Capítulo 1

1.Aspectos generales

La República de Angola está situada en la costa sudoccidental de África. Tiene una superficie de 1.246.700 kilómetros cuadrados (aproximadamente 481.350 millas cuadradas) y una población estimada en 11 millones de habitantes. De este total, alrededor de 45% tiene menos de 15 años, la mitad no llega a los 20 y tan sólo 5% tiene más de 60.

Un 51% de la población de Angola está formado por mujeres; la proporción entre los géneros es de 97 hombres por 100 mujeres.

Desde que logró su independencia, Angola ha experimentado una serie de contratiempos de carácter socioeconómico; por añadidura, su economía empeoró mucho después de 1992, con la intensificación de la guerra civil. También se ha producido un intenso movimiento migratorio hacia los centros urbanos. Algunos de los problemas existentes son:

•Una alta tasa de nutrición deficiente y desnutrición grave como consecuencia de la migración desorganizada y forzada de la población, la calidad del régimen de alimentación y las condiciones ambientales y socioeconómicas en que vive la población;

•El acceso a la educación básica es muy limitado; solamente uno de cada cinco niños en edad escolar tiene acceso a la escuela;

•Los niños pasan su tiempo o viven en la calle en los principales centros urbanos y muchos de ellos están en situación de riesgo (delincuencia, drogas, etc.);

•Incontables familias monoparentales y la desintegración de la familia se han convertido en una realidad generalizada en Angola a causa, fundamentalmente, de la guerra que ha asolado el país en los últimos 30 años.

Entre los 174 países incluidos en el índice de desarrollo humano (IDH) de las Naciones Unidas, Angola figura en el 165º lugar. Su pueblo vive en abyecta pobreza, por más que Angola esté clasificada como un país con ingreso “intermedio bajo”.

Aunque los datos existentes no son fiables, todo indica que en los últimos años la salud de la población se ha deteriorado hasta tal punto que las tasas de mortalidad materna (1.200 a 1.500 por cien mil nacidos vivos), de mortalidad de niños de menos de un año (150 por mil nacidos vivos) y de mortalidad de niños de menos de cinco años (220 por mil nacidos vivos) son las más altas de África.

El índice de asistencia regular a la escuela primaria, que era de 46% en 1990-1991, debe ser mucho menor ahora.

También se estima que, principalmente como consecuencia de las condiciones imperantes en tiempo de guerra, hay en Angola 1.300.000 personas desplazadas, de las cuales 80% son mujeres y niños. A ellas hay que agregar más de 100.000 que han quedado discapacitadas por la guerra y necesitarán de programas especiales de asistencia para reintegrarse en la sociedad.

Asimismo, los estudios demuestran que aumenta la cantidad de hogares en que una mujer es la cabeza de la familia. Los índices marcaban alrededor de 25% en Luana (1991) y 40% en las zonas rurales (1992).

Los factores clave que contribuyen a generar estas condiciones socioeconómicas desfavorables son los efectos de la guerra, tanto directos como indirectos: por ejemplo, la degradación del medio ambiente, el bajo grado de instrucción de la población, la destrucción de la infraestructura de la sociedad —incluida la generalizada pérdida de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado— y el deterioro de las escuelas, a todo lo cual se suman la reducción de la calidad de la asistencia prestada y las consecuencias negativas de las políticas económicas.

Además, como resultado de la prolongación de la guerra, las intervenciones se han limitado fundamentalmente a la prestación de ayuda de emergencia y se mantiene un alto grato de incertidumbre y falta de confianza en relación con la paz futura; todos estos factores han incidido también en la paralización casi total del sector público.

A pesar de estas condiciones, surgen e incluso proliferan nuevas iniciativas. Son el producto de los esfuerzos desplegados por profesionales de diversos sectores, el público en general e incluso el Gobierno y nos permiten determinar aptitudes potenciales que es preciso reforzar mientras se buscan soluciones que conduzcan a un desarrollo humano sostenible.

Grado de aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

En procura de aplicar la Convención, la República de Angola ha ratificado y refrendado varios instrumentos jurídicos internacionales. Entre otros:

1.Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La carta de adhesión fue ratificada por la primera asamblea legislativa en el séptimo período ordinario de sesiones de la ex Asamblea del Pueblo, celebrado de 25 a 27 de julio de 1984, en virtud de la resolución No. 15/84 publicada en el No. 222 de la 1ª serie del Boletín Oficial.

2.Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Políticos de la Mujer. La carta de adhesión fue ratificada por la primera asamblea legislativa en el segundo período ordinario de sesiones de la ex Asamblea del Pueblo, celebrado el 27 de julio de 1985, en virtud de la resolución No. 4/85 publicada en el No. 60 de la 1ª serie del Boletín Oficial.

3.Convenio (No. 100) y Recomendación (No. 90) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, 29 de junio de 1951.

4.Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 28 de junio de 1981.

5.Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 28 de julio de 1981.

Acontecimientos relacionados con la Conferencia de Beijing

2.Actividades anteriores a Beijing

A efectos de prepararse para participar en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebró en Beijing en septiembre de 1995, se formó un comité preparatorio por iniciativa del Primer Ministro. Integraron el comité representantes de varios ministerios, organizaciones no gubernamentales (ONG), ramas femeninas de los partidos políticos, iglesias y otras instituciones.

Se celebraron dos conferencias nacionales para estudiar y discutir el informe que Angola habría de presentar en la Conferencia Mundial. Además, se organizaron conferencias, reuniones y mesas redondas para examinar los temas que se abordarían en ella.

La delegación del Gobierno angoleño estuvo compuesta por 25 miembros: 20 mujeres y cinco hombres.

3.Actividades posteriores a Beijing

I.A escala local y nacional

a)Gobierno

1.Formulación de la estrategia nacional para el adelanto de la mujer hacia el año 2000.

2.Publicación de la Plataforma de Acción para África y de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.

3.Seminario sobre el adelanto de la mujer y el desarrollo de la comunidad (financiado por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)).

4.Puesta en marcha de tres proyectos financiados por la Embajada del Reino de Suecia en Angola:

•estudios sobre la violencia perpetrada contra la mujer angoleña

•estadísticas sobre cuestiones de género

•apoyo al proyecto de crear centros de asesoramiento jurídico.

5.Seminario sobre cuestiones de género en las provincias. Este proyecto se puso en marcha en 1995 y abarca seis provincias:

1995CabindaCuanza SurBenguelaHuíla

1996BengoLuanda SurHuamboBiéCunene

1997MalangeCuanza NorteUígeZaireMoxicoCuando-Cubango

6.Desarrollo de un Programa de acción sobre la base de la estrategia nacional para 1997-1998.

7.Promoción de proyectos

•Proyectos para establecer centros de desarrollo de la comunidad en las provincias

•Proyecto de capacitación de la mujer para que sea promotora del desarrollo, incluido el desarrollo rural

•Programa de apoyo a las asociaciones de mujeres rurales y otras iniciativas que generan ingresos

•Programa Nacional de Microcrédito.

8.Asistencia y visitas de verificación a las provincias y determinación de las provincias locales [sic].

9.Nombramiento de un experto técnico para colaborar en un curso de dos meses de duración sobre desarrollo y evaluación de proyectos ofrecido por Prege/Banco Mundial.

10.Formación de una red de mujeres en puestos de adopción de decisiones.

11.Seminario nacional sobre la violencia contra la mujer en Angola.

12.Seminario sobre la creación de una red de conexiones a favor de la mujer y la familia.

13.Ejecución del proyecto relativo al Adelanto de la Mujer, con financiación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y el apoyo del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).

14.Seminario para presentar el proyecto sobre “Microcrédito”, planificado para Luanda, febrero de 1998.

b)Organizaciones no gubernamentales

1.Seminario nacional para la promoción del espíritu empresarial de la mujer.

2.Apoyo a la creación de una comisión encargada de establecer la futura Federación Angoleña de Mujeres de Negocios.

3.Apoyo a la creación de la Asociación Raíces de la Paz.

4.Apoyo a la Cuarta Reunión de Mujeres juristas de países de habla portuguesa.

5.Reuniones de trabajo con organizaciones y asociaciones de mujeres periodistas, la Asociación Angoleña por el Bienestar de la Familia, la Asociación Angoleña de Mujeres Juristas y otras.

II.A escala regional

1.Participación en la 17ª Reunión del Comité Coordinador Regional Africano (CCRA) para la Integración de la Mujer en el Desarrollo (abril de 1996)

2.Foro sobre el liderazgo de la mujer en los asuntos relacionados con la paz (noviembre de 1996)

3.Participación en la 18ª Reunión del Comité Regional Africano de Legisladoras y Ministras (República Unida de Tanzanía, octubre de 1996)

4.Participación en la 18ª Reunión del Comité Coordinador Regional Africano (CCRA) para la Integración de la Mujer en el Desarrollo (Addis Abeba, abril de 1997)

5.Conferencia sobre Legisladoras (Namibia, marzo de 1997)

6.Conferencia sobre la Paridad entre el hombre y la mujer (Swazilandia, abril de 1997)

7.Participación en la Primera Cumbre de Primeras Damas sobre Cuestiones de Paz y Humanitarias (Abidján, mayo de 1997)

8.Participación en la Asamblea General para la Formación de la Asociación de Secretarias y Ejecutivas de Africa (Côte d’Ivoire, mayo de 1997)

9.Participación en el Séptimo Congreso de la Organización Panafricana de Mujeres (Zimbabwe, julio de 1997)

III.A escala internacional

1.Participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas como parte del Grupo de Expertos en Nombres Geográficos (Nueva York, octubre de 1996)

2.Conferencia Internacional sobre Políticas y Planes de Acción relativos a la Familia (Canadá, diciembre de 1996)

3.Participación en el 41er período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (Nueva York, marzo de 1997)

4.Seminario sobre la Mujer en los negocios – Responsabilidad económica de la mujer (Tailandia, octubre de 1997)

5.Conferencia internacional sobre la educación de los adultos (CONFINTEA) (Alemania, junio de 1997)

6.Participación en los trabajos de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, octubre y noviembre de 1997)

7.Asistencia al curso denominado “La Mujer, el Género y el Desarrollo” (Países Bajos, noviembre de 1997)

8.Participación en la Asamblea General de la Organización Panafricana de Mujeres (Zimbabwe, julio de 1997)

Capítulo II

2.Medidas para eliminar la discriminación por motivo de sexo

En el artículo 18 de la Constitución de Angola se consagra el principio de la igualdad y la no discriminación contra los ciudadanos, y la igualdad entre los sexos es una de las ramificaciones de este principio.

El antedicho artículo de la Constitución estipula en su párrafo 1 que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos y están sujetos a las mismas obligaciones, sin distinción de color, raza, grupo étnico, sexo, lugar de nacimiento, religión, ideología, grado de instrucción o condición económica o social”. Y añade, en el párrafo 2, que “los actos que vayan en detrimento de la armonía social o pretendan generar distinciones o privilegios sobre la base de esos factores serán sancionados severamente por la ley”.

Otras disposiciones de la Constitución corroboran el principio de la igualdad y la no discriminación; por ejemplo, el párrafo 1 del artículo 28 estipula la participación activa en la vida pública. Reza así: “Todos los ciudadanos de más de 18 años, salvo los que estén legalmente privados de sus derechos políticos y civiles, tienen el derecho y el deber de participar activamente en la vida pública votando, presentándose como candidatos a ocupar cualquier cargo estatal y, en caso de ser electos, desempeñando sus mandatos con absoluta lealtad a la nación angoleña”.

En lo que se refiere a la seguridad en el empleo, la educación y la carrera profesional, la Constitución dispone en el párrafo 2 del artículo 28: “Ningún ciudadano será objeto de discriminación en relación con su educación, empleo o colocación, carrera profesional o las prestaciones sociales a que tuviere derecho por ocupar un cargo político o ejercer sus derechos políticos”.

En el artículo 29 se declara que “hombres y mujeres son iguales en el seno de la familia y gozan de los mismos derechos y tienen los mismos deberes”.

En el artículo 43 se reconoce el derecho a recurrir a los tribunales: “Todos los ciudadanos tienen derecho a litigar y a apelar contra sentencias judiciales en relación con cualquier acto que viole sus derechos, consagrados por esta Constitución y otras leyes”.

Con arreglo al artículo 46, todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de trabajar, así como el derecho a elegir libremente y practicar su profesión, siempre que satisfagan los requisitos prescritos por la ley (párrafo 3 del mismo artículo).

Con respecto a la protección de las madres, los ancianos y los discapacitados, por un lado, y la atención médica, la salud y el acceso a la enseñanza, por el otro, el artículo 47 estipula que: “El Estado adoptará las medidas necesarias para garantizar el derecho de los ciudadanos a la asistencia tanto en la niñez y en la vejez como en casos de maternidad o de minusvalía y en toda situación que no les permita trabajar”; además, “el Estado promoverá el acceso de todos los ciudadanos a la enseñanza, la cultura y el esparcimiento ...” (artículo 49).

Las medidas destinadas a llevar estas normas a la práctica pueden encontrarse en toda la legislación de Angola y se expresan en las diversas ramas de la ley angoleña. Por ejemplo, la Ley de Nacionalidad (Ley No. 13 de 11 de mayo de 1991) estipula que la nacionalidad de origen corresponde a los niños y niñas que tuvieren madre o padre angoleños, a los nacidos en Angola y a los nacidos en el extranjero de madre o padre angoleños (artículo 9) y que la nacionalidad por adquisición es el resultado de la adopción, el matrimonio, la naturalización o una declaración de voluntad (artículos 10, 11 y 12). La misma Ley estipula en su artículo 15 que el matrimonio con un extranjero no es causa de pérdida de ciudadanía.

Relaciones familiares

a)Relaciones entre los cónyuges

En Angola las relaciones familiares se rigen por el Código de Familia, promulgado por Ley 1 de 20 de febrero de 1988.

En este Código aparecen las siguientes declaraciones con respecto al principio de igualdad entre hombres y mujeres. El artículo 3 establece que el marido y la esposa son iguales en el seno de la familia, gozan de los mismos derechos y están sujetos a los mismos deberes. Tanto el Estado como la familia deben garantizar la igualdad y la reciprocidad promoviendo el derecho a la educación, el trabajo, el descanso y la seguridad social.

Como consecuencia del principio establecido en el artículo 3, el artículo 44 estipula que ambos cónyuges están unidos por los deberes de fidelidad, cohabitación y asistencia mutua y que deben trabajar juntos para cumplir las obligaciones de la vida de familia y compartir los quehaceres domésticos (artículo 45). Además, se les reconoce el derecho de desempeñar la profesión o la actividad de su elección (artículo 47).

También corresponde a ambos cónyuges tomar las decisiones relativas a cuestiones vitales para la familia y cualquiera de ellos puede representar a la familia frente a terceros (artículos 47 y 48). Por otra parte, un aspecto interesante del reconocimiento del principio de igualdad en las relaciones familiares es que cualquiera de los cónyuges puede optar, durante la ceremonia de la boda, por aceptar el apellido del otro o de la otra o por adoptar un apellido común sobre la base de los apellidos de los dos.

Habida cuenta de que la formación de una familia no sólo crea relaciones personales, sino que afecta al derecho de propiedad, el Código de Familia se preocupa por dejar establecida la igualdad entre los cónyuges con respecto a la administración y la enajenación de bienes. En los artículos 54 y siguientes se estipula que cualquiera de los cónyuges puede administrar sus propios bienes o los bienes del otro o de la otra y que también puede ejercer la administración cotidiana de los bienes que la pareja tuviere en común. Sin embargo, dicho cónyuge es responsable de los actos que, en el ejercicio de esa administración, vayan en detrimento del otro o la otra cónyuge o de la pareja.

Con respecto a la enajenación de los bienes, la ley prevé que los bienes comunes sólo pueden ser enajenados con el consentimiento de ambos cónyuges, a menos que en el momento de contraer matrimonio hubieren optado por el régimen de bienes separados y no por la propiedad en condominio de los bienes gananciales.

Empero, incluso cuando una pareja elige el régimen de bienes separados, la ley impone ciertas restricciones y exige el consentimiento del otro cónyuge para realizar determinadas transacciones, como por ejemplo el alquiler de la casa en que viva la familia o la enajenación de un bien que pertenezca a un cónyuge y sea utilizado por el otro o la otra en su trabajo.

La ley considera que son deudas de ambos cónyuges las asumidas por uno de ellos o por ambos para cumplir obligaciones familiares o en mutuo beneficio de la pareja (artículo 61). Esto mismo se aplica a las deudas contraídas por un cónyuge con el consentimiento del otro o la otra cónyuge o por ambos cónyuges. Las deudas de que se hace cargo uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro o la otra y las resultantes de circunstancias atribuibles a uno solo de los cónyuges (multas, indemnizaciones, etc.) son responsabilidad del cónyuge que hubiere contraído la obligación (incisos a) y b) del artículo 62).

Si el matrimonio se disuelve por muerte, el cónyuge supérstite, con independencia de su sexo, conserva el derecho a seguir gozando de los beneficios resultantes del matrimonio (párrafo 1 del artículo 75), como por ejemplo el derecho a seguir usando el apellido adoptado al contraer matrimonio (párrafo 3 del artículo 36), el derecho a la mitad de los bienes comunes (párrafo 2 del artículo 75) y el derecho a alquilar el hogar de la familia (párrafo 3 del artículo 75).

Si el matrimonio se disuelve por divorcio, los cónyuges pierden el derecho a usar el apellido adoptado al contraer matrimonio (párrafo 2 del artículo 36). Pierden también los beneficios logrados en virtud del matrimonio (inciso c) del artículo 80). Uno de los cónyuges pierde el derecho a ejercer la patria potestad sobre los hijos menores de edad; en efecto, la patria potestad es ejercida por uno solo de los cónyuges, determinado por mutuo acuerdo o por decisión judicial (artículo 148).

El derecho a alquilar el hogar de la familia se puede otorgar a uno de los cónyuges, determinado una vez más por mutuo acuerdo o por decisión judicial (artículo 110).

En cuanto a los vínculos emocionales, en general la violación de los deberes conyugales, especialmente el maltrato físico y sicológico, puede constituir una grave causal de divorcio (artículo 97).

No se puede presentar una demanda de divorcio contra una mujer embarazada, incluso hasta un año después del parto, a menos que el demandante cuestione la paternidad del niño o la niña o la mujer preste su consentimiento a la demanda (artículo 103).

En Angola, el matrimonio y la unión de facto son dos maneras de establecer relaciones de familia. Se entiende por unión de facto la situación en que una mujer y un hombre eligen libremente vivir juntos.

Como consecuencia del reconocimiento de una unión de facto y siempre que se satisfagan los requisitos legales, los efectos de esa unión pueden ser equivalentes a los del matrimonio.

Con arreglo a los artículos 112 y siguientes, hay tres situaciones que pueden conducir al reconocimiento de una unión de facto: su ruptura, la decisión mutua de reconocerla y la muerte. Para que haya reconocimiento es preciso haber vivido juntos por más de tres años, tener capacidad para contraer matrimonio y, además, que la unión sea exclusiva (una mujer y un hombre que sean recíprocamente fieles).

El hecho de que la ley angoleña acepte esta institución entraña los siguientes beneficios para ambos miembros de la pareja: en caso de reconocimiento por ruptura o muerte, se les adjudica el derecho a la residencia compartida, al prorrateo de los bienes comunes y al enriquecimiento ilícito [sic].

La acción judicial para obtener el reconocimiento de una unión de facto debe iniciarse antes de que transcurran dos años a partir de su ruptura o de la muerte de uno de los miembros de la pareja.

El elemento esencial para el establecimiento de una familia es la libre elección de la pareja, cuyos dos miembros deben estar en condiciones de elegir libremente entre el matrimonio y la unión de facto. La protección de este derecho se encuentra en los artículos 20 y 112 del Código de Familia.

En el Código se reconocen los derechos y obligaciones que tienen los padres ante sus hijos. Un menor de edad puede establecer una familia mediante el matrimonio al cumplir los 16 años (en el caso de un varón) o los 15 (en el caso de una mujer) siempre que una atenta consideración de las circunstancias del caso indique que el matrimonio es el mejor medio para proteger los intereses del menor.

b)Relaciones entre padres e hijos

De conformidad con el artículo 1 del Código de Familia, las responsabilidades de la familia se extienden a la totalidad de sus miembros.

En el artículo 2 se estipula que, en general, la familia es responsable de la educación y la crianza de todos sus miembros. Estas tareas deben realizarse en un marco de amor, respeto por los valores culturales y rechazo de conceptos conservadores anticuados; también es preciso desechar la explotación y la opresión y promover la lealtad a la madre patria.

Además se establece que, en las circunstancias apuntadas, la familia debe contribuir al adelanto armonioso y equilibrado de sus miembros, de manera que cada uno de ellos se realice plenamente desarrollando su personalidad y sus aptitudes potenciales en interés del conjunto de la sociedad.

Por consiguiente, la familia se encarga de la educación y del desarrollo armonioso de los menores que sean miembros de la familia.

Para reforzar este concepto, el artículo 4 estipula que los niños merecen ocupar un lugar especial en el seno de la familia y que la familia, en cooperación con el Estado y las organizaciones sociales, debe garantizarles un máximo de protección e igualdad para que puedan alcanzar un desarrollo físico, sicológico e intelectual equilibrado. Además, se confía en que durante el proceso educativo se fortalezcan sus vínculos con la familia y la sociedad.

El Código también estipula que hay que explicar a los menores el principio de la igualdad de derechos y deberes e inculcarles el respeto por la personalidad de cada individuo. Establece asimismo que hay que brindar especial protección a los niños en un marco de cooperación y ayuda.

Se puede apreciar fácilmente, pues, que la ley impone a la familia la obligación de educar a los niños pequeños y deposita en ella la responsabilidad fundamental de su formación. Por otra parte, como a la vez exige que se eduque al niño en el respeto por el principio de la igualdad de derechos, la ley no establece distinción alguna entre los niños nacidos dentro o fuera del matrimonio o de cualquier otra relación equivalente (una unión de facto).

La autoridad ejercida por la familia sobre sus miembros menores de edad es la autoridad de los padres o la patria potestad, ejercida por ambos progenitores cuando viven juntos o por uno solo (el que está a cargo y se responsabiliza de la custodia del menor) en caso de separación.

El propósito fundamental de la patria potestad es brindar al niño o la niña formación moral y capacitación y prepararlo o prepararla para trabajar y ser así un ciudadano o ciudadana respetable y socialmente útil (artículo 130).

En estas circunstancias, los padres, los tutores (o quienesquiera estén a cargo de la custodia) tienen el deber de cooperar con las escuelas y las instituciones que formen a los niños y los jóvenes de ambos sexos, de proporcionarles cuidado, protección y asistencia y de darles buenos ejemplos.

Cuando la patria potestad se ejerce por separado, el padre o la madre que no viva con el niño o la niña no pierde el derecho a estar con él o ella y mantiene sus obligaciones, especialmente en lo que atañe a suministrarle apoyo financiero en la más amplia acepción de la palabra.

También uno de los cónyuges puede brindar protección a los hijos del otro cónyuge.

Los acuerdos conducentes al ejercicio de la patria potestad pueden concertarse privadamente o por conducto de los tribunales; en el primero de los casos se requiere la ratificación del Tribunal de Familia.

Cuando la patria potestad se ejerce por separado, queda limitada la capacidad de los padres para enajenar bienes de propiedad del menor o la menor, negarse a aceptar legados o asumir obligaciones que puedan ser vinculantes para el niño o la niña cuando llegue a la mayoría de edad. Esta limitación sólo puede ser revocada por un tribunal (artículos 140 y 141).

Aunque hay factores que pueden impedir el ejercicio de la patria potestad por uno de los padres o por ambos (artículos 152 a 155), esta circunstancia no deja sin efecto la obligación de proporcionar sustento al hijo o la hija (artículo 157).

Como se señaló supra, la formación moral y profesional de un niño o niña para que sea un ciudadano o ciudadana responsable y socialmente útil se aseguran con el ejercicio de la patria potestad. Por eso, al redactar el Código de Familia se puso cuidado en establecer las maneras de reemplazar a los padres cuando, por diversas razones, el niño o la niña ya no vive más con ellos. Así, hay dos mecanismos legales para lograr este objetivo: la tutela y la adopción. Con ambas se pretende brindar protección social, moral y emocional al niño o la niña.

c)Tutela

La tutela, regulada en los artículos 222 a 246 del Código de Familia, no sólo pretende cumplir los propósitos expuestos supra, sino también proteger el interés personal y patrimonial del menor.

Están sujetos a un régimen obligatorio de tutela los menores cuyos padres no se conozcan, estén ausentes, no puedan ejercer la patria potestad o no la hayan ejercido efectivamente durante más de un año. También lo están los niños adoptados cuya adopción haya sido revocada. La designación del tutor o tutora corresponde a un tribunal. No obstante, el Código de Familia estipula que los padres pueden nombrar un tutor o tutora que entre a cumplir sus funciones en caso de que ellos mueran; con todo, esa designación es válida únicamente si la ratifica un tribunal.

La tutela no se puede establecer sin que el Consejo de familia celebre audiencia; por otra parte, todo menor que hubiere cumplido diez años de edad también debe ser escuchado (artículo 232).

Para que la designación del tutor o tutora sea admitida, la persona propuesta debe cumplir los siguientes requisitos:

•haber llegado a la mayoría de edad;

•estar en posesión de sus derechos civiles y políticos;

•demostrar, con su comportamiento moral, laboral y social, que es capaz de educar al pupilo o la pupila y defender sus intereses;

•ser financieramente capaz de brindar asistencia al pupilo o la pupila si fuere necesario;

•no tener intereses directos ni indirectos que puedan entrar en conflicto con los del pupilo o la pupila.

En lo que se refiere a la administración de la hacienda del pupilo o la pupila, su tutor o tutora necesita la autorización del tribunal para enajenar sus bienes inmuebles o sus bienes muebles no perecederos, negarse a aceptar legados, asumir obligaciones de cualquier tipo o entablar pleitos (artículo 238, considerado junto con el artículo 141); los actos realizados sin autorización del tribunal pueden ser invalidados (artículo 239).

El ejercicio de la tutela es fiscalizado por el Consejo de familia que designará el tribunal (artículo 241). En el marco de esta supervisión, el Consejo está facultado para revisar los estados de cuentas del tutor o la tutora.

La tutela termina cuando el pupilo o la pupila llega a la mayoría de edad y también por la destitución o la renuncia del tutor o la tutora o por el cese de las circunstancias que condujeron a su establecimiento. Si la tutela prescribe por destitución o renuncia, el tribunal nombra a otra persona como tutor o tutora. Se puede destituir al tutor o la tutora por orden judicial.

d)Adopción

La adopción no es sólo una manera de anular el ejercicio de la patria potestad, sino también una fuente de nuevos vínculos familiares, pues el adoptado o la adoptada se une a la prole natural de la persona adoptante en la más amplia acepción de la palabra. Habida cuenta de que el Código de Familia reconoce el derecho a llevar un apellido, el adoptado o la adoptada adquiere el de sus padres adoptivos. En tal caso, también se extinguen los lazos con los parientes consanguíneos por parte de sus progenitores, que son reemplazados por los padres adoptivos; únicamente subsiste la prohibición de casarse con los parientes consanguíneos.

Pueden adoptar las parejas casadas o que viven en una unión de facto que reúna los requisitos necesarios para ser reconocida como tal. Además, tanto el hombre como la mujer que vive en una unión de facto puede adoptar un hijo; también puede adoptar una persona soltera.

Esto quiere decir que los hijos de un viudo o una viuda pueden ser adoptados por el segundo marido o la segunda esposa, con lo cual se extinguen los vínculos entre esos menores y los parientes de la familia que los dejó huérfanos o medio huérfanos. Es obvio que esto genera ciertas dificultades.

Toda persona que quiera adoptar debe cumplir los requisitos siguientes:

1)debe haber cumplido 25 años y estar en plena posesión de sus derechos civiles;

2)debe tener buena reputación y una conducta social correcta, especialmente en la esfera de las relaciones de familia;

3)debe tener capacidad financiera suficiente para mantener y educar al adoptado o la adoptada;

4)debe tener por lo menos 16 años más que la persona que proyecta adoptar;

5)debe gozar de buena salud física y mental;

6)si es extranjero o extranjera, debe contar con la autorización de la Asamblea Nacional.

En términos generales hemos descrito, pues, cómo se brinda protección social, moral y emocional a los niños que quedan fuera de su familia de nacimiento. De todas maneras, los casos de integración de menores en un nuevo ámbito familiar sólo presentan en la práctica los dos aspectos indicados: la tutela y la adopción.

Ahora bien: la protección social, moral y emocional de los menores se puede garantizar incluso fuera de la familia. Es lo que ocurre en los establecimientos de asistencia social o de enseñanza. En estos casos, la determinación de la persona bajo cuya responsabilidad va a quedar el menor no plantea ningún problema, pues la propia ley aclara, en su artículo 234, que corresponde al director de un establecimiento de ese tipo cumplir las funciones de tutor.

Los problemas surgen con los niños que, por diversas razones, terminan estando con otras familias sin que haya mediado nunca una declaración de cesión de la custodia. Entonces, esos menores quedan completamente desprotegidos a los ojos de la ley.

A falta de una definición mejor, puede decirse que esas situaciones son “situaciones de facto que carecen de protección jurídica”.

e)Situaciones de facto que carecen de protección jurídica

La guerra en Angola ha destrozado muchas familias y multiplicado el número de personas desplazadas, con el consiguiente aumento de la magnitud de la pobreza.

El tradicional altruismo africano y la costumbre de usar mano de obra barata han conducido y todavía conducen a que niños de familias desintegradas (y también otros niños) sean recogidos por otras familias, especialmente en las zonas urbanas.

En esos casos, es raro que los “protectores” se preocupen por modificar la condición jurídica del menor o la menor. Las consecuencias de situaciones de ese tipo son tanto más graves cuanto menos escrúpulos de conciencia tenga la familia que ha aceptado al niño o la niña.

Los niños y niñas que se encuentran en esas situaciones se quejan de malos tratos físicos y síquicos, exceso de trabajo y abusos deshonestos por parte de miembros de las familias de acogida o de personas vinculadas con ellos.

Son situaciones sumamente delicadas, porque siempre es difícil determinar con seguridad qué tipo de relación se ha generado entre el menor o la menor y su familia de acogida y qué clase de vínculos jurídicos pueden haberse establecido.

El hecho de que ningún organismo gubernamental pueda controlar lo que efectivamente ocurre hace que sea menos probable que se respeten los derechos del niño o de la niña, que a menudo huye para poner fin a la situación creada.

Además, si la víctima es un menor o una menor, para la ley angoleña carece de competencia para ejercer cualquier derecho o representar sus propios intereses en un juicio. El menor o la menor necesita un representante legal, que bien puede ser la misma persona que viola sus derechos.

De todo lo dicho se desprende con claridad que es preciso crear mecanismos que permitan que el menor o la menor inicie acciones judiciales cuando se violen sus derechos. Esto permitiría que los delincuentes fueran castigados y que se evaluaran mejor el grado, número y tipo de violaciones que se producen en esta y otras esferas en que los menores no pueden poner en marcha, por iniciativa propia, procedimientos judiciales para hacer valer sus derechos.

Parece seguro que, una vez que termine la guerra y la calidad de vida de los ciudadanos angoleños mejore sustancialmente, será factible abordar este elemento vital para una sociedad, que entonces será capaz de desempeñar el papel que le está asignado natural y legalmente.

Es importante que las instituciones existentes cuenten con los recursos materiales y humanos que garanticen su control y la efectiva observancia de la ley.

No sólo la Constitución señala que todos los actos de discriminación serán sancionados severamente por la ley: este criterio programático vuelve a exponerse concretamente en otras disposiciones jurídicas, en cierta medida con fines prácticos. Aquí, en Angola, los actos de discriminación contra la mujer suelen producirse en las sombras, según un estudio sobre el tema; de todas maneras, se observan algunos ejemplos manifiestos. Entre los más flagrantes están los incidentes de discriminación que se registran en el acceso a puestos de responsabilidad.

La falta de legislación que castigue expresamente la discriminación por motivo de sexo (o cualquier otro tipo de discriminación), unida al hecho de que los actos discriminatorios asumen formas veladas, dificulta el descubrimiento de hechos discriminatorios. La mentalidad machista que sigue prevaleciendo en este mundo, especialmente en las naciones en desarrollo, es otro obstáculo en el camino que conduce a la realización de la igualdad entre hombres y mujeres.

A continuación se enumeran algunas medidas prácticas que es preciso adoptar para lograr la plena aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres:

•creación de oficinas de la mujer en las comisarías;

•notificación obligatoria, por los profesionales médicos, de las violaciones y las agresiones corporales;

•campañas para divulgar el contenido de las leyes vigentes.

Capítulo III

3.Protección general de los derechos y libertades fundamentales de las personas sobre la base de la igualdad entre el hombre y la mujer

El título II de la Constitución de Angola requiere la protección de los derechos fundamentales y reconoce el principio de no discriminación por motivo de sexo, grupo étnico, color, elección política o religiosa, grado de instrucción o condición económica.

También señala que “los actos que vayan en detrimento de la armonía social o pretendan generar distinciones o privilegios sobre la base de esos factores serán sancionados severamente por la ley”. Aunque desde un punto de vista teórico los derechos humanos fundamentales están protegidos, en la práctica se violan de continuo, consciente o inconscientemente.

A menudo son las propias instituciones las primeras en violar estos derechos, pues lo que consideran que es represión entraña en realidad una violación. Todos los días somos testigos de “pequeñas” violaciones de derechos y libertades fundamentales de las personas por parte de instituciones y servicios públicos.

Lamentablemente, no hay ningún organismo que pueda controlar este tipo de violaciones; tampoco hay una oficina que eduque al público, le explique en qué consisten los derechos fundamentales, le señale la necesidad de respetarlos y, lo que es muy importante, le indique adónde debe recurrir cuando sean desatendidos o violados pues, la mayoría de las veces, el organismo que tendría que velar por su respeto y por la observancia de la ley precisamente no lo hace.

A menudo los ciudadanos son arrestados sin tener en cuenta el principio de que toda persona es “inocente mientras no se demuestre su culpabilidad”. La práctica es arrestar primero y preguntar después.

Cuando estos derechos se violan en el ámbito privado resulta más difícil verificar, en primer término, que se ha producido la violación y reivindicar, después, el derecho a la protección.

La cultura de la violencia es un hecho cotidiano en la vida de nuestros ciudadanos, que en su mayoría desconocen sus derechos y no saben cómo ejercerlos.

Para proteger los derechos humanos debemos:

•primero, educar al público (explicarle cuáles son sus derechos y cómo protegerlos);

•segundo, velar por la aprobación de leyes u otras medidas que garanticen la protección y la observancia de los derechos fundamentales;

•tercero, instituir la reparación judicial en la esfera de los derechos humanos y de los derechos de la mujer y velar porque los tribunales y otras instituciones oficiales los salvaguarden;

•cuarto, adoptar medidas apropiadas para eliminar todas las formas de violencia y discriminación perpetradas contra cualquier ser humano.

3.1.Violencia contra la mujer

La violencia contra la mujer, tanto en el círculo de la familia como en público, es un problema grave que ha atraído la atención de las organizaciones femeninas y del Ministerio de Asuntos de Familia y para el Adelanto de la Mujer, que procuran encontrar la manera de reducir el grado de violencia, educar al público, aleccionar a las instituciones sociales y establecer mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia.

Desde el punto de vista del derecho, ninguna disposición sanciona actos cometidos expresamente contra la mujer. La legislación es incompatible con el principio de igualdad entre los ciudadanos.

No hay leyes que condenen expresamente los delitos sexuales contra la mujer. Cuando se producen abusos contra la mujer, tanto en el seno de la familia como en el marco del trabajo o de las relaciones sociales, la víctima encuentra innumerables obstáculos porque la fuerza policial todavía no ha adquirido conciencia de la manera apropiada de manejar esos casos y, la mayoría de las veces, trata mal a la mujer, diciéndole que “si ha pasado algo, ella tiene la culpa por haberlo provocado” e incluso que “son problemas hogareños y la policía tiene cosas más importantes que arreglar”.

•Esta actitud se funda en una cultura patriarcal, en que la mujer queda relegada a un segundo plano y sólo sirve para tener hijos.

•Los derechos humanos no se comprenden ni se respetan.

3.1.1.Violencia en el hogar

La violencia en el hogar adopta las formas de maltrato físico o síquico, violación, abuso sexual de una mujer o una persona joven, expulsión de la mujer y los hijos del hogar de la familia o venta del hogar sin consentimiento de la mujer.

Es raro que los delitos sean castigados y, en caso de que se presente una demanda que llegue a juicio, el tribunal siempre muestra mucha lenidad al sentenciar al hombre. Muchos delitos quedan impunes para siempre porque se aplica el criterio tradicional según el cual la mujer es la parte culpable o la que provoca la agresión y el marido tiene derecho a castigarla.

Los miembros de la familia ejercen enorme presión sobre la mujer para disuadirla de presentar una demanda o para conseguir que la retire si ha llegado a presentarla.

3.1.2.Violencia sexual

Hay muchos casos de abusos sexuales de mujeres maduras o adolescentes e incluso de niñas pequeñas. Empero, lamentablemente, la escasa atención que la policía y los jueces prestan a estos casos torna imposible saber cuántos son. Por lo general, tanto las víctimas como sus familias mantienen silencio sobre este problema.

Aunque somos testigos de violencia física contra mujeres, adolescentes y niños o niñas en la calle, en el mercado y en la escuela, tanto las autoridades como los ciudadanos comunes se muestran insensibles y es raro que la policía adopte medidas para detenerla o prevenirla. Muy a menudo es la propia policía la que perpetra la violencia.

3.1.3.Acoso sexual

Aunque se sabe que el acoso sexual en la escuela y en el lugar de trabajo es algo que va en aumento, tampoco en este caso se presentan cargos. Las víctimas de acoso sexual lo “callan” para mantener su empleo o ganar un ascenso e incluso como prenda de cambio para recibir un favor, como un aumento de sueldo.

En el sector no estructurado de la economía, las mujeres son a menudo víctimas de acoso sexual, pero entonces guardan silencio en aras de su seguridad física, para proteger sus bienes y, en definitiva, para no poner en peligro el éxito de su negocio.

La educación de la mujer debe extenderse a la esfera del acoso sexual.

3.1.4.Violencia en el lugar de trabajo

La violencia se siente en el lugar de trabajo, incluso en puestos de responsabilidad; quizás no sea notoria, pero existe.

Por lo general se considera que la mujer carece de capacidad o que no sirve para ocupar esos puestos por sus obligaciones en el seno de la familia. Es frecuente que los empleadores, tanto públicos como privados, se nieguen a contratar mujeres alegando que faltan mucho y que muchas veces quedan embarazadas. Estas actitudes no se cuestionan ni se castigan porque las propias mujeres no las denuncian a quienes corresponde. Aunque, a decir verdad, quizás ocurra esto por la falta de cultura “de género” del Gobierno o de la Asamblea Nacional.

3.1.5.Violencia durante la guerra

En Angola, durante el conflicto armado, las mujeres fueron víctimas de violencia, no sólo como consecuencia de la misma guerra sino también, en particular, porque fueron:

•violadas por los soldados (nacieron muchos niños de resultas de esas violaciones);

•obligadas a realizar trabajos manuales (transporte de material de guerra o de comida, quehaceres domésticos o incluso faenas agrícolas);

•identificadas como “brujas” y después quemadas en la hoguera;

•utilizadas como “correos”.

Empero, en situaciones de guerra, también los hombres fueron víctimas de violencia.

3.2.La labor de los Centros de Asistencia Jurídica

El objetivo fundamental de la Organización de Mujeres Angoleñas (OMA) es hacer campaña para promover el adelanto de la mujer y desarrollar su capacidad potencial.

Desde la obtención de la independencia y con objeto de llevar adelante esta campaña, la OMA ha presionado al Gobierno y al Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), el partido en el poder, para que pusieran en práctica el “principio del derecho de la mujer a la igualdad”. Muchas de las reformas legislativas —por ejemplo, la promulgación del Código de Familia y diversas disposiciones del Código de Trabajo que protegen a la mujer— son el resultado de la presión ejercida por la OMA.

La batalla por la igualdad de derechos condujo al establecimiento, en 1986, de los Centros de Asistencia Jurídica, que ofrecen distintos tipos de servicios:

•asesoramiento a mujeres y hombres víctimas de abusos;

•asesoramiento sobre el abuso sexual y la violación;

•asistencia para tratar con la policía, la Dirección Nacional de Investigación de Hechos Delictivos y los tribunales;

•actividades educativas en la esfera de la igualdad entre hombres y mujeres;

•seminarios de capacitación en temas concernientes a las causas y los efectos de la violencia y a las principales normas y criterios relativos a los derechos humanos.

Los casos puestos a consideración de alguno de estos Centros se manejan con cuidado. Se procura descubrir los motivos, se celebra una audiencia para escuchar a ambas partes y, siempre que sea posible, se trata de resolver el problema mediante el diálogo antes de recurrir a la justicia.

Los Centros de Asistencia Jurídica proporcionan servicios que

•son confidenciales,

•no son críticos,

•hacen hincapié en la integridad y en criterios firmes,

•procuran estimular la confianza y la autoestima de las víctimas.

En la actualidad funcionan tres Centros de Asistencia Jurídica en las provincias de Luanda, Benguela y Cabinda. El número de casos puestos a consideración de los Centros no es representativo de la verdadera situación existente, pues se considera que la violencia es una cuestión privada. Sólo las personas muy desesperadas recurren a estos Centros. La mayoría de las víctimas guarda silencio porque:

1)tienen vergüenza de presentar una demanda;

2)tienen miedo de ser malinterpretadas;

3)tienen miedo de seguir siendo maltratadas;

4)tienen miedo de perder la custodia de sus hijos;

5)no creen que los organismos gubernamentales puedan hacer efectivamente algo;

6)no saben cuáles son sus derechos y obligaciones a los ojos de la ley;

7)no saben cuáles son los instrumentos de protección de que disponen;

8)se sienten culpables.

Por estas razones los datos disponibles no reflejan la real magnitud de la situación.

La mayor parte de la violencia contra la mujer se produce dentro de cuatro paredes y, a menudo, es instigada y encubierta por la propia familia de la víctima.

Los casos más frecuentes entrañan:

1)palizas, agresiones físicas;

2)bajeza moral;

3)amenazas con armas de fuego y cuchillos;

4)mediación en discusiones sobre unidades de vivienda;

5)mediación en discusiones sobre los derechos de los padres;

6)mediación en discusiones sobre pensiones alimenticias y el mantenimiento de los hijos;

7)violencia sexual, acoso sexual;

8)asesinato o suicidio.

Ante todo, es preciso sacar la violencia contra la mujer del ámbito privado e incluirla en la esfera de la responsabilidad pública.

También hay que promulgar leyes que castiguen, prevengan y eliminen toda forma de violencia —física, sexual o síquica— y sancionen con rigor los actos violentos.

3.3.La mujer como madre y trabajadora

En Angola se observan contradicciones con respecto al papel que desempeña la mujer, pues parece que las leyes convencionales se aplican únicamente en las regiones urbanas, donde todavía se las comprende poco. En las zonas rurales, las relaciones de carácter familiar y laboral se rigen por normas jurídicas tradicionales que, en general, son discriminatorias contra la mujer.

Desde un punto de vista teórico, la Constitución garantiza el derecho a la igualdad en el lugar de trabajo.

El Código General de Trabajo protege a la mujer y en especial a la madre trabajadora, esté o no casada. Establece el derecho a la licencia de maternidad y concede un día de asueto por mes para cuidar al hijo. Reconoce asimismo el derecho a la formación profesional.

Aunque los derechos de la mujer trabajadora están garantizados desde un punto de vista teórico, en la práctica son transgredidos permanentemente y todavía no hay mecanismos que permitan controlarlos y defenderlos.

Los cambios socioeconómicos registrados entre los últimos años ochenta y los primeros años noventa generaron una elevada tasa de desempleo femenino, por las siguientes razones:

•algunas empresas estatales cerraron o fueron privatizadas;

•los procesos de selección de los trabajadores (se deja ir a mujeres por carecer de títulos profesionales apropiados);

•la reducción del número de empleos en la economía angoleña.

Para superar esta situación, la mujer se ha trasladado al sector no estructurado de la economía. Así ha aumentado el número de vendedoras en los mercados y de empleadas en el servicio doméstico, lo mismo que la cantidad de pequeños negocios familiares, como cafeterías, salones de belleza, guarderías infantiles y casas de huéspedes.

•Las mujeres de las zonas rurales producen la mitad de los alimentos.

•Habida cuenta de que el costo de vida y la tasa de inflación son altos, por lo general las mujeres tienen dos empleos: uno, el más importante, en regla y el otro accesorio, en que realizan pequeñas tareas después de haber terminado el primero, para complementar los ingresos de la familia. A todo ello hay que agregar los quehaceres domésticos, que no se tienen en cuenta. Esto quiere decir que la mujer trabaja a menudo entre 15 y 17 horas por día.

Capítulo IV

4.El lugar de la mujer en la vida política y pública

En cuanto a los derechos políticos y el derecho de asociarse, la ley no discrimina entre los ciudadanos. La discriminación por motivo de sexo no se menciona.

La Ley electoral (ley No. 5 de 16 de abril de 1992) estipula, en su artículo 10, que todo ciudadano angoleño que alcance la edad de 18 años puede votar y competir por un cargo electivo y, en su artículo 5, que el voto es personal, secreto e inalienable.

Con respecto al ejercicio del derecho de asociación, la ley estipula que la igualdad entre los socios es uno de los principios que rige el funcionamiento de las asociaciones (artículo 10 de la ley No. 14 de 11 de mayo de 1991).

La ley no discrimina en función del sexo con respecto a las escalas salariales, tanto de los trabajadores comunes como de los miembros del Gobierno. Tampoco establece una distinción entre quienes desempeñan un cargo público y quienes ocupan un puesto en el sector privado.

En la actualidad, el Poder Ejecutivo está compuesto por 87 miembros, de los cuales 75 son hombres. La Asamblea Nacional está formada por 220 diputados, de los cuales 190 son hombres. De los 66 miembros del Poder Judicial, 53 son hombres y sólo 13 mujeres.

4.1.La igualdad en función del derecho a votar

La más reciente revisión de la Constitución, la ley No. 23 de 1992, garantiza a todos los ciudadanos “los derechos políticos sin discriminación”.

La Ley electoral (ley No. 5 de 16 de abril de 1992) reconoce que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a votar o a ser electos para ocupar un cargo.

La firma del acuerdo de paz con Portugal en 1991 fue una de las ocasiones más importantes en la historia de este país, especialmente para las mujeres, porque habían sufrido de manera desproporcionada durante el conflicto armado.

Pero incluso en esa oportunidad no se escucharon voces de mujeres ni hubo mujeres trabajando en las comisiones de negociación y ejecución.

Durante la campaña previa a las primeras elecciones (septiembre de 1992), las mujeres pusieron de manifiesto su firme confianza en la paz, demostraron una vez sus aptitudes para movilizarse y desempeñaron un papel activo en la distribución de material informativo sobre la campaña, la educación cívica, el registro de votantes y los comicios. Trabajaron en los centros electorales y, el día de la votación, muchas de ellas, de manera anónima, aportaron su esfuerzo suministrando alimentos y agua que contribuyeron a garantizar el éxito de las elecciones.

Durante estas primeras elecciones, el porcentaje de mujeres votantes no fue satisfactorio, pues la mayoría de los partidos no se preocupó porque hubiera mujeres incluidas en sus listas de candidatos a ocupar escaños en la legislatura federal. Solamente un partido designó a una mujer como candidata a la presidencia de la República.

Aunque no se admita abiertamente, la discriminación por motivo de sexo se siente sin duda en la práctica.

4.2.El derecho a incorporarse en una asociación

La actual situación de Angola ha permitido que, en virtud de la ley No. 14 de 11 de mayo de 1991, se formaran nuevos partidos políticos, al igual que nuevas organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones sin fines políticos, cuyos objetivos las llevan a desplegar actividades sociales, ocupacionales, culturales, recreativas o de socorro mutuo.

Se han establecido asociaciones profesionales, culturales, recreativas y sociales (de enfermeros, juristas, periodistas, arquitectos, médicos, etc.).

Las mujeres desempeñan un importante papel en algunas de esas asociaciones y muchas ocupan puestos de responsabilidad. Incluso hay asociaciones dirigidas por mujeres.

4.3.La presencia de la mujer en el Congreso

El número de mujeres que integran la Asamblea Nacional disminuye a partir de 1992. A pesar de que la Constitución sanciona la igualdad, las cifras demuestran que el porcentaje de mujeres entre los diputados que ocupan escaños en el Congreso como representantes del Gobierno central ha descendido de 14,5% a 9,5%.

En 1996, 20% de los miembros del Poder Ejecutivo (el porcentaje más alto desde la independencia) eran mujeres. De los 11 partidos políticos con representación en el Congreso, sólo uno está dirigido por una mujer, que fue candidata a la presidencia de Angola y ocupa un escaño en el Congreso en su calidad de diputada; esto introduce un nuevo elemento en el escenario político y pone de manifiesto que es urgente conseguir que las mujeres participen más intensamente en la política.

4.4.El lugar de la mujer en la administración pública

Derechos políticos:

No se encuentran disposiciones discriminatorias contra la mujer en la legislación.

La mujer y el derecho a trabajar:

La legislación angoleña relativa al empleo y a la provisión de servicios de la administración pública ha experimentado un proceso integral de cambio de redacción y modernización. El Código General de Trabajo (ley No. 6 de 1981) y la legislación complementaria están a punto de ser reemplazados por el nuevo Código de Trabajo; la propuesta pertinente está ahora en las etapas finales de presentación ante la Asamblea General.

Las distintas leyes relativas a la administración pública —como por ejemplo la ley No. 17 de 1990, que define los principios generales, el decreto No. 22 de 1991 sobre la contratación y la selección de los candidatos y el decreto No. 24 de 1991, relativo al escalafón profesional y a las normas de ingreso— no hacen mención del sexo de los agentes administrativos y los empleados públicos.

En ninguna de las medidas jurídicas mencionadas supra hay discriminación contra la mujer. En relación con el derecho a trabajar, la igualdad está expresamente reconocida en el artículo 46 de la Constitución, que estipula que “todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de trabajar”.

Los índices de participación en la esfera de la adopción de decisiones, tanto políticas como económicas, son muy bajos. No sólo la falta de mujeres en los procesos de adopción de decisiones con respecto a la paz, el desarme y la reconciliación nacional es una realidad; los indicadores muestran, además, una tendencia a la baja.

4.5.El lugar de la mujer en las estructuras tradicionales de la autoridad

La mujer bantú ocupa un puesto especial y honorable en la sociedad por su capacidad de reproducción. La mujer que es madre, agricultora y donante de la línea de sangre goza de cierta categoría social.

Habida cuenta de que, ante todo, es madre, ocupa el primer lugar en la familia. Su papel como esposa encierra una trascendencia que en cierto modo se orienta en mayor medida hacia lo exótico y lo sexual. Empero, hay que recordar que una cosa es la manera en que se trata a una mujer y otra muy distinta su condición jurídica. Por otra parte, sus oportunidades de desarrollar actividades públicas son otra cuestión, mientras que la índole y la envergadura de sus trabajos pertenecen a una categoría diferente.

Muchas mujeres ocupan importantes cargos públicos y la historia de África las recuerda como heroínas. En la tradición negra hay vestigios de un cierto grado de preponderancia femenina, aunque no necesariamente se pueda hablar de ginecocracia.

En Angola, como en otros países bantúes, hay mujeres entre sus jefes tradicionales, lo que pone de manifiesto que se reconocen el papel que desempeñan en la sociedad y su contribución a la lucha por la emancipación y la integridad territorial y contra el colonialismo. Entre las figuras más destacadas cabe mencionar a las sobas Maholo y Muangala y a las reinas Nekoto, Hanyanka, Ginga y Nhakatolo.

4.6.El lugar de la mujer en el sector privado

La legislación que regula la economía y especialmente las leyes que determinan las reglas de las actividades comerciales están dirigidas a los agentes económicos y las diferencias que establecen no se relacionan con su sexo sino con su tamaño y nacionalidad. La cuestión del acceso a esas actividades se reduce, pues, a determinar cuáles son las posibilidades de incorporarse en una actividad determinada y las condiciones en que se puede hacer, según sea la empresa estatal o privada, extranjera o nacional, grande o mediana.

Por lo tanto, en las leyes económicas en vigencia, que podemos considerar que constituyen el núcleo regulatorio de la economía angoleña, no se encuentra ningún tipo de discriminación contra la mujer.

Las mujeres de negocios se encuentran fundamentalmente en empresas de propiedad de la familia o desarrollando actividades por cuenta propia. Es pertinente empezar por decir que la Constitución, en el párrafo 3 de su artículo 11, estipula que: “El Estado fomentará el desarrollo de las empresas privadas, mixtas, cooperativas y familiares y generará las condiciones para que puedan funcionar. En especial brindará apoyo a las actividades económicas que se realicen a pequeña y mediana escala, de conformidad con la ley”.

Las cifras relativas a la distribución de la población económicamente activa, desglosadas por sector empresarial, también indican que son mujeres la mayoría (76,8%) de las personas que trabajan en el comercio minorista y mayorista, en los restaurantes y en los hoteles.

Las estadísticas correspondientes al grupo de “empleadores” indican que las mujeres ocupan puestos de “patronas” sobre todo en el comercio minorista (1.238), los servicios comunitarios sociales y personales (228) y la agricultura y la pesca (135). Con respecto a la condicional laboral de las mujeres en Luanda, las personas que trabajaban por cuenta propia representaban 10,6% de la población empleada en 1993 y este grupo estaba compuesto principalmente por mujeres (79%). Las actividades desempeñadas por cuenta propia o de alguna manera distinta del empleo remunerado en una institución pública o privada del sector estructurado de la economía suelen concentrarse en el comercio minorista y mayorista (73,3%) y llegan tan sólo a 24% en la esfera de la agricultura y la pesca. Los pocos estudios realizados sobre la actividad profesional de la mujer giran en torno al sector no estructurado de la economía, donde el comercio minorista constituye en Angola una actividad profesional predominantemente femenina.

Capítulo V

5.Representación internacional

5.1.Representación en el sistema de las Naciones Unidas y en las misiones en el exterior

Se supone que en este capítulo se ha de examinar la situación de los angoleños en general y de las mujeres angoleñas en particular que trabajan en instituciones que no son angoleñas, especialmente en organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre muchas otras.

Según la información proporcionada por el jefe de recursos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay muy pocos angoleños que trabajan en esos organismos. Por esta razón, las Naciones Unidas han enviado a Angola un equipo para tomar exámenes con el objeto de contratar personal para trabajar en organismos internacionales.

Es muy difícil reunir información basada en cifras sobre la fuerza laboral ocupada en esta esfera porque no hay en el Ministerio de Relaciones Exteriores una oficina que compile los datos estadísticos pertinentes.

No hay datos sobre la representación de la mujer angoleña en misiones en el exterior y, por lo tanto, no podemos informar al respecto. Se han mencionado algunos casos aislados, que carecen de calidad desde el punto de vista estadístico.

Se recomienda redoblar esfuerzos por agrupar por sexo los datos estadísticos sobre el empleo en misiones en el exterior para que en el próximo informe se puedan alcanzar las metas esperadas en esta esfera.

5.2.Representación en misiones diplomáticas

En cuanto a la representación de la mujer en las misiones diplomáticas, las cifras obtenidas del departamento de recursos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores indican que hay 298 personas que trabajan en misiones diplomáticas en este país. De este total, 94 (32%) son mujeres y 204 (68%), hombres.

En el exterior, las mujeres están representadas así: una embajadora (en Suecia) y cuatro ministras consejeras (en Nueva York, París, Madrid y Harare). Angola cuenta con cuatro embajadoras de carrera.

La mayoría de las mujeres del servicio diplomático ocupan puestos subalternos, aunque el proceso de selección para contratar personal es competitivo, pues consiste en un examen de las credenciales que complementan pruebas finales de evaluación.

5.3.Representación en delegaciones internacionales

El Ministerio de Relaciones Exteriores no dispone de cifras sobre el número de angoleños que actualmente forman parte de delegaciones internacionales. Se recomienda efectuar una compilación única de todos los datos estadísticos que existan en esta esfera, desglosándolos por género, para que en futuros informes se pueda ofrecer un panorama preciso de la situación.

Capítulo VI

6.Educación

6.1.Aspectos generales y disposiciones constitucionales

Cuando logró su independencia en 1975, Angola heredó un sistema de enseñanza escolar fuertemente concentrado en las ciudades (sobre todo en Luanda, Lubango, Benguela y Huambo). En gran medida, lo aprovecharon fundamentalmente los que podían pagar la matrícula.

Pocos niños angoleños tuvieron acceso a la educación media o superior. Habida cuenta del alcance limitado del sistema de enseñanza, no es extraño que la abrumadora mayoría de los angoleños adultos (alrededor de 85% en los primeros años del decenio de 1970) fuera analfabeta.

Uno de los principales objetivos del nuevo gobierno que empuñó las riendas del poder tras la independencia fue ampliar el acceso a la educación. En 1977 se adoptó una nueva política educativa basada en el principio de la igualdad de oportunidades. Fueron abolidos los derechos de matrícula escolar y se hizo obligatoria la asistencia a la escuela durante los primeros cuatro años del ciclo primario. El número de alumnos matriculados se triplicó y, en 1979, llegó a más de 1.900.000. Al mismo tiempo, el Gobierno emprendió la “lucha por la alfabetización”, que benefició a más de un millón de adultos. De hecho, en 1978 Angola ganó un premio por los esfuerzos que desplegó por combatir el analfabetismo.

Esos esfuerzos no se consolidaron en una etapa más avanzada y entonces la mayoría volvió a sumirse en el analfabetismo. Muy pocas mujeres alcanzaron un alto grado de instrucción.

En la actualidad, es cada vez mayor el número de niños angoleños que no pueden ejercer su derecho a instruirse como consecuencia tanto de la falta de políticas de apoyo a la educación en general y a la capacitación de maestros en particular como de las reducidas escalas salariales, una muy baja financiación de la educación, la escasez de establecimientos de enseñanza y el deficiente mantenimiento de los existentes.

Por añadidura, a partir de los primeros años del decenio de 1980, con la extensión de la guerra civil por todo el país, se hizo imposible mantener el empeño en mejorar el acceso a la educación y aumentar la equidad de la enseñanza. Se cerraron centenares de escuelas en las zonas rurales y el presupuesto del Gobierno central fue sometido a una enorme presión financiera como consecuencia del alto nivel de los gastos militares.

La prioridad que debe darse en la práctica a la educación tiene un valor económico, porque un país no se puede modernizar sin que al menos una gran parte de su población tenga un mínimo grado de educación y conocimientos. La educación es también una prioridad política, porque toda democracia verdadera requiere que un gran contingente de personas haya sido educado de manera más inteligente que hasta ahora. Los profundos cambios políticos registrados en 1990 en el continente africano y en Angola refuerzan esta tesis: la primera obligación de un poder democrático preocupado por el futuro de todos los ciudadanos es universalizar y mejorar la educación que, como “el pan nuestro de cada día”, es “de primera necesidad para el pueblo”.

El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional debe aumentar su capacidad de acción en esta esfera. Según el Ministerio de Hacienda, la tendencia del gasto en educación como porcentaje del presupuesto del Gobierno central, ha sido la siguiente en el curso de los últimos cinco años: 1992: 9,5%, 1993: 6,8%, 1994: 4,8%, 1995: 8,3% y 1996: 5,7%. Considerado como porcentaje del producto interno bruto (PIB), el gasto en educación en el mismo período fue: 1992: 3,7%, 1993: 3,7%, 1994: 1,7%, 1995: 2,35% y 1996, 2,4%.

En comparación con algunos países africanos al sur del Sáhara, la porción del gasto del Estado asignado a la educación es el siguiente (cifras de 1995): Madagascar, 17,2%; Kenya, 18,8%; Ghana, 22%; Lesotho, 21,9%; Angola, 6,8%; Camerún, 18%; Namibia, 22,6%; Botswana, 20,4% y Mauricio, 15%. [Fuentes: Ministerio de Hacienda para Angola (1994) y Banco Mundial para los demás países (1995)].

La Constitución garantiza el acceso a la educación a todo ciudadano angoleño, sin distinciones. Empero, un estudio del Ministerio de Educación permitió comprobar que las muchachas siguen prefiriendo estudiar temas que se relacionen con la química industrial, la economía, el derecho, la salud o la educación y no con la electrónica o la mecánica, por ejemplo. El estudio también puso de manifiesto que, en el primer curso, se matriculan más mujeres que varones.

La sociedad angoleña avanza en la dirección de la no segregación en el ámbito de la proporción de hombres y mujeres, a pesar de que persisten ciertos vestigios de prejuicios, que son el fruto de tradiciones primitivas que no se pueden trasladar al mundo moderno.

En cuanto a la presencia femenina en la educación superior, los datos del Instituto Nacional de Becas de Estudios (INABE) indican que en la actualidad hay unos 4.000 angoleños becados que estudian en el exterior: 75% son hombres y 25%, mujeres. Se pone así de relieve una gran diferencia: tan sólo la cuarta parte de los becarios son mujeres.

En la Universidad Agostinho Neto, el único instituto de estudios superiores que hoy funciona en Angola, los estudiantes matriculados comprenden 53% de mujeres y 47% de varones. Concurren a la facultad 650 personas y el personal universitario técnico y administrativo asciende a otras 600, pero no se dispone de datos sobre la distribución por sexo de ninguno de los dos grupos.

Se recomienda que el INABE y la Universidad Agostinho Neto realicen un estudio conjunto para determinar el número y la distribución por sexo y categoría profesional tanto de todo el estudiantado como del alumnado propio, a fin de disponer de esa información para futuros informes.

Utilizando la Constitución como base, es posible extraer de las leyes en vigencia una lista de disposiciones relativas a la mujer que demuestran que la orientación de las normas jurídicas favorece al sexo femenino. El principio de igualdad, siempre reconocido desde la primera Constitución, se ha mantenido, junto con el principio de no discriminación, cuando se llevaron a cabo las diversas revisiones de la Carta fundamental. Al determinar los criterios que se deben utilizar para castigar las violaciones del mencionado principio, la Constitución estipula que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos y están sujetos a las mismas obligaciones, sin distinción de color, raza, grupo étnico, sexo, lugar de nacimiento, religión, ideología, grado de instrucción o condición económica o social”.

Ningún ciudadano será objeto de discriminación en relación con su educación, empleo o colocación, carrera profesional o las prestaciones sociales a que tuviere derecho por ocupar un cargo político o ejercer sus derechos políticos.

Con arreglo a la Constitución de Angola, se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a trabajar y la oportunidad de elegir libremente y ejercer su profesión.

El gran problema reside en los aspectos prácticos, habida cuenta de la debilidad del poder judicial en nuestro país. Queremos decir con esto que los mecanismos de ejecución y control de lo que dispone la ley todavía no se han hecho realidad.

Con respecto a la vida política, estamos lejos de haber llegado a un equilibrio entre la población masculina y la femenina.

6.2.Enseñanza primaria

Aunque los datos disponibles sobre la extensión del analfabetismo son limitados, la magnitud del problema se puede inferir del nivel medio de los estudios a que tienen acceso los angoleños. La Encuesta Agrupada de Indicadores Múltiples (MICS) pone de manifiesto que 32,4% de los adultos de más de 19 años jamás ha asistido a la escuela.

Según esa misma encuesta, han asistido a la escuela 43,5% de las mujeres y 17,9% de los hombres. Nunca han ido a la escuela 18,7% de los adultos que residen en ciudades y 41,1% de los adultos que viven en zonas rurales.

Con respecto a los adultos, además del 32,4% que jamás ha asistido a la escuela, hay otro 39,7% que no ha pasado del cuarto grado. En síntesis, casi las tres cuartas partes de los adultos congoleños sencillamente nunca han asistido a la escuela o no han permanecido en ella el tiempo suficiente para alcanzar el grado de instrucción que habitualmente garantiza que siempre seguirán sabiendo leer y escribir. Cuatro años de instrucción primaria no son bastantes para que los conocimientos queden firmemente grabados en la mente de los alumnos, en especial en las condiciones muy poco propicias para aprender que prevalecieron en las escuelas angoleñas en los últimos años.

Antes de emprender el análisis de los problemas relacionados con el acceso a la escuela primaria, quizás sea útil describir la estructura oficial del sistema de enseñanza escolar implantado con ocasión de las reformas de 1977.

Esta estructura comprende los siguientes niveles:

•un año inicial de preparación;

•ocho grados de enseñanza primaria, subdivididos en el nivel I (grados 1 a 4), el nivel II (grados 5 y 6) y el nivel III (grados 7 y 8);

•cuatro años de enseñanza media (grados 9 a 12), que abarcan la enseñanza técnica y la formación de los maestros;

•tres años de enseñanza preuniversitaria, como alternativa de la “enseñanza media”;

•enseñanza superior (universitaria).

El Gobierno considera la posibilidad de introducir cambios en la estructura educativa; podría empezar por reducir la enseñanza primaria a seis años, a los que seguirían tres años de enseñanza secundaria intermedia y tres o cuatro años de enseñanza secundaria superior. En la actualidad, las escuelas funcionan con arreglo al sistema implantado en 1977.

En general, tan sólo 49,9% de los niños y niñas de cinco a 18 años de edad asistían a la escuela en 1996 (Instituto Nacional de Estadística (INE), del Ministerio de Comunicación Social/MICS, 1997).

Después del año preparatorio, la matriculación escolar en Angola adopta la forma de una pirámide. Aunque hay un gran número de niños que jamás asistieron al primer grado, la base de esta pirámide es ancha en comparación con su cúspide, como consecuencia del elevado nivel de deserción escolar en todas las etapas del sistema. Por consiguiente, el número de alumnos que van a la escuela disminuye de manera pronunciada de un grado a otro. Por ahora no se dispone de datos sobre la deserción escolar femenina ni de información sobre las razones del abandono de los estudios.

Según las cifras proporcionadas por el Ministerio de Educación (MED) sobre el número de estudiantes matriculados en el año lectivo 1994-1995, los alumnos de escuelas primarias estaban inscritos así: 83,4% en el nivel I, 11,3% en el nivel II y 5,3% en el nivel III (datos del MED de 1996). Los datos suministrados por la Encuesta MICS revelan una concentración todavía mayor en el nivel I (87,2%) y, consiguientemente, la reducción del nivel II (8,8%) y del nivel III (4,2%). [Las cifras de la Encuesta MICS comprenden también las zonas rurales controladas por la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA)].

6.2.1.Disparidades entre los sexos y las regiones

Tanto los datos oficiales como los compilados por la Encuesta MICS confirman que hay una disparidad persistente entre los sexos en relación con el acceso a la educación. Aunque las niñas están en desventaja relativa, esta tendencia es ahora no sólo mucho menos pronunciada que en el pasado: también es ya menos marcada que en la mayoría de los países africanos al sur del Sáhara. La desigualdad entre los sexos existente en el pasado desde el punto de vista de las oportunidades de educación es ahora muy evidente: entre las personas de más de 19 años que jamás han asistido a la escuela, hay muchas más mujeres (55,9%) que hombres; además, sólo 17,6% de las mujeres, en comparación con 38,3% de los hombres, han pasado del cuarto grado.

Sin embargo, el equilibrio entre varones y chicas ha aumentado de manera significativa. Estimaciones efectuadas sobre la base de datos parciales acerca de la matriculación en el año lectivo 1990-1991 indican que, entre los alumnos inscritos en los tres niveles, las niñas representaban 40% en el nivel I, 44% en el nivel II y 40% en el nivel III (UNESCO/UNICEF/MED, 1993). En 1994-1995, estos porcentajes habían aumentado a 48%, 49,6% y 48,5% respectivamente, según los datos, desglosados por sexo, de los alumnos que habían terminado el año escolar en nueve de las provincias del país (MED, 1996). [Las nueve (sic) provincias son: Bengo, Huíla, Cuando-Cubango, Cuanza Norte, Luanda, Luanda Sur, Malange y Moxico]. La proporción de niñas puede haberse sobrestimado ligeramente de resultas de la inclusión de Luanda entre esas nueve provincias. Luanda no sólo representa una enorme parte (62%) de los alumnos matriculados en escuelas primarias de las nueve provincias; es también la única provincia en que el número de niñas (50,1% del total de inscritos) es mayor que el de los varones.

Con todo, la Encuesta MICS confirma la evidencia de un aumento significativo del equilibrio entre los sexos en relación con los estudiantes que ingresan en las escuelas. Si tomamos en conjunto los tres niveles de la enseñanza primaria, el número total de las niñas matriculadas es en realidad un poco mayor según los datos de la Encuesta MICS (49,1%) que según las cifras proporcionadas por el Ministerio de Educación (48,2%). Por otra parte, para la Encuesta MICS el coeficiente de deserción escolar de las niñas y los niños en conjunto es ligeramente más alto que el resultante de los datos del Ministerio de Educación; esto quiere decir que el número de niñas matriculadas desciende de 49,3% en el nivel I a 47,3% en el nivel II y a 46,5% en el nivel III.

El porcentaje por sexo calculado sobre la base de la Encuesta MICS se compara favorablemente con el porcentaje medio de los países africanos al sur del Sáhara; regionalmente, las niñas representan 45,6% de los alumnos matriculados en los primeros seis grados de la enseñanza primaria. Para interpretar estas cifras, es importante tener en cuenta que las niñas superan ligeramente en número a los varones en el conjunto de la población, pues la tasa de mortalidad de los varones es más alta.

Esto quiere decir que, de hecho, la discrepancia entre los sexos es mayor que la que los números pueden inducirnos a creer. Se puede lograr una mejor evaluación si se considera el porcentaje de muchachos y chicas que asisten a la escuela. Según las cifras de la Encuesta MICS, entre los alumnos de cinco a 18 años de edad que asistían a la escuela en 1996, las chicas representaban 46,8% y los muchachos, 53,3%.

De manera similar, el porcentaje de alumnos matriculados en los primeros seis años de enseñanza primaria es menor para las chicas que para los muchachos (80,1% en comparación con 95,9% si se considera la matriculación bruta y 48,1% en comparación con 51,9% si se considera la matriculación neta).

De todos modos, aunque estos porcentajes de matriculación son mucho más bajos que el promedio correspondiente a los países africanos al sur del Sáhara, la disparidad entre los sexos es significativamente menor (Angola, 1996: chicas, 49,1% y muchachos, 50,9%; África al sur del Sáhara, 1995: chicas, 45,6% y muchachos, 54,4%).

La disparidad entre los sexos es más pronunciada en algunas de las provincias del interior de Angola, particularmente en comparación con Luanda. Solamente en dos de las nueve provincias en las cuales el Ministerio de Educación dispone de datos (de 1994-1995) relativos a la matriculación y desglosados por sexo, las chicas representaban menos de 40% del total de alumnos inscritos en las escuelas primarias: en Cuando-Cubango (39,5%) y en Cuanza Norte (37,6%).

6.3.Programas de alfabetización

La situación actual es alarmante. El analfabetismo entre los adultos va en aumento otra vez y está muy por encima de las tasas que prevalecen en la mayoría de los otros países africanos. Es especialmente alto entre las mujeres. Las estimaciones de las tasas de analfabetismo entre las personas de más de 15 años de edad, en Angola y los países africanos al sur del Sáhara, son las siguientes:

•Angola, 1990: hombres (53%) y mujeres (32%);

•Angola, 1995: hombres (50%) y mujeres (30%);

•África al sur del Sáhara, 1990: hombres (62%) y mujeres (41%);

•África al sur del Sáhara, 1995: hombres (67%) y mujeres (47%).

Fuente: PNUD/UNESCO/Banco Mundial, 1996.

Menos de la mitad de los niños y niñas de cinco a 18 años de edad asisten a la escuela y, aunque en materia de matriculación sólo hay una ligera disparidad entre aquéllos y éstas, los niños y las niñas de las provincias del interior disponen de menos oportunidades de asistir a la escuela que los que viven en las provincias más desarrolladas de la zona costera. Desde el punto de vista del acceso a la enseñanza, se observan escandalosas disparidades entre las ciudades y las zonas rurales, pues estas últimas han quedado más duramente afectadas por la guerra.

En general, se inscribieron alrededor de 1.290.000 adultos en las campañas de alfabetización emprendidas entre 1976 y 1992. Sin embargo, el número de adultos participantes por año disminuyó de manera muy acentuada, desde un máximo de más de 190.000 en 1980 a menos de 30.000 anuales a principios del decenio de 1990 (UNESCO/UNICEF/MED, 1993).

Poco después, a fines de 1992, el programa de alfabetización se interrumpió casi por completo, en parte como consecuencia de la reanudación de la guerra, que impidió el acceso a las zonas rurales. Otros factores que contribuyeron al colapso del programa fueron la disminución de los fondos asignados, la escasez de personal capacitado y la demora en adoptar y poner en marcha una nueva estrategia de alfabetización que trajera aparejado un enfoque más funcional desde el punto de vista de la metodología y los contenidos (es decir, la despolitización del programa para adaptarlo al sistema multipartidista implantado en Angola en 1991).

Muchos de los adultos inscritos en las campañas de alfabetización, especialmente en las zonas rurales, se vieron perjudicados por el hecho de que los cursos se dictaran casi siempre en portugués. Aunque a fines del decenio de 1980 se empezaron a utilizar en esas campañas, a título experimental, algunos idiomas nacionales, el experimento terminó prematuramente por falta de voluntad política. A los efectos prácticos, no sólo se suspendió el programa de alfabetización en 1993; a partir de entonces ni siquiera se llevó a cabo un seguimiento para consolidar las experiencias de los adultos beneficiados por las campañas de años anteriores.

El Ministerio de Educación estima que alrededor de 70% de los adultos recién alfabetizados han vuelto a caer en el analfabetismo (MED, 1997). Mientras tanto, gran número de niños que han alcanzado la adultez siguen siendo analfabetos o semianalfabetos como consecuencia de las circunstancias imperantes en el hogar y de las fallas del sistema de instrucción primaria. Muchos niños y niñas dejan la escuela antes de haber aprendido bien a leer y escribir por las deficientes condiciones de la enseñanza y las altas tasas de deserción escolar entre un grado y el siguiente o, sencillamente, no llegan siquiera a matricularse.

La elevada tasa de analfabetismo es uno de los desafíos más serios que enfrenta Angola. La base para adquirir más conocimientos es saber leer y escribir y tener cierta educación básica. Las personas con este mínimo grado de instrucción disponen de más oportunidades para capacitarse, encontrar empleo y obtener una mejor remuneración. En el plano nacional, la mano de obra analfabeta y, por consiguiente, no calificada, impide o frena en gran medida el proceso de desarrollo económico.

El hecho de que en Angola una gran parte de la población femenina adulta sea analfabeta genera consecuencias particularmente graves para el bienestar de las mujeres y sus hijos. Según un viejo dicho: “cuando se educa a un hombre, se educa a un individuo; cuando se educa a una mujer, se educa a una nación”.

El analfabetismo es una barrera muy importante que no sólo impide que aumenten las ganancias derivadas de la agricultura y del comercio en el sector no estructurado de la economía, las dos actividades que dan trabajo a la mayoría de las mujeres, sino que también disminuye los fondos disponibles para sus hijos. El analfabetismo femenino restringe seriamente la calidad de la educación de los niños en el seno de la familia, de la misma manera que limita el acceso a conocimientos vitales sobre la salud genésica, la nutrición, el agua no contaminada, el saneamiento y el medio ambiente y deriva en prácticas nocivas que a su vez constituyen causas importantes de muerte y entrañan altas tasas de mortalidad maternoinfantil y de niños menores de un año.

Con respecto a la alfabetización funcional, merece ser examinado en detalle un programa de alfabetización desarrollado en lengua vernácula en Malí, en 1970, con el que se lograron resultados sobresalientes, como pudieron comprobar R. y B. Dumont.

El programa fue denominado “funcional” porque para enseñar a leer a los estudiantes se empleaban textos relacionados con el trabajo que desempeñaban o estaban por desempeñar. En 12 semanas un adulto joven podía aprender a leer, escribir y contar. En ese mismo lapso los mejores estudiantes lograban convertirse en instructores de analfabetos, lo que contrastaba con los largos y arduos años que se requerían para capacitar a un maestro de escuela primaria, que por otra parte no siempre quería ponerse a enseñar en la selva, “lejos de todo”. En cambio, la persona recién alfabetizada que volvía a su pueblo para enseñar en los casos en que el pueblo había pagado su curso de alfabetización, se conformaba con aceptar una retribución muy módica. “Hemos visto a algunos”, decían los Dumont (1991, pág. 162), “que se contentaban pidiendo a sus alumnos que labraran sus campos por ellos”.

Como consecuencia de los defectos del sistema escolar y los programas de alfabetización, la mayor parte de la población rural angoleña ha sido privada de lo que cabe considerar como el primero de los derechos de los seres humanos en general y de las mujeres en particular: el derecho a la dignidad, que a toda persona puede conferir un mínimo de instrucción. Esta situación contribuye en gran medida tanto a orientar el rumbo de los procesos económicos del país como también a explicar sus fracasos políticos. La democracia tendrá dificultades para establecerse y mantenerse en un país en que la mayoría de la población es analfabeta.

6.4.Coeficientes de deserción escolar y de embarazo precoz entre las muchachas

Hasta ahora no se han realizado estudios científicos a escala nacional para determinar los coeficientes de deserción escolar por sexo en todos los niveles de la enseñanza. Sin embargo, el INE, en colaboración con la representación del UNICEF en Angola, ha efectuado en las provincias de Huíla, Moxico y Cabinda, durante el año lectivo 1993-1994, algunos estudios sobre la enseñanza primaria, en sus niveles I, II y III, y la enseñanza media.

Los coeficientes de deserción escolar no exhiben muchas diferencias entre los estudiantes varones y mujeres. En la provincia de Huíla, los coeficientes de deserción escolar son los siguientes: nivel I: varones, 19,6% y mujeres, 19,1%; nivel II: varones, 26,5% y mujeres, 27,5%; nivel III: varones, 17,2% y mujeres, 13,8%; enseñanza media: varones, 12,8% y mujeres, 9,5%. Nótese que los coeficientes de deserción escolar no se reducen a medida que evolucionan los objetivos académicos dentro del sistema.

En la provincia de Moxico, los coeficientes de deserción escolar correspondientes a 1994 fueron los que siguen: nivel I, 24,6% para los varones y 12,6% para las mujeres; nivel II: 41% para los varones y 40,3% para las mujeres; nivel III, 43,4% para los varones y 28,7% para las mujeres.

En Cabinda, los coeficientes de deserción escolar fueron los siguientes: nivel I, 13,3% para los varones en comparación con 13,7% para las mujeres; nivel II: 10,1% para los varones en comparación con 11,7% para las mujeres; nivel III: 26,2% para los varones en comparación con 16,1% para las mujeres; enseñanza media, 10,6% para los varones en comparación con 13,9% para las mujeres.

En la provincia de Luanda, un estudio indicó que, como consecuencia del embarazo precoz y del matrimonio prematuro, 8,1% de la población femenina que asistía a la escuela había abandonado sus estudios antes de terminarlos. Los porcentajes equivalentes en Malange y Huíla fueron 1,8% y 4,2% respectivamente.

Se ha comprobado que, en general, a medida que evolucionan los objetivos académicos en el sistema educativo y didáctico, disminuye el número de muchachas que asisten a los cursos correspondientes. Las razones de esto son habitualmente culturales, económicas y sociales. Quizás las muchachas se casen a edad muy temprana o los padres otorguen prioridad a los hijos varones en lo relativo a la instrucción; por otra parte, algunos padres consideran que no vale la pena gastar dinero en la educación de una niña, porque otra familia cosechará los beneficios de esa inversión.

6.5.El lugar de la mujer en la educación nacional

Por diversas razones, no ha sido posible compilar datos comparativos sobre el número de mujeres y de hombres empleados en el ámbito de la educación. Aunque el Departamento de Planificación del Ministerio de Educación no ha podido suministrar los datos requeridos, ahora se está realizando un estudio en que se tienen en cuenta las cuestiones de género.

Por consiguiente, se recomienda que se reúnan y compilen datos, por sexo y por categoría, tanto sobre la docencia como sobre otras profesiones, a fin de utilizarlos en futuros informes.

6.6.Proporción de varones y mujeres en las organizaciones estudiantiles

Fue imposible obtener datos al respecto porque no hay estadísticas sobre el tema a escala nacional. Recomendamos que se compilen datos de alcance nacional sobre las aptitudes relativas [sic] de ambos sexos para poder utilizarlos en informes venideros.

Capítulo VII

7.Empleo

Angola atraviesa ahora una etapa de transición entre un Estado de partido único y otro democrático donde impera la ley. El acceso al empleo es uno de los derechos básicos que el país debe ofrecer a todos los segmentos de la población. Aunque en las leyes y demás disposiciones jurídicas angoleñas no se establecen diferencias entre hombres y mujeres con respecto al empleo, se advierte en el país una tendencia generalizada a la disparidad en la esfera de las oportunidades de empleo. Si bien las mujeres empiezan a tener el mismo grado de responsabilidad que los hombres, la gran mayoría de ellas se ve empujada hacia los empleos precarios, especialmente en el sector no estructurado de la economía.

Una de las razones principales de la poca categoría de los trabajos desempeñados por las mujeres es su escaso grado o la absoluta falta de instrucción. El mercado del sector no estructurado de la economía es un cajón de sastre donde confluyen las mujeres analfabetas o poco instruidas. El mercado del trabajo angoleño se caracteriza por la existencia de un fuerte sector no estructurado donde predominan las mujeres. Casi 58% de la población de Angola (formada en un 53% por mujeres) vive en zonas rurales; por consiguiente, el país es esencialmente rural y, hasta la independencia, dependía de la economía del campo para su sustento. Los cambios políticos y la guerra hicieron que el pueblo congoleño cambiara de hábitos. Ahora, además del petróleo y los diamantes, que son las dos grandes fuentes de riqueza del momento, el comercio en el sector no estructurado de la economía permite ganarse la vida al pueblo angoleño.

El empleo en el sector no estructurado de la economía representa aproximadamente 10% de las principales fuentes de trabajo de los jefes de familia, de los cuales 40% son mujeres.

Se ha desatendido al 58% de la población que vive en zonas rurales y, especialmente, al 53% que constituyen las mujeres. Son los huérfanos del desarrollo. La agricultura, que alguna vez fue la principal fuente de ingresos y de empleo, ha sufrido la fuga de capitales y la extensión de las tierras cultivables se ha reducido por la presencia de minas y otros artefactos explosivos. Por otra parte, se han aplicado pocas políticas de apoyo a los agricultores y la red de carreteras y otras comunicaciones ha quedado destruida.

En la actualidad, la escasez de empleos y fuentes de ingresos de carácter urbano, particularmente para la mujer se erige como una mecha que puede encender el descontento social y aumentar las diferencias sociales entre hombres y mujeres. El bajo poder adquisitivo de los salarios afecta en cierta medida a la vivienda; el acceso al empleo es un factor fundamental de los ingresos familiares.

Para escapar de esta situación, la mujer angoleña tiene que acrecentar su competencia en el ámbito social, económico y cultural y, sobre todo, elevar su grado de instrucción. Como ocurre en muchos países, las relaciones entre los sexos se caracterizan en Angola por la desigualdad entre la mujer y el hombre. Estas relaciones tienen que ver con las oportunidades y diferencias en materia de educación, costumbres y aspectos legales. Para superar estos factores las mujeres deben comprender que les corresponde desempeñar cierto papel en la sociedad y que están en condiciones de desarrollar su capacidad potencial valiéndose por sí mismas, asumiendo el control de sus propias vidas y empezando a ejercer efectivamente su derecho a tener empleos más importantes y mejor remunerados.

7.1.Población femenina económicamente activa

El examen del tema de la población femenina económicamente activa nos obliga a referirnos al problema de la población económicamente activa (PEA) en su conjunto. Si consideramos que la PEA está constituida por las personas de 15 a 60 años de edad (según la definición habitual para el sector estructurado de la economía), entonces representa alrededor de 47% de la población angoleña total. Sin embargo, tanto los resultados de las distintas encuestas realizadas en Angola como lo que sabemos por experiencia práctica y observación sobre el terreno, nos indica que, de hecho, los niños de diez años de edad ya son personas económicamente activas, de manera que la PEA corresponde al 61% de la población total.

En lo que se refiere a las niñas y las mujeres y si tomáramos en cuenta el último grupo de edad (10 a 60 años), la población femenina económicamente activa representaría en Angola un 63% de la población femenina total y alrededor de 55% de toda la población angoleña. Recuérdese que la PEA es la población en edad de trabajar, es decir, la población activa que comprende a quienes trabajan efectivamente, buscan trabajo o lo han buscado durante los siete días anteriores a la realización de la encuesta.

Como consecuencia de la falta de indicadores sobre el porcentaje de la población activa en los últimos años, nos referiremos a las cifras resultantes de la encuesta de hogares realizada por el INE en 1995. Esa encuesta comprobó que el índice global de participación era de 38% en cinco de las principales ciudades angoleñas (Luanda, Cabinda, Benguela, Moxico y Huíla) y de 35% en Luanda. El índice global de participación femenina en esas ciudades era de 45%, diez puntos porcentuales por debajo del índice (55%) correspondiente a los hombres.

7.2.El empleo en las zonas urbanas, por edad, y organizaciones en las zonas rurales

El empleo en las zonas urbanas se caracteriza por la aparición de iniciativas convencionales y no convencionales. En ambos sexos se observa la tendencia a complementar un empleo convencional que, en este caso, es un empleo público. En cuanto a la edad, la participación está más diferenciada. Las personas más jóvenes de ambos sexos se dedican fundamentalmente al comercio no convencional, es decir, venden un poco de todo. Las mujeres jóvenes suelen vender comida (fruta, productos alimenticios) y prefieren los lugares de reunión sin protocolo o las zonas próximas a sus residencias.

En cuanto al grupo de más edad, los adultos jóvenes y maduros, las microempresas se han convertido en la estrategia empleada más a menudo para mitigar la pobreza, que es casi universal entre los habitantes de la ciudad; la tendencia apuntada es más pronunciada entre las mujeres y las niñas por su bajo grado de instrucción.

En una encuesta llevada a cabo por el INE en la provincia de Cuanza Sur (una zona rural, donde las mujeres forman la mitad de la población), se comprobó que casi 70% de quienes residen en ella trabajan en la agricultura, mientras que alrededor de 11% se dedican a la pesca. Aunque no queremos extrapolar los resultados obtenidos en Cuanza Sur a la totalidad del país, advertimos que la población femenina rural, como consecuencia de las dificultades de distinta índole experimentadas en el sector agrícola, prosigue desarrollando esas actividades como forma de mejorar su alimentación: en otras palabras, opta por las actividades de subsistencia.

Tanto los hombres como las mujeres residentes en zonas rurales permanecen cautivos de la baja productividad de las explotaciones agrícolas, que restringe su capacidad de obtener ingresos. La producción en pequeña escala, con métodos tecnológicos inferiores, es uno de los factores que han contribuido a que la mencionada productividad sea baja.

Con la nacionalización de las explotaciones agrícolas producida en un pasado más o menos reciente y la agrupación de los agricultores en cooperativas, se vieron reducidas tanto la capacidad productiva como, en particular, la función de intercambio comercial que cumplen los mercados rurales, fomentada otrora por la moderna comunidad dedicada a la actividad agrícola.

7.3.Empleo u ocupación por grupo socioeconómico

Utilizaremos la clasificación en grupos socioeconómicos adoptada por el INE con ocasión de la encuesta de hogares de 1995; la población consultada se analizó entonces como parte

•de la administración pública

•de empresas estatales

•del sector privado estructurado

•del sector privado no estructurado.

Un análisis del empleo por grupos socioeconómicos efectuado en función del género revela que la mujer se ha incorporado en el empleo estatal, donde representa 51% de la fuerza laboral (cifras de 1995). En otros grupos socioeconómicos, el equilibrio es evidente. Sin embargo, cabe destacar que muchas de las mujeres incluidas en los grupos enumerados supra trabajan en empresas privadas no convencionales (alrededor de 21% del total) y desarrollan actividades definidas sin precisión (alrededor de 31% del total).

7.4.Empleo u ocupación por grado de instrucción

Uno de los mayores problemas que encuentra la mujer para tener acceso a un empleo digno y bien remunerado es su bajo grado o la falta absoluta de instrucción. Las cifras de 1996 indican que 44% de las mujeres de más de 19 años carecen de instrucción y 23% son completamente analfabetas.

El mercado de trabajo se caracteriza por el gran número de empleos poco atractivos y mal remunerados, que no permiten aportar más que una mísera contribución a los ingresos totales del hogar.

Un análisis de los datos relativos a las ocupaciones y al grado de instrucción de las mujeres indica que, entre las que no tienen absolutamente ninguna instrucción, 65% son comerciantes, 12% desempeñan tareas no remuneradas en empresas de familia y 6% trabajan en el sector no estructurado de la economía.

Con respecto a las mujeres que tienen cierto grado de instrucción, es importante haber cursado la escuela primaria: 53% de las que trabajan en la agricultura han estudiado del primero al cuarto grado y alrededor de 62% de las que se dedican al comercio han llegado al nivel II o incluso al nivel III.

Las diferencias en el grado de instrucción de ambos sexos y la magnitud del analfabetismo observado entre las mujeres podrían explicar el grado de segmentación que presenta el mercado de trabajo en el sector no estructurado de la economía.

7.5.Características del desempleo

El desempleo es una importante variable de [ininteligible] que exhibe el mercado de trabajo, pues es el reflejo de las diferencias entre la oferta y la demanda de mano de obra. Se estima que la tasa bruta de desempleo para la provincia de Luanda, la única referencia hoy disponible, es de 32,3%.

Una comparación entre los sectores estructurado y no estructurado de la economía pone de manifiesto significativos aumentos en el último sector, como puede verse en el cuadro que se transcribe infra en este mismo capítulo.

Siempre con respecto a la provincia de Luanda, las cifras indican que la tasa de desempleo de las mujeres ha llegado a 35,6% y es un 7% más alta que la de los hombres. Tanto la tasa de desempleo femenino como la de desempleo en general se caracterizan por presentar innumerables diferencias entre los grupos de edad; por ejemplo, las cifras más altas corresponden al grupo de 10 a 29 años. La grave escasez de mujeres en el sistema educativo es una de las causas principales de la inactividad económica de la población de mujeres jóvenes, que a su vez es uno de los factores que explican la precaria situación de pobreza que experimentan muchas familias.

7.5.1.Cuadro: Tasas de desempleo por sexo y edad

	Grupos de edad
Sexo	10 a 19 años	20 a 29 años	30 a 39 años	Más de 50 años	Total
Hombres	72,4	26,6	8,4	14,4	28,5
Mujeres	70,9	30,3	20,3	29,4	35,6
Total	71,6	28,7	14,2	20,8

En todos los grupos de edad, la tasa de desempleo de las mujeres es más alta que la de los hombres. En esas cifras ejerce enorme influencia el hecho de que, en líneas generales, las mujeres sean los “motores” de las labores propias del hogar.

Para completar nuestro análisis de las características del desempleo femenino, es importante destacar que la falta de un sostenido crecimiento per cápita, como consecuencia de las bajas tasas de inversión, y las graves deficiencias que se observan en los sectores público y privado, son algunas de las causas de la situación, en general precaria, en que se encuentran las mujeres, que por otra parte constituyen la mayoría de la población de Angola.

7.6.Remuneración: sueldos y salarios mínimos y máximos

La Constitución de Angola no permite ningún tipo de discriminación y establece los principios generales de la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, origen, filiación política, color o religión.

La creciente tendencia de cada hogar o grupo familiar a contar con más de un sostén de la familia quizás sea la resultante del aumento del costo de vida y de la constante reducción del poder adquisitivo de sueldos y salarios, que a su vez es producto de los brutales efectos de altas tasas de inflación que traban el ingreso de más personas al mercado de trabajo. En la introducción presentada en el primer párrafo del presente capítulo se describe la situación, que es idéntica para hombres y mujeres.

* NKz (nuevos kwanza) ajustados. Nótese que los montos salariales que se citan no se ciñen a ningún marco temporal (por día, semana, mes, etc.).

En el régimen general del empleo estatal, tanto los hombres como las mujeres ganan salarios que van de un mínimo de NKw* 7.965.000 a un máximo de NKw 70.685.000.

Estas escalas de remuneración equivalen a unos 20 dólares de los EE.UU. (US$) para el salario mínimo y a unos US$ 180 para el salario máximo, si utilizamos el tipo de cambio oficial (US$ 100 = NKw 26.800.000). Al respecto, sírvase tomar nota de que en el mercado paralelo de divisas, US$ 100 equivalen, a la fecha del presente informe, a NKw 43.000.000.

En cuanto al personal ejecutivo, los salarios mínimos y máximos son, respectivamente, de NKw 70.755.000 y NKw 77.830.500 para los puestos de supervisión y de NKw 91.981.500 y NKw 160.132.500 para los puestos directivos.

7.7.Normas constitucionales y legislativas

Las graves dificultades económicas que este país ha experimentado en los últimos años se ven fielmente reflejadas en el nivel de vida de la mayoría de la población y, especialmente, en los grupos más vulnerables (niños, mujeres y ancianos). Estas dificultades son el resultado de años de guerra y de sistemas socioeconómicos inapropiados en determinadas circunstancias. Recientemente, los programas de ajuste estructural han agudizado las dificultades existentes, por más que parezcan necesarios con miras a la futura supervivencia desde los puntos de vista económico y social.

Algunos factores que nos inducen a creer que se va tornando más notorio el papel activo que desempeña la mujer en la sociedad angoleña son la participación femenina en órganos de decisión de alto nivel en el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, la creación del Ministerio de Asuntos de Familia y para el Adelanto de la Mujer en reemplazo del ex Ministerio para el Adelanto de la Mujer y el hecho de que en el Gabinete haya cuatro ministras (de Cultura, Petróleo, Pesca y Asuntos de Familia) y varias viceministras (dos en el Ministerio de Planificación, dos en el Ministerio de Educación, una en el Ministerio de Reinserción Social, una en el Ministerio de Correos y Comunicaciones, una en el Ministerio de Asuntos de Familia y una en el Ministerio de Salud), para no hablar de los diversos cargos directivos ocupados por mujeres en empresas estatales y privadas de gran tamaño e importancia estratégica.

Sin embargo, en el plano local, se advierte la falta de medidas concretas a favor de la mujer, incluida la mujer rural. A pesar de la creación de una gran variedad de instituciones, el hecho de que tengan un campo de acción general empuja de alguna manera a las mujeres hacia el sector no estructurado de la economía, para escapar de la discriminación y la competencia desleal que allí encuentran; con todo, no hay que olvidar que otro factor que determina que no sean contratadas es la falta de preparación suficiente para desempeñar las tareas requeridas.

Capítulo VIII

8.La salud

Poco después de la independencia, las instituciones privadas de atención de salud fueron abolidas y reemplazadas por servicios médicos gratuitos. La ley No. 9 de 1975 estableció servicios nacionales de salud y fijó la política sanitaria, que otorgó prioridad a la asistencia preventiva y curativa de los sectores más vulnerables de la población: las mujeres y los niños. Sin embargo, hasta 1989 no se puso en marcha el primer plan quinquenal operativo en la esfera de la salud maternoinfantil.

8.1.Política sanitaria y sistema de atención de salud /salud maternoinfantil

La reducción de la mortalidad maternoinfantil debe ser una de las preocupaciones prioritarias de la política sanitaria y del sistema de atención de salud en Angola. Si se mejora la salud del niño se allana el camino hacia una mejor salud del adulto.

El mejoramiento de la salud de las madres y sus hijos entraña la adopción de las siguientes medidas:

•Fortalecimiento de los servicios que brindan instrucción en saneamiento y atención del lactante

•Promoción y facilitación de las oportunidades de realizar consultas médicas prenatales

•Intensificación y mejoramiento de la capacitación de las personas encargadas de la atención maternoinfantil (incluidas las parteras tradicionales)

•Extensión de las campañas de vacunación contra las principales enfermedades transmisibles (sarampión, tétanos, difteria) para proteger a todos los niños del país

•Expansión y extensión de los programas de nutrición, incluida información sobre la lactancia natural y la nutrición infantil

•Promoción de la terapia de rehidratación oral y difusión de información sobre su uso

•Integración de los servicios orientados hacia la planificación de la familia, con objeto de lograr un mayor espaciamiento de los embarazos

•Aumento del número de dispensarios, maternidades y centros de puericultura.

8.2.Fecundidad y tasa de mortalidad infantil

La tasa total de fecundidad en Angola es una de las más altas del mundo, lo que crea graves problemas sanitarios. Por consiguiente, el espaciamiento de los embarazos es un elemento estratégico que puede contribuir al mejoramiento de la salud de las madres de nuestros hijos.

De hecho, la elevada tasa de abortos clandestinos que repugnan a la conciencia de mucha gente, justifica la promoción de la planificación familiar como una manera de elegir con anticipación y de manera racional el tamaño de la familia. Con ese fin, es preciso propugnar las siguientes medidas:

•Fortalecimiento y mejoramiento de los programas de información y comunicación para difundir conocimientos sobre los métodos anticonceptivos y las posibilidades de espaciar los embarazos

•Fortalecimiento y mejoramiento de los programas de educación en cuestiones demográficas para concienciar al público de los beneficios médicos, sanitarios, socioeconómicos y sociales y culturales de la planificación familiar

•Lanzamiento de campañas periódicas para explicar los riesgos del embarazo precoz y los beneficios de la paternidad responsable.

Se considera que Angola es la región de la Conferencia de Coordinación del Desarrollo del Africa Meridional (SADCC) con la tasa más alta de mortalidad maternoinfantil.

En diciembre de 1990, el Ministerio de Salud informó que había comprobado que la tasa de mortalidad de niños durante su primer año de vida ascendía a 160 por mil. Un estudio efectuado en 1986 sobre la mortalidad infantil en la ciudad de Luanda puso de relieve que en sus afueras la tasa correspondiente era 38% más alta que en las zonas urbanas más desarrolladas.

La tasa de mortalidad materna de Angola también es desastrosa. En 1988, la tasa de mortalidad registrada por los servicios nacionales de salud se calculó en 665 por cien mil, o sea 6,7%. Con respecto a la tasa de mortalidad materna, hay grandes diferencias entre las provincias.

En Angola, la mortalidad maternoinfantil se relaciona con el precario estado de salud general de sus mujeres como consecuencia de la nutrición deficiente, las infecciones, las enfermedades parasitarias y la falta de una atención primaria de salud apropiada, especialmente en las adyacencias de las ciudades y en las zonas rurales.

8.3.Embarazo de las adolescentes y planificación familiar

En 1989, entre las mujeres embarazadas que vivían en Luanda, aproximadamente 80% recurrían a los servicios de atención prenatal y 70% estaban vacunadas contra el tétanos. También en Luanda, la tasa de mortalidad prenatal era de 75 a 80 por mil y se habían notificado más de 5.000 casos de tétanos neonatal.

Los programas de planificación familiar se iniciaron en 1986. En noviembre de 1990 había en Angola más de 30 dispensarios especializados en planificación familiar y se proyectaba abrir otros cuatro, junto con seis salas de partos, en la provincia de Luanda.

En la actualidad hay en Luanda dos maternidades y cuatro centros de salud que proporcionan asesoramiento en materia de planificación familiar. A fines del año pasado se proyectó elevar a 19 el número de centros de salud que brindaran ese tipo de asesoramiento.

En 1989, recibieron asesoramiento en Luanda 9.122 casos nuevos, que representaban 3% de la población total de la ciudad.

De conformidad con las estimaciones del Ministerio de Salud correspondientes a 1989, en Angola usaban anticonceptivos 72.400 mujeres de 15 a 49 años de edad. Esta cifra corresponde al 3,3% del número total de mujeres de dicho grupo etario. Así como en Luanda se registra el más alto índice de utilización de anticonceptivos, en cinco provincias (Cuanza Norte, Luanda Norte, Moxico, Uíge y Zaire) ese índice no llega a 1%.

Se encuentran casos de embarazo de adolescentes en todas las clases socioeconómicas. Aunque es difícil obtener datos estadísticos sobre la extensión del embarazo de adolescentes, las circunstancias en que se produce son distintas en las zonas urbanas y las rurales. En estas últimas, no es raro que las niñas de 15 años tengan hijos. En muchas sociedades tradicionales, la mujer se casa a edad temprana y el hecho de tener hijos antes del matrimonio aumenta las probabilidades de que contraiga matrimonio. En muchos casos el embarazo de la adolescente se produce en el seno de la propia familia de la muchacha.

8.4.Aborto

En Angola todavía se considera que el aborto es un delito. Es habitual que quienes más a menudo recurren al aborto clandestino sean adolescentes que han quedado embarazadas sin que lo sepan sus padres.

Los abortos clandestinos se llevan a cabo por lo general en lugares que carecen de la más elemental higiene y son practicados con frecuencia por personas que no tienen la más mínima preparación en la materia. Esto quiere decir que se desarrollan problemas médicos de difícil cura, como infecciones, traumatismos en los órganos genitales, perforación del útero y de los intestinos y, a veces, esterilidad. Entre enero y julio de 1991, la Clínica y Maternidad Augusto Ngangula de Luanda notificó 11 casos de muerte por complicaciones de abortos clandestinos. Además, durante ese mismo período, en ese establecimiento se practicaron 403 abortos autorizados y fueron tratadas 139 pacientes por abortos espontáneos, lo que arroja un total de 553 abortos. En la mayoría de los casos se recurrió al aborto cuando se consideró que la continuación del embarazo ponía en peligro la salud de la madre. Se autorizaron algunos abortos tras haber fracasado métodos de planificación de la familia o porque el intervalo entre los embarazos era demasiado corto.

8.5.Medidas conducentes a mejorar los servicios de atención de salud

En el período bienal 1995-1996 los objetivos concretos del programa del Gobierno en materia de atención de salud fueron:

1.Ampliar la cobertura de los servicios en zonas suburbanas y rurales accesibles

2.Mejorar la gestión de los servicios de atención de salud.

Para alcanzar estos objetivos, el Gobierno asignó prioridad a las siguientes medidas:

•Reducir la mortalidad derivada de la maternidad intensificando el control durante el embarazo

•Mejorar el sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado

•Asistir a los discapacitados físicos

•Reforzar la vigilancia epidemiológica estableciendo laboratorios regionales y perfeccionando los mecanismos de vigilancia

•Mejorar la estructura orgánica y la operatividad de los servicios de saneamiento

•Aumentar la capacitación del personal y mejorar su gestión adoptando una política de capacitación permanente hasta lograr su integración en el sistema nacional de salud, en los métodos pedagógicos aplicados a los temas de salud y en la planificación del aprovechamiento de recursos humanos.

Capítulo IX

9.Vida económica y social

Para definir las características de la condición socioeconómica de la mujer en Angola empezaremos por señalar que hay cierto desequilibrio en la distribución de las tareas y las responsabilidades entre ambos sexos. Es habitual que la mujer se encuentre en una situación en que debe mantener a su familia a flote sin gozar de las mismas atribuciones ni de los mismos derechos que el hombre. La mujer tiene que luchar por resolver los problemas derivados de la manutención y la educación de los miembros de la familia; esto se debe fundamentalmente a dos factores: por un lado, a la situación socioeconómica del país, que trae aparejada una “injusta” distribución de los medios de subsistencia en el seno del hogar y, por el otro, a la subestimación de la mujer por parte del hombre, lo que equivale a decir que la mujer es desdeñada por el hombre y marginada dentro de su propia familia.

Aunque se observan cierto dinamismo o energía y otros aspectos propicios para la mujer, es factible que ésta quede en situación comprometida en el futuro, lo que iría en detrimento de su influencia en las cuestiones económicas relacionadas con el mercado del sector no estructurado, donde constituye la gran mayoría de la fuerza laboral y es un importante factor socioeconómico. Podría ser la consecuencia de ciertos aspectos culturales de la sociedad angoleña que ejercen una fuerte acción paliativa en la comunidad de la familia, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Quizás el efecto de todo ello sea el descenso de determinados indicadores de la educación femenina. La tendencia a abandonar los estudios mientras se cursa la enseñanza primaria y la tasa de deserción escolar entre las personas de más de 10 años de edad pueden convertirse en indicadores francamente negativos para el futuro del país.

El abandono de la educación —a causa de embarazos precoces y, a menudo, no deseados o de que, en esta sociedad, niñas o niños deben realizar los quehaceres domésticos o cuidar de las hermanas o hermanos menores— puede asociarse con el hecho de que, en general, los ingresos del hogar son extremadamente bajos (61% de los hogares de cinco de las principales ciudades de Angola viven por debajo del umbral de pobreza); en esos casos el cabeza de familia busca la manera de mitigar la pobreza seleccionando a los miembros de la familia a quienes va a permitir que asistan a la escuela. En general, las niñas quedan relegadas al papel tradicional del ama de casa.

El problema de la salud de la mujer, como el de su educación, ha sido exacerbado por la guerra. La salud de la mujer es sumamente frágil, especialmente en las zonas rurales; se caracteriza, en efecto, por indicadores que preocupan a la sociedad: elevada tasa de fecundidad (alrededor de 6,8 hijos por mujer en las zonas urbanas, 7 en las zonas rurales y 6,9 a escala nacional), alta tasa de mortalidad de lactantes y niños (unos 274 por mil nacidos vivos en todo el país), reducida cobertura de inmunización de los niños, etc.

9.1.Disponibilidad de crédito para la mujer

Los problemas relacionados con la obtención de líneas de crédito acordes con las necesidades reales de la población (ciudadanos comunes, comerciantes, etc.) repercuten de manera significativa en las mujeres angoleñas. Los datos del Ministerio de Trabajo (MAPESS) correspondientes a 1993 indican la participación relativa de la mujer en los distintos sectores de la economía. En los sectores de la producción, es: industria, 17%; construcción, 11%; comercio estructurado, 25%; agricultura y pesca, 26%. En los sectores “no productivos”, es: servicios comunitarios, 28%; educación y ciencias, alrededor de 36%; cultura y arte, 49%; administración pública, 29%; servicios de atención de salud, 42% aproximadamente. Estas cifras ponen de manifiesto la creciente participación de la mujer en la vida económica y social del país.

En los últimos años, las mujeres han organizado y constituido asociaciones sobre la base de criterios laborales y económicos. La aparición de este tipo de organizaciones femeninas ha desempeñado un papel positivo en la proyección y la defensa de los intereses de la mujer. La afluencia de mujeres en el sector no estructurado de la economía —que, por definición quiere decir que no están registradas, no trabajan en un lugar establecido, no pagan impuestos y, en cierta medida, son perseguidas por las autoridades— incide negativamente en sus posibilidades de organizarse, que de por sí son escasas desde los puntos de vista de la capacitación y del acceso a los medios de producción y a los mercados.

El problema del crédito bancario, aunque afecta de manera generalizada a toda la sociedad angoleña, incide en mayor grado en las actividades económicas de la mujer, que lucha contra dificultades especiales, pues a menudo no puede ofrecer las garantías que exige el prestamista.

9.2.Mujeres con discapacidad

La transformación de Angola en un Estado libre y democrático ha contribuido a generar una sociedad egotista. Es fácil ver casos de discapacidad física en todo el país, pero es difícil formular distinciones al respecto entre hombres y mujeres, pues unos y otras enfrentan los mismos problemas. No hay en Angola instrumentos jurídicos prácticos que puedan ayudar a las personas discapacitadas, particularmente a niñas y mujeres con discapacidad, a protestar contra la discriminación que sufren.

Los datos de la última encuesta efectuada a escala nacional por el INE en 1996 indican que 2,1% de la población femenina de Angola sufre algún tipo de discapacidad física. Aunque este porcentaje es alto, es menor que el de 3,7% correspondiente a los varones.

Es significativo que la proporción de mujeres rurales con discapacidad (2,5%) sea más alta que la correspondiente a las mujeres urbanas discapacitadas (1,7%). Este es el resultado de los muchos años de guerra que ha sufrido el país.

Como consecuencia de la presión ejercida por las organizaciones consagradas a prestar asistencia a este segmento de la sociedad, los organismos estatales empiezan a reaccionar de manera positiva, aunque no con la celeridad suficiente para satisfacer las necesidades existentes.

9.3.Deportes

Este sector de la vida comunitaria angoleña es quizás uno de los más perjudicados por la precaria situación económica y financiera del país. Esto ocurre porque el Gobierno central asigna tan sólo una mínima parte de su presupuesto a financiar el deporte y las organizaciones juveniles.

Estas observaciones preliminares sirven para demostrar que, en Angola, las actividades recreativas dependen de las circunstancias imperantes. Sin embargo, en medio de este sombrío panorama, las damas han logrado hacerse un pequeño espacio en el podio, donde toda la nación las felicita. En balonmano, baloncesto, atletismo y natación, las mujeres angoleñas han conquistado en suelo extranjero fama para su país.

La mujer angoleña se destaca como integrante de equipos de clubes o de representaciones estelares del país, especialmente en el balonmano; en este deporte, Angola ha ganado tres títulos africanos y conquistado puestos de honor en competencias mundiales.

Sin embargo, las circunstancias descritas supra son como árboles que ocultan el bosque, pues la situación es crítica. Las escuelas, que alguna vez fueron el principal semillero de atletas, experimentan hoy muchos problemas: en particular, los derivados de las malas condiciones en que se encuentran sus instalaciones deportivas. Por añadidura, es difícil interesar a las niñas en la práctica de deportes.

Como consecuencia del despertar de la “sociedad de la comodidad”, los clubes ya no son capaces de atraer a los futuros atletas; se puede comprobar, pues, que la participación activa en actividades deportivas ha disminuido en Angola, tanto en cantidad como en calidad.

9.4.Vida cultural

Se puede decir que esta sección del informe es la “hermana gemela” de la sección deportiva. Las condiciones de su desarrollo parecen ser las mismas. Las mujeres que participan en esta esfera luchan por proseguir sus actividades con los escasos recursos que les asignan. El hecho de que una mujer llegara a ser Ministra de Cultura marcó un hito histórico que quizás debiera inducir a otras mujeres a ponerse a trabajar con más empeño en el ámbito de la cultura.

Algunas de las apariciones más significativas de mujeres se producen en “el mundo del espectáculo”, especialmente en la música, la danza y el teatro. Las mujeres con alguna formación académica o cierto grado de instrucción han demostrado interés en la vida cultural y en la historia del país. Angola ha adquirido notoriedad gracias a la participación de varios intelectuales, que han preparado un programa para formar una sociedad con más conciencia cívica e imbuida del respeto por las normas morales.

Es motivo de preocupación el hecho de que la generación más joven se vuelque hacia otras culturas. En efecto, se manifiesta cierta tendencia a adoptar valores foráneos. La influencia de los países de “fácil” acceso genera hábitos y costumbres que a menudo nada tienen que ver con las tradiciones y las costumbres angoleñas. En estas circunstancias, las niñas resultan una presa fácil: los dictados de la moda de los países vecinos han transformado la forma de vestir angoleña y se han apropiado de su incomparable originalidad.

También es preciso promover en la escuela la aceptación respetuosa de la cultura angoleña; para lograr este objetivo hay que elevar el grado de instrucción de las niñas que, como hemos visto, es inferior al de los varones. Es urgente que el Gobierno central encuentre maneras de dar a conocer mejor nuestra cultura, de utilizarla con provecho y de transmitirla a otras partes del mundo; la mujer angoleña puede ser el vehículo de esa transmisión.

Capítulo X

10.La mujer rural

Hablar del campo angoleño sin hacer referencia explícita a la mujer rural equivale a sugerir que se la puede omitir del amplio mosaico que representa la situación imperante en el país, que comprende las zonas sin urbanizar próximas a las ciudades y un número importante de valores etnolingüísticos, culturales y sociales que entrañan diferencias que sin duda merecen ser consideradas con cierto detenimiento.

En toda el Africa, la mujer rural cumple múltiples funciones que van desde la maternidad, la crianza de los hijos, la producción de bienes y servicios (suministro o búsqueda de agua, alimentos y energía para procesarlos) y la provisión de atención de salud a los miembros de la familia (especialmente a los niños) hasta la realización de agotadores quehaceres domésticos: en síntesis, una miríada de tareas que, sin embargo, en ningún caso son remuneradas. En Angola, estas tareas resultan más arduas por las dificultades endémicas que experimentan las zonas rurales, donde casi nada está al alcance de la comunidad.

El hecho (agudizado en parte por la educación deficiente del varón de la pareja) de que todos los quehaceres que hemos mencionado no se computen como ingresos familiares, tiene como consecuencia el aumento de la violencia contra la mujer ejercida en el hogar cuando empeora la situación económica de la unidad familiar. Los conflictos surgen casi siempre como consecuencia de controversias sobre la distribución de los ingresos de la familia para hacer frente a las necesidades del hogar.

10.1.La condición de la mujer rural

La mujer de las comunidades rurales no sólo se ocupa de los quehaceres domésticos, vitales para la subsistencia de la familia. En Angola, constituye una parte importante de la fuerza laboral dedicada a la agricultura, y esto no es todo. Las comunidades rurales enfrentan una serie de problemas causados por distintos factores (guerra, sequía, falta de instrumentos agrícolas adecuados o más modernos, falta de apoyo, etc.) que no se pueden resolver meramente por la acción aislada del hombre. Es urgente y necesario elegir a mujeres para integrar las comisiones encargadas de mitigar esos problemas.

La organización en grupos de la mujer de las zonas rurales permitiría que sus dirigentes fueran tratadas como participantes de pleno derecho en los proyectos ejecutados por la comunidad. Con el criterio expuesto sería más fácil desarrollar mejores condiciones de vida para la mujer rural, una aspiración que por el momento está de alguna manera relegada a segundo término.

Habida cuenta de que el desarrollo del país es un objetivo que comparten todos los angoleños y de que los propios angoleños son, en general, los principales destinatarios del proceso, no hay que olvidar que, en conjunto, casi 60% de “los angoleños” son mujeres y que las mujeres que viven en zonas rurales alcanzan esa misma proporción. Por consiguiente, el desarrollo de Angola debe comprender las zonas rurales y prestar atención fundamentalmente al mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer rural.

10.2.Programas beneficiosos para la mujer rural

La comunidad rural de mujeres, como cualquier otro segmento de la sociedad angoleña, no puede desarrollarse aisladamente, sin la intervención y participación activa de la entidad encargada de ejecutar la política estatal: el Gobierno.

El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, por conducto del Ministerio de Asuntos de Familia y para el Adelanto de la Mujer, ha impulsado un proyecto para ayudar a la mujer desfavorecida, especialmente a la mujer rural, que es una de las principales víctimas de la situación de pobreza que sufre el país. Alrededor de 67% de los hogares angoleños viven por debajo del umbral de pobreza. El proyecto del Ministerio se denomina “Microcrédito”.

El problema ha sido desde hace mucho motivo de preocupación para el Ministerio citado, que en 1992 puso en marcha un proyecto de largo alcance con objeto de brindar apoyo a la mujer rural; lamentablemente, los esfuerzos desplegados tuvieron que cesar a partir de 1992, cuando estalló de nuevo la guerra.

Cuando la Primera Dama de Angola asistió a la Cumbre de Estocolmo, se puso de manifiesto la urgencia de poner en marcha un amplio programa de apoyo a la mujer rural, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas destinadas a erradicar la pobreza para el año 2005. En el programa se presta atención preferente a las cuestiones locales y se ha pasado del plano humanitario al plano del desarrollo. Amoldándose a él, las mismas mujeres desarrollan sus propias actividades con el apoyo del Gobierno: en este caso, del Ministerio de Asuntos de Familia y para el Adelanto de la Mujer.

Además de los programas del Gobierno, hay otros de desarrollo, auspiciados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan a favor de la mujer, que procuran promover las oportunidades que tienen las mujeres de manejarse por sí mismas y ser económicamente independientes, así como de obtener y controlar recursos productivos, entre los cuales están las posibilidades de educarse.

El propósito de esos programas es ayudar a redistribuir los recursos a favor de la mujer, pero para lograrlo es esencial que las mujeres destinatarias tengan oportunidades de ejercer influencia en su desarrollo.

10.3.Acceso a los servicios

El acceso a la vivienda, el agua, la escuela y los centros de salud es uno de los elementos necesarios para mantener el equilibrio en la familia y la comunidad. La gran mayoría de las mujeres rurales, como los demás habitantes del campo, viven en casas de diseño tradicional, construidas con materiales locales (adobe y cañas, frondas de palmera y otras hojas, estiércol, etc.).

En las zonas rurales, el agua se obtiene de ríos, arroyos, manantiales, la lluvia o caños de desagüe. Evidentemente, como consecuencia de costumbres arraigadas y de la falta de instrucción suficiente, la mujer rural no trata el agua que bebe; por otra parte, la mayor parte de las casas de zonas rurales carecen de letrinas o cuartos de baño. La mayoría de las familias hace sus necesidades al aire libre.

También el acceso a la escuela es difícil en las zonas rurales. Hay muchas razones por las cuales las familias no envían a los niños a la escuela. Una de las principales es la distancia que deben recorrer para ir a clase; otra es la necesidad de que los niños ayuden a realizar los quehaceres domésticos.

10.4.La mujer rural y la tecnología

Para la mujer rural, la importancia de la tecnología de eficacia reconocida se pone de relieve con el mayor apoyo que representa para la economía rural. Como hemos visto en los capítulos anteriores, la mujer no se ocupa tan sólo de los quehaceres domésticos. Habitualmente trabaja sobre el terreno y cultiva los productos que el hombre vende afuera. Al respecto, como parte del apoyo a la mujer rural, es preciso dotarla de medios técnicos apropiados, aunque teniendo en cuenta las necesidades concretas de cada región, pues hay diferencias regionales en relación con la manera de cultivar determinados productos.

Para que el trabajo de la mujer rural sea más lucrativo y menos agotador es preciso que se reúnan diversos requisitos indispensables, como por ejemplo el acceso a recursos tanto tecnológicos como financieros.

El acceso a los medios técnicos de aumentar la productividad requiere que se tengan en cuenta las condiciones de vida de la mujer rural o de la campesina pobre. Necesitará tractores, carros y buenos arados: en síntesis, la reorganización del trabajo agrícola que realiza no sólo resolverá su problema sino que contribuirá a aumentar la producción y la productividad y generará más riqueza. Por consiguiente, es de enorme importancia la función que cumplen los oficiales de extensión agrícola o los promotores que trabajan en las comunidades de mujeres rurales cuando transmiten experiencias y técnicas.

10.5.Situación económica y acceso a los medios de producción

La situación económica en las zonas rurales, especialmente la de la mujer rural, es crítica. Exhibe las mismas tendencias que caracterizan la situación general del país, pero no comprende el sector estructurado. La mujer rural necesita toda clase de apoyo y de recursos con miras a la producción. El material presentado en los capítulos anteriores acerca de la mujer rural indica el estado en que se encuentra este segmento de la sociedad angoleña. Se dispone del capital humano que se requiere: no hace falta más que brindarle suficiente atención y redoblar esfuerzos por mejorar sus condiciones de vida.

En el campo, como en la ciudad, la desigualdad de las relaciones de género profundiza la pobreza y acrecienta la dependencia de las mujeres. La pobreza rural aumenta la fragilidad del entorno social y disminuye la ejemplar solidaridad que tradicionalmente existe en las familias y las comunidades rurales angoleñas. El mayor problema que hoy afecta a la mujer rural es la falta no sólo de mercados, sino también de productos manufacturados. Por otra parte, el transporte y las comunicaciones son la columna vertebral de cualquier economía, sea rural o urbana, y por consiguiente desempeñan una función vital en el campo.

10.6Política oficial en materia de agricultura y desarrollo rural

Una de las principales preocupaciones del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional debe ser la reorganización del sector agrícola y, por eso mismo, debe seguir ejecutando una serie de medidas a favor de la mujer rural. En 1994, el Gobierno adoptó una serie de providencias para dar nuevo impulso a la agricultura.

Se ha trabajado en el desarrollo de proyectos para criar aves de corral en gallineros rudimentarios, multiplicar semillas y establecer viveros de árboles frutales, y también para producir energía de la madera. Han sido proyectos de corto y mediano plazo.

Otros proyectos, de largo plazo, han quedado en el papel a la espera de la financiación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINADER) y de copartícipes internacionales.

El deterioro de la situación política cuando se convocaron las primeras elecciones libres trajo aparejada la postergación de muchos de esos proyectos. En la actualidad, uno de los más adelantados parece ser el de “Microcrédito”, que ya ha empezado a ponerse en marcha en algunas ciudades de las provincias de Luanda y Bengo.

La eliminación de la totalidad de las minas terrestres en Angola permitiría, por supuesto, la revitalización del sector agrícola porque, lógicamente, así se atraerían muchas inversiones que tendrían en cuenta que Angola es potencialmente un país rico en que 60% de su población vive en zonas rurales y está compuesta en su mayoría por mujeres, de las cuales más de la mitad tiene menos de 16 años de edad.

Bibliografía

Asua Altuna, R. Raul. Cultura Tradicional Bantu (Cultura tradicional bantú). Secretaría de la Arquidiócesis de Luanda, 2ª edición, 1993.

Instituto Nacional de Estadística. Boletim Demográfico (Boletín demográfico) No. 14, diciembre de 1994: Nupcialidade e Fecundidade em Angola (Matrimonio y fecundidad en Angola).

Medina, Maria do Carmo y A. Coelho. A Mulher e os Bens Patrimoniais em Angola: Acesso, Gestão e Partilha (La mujer y los bienes patrimoniales en Angola: acceso, gestión y distribución). Cuarta Reunión de la Federación de mujeres juristas de los países de habla portuguesa, Luanda, septiembre de 1996.

Angola: Informe nacional: FNUAP, APD, El Cairo, 1994.

Hurlilh, Susan. Mulheres no Desenvolvimento: Angola, Análise Genérica do País (La mujer en el desarrollo: Angola, Análisis general del país).

ASDI, 1994. Vol. 1: Luanda Ler e escrever (Luanda, leer y escribir).

Ministerio de Planificación, Subdivisión de Estudios de Población, FNUAP, abril de 1997. Documentos sobre Población y desarrollo. Edición especial con una propuesta relativa a la política demográfica en Angola.

Equipo técnico

Maria Mpava Medina. Jurista y directora nacional de Derechos de la mujer, Ministerio de Asuntos de Familia y para el Adelanto de la Mujer.

Pulquéria Van-Dúnem Bastos. Abogada.

Idalinda Neto Rodrigues. Abogada y coordinadora de la Oficina de Dinámica de grupo del Centro de Derechos de la Mujer y de los Centros de asesoramiento jurídico de la Organización de Mujeres Angoleñas.

Carlinhos Zassala. Doctorado en Sicología Social y Personalidad en la Universidad Federal de Río de Janeiro; profesor adjunto de la Universidad Agostinho Neto y presidente de la Asociación Angoleña de Sicólogos.

João Baptista Lukombo Nzatuzola. Sociólogo; licenciado en el Instituto Universitario de Estudios sobre el Desarrollo (IUED), Ginebra, Suiza; profesor e investigador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación (ISCED); secretario de Relaciones Internacionales (AASA).

Camilo Simão F. de Ceita, Instituto Nacional de Estadística. Doctorado en Ciencia Geográfica; consultor de la Universidad Agostinho Neto.