Índice

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Lista de abreviaciones	2
Introducción	4
Medidas para la aplicación de 16 artículos clave de la Convención, recomendaciones del Comité y observaciones finales	5
Artículo 1: Definición de discriminación hacia la mujer	5
Artículo 2: Obligaciones generales	6
Artículo 3: Promoción de la mujer ‑ Mecanismos nacionales de protección de los derechos de la mujer	15
Artículo 4: Medidas especiales de carácter temporal	20
Artículo 5: Funciones estereotipadas y prejuicios	21
Artículo 6: Trata	25
Artículo 7: Participación en la vida política y pública	28
Artículo 8: Representación de las mujeres en el plano internacional	31
Artículo 9: Nacionalidad y ciudadanía	32
Artículo 10: Educación	32
Artículo 11: Empleo	34
Artículo 12: Salud	36
Artículo 13: Prestaciones sociales y económicas	39
Artículo 14: La mujer rural	41
Artículo 15: Igualdad ante la ley	41
Artículo 16: Matrimonio y vida familiar	48
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing	49
Agenda de desarrollo sostenible	49
Difusión de las observaciones finales	50
Apoyo técnico	50

I.Introducción

1.La República de Albania se complace en presentar el quinto informe periódico nacional relativo a la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

2.Este informe, presentado en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se ha redactado en cumplimiento de las directrices relativas a la forma y el contenido de los informes presentados por los Estados partes, y abarca el período comprendido entre julio de 2016 y septiembre de 2020. El informe contiene información sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención y de las recomendaciones del Comité, sobre la base de las observaciones finales (julio de 2016). El informe describe la situación general y ofrece un breve análisis de los efectos de las medidas adoptadas para la aplicación de la Convención, junto con los retos encontrados para garantizar los derechos de las mujeres libres de discriminación.

3.Durante el periodo que abarca el informe, tuvieron lugar dos procesos electorales muy importantes en Albania: las elecciones parlamentarias (2017), que confirmaron la coalición de centro‑izquierda, y las elecciones locales (2019), que ante la evolución política del país también dieron como resultado la elección de alcaldes de centro‑izquierda. El Gobierno de 2017 reorganizó las principales instituciones centrales del país, entre ellas las que tienen competencias para la aplicación de la presente Convención.

4.La emergencia civil de noviembre de 2019 que siguió al devastador terremoto y los considerables daños que causó, junto con la crisis provocada por la COVID‑19, han afectado al tratamiento completo y adecuado que las autoridades de Albania tendrían que haber dado a las conclusiones finales. Sin embargo, el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra la violencia de género han seguido siendo prioridades en todo momento, incluso durante el confinamiento de la COVID‑19 y sus restricciones. Una de las medidas adoptadas desde el principio por el Gobierno de Albania fue la de prestar especial atención a las necesidades de las niñas y mujeres de grupos vulnerables, en particular.

5.Este informe se ha elaborado gracias a la coordinación y participación de todas las instituciones estatales que forman parte del Grupo de Trabajo Interministerial que preside el Ministerio para Europa y de Relaciones Exteriores y que cuenta con el apoyo y la contribución especial del Ministerio de Sanidad y Protección Social. Otros miembros de este Grupo de Trabajo fueron, entre otros, el Ministerio del Interior, la Policía Estatal de Albania, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, Deportes y Juventud, el Ministerio de Finanzas y Economía, el Parlamento de Albania, el Defensor del Pueblo y el Comisionado para la Protección contra la Discriminación.

6.A pesar de las restricciones de la COVID‑19, se garantizó un proceso interinstitucional inclusivo con la presencia en línea de la sociedad civil y las organizaciones internacionales.

7.El proyecto final de informe fue adoptado por la Decisión del Consejo de Ministros n.º 1077 del 24 de 2020.

II.Medidas para la aplicación de 16 artículos clave, recomendaciones del Comité y observaciones finales

Artículo 1

8.Como se ha informado en el pasado, la definición de la discriminación contra la mujer en la Ley 9970/2008 sobre la Igualdad de Género (artículo 4/3) está totalmente en consonancia con el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

9.El Parlamento de Albania ha adoptado una serie de medidas tanto para cumplir las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer como para intensificar los esfuerzos de promoción de la igualdad de género:

•Organizar sesiones públicas de sus comités permanentes y audiencias de informes anuales con instituciones independientes, como la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo o el Comisionado para la Protección contra la Discriminación, para solicitar y obtener información sobre los progresos realizados en relación con las recomendaciones del Comité.

•Organizar sesiones de audición con niñas y mujeres romaníes y egipcias de los Balcanes, algunas de ellas víctimas de la violencia doméstica, y con jóvenes sobre discriminación de género, acoso escolar, violencia en la escuela y violencia de género.

•Crear el Subcomité de Igualdad de Género y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (decisión 113/2017), el Subcomité de Derechos Humanos (decisión 13/2018), el Subcomité de Desarrollo Sostenible (decisión 11/2020), etc.

•El Subcomité Parlamentario de Igualdad de Género ha organizado sesiones de audiencias y ha tomado medidas para mejorar la eficacia de los mecanismos de remisión coordinados en todo el país.

•Adopción del programa de acción "Por un Parlamento albanés sensible a las cuestiones de género", centrado en la legislación con perspectiva de género, la representación de género, los organismos de igualdad de género, la planificación estratégica que tiene en cuenta el género, etc.

•Ejercer el control parlamentario sobre la aplicación del principio de igualdad por parte de las instituciones centrales, locales o independientes, según lo previsto en la legislación sobre igualdad de género. Sus conclusiones servirán de guía para las propuestas de modificación de la legislación y para un mayor control parlamentario.

•Aumentar la representación de las mujeres en el Parlamento y en los órganos parlamentarios (41 diputadas en esta legislatura), en las organizaciones internacionales y en las delegaciones permanentes (30 % de mujeres, la Presidencia de la Delegación Permanente en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN la ostenta una mujer); en las instituciones constitucionales, las establecidas por ley, y también en las instituciones independientes [entre 2016‑2018, el Parlamento ha nombrado a mujeres al frente de las siguientes instituciones: Defensoría del Pueblo (decisión 70/2017), Comisionado para la Protección de los Derechos del Niño de la Defensoría del Pueblo (decisión 41/2018), Comisionado para el Mecanismo de Prevención de la Tortura en la Defensoría del Pueblo (decisión 43/2018), Autoridad de Información sobre los Antiguos Documentos/Archivos de Seguridad del Estado (Ley 45/ 2015)].

•Mantener las cuotas de género en los consejos, comités y comisiones (de 41 nombramientos, 23 eran mujeres) o en las nuevas instituciones de reforma de la justicia, etc.

Artículo 2

10.Durante el periodo que abarca el informe, los principios de igualdad y no discriminación por motivos de género, consagrados en la Constitución del país y previstos en el artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se han incluido, entre otras, en las siguientes leyes:

•Ley 121/2016 sobre servicios de atención Social en la República de Albania, por la que se recoge entre los principios básicos para la prestación de estos servicios el principio de no discriminación por diferentes motivos, donde el género ocupa el primer lugar. La ley también prevé la prestación de servicios especializados para niñas o mujeres víctimas de abuso o de trata, niñas o mujeres embarazadas, progenitores solos con un hijo de hasta 1 año de edad, etc.

•Ley 65/2016 sobre las empresas sociales en Albania, que, entre otras cosas, tiene como objetivo el empleo de personas desfavorecidas en el mercado de trabajo, como las personas que reciben asistencia/prestaciones económicas, las personas con discapacidad, los huérfanos, las mujeres víctimas de la violencia y la trata, etc.

•Ley 97/2016 sobre la organización y el funcionamiento de la Fiscalía en Albania, que mejora el acceso de las víctimas a la información al establecer el cargo de un coordinador de relaciones públicas en cada Fiscalía, cuya competencia es proporcionar información también a las víctimas.

•Ley 68/2017 sobre finanzas del autogobierno, que introdujo la idea de la presupuestación con perspectiva de género en las autonomías locales.

•Ley 18/2017 sobre los derechos de la infancia y su protección, que incluye la igualdad y la no discriminación como parte de sus disposiciones generales. Esta ley define lo que significa la protección de la infancia aclarando "las medidas de protección" que los agentes de protección pueden aplicar cuando se detecta que los niños se encuentran en una situación de inseguridad debido a la violencia, el abuso, la negligencia o la explotación. Es la primera vez que la legislación albanesa prevé la protección de los niños de la calle, que trabajan o son explotados laboralmente y, por tanto, hace frente a diversas formas de violencia contra los niños, como el acoso y la violencia en el ámbito escolar, la violencia doméstica, los abusos sexuales, la explotación económica, la seguridad de los niños en Internet, los niños no acompañados o víctimas de la trata, etc.

•Ley 37/2017 sobre el Código de Justicia Penal para jóvenes/menores, que garantiza un marco legal de justicia penal para los niños, promueve la reintegración de los niños que han infringido la ley y la protección de los derechos del niño víctima o testigo de un delito penal, y evita la revictimización/victimización secundaria de los niños que han sido víctimas de un delito penal en el pasado.

•Ley 111/2017 sobre la asistencia jurídica garantizada por el Estado, que garantiza, entre otras, la asistencia jurídica gratuita para categorías especiales, como las víctimas de violencia doméstica, de abusos sexuales o de trata de seres humanos; los menores que hayan cometido un delito; los niños acogidos en instituciones de asistencia social; las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados por una acción u omisión que haya supuesto una discriminación, etc.

•Ley 35/2017 de adición y modificación de la Ley 7905/1995 sobre el Código de Procedimiento Penal, que, en su versión modificada, prevé nuevas disposiciones jurídicas que mejoran considerablemente la posición de la víctima en los casos penales, incluidos derechos procesales especiales para la víctima menor de edad que haya sido objeto de abuso sexual o el menor que sea víctima de la trata.

•Ley 96/2017 sobre la protección de las minorías nacionales en la República de Albania, que ofrece garantías de que la no discriminación y la plena igualdad ante la ley están previstas ya en la ley como la sección de alcance de dicha ley.

•Ley 70/2017 de adición y modificación de la Ley 10192/2009 sobre la prevención y desarticulación de la delincuencia organizada y la trata a través de medidas de prevención contra los bienes, que establece que en caso de que existan dudas razonables sobre una persona en relación con el delito de trata, sus bienes (ya sea que les pertenezcan total o parcialmente, de forma directa o indirecta) se depositan —previa resolución judicial— en un fondo social especial que se destina luego a la rehabilitación e integración de las víctimas de la trata.

•Ley 32/2017 sobre la protección de testigos y colaboradores con la justicia, que establece medidas especiales de protección que se aplican a las personas que colaboran con la justicia.

•Ley 47/2018 de adición y modificación de la Ley 9669/2006 sobre las medidas contra la violencia doméstica, que cumple con las recomendaciones de la Convención (2016) y de GREVIO (2017). Se han reforzado las medidas de protección y de procedimiento para dar una respuesta más eficaz a las víctimas de la violencia doméstica mediante una orden de protección inmediata, que se emite tras una evaluación del riesgo y se completa en cada caso individual. Las niñas y las mujeres víctimas de un agresor con quien mantienen una relación íntima sin estar en una relación formal (matrimonio o convivencia) están protegidas por primera vez por esta ley, que se modificó en octubre de 2020, estableciendo medidas claras para el desalojo del agresor de la vivienda y su retorno una vez que la orden de protección ha expirado, programas específicos de rehabilitación para el agresor, el registro de la orden de protección, etc.

•Ley 22/2018 sobre vivienda social, que reitera el principio de no discriminación en relación con la planificación, el equipamiento, la asignación y la gestión de las viviendas a los colectivos sociales que lo necesiten. Un programa de vivienda especializado ofrece ayuda a los grupos vulnerables, como las víctimas de la trata, las víctimas de la violencia doméstica y las madres jóvenes solteras.

•Ley 110/2018 sobre el notariado, que refuerza el empoderamiento económico de las mujeres garantizando sus derechos de propiedad, e incluye nuevas formas de regular la igualdad de género en cuanto a la protección de la propiedad.

•Ley 111/2018 sobre el catastro, que también regula los elementos de igualdad de género relativos al registro de la propiedad.

•Ley 69/2018 de adición y modificación de la Ley 10129/2009 sobre el registro civil, que prevé el procedimiento de inscripción cuando este no se ha producido en aquellos casos en que un niño ha nacido en el extranjero y el documento de nacimiento emitido por las autoridades de aquel lugar está incompleto o es inexacto.

•Ley 15/2019 de fomento del empleo, que contempla a las víctimas o potenciales víctimas de la trata, a las víctimas de la violencia de género, a las víctimas de la violencia doméstica y a las madres jóvenes como grupos especiales desfavorecidos de demandantes de empleo que pueden beneficiarse de los servicios y programas de empleo.

•Ley 57/2019 sobre la asistencia social en la República de Albania, que establece los grupos beneficiarios de la asistencia social (prestaciones), como las víctimas de la trata que salen de las instituciones de asistencia social pero aún no han encontrado empleo y las víctimas de la violencia doméstica durante la vigencia de la orden de protección inmediata si no reciben atención en las instituciones de asistencia social.

•Ley 34/2019 sobre la administración de bienes embargados y decomisados, que reitera la necesidad de un uso y administración eficientes de los bienes embargados o decomisados por las instituciones judiciales o incautados por orden del ministerio de Hacienda, la devolución a la comunidad del producto del delito y la indemnización a las víctimas de este.

•Ley 35/2020 de modificación de la Ley 7895/1995, Código Penal de Albania, que, en su versión modificada, tipifica como delito la violencia psicológica y protege a los colaboradores o antiguos colaboradores del autor del delito, armonizando así la legislación nacional con el artículo 3 del Convenio de Estambul. Esta ley también prevé penas más duras para determinadas categorías de autores de este delito.

•Ley 13/2020 de adición y modificación de la Ley 108/2013 sobre extranjería, que establece una mejor protección de las víctimas extranjeras de la trata.

•Ley 59/2020 sobre la ratificación del acuerdo de préstamo entre la República de Albania y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento sobre una política de desarrollo para la igualdad de género en el acceso a las oportunidades económicas, que tiene como objetivo apoyar al Gobierno de Albania a mejorar su marco político para la igualdad de acceso a las oportunidades económicas, centrándose en el aumento del acceso de las mujeres a la propiedad, el establecimiento de normas de igualdad para aumentar las oportunidades de las mujeres en el mercado de trabajo y el fortalecimiento de las normas institucionales para la elaboración de políticas con perspectiva de género.

•Ley 81/2020 sobre los derechos y el tratamiento de los presos y detenidos, quegarantiza que los detenidos y presos sean tratados con dignidad, respetando sus derechos humanos y libertades fundamentales. Otra garantía importante es la prevención del trato cruel, inhumano y degradante.

•Ley 101/2020 de adición y modificación de la Ley 10019/2008 sobre el código electoral de Albania, que, en su versión modificada, garantiza el pleno respeto del principio de igualdad de género. Por lo tanto, la participación directa y activa del género infrarrepresentado en la vida pública y política del país es un instrumento fundamental para la consolidación del sistema democrático albanés.

•Ley 115/2020 de adición y modificación de la Ley 8417/1998 sobre la Constitución de la República de Albania, que, en su versión modificada, prevé tanto el sistema electoral como la representación de género.

•El objetivo del proyecto de ley de adición y modificación de la Ley 10221/2010 sobre la protección contra la discriminación es añadir a la ley existente otros tipos de discriminación, como la discriminación múltiple, la discriminación interseccional, el discurso de odio, la segregación, el acoso sexual, etc., junto con el derecho del Comisionado para la Protección contra la Discriminación a requerir al Tribunal Constitucional que busque la incompatibilidad de una legislación con la Constitución, etc.

11.Es importante destacar la multitud de reglamentos que se han adoptado para permitir la aplicación de las leyes mencionadas, junto con las estrategias y los planes de acción que se han redactado, revisado, adoptado y aplicado durante el período que abarca el informe en ámbitos como la igualdad de género, la asistencia jurídica gratuita, la salud, la educación, la protección social, los derechos de propiedad, la protección contra la discriminación, la protección de grupos especiales, la lucha contra la violencia doméstica o contra el tráfico de personas, etc. (anexo 1).

Familiarización con la Convención, su Protocolo Adicional y las recomendaciones generales

12.El suministro de información sobre instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la promoción de las acciones de igualdad de género y contra la discriminación basada en el género siguen siendo una parte importante de las actividades para reforzar las capacidades de la judicatura y otros profesionales, organizadas por el Ministerio de Justicia, la Escuela de la Magistratura, la Dirección General de Prisiones y la Policía Estatal en cooperación con instituciones y organismos internacionales. Durante el período en cuestión, se han realizado una serie de cursos de capacitación con jueces, fiscales, agentes de policía, policía judicial, etc. sobre estos temas.

13.En la Escuela de la Magistratura, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Adicional, así como su aplicación, son una parte importante del plan de estudios de la formación inicial de los magistrados. En 4 años, 93 magistrados y 12 asistentes han obtenido la información requerida relacionada con la Convención: 25 magistrados en 2016, 15 magistrados en 2017, 7 magistrados en 2018 y 46 magistrados y 12 asistentes en 2019.

14.El plan de estudios de desarrollo continuo de la Escuela de la Magistratura incluye, entre otras cosas, la aplicación directa de la Convención, el papel del tribunal, el papel del sistema de justicia, las normas europeas de igualdad y no discriminación, la plataforma HELP y la prohibición de la discriminación múltiple, así como las teorías y prejuicios de género en la sala del tribunal. Entre 2016 y 2020, 157 jueces, fiscales, agentes de la Policía Judicial e inspectores del Consejo Superior de Justicia recibieron formación sobre estos temas. El programa contó con 44 participantes en 2016, 21 en 2017, 64 en 2019 y 18 en 2020.

15.El Ministerio de Justicia, en colaboración con la Cámara Nacional de Mediadores y expertos extranjeros, formó a 32 mediadores en 2016 en la resolución de conflictos sobre igualdad de género.

16.La Dirección General de Policía Estatal ha organizado sesiones de capacitación sobre la Convención y su aplicación, sobre otros mecanismos internacionales y sobre la legislación nacional en materia de igualdad de género y violencia doméstica. Entre 2016‑2020, 3499 efectivos de la Policía participaron en la formación,

17.Las cuestiones de género y la reinserción de las mujeres presas se encuentran entre los temas que se abordan en el módulo de capacitación para el personal de la Dirección General de Prisiones. En 2019, 40 funcionarios que trabajan con diferentes categorías de mujeres presas o detenidas recibieron formación sobre estas cuestiones.

18.La Fiscalía informa de su participación en sesiones de capacitación y visitas de estudio en el extranjero donde fiscales, agentes de la Policía Judicial y auxiliares jurídicos formaron parte de los grupos asistentes.

La jerarquía del Convenio en el ordenamiento jurídico y la armonización de la legislación

19.La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es directamente aplicable en la legislación albanesa. Sin embargo, el Comisionado para la Protección contra la Discriminación ha constatado que el número de denuncias por discriminación de género permanece relativamente bajo, siendo las mujeres las principales víctimas de la discriminación, que en muchos casos se traduce en una discriminación múltiple. La discriminación por estar embarazada, por haber dado a luz y por el estado de salud sigue siendo un problema, tanto por parte de los organismos públicos como de los privados.

20.En 2017, el Comisionado para la Protección contra la Discriminación abrió tres oficinas regionales en Shkodër, Gjirokastër y Korçë para tratar los casos de discriminación de manera más eficaz. Entre 2016‑2020, el Comisionado atendió 33 casos de discriminación, de los cuales 12 fueron de género: 3 en 2016 (de un total de 6), 1 en 2017 (de 2), 4 en 2018 (de un total de 16), 3 en 2019 (de un total de 7) y 1 en los primeros 4 meses de 2020 (de 2 en total).

21.El Comisionado ha recomendado la mejora y armonización de la legislación en relación con lo siguiente: a) el concepto de "cabeza de familia" y las obligaciones derivadas en la ley del estado civil para garantizar el consentimiento de ambos cónyuges al declarar su residencia (2016); b) la armonización de la ley de violencia doméstica con el artículo 3 del Convenio de Estambul y la identificación directa en la ley de protección contra la discriminación (2018); c) el Código de Trabajo y la prevención de la discriminación en el cálculo de la bonificación anual de cada persona (las mujeres embarazadas cobran menos que sus compañeros de trabajo porque se considera erróneamente que las primeras no trabajaron todo el año); la no identificación como discriminación del hecho de que la gratificación anual de quienes han tomado una licencia se calcule de forma proporcional al tiempo que otros han pasado en el trabajo, descontando por tanto el tiempo que el miembro de la plantilla ha pasado de baja, pues se considera erróneamente como tiempo fuera del trabajo; la concesión de primas o gratificaciones como forma de estímulo a pesar de la cantidad de trabajo realizado e independientemente de que el miembro de la plantilla haya disfrutado de una licencia parental.

22.Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la Defensoría del Pueblo recomendó ampliar el ámbito de los beneficiarios que contemplaría la nueva ley de asistencia jurídica. Algunas de las medidas clave para garantizar la prestación de asistencia jurídica gratuita a los grupos necesitados son la asignación suficiente de fondos estatales, la sensibilización de la comunidad y el aumento del acceso a los centros de asistencia jurídica.

23.El Ministerio de Sanidad y Protección Social es la autoridad estatal responsable de la igualdad de género y de la lucha contra la violencia doméstica, y supervisa el cumplimiento de las leyes, estrategias y planes de acción, así como todas las obligaciones nacionales e internacionales en materia de igualdad de género y violencia doméstica. El Ministerio de Sanidad y Política Social supervisa anualmente la aplicación de la estrategia nacional de igualdad de género y su plan de acción 2016‑2020. Identifica tanto los logros como los retos a los que se enfrentan las instituciones locales y centrales, e informa de sus conclusiones al Consejo Nacional de Violencia de Género. El Ministerio de Sanidad y Protección Social formula todas las propuestas de mejora del marco jurídico y político de conformidad con las normas internacionales y las directivas de la UE.

24.Las enmiendas de 2018 a la ley de violencia doméstica fueron propuestas por el Ministerio de Sanidad y Protección Social basándose en las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2016 y en el primer informe del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO) en 2017, por lo que la aplicación de la ley se basa firmemente tanto en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer como en el Convenio de Estambul.

25.Los grupos vulnerables, como las víctimas o potenciales víctimas de la trata, la violencia de género o la violencia doméstica; las madres jóvenes; las personas con discapacidad; las minorías; las personas LGBTI; y los ancianos, se han tenido en cuenta mediante la adopción de nuevas leyes o la modificación de las existentes en materia de servicios de asistencia social, empleo y sus programas, seguridad social, seguro médico obligatorio, vivienda social, derechos de propiedad, asistencia jurídica, adaptación y acceso, protección de la infancia, Código de Justicia Penal Juvenil, Código de Procedimiento Penal, etc.

Acceso a la justicia y los recursos jurídicos

26.Una de las estrategias eficaces a la que se ha recurrido en los últimos años en Albania es la sensibilización del público en general, y de ciertos grupos de mujeres en particular, mediante la organización de campañas de concienciación y actos de información y educación centrados, entre otras cosas, en el acceso a la justicia (véase el artículo 5).

27.El Ministro de Justicia, la Dirección de Asistencia Jurídica Gratuita, el Colegio Nacional de Abogados y los tribunales son las autoridades competentes para la aplicación de la ley de asistencia jurídica.

28.La Dirección de Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de Justicia ha organizado actividades de sensibilización sobre el derecho a la asistencia jurídica. Lo hizo con menores del Instituto de Menores de Kavaja y del Instituto de Ejecución de Sentencias Penales de Tirana. También se están organizando actividades de sensibilización para promover la Estrategia de Educación Jurídica de la Población 2019‑2023, siendo la mencionada Dirección de Asistencia Jurídica Gratuita uno de los miembros de la Red Nacional de Educación Jurídica de la Población. La Dirección de Asistencia Jurídica Gratuita ha difundido el manual simplificado sobre los criterios y el beneficio de la asistencia jurídica gratuita al Ayuntamiento de Tirana, la Defensoría del Pueblo, el Comité Helsinki de Albania y la Oficina del Primer Ministro. Además, en septiembre de 2020, la mencionada Dirección distribuyó 500 carteles a instituciones clave. Estos carteles se prepararon con la ayuda de EURALIUS V, la misión de asistencia técnica de la UE. La Dirección de Asistencia Jurídica Gratuita también actualiza periódicamente el sitio web oficial de asistencia jurídica: www.ndihmajuridike.gov.al.

Fortalecimiento de las capacidades del Comité Estatal de Asistencia Jurídica

29.De acuerdo con las disposiciones transitorias de la ley de asistencia jurídica, el Comité Estatal de Asistencia Jurídica deja de existir una vez que se crea la Dirección de Asistencia Jurídica Gratuita.

30.Según la ley, la asistencia jurídica primaria será prestada por personal que haya recibido una formación especial en los centros de asistencia jurídica primaria u otros establecimientos adecuados por parte de organizaciones sin ánimo de lucro autorizadas y otros centros similares en instituciones de educación superior. Se preparó un módulo de capacitación que fue aprobado por la Escuela de Administración Pública de Albania. La Dirección de Asistencia Jurídica Gratuita impartió el primer módulo de la formación obligatoria del personal de los centros de servicio de asistencia jurídica primaria el 24 de septiembre de 2020, centrándose en la asistencia jurídica que pueden recibir categorías especiales como las víctimas de la violencia, la explotación sexual y la trata, por ejemplo.

31.La asistencia jurídica secundaria debe ser prestada por abogados según la lista del Colegio Nacional de Abogados. La Escuela de Abogados es el órgano competente para la formulación y ejecución de los programas de formación inicial y continua de los profesionales del Derecho. La Escuela de Abogados forma parte del Colegio de Abogados y goza de independencia académica. La Dirección de Asistencia Jurídica Gratuita preparó el proyecto de programa del módulo de formación continua centrado en las categorías especiales y grupos vulnerables que se benefician de la asistencia jurídica. Está llegando a un acuerdo con el Colegio de Abogados para que la formación continua se imparta en línea antes de octubre de 2020 a 73 abogados, proveedores de servicios de asistencia jurídica secundaria.

32.Hay cinco Centros de Servicios de Asistencia Jurídica Primaria y se espera que abran otros tres para finales de 2020. Durante 2019‑2020, el Centro de Elbasan ha atendido 47 casos, 3 de ellos relacionados con la violencia. Entre enero y septiembre de 2020, el Centro de Tirana atendió 422 casos. Durres tiene 21, Fier 126 y Lezhë 215.

33.Las 12 organizaciones sin fines de lucro que han sido autorizadas por el Ministro de Justicia para prestar asistencia jurídica primaria desempeñan esta labor en Tirana, Elbasan, Durrës, Shkodër y Berat. Hasta la fecha, han tratado 283 casos.

34.Los consultorios jurídicos de nueve centros de enseñanza superior también prestan asistencia jurídica primaria. Entre el 1 de febrero de 2019 y el 31 de enero de 2020 atendieron 1250 casos (21 estaban relacionados con la violencia).

35.En 2019, los abogados avalados por el Colegio de Abogados prestaron asistencia jurídica secundaria en 21 casos (2 de ellos relacionados con la violencia). Fueron 51 mujeres y 38 hombres los que recibieron asistencia jurídica secundaria entre enero y septiembre de 2020, con 15 solicitudes denegadas y 1 decisión de suspensión del caso.

36.También se ha proporcionado por primera vez mediación a los grupos que la necesitan. Para aumentar el número de casos que se resuelven por la vía de la mediación, la Cámara Nacional de Mediadores preparó una campaña de sensibilización que está llevando a cabo en estos momentos.

37.Algunas de las solicitudes de asistencia jurídica son recibidas por la Defensoría del Pueblo. De este modo, durante 2016‑2017, la Defensoría del Pueblo remitió a la Comisión Estatal de Asistencia Jurídica 43 solicitudes de asistencia jurídica gratuita de particulares (20 solicitudes de mujeres). Durante 2018‑2019 se presentaron 68 solicitudes, de las cuales 18 fueron de mujeres. Las solicitudes presentadas por las mujeres se refieren sobre todo a asuntos relacionados con la familia (como el divorcio, la custodia, la manutención) o con asuntos civiles (como los daños causados, la división de la propiedad, el reconocimiento de los años que dan derecho a la jubilación, etc.). Solo unos pocos son casos penales.

Ejecución de las decisiones judiciales sobre los derechos de la mujer

38.La ejecución de las decisiones judiciales está supervisada por los servicios de alguaciles estatales y privados. A raíz de las decisiones judiciales definitivas, el servicio de alguaciles estatales adopta medidas de ejecución en un plazo razonable sobre cuestiones relacionadas con la manutención, como las "pensiones alimenticias", la "reunión o contacto con el niño", la "tutela del niño", la "orden de protección inmediata" y las "órdenes de protección". Las decisiones judiciales tienen un impacto directo en las mujeres, en particular, porque en la inmensa mayoría de los casos la crianza y la educación de los niños se confía a las madres, y los padres están obligados a pagar la manutención.

39.Datos sobre los "gastos de alimentación" (pensión alimenticia) en los años siguientes:

•En 2016, hubo 6100 casos en total; en 1593 de estos casos no se cumplió la obligación de asumir los gastos de alimentación por cuestiones de insolvencia del progenitor deudor, por lo que se presentaron 70 denuncias penales por no mantener a sus hijos, en cumplimiento de una orden judicial;

•En 2017, hubo 6132 casos en total; en 1758 de estos casos no se cumplió la obligación por cuestiones de insolvencia del progenitor deudor, por lo que se presentaron 80 denuncias penales por no proporcionar a sus hijos medios de subsistencia, en cumplimiento de una orden judicial;

•En 2018, hubo 6547 casos en total; en 2488 de estos casos no se cumplió la obligación por cuestiones de insolvencia del progenitor deudor, por lo que se presentaron 65 denuncias penales por no proporcionar a sus hijos medios de subsistencia, en cumplimiento de una orden judicial;

•En 2019, hubo 7221 casos en total; en 2754 de estos casos no se cumplió la obligación por cuestiones de insolvencia del progenitor deudor, por lo que se presentaron 55 denuncias penales por no proporcionar a sus hijos medios de subsistencia, en cumplimiento de una orden judicial;

•Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020, hubo 7205 casos en total; en 2932 de estos casos no se cumplió la obligación por cuestiones de insolvencia del progenitor deudor, por lo que se presentaron 43 denuncias penales por los mismos motivos que los citados anteriormente.

40.El seguimiento continuo de las actuaciones procesales, junto con la aplicación de sanciones legales cuando corresponde, confirma la disposición y persistencia del servicio de alguaciles estatales para hacer cumplir los títulos ejecutivos adecuadamente a pesar de la gran carga de trabajo de la institución.

41.En el transcurso de este trabajo, se ha comprobado que algunas decisiones judiciales no responden al interés superior del niño y, por tanto, hacen imposible su ejecución. Esto se aprecia especialmente en los casos de custodia de los hijos en los que ha primado el interés del progenitor en lugar del del niño, o en los casos de manutención en los que los niños a menudo no reciben el monto que el tribunal ha ordenado pagar al progenitor y que es muy necesario para su educación y crianza. El papel del psicólogo en los procedimientos de ejecución es necesario, pero hay muchos casos en los que el acreedor se niega a pagar por adelantado al psicólogo, por lo que no se pueden ejecutar las decisiones judiciales relativas al contacto con el niño.

42.Otro reto es la dificultad de confirmar los ingresos del progenitor deudor al que se le ha ordenado el pago de la pensión. A menudo esto se debe a que un gran número de personas simplemente no registran su negocio formalmente de acuerdo con la ley. En otros casos, el progenitor y su empleador no han firmado un contrato de trabajo y, por tanto, no hay constancia de sus ingresos ni de ningún bien mueble o inmueble registrado a su nombre. Esto imposibilita el trabajo de los alguaciles e implica que no se ejecuten las decisiones judiciales.

43.Otra cuestión es la migración de muchos padres deudores, que al divorciarse no pagan ninguna pensión alimenticia pero no tienen ninguna propiedad registrada a su nombre, por lo tanto ninguna que pueda ser embargada. En consecuencia, estos títulos ejecutivos quedan sin efecto porque el padre deudor tampoco es perceptor de prestaciones por desempleo, ha salido del país y simplemente no cumple con los requisitos para recibir dichas prestaciones. Esto afecta a la ejecución de las decisiones judiciales en un plazo razonable, es decir, al incumplimiento del derecho legal del interesado. Se trata de obstáculos de carácter legislativo y práctico. La Dirección General del Servicio de Alguaciles organizó en 2019 una formación sobre la manutención y el contacto con el menor, en la que se confirmó la responsabilidad de ejecución de la institución y se destacó la necesidad de considerar el interés del menor como una característica central para la Oficina de Alguaciles.

Carga de la prueba

44.El Código de Trabajo modificado (2015) obliga a los empleadores a tomar medidas para prevenir el acoso sexual y atender las preocupaciones de carácter sexual, y prohíbe castigar a la víctima por haber denunciado los incidentes de violencia en el lugar de trabajo. En los casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género, el empresario está obligado a demostrar que no ha violado el principio de igualdad de trato, mientras que en los casos de acoso sexual la ley traslada la carga de la prueba al empresario o a la persona que supuestamente ha perpetrado el acoso.

45.El Código de Procedimiento Administrativo (2016) establece que en los casos en los que una parte presenta pruebas para apoyar las alegaciones de comportamiento discriminatorio y en base a las cuales se puede presumir que se ha producido una discriminación, la otra parte o el organismo público están obligados a demostrar que los hechos no son constitutivos de discriminación, a pesar de la obligación del organismo público de poner a disposición de las partes las pruebas que obran en su poder (artículo 82/2).

46.La Ley de Protección contra la Discriminación, en su versión modificada, adoptada el 15 de octubre de 2020, estipula que cuando el solicitante presenta pruebas que apoyan la alegación de un comportamiento discriminatorio y sobre la base de las cuales se puede presumir que ha habido discriminación, la otra parte contra la que se ha presentado la reclamación está obligada a demostrar que los hechos no constituyen discriminación (artículo 33, apartado 7/1).

Artículo 3

47.El nuevo gobierno (2017) reorganizó las responsabilidades de los ministerios competentes, asignando la igualdad de género y la violencia doméstica al Ministerio de Sanidad y Protección Social. Desde septiembre de 2013 hasta septiembre de 2017, había sido responsabilidad del Ministerio de Bienestar Social y Juventud (que fue disuelto).

48.Además de ocuparse de las cuestiones sanitarias, el Ministerio de Sanidad y Protección Social es ahora también responsable de desarrollar políticas para atender la violencia de género, el maltrato infantil, las mujeres y otros grupos, la igualdad de género, la protección de los derechos de los niños, la no discriminación por motivos de orientación sexual, discapacidad, etnia y minoría, etc. Estas responsabilidades recaen en el Sector de Políticas y Estrategias de Inclusión Social e Igualdad de Género de la Dirección de Políticas y Desarrollo de la Salud y la Protección Social y la Dirección General de Políticas y Desarrollo de la Salud y la Protección Social.

49.El Consejo Nacional para la Igualdad de Género (con miembros renovados según la Orden del Primer Ministro n.º 239, de 13 de diciembre de 2017) es el órgano consultivo para dirigir, determinar y desarrollar las políticas estatales en materia de igualdad de género, así como para coordinar, aplicar, supervisar y evaluar las políticas y medidas para prevenir y combatir todas las formas de violencia contempladas en el Convenio de Estambul.

50.Las instituciones del gobierno central y local tienen la obligación legal de cooperar con el ministerio encargado de las cuestiones de igualdad de género para intercambiar información y facilitar el cumplimiento de su mandato. Esta colaboración se facilita a través de los Responsables de Igualdad de Género. A nivel central, se han asignado responsables a 11 ministerios, mientras que existen puntos de contacto en la Policía Estatal y el INSTAT. A nivel local, 58 de los 61 municipios cuentan con este tipo de responsables, que en la mayoría de los casos también desempeñan el papel de Coordinador Local contra la violencia doméstica.

51.La Orden 32/2018 del Primer Ministro designa al Vice Primer Ministro como coordinador nacional en materia de igualdad de género, asignándole una función de coordinación que refuerza el Mecanismo Nacional de Igualdad de Género.

52.El 4 de diciembre de 2017, la Asamblea adoptó la Resolución sobre la condena de la violencia contra las mujeres y las niñas y el aumento de la eficacia de los mecanismos legales para su prevención, creando el Subcomité de Igualdad de Género y Prevención de la Violencia contra las Mujeres subordinado al Comité Permanente de Trabajo, Asuntos Sociales y Salud. Como parte de su función de supervisión, este Subcomité solicita información sobre la aplicación de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género, informando sobre la violencia doméstica o la discriminación contra las mujeres, al tiempo que celebra audiencias con las partes interesadas y las instituciones.

53.La Alianza de Mujeres Parlamentarias (cuyos miembros se renovaron en 2017) ha surgido como resultado de un movimiento de presión de mujeres parlamentarias, destinado a promover la igualdad de género en la Asamblea y a abogar por la inclusión de la perspectiva de género en las leyes.

54.El 25 de noviembre de 2017, el Ministerio de Justicia puso en marcha la Oficina de Coordinación contra la Violencia Doméstica con el objetivo de coordinar las acciones institucionales a nivel central y local para prevenir la violencia doméstica y proteger y apoyar a las víctimas de dicha violencia, principalmente las mujeres y las niñas, así como prestar asistencia para intensificar las acciones institucionales en este sentido. La Oficina está compuesta por representantes del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad y Protección Social (Servicio Social del Estado) y el Ministerio del Interior (Dirección de Delitos, en el Sector de Violencia Doméstica y Protección de Menores).

Coordinación y cooperación efectivas

55.El Ministerio de Sanidad y Protección Social coordina con los ministerios competentes y las unidades de autogobierno local todas las campañas nacionales de sensibilización. La coordinación interinstitucional se refleja en todas las actividades de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2016‑2020, o en otros planes de acción para las comunidades romaní y egipcia de los Balcanes, LGBTI, personas con discapacidad, etc. Los casos de violencia doméstica, la violencia contra las mujeres y las niñas, el maltrato infantil, etc., se encaran mediante un enfoque multisectorial coordinado.

56.La coordinación interinstitucional entre el gobierno central y el local, así como la coordinación con todos los actores y socios, ha permitido recoger y reflejar la voz y las preocupaciones de las mujeres y niñas de los grupos vulnerables. La presencia de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las de derechos de las mujeres, en el Consejo Nacional de Igualdad de Género, o en las consultas del Estado sobre la elaboración de nuevas leyes y políticas, o la revisión de las existentes, representa otra oportunidad para abordar las necesidades de las mujeres de grupos vulnerables.

57.La Policía Estatal coordina su trabajo y coopera con la Defensoría del Pueblo, el Comisionado para la Protección contra la Discriminación y el Ministerio de Sanidad y Protección Social, así como con organizaciones y socios internacionales. Unas 70 mujeres policías recibieron capacitación sobre cuestiones relacionadas con el género en 2016, mientras que en 2018 se celebraron 15 reuniones/mesas redondas con el Comisionado para la Protección contra la Discriminación, 30 reuniones en 2019 con el Ministerio de Sanidad y Protección Social y 10 reuniones en 2020 con socios internacionales sobre igualdad de género y contra la discriminación.

58.En mayo de 2018, el Comisionado para la Protección contra la Discriminación y la Defensoría del Pueblo suscribieron un acuerdo de colaboración con el objetivo de asegurar una coordinación y cooperación efectivas, garantizando al mismo tiempo el respeto a los derechos humanos y las libertades, especialmente la no discriminación y la igualdad ante la ley. Además, se contemplaba la promoción de los derechos, libertades e intereses legítimos de las personas y la supervisión de la aplicación de la ley sobre igualdad de género.

Aplicación de la presupuestación con perspectiva de género y de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género y Violencia de Género 2011‑2015

59.La elaboración de presupuestos con perspectiva de género forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Integración 2015‑2020 y se incluye en la gestión del sistema presupuestario a través de las modificaciones de la ley correspondiente (2016). La Ley de Financiación de la Autonomía Local (2017) ha creado oportunidades para la inclusión efectiva de la presupuestación con perspectiva de género en todas las etapas del ciclo de gestión financiera local (programación presupuestaria anual y a medio plazo, seguimiento y presentación de informes, evaluación y auditoría). Es obligatorio que las dependencias del gobierno local se ocupen de las cuestiones de igualdad de género o el pleno respeto de la igualdad de género en al menos uno de los objetivos políticos del programa, identificando claramente los productos e indicadores de género. Por ello, tales dependencias deben incluir como indicadores financieros los gastos de las políticas de apoyo a la igualdad de género del total de los gastos.

Aplicación de la presupuestación con perspectiva de género a lo largo de los años:

Año	Número de programas presupuestarios	Número de programas presupues - tarios , incluida la presupues - tación con perspectiva de género	Número de objetivos	Número de productos	Fondos presupues - tarios de la presupues - tación con perspectiva de género (en millones de USD)	% del total de los gastos presupuestarios
2015–2017	84	9	11	14	38,4	1
2016–2018	84	20	27	23	63,4	1,73
2017–2019	84	24	32	33	90	2,3
2018–2020	84	28	41	41	120	2,4
2019–2021	74	33	52	52	285	6,3

60.La evaluación de la aplicación de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género y Violencia de Género 2011‑2015, llevada a cabo mediante un proceso participativo, precedió a la redacción de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2016‑2020, que reflejó las conclusiones pertinentes y dio respuesta a los retos detectados, como se indica a continuación.

61.El objetivo estratégico de reforzar el Mecanismo Nacional de Igualdad de Género se cumplió parcialmente. El marco legal se ha mejorado de manera significativa, pero existen también dificultades para el Mecanismo Nacional a la hora de organizar actividades, coordinarse con las instituciones centrales y hacer un seguimiento y evaluación adecuados de los compromisos en materia de igualdad de género. La asignación de fondos suficientes y el refuerzo de la red de Responsables de Igualdad de Género a nivel local y central siguen siendo los principales retos.

62.El objetivo estratégico 2, relativo a la participación de las mujeres en la toma de decisiones, se ha cumplido casi en su totalidad. Las enmiendas al Código Electoral (2015) aumentaron las cuotas de género del 30 % al 50 % para las candidatas en los consejos municipales y aumentaron el porcentaje de miembros femeninos del 12 % (2011) al 34 % (2015). También ha aumentado la participación de las mujeres en las misiones de mantenimiento de la paz y en la policía. El empoderamiento de las mujeres jóvenes dentro de los partidos políticos y los cambios en el Código Electoral antes de las elecciones parlamentarias de 2017 se identificaron como desafíos.

63.El objetivo estratégico 3, relativo al empoderamiento económico y social de mujeres y hombres, se ha cumplido parcialmente. Se identifican como avances clave el aumento del número de mujeres que reciben apoyo a través de los programas de empleo y formación profesional; la mejora del marco legal sobre los préstamos y el espíritu empresarial de las mujeres; y la falta de capacidad humana y apoyo financiero.

64.El objetivo estratégico 4, relativo a la violencia de género y doméstica, se cumplió parcialmente. Los datos mostraron un aumento significativo en la denuncia y la gestión de los casos, especialmente en los casos de violencia doméstica. Algunos de los retos identificados son el tratamiento de todas las formas de violencia contra las mujeres, la armonización del marco legal existente y su aplicación, la mejora del acceso a la justicia, el aumento de la calidad y el número de servicios dedicados a las víctimas/supervivientes de la violencia, la ampliación de las medidas preventivas, la implicación de más hombres/niños en las acciones contra la violencia y la mejora del acceso a los servicios, especialmente para las mujeres de las zonas rurales o los grupos que son objeto de discriminación múltiple.

Integración de las recomendaciones del Comité sobre la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2016‑2020

65.La Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2016‑2020 se redactó sobre la base de la evaluación anterior, a través de un amplio proceso de consulta. Sus objetivos estratégicos son:

a)El empoderamiento económico de las mujeres y los hombres.

b)La garantía de participación y compromiso reales y equitativos de las mujeres en la toma de decisiones políticas y públicas.

c)La reducción de la violencia de género y doméstica.

d)El fortalecimiento del papel de coordinación y seguimiento del Mecanismo Nacional de Igualdad de Género, así como la sensibilización pública sobre el avance de la igualdad de género.

66.La Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2016‑2020 se basa en los compromisos internacionales y de la UE en materia de igualdad de género, en las estrategias nacionales clave y en las obligaciones derivadas de los convenios internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Plataforma de Acción de Beijing, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc.

Apoyo al papel de la Defensoría del Pueblo

67.La Asamblea ha prestado especial atención a la aplicación de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. La Decisión 49/2017 estableció el Mecanismo Gubernamental Interinstitucional de la Asamblea —Instituciones Independientes—, así como la Plataforma Interinstitucional en Línea, como un sistema transparente para la evaluación eficiente de la ejecución de las recomendaciones de las instituciones independientes por parte del Ejecutivo y los organismos subordinados. Esta plataforma ha reforzado el papel y el apoyo de la Defensoría del Pueblo.

68.La Defensoría del Pueblo está redoblando su actividad para la protección de los derechos de los ciudadanos, promoviendo la rendición de cuentas por parte de los organismos gubernamentales, supervisando la aplicación de importantes convenios (incluida la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), elaborando informes especiales sobre la igualdad de género (sobre la violencia contra las mujeres, el acoso moral y sexual en la administración pública, la situación de la comunidad LGBTI, el seguimiento de la presupuestación con perspectiva de género, etc.).

69.Sin embargo, la Defensoría del Pueblo se limita a garantizar la protección de los derechos de las mujeres frente a las violaciones de las instituciones públicas. La Defensoría del Pueblo comparte la opinión de que la aprobación parlamentaria de la Resolución que reconoce y apoya la labor de los defensores de los derechos humanos en la promoción, el fomento y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 2018 es importante para reforzar la cooperación entre todas las partes interesadas.

70.La Dirección General de Prisiones ha garantizado el acceso a la Defensoría del Pueblo para realizar inspecciones periódicas independientes sobre el trato a las mujeres en el sistema penitenciario, a través del Mecanismo de Prevención de la Tortura. Las recomendaciones formuladas se han convertido en parte integrante del Plan de Acción para el Cumplimiento de las Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. También se ha facilitado el acceso a la vigilancia a las organizaciones sin fines de lucro con las que la Dirección General de Prisiones ha suscrito acuerdos de cooperación.

71.El Ministerio de Sanidad y Protección Social revisa cuidadosamente todas las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo sobre la promoción de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación de género, como se refleja en: a) la finalización de los reglamentos para la ampliación del plan de asistencia económica (prestaciones) en todo el país con la fórmula de puntuación, que atiende mejor a las familias pobres; b) la elaboración de directrices para los nuevos criterios médicos de evaluación de la discapacidad y la creación de una comisión multidisciplinar con empleadas/trabajadoras sociales y médicos, que también evalúen las barreras para la participación en las actividades cotidianas; c) el diseño de la cartera de servicios sociales y su presentación a los 61 municipios para que se tenga en cuenta a la hora de reorganizar las estructuras locales; d) la aprobación de la Ley 65/2016 sobre empresas sociales para la protección e inclusión de colectivos vulnerables; e) la mejora de las acciones contra la violencia doméstica mediante la adopción de modificaciones legales e instrucciones pertinentes para su aplicación, reforzando los mecanismos de remisión coordinados a nivel nacional y unificando el enfoque mediante protocolos y procedimientos operativos estándar; f) el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales para abordar los problemas de la comunidad LGBTI (capacitación en 2019 con los trabajadores/empleados sanitarios y finalización del módulo en 2020 con un capítulo dedicado a la igualdad de género); etc.

Artículo 4

72.La Policía Estatal de Albania ha reforzado las medidas para minimizar cualquier forma de discriminación contra las mujeres de las comunidades étnicas, lingüísticas, con discapacidad, etc., organizando reuniones con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan estrechamente con las comunidades, incluida la capacitación de 60 miembros del personal para mejorar sus conocimientos sobre la igualdad de género y la legislación contra la discriminación; la capacitación de 252 empleados de base y primer nivel de liderazgo sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo (2016); la capacitación de 69 mandos policiales sobre perspectiva de género (2017); la capacitación de 80 mujeres policías, algunas de las cuales han sido premiadas por la Conferencia de la Asociación Internacional de Mujeres Policías, etc.

73.La Policía Estatal ha aumentado el número de mujeres en sus filas. Actualmente emplea a 1539 mujeres (962 agentes de policía y 577 agentes de policía civil), es decir, el 14,4 % de su plantilla. Hay 14 mujeres ocupando puestos de mando. En consonancia con la Estrategia Nacional de Igualdad de Género, la Policía Estatal de Albania elaboró un plan de acción para la integración del personal femenino y organizó sesiones de capacitación sobre igualdad de género, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, etc., con lo que el número total de empleadas formadas en la Policía entre 2016‑2020 ascendió a 1507 mujeres.

74.Un estudio del Comisionado para la Protección contra la Discriminación sobre igualdad de género y discriminación en los órganos designados de la administración local en 2019 propuso que se modificara la ley 139/2015 sobre el autogobierno local para alcanzar la cuota de género del 30 %, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de dicha ley. Además, debe establecerse un mecanismo eficaz que garantice la representación de las mujeres en los procesos de contratación de la administración local, y que la cuota de género sea respetada por todas las entidades, empresas u organismos establecidos por el gobierno local.

75.Con el fin de apoyar a los grupos que sufren discriminación múltiple, se han adoptado varias estrategias y planes de acción en los ámbitos de la educación, la salud, los derechos de propiedad, la protección social, la lucha contra la trata , la protección contra la discriminación, etc., como el Plan de Acción Nacional para la Integración de Romaníes y Egipcios de los Balcanes en Albania 2016‑2020, el Plan de Acción Nacional para las Personas LGBT en Albania 2016‑2020 y el Plan de Acción Nacional para las Personas con Discapacidad 2020. Todos ellos contienen medidas especiales para la inclusión e integración de las mujeres de estos colectivos en la sociedad y el empleo, así como para la participación en todos los servicios y el acceso a ellos.

76.Aumentar la participación de las mujeres de grupos vulnerables es también uno de los objetivos de los Planes Locales de Igualdad de Género elaborados por 10 municipios que han firmado la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local. La Carta ha sido firmada por 13 municipios: Gjirokastër, Tiranë, Korçë, Elbasan, Durrës, Shkodër, Përmet, Bulqizë, Dibër, Librazhd, Cërrik, Pogradec y Kamzë.

77.Algunas de las medidas especiales que se han tomado en favor de los grupos que sufren discriminación múltiple son el aumento de los subsidios para los empleadores que contratan a mujeres de grupos vulnerables, la previsión de los grupos desfavorecidos en la legislación, la adopción de la ley de minorías (2017), la reducción de la pobreza y la mejora del empoderamiento económico especialmente para las mujeres de las zonas rurales, etc.

Artículo 5

78.En el marco de la campaña mundial 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género (25 de noviembre‑10 de diciembre), Albania ha organizado actividades de sensibilización sobre la legislación, los mecanismos de protección y los servicios del país. Las actividades fueron coordinadas por el Ministerio de Sanidad y Protección Social en colaboración con los ministerios competentes, el gobierno local y las organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Igualdad de Género 2016‑2020. Los principales lemas durante la campaña fueron: en 2016, La violencia es inaceptable, denúnciala; en 2017, Pon fin a la violencia contra las niñas y las mujeres; en 2018, Escúchame también; y en 2019, Generación Igualdad contra la violencia sexual.

79.En el marco de la campaña ÚNETE, se han llevado a cabo actividades de sensibilización, como mensajes de niñas/mujeres que han sobrevivido a la violencia o de grupos que sufren discriminación múltiple; mensajes sobre el papel de los mecanismos de remisión coordinados; una plataforma de promoción para los jóvenes, los medios de comunicación y las OSC para abordar las prácticas nocivas, la violencia de género, los ODS y la CIPD; el uso de herramientas innovadoras contra la violencia de género; la iluminación de color naranja de lugares emblemáticos o edificios gubernamentales, etc. También se han organizado actividades de sensibilización anualmente en marzo.

80.En julio de 2017, el Comisionado para la Protección contra la Discriminación organizó unas jornadas de puertas abiertas con representantes de las comunidades de romaníes y egipcios de los Balcanes para dar a conocer la ley de protección contra la discriminación, conocer los problemas a los que se enfrentan estas comunidades y recibir sus denuncias. Esta iniciativa continuó en 2020 con las organizaciones que operan sobre el terreno. Entre enero y marzo de 2018, el Comisionado organizó 12 seminarios de sensibilización con el personal del sector educativo, los servicios sociales, las unidades de violencia doméstica y protección de la infancia a nivel municipal, las oficinas regionales de empleo y las ONG especializadas. En 2020, en el marco de dos campañas de información, se produjeron dos anuncios de televisión y se organizaron actividades de sensibilización en plataformas en línea. Se prepararon folletos y se organizaron continuamente reuniones en línea con activistas de la sociedad civil sobre iniciativas conjuntas de sensibilización, desfiles y exposiciones.

81.Estudios recientes han demostrado que el matrimonio infantil se ha explorado poco y que afecta a niñas de diferentes estratos de la sociedad. En la mayoría de los casos, está fomentado por la desigualdad de género y la exclusión social, y tiene una serie de efectos nocivos. En octubre de 2018, salió a la luz un estudio bien documentado —con el patrocinio del Ministerio de Sanidad y Protección Social— sobre las actitudes hacia los matrimonios precoces, las percepciones, los factores impulsores, las sanciones y las normas en Albania. Sus conclusiones y recomendaciones servirán de guía para abordar este asunto en el futuro.

82.Según las cifras del INSTAT, en los matrimonios registrados en 2017, en el 16,9 % de los casos la cónyuge femenina tenía menos de 19 años, por solo un 0,5 % de cónyuges masculinos por debajo de esta edad. En 2019, 20 chicas se habían casado antes de cumplir los 18 años. Son 4 menos que en 2018. Ese mismo año, el porcentaje de chicas que se casaron entre los 15 y los 17 años fue muy bajo, y las cifras más altas corresponden a la franja de 18‑19 años, con un 8,2 % y un 6,8 % respectivamente. Ningún chico se casó antes de cumplir los 18 años, y solo el 1 % se casó cuando aún tenía entre 18 y 19 años.

Violencia de género: asistencia jurídica gratuita y número de teléfono 24 horas

83.La información sobre la asistencia jurídica gratuita se encuentra en los apartados 22 y 23 de este informe.

84.La Línea Nacional de Asesoramiento 116‑117 se puso en marcha el 24 de noviembre de 2016 como un servicio disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en línea con el Convenio de Estambul. En 2017, se recibieron 1489 llamadas telefónicas y se organizaron 636 sesiones de asesoramiento presencial. En 2018, hubo 540 llamadas telefónicas y 708 sesiones. En 2019, 3014 llamadas telefónicas y 861 sesiones. Entre enero y septiembre de 2020, se recibieron 4226 llamadas telefónicas y se realizaron 488 sesiones de asesoramiento. La Línea de Asesoramiento también funcionó durante el confinamiento instaurado a raíz de la COVID‑19. En abril de 2020, hubo un 60 % más de llamadas telefónicas que en el mismo mes del año anterior. Los tipos de violencia denunciados incluyen la violencia psicológica (57 %), la física (42 %), la económica (31 %) y la sexual (7 casos), a menudo combinadas. Existe una gran reticencia a la hora de denunciar la violencia sexual. Los casos reportados son pocos y distantes.

85.También se puede marcar el 129 (o el 112 en Tirana) para contactar con la Policía. Los delitos, incluidos los de violencia doméstica o de género, pueden denunciarse aquí de forma gratuita las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En 2016, la Policía recibió 1567 llamadas telefónicas de este tipo. En 2017, 2463 llamadas; en 2018, 2607 llamadas; en 2019, 1855 llamadas; y entre enero y septiembre de 2020, se recibieron 1554 llamadas.

86.El Ministerio de Justicia puso a disposición de los usuarios el servicio de 24 horas en el número gratuito 08001010, al que cualquier persona puede llamar para solicitar asistencia jurídica gratuita.

87.Los niños que sufren violencia pueden llamar al servicio especializado ALO 116111, que también es gratuito y se financia con una partida presupuestaria estatal. El servicio ALO 116111 recibió 2345 llamadas telefónicas y remitió 774 casos en 2016; 2374 llamadas y 581 casos remitidos en 2017, 2212 llamadas telefónicas y 1034 casos en 2018; y 4765 llamadas y 979 casos gestionados en 2019.

Funcionamiento de los mecanismos coordinados de remisión

88.Los casos de violencia doméstica se tratan mediante una respuesta bien coordinada y multisectorial, denominada "mecanismos coordinados de remisión" a nivel local. Estos mecanismos se han establecido en 56 de los 61 municipios, y se sigue trabajando en los otros 5 para que el proceso se complete a finales de 2020. Sobre la base del informe de evaluación de 2019, se ha seguido trabajando para aumentar la eficacia de los mecanismos coordinados de remisión existentes.

89.Bajo la dirección del Ministerio de Sanidad y Protección Social, algunas de las principales áreas de intervención son el fortalecimiento de las capacidades de los coordinadores locales, el tratamiento de los casos según el tipo de violencia perpetrada (por ejemplo, la violencia sexual), la mejora de la coordinación entre los miembros del mecanismos coordinados de remisión, la redacción/utilización de procedimientos operativos estándar (POE) o protocolos de gestión de casos, la sensibilización, la mejora de la recogida de datos y la actualización del sistema REVALB.

90.En febrero de 2020, el ministro del Ministerio de Sanidad y Política Social emitió órdenes para la redacción y adopción de POE para los trabajadores sanitarios y sociales cuando se trate de un caso de violencia doméstica o de género, con el fin de mejorar la cooperación de los miembros del mecanismo coordinado de remisión. Para el personal sanitario se aprobaron POE con el fin de reducir el riesgo de sufrir violencia de género en situaciones de emergencia civil. El uso de los POE aumenta la eficacia del mecanismo coordinado de remisión. En julio de 2020, se organizaron 9 cursos de formación en línea sobre el uso de los POE con coordinadores locales, trabajadores sanitarios y personal de servicios sociales de los 61 municipios, con un total de 1678 participantes.

91.En mayo de 2020, se prepararon dos protocolos sobre la forma en que los mecanismos coordinados de remisión debían gestionar los casos de violencia doméstica relacionados con la COVID‑19, y se enviaron a los 61 municipios para su aprobación por el Comité Directivo de dichos mecanismos. También se organizaron dos sesiones de capacitación en línea con los coordinadores locales de todos los municipios. Se están preparando protocolos para gestionar los casos de violencia sexual en menores y adultos.

92.Se está revisando la decisión del Consejo de Ministros 334/2011 sobre el funcionamiento de los mecanismos coordinados de remisión para que se ajuste plenamente a las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y del GREVIO. Ya se han realizado las primeras consultas y se está completando el proyecto revisado.

Servicios de apoyo especializados

93.En Albania existen 18 servicios de apoyo especializados en materia de alojamiento, gestionados por el Estado o las ONG (o una combinación de ambos). De ellos, 7 son refugios de larga duración y 11 de emergencia (9 construidos entre 2016‑2020). Su funcionamiento está regulado por las normas adoptadas, de acuerdo con el Convenio de Estambul. En abril de 2020, se aprobó la orden ministerial n.º 254/2020 del Ministerio de Sanidad y Protección Social, que es el protocolo de funcionamiento de los refugios durante la emergencia de la COVID‑19. Se organizó una sesión de capacitación en línea sobre el funcionamiento de los refugios. Se brindó la capacitación correspondiente a 37 miembros del personal de los refugios y coordinadores municipales donde se presta el servicio.

94.El Centro Nacional de Víctimas de la Violencia Doméstica, un refugio estatal, ha atendido los siguientes casos: 75 (28 mujeres, 47 niños) en 2015; 95 (36 mujeres, 59 niños) en 2016; 85 (35 mujeres, 50 niños) en 2017; 91 (35 mujeres, 56 niños) en 2018; 91 (38 mujeres, 53 niños) en 2019 y 48 casos (18 mujeres, 30 niños) entre enero y septiembre de 2020.

95.Siguiendo las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y del GREVIO, se llevó a cabo una evaluación de la situación, junto con una investigación sobre los modelos/mejores prácticas internacionales, una visita de estudio a Corea del Sur y la preparación de los POE. Como continuación de este trabajo, en diciembre de 2018 se creó LILIUM, el primer centro de gestión de crisis para víctimas de violencia sexual. Se trata de un centro de atención integral que ofrece servicios de emergencia 24 horas al día, 7 días a la semana, a las víctimas/sobrevivientes de la violencia sexual y a sus familiares a corto plazo (24‑72 horas). Un equipo multidisciplinar de profesionales (ginecólogos, pediatras, psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadores sociales, policías, fiscales, abogados y enfermeros) presta servicios sociomédicos, en cooperación con los mecanismos coordinados de remisión para los tratamientos de larga duración en este centro, que fue reconstruido para cumplir con los estándares de servicio necesarios. Durante el confinamiento de la COVID‑19, se redactó un reglamento adicional para facilitar su funcionamiento. Hasta la fecha se han tratado en Lilium 60 casos de violencia sexual.

	0 ‑6 años	7 ‑12 años	13 ‑18 años	19 ‑25 años	26 ‑46 años	47 ‑60 años	más de 60 años
2019
Niñas/Mujeres	0	4	19	4	2	2	0
Niños/Hombres	2	1	3	2	0	0	0
2020
Niñas/Mujeres	0	8	9	2	1	0	0
Niños/Hombres	1	0	0	0	0	0	0

96.También hay asesoramiento y orientación para los niños y hombres que han ejercido violencia sexual. De ello se ocupan las dos líneas de asesoramiento para niños y hombres de Tirana y Shkodra. Entre 2016 y 2020, el servicio de Tirana ha tratado un total de 366 casos. Los casos remitidos a las líneas de asesoramiento para niños y hombres están obligados a participar en el programa de rehabilitación de los autores de violencia sexual.

	Núm. total de casos	Remitidos por las instituciones	Por iniciativa propia
2016	46	39	7
2017	67	53	14
2018	90	78	12
2019	110	76	34
Enero a junio de 2020	53	23	30

97.Los menores, las víctimas de abusos sexuales y las víctimas de trata tienen derecho a recibir atención médica, psicológica y otros servicios relacionados, que les proporcionan las autoridades, diversas organizaciones e instituciones responsables.

Aplicación de las decisiones judiciales

98.La Policía Estatal de Albania ha completado y presentado un total de 11 879 solicitudes de órdenes inmediatas/protección (orden de alejamiento) a los tribunales: 2207 en 2016; 388 en 2017; 3037 en 2018; 2836 en 2019 y 1206 entre enero y junio de 2020.

99.El servicio de alguaciles estatales ha ejecutado lo siguiente en el plazo previsto: 296 decisiones de órdenes inmediatas/protección en 2016; 430 decisiones de órdenes inmediatas/protección en 2017; 502 decisiones de órdenes inmediatas/protección en 2018 y 360 decisiones de órdenes inmediatas/protección en 2019. También hubo 215 decisiones en aplicación continuada en 2019: 147 órdenes de protección y 68 órdenes de protección inmediata. Entre enero y abril de 2020, se remitieron al servicio de alguaciles 160 decisiones de órdenes inmediatas/protección para su ejecución, 60 de las cuales se han ejecutado completamente, 95 siguen en curso y 5 fueron interrumpidas por los tribunales.

100.Los agentes judiciales han tenido que hacer frente a a) una sobrecarga de trabajo; b) medidas de protección poco claras en las decisiones judiciales, o que el tribunal ordene a la parte contraria que desaloje su hogar y solicite a los servicios sociales que encuentren al agresor/parte contraria una vivienda con la imposibilidad de prestación de tal servicio; c) la falta de cooperación con otras instituciones estatales para satisfacer las necesidades de la víctima de la violencia doméstica, como el apoyo financiero, la atención médica y social, la vivienda, el tratamiento psicológico, etc. La formación de los alguaciles a lo largo de 2020 es una necesidad, junto con los jueces, los fiscales, los policías, los psicólogos, etc.

Artículo 6

Investigación, enjuiciamiento y condena de los responsables de la trata

101.Albania es un país de nivel 2 en el informe sobre trata de personas (informe TIP) de 2020 del Departamento de Estado de Estados Unidos. La tarea de ejecutar el Plan de Acción para la Lucha contra la Trata 2018‑2020 le corresponde a la Dependencia de Lucha contra la Trata del Ministerio del Interior. Sus actividades se centran principalmente en el refuerzo de las estructuras nacionales; la identificación, derivación y protección de las víctimas; el control del tráfico interno, principalmente de niñas y mujeres; y la intensificación de los esfuerzos de prevención y sensibilización.

102.El artículo 75/a del Código de Procedimiento Penal (2017) establece el mandato del Tribunal Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada y prevé los delitos penales que pueden ser juzgados por este Tribunal. Se trata de cualquier delito cometido por un grupo delictivo estructurado, una organización delictiva, una organización terrorista y un grupo armado, según el Código Penal. La trata de personas forma parte de las competencias de este tribunal, siempre que el delito sea resultado de la actividad de los grupos mencionados. Alternativamente, estos delitos se juzgan en los tribunales ordinarios (de distrito).

103.La Ley 34/2019 sobre la administración de los bienes incautados/confiscados describe el uso y la administración eficaces de los bienes incautados o confiscados por las instituciones judiciales o por orden del ministro de Finanzas, la devolución a la comunidad del producto del delito y la compensación de las víctimas del delito.

104.La Ley 70/2017 de adición y modificación de la Ley sobre la prevención y desarticulación de la delincuencia organizada y la trata a través de medidas de prevención contra los bienes se aplica a los bienes que sean propiedad total o parcial, directa o indirecta, de una persona sobre la que existan dudas razonables de un delito recogido en la sección de trata del Código Penal, ya sea la trata de menores o de adultos.

105.En 2016, la Policía Estatal identificó 69 delitos de trata y 103 delitos relacionados con la trata. También realizó 22 operativos policiales con 222 autores de delito, de los cuales 41 fueron detenidos, 17 fueron declarados en busca y captura, 33 fueron aprehendidos y 130 están siendo procesados sin estar detenidos (bajo fianza). Se llevaron a cabo dos operativos policiales en cooperación con asociados internacionales. En 2017, los órganos de lucha contra la trata remitieron 94 actuaciones penales a la Fiscalía, y se realizaron dos investigaciones conjuntas en cooperación con cuerpos policiales extranjeros contra 18 ciudadanos albaneses. Se detectaron 202 delitos de trata y, en 154 de estos, se identificaron 260 autores. Se desmantelaron 7 grupos delictivos con 92 personas implicadas, de las cuales 37 fueron detenidas, 8 aprehendidas, 19 procesadas bajo fianza y 5 declaradas en busca y captura. En 2018, se identificaron 38 delitos de trata y 93 delitos relacionados con trata. Se llevaron a cabo tres operaciones con 25 autores, 7 de los cuales fueron detenidos en flagrante delito, 16 procesados bajo fianza y 4 declarados en busca y captura. En 2019, se identificaron un total de 134 delitos de trata o relacionados con la trata. En el anexo 7 se recogen todos los elementos adicionales comunicados por la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y los tribunales de diversas instancias.

Identificación de las víctimas de trata

106.En 2016, un total de 134 agentes de la policía fronteriza recibieron capacitación sobre la identificación de los migrantes irregulares que entran o salen de Albania.

107.Ese mismo año, la Academia de Seguridad, en colaboración con el Departamento de Fronteras y Migraciones, organizó cursos de capacitación para más de 40 agentes de la Policía de Fronteras y Migraciones.

108.En 2018, el Departamento de Fronteras y Migraciones formó a 41 agentes, 23 de los cuales en materia de lucha contra la trata y los otros 18 sobre la detección de grupos vulnerables en las corrientes migratorias mixtas.

109.En 2019, la Dirección General de la Policía Estatal formó a 1163 agentes de la Policía de Fronteras y Migraciones sobre los POE que deben seguir al detectar, proteger y derivar víctimas o potenciales víctimas de trata. En el anexo 8 se ofrecen más detalles sobre la capacitación.

Protección de las víctimas de trata

110.La legislación albanesa prevé la exención de condena en lugar de enjuiciamiento para las víctimas de trata. El párrafo 2 del artículo 52/a del Código Penal destaca que "el agraviado por delitos relacionados con la trata podrá quedar exento de la condena por la comisión de delitos mientras fuere objeto de trata por haber sido obligado a cometer las acciones u omisiones ilegales". En la práctica, las víctimas de trata no son procesadas por el delito que se vieron obligadas a cometer por haber sido víctimas de trata. En estos casos, la Fiscalía argumentará que la víctima de trata no debe considerarse responsable por los delitos cometidos a causa de la trata porque no tuvo libre voluntad y, como tal, falta el aspecto subjetivo de la comisión del delito.

111.En casi todos los casos, las víctimas de trata ingresan en centros especializados donde se les proporciona alojamiento, comida y otros servicios de forma gratuita. Si se sienten amenazadas, tienen derecho a incorporarse al programa de protección de testigos. La asistencia y la protección de las víctimas o potenciales víctimas no dependen de su cooperación con las instituciones policiales.

112.El Código de Procedimiento Penal, modificado en 2017, incluye el derecho de la víctima a negarse a responder a preguntas sobre su vida privada cuando no tengan relación con el delito en sí. También pueden solicitar que se les escuche por medios audiovisuales, según lo dispuesto en este Código. También hay disposiciones para los menores de edad víctimas o potenciales víctimas de trata o de explotación sexual. El Código ha recogido los derechos y garantías previstos en el Convenio de Lanzarote sobre el acompañamiento del menor por una persona de confianza, el mantenimiento de la confidencialidad de todos los datos personales, la celebración del juicio a puerta cerrada, etc.

Financiación de las unidades móviles

113.Hay 6 unidades móviles en Tirana, Vlora, Elbasan, Dibër, Kukës y Shkodër, que solo en 2019 han identificado 42 víctimas o potenciales víctimas de trata.

Aumento de los fondos para los centros de servicios

114.Hay un refugio nacional especializado y tres refugios especializados gestionados por organizaciones sin fines de lucro, que reciben apoyo presupuestario del Estado. Los refugios han formado a su personal para garantizar la seguridad de las víctimas. Otro centro de una organización sin fines de lucro en Tirana ofrece atención inmediata a los niños víctimas y alojamiento hasta 21 días.

	Fondos transferidos por año en total
Centros de servicios	2016	2017	2018	2019	2020
Centro Nacional de Acogida de Víctimas de la Trata	21 704 000	22 219 660	22 476 939	20 910 000	20 820 000
Centro de Different but Equal , Tirana	6 473 439	9 804 597	8 467 317	9 054 487	9 054 487
Centro de Another vision , Elbasan	7 769 002	5 792 615	7 599 365	7 982 615	7 982 615
Centro de Vatra , Vlora	7 635 367	10 489 020	10 729 920	11 283 364	11 283 364

Artículo 7

Cuotas de género y elecciones

115.En la actual legislatura hay 41 mujeres diputadas en el Parlamento de Albania. Se trata del mayor número de diputadas que ha tenido nunca la mencionada institución. La Vicepresidencia y las Presidencias de tres comités permanentes y tres subcomités están ocupadas por mujeres. Hay 8 ministras en el Gabinete, lo cual representa el 57 % de este órgano. Los cambios más recientes del Código Electoral, realizados en 2020, reiteran que la obligación de respetar el principio de igualdad de género recae en los sujetos electorales, la administración electoral y el tribunal. La Comisión Electoral Central (CEC) tiene derecho a intervenir en cualquier momento para exigir que se ponga fin de inmediato a cualquier violación de la igualdad de género o, en caso de omisión, para que se establezca en su totalidad.

116.Durante el periodo entre agosto de 2016 y junio de 2017, que marcó el final de la legislatura parlamentaria 2013‑2017, la CEC cubrió tres escaños que fueron notificados por el Parlamento. La disposición de la igualdad de género también se respetó cuando se confirió el escaño a la candidata de la lista plurinominal del Partido Democrático en la circunscripción de Dibër (decisión 108/2016).

117.Se registraron 18 partidos políticos y 2666 candidaturas para las elecciones parlamentarias de 2017. De ellas, 1073 eran de mujeres, lo que representa el 40 % del total. De acuerdo con el artículo 67, punto 6, del Código Electoral, deberá producirse alternancia de género en al menos el 30 % de la lista plurinominal y en uno de los tres primeros nombres de cada circunscripción. La CEC impone sanciones administrativas cuando se infringe el criterio de género de las listas. La CEC impuso al Partido Socialista una multa de un millón de leks albaneses por no respetar la cuota de género en la circunscripción de Berat. Asimismo, multó al Movimiento Socialista para la Integración con la misma cantidad por no respetar la cuota de género en la circunscripción de Tirana. El Partido Democrático fue multado con 12 millones de leks por no respetar la cuota de género en 12 distritos electorales. Hasta la fecha, se trata de la mayor multa impuesta a un partido político desde el inicio del sistema de cuotas.

118.El Partido Democrático recurrió la decisión de la CEC (566/2017) pero el Colegio Electoral falló a favor de la CEC.

119.En 2019, el Parlamento de Albania notificó a la CEC que 58 escaños habían quedado vacantes tras la decisión del Partido Democrático y del Movimiento Socialista para la Integración de renunciar a sus mandatos. La CEC siguió los procedimientos previstos respetando plenamente la cuota de género.

120.Se registraron un total de 97 candidaturas a la alcaldía para las elecciones locales de 2019: 80 hombres y 17 mujeres. También hubo 231 listas plurinominales para los consejos municipales con 9872 candidaturas, de las cuales 5033 pertenecían a hombres y 4839 a mujeres. El 43,7 % de los consejos municipales de todo el país están compuestos por mujeres. La CEC comprobó la composición de las listas en función del criterio de género, y envió los casos no conformes a las entidades proponentes. Estas últimas corrigieron las listas en consecuencia y las volvieron a presentar dentro del plazo legal.

121.Dado que las listas se corrigieron para cumplir con la cuota de género, la CEC no tuvo que aplicar ninguna sanción por listas no conformes. Un total de 1619 candidaturas se convirtieron en concejales, de los cuales 913 son hombres y 706 mujeres.

122.Los partidos políticos cumplieron con la cuota de género del 30 % en las listas que presentaron para los miembros de las comisiones electorales de segundo grado en todos los procesos electorales que se llevaron a cabo durante el período sobre el que se informa.

Seguimiento de la aplicación de la cuota de participación de las mujeres en la toma de decisiones

123.Un estudio de 2019 publicado por el Comisionado para la Protección contra la Discriminación constató que de los 58 municipios que respondieron, 37 tienen más de un teniente de alcalde y 21 solo uno (y ninguno es mujer en este caso). De los 20 municipios con un solo teniente de alcalde (hombre), ninguno está a cargo de alcaldesas. De los 37 municipios con al menos 2 tenientes de alcalde, solo 15 han cumplido la cuota de género. En 20 de los 37 municipios no hay ninguna teniente de alcalde mujer, aunque el organigrama del municipio incluya al menos 2 personas en este puesto. De los 343 administradores nombrados en los 58 municipios, solo 52 son mujeres, lo que supone el 15 % del total.

124.La participación de las mujeres en el mundo académico, como personal de las instituciones de educación superior públicas y privadas, aumentó del 55 % en 2015‑2016 al 56,6 % en 2018‑2019. El número de mujeres docentes también subió del 74 % en el curso 2015‑2016 al 77 % en 2019‑2020. El organigrama del Ministerio de Educación, Deporte y Juventud cuenta con un 50 % más de mujeres en 2020 que en 2016.

125.El Ministerio de Cultura cuenta con una plantilla de 59 mujeres y 22 hombres. Hay 15 puestos de dirección ocupados por mujeres y 24 por hombres. La ministra es una mujer.

126.El personal del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores incluye 113 mujeres (59 %), 31 de las cuales (50 %) ocupan puestos directivos.

127.El número de mujeres agentes de Policía sigue siendo bajo, sin cambios considerables en los últimos cinco años. En 2019, el 14,5 % de los efectivos policiales (un total de 10 434 policías) eran mujeres, según el rango y el género. Ninguna mujer policía ocupa un puesto de dirección ejecutiva. En 2019, solo una mujer obtuvo el rango de alto dirigente y otra mujer alta dirigente ascendió otro peldaño en el escalafón. Cuanto más bajo es el rango, mayor es el número de mujeres. Las mujeres oficiales ocupan mayoritariamente los rangos de inspector y subcomisario. En 2019, el 43,7 % de las mujeres empleadas en la Policía Estatal tenían rango de inspectoras y el 11,4 % eran subcomisarias.

128.En las Fuerzas Armadas, la primera mujer ascendida al rango de General de Brigada lo hizo en 2016, y posteriormente fue nombrada Comandante de la División de Doctrina y Entrenamiento. En la actualidad, es la Jefa Adjunta del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Albania. En 2018, una exoficial militar mujer, coronel de reserva, fue nombrada Prefecta de Tirana. Hasta marzo de 2019, nueve mujeres civiles y cuatro militares ocupaban los siguientes cargos: Ministra de Defensa, Secretaria General del Ministerio de Defensa, Subjefa del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, directora, subdirectora y agregada. Entre 2014 y marzo de 2019, 50 mujeres militares (oficiales, suboficiales y soldados) participaron en misiones y operaciones de la OTAN en el Afganistán, Letonia, Kosovo y el Mar Egeo. La primera vez que una mujer oficial, una subteniente, participó en una misión de mantenimiento de la paz, fue en 2019 en el Afganistán, donde sirvió como comandante de sección. En abril 2019, en Sudán del Sur, dos mujeres militares pasaron a formar parte de una misión de las Naciones Unidas por primera vez. En 2019, el porcentaje de mujeres en las Fuerzas Armadas era del 19,4 %.

129.El porcentaje de mujeres directoras generales o propietarias de empresas era del 25,7 % en 2018, y del 25,4 % en 2019. El porcentaje de mujeres directoras generales/propietarias de empresas es mayor entre las pequeñas empresas (de 1 a 4 empleados), con un 25,8 %, aunque esta cifra es inferior a la de 2018. Sin embargo, en comparación con el año anterior, el porcentaje de mujeres directoras generales/propietarias ha aumentado en las empresas con una cantidad de empleados entre 5‑9, 10‑49 o más de 50.

130.Entre 2014‑2020, el porcentaje de mujeres empleadas en el nivel de personal directivo superior del sector público es el siguiente:

01/2020 ‑ 08/2020	40,3 %
2019	41,3 %
2018	44,2 %
2017	40 %
2016	38,8 %
2015	34,8 %
2014	41,3 %

131.El porcentaje de mujeres nombradas en toda la administración pública (en los puestos ejecutivos, de gestión inferior, de gestión media y de gestión superior) es el siguiente:

Año	Porcentaje
2019	49
2018	54
2017	58
2016	60
2015	56,4
2014	60

Participación de mujeres de comunidades desfavorecidas

132.La Ley 96/2017 sobre la protección de las minorías nacionales incluye disposiciones para la participación de las niñas y mujeres de las minorías en la vida pública, cultural, social y económica del país, en particular en la preservación, protección y promoción de la cultura, las tradiciones y la identidad de la minoría nacional de la que forman parte.

Artículo 8

133.En 2018, 14 embajadoras y 1 encargada de negocios de un total de 72 misiones diplomáticas de República de Albania eran mujeres. De los 63 diplomáticos del Ministerio para Europa y de Relaciones Exteriores, el 52, 4% son mujeres y el 47,6 % son hombres. Las mujeres ocupan los siguientes cargos de responsabilidad en este ministerio: 1 Viceministra, 1 Directora General, 4 Directoras y 10 Jefas de Sección. En 2019, la participación femenina en las misiones diplomáticas era comparable a la masculina. El porcentaje de mujeres es menor en los puestos de embajador y tercer secretario, pero mayor que el de los hombres en los siguientes: ministro plenipotenciario, ministro consejero, primer secretario y segundo secretario.

Participación en misiones diplomáticas, 2019

	Número		Porcentaje
Puesto	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Embajador	36	15	70,6	29,4
Ministro Plenipotenciario	3	6	33,3	66,7
Ministro Consejero	6	7	46,2	53,8
Consejero	9	11	45,0	55,0
Primer Secretario	8	16	33,3	66,7
Segundo Secretario	13	20	39,4	60,6
Tercer Secretario	2	1	66,7	33,3

134.En las misiones diplomáticas de la República de Albania hay 76 mujeres diplomáticas (49 %), de las cuales 15 (29 %) ocupan cargos de responsabilidad. El cumplimiento de la cuota de género se ha reflejado en el programa presupuestario a medio plazo 2019‑2020 del Ministerio para Europa y de Relaciones Exteriores.

Eliminación de impedimentos

135.La cuestión del registro de los niños nacidos de padres albaneses indocumentados en Grecia se resolvió en 2016, ya que ahora los niños se registran previa declaración de los padres en la oficina consular albanesa. Las autoridades griegas no podían inscribir en el registro civil a un niño cuyos padres estaban indocumentados o no tenían permiso de residencia. Por lo tanto, los niños albaneses quedaban sin registrar en el país vecino. A partir de 2016, los niños pueden registrarse previa presentación de una declaración formulada por los padres en la oficina consular de Albania más cercana.

136.Según los datos generados por el Registro Civil Nacional, en 2017 nacieron y se inscribieron 38 513 bebés. Además, 6387 niños nacieron en 2016 pero fueron registrados en 2017. Entre enero y agosto de 2018 nacieron y se registraron 21 482 bebés. En 2017 nacieron 7006 bebés que fueron registrados en 2018. En 2019 se registraron 28 853 bebés y otros 17 610 entre enero y agosto de 2020.

137.En 2018, se modificaron algunas de las disposiciones sobre el registro de niños de la ley sobre el registro civil, lo que sirvió para incentivar el registro de los bebés inmediatamente después de su nacimiento, el registro de los bebés que no se habían registrado y los niños que nacidos en el extranjero. Se han establecido disposiciones para la inscripción de los niños nacidos en el extranjero y cuyo documento de nacimiento está incompleto (sin el nombre del niño) y de niños encontrados o cuyos padres son desconocidos (en este caso, la declaración la realizan los representantes de la autoridad local o los funcionarios del orden público bajo la jurisdicción territorial del lugar donde se encuentre el niño). En caso de que los anteriores no hubieran podido registrar al niño, se ocupa del procedimiento de registro un funcionario del registro civil o un miembro de la dependencia de protección de la infancia local. El funcionario del registro civil del hospital local realiza búsquedas o verificaciones en línea del estado de la madre e inscribe al niño en el Registro Civil Nacional.

Artículo 9

138.De acuerdo con los informes anteriores, la legislación albanesa sobre la nacionalidad de las mujeres y sus hijos se ajusta plenamente al artículo 9 de la Convención.

Artículo 10

139.Entre 2014 y 2020, se han tomado varias medidas para incluir a los niños y adultos romaníes y egipcios de los Balcanes en la educación. Las decisiones del Consejo de Ministros y las instrucciones adoptadas permiten: a) la gratuidad de los libros de texto y el transporte para los niños matriculados en el sistema escolar de 9 años; b) la prioridad a los niños romaníes en la matriculación en la educación preescolar y en la educación básica y secundaria a tiempo parcial; c) la reducción del 50 % de los derechos de matrícula en los estudios de posgrado (segundo ciclo/máster) para los estudiantes romaníes y egipcios de los Balcanes; d) la simplificación de los procedimientos de matriculación/retorno a la escuela para los niños que, debido a sus circunstancias, no hayan podido asistir a la educación básica durante al menos dos años académicos, hayan abandonado la escuela, sean niños de la calle o no estén matriculados; e) la facilitación de que las mujeres que no hayan completado su educación básica a tiempo completo puedan hacerlo a tiempo parcial, uno o dos grados por encima del que figura en el último documento escolar que tengan, previa aprobación de un organismo pertinente; f) la exención para los estudiantes romaníes y egipcios de los Balcanes de los derechos de matrícula para los estudios universitarios (primer ciclo/licenciatura); g) la firma de memorandos de entendimiento interministeriales para identificar y matricular a todos los niños sujetos a educación obligatoria, incluidos los niños de la calle; h) la eliminación de las actitudes excluyentes y de segunda categoría hacia los niños romaníes y egipcios de los Balcanes en la comunidad escolar, e i) la preservación y el desarrollo de la identidad cultural, entre otros, de los alumnos y estudiantes romaníes y egipcios de los Balcanes.

140.El Ministerio de Educación, Deportes y Juventud y las instituciones subordinadas a nivel local completaron el portal RomAlb, como fuente de datos. La aplicación del Plan Nacional de Acción para la Integración de las Comunidades Romaníes y Egipcias de los Balcanes 2016‑2020 sigue siendo un reto para el mencionado ministerio también en 2020.

141.Durante el año escolar 2018‑2019, 15 923 alumnos y estudiantes romaníes y egipcios de los Balcanes (4823 romaníes y 11100 egipcios) cursaron enseñanzas preuniversitarias, lo que supone 915 más si se compara con el curso anterior. Durante el año escolar 2019‑2020, 14 515 alumnos y estudiantes romaníes y egipcios de los Balcanes (4862 romaníes y 9653 egipcios) cursaron enseñanzas preuniversitarias, es decir, 39 más que el curso anterior. De los 3792 alumnos romaníes matriculados en la enseñanza básica y superior de 9 años, 1703 son niñas. De los 7915 alumnos egipcios matriculados en la enseñanza básica y superior de 9 años, 3513 son niñas.

142.El número de niñas y mujeres romaníes y egipcias de los Balcanes matriculadas en la enseñanza preuniversitaria a tiempo parcial ha aumentado en los últimos cuatro años. El número de niñas romaníes que cursaron estudios preuniversitarios fue el siguiente: 32 entre 2019‑2020 y 12 entre 2017‑2018. El número de niñas egipcias de los Balcanes que cursaron estudios preuniversitarios fue el siguiente: 28 entre 2019‑2020 y 16 entre 2016‑2017.

143.El marco legal del país garantiza la no discriminación por motivos de género o discapacidad. La base de datos de niños con discapacidad se actualiza cada año académico, introduciendo datos sobre la edad, el sexo, la clase, el tipo de discapacidad y el lugar de residencia. A partir de estos datos se identifican las necesidades de los niños con discapacidad.

144.Durante el año académico 2019‑2020, las niñas son más del 33 % (N=1,540) en el grupo de infancia con discapacidad de la enseñanza básica y de nivel superior de 9 años. Solo el 10 % asiste a escuelas que atienden necesidades especiales. El 90 % restante asiste a escuelas ordinarias. Las niñas representan casi el 50 % de los alumnos con discapacidad que cursan la enseñanza secundaria.

145.Las autoridades educativas locales han creado comités multidisciplinares que evalúan las necesidades de los niños con discapacidad en relación con un profesor auxiliar y una clase individual tanto al principio del curso como durante el año académico. Un niño con discapacidad es evaluado por el comité escolar, que supervisa su progreso y elabora y aplica su plan individual.

146.Durante el año académico 2019‑2020, hubo 1318 profesores auxiliares para niños con discapacidad en centros educativos preuniversitarios, entre ellos 158 privados. El número de profesores auxiliares aumentó un 34 %.

147.Las tasas de abandono de las niñas se redujeron al 0,61 % en 2016‑2017, y al 0,58 % en 2018‑2019, incluyendo lo siguiente:

a)Del 0,53 % en 2016‑2017 al 0,46 % en 2018‑2019 en educación básica,

b)Del 0,50 % en 2016‑2017 al 0,44 % en 2018‑2019 en educación primaria, y

c)Del 0,56 % en 2016‑2017 al 0,47 % en 2018‑2019 en educación secundaria.

148.Según el INSTAT, el porcentaje de estudiantes que se graduaron con un título en materias relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas entre 2016 y 2019 es el siguiente:

	2016–2017		2017–2018		2018–2019
Materia	M	H	M	H	M	H
Ingeniería, fabricación y construcción	5 %	14 %	5,8 %	16,1 %	5,3 %	17,5 %
Ciencias naturales, matemáticas y estadística	5 %	4 %	4,7 %	3,5 %	4,7 %	2,9 %
Tecnología de la información, comunicación	4 %	9 %	4,7 %	10,4 %	3,7 %	8,6 %
Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria	2 %	4 %	2,9 %	5,9 %	2,2 %	5,3 %

Artículo 11

149.La Estrategia Nacional de Capacidades y Empleo y su Plan de Acción 2014‑2020 fueron revisados y ampliados hasta 2022, confirmando la pertinencia de las cuatro prioridades estratégicas. Los indicadores, también revisados hasta 2022, se basan en un conjunto de datos en estrecha colaboración con el INSTAT. Todos los servicios y programas de seguimiento proporcionados por la Agencia Nacional de Capacidades y Empleo también incluyen indicadores de igualdad de género, que se reflejan en el programa estadístico revisado al final de cada año natural y se recogen en consecuencia en todos los informes periódicos. La base de datos del Servicio de Empleo también incluye datos del mercado laboral relacionados con el género.

150.Las tasas de empleo de las mujeres (15‑64 años) han aumentado. Fueron respectivamente el 58,3 % (2016), el 57,7 % (2017), el 59,7 % (2018) y el 61,6 % (2019). Las oficinas de empleo han encontrado empleo en 25 170 casos en 2016 (53,5 % mujeres), 23 136 en 2017 (50,5 % mujeres), 32 846 en 2018 (50,4 % mujeres) y 30 391 en 2019 (4 9% mujeres). El número de desempleados de larga duración que buscan trabajo ha disminuido de 54 323 personas (28 007 mujeres) en 2016 a 35 194 personas (19 221 mujeres) en 2019.

151.Las tasas de empleo (15‑64 años) en 2019 fueron del 68,2 % para los hombres y del 54,4 % para las mujeres. El 27,1 % de las mujeres tenía un empleo remunerado, mientras que el 15,2 % no recibía remuneración por el trabajo que aportaba a la unidad familiar. Las tasas de hombres con empleo remunerado y no remunerado son, respectivamente, del 31,3 % y del 10,8 %. Las tasas de autoempleo son del 26,1 % (hombres) y del 12,1 % (mujeres). La mayoría de los hombres y mujeres suelen trabajar en el sector agrícola.

152.El empleo de hombres y mujeres en el sector agrícola ha disminuido: 45,4 % de mujeres y 36,2 % de hombres en 2016, 42,5 % de mujeres y 34,9 % de hombres en 2017, 42,3 % de mujeres y 33,5 % de hombres en 2018, y 41,6 % de mujeres y 32,3 % de hombres en 2019. Se observa un descenso en el sector de la industria minera, energía, gas y suministro de agua con un 1 % de mujeres y un 3,9 % de hombres en 2016, un 0,6 % de mujeres y un 3,7 % de hombres en 2017, un 0,8 % de mujeres y un 3,3 % de hombres en 2018 y un 0,8 % de mujeres y un 3,2 % de hombres en 2019.

153.Las tasas de desempleo de 2019 (15‑64 años) fueron del 12,2 % para los hombres y del 11,8 % para las mujeres. En comparación con 2018, las tasas de desempleo han bajado para ambos géneros, disminuyendo un 1,0 % para los hombres y un 0,5 % para las mujeres.

154.El número total de desempleados demandantes de empleo que formaron parte del plan de fomento del empleo fue de 5211 personas (2233 mujeres) en 2016, 5264 personas (3239 mujeres) en 2017, 4808 personas (2260 mujeres) en 2018 y 5338 personas (3045 mujeres) en 2019.

155.El número de desempleados demandantes de empleo inscritos en un curso de formación profesional fue de 12 710 personas (7032 mujeres) en 2016, 17 297 personas (6200 mujeres) en 2017, 12 403 personas (4931 mujeres) en 2018 y 8818 personas (3882 mujeres) en 2019.

156.Se matricularon 19 019 estudiantes en institutos de formación profesional de todo el país en 2017‑2018. De ellos, 2715 (14 %) eran mujeres. El curso siguiente, se matricularon 19 311 alumnos (3102 mujeres, el 16 %) en los mismos centros.

157.Los salarios brutos mensuales medios han aumentado para ambos sexos, como sigue:

	Salario medio bruto al mes en leks
Año	Hombres	Mujeres
2016	50 084	44 354
2017	51 392	46 018
2018	53 181	47 490
2019	54 940	49 411

158.En 2019, la brecha salarial de género fue mayor en el sector manufacturero (24,6 %) y menor en el sector de la construcción (0,7 %). La brecha salarial de género más alta (24,2 %) se encuentra en las personas que se dedican a la artesanía o al montaje de equipos y maquinarias. La brecha salarial de género más baja (3 %) corresponde a las Fuerzas Armadas. En otras palabras, los hombres cobran un 3,0 % más que las mujeres en las Fuerzas Armadas.

159.Los servicios públicos de empleo se prestan gratuitamente tanto a los empresarios como a los trabajadores. La Ley 15/2019 obliga al Estado albanés a tomar todas las medidas necesarias y a proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las oficinas de empleo ofrezcan servicios especializados a los grupos con necesidades especiales que buscan ayuda para incorporarse al mercado laboral. Además, la información debe facilitarse de forma que sea fácilmente comprensible para los desempleados con discapacidad demandantes de empleo.

Datos del Servicio Nacional de Empleo

	2015	2016	2017	2018	2019
Número total de personas desempleadas demandantes de empleo	145 147	93 889	83 497	64 781	68 589
Mujeres desempleadas demandantes de empleo	73 208	49 735	44 220	34 172	36 523
Personas desempleadas que reciben ayuda económica y prestaciones de desempleo	65 458	45 738	41 251	22 345	24 651
Mujeres	33 061	23 960	21 181	11 225	12 454
Personas desempleadas de larga duración demandantes de empleo	68 885	54 323	42 594	32 473	35 194
Mujeres	33 721	28 007	21 622	17 850	19 221
Personas desempleadas demandantes de empleo de grupos especiales	13 470	7 600	7 162	6 557	7 919
Mujeres	6 164	3 778	3 602	3 168	3 835
Número total de personas empleadas a través de las oficinas de empleo	1 222	25 170	23 136	32 846	30 391
Mujeres	53 %	53,5 %	50,5 %	50,4 %	49 %
Personas desempleadas que participan en programas de fomento del empleo	5 805	5 211	5 264	4 808	5 338
Mujeres	70 %	56 %	62 %	55 %	50 %
Personas desempleadas demandantes de empleo que se han inscrito en cursos gratuitos de formación profesional en centros públicos	13 887	12 710	9 461	8 470	8 714
Mujeres	5 672	5 678	4 454	4 779	4 832

Artículo 12

Método anticonceptivo

160.La atención sanitaria integrada para las mujeres en todos los centros de salud del país incluye la atención antes, durante y después del parto, tanto para la madre como para el bebé, la planificación familiar, la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de mama y de cuello uterino, la salud sexual, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y otras infecciones/enfermedades del aparato reproductor, la gestión de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, etc. El servicio tiene como objetivo reducir las enfermedades y la mortalidad materna y perinatal y disminuir el número de embarazos no deseados, los abortos inseguros, los embarazos precoces y los nacimientos prematuros y con bajo peso, así como ofrecer servicios de aborto seguro y controles de ETS.

Datos sobre el aborto, 2015‑2019.

Años	Nacimientos	Abortos	Informe sobre abortos	Relación entre nacimientos y abortos
2015	32 715	5 880	180	5,6	:1
2016	31 733	5 410	170	5,9	:1
2017	30 869	5 279	171	5,8	:1
2018	28 934	5 532	191	5,2	:1
2019	28 561	5 183	181	5,5	:1

161.La mayoría de los abortos se producen en el grupo de edad de 20 a 34 años. En el grupo de edad de 15 a 17 años, la tasa de aborto más alta fue la de las jóvenes de 16 años: 132 abortos por cada 1000 nacidos vivos. En 2019, el mayor número de embarazos interrumpidos correspondió a mujeres jóvenes que habían completado la educación secundaria de nueve años (34,8 %) y bachillerato (25,6 %). Las tasas de aborto son más bajas en mujeres con educación primaria solamente (2,6 %) y más altas (23,3 %) en mujeres con educación superior. El 78,2 % de las mujeres que interrumpieron su embarazo estaban casadas, y el 7,8 % solteras. Las tasas de aborto en mujeres divorciadas o viudas son muy bajas. La tendencia se ha mantenido más o menos igual en el caso de los abortos practicados a mujeres desempleadas o sin seguro (55,1 %). Hubo un aumento (2,1 %) en la tasa de aborto de las mujeres con empleo en 2019.

Acceso de las mujeres marginadas a los servicios sanitarios

162.Los albaneses de entre 35 y 70 años pueden someterse a controles sanitarios en su centro de salud de forma gratuita. El Ministerio de Sanidad y Protección Social organizó la campaña de sensibilización a gran escala ¿Cómo Estás? con carteles y otros materiales donde se explica cómo sacar cita para un control médico y su importancia para la salud. En 2019 se realizaron 482 716 controles, es decir, 7716 controles sanitarios más de los 475 000 previstos.

163.Aunque está limitada a un periodo de cinco años, la Estrategia Nacional de Salud 2016‑2020 ha establecido los objetivos clave para mejorar la atención sanitaria para 2025. La Estrategia pretende aumentar las inversiones en infraestructuras sanitarias y equipos médicos para garantizar el acceso universal y la calidad en la prestación de la asistencia sanitaria. El coste de las obras de reconstrucción que tendrán lugar en 105 centros de salud en 2020 se cubrirá con un fondo de 651 153 042 leks en dos años. Ya se han asignado 422 991 042 leks en 2020 y el resto queda pendiente para 2021.

164.El Ministerio de Sanidad y Protección Social de Albania está aplicando el Plan de Acción Nacional contra el Cáncer 2011‑2020. Se dispone de 15 mamógrafos fijos y 2 móviles para realizar el cribado del cáncer de mama en todo el país. Los datos del sistema público de salud muestran que se realizaron 8 837 pruebas en 2016, 10 393 en 2017, 16 032 en 2018 y 19 626 en 2019.

165.Albania ha dado pasos importantes para reforzar la educación sexual inclusiva en las escuelas. Los organismos que participan en estos esfuerzos son el Ministerio de Sanidad y Protección Social, el Instituto de Educación Continua y las OSC con el apoyo financiero de organizaciones internacionales. Los programas de formación del profesorado se extienden a lo largo del año académico con 110 horas en módulos de 3 a 4 días, incluido el trabajo individual del docente.

166.El Programa de competencias para la vida y educación sexual comprende módulos de biología, salud y educación física, y es obligatorio para los niños a partir de 10 años con un total de 140 horas lectivas. Los niños aprenden sobre el desarrollo a diferentes edades: la reproducción, los órganos reproductores, la madurez sexual o el desarrollo del feto durante el embarazo. Además, se tratan el impacto de las drogas, las enfermedades y la dieta; los métodos anticonceptivos; el aborto; las relaciones sexuales a una edad temprana; o las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en Albania, como el VIH/sida, la gonorrea, la sífilis, etc.

Presupuesto para el sector de la salud

167.Desde 2015, los pacientes albaneses reciben gratuitamente 10 servicios de nefrología y cardiocirugía en hospitales públicos y privados, a saber: diálisis, trasplantes de riñón, terapia de rechazo a trasplantes, implantación de marcapasos, angiografía coronaria, angioplastia coronaria, intervenciones en la válvula aórtica, intervenciones congénitas, bypass coronario e implantación coclear en niños con problemas de audición. Estos procedimientos, que son reembolsados en su totalidad por la caja del seguro médico obligatorio, se realizan sobre la base de los protocolos del Ministerio de Sanidad y Protección Social. La financiación irá primero a los hospitales públicos. En caso de que no puedan llevar a cabo estos procedimientos, la caja se encargará de que sean los hospitales privados quienes los hagan. Los pacientes reciben el tratamiento después de haber sido incluidos en la lista de espera, para lo cual se han garantizado normas claras y transparentes.

168.Albania sigue siendo un país con una baja prevalencia del VIH (0,03 %, mientras que la incidencia es del 0,003 %), aunque se ha producido un aumento de los casos diagnosticados en los últimos años.

Incidencia del VIH/sida según los años y el género

Años	Número		Porcentaje
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
2016	105	23	82,0	18,0
2017	69	25	73,4	26,6
2018	76	26	74,5	25,5
2019	72	29	71,3	28,7

169.El tratamiento y la atención de los pacientes con VIH/sida se realiza en el Centro Hospitalario Universitario Madre Teresa, principalmente en el Hospital de Enfermedades Infecciosas y en el Hospital Pediátrico, en el que se recibe atención directa. También participan otros servicios del hospital, como el Departamento de Diagnóstico por Imagen, el Laboratorio Clínico y la sección de Microbiología, Inmunología y Farmacia. El tratamiento antirretrovírico de primera línea se suministra gratuitamente con un fondo especial del Ministerio de Sanidad y Protección Social.

Número de pacientes con VIH que reciben tratamiento antirretrovírico
2015
Mujeres	130
Hombres	293
Total	423
2016
Mujeres	145
Hombres	352
Total	497
2017
Mujeres	157
Hombres	411
Total	568
2018
Mujeres	179
Hombres	402
Total	581
2019
Mujeres	187
Hombres	424
Total	611

Artículo 13

170.La mejora del marco jurídico para el empoderamiento económico de la mujer se ha analizado anteriormente en este informe (artículo 2). En 2019, el 0,5 % de la población tenía acceso al paquete básico de servicios de atención social. En 2017, esta cifra fue del 0,4 %.

171.En 2018, el Consejo de Ministros adoptó una decisión en ayuda a la aplicación de la ley de empresas sociales. La decisión prevé un fondo de 249 760 000 leks entre 2019‑2021, de los cuales 37 000 000 leks se destinarán a la creación de nuevos puestos de trabajo, 7 776 000 leks al seguro de salud y social obligatorio para los empleados de grupos desfavorecidos, y el resto para las propias empresas sociales previa presentación de un plan de actividades. La nueva empresa tiene que emplear al menos a tres nuevas personas de origen desfavorecido en los primeros 12 meses de funcionamiento a partir del día en que se recibe la subvención. Las subvenciones están supeditadas a la contratación de colectivos desfavorecidos durante un periodo no inferior a 2 años.

172.Las unidades de autogobierno local también pueden solicitar el fondo social para satisfacer las necesidades de los grupos desfavorecidos. Casi el 80 % de estas unidades han elaborado planes sociales con el apoyo de organizaciones internacionales y de los servicios sociales del Estado, que incluyen medidas para las víctimas de la violencia doméstica, las víctimas de la violencia de género y otras mujeres vulnerables. Sin embargo, los consejos municipales aún no han aprobado todos los planes. En abril de 2019, el Ministerio de Sanidad y Protección Social publicó la primera convocatoria para que tales unidades solicitaran el fondo social. En noviembre de 2019, 14 municipios habían recibido fondos por un importe de 69 117 366 leks (unos 690 000 euros) para financiar servicios sociales durante 12 meses, es decir, las necesidades de las personas discapacitadas, los ancianos, los niños y las mujeres en situación de emergencia/víctimas de la violencia doméstica, etc. En 2020, dos municipios recibieron financiación a través del fondo social para establecer centros de emergencia en sus zonas.

173.En 2019, 4 932 mujeres recibieron ayuda o prestaciones económicas. Tras el devastador terremoto de noviembre de 2019, se tomó la decisión de conceder a unas 63 510 familias el doble de prestaciones. De las familias que habían solicitado ayudas/prestaciones económicas entre julio de 2019 y marzo de 2020, 4 524 familias fueron clasificadas como familias necesitadas y, como tales, aunque no formaban parte del programa, recibieron una prestación de 16 000 leks cada una.

174.Las víctimas de violencia doméstica reciben 3 000 leks al mes: 42 en 2016, 9 en 2017, 11 en 2018 y 55 en 2019.

175.Los servicios sociales públicos se prestan en 30 centros residenciales y 119 centros comunitarios o de día, mientras que los privados se prestan en organizaciones sin fines de lucro u organizaciones religiosas en 86 centros comunitarios o de día y 41 residenciales. Hay un total de 276 centros que prestan diversos servicios en todo el país. Los centros no públicos garantizan la prestación de alrededor del 46 % de los servicios sociales, mientras que los públicos se ocupan del 54 %. Los centros comunitarios o de día cubren alrededor del 74 % de los servicios sociales, mientras que los centros residenciales lo hacen en el 26 % de los casos. En 2019, el Estado prestó servicios públicos de residencia o centro de día a 1 716 personas. El número de niños que reciben una custodia alternativa (no un servicio residencial) ha aumentado un 13 %. El 0,5 % de la población tenía acceso al paquete básico de servicios sociales. El total del fondo que financia los servicios sociales en municipios y condados en 2019 fue de 149 195 353 leks. En 2019, se financiaron 12 servicios especializados en 6 condados, lo que supuso un total de 62 000 000 leks.

176.En 2016 se aprobó el Plan de Acción Nacional para la Reintegración Socioeconómica de las niñas y mujeres que fueron víctimas o potenciales víctimas de trata. Su objetivo es abordar su reintegración mediante el empoderamiento económico, el empleo y la formación profesional, la vivienda, la educación y la atención social.

177.La Ley 111/2018 sobre el catastro ha regulado la igualdad de género en el registro de la propiedad. Cuando una propiedad que debe registrarse fue adquirida después del matrimonio, el título de propiedad refleja a ambos cónyuges de conformidad con el artículo 76 del Código de la Familia, a menos que demuestren que la propiedad está sujeta a un régimen patrimonial especial. En cuanto a los títulos de propiedad emitidos antes de la entrada en vigor de esta ley, también hay disposiciones que permiten a los cónyuges escribir a la oficina local de registro de la propiedad y pedir que se actualice el título de propiedad para que aparezca también su nombre, siempre que esta propiedad se haya adquirido después del matrimonio. Esta disposición se aplica al registro de las propiedades legalizadas, los contratos de construcción o la promesa de venta cuando el objetivo es transmitir la propiedad del inmueble de una parte a otra en el futuro.

178.En 2018, el Comisionado para la Protección contra la Discriminación recomendó que la Agencia de Legalización, Urbanización e Integración de Zonas/Construcciones Informales tomase las medidas adecuadas para garantizar el registro del permiso de legalización a nombre de ambos excónyuges.

Artículo 14

179.El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene la intención de seguir abordando cuestiones importantes para las mujeres de las zonas rurales, como la reducción de la pobreza y su empoderamiento económico. Las directrices para la utilización del Fondo para la Agricultura y el Desarrollo Rural conceden cinco puntos adicionales a las mujeres que solicitan el plan de inversión. En cuanto al plan nacional, el Fondo de 2018 consiguió lo siguiente: i) apoyo a las inversiones en agroturismo previa presentación de un plan de actividades, hasta el 50 % del valor total de las facturas fiscales pero sin superar los 20 millones de leks (5 mujeres solicitantes fueron beneficiarias de este plan); ii) apoyo a la incubadora para la producción de productos tradicionales locales, hasta el 70 % del valor de las facturas fiscales emitidas, pero no más de 15 millones de leks, según el plan de actividades (5 mujeres solicitantes se convirtieron en beneficiarias de este plan); iii) ayuda para construir o reconstruir locales de turismo rural con al menos 6‑10 habitaciones, hasta el 50 % del valor de las facturas fiscales pero sin superar los 1,5 millones de leks (5 mujeres solicitantes fueron beneficiarias).

180.Se ofrecieron servicios de extensión a 7100 agricultoras (11 %) en 2016, y a 7 300 agricultoras (11 %) cada año tanto en 2017 como en 2018. Un total de 2 650 agricultores solicitaron el Fondo para la Agricultura y el Desarrollo Rural en 2016, de los cuales 479 (el 18 %) eran mujeres. De los 999 agricultores que solicitaron estos fondos, 159 (el 16 %) eran mujeres. Hubo 779 mujeres que solicitaron el Plan Nacional de Apoyo en 2018. Se presentaron 734 mujeres a los planes directos, y 45 al plan de inversión. Un total de 627 mujeres se convirtieron en beneficiarias, 607 mujeres en los planes directos y 20 en el de inversión. En 2019, el Organismo para el Desarrollo Agrícola y Rural publicó la lista de 4009 solicitantes que recibirían las subvenciones que ofertaba, de los cuales 571 (el 19 %) eran mujeres. Los fondos presupuestarios desembolsados para las mujeres en 2019 ascendieron a 99 millones de leks. El personal de extensión de las 4 agencias regionales de extensión agrícola ha contactado y proporcionado información a unos 70 000 agricultores, de los cuales 7000 eran mujeres (el 10 %).

Artículo 15

Mujeres de edad

181.Tras la evaluación de las leyes sectoriales que regulan las cuestiones relacionadas con el envejecimiento (la ley de asistencia social, la vivienda social, los servicios de atención social, etc.) y las reformas emprendidas en este ámbito se emitió una recomendación. Sin embargo, la conclusión a la que se llegó fue que una ley específica para las personas mayores era innecesaria.

182.Se ha adoptado un documento de política nacional sobre el envejecimiento, junto con el Plan de Acción Nacional 2020‑2024 (decisión del Consejo de Ministros 864/2019). Aborda los derechos de las personas mayores a los servicios sociales y sanitarios en función de sus necesidades, proporcionando servicios de proximidad al cliente, garantizando el derecho a estos servicios y el derecho a elegir una alternativa, o proporcionando servicios multidisciplinares con el objetivo de la reinserción o la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. También establece las responsabilidades de los distintos agentes y faculta a los municipios en el desempeño de sus funciones.

183.En 2018, la estructura de las pensiones urbanas y rurales fue prácticamente la misma, a pesar de las distintas categorías incluidas en este epígrafe. En promedio, el 78 % del total de las pensiones urbanas son de jubilación (394 744 personas en total, de las cuales 190 663 son mujeres). El 13 % son pensiones de invalidez/discapacidad (63 045 personas en total, de las cuales 26 033 son mujeres) y el 9 % son pensiones familiares (46 861 personas en total, 22 615 mujeres). En promedio, el 89 % de las pensiones rurales son de jubilación (113 763 personas en total, de las cuales 75 949 son mujeres). El 6 % son pensiones de invalidez/discapacidad (un total de 7129 personas, 3171 mujeres) y el 5 % son pensiones familiares (6192 personas en total, 3082 mujeres). En 2018, la pensión media urbana al mes subió un 2,2 % respecto al año anterior (de 15 527 leks en 2017 a 15 875 leks en 2018), mientras que las pensiones rurales disminuyeron un 0,1% (de 8808 leks en 2018 a 8792 leks en 2019).

184.El 47,1 % del total de beneficiarios de pensiones urbanas en 2019 fueron mujeres. La proporción de género de las pensiones rurales es considerablemente diferente, ya que el 66,4 % del total son mujeres. La edad media de jubilación es de 65,1 años para los hombres y 61 para las mujeres, salvo las madres de hijos numerosos, que pueden jubilarse a los 55,8 años. En 2020, 5453 personas han cotizado voluntariamente al seguro. El 63,3 % son mujeres.

185.Tienen derecho a las pensiones sociales los ciudadanos de Albania que hayan cumplido los siguientes requisitos: i) haber cumplido 70 años; ii) haber residido permanentemente en Albania durante al menos los últimos cinco años; iii) no reunir los requisitos para recibir ningún tipo de pensión del régimen obligatorio; y iv) no tener ingresos, o los ingresos procedentes de otras fuentes son inferiores a la pensión social. La pensión social básica ha subido de 6750 leks/mes en 2015 a 7283 leks/mes en 2018. Las personas que perciben ingresos procedentes de propiedades, intereses bancarios, acciones, etc., reciben una cantidad menor: 7.262 leks/mes, en función de la cuantía de los ingresos percibidos. Según los datos del Instituto de la Seguridad Social, 2173 mujeres han cobrado este tipo de pensión desde la entrada en vigor de esta ley en 2015.

Mujeres romaníes y egipcias de los Balcanes

186.El Plan Nacional de Acción para la Integración de Romaníes y Egipcios de los Balcanes 2016‑2020 tiene como objetivo aumentar el acceso de ambas comunidades a los servicios públicos mediante la eliminación permanente de las barreras en todos los sectores, y que disfruten de una educación más completa, más empleo y una mejor integración en la sociedad. Algunos de los principales objetivos de este plan son aumentar el número de personas romaníes y egipcias que utilizan los servicios sanitarios básicos, mejorar los niveles de finalización de todos los niveles educativos entre los niños de estas comunidades, incrementar la cantidad de familias romaníes y egipcias incluidas en programas de vivienda social directos o indirectos y ampliar los miembros de estas comunidades acogidos en programas de protección social.

187.El Ministerio de Sanidad y Protección Social es la institución que ejecuta el mencionado Plan de Acción 2016‑2020, un documento complejo que encara algunos de los problemas y retos más importantes a los que se enfrentan las comunidades romaníes y egipcias. El Plan expone los objetivos estratégicos en diversos ámbitos, como el registro civil, la educación y el fomento del diálogo intercultural, el empleo y la formación profesional, la asistencia sanitaria, la vivienda, la integración urbana y la protección social.

188.En 2018, el Ministerio adoptó el Programa Nacional de Atención Sanitaria Comunitaria a través del cual proporcionó servicios sanitarios dedicados a las mujeres romaníes y egipcias de forma gratuita. Estos servicios incluían ecografías ginecológicas y obstétricas, citologías, visitas de consulta y todos los servicios necesarios. El objetivo de la iniciativa es mejorar la vida de todas las mujeres, en particular las de comunidades marginadas, para que puedan recibir servicios sanitarios de calidad en el momento oportuno. Por ejemplo, las mujeres romaníes y egipcias, así como las de otras comunidades marginadas, pueden recibir servicios ginecológicos específicos en una franja horaria determinada en el Hospital Materno Reina Geraldine de Tirana.

189.En 2015, el gobierno adoptó una decisión por la que se establecían los servicios de salud primaria del sector sanitario público, financiados por la caja de seguro médico obligatorio. El documento destaca la atención que debe prestarse a los planes de salud individuales de las mujeres romaníes y egipcias, incluidos los controles de salud periódicos y el seguimiento y asesoramiento del personal sanitario, junto con los obstetras de la clínica u hospital local.

190.El sistema RomAlb muestra que el programa de atención materno‑infantil para las madres romaníes y egipcias que dan a luz en el hospital fue un éxito, ya que las cifras aumentaron considerablemente en los últimos cinco años, pasando de 1961 en 2016 a 2059 en 2017, 7753 en 2018 y 11 797 en 2019.

191.Se concienció a las mujeres romaníes y egipcias sobre la salud física, mental y reproductiva, las enfermedades de transmisión sexual, la vacunación de los niños de 0 a 14 años, los peligros del consumo de drogas, etc., según el cuadro siguiente.

	N.º total de personas romaníes y egipcias de los Balcanes	Mujeres romaníes y egipcias de los Balcanes
2016	4 605	2 775
2017	10 258	5 285
2018	16 650	9 877
2019	30 003	17 850

192.Son cada vez más las mujeres romaníes y egipcias de los Balcanes que reciben ayudas o prestaciones económicas y se han incluido en programas de reinserción: 201 mujeres romaníes (112) y egipcias (89) en 2016, 849 mujeres romaníes (554) y egipcias (295) en 2017, 1065 mujeres romaníes (729) y egipcias (336) en 2018, y 2631 mujeres romaníes (1785) y egipcias (846) en 2019.

193.El programa de protección social se amplió a 4 víctimas de trata romaníes y egipcias en 2016, 2 víctimas de trata romaníes y egipcias en 2017, 1 víctima de trata en 2018 y a 3 víctimas de trata romaníes y egipcias en 2019. El Centro Nacional de Formación de Víctimas de la Violencia Doméstica prestó servicios a 4 víctimas romaníes (2 mujeres, 2 niños) y 9 egipcias (4 mujeres, 5 niños) en 2016, 2 romaníes (1 mujer, 1 niño) y 3 egipcios menores no acompañados en 2017, 11 romaníes (4 mujeres, 7 niños) en 2018, 11 romaníes (3 mujeres, 8 niños) y 2 egipcios (1 mujer, 1 niño) en 2019 y 4 romaníes (1 mujer, 3 niños) en 2020.

Mujeres con discapacidad

194.El Plan de Acción Nacional para las Personas con Discapacidad 2016‑2020 se elaboró en pleno cumplimiento de los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y la Estrategia Europea sobre Discapacidad (2010‑2020). Los objetivos estratégicos de este plan se extienden también a las mujeres con discapacidad, e incluyen el acceso a los servicios y a la información, el acceso al sistema judicial, la participación en el mercado laboral, una educación integral y de buena calidad, una atención sanitaria accesible e igualitaria, la participación en la vida pública y política y unos servicios/prestaciones accesibles y asequibles. El plan de acción nacional que abarcará los próximos cinco años se está redactando en estos momentos. De un total de 55 235 personas con discapacidad en Albania, 22 407 son niñas y mujeres.

195.En 2019, 281 de las 542 personas con discapacidad eran mujeres desempleadas y demandantes de empleo que se habían registrado en las Oficinas Nacionales de Empleo de todo el país. Es muy difícil para las mujeres con discapacidad encontrar un empleo. Sin embargo, esta cuestión está presente en las mesas redondas de consulta, en los debates sobre los proyectos de política o legislación y las reuniones interministeriales o sesiones de audiencia en el Parlamento.

Mujeres migrantes

196.El Ministerio del Interior siempre ha respetado todos los principios internacionales para el tratamiento de las mujeres migrantes, como la no discriminación, la igualdad de género, la reagrupación familiar y la no devolución.

197.El marco jurídico albanés se ha aproximado al acervo de la UE en los últimos años, lo que permite y exige una política migratoria sólida y coherente. Los actos normativos han mejorado los procedimientos, los documentos de viaje, los visados, el empleo y la estancia y la protección de todos los migrantes y sus familias, incluida la observancia de los principios internacionales para el tratamiento de las mujeres migrantes.

198.La Estrategia Nacional de Migración y su Plan de Acción, aprobado por la decisión del Consejo de Ministros 400/2019, tiene como objetivo mejorar el conocimiento de los migrantes sobre sus derechos a fin de facilitar su acceso a la asistencia o a los diversos tipos de servicios que están a su disposición. Se presta especial atención a la eliminación de los obstáculos para que las mujeres migrantes puedan disfrutar de estos derechos de forma efectiva. Algunas de las medidas apuntan a lo siguiente: la formulación, antes de finales de 2020, de un nuevo plan de contingencia para gestionar las corrientes migratorias mixtas, en particular teniendo en cuenta las vulnerabilidades de las personas en movimiento (menores no acompañados, víctimas de trata, solicitantes de asilo, personas con discapacidad, etc.). Otras medidas tienen como objetivo mejorar la infraestructura de los puntos de paso fronterizos para satisfacer las necesidades de los distintos grupos de migrantes (niños, ancianos, personas con discapacidad), formar al personal de fronteras para que identifique las categorías más vulnerables de migrantes cuando formen parte de corrientes mixtas masivas, formular y seguir planes de acción claros para el retorno voluntario asistido, incluidas las categorías vulnerables, y fomentar la presencia de mujeres en el cuerpo de policía de fronteras.

199.En 2019, las autoridades detuvieron a 11 890 migrantes irregulares (2790 mujeres), un aumento considerable respecto a los 6893 migrantes irregulares (404 mujeres) de 2018.

200.En 2015, había 10 563 extranjeros (3877 mujeres) en posesión de un permiso de residencia en Albania. En 2016, esta cifra era de 12 519 personas (4195 mujeres), en 2017 eran 12906 personas (4511 mujeres) y, en 2018, 14162 personas (4959 mujeres), mientras que en 2019 el número de extranjeros en posesión de un permiso de residencia era de 13 507 (5001 mujeres).

201.En 2015, 67 100 ciudadanos albaneses solicitaron asilo en la UE. En 2016, hubo 29 645 solicitudes de asilo de ciudadanos albaneses, 22 735 solicitudes en 2017, 19 825 en 2018 y 20 740 solicitudes en 2019.

Mujeres lesbianas y bisexuales y personas transgénero e intersexuales

202.La Policía Estatal de Albania ha mejorado su sistema de tecnología de la información, que genera datos sobre los motivos detrás de un delito, que incluyen la orientación sexual o el discurso de odio.

203.No se identificaron delitos relacionados con el discurso de odio o la orientación sexual ni en 2016 ni en 2017. Hubo 6 delitos relacionados con el discurso del odio (debido a la orientación sexual de una persona) en 2018 y 7 en 2019, y no se registró ninguno en el sistema en 2020.

204.La Policía Estatal y la Academia de Seguridad han actualizado sus módulos de capacitación prestando especial atención a las cuestiones LGBTI.

Mujeres en centros de detención/instituciones penitenciarias

205.El Plan de Acción del Sistema Penitenciario 2019‑2021 incluye medidas y programas/actividades de rehabilitación para las mujeres detenidas/condenadas, así como formación para los trabajadores.

206.La Dirección General de Prisiones firmó Memorandos de Entendimiento con ocho organizaciones sin fines de lucro con experiencia en cuestiones de derechos humanos para ayudar a mejorar el trato a las mujeres en las instituciones penitenciarias, prestar servicios y realizar actividades de carácter rehabilitador/reintegrador. Las organizaciones sin fines de lucro de lucro prestan, entre otras cosas, servicios psicológicos, jurídicos y médicos, y ejecutan proyectos de reinserción y sensibilización de las mujeres detenidas o reclusas que han sido condenadas por delitos de violencia doméstica.

207.Se han ofrecido programas de tratamiento a los agresores para prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres en el futuro. Desde octubre de 2017, las niñas de la institución para menores de Kavaja reciben formación en pirograbado. En 2019, se puso en marcha un nuevo sitio web —Made in Prison— para la venta de productos hechos a mano por mujeres detenidas o presas.

208.Las mujeres detenidas y presas se alojan en una institución penitenciaria separada, dirigida y atendida únicamente por personal femenino.

209.El cuadro siguiente establece el número de mujeres detenidas y presas en el sistema penitenciario durante el período de julio de 2016 a mayo de 2020.

Mujeres en instituciones penitenciarias de 2016 a mayo de 2020
Años	Presas condenadas	Detenidas	Total
2016	56	47	103
2017	48	41	89
2018	63	39	102
2019	60	31	91
Mayo de 2020	30	19	49

210.El tratamiento que reciben las mujeres en el sistema penitenciario viene determinado por su educación, situación socioeconómica, capacidades y habilidades. El personal de la Dirección General de Prisiones proporciona apoyo moral y fomenta la cualificación profesional, la educación, la formación, el asesoramiento, la participación en otras actividades y los contactos fuera de las instituciones con el objetivo de permitir la reinserción en la sociedad de las presas mientras cumplen su condena.

211.El personal de atención social evalúa las necesidades psicológicas y sociales, junto con las habilidades y la formación profesional o nivel educativo de cada reclusa. A continuación, un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y educadores prepara un plan individual que incluye asesoramiento, terapia, educación, formación profesional, empleo, servicios de biblioteca y otros servicios pertinentes.

212.La terapia cognitivo‑conductual, que tiende a reducir la probabilidad de reincidencia, ofrece a las niñas y mujeres la posibilidad de reforzar las habilidades y actitudes prosociales, disminuyendo las actitudes de carácter delictivo. Los cursos de capacitación profesional ofrecen conocimientos de puericultura, secretariado, sastrería, peluquería, etc. para ayudar a las reclusas a adquirir habilidades que les permitan valerse por sí mismas tras su liberación. También se ofrecen oportunidades de empleo dentro de los recintos penitenciarios. Se fomenta la terapia artística a través de la pintura, el pirograbado, la artesanía, etc. También se organizan diversas actividades, como las educativas, culturales, deportivas y religiosas.

213.Los problemas de salud mental se examinan y supervisan por parte de psiquiatras de la prisión, que realizan exámenes psicológicos y, en caso necesario, recetan medicación antipsicótica. Estas mujeres reciben tratamiento en una Unidad de Cuidados Especiales de acuerdo con la Ley de Salud Mental y los protocolos aprobados por el Ministerio de Sanidad y Protección Social. En la actualidad, tres mujeres están siendo tratadas por diversos trastornos/enfermedades mentales.

214.Se formula un plan o programa de liberación para todas las reclusas seis meses antes de su salida de prisión. En octubre de 2017, el Servicio Penitenciario firmó un memorando de entendimiento con el Ayuntamiento de Tirana sobre las redes de apoyo a la reinserción en la comunidad, brindando respaldo a iniciativas o proyectos sociales que involucran, entre otros, a mujeres en instituciones penitenciarias y menores en conflicto con la ley. También se está llevando a cabo un proceso similar con otros municipios para habilitar servicios de reinserción para mujeres (y otros reclusos) para que se reintegren con éxito en la sociedad.

215.Es muy importante mantener, mejorar o restablecer relaciones constructivas con los miembros de la familia. Las madres de niños pequeños/menores asisten a un curso de paternidad a distancia para ayudarlas a sobrellevar su condena y durante su reinserción social. Las mujeres pueden reunirse con sus seres queridos cuatro veces al mes, y además en ocasiones especiales o durante las festividades, cuando la duración de la visita es mayor. A las reclusas se les permite estar con sus bebés/hijos hasta que cumplen tres años, y se les permite permanecer en la unidad especial para madres e hijos. También hay guarderías especiales.

216.En septiembre de 2016, la Dirección General de Prisiones realizó una evaluación de las necesidades de los reclusos con el objetivo de mejorar el acceso a la educación y la formación profesional. Participaron 70 reclusos, entre los que había 20 menores y 10 mujeres. Sus conclusiones se transmitieron y debatieron con los representantes de las instituciones interesadas.

217.Las recomendaciones del Consejo de Europa para el sistema penitenciario se han traducido al albanés con el apoyo de la presencia de la OSCE en Albania.

218.Las cuestiones de género y la reinserción de las reclusas en la sociedad forman parte de los módulos dirigidos a los trabajadores. En 2019, 40 funcionarios de diversas disciplinas recibieron formación por su trabajo con mujeres reclusas/detenidas.

219.Todos los detenidos o condenados dejan de ser económicamente activos y, por lo tanto, reciben servicios sanitarios gratuitos, según lo previsto en el régimen del seguro sanitario. Al ingresar en el servicio penitenciario, todas las mujeres son examinadas; el laboratorio del hospital penitenciario no tarda más de 72 horas en proporcionar los resultados de las pruebas.

220.En 2016 se realizaron 27 mamografías y 27 citologías; en 2018, 40 controles de salud, 32 mamografías y 50 citologías; y en 2019, 15 mamografías. Se llevaron a cabo sesiones informativas junto con el Ministerio de Salud y Protección Social sobre todos los reconocimientos médicos. Por otra parte, 24 mujeres (en 2018) y otras 14 (en 2019) participaron en exámenes voluntarios de hepatitis B y C y VIH/sida.

Mujeres solicitantes de asilo

221.La Dirección de Asilo y Ciudadanía se encarga de que los solicitantes de asilo dispongan de representación legal gratuita y de un intérprete en la lengua que entienden, registrando toda la información facilitada por la persona que presenta la solicitud de asilo.

222.Los solicitantes de asilo tienen derecho a permanecer en el Centro Nacional de Acogida de Solicitantes de Asilo durante toda la duración del procedimiento hasta que se conceda el asilo o la protección internacional, o hasta que se tramite su solicitud. Cuando se rechaza la solicitud de asilo, se permite al solicitante permanecer en el país o en el centro hasta que se agote el proceso de apelación. Una (mujer) solicitante de asilo que pueda permitirse vivir de forma independiente fuera del centro de acogida recibirá un aviso para abandonar las instalaciones en un plazo de 30 días. Los solicitantes de asilo reciben permisos de residencia y tarjetas sanitarias. La Dirección toma una decisión consensuada y colegiada por medio de una mayoría de votos, y luego la pone por escrito con el razonamiento.

223.Los solicitantes de asilo y los miembros de la familia que hayan viajado con ellos tienen derecho a permanecer en el territorio de la República de Albania hasta que se complete su solicitud de asilo. Se les garantizan derechos como la no devolución, el alojamiento, la alimentación, la asistencia sanitaria y otros servicios públicos sobre necesidades estrictamente personales, que se prestan en el Centro Nacional de Acogida. Los solicitantes de asilo menores de edad permanecen con sus padres o con un familiar adulto que se hace responsable de ellos.

224.El Centro Nacional de Acogida de Solicitantes de Asilo es el lugar donde se alojan los ciudadanos no albaneses o los apátridas que buscan protección internacional. Se satisfacen sus necesidades básicas y se les proporciona asistencia sanitaria en instituciones sanitarias públicas o privadas, además de tratamiento psicológico y representación legal. Todos los apartamentos disponen de aseos y duchas, agua corriente las 24 horas del día, calefacción y aire acondicionado, wifi, alimentación especial si se padecen determinadas condiciones de salud (por ejemplo, diabetes), etc. El director del Centro y la Unidad de Apoyo a los Solicitantes de Asilo se encargan de acompañar a los solicitantes de asilo y de facilitarles el acceso a los centros de salud, si lo necesitan.

225.El Centro Nacional de Acogida ofrece servicios sociales y de integración, así como asistencia psicosocial. Muestra respeto por la diversidad por motivos de raza, etnia, religión, cultura, etc. El Centro organiza las actividades y organiza los viajes en consecuencia. El Centro también cubre todos los gastos de la educación/formación que reciben los solicitantes de asilo mientras están allí. Hay cámaras de videovigilancia alrededor de las instalaciones, ofreciendo seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una empresa de seguridad privada presta todos los servicios relacionados con la seguridad del Centro.

226.En el Centro, los solicitantes de asilo reciben detergentes o productos de higiene personal. Las zonas comunes y los terrenos exteriores (comedor, biblioteca, sala de Internet, sala de juegos para niños, terrenos exteriores) se limpian y desinfectan periódicamente. El Centro también dispone de lavandería, además de sala de Internet, biblioteca y sala de juegos para niños.

227.En el Centro se alojaron 21 niñas/mujeres en 2017, 246 en 2018, 829 en 2019 y 295 entre enero y abril de 2020. El Centro mantiene una buena relación de trabajo con organizaciones internacionales que trabajan con solicitantes de asilo y refugiados.

Artículo 16

Copropiedad para ambos cónyuges

228.La Ley 110/2018 sobre el notariado ha regulado aspectos de igualdad de género para proteger los derechos de propiedad de las niñas y mujeres. Los notarios están obligados a declarar la presunción de copropiedad legal si los bienes fueron adquiridos después del matrimonio y los cónyuges no tienen ningún otro acuerdo previo que establezca acuerdos de propiedad separados. Además, un testamento no puede invadir los derechos de propiedad del cónyuge superviviente en relación con la parte de propiedad del cónyuge presunto copropietario de los bienes adquiridos después del matrimonio. Los notarios deben adjuntar el certificado de matrimonio al documento de transmisión de la propiedad a los efectos del cónyuge superviviente.

229.Cuando se trata de la transferencia de un título de propiedad, el notario tiene que adjuntar a la escritura notarial el certificado de familia del comprador, y su certificado de matrimonio si el comprador está casado. En ese caso, el notario debe reflejar también en el contrato el nombre del cónyuge del comprador, como copropietario/cotitular, aunque el propio cónyuge no esté presente. La ley concede este derecho al cónyuge ausente, ya que el inmueble se adquiere después del matrimonio y, por tanto, se aplica el régimen económico matrimonial común.

230.Cuando un bien adquirido después del matrimonio se ha inscrito a nombre de uno solo de los cónyuges y posteriormente ha fallecido el otro, que es el presunto copropietario, el notario debe solicitar que se expida un certificado de herencia para que conste el nombre de todos los herederos del presunto copropietario en consecuencia en el certificado de propiedad antes de proceder a la enajenación del bien.

Matrimonio infantil

231.Esta información ya se ha facilitado en el artículo 5 (apartados 75 y 76).

Niñas y mujeres confinadas en casa

232.La Dirección General de la Policía Estatal ha elaborado y aprobado el Plan de Acción 2057/2018 para contribuir a la prevención, detección, documentación y lucha contra los delitos cometidos en el marco de las deudas de sangre. Se ha creado un grupo de trabajo para dirigir y coordinar las actividades de las estructuras subordinadas en la lucha contra este fenómeno.

233.En Albania hay 75 familias confinadas en casa debido a deudas de sangre (159 personas, entre las que hay 25 niños). Han abandonado Albania 15 familias, con un total de 56 personas. Las mujeres no tienen que estar confinadas en casa, pero tienen que hacer frente a las repercusiones de que los miembros masculinos de su familia tengan que permanecer en el hogar por las deudas de sangre.

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

234.Albania se basa en las recomendaciones del Comité en los ámbitos de la igualdad de género y la lucha contra la violencia doméstica. También tiene en cuenta la Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción, reflejándolas en sus políticas, estrategias y planes de acción.

Agenda de desarrollo sostenible

235.En diciembre de 2017, el Parlamento albanés adoptó una resolución en la que se comprometía a apoyar la promoción, la aplicación y el seguimiento de la Agenda 2030 y los ODS a través de políticas y procesos de desarrollo inclusivo, en pleno cumplimiento de las prioridades de desarrollo y de integración en la UE del país. En julio de 2018, Albania presentó su examen nacional voluntario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible ante el foro político de alto nivel de las Naciones Unidas. Tanto el informe de análisis presupuestario sobre el coste de la aplicación de los ODS como el informe de evaluación de las necesidades de INSTAT están en curso.

236.El apoyo de los organismos de las Naciones Unidas a la aplicación de la Agenda 2030 se remonta a la formulación de la Estrategia Nacional para el Desarrollo y la Integración 2015‑2020 y al pilotaje de indicadores de gobernanza para el ODS 16. En estrecha colaboración con el INSTAT, el equipo de las Naciones Unidas en el país determinó la forma en que debían comunicarse los indicadores de los ODS. En 2016 se creó un grupo conjunto de las Naciones Unidas y el INSTAT, y en 2017 un equipo de tareas para prestar apoyo a la preparación de la revisión nacional voluntaria, la sensibilización y la promoción de los ODS y la Agenda 2030, y la metodología para prever los costes de la consecución de los ODS a nivel nacional. Los esfuerzos de sensibilización de los organismos de las Naciones Unidas llevaron a la firma de memorandos de entendimiento con 25 universidades en septiembre de 2017. El Fondo de Aceleración de los ODS se puso en marcha a finales de 2018 para apoyar la aplicación de la Agenda 2030.

Difusión de las observaciones finales

237.Las observaciones finales de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se han tenido en cuenta y se han enviado a todas las instituciones y ONG para que coordinen sus acciones para la plena aplicación de las recomendaciones que se les han dado.

Apoyo técnico

238.El Gobierno albanés ha recibido un apoyo técnico continuo de organizaciones internacionales, en particular de los organismos de las Naciones Unidas, para la aplicación de la Convención y de las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales ratificados.

239.En 2018, el Ministerio para Europa y de Relaciones Exteriores ejecutó un proyecto de seguimiento de los convenios internacionales de derechos humanos, con el apoyo del UNFPA y de ONU‑Mujeres en Tirana. Esta plataforma, que se encuentra en la página web del Ministerio, es un mecanismo de seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de la Convención y del examen periódico universal. Estos organismos también han apoyado a las instituciones albanesas con conocimientos técnicos para la redacción y el examen del informe nacional, dado el mecanismo del examen periódico universal de 2019. Su contribución fue especialmente valiosa en la fase de preparación y consulta.

240.En los últimos años, los organismos de las Naciones Unidas en Tirana han contribuido de manera fundamental en áreas prioritarias clave para la aplicación de la Convención, como el apoyo al desarrollo y la consolidación del marco legal sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género, el fortalecimiento de las capacidades nacionales en materia de presupuestación con perspectiva de género, las estadísticas de género y la violencia contra la mujer.