código de conducta de la Policía Nacional;

Establecimiento, en el Plan estratégico nacional para combatir el VIH/SIDA (2009/10-2012/13), de las estrategias para lograr el acceso universal a los servicios esenciales para la prevención del VIH/SIDA y el tratamiento, atención y apoyo de los afectados, mediante diversos enfoques.

Respuestas a las cuestiones planteadas en el párrafo 46 de la lista de cuestiones

136.Se exponen a continuación las nuevas medidas adoptadas y las novedades que se han producido en el ámbito de la aplicación de la Convención y de las recomendaciones del Comité:

Reforma de la policía;

Capacitación de la policía y elaboración del programa de estudios con una asignatura obligatoria sobre la tortura;

Moratoria sobre la pena de muerte;

Reforma del poder judicial;

Ratificación del Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África (Protocolo de Maputo);

Ley de ejercicio de funciones públicas e integridad de 2012.