CEC

Comisión Electoral Central

CPD

Comisionado para la Protección frente a la Discriminación

CNEP

Centro Nacional de Educación Permanente

CNIG

Consejo Nacional de Igualdad de Género

DAJG

Dirección de Asistencia Jurídica Gratuita

DCM

Decisión del Consejo de Ministros

DP

Defensoría del Pueblo

EAPA

Escuela de Administración Pública de Albania

ENIG

Estrategia Nacional para la Igualdad de Género

MADR

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

MCR

Mecanismo Coordinado de Remisión de Casos de Violencia Doméstica

MED

Ministerio de Educación y Deporte

MERE

Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores

MFE

Ministerio de Finanzas y Economía

MSPS

Ministerio de Salud y Protección Social

OSC

Organización de la sociedad civil

ONG

Organización no gubernamental sin fines de lucro

UE

Unión Europea

I.Introducción

La República de Albania se complace en presentar al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer las respuestas a la lista de cuestiones y preguntas relativas al quinto informe periódico acerca de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

El Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores coordinó la recopilación de información de las siguientes instancias: la Dirección General de la Policía Estatal dependiente del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y Deporte, el Ministerio de Finanzas y Economía, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Defensoría del Pueblo, el Comisionado para la Protección frente a la Discriminación, la Comisión Electoral Central y la Fiscalía General. El Ministerio de Salud y Protección Social se encargó de procesar los datos recopilados y preparar la información facilitada a continuación, correspondiente al período transcurrido entre octubre de 2020 y junio de 2022.

Siguiendo las instrucciones del Comité, las respuestas se han resumido en un máximo de 10.700 palabras y los apéndices, en 2.000 palabras.

II.Respuestas a las preguntas planteadas por el Comité

Visibilidad de la Convención y del Protocolo Facultativo

El texto de la Convención está publicado en el sitio web oficial de la Escuela de la Magistratura y es parte esencial de la formación de los magistrados y la formación continua de jueces, fiscales y agentes de la policía judicial. El espíritu y los principios de la Convención están reflejados en las órdenes e instrucciones de la Fiscalía General en lo referente al respeto y la debida protección procesal de las mujeres. Las anteriores observaciones finales del Comité están publicadas en el sitio web oficial del Ministerio de Salud y Protección Social (https://shendetesia.gov.al/rekomandime‑dhe‑konventa/). La Convención, el Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales son asuntos abordados con carácter prioritario en los cursos de formación dirigidos a la policía, el personal coordinador de actuaciones judiciales y los profesionales de otras instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, a nivel tanto central como local.

Durante el período que abarca el informe se organizaron 50 cursos de formación o reuniones informativas sobre la Convención y los procedimientos de comunicación o investigación: 10 cursos de formación destinados a miembros de la judicatura e impartidos por la Escuela de la Magistratura; 26 cursos de formación de personal coordinador de actuaciones judiciales, con la coordinación de la Fiscalía General; y 14 cursos y webinarios con Responsables de Igualdad de Género a nivel central y local, organizados por la Escuela de Administración Pública de Albania, con la ayuda asimismo de organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Derechos de las mujeres e igualdad de género en relación con la pandemia y las iniciativas de recuperación

El Gobierno de Albania veló especialmente por los derechos de la mujer y la igualdad de género durante la pandemia de COVID‑19 y la ejecución de las iniciativas de recuperación. Se hizo partícipes a las mujeres de todos los procesos de adopción de decisiones a nivel central (el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Finanzas y Economía, que son los dos principales ministerios responsables de la respuesta frente a la COVID‑19, están dirigidos por mujeres), así como a nivel local (en calidad de prefectas, alcaldesas de distrito, miembros de consejos municipales o alcaldesas de municipios). Los datos sobre los casos de personas infectadas y su seguimiento se mantienen desglosados por género, edad, lugar de residencia, etcétera.

Gracias a la cooperación entre el Gobierno central y los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales, se adoptaron medidas inmediatas para ayudar a las familias necesitadas, a las mujeres y hombres de edad, especialmente a quienes vivían solos, a las personas sin hogar y a las familias que habían perdido sus casas a raíz del terremoto de 2019. Se ofrecieron a 233.248 familias paquetes de alimentos, ropa, medicamentos reembolsables y ayuda económica, así como servicios de entrega a domicilio de ayudas y prestaciones económicas a personas con discapacidad.

Se aplicó una fórmula de doble pago de ayuda económica a 482 víctimas o supervivientes de violencia doméstica beneficiarias de órdenes de protección, así como a 63.508 familias beneficiarias de prestaciones económicas, entre las que figuraban 6.000 mujeres cabeza de familia. Asimismo, se proporcionó una ayuda económica de 16.000 leks a 4.524 familias no beneficiarias del régimen de prestaciones económicas.

El Instituto de Salud Pública siguió prestando a las mujeres servicios de detección de cáncer de mama y de cuello uterino, salvo en la segunda semana de marzo y en el mes de mayo de 2020, observando los protocolos contra la COVID‑19. Además, prosiguieron las actividades de concienciación sobre el cáncer de mama (en el marco de la campaña Octubre Rosa) y se planificaron actividades en los distritos referentes al seguimiento mediante colposcopia de los casos de mujeres con resultado positivo en las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino.

Se abonó una prestación económica adicional al personal de las instituciones de atención residencial a personas de edad, personas con discapacidad y población infantil, que se puso voluntariamente en cuarentena a causa de la COVID‑19.

En abril de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) desembolsó una financiación de 61 millones de leks procedente del Fondo Social y destinada a 14 municipios beneficiarios. También se llevó a cabo un proyecto de prestación de servicios de emergencia para hacer frente a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En 2021 se financió con cargo al Fondo Social la prestación de servicios a víctimas o supervivientes de violencia doméstica en cuatro municipios, financiación cuyo importe ascendió a 11.258.165 leks (se atendieron 125 casos y se prestaron servicios preventivos y de orientación permanente a grupos en riesgo). Esta asistencia se mantuvo durante el año 2022, ascendiendo el importe de su financiación a 7.126.725 leks.

El MSPS contribuyó a la prestación de servicios multifuncionales en tres municipios durante 2021 aportando una financiación de 11.035.627 leks (se atendieron 158 casos de mujeres o niñas necesitadas de apoyo y empoderamiento en situación de riesgo). En 2022 se aportó una financiación de 16.179.731 leks para sufragar la prestación de cuatro servicios multifuncionales y la puesta en marcha de un nuevo servicio de estas características en otros dos municipios.

El MSPS brinda apoyo financiero por importe de 29.879.324 leks a tres servicios especializados contra la trata en tres grandes distritos del país (que atendieron en 2021 a 254 niñas y mujeres, así como a sus hijos e hijas).

El importe de la ayuda económica proporcionada a las víctimas o supervivientes de violencia doméstica que contaban con una orden de protección fue de 3.000 leks mensuales hasta finales de diciembre de 2021, año en que 694 víctimas o supervivientes fueron beneficiarias de esta prestación. A partir de enero de 2022, se triplicó el importe de dicha prestación hasta alcanzar los 9.000 leks mensuales. Durante el período comprendido entre enero y marzo de 2022, fueron beneficiarias de esta prestación 835 víctimas o supervivientes de violencia doméstica que contaban con una orden de protección.

Durante la pandemia se adoptaron medidas inmediatas para garantizar la continuidad de los servicios de apoyo especializado a mujeres, niños, niñas y familiares en situación de riesgo o que fueran víctimas o supervivientes de la violencia. Se aprobaron protocolos, instrucciones o reglamentos con los siguientes fines: garantizar el funcionamiento de los servicios de acogida; gestionar los casos de violencia doméstica; atender los casos de maltrato infantil; y garantizar el funcionamiento del centro de atención a víctimas de agresiones sexuales, así como de los servicios de atención residencial a personas de edad, personas con discapacidad, etcétera. Se evaluaron las necesidades urgentes de 19 servicios habitacionales especializados en casos de violencia doméstica y trata de personas, a los que se facilitaron la información y los medios de desinfección necesarios. El personal de tales servicios recibió formación y orientación permanentes, paralelamente al personal de coordinación local de los 61 Mecanismos Coordinados de Remisión de Casos de Violencia Doméstica (MCR) existentes en el país. Mediante una labor constante de información y mentoría, se brindó apoyo a 246 miembros de 18 MCR que tuvieron que hacer frente a un aumento del número de casos gestionados durante el período de restricciones por la pandemia.

En cooperación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el MSPS impartió a 1.800 profesionales formación en línea centrada en la salud mental y el apoyo psicosocial en situaciones de emergencia.

Se solicitaron servicios en línea por las siguientes vías: la línea gratuita de atención telefónica 0884040 del sitio web del MSPS; la plataforma www.nukjevetëm.al; el teléfono nacional de asistencia a mujeres y niñas 116117 y el teléfono nacional de asistencia a la población infantil ALO 116111; los psicólogos y psicólogas accesibles a través de https://arsimi.gov.al/kontakto‑psikologun/, etcétera. Además, se ofreció asistencia jurídica inicial mediante la plataforma https://juristionline.al/ y la línea gratuita de atención telefónica 08001010. Asimismo se publicó en el sitio web del MSPS (https://www.facebook.com/MinistriaeShendetesisedheMbrojtjesSociale/videos/252515315870825/) un anuncio para concienciar sobre la importancia de denunciar los casos de violencia doméstica, en el que se facilitaban los correspondientes números gratuitos de atención telefónica (junto con subtítulos en inglés y lengua de señas).

La Policía Estatal adoptó medidas especiales con los siguientes fines: atender más llamadas o avisos en relación con casos de violencia doméstica y evaluar tales casos de manera exhaustiva; cooperar y coordinarse de forma inmediata con las estructuras municipales competentes para la correspondiente remisión de los casos; aumentar la atención prestada por los servicios policiales sobre el terreno a la protección inmediata de las víctimas o supervivientes de violencia doméstica que incumpliesen las normas de restricción de circulación por estar experimentando violencia, y notificar la situación a las estructuras policiales competentes en atención de casos de violencia doméstica; determinar minuciosamente las correspondientes medidas de protección en la solicitud o demanda presentada ante los tribunales, de conformidad con la situación de la víctima o superviviente en cuestión, etcétera.

El Consejo Superior del Poder Judicial descartó la aplicación de medidas de aplazamiento de sesiones judiciales en diversos supuestos, por ejemplo: asuntos de familia, atendiendo al cumplimiento de sentencias y obligaciones y al respeto de los derechos de los menores y los regímenes de custodia y adopción; medidas de protección contra la violencia doméstica; ejercicio de la responsabilidad parental; cumplimiento de las obligaciones de cuidado y alimentación; causas penales referentes a niños y niñas en conflicto con la ley, cuando se les hubieran aplicado medidas de arresto o detención, etcétera.

Durante la pandemia de COVID‑19, la Dirección General del Alguacilazgo siguió haciendo cumplir los títulos ejecutivos orientados al cuidado, el cumplimiento de obligaciones y el respeto de los derechos de los menores, así como la aplicación de los regímenes de adopción y custodia de los hijos y el ejercicio de la responsabilidad parental; el cumplimiento de las obligaciones de cuidado y alimentación; el cumplimiento de las órdenes de protección, incluidas las de protección inmediata; la mediación para la solución de conflictos en el ámbito penal, si en el transcurso de la investigación se considerase necesaria para velar por los intereses del niño o la niña, etcétera.

En la Orden del Departamento de Administración Pública se formularon medidas en las que se garantizaba la igualdad de derechos y obligaciones entre el personal de ambos sexos en materia de empleo y crianza de hijos, contemplándose lo siguiente: a) la determinación del horario laboral en función del horario de asistencia escolar del hijo o la hija, pero procurando que no se modificase la duración máxima; b) la obligación de que ambos progenitores o tutores legales, en caso de ser empleados de las instituciones de la Administración pública, se aseguren de que la responsabilidad de acompañar a su hijo o hija en función de los distintos horarios escolares no recaiga solamente en uno de ellos; c) la obligación de que los progenitores o tutores legales de niños o niñas que asistan a centros de educación preescolar y básica faciliten a la dependencia de recursos humanos de su centro de trabajo el horario escolar de sus hijos y un elemento de prueba que demuestre que el otro progenitor o tutor legal no esté siendo beneficiario simultáneo de medidas de mitigación.

Se condonaron los intereses de demora en el pago del suministro eléctrico a todas las familias romaníes y egipcias. El Ayuntamiento de Tirana sufragó los gastos de alquiler de 385 familias beneficiarias de viviendas sociales correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020.

Se ayudó a la asociación albanesa de personas sordas Albanian National Association of the Deaf (ANAD) a facilitar información sobre la COVID‑19 en lenguaje de señas a la comunidad de personas con deficiencia auditiva, así como a mantener operativa una línea de atención telefónica las 24 horas para ofrecer a dicha comunidad servicios de información o remisión de casos. Los comunicados de prensa diarios emitidos por el MSPS se acompañaban de la correspondiente interpretación en lengua de señas.

Marco legislativo y definición de discriminación contra las mujeres

En la legislación de Albania se contempla una definición de discriminación que abarca la discriminación directa e indirecta en los ámbitos público y privado, así como las formas interseccionales de discriminación. Mediante la Ley núm. 124 de 15 de octubre de 2020, relativa a diversas adiciones y enmiendas a la Ley núm. 10221 de 4 de febrero de 2010, referente a la protección contra la discriminación, se incorporaron los siguientes aspectos: prohibición de la discriminación contra grupos protegidos por diversos motivos: ciudadanía, características sexuales, condición de persona que vive con el VIH/sida y apariencia (artículo 1); ocho nuevas formas de discriminación: discriminación múltiple, discriminación interseccional, discriminación estructural, discurso de odio, segregación, acoso sexual, incitación y ayuda a la discriminación, y complicidad e intención declarada de discriminar (artículo 3); el concepto de “formas graves de discriminaciónˮ y la duplicación del importe de la multa por este tipo de actos (artículo 3/1 y artículo 33),etcétera.

En el artículo 7 de la Ley de Protección contra la Discriminación se establecen las siguientes obligaciones de las autoridades públicas, las personas físicas o jurídicas y los sectores público y privado: tratar a todas las personas con igualdad y equidad; eliminar todos los privilegios y discriminaciones de carácter injusto que atañan a cualquier persona, sobre la base de sus derechos personales políticos, económicos, sociales y culturales; promover la igualdad y prevenir la discriminación en el ejercicio de sus funciones.

Acceso a la justicia

La Ley 111/2017, relativa a la garantía de asistencia jurídica por parte del Estado, otorga importancia a la prestación de asistencia jurídica gratuita a las mujeres. Las personas en situación de desventaja económica y aquellas pertenecientes a categorías especiales, como las víctimas o supervivientes de violencia doméstica, abusos sexuales y trata de personas, o la población menor de edad, reciben asistencia jurídica, al margen de su volumen de ingresos o patrimonio. Dicha asistencia es de carácter primario (información, asesoramiento jurídico y representación ante órganos administrativos) y secundario (representación gratuita a cargo de abogados y exención de todas las costas judiciales).

Para la prestación de asistencia jurídica primaria, se ha procedido a la creación y puesta en marcha de 10 Centros de Servicios de Asistencia Jurídica Primaria (CSAJP) y 12 consultorios jurídicos habilitados en instituciones de educación superior, así como a la autorización de 12 ONG para la prestación de tales servicios en virtud de los acuerdos concertados con la Dirección de Asistencia Jurídica Gratuita. A lo largo de 2022 también se crearon 4 nuevos CSAJP para que la cobertura de los servicios prestados por los 14 centros de este tipo abarcase el 100 % del territorio del país.

La Dirección de Asistencia Jurídica Gratuita (DAJG) ha firmado nueve acuerdos de cooperación con otras instituciones centrados en la protección de los derechos de la ciudadanía.

Entre 2020 y 2022, la DAJG intervino como organizadora o participante en 182 reuniones o actividades de concienciación orientadas prioritariamente a las categorías de población beneficiaria de asistencia jurídica garantizada por el Estado.

De los datos estadísticos recopilados por la DAJG se desprenden los siguientes hechos: durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, se prestó asistencia jurídica primaria a 197 mujeres; asimismo, a lo largo de 2021 se proporcionó asistencia jurídica primaria a un total de 8.153 personas, de las cuales 3.263 eran mujeres, y otras 1.145 mujeres recibieron dicho tipo de asistencia durante el período comprendido entre enero y abril de 2022.

El 70 % de las personas solicitantes de asistencia jurídica secundaria gratuita carece de recursos económicos, mientras que el 30 % restante engloba categorías jurídicas especiales como las víctimas de violencia, la población beneficiaria de los regímenes de protección social, etcétera. De tales solicitantes, un 65 % son mujeres y un 35 %, hombres. Del total de 849 solicitudes de asistencia jurídica presentadas, 754 hacían referencia a cuestiones de derecho civil, principalmente a acuerdos matrimoniales, prestaciones del régimen de pensiones y conflictos en torno a la propiedad de bienes, mientras que las dos categorías restantes tenían un peso similar, correspondiendo 61 solicitudes a cuestiones de derecho penal y 57, a cuestiones de derecho administrativo. De las 181 decisiones adoptadas en 2020, 154 correspondían a causas civiles, 13, a causas penales y 14, a causas relacionadas con actos administrativos. Entre enero y abril de 2022, 184 mujeres recibieron asistencia jurídica secundaria. En aproximadamente un 20 % del total de las solicitudes en cuestión, se demandaba únicamente la cobertura de las costas judiciales, mientras que en el resto de las solicitudes se demandaban los servicios de un abogado, acompañados o no de la cobertura de costas judiciales.

En 2021 se proporcionó asistencia jurídica primaria a las comunidades romaní y egipcia en 325 casos (253 atendidos por los CSAJP y 72 atendidos por ONG).

Durante 2020 la Fiscalía General unificó las medidas procesales de las diversas fiscalías con jurisdicción general para que las investigaciones y enjuiciamientos por delitos penales como la violencia contra las mujeres y la violencia basada en el odio a mujeres víctimas se llevasen a cabo con rapidez y eficiencia y se acompañasen de la solicitud de medidas punitivas eficaces, proporcionadas y disuasorias. Se ha terminado de elaborar el marco subjurídico unificador centrado en la víctima y la protección de los derechos humanos. A lo largo de 2021 se elaboraron instrucciones para aumentar la eficacia y reducir los plazos de los procesos de investigación y enjuiciamiento de causas contra menores en conflicto con la ley o con implicación de estos, guiándose por los principios de garantizar una justicia penal lo más accesible posible y el interés superior de los menores, así como sus derechos, con el fin de ayudar a disminuir la delincuencia y a rehabilitar y reintegrar a los infractores. Las directrices en cuestión unifican varios procedimientos y actos procesales de justicia penal en causas con implicación de menores, de conformidad con las mejores prácticas y las normas internacionales. Las instrucciones se completarán con la preparación de nueve disposiciones legislativas o modelos normalizados. También se está tratando de aumentar la capacidad de los fiscales, los agentes de la policía judicial y el personal de coordinación de actuaciones judiciales para atender a miembros de categorías especiales y casos de violencia doméstica y de género, así como para recopilar y administrar los datos, de acuerdo con las normas internacionales.

Los recursos jurídicos para la tramitación de denuncias por discriminación de género son la denuncia ante el Comisionado para la Protección frente a la Discriminación (CPD) y la interposición de demandas ante los tribunales competentes. La denuncia ante el Comisionado no priva a quien la presente del derecho a interponer una demanda ante los tribunales. Antes o después de presentar la denuncia, toda persona que se considere víctima de cualquier forma de discriminación tiene derecho a interponer una demanda civil, en los casos en que se solicite una indemnización, o penal, si la discriminación infringe alguna de las disposiciones del Código Penal.

Carga de la prueba

En el Código de Trabajo modificado (artículo 32 2/b) se contempla la obligación de que los empleadores adopten medidas para prevenir el acoso sexual y atender las preocupaciones por conductas de carácter sexual, así como de que no se castigue a la víctima por denunciar los incidentes de violencia en el lugar de trabajo. En los casos de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, el empleador está obligado a demostrar que no ha incumplido el principio de igualdad de trato, mientras que en los casos de acoso sexual la ley traslada la carga de la prueba al empleador o a la persona que presuntamente ha cometido el acto de acoso (artículo 32/5).

En el Código de Procedimiento Administrativo (artículo 82/2) se establece que, en caso de que una de las partes presente pruebas para respaldar las alegaciones de comportamiento discriminatorio y sobre la base de las cuales pueda suponerse la existencia de discriminación, la otra parte o el órgano público tienen la obligación de demostrar que los hechos no son constitutivos de discriminación, sin perjuicio de la obligación del órgano público de poner a disposición de las partes las pruebas que obren en su poder.

La Ley de Protección contra la Discriminación, en su versión modificada, (artículo 33, punto 7/1), establece que, cuando la parte demandante presente pruebas que respalden la alegación de comportamiento discriminatorio y sobre la base de las cuales pueda suponerse la existencia de discriminación, la otra parte (la parte demandada) estará obligada a demostrar que los hechos no son constitutivos de discriminación.

Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer

Del Informe de Evaluación de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género (ENIG) 2016‑2020 elaborado por el MSPS antes de la redacción de la nueva ENIG 2021‑2030, se desprende que la ENIG 2016‑2020 se aplicó en un 80 %. Se señalaron numerosos logros en materia de empoderamiento de las mujeres, avances hacia la igualdad de género y reducción de la violencia de género y la violencia doméstica. La aplicación de la ENIG 2016‑2020 influye considerablemente en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente por lo que respecta al Objetivo 5, relativo a la igualdad de género.

El Objetivo Estratégico 1, referente al empoderamiento económico de mujeres y hombres, se alcanzó en un 74,7 %, lo que puso de manifiesto el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, así como la necesidad de ampliar los servicios de las Unidades de Autogobierno Local en todo el país.

El Objetivo Estratégico 2, referente a garantizar la participación e implicación efectiva e igualitaria de las mujeres en la adopción de decisiones políticas y públicas, se alcanzó en un 75,5 %, y plantea la recomendación de que los logros se mantengan a largo plazo, sean sostenibles y se hagan extensivos asimismo a la toma de decisiones públicas y al autogobierno local.

El Objetivo Estratégico 3, relativo a la reducción de la violencia de género y la violencia doméstica, se alcanzó en un 84,8 %, y plantea la recomendación de que el aumento de los recursos humanos y financieros esté en función de los progresos en la gestión de casos de violencia de género y violencia doméstica, la ampliación y diversificación de los servicios, adaptándolos a las necesidades de todos los grupos vulnerables de mujeres, etcétera.

El Objetivo Estratégico 4, relativo a impulsar la función de coordinación y seguimiento del Mecanismo Nacional para la Igualdad de Género, así como a concienciar a la sociedad para promover dicha igualdad, se alcanzó en un 81,2 %, y plantea las siguientes recomendaciones: la necesidad de destinar más recursos y el refuerzo de las estructuras pertinentes; la creación de puestos de trabajo a tiempo completo dedicados exclusivamente a cuestiones referentes al empoderamiento de las mujeres y los avances hacia la igualdad de género; y el uso de la presupuestación con perspectiva de género como herramienta de incorporación de dicha perspectiva en las políticas y medidas de todos los sectores y niveles gubernamentales, decisorios y de ejecución. Tales recomendaciones se han traducido en medidas y actuaciones concretas dentro de la nueva Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2021‑2030.

La presupuestación con perspectiva de género, que el Gobierno central de Albania lleva años aplicando satisfactoriamente, está adquiriendo especial importancia también en el plano local. En el Programa Presupuestario a Medio Plazo (PPMP) 2022‑2024 se contemplan 45 programas presupuestarios que incorporan dicha modalidad de presupuestación (de un total de 75 programas de este tipo), con un incremento del 9 % del presupuesto (frente al 7,9 % que se contemplaba en el PPMP 2021‑2023).

La distribución de recursos humanos en el mecanismo de igualdad de género y la aplicación de la presupuestación con perspectiva de género en el plano local se contemplan dentro del Objetivo Estratégico 4 de la ENIG 2021‑2030. El presupuesto para el cumplimiento de este abarca el 11,9 % del presupuesto general de la Estrategia y se sufragará en un 85 % con cargo al presupuesto estatal (un 21 % calculado dentro del PPMP 2021‑2023) y en un 8 % con financiación extranjera o procedente de otras fuentes, contemplándose un 7 % de déficit financiero. El seguimiento de la eficacia de la presupuestación con perspectiva de género también en el plano local forma parte de las medidas previstas en el marco del mencionado Objetivo Estratégico.

Los Responsables de Igualdad de Género y el personal de administración de finanzas a nivel local reciben formación permanente en materia de presupuestación con perspectiva de género. La Escuela de Administración Pública de Albania (EAPA) impartió formación a 116 miembros del personal durante 2020 y a otros 344 en 2021. La formación continuó asimismo en 2022.

El MSPS realiza un seguimiento periódico de la aplicación de las políticas nacionales en favor de la igualdad de género (como parte de la ENIG) y somete los correspondientes informes a la aprobación del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Del mismo modo, el MSPS presenta informes, previa solicitud de estos, al Subcomité para la Igualdad de Género y la Prevención de la Violencia contra la Mujer, a la Alianza de Mujeres Parlamentarias o en el marco de las audiencias parlamentarias. La reunión de la Alianza de Mujeres Parlamentarias correspondiente a la nueva legislatura tuvo lugar en diciembre de 2021, mientras que la audiencia para la presentación de información sobre la violencia contra las mujeres ante la Comisión de Trabajo, Asuntos Sociales y Salud se celebró en junio de 2022.

Institución nacional de derechos humanos

La Defensoría del Pueblo (DP) está establecida como la máxima institución nacional para promover los derechos humanos, protegerlos y prevenir la violación de tales derechos en Albania. En diciembre de 2020, la DP de Albania renovó su acreditación de categoría “A” otorgada por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), que evalúa y determina, en nombre de la Organización de las Naciones Unidas, la calidad, las normas, el peso y la importancia de todas las instituciones nacionales de derechos humanos.

En 2022 la DP contaba con una plantilla de 57 personas, entre ellas, un comisionado adjunto dedicado a la protección de los derechos de las mujeres, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, el derecho al matrimonio y la familia, así como un comisionado adjunto para la protección de los defensores de los derechos humanos.

En cooperación con la Administración local, la DP ha abierto asimismo siete oficinas regionales para facilitar su comunicación con la ciudadanía, con el consiguiente incremento de la confianza de esta en dicha institución. Entre 2019 y 2022 se impartieron varios cursos de formación al personal de la DP con el fin de aumentar su capacidad en las siguientes materias: igualdad de género; presupuestación con perspectiva de género; búsqueda, recopilación y uso de datos estadísticos con perspectiva de género; discriminación de género; etcétera.

La DP cuenta con un presupuesto propio que administra de manera autónoma. Dicho presupuesto se incrementó de 105.500.000 leks en 2016 a 129.200.000 leks en 2022. Como institución nacional de derechos humanos, la DP necesita la seguridad de disponer de recursos humanos y financieros que le permitan ejercer sus responsabilidades y funciones de protección de tales derechos de manera plena, independiente y eficaz, así como promover la aplicación de normas más rigurosas en cuanto al respeto de los derechos de mujeres y niñas.

Medidas especiales de carácter temporal

El CPD colaboró con la oficina de ONU‑Mujeres en Albania para llevar a cabo durante 2019 un estudio sobre igualdad de género y discriminación en los órganos de la Administración local constituidos mediante designación, en el que se puso de manifiesto la existencia de discriminación de género entre el personal directivo superior de los órganos de autogobierno local del país. El estudio en cuestión expuso la situación de las corporaciones municipales con respecto al cumplimiento de la Ley núm. 139/2015, relativa al autogobierno local, junto con la Ley núm. 9970/2008, relativa a la igualdad de género en la sociedad. Algunas de las recomendaciones planteadas a raíz del estudio abarcaron, entre otros aspectos, la modificación de la Ley referente a la protección contra la discriminación, la modificación de la Ley relativa a la igualdad de género en la sociedad y la modificación de la Ley relativa al autogobierno local.

Tras la finalización de dicho estudio y a raíz de la modificación de la Ley referente a la protección contra la discriminación en 2020, las competencias del CPD se han ampliado para englobar las siguientes funciones: a) el examen de las denuncias presentadas por personas o colectivos que sostengan haber sufrido discriminación; b) el seguimiento de la aplicación de la Ley relativa a la igualdad de género en la sociedad; c) la interposición de demandas ante los tribunales, en defensa del principio de igualdad y no discriminación, por cuestiones relacionadas con intereses colectivos; y d) el recurso al Tribunal Constitucional cuando constate, en el ejercicio de sus funciones, que la legislación o los actos normativos vulneran los derechos y las libertades fundamentales de las personas (artículo 32).

En la ENIG 2021‑2030 se contemplan, entre otros aspectos, la modificación de la Ley núm. 9970/2008, relativa a la igualdad de género en la sociedad, y la aplicación de cuotas de género para garantizar la representación de las mujeres en los procesos locales de adopción de decisiones políticas y públicas. Las medidas previstas están orientadas a todos los grupos de la sociedad, prestando especial atención a aquellos que sufren discriminación interseccional y múltiple.

En los planes de acción locales en favor de la igualdad de género elaborados por 12 municipios con miras a aplicar las disposiciones de la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local, se hace hincapié en el aumento del número de mujeres y niñas pertenecientes a todos los grupos en la adopción de decisiones, en particular como administradoras de las dependencias administrativas, en los consejos municipales, en las juntas de la juventud, en las diversas audiencias y consultas con la población, etcétera.

Estereotipos y prácticas nocivas

En la ENIG 2021‑2030 se contemplan medidas y actuaciones destinadas a eliminar los estereotipos de género y las prácticas nocivas, por ejemplo: iniciativas que promueven el reparto equitativo de las tareas familiares y el trabajo de cuidados no remunerado entre mujeres, niñas, niños y hombres; incentivación entre los jóvenes de la elección de ámbitos de estudio tradicionalmente considerados aptos para personas de otro género; ayuda a un mayor número de niñas y mujeres tanto jóvenes como adultas para que utilicen la tecnología y las herramientas digitales; incentivación del emprendimiento y el empoderamiento económico entre las mujeres jóvenes o adultas, especialmente en esferas relacionadas con la economía verde; difusión destacada de representaciones positivas de las mujeres adultas y jóvenes en los procesos de adopción de decisiones políticas y públicas; educación de las mujeres de las zonas rurales para fomentar entre ellas el ejercicio de su derecho de propiedad sobre las tierras agrícolas; cuestionamiento de los estereotipos de género mediante programas de comunicación y crianza positiva de los hijos; actividades informativas sobre el matrimonio precoz y otras prácticas nocivas, educación sobre salud sexual y reproductiva, etcétera.

Violencia de género contra la mujer

La aprobación de la Ley núm. 125 de 15 de octubre de 2020, relativa a diversas adiciones y enmiendas a la Ley núm. 9669 de 18 de diciembre de 2006, referente a medidas contra la violencia en las relaciones familiares (en su versión modificada), conllevó mejoras en diversas esferas, por ejemplo: el aumento de la importancia otorgada a la atención especial de las mujeres, la población infantil, las personas de edad y las personas con discapacidad en virtud de dicha legislación; la posibilidad de emitir una orden judicial, como medida de protección frente a la violencia doméstica, para la expulsión inmediata del maltratador del domicilio durante un determinado período de tiempo, cuando la víctima y el maltratador residan en la misma vivienda; la adición de un artículo referente a la rehabilitación de los maltratadores; la inclusión en la orden judicial de medidas cautelares que ofrezcan protección inmediata y de la expulsión inmediata del maltratador del domicilio, cuando la víctima y el maltratador residan en la misma vivienda (salvo que el maltratador sea un menor, una persona de edad o una persona con discapacidad), hasta que el tribunal dicte la orden de protección o la orden de protección inmediata; la presentación por la policía de una solicitud al tribunal para que emita una orden de protección, sin necesidad de solicitar previamente la emisión de una orden de protección inmediata, en caso de que se haya declarado el estado de emergencia en el país; etcétera.

La Decisión del Consejo de Ministros (DCM) núm. 327 de 2 de junio de 2021, relativa al mecanismo coordinador de la colaboración entre las autoridades competentes para la remisión de los casos de violencia en las relaciones familiares, así como a los correspondientes procedimientos para el apoyo y la rehabilitación de las víctimas de la violencia, tiene como objetivo prevenir la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres, a través de la detección y denuncia de este tipo de actos, la remisión y la gestión de los casos de violencia, el apoyo y la rehabilitación de las víctimas de todas las formas de dicha violencia, la imposición de sanciones a los autores de los actos en cuestión y el ofrecimiento a estos de la posibilidad de rehabilitarse accediendo a los correspondientes programas.

Los procedimientos de emisión de tres órdenes de protección se explican detalladamente en la legislación, la citada DCM y el protocolo para la gestión de casos de violencia doméstica por parte de los miembros del MCR. También se ofrecen aclaraciones en las instrucciones conjuntas del Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Interior (junto con los correspondientes formatos de la evaluación de riesgos o las reclamaciones o demandas correspondientes a cada orden).

El seguimiento de la ejecución de las órdenes de protección está establecido como obligación conjunta de los agentes de policía y del personal de coordinación local contra la violencia doméstica del municipio. Tras un seguimiento continuo de dicha ejecución a través de diversos medios de contacto con las víctimas o supervivientes, los empleados municipales elaboran un informe de seguimiento que presentan a las estructuras policiales con una periodicidad de 60 días. Si durante el seguimiento se observan elementos que supongan un quebrantamiento de las órdenes de protección, el personal de coordinación local prepara y envía el correspondiente informe antes de que transcurra el plazo de 60 días, con lo que la notificación de tales incidencias a la policía es inmediata. Las instrucciones relativas al seguimiento y los formularios al respecto figuran y se explican en el protocolo para la gestión de casos de violencia doméstica por parte de los miembros del MCR en el plano local.

Constantemente se organizan cursos de formación destinados a los agentes de policía para garantizar la correcta aplicación de los cambios jurídicos, la emisión oportuna y responsable de órdenes de protección y el seguimiento de su ejecución. Durante el período transcurrido desde 2021 hasta mayo de 2022, se impartió formación a unos 400 agentes de policía de nueve Direcciones de la Policía Local. En 2021 también se impartió formación sobre procedimientos operativos estándar e investigación de delitos sexuales, en cuyo marco se capacitó a 20 especialistas en investigación de delitos.

En el marco de los cambios introducidos en la ley relativa a la violencia doméstica y en cooperación con la Escuela de Administración Pública de Albania, el MSPS impartió un curso de formación en línea en diciembre de 2020 que contó con la participación de 48 coordinadores locales.

Durante el período transcurrido desde 2020 hasta mayo de 2022, se brindó apoyo continuo a 50 MCR del país para incrementar su eficacia, lo que incluyó la formación de entre 15 y 20 miembros de cada uno de ellos.

En 2021 la EAPA organizó tres talleres en 12 regiones del país sobre cooperación regional en atención de casos de violencia doméstica, talleres en los que participaron 50 profesionales en total.

Con la cooperación y el apoyo de ONU‑Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Policía Estatal y la ONG Caritas Albania, el MSPS organizó en julio de 2021 dos sesiones de formación con representantes de la policía de fronteras, la Policía Estatal y los miembros de los MCR de otros tantos municipios (con un total de 45 participantes en ambas sesiones), en las que se abordó la detección de casos de mujeres, niños y niñas solicitantes de asilo víctimas de violencia de género y violencia doméstica y su remisión a los servicios de los MCR de los dos municipios en cuestión.

Entre julio y diciembre de 2020 se impartieron a 65 miembros de 27 MCR cursos de formación para la apertura de expedientes de casos de violencia en el Sistema de Registro de Casos de Violencia de Albania (REVALB); asimismo, se formó a 61 coordinadores locales y 110 miembros de 57 MCR en el período desde 2021 hasta mayo de 2022.

Por lo que respecta a la aplicación de los procedimientos operativos estándar en el ámbito de los servicios de salud y atención social para la atención de casos de violencia doméstica, durante 2020 se capacitó a 118 representantes de las corporaciones municipales, el Servicio Social del Estado y el personal sanitario a través de nueve sesiones en línea, así como a 41 profesionales de la salud mediante un módulo presencial certificado por el Centro Nacional de Educación Permanente. Otros 110 trabajadores sanitarios y 63 trabajadores de los servicios de atención social recibieron formación a través de módulos certificados en 2021. También se impartieron dos cursos de formación de una jornada de duración al personal de las dependencias administrativas y los centros sociales y comunitarios del Ayuntamiento de Tirana, que contaron con 40 participantes.

Los coordinadores de actuaciones judiciales han participado en siete cursos de formación diferentes sobre violencia doméstica y violencia contra las mujeres, bajo la coordinación de la Fiscalía General.

En seis municipios del país se emprendieron esfuerzos en 2021 para ultimar el modelo de reintegración socioeconómica de víctimas o supervivientes de violencia de género.

La Escuela de la Magistratura organizó dos cursos de formación destinados a miembros de la judicatura y dedicados a la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres (en los años 2020 y 2022).

Por iniciativa del MSPS y en cooperación con el Consejo Superior del Poder Judicial, la Escuela de la Magistratura y el PNUD, se está procediendo a la elaboración y publicación de las Observaciones a la Ley relativa a las medidas contra la violencia en las relaciones familiares, de acuerdo con lo anunciado en una reunión al respecto celebrada el 23 de junio de 2022.

La red de coordinadores locales creada en 2020 por el MSPS con la ayuda del PNUD fue beneficiaria asimismo de cursos de formación en línea durante el período 2020‑2021 y recibió capacitación del MSPS con el apoyo del PNUD (los días 28 y 29 de junio de 2022) sobre las dificultades y los retos en la atención de casos de violencia doméstica y violencia contra las mujeres (actividades que contaron con 58 participantes de 42 municipios del país).

De los 27 servicios que operan en Albania en nombre de una serie de entidades contempladas por la ley, con el fin de garantizar servicios de acogida, asistencia sanitaria, jurídica y psicosocial, protección, seguridad, actuaciones contra la trata, educación, cuidado de niños y niñas y consulta telefónica, 18 están catalogados como centros de acogida (7 destinados a estancias de larga duración y 11 para estancias de corta duración o atención de emergencia); 5, como líneas de consulta; 1, como centro especializado en atención de casos de violencia sexual; y 3, como servicios comunitarios o cotidianos. La competencia sobre 14 de esos servicios corresponde a las entidades estatales, mientras que los otros 13 están gestionados por ONG y distribuidos por todo el país. El Centro Nacional de Atención a Víctimas de la Violencia Doméstica y el Centro Nacional de Acogida de Víctimas de la Trata atienden a mujeres y niñas supervivientes de la violencia doméstica o la trata hasta lograr su reintegración.

Los servicios de apoyo especializado se financian parcialmente con cargo al presupuesto estatal (MSPS, Fondo Social, Administración de distrito, etc.). La información detallada acerca de dicha financiación se expuso en los párrafos 7 a 10 de las respuestas anteriores. El presupuesto correspondiente al Centro Nacional de Atención a Víctimas de la Violencia Doméstica fue de 22.735.294 leks en 2020 y de 21.530.000 leks anuales en 2021 y 2022.El presupuesto correspondiente al Centro Nacional de Acogida de Víctimas de la Trata ascendió a 20.854.580 leks en 2020 y a 22.350.000 leks anuales en 2021 y 2022.

El Ministerio de Justicia destinó fondos a los siguientes fines y colectivos:

•Asistencia jurídica gratuita a mujeres y niñas necesitadas por importe de 18.000.000 de leks en 2020 y de 28.000.000 de leks en 2021;

•Reclusas, por importe de 94.000.000 de leks en 2020y esa misma cantidad en 2021;

•Condenadas bajo vigilancia, por importe de 15.047.000 leks en 2020 y la misma cantidad en 2021;

•Órdenes de protección en beneficio de mujeres, por importes respectivos de 3.195.000 leks en 2020y 4.492.000 leks en 2021;

•El citado Ministerio firmó en 2019 un proyecto de colaboración con el PNUD para la ampliación de los servicios jurídicos gratuitos prestados a mujeres y hombres en Albania, cuyo importe ascendió a 1.000.000 de euros durante el período 2019‑2022.

Estadísticas sobre violencia doméstica de la Policía Estatal

Año

Casos detectados

Reclamación o demanda de una orden de protección inmediata o una orden de protección

Procedimiento penal iniciado (artículo 130/a)

Autores detenidos

Quebrantamiento de la orden de protección inmediata o la orden de protección

Daños a mujeres

Daños a menores

2020

4 701

2 816

1 505

615

138

3 497

237

2021

5 312

3 266

1 631

638

169

3 960

269

Enero a abril de 2022

1 731

1 001

595

247

61

1 334

105

Cuadro 1: Datos sobre violencia doméstica (2020 a abril de 2022).

Año

Asesinatos

Total de víctimas

Víctimas mujeres o niñas

2020

6

7

6

2021

16

16

10

Enero a 30 de abril de 2022

4

4

4

Cuadro 2: Número de asesinatos registrados en el ámbito familiar (artículo 79/c) y mujeres víctimas desde 2020 hasta abril de 2022

Estadísticas del Instituto de Medicina Forense correspondientes a exámenes e informes periciales

Casos y período

Violencia no familiar

Violencia doméstica

Violencia sexual

Violencia policial

Violencia por parte de personal educador

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Octubre a diciembre de 2020

44

168

19

3

12

2

1

4

0

1

Enero a diciembre de 2021

205

600

72

7

35

7

0

10

1

0

Enero a 18 de mayo de 2022

70

216

34

3

13

1

0

0

0

0

Cuadro 3: Estadísticas del Instituto de Medicina Forense (2020 a mayo de 2022).

En 2020 el Teléfono Nacional de Asistencia a Mujeres y Niñas 116‑117 (que presta servicio ininterrumpido) recibió 5.597 llamadas, y su personal atendió 650 consultas presenciales y proporcionó asistencia jurídica, acompañamiento en los tribunales o apoyo jurídico de diversa índole en 750 casos. Dicho teléfono de asistencia se mantuvo operativo incluso durante la situación de confinamiento o cuarentena a raíz de la pandemia de COVID‑19. Las formas de violencia denunciadas fueron la psicológica (un 57 % de los casos), la física (un 42 %), la económica (un 31 %) y la sexual (siete casos), presentándose tales formas muchas veces de manera conjunta. En 2021 el servicio en cuestión recibió 3.469 llamadas, y su personal atendió 827 consultas presenciales. El mayor número de llamadas procedía de residentes del distrito de Tirana. Las formas de violencia denunciadas fueron la psicológica (un 56 % de los casos), la física (un 48 %), la económica (un 33 %) y la sexual (ocho casos). Las denuncias de violencia sexual siguen siendo escasas.

El Centro Nacional de Atención a Víctimas de la Violencia Doméstica (dependiente del Servicio Social del Estado), atendió en 2020 a un total de 60 residentes, entre ellos, 23 mujeres y 37 menores (19 niñas y 18 niños). Al programa del Centro accedieron 47 (jóvenes) residentes, en concreto, 19 mujeres y 28 menores (17 niñas y 11 niños). Otros 51 residentes abandonaron el programa y se encuentran en proceso de reintegración, a saber: 19 mujeres y 32 menores (17 niñas y 15 niños). Durante el año 2021 se atendieron en total 85 casos, de los cuales 38 correspondían a mujeres y 47, a menores (28 niñas y 19 niños). Ese año se incorporaron al programa 76 casos, en concreto 34 correspondientes a mujeres y 42 correspondientes a menores (25 niñas y 17 niños), y abandonaron el programa 67 residentes: 30 mujeres y 37 menores (21 niñas y 16 niños). Otros 58 residentes abandonaron el programa y se encuentran en proceso de reintegración, a saber: 27 mujeres y 31 menores (18 niñas y 13 niños). Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 1 de junio de 2022, se atendió un total de 48 casos, de los cuales 19 correspondían a mujeres y 29, a menores (26 niñas y 13 niños). En dicho período se incorporaron al programa del centro 31 residentes, en concreto 14 mujeres y 17 menores (9 niñas y 8 niños), y abandonaron el programa 34 residentes: 14 mujeres y 20 menores (11 niñas y 9 niños).

El centro LILIUM, especializado en atención a las víctimas de violencia sexual, atendió desde diciembre de 2019 hasta el 31 de mayo de 2022 a 106 víctimas de este tipo de violencia, de las cuales más del 80 % eran menores y más del 90 % eran mujeres o niñas. En el período transcurrido entre enero y mayo de 2022, se atendieron 14 casos, todos ellos de niñas menores de 18 años. Una vez atendidos en el centro, los casos se remiten a otros servicios, según proceda.

En virtud de lo dispuesto en la Instrucción Conjunta núm. 9 del Ministerio de Justicia y el Consejo Judicial Supremo de 17 de junio de 2020, relativa al establecimiento de normas para la creación de una base de datos especializada en casos de violencia doméstica en los tribunales y la unificación y registro de la información de tales casos, se incorporaron en el portal http://gjykata.gov.al/ informes estadísticos sobre cuestiones de violencia doméstica, en relación con asuntos en los que se contemplaba la emisión de una orden de protección y la emisión de una orden de protección inmediata. El contenido de los correspondientes informes de todos los tribunales de las distintas circunscripciones judiciales se refleja y actualiza en el portal en tiempo real.

El MSPS coordina cada año las actividades de la Campaña de 16 Días para Combatir la Violencia contra las Mujeres (que tiene lugar del 25 de noviembre al 10 de diciembre).En su edición de 2021, el lema de la Campaña fue “¡Pongamos ya fin a la violencia contra las mujeres!ˮ y se llevaron a cabo más de 300 actividades de concienciación en las que participaron instituciones de la Administración central y local, OSC, etcétera, con el respaldo fundamental de diversos organismos de las Naciones Unidas.

El CPD recomendó en 2021 que se adoptasen medidas para revisar el punto 6 del artículo 12 de la Ley núm. 57/2019, relativa a la prestación de asistencia social en la República de Albania, así como el punto 12 del capítulo III de la DCM núm. 597, de 4 de septiembre de 2019, sobre la determinación de los procedimientos, la documentación y la medida mensual de la prestación de ayuda económica y la destinación del fondo adicional al fondo condicionado de ayuda económica, con el fin de que las víctimas de violencia doméstica pudieran acceder a tales recursos simultáneamente en calidad de víctimas de violencia y por su pertenencia a una categoría de población necesitada, debido a su falta o insuficiencia de ingresos. Dicha recomendación no se ha aplicado, ya que aún no se han realizado los correspondientes cambios jurídicos.

Los objetivos, medidas y actuaciones en materia de reducción tanto de la violencia doméstica como de todas las formas de violencia de género se contemplan en el Objetivo Estratégico 3 de la ENIG 2021‑2030. En términos financieros, dicho Objetivo Estratégico es el de mayor peso en la aplicación de la estrategia, representando concretamente un porcentaje de costos del 63,8 % (costo total de 2.172.074.993 leks, de los cuales 1.042.034.420 leks están contemplados en el PPMP 2021‑2023, en el epígrafe referente a otras fuentes y donantes, 735.596.572 leks corresponden a costos por planificar en el presupuesto para el período 2024‑2030 y 394.444.001 leks corresponden a déficit financiero).

A fin de prestar servicios de apoyo especializado a las víctimas o supervivientes de la violencia de género, está previsto instaurar las siguientes medidas: la creación de 4 centros regionales para la atención de casos de agresiones sexuales y trata con fines de explotación sexual (período 2021‑2030); la creación de 2 servicios de recuperación de traumas a largo plazo para víctimas de violencia sexual y trata con fines de explotación sexual (período 2026‑2030); la creación de 2 centros de acogida regionales para la atención a largo plazo de casos de violencia de género y violencia doméstica (período 2024‑2030); la creación de 49 centros de alojamiento de emergencia en casos de violencia de género y violencia doméstica a nivel municipal (período 2024‑2030); y el incremento del porcentaje del presupuesto de servicios sociales destinado al funcionamiento de los servicios de apoyo especializado de un 26 % (2021) a un 32 % (2025).

Para aumentar la capacidad de los miembros de los MCR establecidos en los 61 municipios del país, se han contemplado en la ENIG 2021‑2030 las siguientes iniciativas: la impartición de 120 cursos de formación sobre mejoras de la legislación (período 2021‑2025); la impartición de 61 cursos de formación en línea orientados a la aceptación y aplicación de la Recomendación del Consejo de Europa CM/Rec(2019)1 para prevenir y combatir el sexismo (período 2022‑2025); y la impartición de 300 cursos de formación a los profesionales de los servicios sanitarios de atención primaria para la prestación de servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, en particular en situaciones de emergencia civil y desastres naturales.

Con el fin de educar a la sociedad en los principios de igualdad de género y tolerancia cero ante la violencia de género, se han contemplado en la ENIG 2021‑2030 las siguientes iniciativas: la realización de 48 actividades de concienciación en línea (período 2022‑2025); la organización a nivel nacional de 10 ediciones de la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género (período 2021‑2030); la ejecución de 61 programas de crianza positiva y orientación prematrimonial, establecidos en cooperación con los municipios (período 2025‑2030); y la organización de 1.200 reuniones con mujeres, jóvenes y niñas sobre salud sexual y reproductiva (período 2021‑2025).

Aparte de lo señalado anteriormente, también se han contemplado en la ENIG 2021‑2030 actuaciones dirigidas por otros ministerios o instituciones responsables ─como el Ministerio de Educación y Deporte (MED), el Ministerio del Interior (Policía Estatal de Albania), el Ministerio de Justicia y la EAPA, entre otras entidades─ en materia de creación de capacidad, educación comunitaria, mejora del marco jurídico según las necesidades, diálogo sobre los matrimonios precoces y otras prácticas nocivas, prestación de asistencia jurídica gratuita, creación de oportunidades de reintegración socioeconómica de las víctimas o supervivientes de la violencia de género, etcétera.

Trata y explotación de la prostitución

El Ministerio del Interior es la institución responsable de coordinar y vigilar la ejecución del Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas 2021‑2023.En este contexto, se han preparado los formatos de presentación de informes y análisis del riesgo, se ha solicitado a las instituciones competentes información sobre la ejecución del Plan y se ha coordinado la aplicación de las correspondientes medidas con las direcciones del Ministerio del Interior, entre otros aspectos.

En la legislación de Albania se contempla la exención de penas para las víctimas de la trata. En el artículo 52/a, párrafo 2, del Código Penal se establece que la persona perjudicada por delitos penales relacionados con la trata de personas podrá acogerse a la exención de penas por la comisión de dicho tipo de delitos durante el período en que haya sido víctima de la trata y en la medida en que se haya visto obligada a cometer tales acciones u omisiones de carácter ilegal. En la práctica, no existe persecución penal de las víctimas de la trata por delitos penales que se hayan visto forzadas a cometer con tales fines. El órgano competente en materia de enjuiciamiento sostiene que la víctima no debe ser objeto de enjuiciamiento penal por delitos cometidos a raíz de la trata, ya que se habría atentado contra su voluntad y faltaría el componente subjetivo de la comisión del delito penal en cuestión.

En casi todos los casos investigados, las víctimas de la trata se ubican en los correspondientes centros, donde se les proporciona alojamiento gratuito, comida y otros servicios. Dichas víctimas también tienen derecho a acogerse al programa de protección de testigos si se sienten amenazadas. Todas las víctimas efectivas o potenciales de la trata, sean albanesas o extranjeras, gozan de igualdad de acceso al sistema de protección. La asistencia a las víctimas efectivas o potenciales de la trata y su protección no están supeditadas a su cooperación con las autoridades de justicia, a pesar de que se anima en todo momento a tales víctimas a testificar en el marco de las actuaciones penales. En el artículo 11 de la Ley 111/2017, relativa a la garantía de asistencia jurídica por parte del Estado, se establece que las víctimas de la trata sean beneficiarias de asistencia jurídica gratuita en todas las fases de dichas actuaciones.

En 2021 se localizó a un total de 159 víctimas efectivas o potenciales de la trata, de las cuales 154 eran víctimas potenciales y 5 víctimas efectivas; 47 eran personas adultas y 112 eran menores; 60 eran hombres o niños y 99 eran mujeres o niñas; y 156 tenían ciudadanía albanesa y 3, ciudadanía extranjera. Durante el período de enero a mayo de 2022, se localizó a 60 víctimas potenciales de la trata, de las cuales 18 eran personas adultas y 42 eran menores; 15 eran hombres o niños y 45 eran mujeres o niñas; y 58 tenían ciudadanía albanesa y 2, ciudadanía extranjera (siria).

Los datos estadísticos sobre enjuiciamientos son los siguientes: en 2020 se registraron 23 actuaciones penales y se ordenó el enjuiciamiento en 1 actuación penal por trata de adultos (artículo 110/a), en cuyo marco 4 acusados se consideraron sospechosos de trata con fines de explotación sexual y se ordenó el enjuiciamiento de 1. Asimismo, se registraron 5 actuaciones penales y se ordenó el enjuiciamiento en 1 actuación penal por trata de menores (artículo 128/b). En 2021 se registraron 8 actuaciones penales y se ordenó el enjuiciamiento en 5 actuaciones penales por trata de adultos (artículo 110/a), en cuyo marco 15 acusados se consideraron sospechosos de trata con fines de explotación sexual y se ordenó el enjuiciamiento de 5. Además, se registraron 2 actuaciones penales y se ordenó el enjuiciamiento en 2 actuaciones penales por trata de menores (artículo 128/b). Durante este período, no se tramitó ningún caso en el que se solicitara incluir a las víctimas de la trata en el programa de protección de testigos o colaboradores con la justicia.

La asistencia a las víctimas efectivas o potenciales de la trata se presta en centros residenciales y en la comunidad. Los servicios se prestan sin distinción o discriminación de las mujeres y niñas con respecto a los hombres y niños. Los programas de asistencia en concreto abarcan actividades de rehabilitación acordes con las necesidades detectadas. Todas las víctimas efectivas o potenciales de la trata beneficiarias de servicios de integración asisten a diversos cursos profesionales de cualificación gratuita en centros de formación profesional.

Se firmó un Memorando de Entendimiento entre la Fiscalía General y la Presencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Albania, cuyo anexo II se centra en la actuación contra la trata de personas en el país y cuya finalidad es contribuir a reducir en general la propagación de esta práctica tanto dentro del territorio nacional como a otros países.

Entre las iniciativas para incrementar la eficacia de la cooperación internacional, cabe mencionar el nombramiento de una Fiscal de Enlace de Albania ante la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), el 1 de enero de 2021, y la inauguración de la Fiscalía de Enlace de Albania cerca de la sede de Eurojust en La Haya, el 29 de octubre de 2021, por parte del Fiscal General de Albania y el Presidente de Eurojust, cuya presencia permitirá consolidar la experiencia y las capacidades, así como aumentar, aplicando una metodología institucional más estructurada, la eficacia de la respuesta frente a la grave amenaza que supone la delincuencia organizada transnacional, incluida la trata de personas.

Las recomendaciones del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) se tuvieron en cuenta y se plasmaron en objetivos y medidas concretas dentro del Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas 2021‑2023. Está previsto aprobar una ley especial contra la trata que regule los siguientes aspectos: la cuestión de la indemnización a las víctimas de dicha práctica, el establecimiento de una autoridad coordinadora, la mejora de los procedimientos estándar y la facilitación del acceso de las víctimas efectivas o potenciales de la trata al mercado laboral. El Plan de Acción Nacional también engloba el diseño de cursos de formación y el desarrollo de actividades de concienciación y sensibilización de la comunidad.

Participación en la vida política y pública

La Comisión Electoral Central (CEC) está formada por 85 trabajadores, de los cuales 29 son hombres y 54, mujeres. Existen dos puestos vacantes para los que la Dirección de Recursos Humanos ya ha iniciado el correspondiente proceso de contratación.

En cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a las elecciones al Gobierno central, cuya celebración se decretó que tuviera lugar el 25 de abril de 2021, la CEC contrató a 305 trabajadores de refuerzo (171 hombres y 134 mujeres) y, atendiendo a las obligaciones legales aplicables a las elecciones locales parciales, cuya celebración se decretó que tuviera lugar el 6 de marzo de 2022, dicha Comisión contrató a 178 empleados de refuerzo (101 hombres y 77 mujeres).

En 2021 y en el marco de la campaña electoral para las elecciones al Gobierno central celebradas el 25 de abril de ese mismo año, la CEC y el CPD elaboraron una serie de recomendaciones orientadas a prevenir el uso del discurso de odio durante la campaña, donde se abordaban, entre otros aspectos, la representación igualitaria en las listas electorales, recomendando ambos organismos firmantes que los partidos políticos se planteasen aplicar prácticas y políticas que garantizasen en sus listas electorales una representación acorde con la diversidad de las personas de la sociedad, en todos los planos, aun cuando no existiera obligación jurídica expresa de hacerlo.

En noviembre de 2021 la Defensoría del Pueblo realizó un estudio sobre la violencia contra las mujeres en la política y formuló recomendaciones concretas para reducir dicha forma de violencia, en las que se hacía hincapié, entre otros, en los siguientes aspectos: la creación de mecanismos jurídicos por parte de los partidos políticos para hacer frente a la violencia política antes, durante y después de las elecciones; la necesidad de que la CEC desempeñase un papel proactivo en la prevención de la violencia económica (por ejemplo, la distribución desigual de fondos durante las campañas electorales) y en el seguimiento de los partidos políticos; el cuestionamiento activo de los estereotipos de género; la organización de campañas que promuevan una mayor participación de las mujeres en la política; la necesidad de que la Autoridad de Medios Audiovisuales adopte medidas que garanticen un reparto justo del tiempo de aparición en televisión para que las candidatas difundan sus mensajes y su programa político a los votantes, etcétera.

Las medidas y actuaciones encaminadas a la inclusión de las mujeres de todos los grupos sociales en la toma de decisiones políticas y públicas en el plano local también están contempladas dentro del Objetivo Estratégico 2 de la ENIG 2021‑2030.

Educación

Las disposiciones contempladas en las DCM, las directrices y los acuerdos para promover la educación de la población infantil romaní y egipcia posibilitan lo siguiente: a) la gratuidad de los libros de texto y el transporte para los niños y niñas matriculados en el sistema educativo de 9 años; b) la matriculación prioritaria de la población infantil romaní en la enseñanza preescolar y en la educación básica y secundaria a tiempo parcial; c) la reducción en un 50 % del pago de derechos de matrícula en estudios universitarios (segundo ciclo o máster); d) la simplificación de los procedimientos de matriculación escolar y regreso a la escuela para los niños y niñas que, debido a sus circunstancias, no hayan podido cursar la educación básica durante al menos dos años académicos, hayan abandonado la escuela, sean niños de la calle o no estén matriculados; e) la facilitación a las mujeres que no hayan finalizado sus estudios de educación básica a tiempo completo de la posibilidad de hacerlo a tiempo parcial, aceptando una o dos notas por encima de la que figure en su último expediente escolar, previa aprobación por parte del comité que corresponda; f) la exención a los estudiantes del pago de derechos de matrícula en estudios universitarios (primer ciclo/grado universitario); g) la firma de acuerdos interministeriales para localizar y matricular a todos los niños y niñas que deben cursar la educación obligatoria, incluidos los niños de la calle; h) la facilitación a los estudiantes de libros de texto gratuitos, inclusive en la enseñanza secundaria superior; i) la eliminación de las actitudes excluyentes hacia la población infantil romaní y egipcia dentro de la comunidad educativa; y j) la preservación y el desarrollo de la identidad cultural del alumnado y el estudiantado romaní y egipcio, entre otros.

En el Plan de Acción Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación de la Población Romaní y Egipcia en la República de Albania 2021‑2025 se contemplan medidas de ayuda para los estudiantes romaníes y egipcios, en particular, las niñas y las mujeres que cursan estudios de educación secundaria y superior, a través de la concesión de becas, la reducción del pago de derechos de matrícula y la exención del pago de tasas para la protección de idiomas extranjeros (de carácter obligatorio para la obtención de títulos académicos), así como la garantía de cupos excepcionales.

Durante el año académico 2019‑2020, 14.515 estudiantes romaníes y egipcios cursaron enseñanzas preuniversitarias (4.862 romaníes y 9.653 egipcios), lo que supuso un 39 % más con respecto al año anterior. De los 3.792 estudiantes romaníes matriculados en la educación secundaria básica y de segundo ciclo, 1.703 eran niñas. De los 7.915 estudiantes egipcios matriculados en la educación secundaria básica y de segundo ciclo del sistema de 9 años, 3.513 eran niñas. A lo largo del año académico 2020‑2021, 14.875 estudiantes romaníes y egipcios cursaron enseñanzas preuniversitarias (4.774 romaníes y 10.101 egipcios), mientras que durante el año académico 2021‑2022 asistieron a clase 14.264 estudiantes romaníes y egipcios (4.286 romaníes y 9.978 egipcios).

El Ministerio de Educación y Deporte prioriza la participación y el desarrollo de la capacidad de las mujeres y niñas sordas y fomenta su inclusión en todas las actividades que lleva a cabo. El aumento del número de niñas sordas que finalizan sus estudios de enseñanza secundaria constituye uno de los objetivos establecidos. Tales niñas recibirán educación y accederán a más oportunidades de empleo.

En el Instituto de Alumnado Sordo hay 15 alumnas, 15 profesoras, 10 profesoras adjuntas y 9 tutoras, todas ellas con formación en lengua de señas.

Dentro de la asociación albanesa de personas sordas Albanian National Association of the Deaf (ANAD) hay 3 mujeres y niñas sordas que trabajan como instructoras de lengua de señas, 2 que lo hacen como formadoras, 4 que forman parte de la junta directiva de la asociación y 2 que son miembro de la junta juvenil.

La tasa de abandono escolar en la educación básica correspondiente al año académico 2019‑2020 fue del 0,49 % (un 0,46 % entre las niñas y un 0,53 % entre los niños), situándose dicho porcentaje en un 0,47 % (un 0,45 % entre las niñas y un 0,49 % entre los niños) en la educación primaria y en el 0,57 % (un 0,47 % entre las niñas y un 0,66 % entre los niños) en el primer ciclo de educación secundaria. Durante el año académico 2020‑2021, la tasa de abandono escolar en la educación básica fue del 0,51 % (un 0,44 % entre las niñas y un 0,56 % entre los niños), situándose dicho porcentaje en un 0,51 % (un 0,45 % entre las niñas y un 0,55 % entre los niños) en la educación primaria y en el 0,51 % (un 0,43 % entre las niñas y un 0,58 % entre los niños) en el primer ciclo de educación secundaria.

La tasa de abandono escolar en el segundo ciclo de educación secundaria correspondiente al año académico 2019‑2020 fue del 1,76 % (un 0,85 % entre las niñas y un 2,84 % entre los niños), situándose dicho porcentaje en un 1,78 % (un 0,85 % entre las niñas y un 2,88 % entre los niños) en la enseñanza de bachillerato y en el 1,29 % (un 0,69 % entre las niñas y un 1,8 % entre los niños) en la enseñanza secundaria orientada. Durante el año académico 2020‑2021, la tasa de abandono escolar en el segundo ciclo de educación secundaria fue del 1,51 % (un 0,90 % entre las niñas y un 2,00 % entre los niños), situándose dicho porcentaje en un 1,52 % (un 0,90 % entre las niñas y un 2,25 % entre los niños) en la enseñanza de bachillerato y en el 1,37 % (un 0,90 % entre las niñas y un 1,79 % entre los niños) en la enseñanza secundaria orientada.

Por lo que respecta a la educación superior, los porcentajes de matriculación correspondientes al año académico 2019‑2020 son los siguientes: un 36 % de mujeres y un 64 % de hombres en los programas de 2 años; un 59 % de mujeres y un 41 % de hombres en los estudios de grado; un 68 % de mujeres y un 32 % de hombres en los programas integrados; un 64 % de mujeres y un 36 % de hombres en los másteres profesionales y científicos; y un 58 % de mujeres y un 42 % de hombres en los estudios de doctorado y especialización.

Entre los años académicos 2012‑2013 y 2019‑2020 se incrementó la presencia femenina en los siguientes ámbitos: tecnologías de la información y las comunicaciones (del 37 % al 39 %); ingeniería, fabricación y construcción (del 28 % al 32 %), llegando a alcanzarse el 41 % en determinados años (como el 2015‑2016); silvicultura, pesca y veterinaria (del 27 % al 46 %); y servicios (del 27 % al 32 %).

Alrededor del 54,5 % del personal académico son mujeres, existiendo un 45,5 % de hombres; el 59,5 % de dicho personal ha finalizado sus estudios de doctorado en los ámbitos de las humanidades y la ciencia (siendo dicho porcentaje del 53,9 % entre los hombres y del 46,1 % entre las mujeres); el 27,3 % es profesorado universitario adjunto (siendo un 57,2 % hombres y un 42,8 % mujeres); el 12,1 % es titular de una cátedra (un 71,1 % de hombres y un 28,9 % de mujeres); el 53,9 % del personal docente son hombres y el 46,1 %, mujeres. El 30,6 % del personal académico ha participado en la autoría y coautoría de hasta diez obras monográficas científicas; de dicho porcentaje, el 64,9 % ha colaborado en la redacción de hasta diez artículos publicados en revistas científicas internacionales; por último, el 30,7 % ha participado en hasta 10 proyectos nacionales y el 30,9 %, en hasta 10 proyectos internacionales.

El Organismo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Preuniversitaria, en colaboración con el MED y el UNFPA, elaboró una serie de módulos y planes de estudios sobre educación sexual en los centros escolares y, durante 2022, siguió realizando esfuerzos de creación de capacidades y aplicación de tales planes de estudio en la práctica.

Empleo

El plan de acción de la Estrategia Nacional de Empleo 2019‑2022 se centra en aumentar las oportunidades de trabajo decente a través de políticas eficientes del mercado laboral, garantizar a la población joven y adulta una educación y formación de calidad, promover la inclusión y la cohesión social y consolidar el sistema de cualificaciones y el mercado de trabajo. La dimensión de género está reflejada en el texto de la Estrategia y en las medidas de su plan de acción, tanto en las referentes a los mecanismos de recopilación de datos como en las orientadas a la aplicación de las políticas y la legislación en materia de empleo.

El Organismo Nacional de Empleo y Desarrollo de Competencias ha creado un plan de acción sostenible para atender a las distintas categorías de población vulnerable inscritas en su registro. El nuevo sistema de empleo está integrado en el sistema de ayudas económicas y pago de prestaciones a personas con discapacidad, con el fin de fomentar la interoperabilidad de los datos y facilitar los trámites. Las personas registradas como desempleadas pasan por un exhaustivo proceso de entrevista para determinar los obstáculos que les impiden encontrar empleo (por ejemplo, obligaciones de cuidado de hijos, falta de transporte, problemas de salud, etc.). La entrevista se complementa con la elaboración de un plan de acción individual en el marco de los programas activos del mercado laboral.

Fomentar el empleo de las mujeres jóvenes constituye una de las prioridades del Gobierno de Albania, prioridad que se atenderá en la práctica a través del Programa de Garantía Juvenil. Dicho Programa se centrará en la población joven de ambos sexos que no trabaja ni estudia, ya que el porcentaje de desempleo dentro de este grupo es muy elevado. La culminación del diseño del Programa y los primeros pasos para su puesta en marcha tuvieron lugar asimismo a lo largo de 2022.

A finales de 2021, un total de 87.419 personas desempleadas demandantes de empleo (de las cuales 45.125, es decir, un 52 %, eran mujeres) se hallaban inscritas en los registros de las estructuras regionales y locales del Organismo Nacional de Empleo y Desarrollo de Competencias. Las mujeres constituyen el 60 % de las personas desempleadas demandantes de empleo registradas como pertenecientes a categorías perceptoras de prestaciones por desempleo, el 51 % de las personas desempleadas demandantes de empleo que perciben ayudas económicas, el 54 % de las personas demandantes de empleo en situación de desempleo de larga duración y el 51 % de la población romaní desempleada demandante de empleo. Las mujeres representan también el 49 % de la población egipcia desempleada inscrita como demandante de empleo, el 46 % de las personas desempleadas con discapacidad inscritas como demandantes de empleo y el 32 % de la población migrante que se encuentra en esa misma situación.

El 48 % de las personas que acceden a un puesto de trabajo a través de los servicios de empleo son mujeres. Asimismo, las mujeres constituyen el 60 % de las personas beneficiarias de los programas de fomento del empleo y el 47 % de las personas beneficiarias de los programas de formación profesional.

Según datos de la Inspección de Trabajo y Servicios Sociales del Estado, las cifras de denuncias por discriminación de género en el empleo son las siguientes: 6 denuncias presentadas en 2020 (3 por discriminación, 2 por trato desigual y 1 por acoso sexual en el lugar de trabajo); 4 denuncias presentadas en 2021 (2 por discriminación y 2 por trato desigual en el lugar de trabajo); y 3 denuncias presentadas durante el período de enero a abril de 2022 (1 por discriminación y 2 por trato desigual en el lugar de trabajo).

Desde octubre de 2020 hasta el 31 de mayo de 2022, el CPD se ocupó de 37 casos de discriminación de género (34 a raíz de denuncias y 3 casos tramitados de oficio). Se concluyó la investigación de 33 de esas denuncias, mientras continúa el examen de 1 de ellas y de los 3 casos tramitados de oficio. El proceso finalizó con las siguientes conclusiones por parte del CPD: 4 decisiones que reconocían la existencia de discriminación (por motivo de embarazo, además, en 1 de los casos); 12 decisiones en las que no se consideraba que hubiera existido discriminación; 5 decisiones de inadmisibilidad (por motivo de embarazo también en 2 de los casos); 7 decisiones referentes a cuestiones de eficacia del desempeño; 1 decisión de suspensión por estar la denuncia sometida al examen de los órganos judiciales competentes; 4 decisiones de desestimación por la imposibilidad de aportar información; y 4 denuncias en proceso de examen.

En 5 de los 6 casos tramitados durante el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020, la parte demandante alegaba la existencia de discriminación por varios motivos; este mismo tipo de alegaciones se hacía en 16 de los 21 casos tramitados en 2021, así como en 8 de los 10 casos tramitados en 2022.

En cooperación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Gobierno de Suecia, la Escuela de la Magistratura ha diseñado un programa especial de formación para la aplicación en el ámbito judicial de las Normas Internacionales del Trabajo, que forma parte del programa de formación inicial y continua desde 2020. En 2021 se impartió formación sobre dichas Normas a 50 jueces y magistrados propuestos para nombramiento (un 62 % de los cuales eran mujeres). El 13 de junio de 2022 comenzó la segunda ronda de formación de 55 jueces y magistrados sobre los siguientes temas: libertad de organización y negociación colectiva, igualdad y discriminación, violencia y acoso en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo y extinción de relaciones laborales, etcétera.

El 6 de mayo de 2022 Albania depositó el instrumento de ratificación del Convenio sobre la Violencia y el Acoso, 2019 (núm. 190) ante la Dirección General de la OIT. Con la presentación de dicho documento, el país reafirma su determinación de luchar contra la violencia y el acoso en el mundo laboral, convirtiéndose en el 13º del mundo y el 5º de Europa en ratificar el citado Convenio.

Salud

A lo largo de 2020, 3.150 mujeres y niñas y 10.200 mujeres y niñas fueron beneficiarias del servicio gratuito de detección del cáncer de mama. Asimismo, las mujeres y niñas constituyeron el 16 % de los pacientes tratados en los servicios sanitarios especializados. A los establecimientos de salud que prestan servicio a mujeres y niñas se ha sumado un hospital ginecológico de 55 camas, y aproximadamente 50.713 mujeres fueron beneficiarias del servicio de chequeo gratuito.

Empoderamiento económico

Dentro de la Estrategia de Desarrollo Empresarial y de Inversiones 2021‑2027, el apoyo a las mujeres ocupa un lugar importante y guarda relación con varias medidas. Por ejemplo, en el marco de la medida encaminada a garantizar el acceso a financiación se decidió que el 30 % de los beneficiarios fueran emprendedoras o empresas dirigidas por mujeres (2022‑2027).

Mujeres del medio rural

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de ONU‑Mujeres y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), llevó a cabo en 2021 una iniciativa de concienciación para aumentar el acceso de las mujeres rurales a la propiedad de la tierra, estando prevista asimismo la ejecución de diversas actividades en 2022.

En 2021 se organizaron diez jornadas de formación destinadas a 320 agricultoras y los Organismos Regionales de Extensión Agrícola facilitaron ayuda e información a otras 8.100 trabajadoras de este tipo, al tiempo que 505 mujeres solicitantes de acceso a los Planes Nacionales de Apoyo lograron satisfactoriamente su correspondiente admisión.

Mujeres de edad

Las políticas y los objetivos concretos del Plan de Acción sobre el Envejecimiento 2020‑2024 están en consonancia con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 5. La igualdad de género constituye uno de los principios en los que se sustenta el documento en cuestión, mientras que los objetivos generales hacen hincapié en la creación de un entorno adecuado que brinde apoyo y ayuda a las mujeres y hombres de edad para su integración en la sociedad manteniendo su dignidad humana, independientemente de su estado de salud o su autonomía funcional.

Mujeres migrantes y que retornan

El Organismo Nacional de Empleo y Desarrollo de Competencias ha prestado servicios a la ciudadanía albanesa que deseaba emigrar, a quienes regresaron a Albania tras haber emigrado y a las personas con ciudadanía extranjera que aspiraban a trabajar en el país. Las personas con ciudadanía albanesa que regresaron tras haber emigrado han recibido información y orientación en materia de empleo y formación profesional en las estructuras regionales y locales del Organismo en cuestión. En julio de 2021 finalizó la evaluación de necesidades para la prestación de servicios encaminados a fomentar el retorno y la migración regulares por parte del personal del Organismo, y se prepararon los correspondientes protocolos aplicables a las personas migrantes y retornadas.

En diciembre de 2021, el número de personas con ciudadanía albanesa que habían regresado tras haber emigrado y estaban inscritas como personas desempleadas demandantes de empleo en las oficinas de empleo regionales y locales ascendía a 567 (de las que 182 eran mujeres).

Durante los años 2020 y 2021 se mejoró la legislación de extranjería, armonizándola con las directivas del capítulo 24 de las negociaciones de adhesión a la UE, relativo a la libertad, la justicia y la seguridad. Una de las novedades de la legislación en cuestión es la creación de un permiso integrado de trabajo y residencia que constituye la única modalidad de permiso expedida por las autoridades albanesas y posibilita que las personas con ciudadanía extranjera permanezcan y trabajen en la República de Albania. A lo largo de 2022 se procedió a la elaboración de los reglamentos al respecto.

Durante los años 2021 y 2022, el correspondiente proceso de solicitud se llevó a cabo en línea a través del portal e‑albania.al. En el período de enero a diciembre de 2021, 5.418 personas con ciudadanía extranjera en calidad de solicitantes recibieron los documentos necesarios para desempeñar un empleo, de las cuales 3.438 recibieron permisos de trabajo (entre ellas, 688 mujeres que representaban el 20 % del total), 1.596 obtuvieron verificaciones de su declaración de empleo (entre ellas, 298 mujeres que suponían un 19 % del total) y 384 recibieron un certificado de registro (entre ellas, 172 mujeres que constituían un 45 % del total).

Se han firmado varios acuerdos para fomentar la cooperación regional en materia de migración y acceso al mercado laboral y se están realizando esfuerzos por aumentar la capacidad del personal que trabaja en el ámbito de la migración. A este respecto, la cooperación con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) resulta sumamente importante.

Matrimonio y relaciones familiares

La poligamia está prohibida en la República de Albania en virtud del Código de Familia, en cuyo artículo 7 se establece que el matrimonio puede celebrarse entre un hombre y una mujer que hayan cumplido los 18 años de edad. Asimismo, de conformidad con el artículo 9, en el que se contempla una serie de prohibiciones para contraer matrimonio, queda establecido que la persona que haya estado casada no podrá volver a casarse hasta que el anterior matrimonio se declare nulo o se disuelva.

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