Naciones Unidas

CRPD/C/PRY/CO/2-3

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Distr. general

17 de octubre de 2023

Original: español

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Observaciones finales sobre los informes periódicossegundo y tercero combinados del Paraguay *

I.Introducción

1.El Comité examinó los informes periódicos segundo y tercero combinados del Paraguay en sus sesiones 676ª y 677ª, celebradas respectivamente los días 30 y 31de agosto de 2023. En su 685ª sesión, celebrada el 6 de septiembrede 2023, aprobó las presentes observaciones finales.

2.El Comité acoge con satisfacción los informes periódicos segundo y tercero combinados del Paraguay, que se prepararon con arreglo a las directrices del Comité en materia de presentación de informes en respuesta a lalista de cuestiones previa a la presentación de informes. Asimismo, agradece la información adicional que se ha facilitado por escrito al Comité.

3.El Comité aprecia el diálogo fructífero y sincero mantenido con la delegación del Estado parte, y que contó con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.

II.Aspectos positivos

4.El Comité acoge con satisfacción el establecimiento de un mecanismo de trabajo conjunto con las instituciones del Estado a fin de dar respuesta a la lista de cuestiones remitida por el Comité y el uso del Sistema de Monitorio de Recomendaciones (SIMORE Plus) en materia de derechos humanos, resultado de un proyecto de cooperación entre el Paraguay y la Sección Paraguay de la Oficina Regional para América del Sur, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

5.El Comité observa con satisfacción las medidas legislativas adoptadas para promover los derechos de las personas con discapacidad, en particular:

a)La Ley núm. 4962, de 2013, por la que se establecen beneficios para los empleadores, a efecto de incentivar la incorporación de personas con discapacidad en el sector privado;

b)La Ley núm. 5136, de 2013, de educación inclusiva;

c)La Ley núm. 5362, de 2014, por la que se aprueba el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso;

d)La Ley núm. 5421, de 2015, sobre la igualdad de oportunidades en la formación para el trabajo de personas con discapacidad;

e)La Ley núm. 4934, de 2013, y su Reglamento, de 2015, sobre accesibilidad al medio físico para las personas con discapacidad;

f)La Ley núm. 5446, de 2015, sobre políticas públicas para mujeres rurales;

g)La Ley núm. 5777, de 2016, y su Reglamento, de 2017, sobre protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia;

h)La Ley núm. 6354, de 2019, por la que se establece que en todos los organismos y entidades del Estado que tengan áreas de atención general al público se deberá contar con un funcionario capacitado en estrategias de comunicación con personas sordas y con discapacidad auditiva;

i)La Ley núm. 6486, de 2020, de promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia;

j)La Ley núm. 6530, de 2020, por la que se otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas paraguaya;

k)La Ley núm. 6667, de 2020, por la que se promueve la implementación permanente de campañas masivas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad;

l)La Ley núm. 6808, de 2021, por la que se crean las secretarías municipales y departamentales de discapacidad, para articular y coordinar acciones con la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad;

m)La Ley núm. 7134, de 2023, por la que se establece el turismo inclusivo y accesible.

6.El Comité acoge con beneplácito las medidas adoptadas para establecer un marco de políticas públicas en aras de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, entre las que se encuentran:

a)La publicación del Plan de Acción Nacional por los Derechos de Personas con Discapacidad 2015-2030, por medio del Decreto núm. 5507, en marzo de 2016;

b)La aprobación del II Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres 2015‑2020, por medio del Decreto núm. 5140, en abril de 2016;

c)El lanzamiento del sistema de protección social “¡Vamos!”, en septiembre de 2018;

d)La incorporación de la variable “discapacidad” en el Tablero de Control Presidencial del Sistema de Planificación por Resultados, para vincular el monitoreo de la implementación del Plan de Acción Nacional por los Derechos de Personas con Discapacidad con la ejecución presupuestaria de las instituciones del Estado, desde enero de 2021;

e)La aprobación del Plan Nacional de Empleo 2022-2026, por medio del Decreto núm. 7029, en mayo de 2022.

III.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

A.Principios y obligaciones generales (arts. 1 a 4)

7.Al Comité le preocupa:

a)La ausencia de una estrategia para modificar la terminología y definiciones peyorativas para referirse a personas con discapacidad empleada en el artículo 58 de la Constitución y en distintas normativas e instrumentos de recolección de datos;

b)Que persistan dificultades para que las personas obtengan el certificado de discapacidad, que quienes lo extienden no estén suficientemente capacitados y que los criterios establecidos no sean claros;

c)Las dificultades que existen en el proceso para la obtención de la personalidad jurídica por parte de las organizaciones de personas con discapacidad;

d)La necesidad de actualización y cabal aplicación del Plan de Acción Nacional por los Derechos de Personas con Discapacidad;

e)Que el presupuesto asignado a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad se emplee prioritariamente en las funciones asistenciales, en lugar de equilibrarlo con su papel de incidir en todos los órganos del Estado para lograr la transversalidad.

8. El Comité recomienda al Estado parte que promueva una estrategia transversal y de largo alcance para hacer efectivos todos los derechos consagrados en la Convención, y en particular que:

a) M odifique el artículo 5 8 de la Constitución y el resto de las leyes, políticas y programas para que contengan terminología acorde con la Convención;

b) Revise y actualice los criterios para evaluar la discapacidad, i mplement ando una evaluación holística y multidisciplinaria de las necesidades de protección y apoyo basada en derechos. Además, que capacite al personal que otorga los certificados y que evite la centralización y burocracia en el trámite, acercando este a las regiones rurales y remotas;

c) Tome medidas para agilizar y simplificar la obtención de la person alidad jurídica de las organizaciones de personas con discapacidad, acercando el trámite a las regiones rurales y remotas ;

d) Tome medidas para actualizar el Plan de Acción Nacional por los Derechos de Personas con Discapacidad en todas sus metas, líneas de base e indicadores , y establezca las medidas y mecanismos necesarios para vigil ar su cabal aplicación ;

e) Dote a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad con los recursos suficientes para que cumpla efectivamente con su rol de transversalizar el enfoque de derechos humanos sobre discapacidad en el diseño e implementación de las políticas públicas, por medio del seguimiento, supervisión y prestación de asistencia técnica a los sectores pertinentes , y que las funciones asistenciales sean trasladadas al Ministerio de Desarrollo Social.

9.El Comité reconoce que se ha mejorado la capacidad de convocatoria de las personas con discapacidad y sus organizaciones para participar en las consultasy temas que les conciernen, incluida la consulta nacional para la nueva ley de discapacidad. Sin embargo, le preocupa:

a)La insuficiente participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan, en su diversidad, en los organismos gubernamentales para el seguimiento de la aplicación de la Convención;

b)La falta de criterios claros para la elección y evaluación de los integrantes de diversos mecanismos formales de participación y consulta, así como la insuficiente representación de organizaciones de personas con discapacidad en estos espacios;

c)La insuficiente formación acerca de la Convención dirigida a todas las personas responsables de formular políticas y legislación, el Poder Judicial y los profesionales del sector de la justicia, el personal penitenciario, la policía, el personalde salud, el personal docente, los trabajadores sociales, los trabajadores de los medios de comunicación y demás profesionales que trabajan con las personas con discapacidad.

10. Recordando su observación general núm. 7 (2018), relativa al artículo 4, párrafo 3 , y al artículo 33 de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte:

a) Garantizar la estrecha consulta y participación activa de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en los organismos encargados de dar seguimiento a la implementación de la Convenci ó n ;

b) Asegurar el establecimiento de criterios claros y con perspectiva de género para la elección y evaluación de los integrantes de los mecanismos formales de participación y consulta sobre la elaboración de políticas y programas , y l a participación efectiva de las personas con discapacidad en estos espacios;

c) Reforzar sus esfuerzos para o frecer programas de capacitación sistemáticos acerca de los derechos de las personas con discapacidad y las obligaciones del Estado parte en virtud de la Convención, dirigidos a las personas que ejercen función pública en los tres poderes del Estado y a todos los niveles .

B.Derechos específicos (arts. 5 a 30)

Igualdad y no discriminación (art. 5)

11.Al Comité le preocupa:

a)Que siga sin aprobarse un proyecto deley contra toda forma dediscriminación que contenga transversalmente la obligación de no discriminar a las personas con discapacidad, enfoque de género y de edad, con mecanismos para la presentación de quejas por motivo de discriminación y establezcasanciones a quienes discriminen, acorde con eleje6.3 delPlan de Acción Nacional por los Derechos de Personas con Discapacidad;

b)Que persista la discriminación hacia personascon discapacidad, y no existan mecanismos accesibles de denuncia y reparación para las víctimas de discriminación por motivos de discapacidad.

12. En consonancia con sus anteriores observaciones finales y con su observación general núm. 6 (2018) sobre la igualdad y la no discriminación, el Comité recomienda al Estado parte:

a) Aprobar , cuanto antes, l a le y contra toda forma de discriminación que incorpore las formas múltiples e interseccionales de discriminación , incluyendo la discriminación a las personas indígenas con discapacidad , el concepto de ajustes razonables en los distintos ámbitos y que reconozca la denegación de ajustes razonables como discriminación por motivos de discapacidad;

b ) Establecer procedimientos que sean accesibles y eficaces, incluyendo procedimientos judiciales , administrativos y de presentación de quejas , para las víctimas de discriminación por motivos de discapacidad, y garantizar que se les proporcione una reparación y se sancione a los autores.

Mujeres con discapacidad (art. 6)

13.A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado parte con la promulgación de leyes en la materia,el Comité observa con preocupación:

a)Las pocas medidas transversales quepromuevan y protejan los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad;

b)La falta de empoderamiento de mujeres y niñas con discapacidad,de información sobre el diseño, consulta e implementación de políticas y planes para la igualdad de oportunidades, así como la falta de una perspectiva de género en las políticas públicas y en la estrategia nacional para la inclusión financiera;

c)La falta de información sobre la existencia de legislación o políticas adoptadas para acelerar la igualdad de facto de mujeres con discapacidad en su participación política y pública;

d)La falta de medidas para prevenir y eliminar la discriminación múltiple y la violencia en contra de mujeres con discapacidad, en particular, aquella que experimentan las mujeres con discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial o múltiple, las mujeres indígenas con discapacidad y aquellas que habitan en áreas rurales;

e)La falta de información sobre los resultados del Observatorio de Género, especialmente en mujeres y niñas con discapacidad.

14. Recordando sus anteriores observaciones finales , su observación general núm. 3 (2016) sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, así como las metas 5.1, 5.2 y 5.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte:

a) T ransversalizar la perspectiva de discapacidad en sus leyes y políticas de igualdad de género, e incorporar una perspectiva de género en las leyes y políticas de discapacidad, con la participación efectiva de las mujeres y las niñas con discapacidad;

b) Fortalecer las medidas que promuevan el empoderamiento de las mujeres y las niñas con discapacidad, y agregar la perspectiva de género y de discapacidad en todas las políticas públicas, especialmente en la estrategia nacional para la inclusión financiera;

c) Incrementar el apoyo para que las mujeres con di s capacidad se incluyan en la vida política y pública del Estado parte ;

d) Establecer políticas claras contra la discriminación de las mujeres y las niñas con discapacidad , y mecanismos para la presentación de quejas, su seguimiento, sanción y restauración ;

e) Ampliar el alcance d el Observatorio de Género para conocer los datos relativos a las mujeres y las niñas con discapacidad , especialmente las mujeres indígenas con discapacidad y las que habitan en zonas rurales y remotas.

Niños y niñas con discapacidad (art. 7)

15.El Comité observa con preocupación:

a)La persistencia de la situación de pobreza entre niños y niñas con discapacidad, en particular los niños indígenas y aquellos que habitan en las zonas rurales y remotas;

b)La falta de información sobrelos casos de maltrato y desatención de los niños con discapacidad;sobre las medidas, los mecanismos y los recursos para prevenir y combatir los abusos físicos y sexuales y sobre los servicios existentes para atender a los niños con discapacidad víctimas de malos tratos, en particular en las zonas rurales y remotas;

c)La falta de información estadística relativa alos niños y las niñas con discapacidad que han hecho uso del Fono Ayuda 147, que puede proporcionar orientación y ayuda en casos de violencia;

d)Que no existan espacios suficientes proporcionados por el Estado parte para que los niños y las niñas con discapacidad manifiesten sus opiniones y necesidades, y que estas sean tomadas en cuenta;

e)La persistencia de la institucionalización de niños y niñas con discapacidad y la falta de apoyos a sus familias para evitarla.

16. Recordando su d eclaración conjunta de 2022 con el Comité de los Derechos del Niño sobre los derechos de los niños con discapacidad, el Comité recomienda al Estado parte que :

a) Estable zca ac ciones inmediatas para combatir la situación de pobreza en la que se encuentran niños y niñas con discapacidad , con particular atención a la situación de los niños indígenas con discapacidad y a la situación de los que habitan en zonas rurales y remotas , reforzando el p rograma Abrazo ;

b ) E n coordinación estrecha con las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de la Niñez y Adolescencia , establezca medidas de vigilancia y supervisión para el cumplimiento estricto de la Ley núm.  5659/16 de protección a niños, niñas y adolescentes contra el castigo físico, en hogares, escuelas e instituciones , tanto en zonas urbanas como rurales , y se informe sobre las denuncias y el seguimiento de estas ;

c ) Ref uerce y recopil e datos estadísticos sobre los niños y las niñas con discapacidad que hacen uso del Fono Ayuda 147;

d ) Mejor e las condiciones para que los niños y las niñas con discapacidad puedan expresar sus opiniones y necesidades y estas se vean reflejadas en las políticas públicas y programas ;

e ) E stablezca un programa de desinstitucionalización dirigido a niños y niñas con discapacidad , reforzando el programa de familias sustitutas.

Toma de conciencia (art. 8)

17.El Comité toma nota de las campañas de sensibilización y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, así como de la capacitación proporcionada a funcionarios públicos. Sin embargo, le preocupa que:

a)En la percepción pública de la discapacidad, siga prevaleciendo un modelo asistencialista y médico, y que mujeres, niñas y niños con discapacidad sigan siendo dejados atrás;

b)El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación no fomente que los medios difundan un mensaje sobre personas con discapacidad acorde a los estándares de la Convención.

18. El Comité recomienda al Estado parte que :

a) A dopte una estrategia nacional a fin de promover un modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos , con enfoque de género y edad , entre los medios de comunicación, los f uncionarios públicos, profesionales del sector de la salud y de la justicia, la policía , el público en general y las familias de las personas con discapacidad, con la participación efectiva de las personas con discapacidad en su formulación , aplicación, y evaluación periódica ;

b) Asegure que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación aliente a los medios de comunicación a difundir un mensaje sobre la discapacidad acorde con la Convención.

Accesibilidad (art. 9)

19.El Comiténota con preocupación:

a)Los pocos avances en la Leynúm. 4934/13 sobre accesibilidad,incluida lainformación y comunicación,en la implementación del Plan Estratégico 2016-2018 creado por el Consejo Consultivo de Accesibilidad al Medio Físico y de las Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico, así como la falta de asignación de recursos suficientes y la falta de supervisión y sancionespor incumplimiento;

b)Que los municipios no hayan integrado las normativas de accesibilidad a su cuerpo de legislación municipal, incumpliendo la Ley núm. 4934/13,así como la falta de información sobre las visitas de los evaluadores y certificadores;

c)El incumplimiento de la Resolución núm.62/14 que obliga a la incorporación de al menosun 15% de autobuses accesiblesen la flotilla y el hecho de que dicha resolución seasolo válida para las empresas que operan en la capital y el área metropolitana;así comoque los choferes no cumplan con la obligación de asistir a los usuarios con discapacidad y no sean sancionados por incumplimiento.

20. Recordando sus anteriores observaciones finales , y su o bservación general núm. 2 (2014), relativa a la accesibilidad, el Comité recomienda al Estado parte:

a) Actualizar el Plan Estratégico 2016-2018 para extend erlo a la fecha actual y para que abarque todas las jurisdicciones, con indicadores, recursos , mecanismos de evaluación, seguimiento y sanción, en consulta estrecha y con la participación activa de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan ;

b) Garantizar que los m unicipios armonicen su legislación con la Ley núm.  4934/13 , asegurando la implementación de la Guía Básica de Accesibilidad al Medio Físico para las Personas con Discapacidad a través de un d ecreto del Ministerio de Economía y Finanzas que limite los recursos a aquellos municipios que no pidan el certificado de normalización antes y después de una construcción ;

c ) Asegurar que se cumpla y se expanda la Resolución núm. 62/14 para la incorporación de más auto buses accesibles en todo el territorio y f acilitar programas de capacitación a los choferes para que apoyen a los usuarios con discapacidad y establecer supervisiones frecuentes para sancionar el incumplimiento .

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (art. 11)

21.Al Comité le preocupa lo siguiente:

a)Que las personas con discapacidad no hayan participado en la elaboración del Protocolo Institucional Integral para Planes de Emergencia y Evacuación;

b)La escasa cantidad de información accesible en la prevención de las situaciones de riesgo, las catástrofes y las emergencias humanitarias, en particular respecto a los sistemas de alerta temprana de emergencias;

c)El limitado acceso a la información para las personas con discapacidad sobrela pandemia de enfermedadpor coronavirus (COVID-19), incluidos subtítulos, interpretación en lengua de señas paraguaya y lenguaje sencillo, así como la falta de información sobre el impacto de la crisis en personas con discapacidad, en particular, aquellas que residen en instituciones.

22. De conformidad con el Marco de Send á i para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, e l Comité recomienda al Estado parte:

a) Revisar y actualizar el Protocolo Institucional Integral para Planes de Emergencia y Evacuación , incluyendo información accesible, puntos de reunión , rutas de evacuación segur a s y accesible s , así como refugios accesibles con personal capacitado , gara ntizando la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan y la consulta estrecha con ellas ;

b) Velar por que todas las personas con discapacidad , y sus familias , en situaciones de riesgo y en el contexto de emergencias humanitarias puedan recibir la información necesaria en formatos accesibles y en los dispositivos apropiados, inclu idos los sistemas de alerta temprana;

c) Integrar la perspectiva de discapacidad en sus planes de recuperación ante la pandemia de COVID-19, por cuanto se refiere a programas de salud, económicos y sociales ; asegurar el acceso a la información en formatos accesibles , así como difundir estadísticas sobre el impacto de la pandemia en las personas con discapacidad, inclu idas aquellas que viven en instituciones.

Igual reconocimiento como persona ante la ley (art. 12)

23.Al Comité le preocupa que, pese a contemplarse enel eje7 del Plan de Acción Nacional por los Derechos de Personas con Discapacidad:

a)No se hayan realizado acciones concretas para armonizar el Código Civil y otras normativas para eliminar los regímenes de sustitución de decisiones y para que se reconozca el derecho de las personas con discapacidad a la plena igualdad ante la ley;

b)No se cuente coninformación sobre el número de personas sujetas a los regímenes de capacidad restringida, incluida la incapacitación y curatela, así comola limitada revisión de las sentencias judiciales para restaurar su capacidad jurídica.

24. Recordando sus anteriores observaciones finales y su observación general núm. 1 (2014) relativa al igual reconocimiento como persona ante la ley, el Comité urge al Estado parte a :

a) A rmonizar , a la brevedad posible, el Código Civil con la Convención para garantizar el igual reconocimiento como persona ante la ley de todas las personas con discapacidad , entre otros aspecto s, e limina ndo las disposiciones que permiten la restricción de su capacidad jurídica , como las figuras de la incapacitación y la curatela , así como garantizar medidas adecuadas de apoyo, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan y con la participación activa de ellas ;

b) Recolectar datos desagregados sobre el número de personas sujetas a los regímenes de capacidad restringida y revisar de manera regular las sentencias judiciales para restaurar su capacidad jurídica .

Acceso a la justicia (art. 13)

25.El Comité observa con preocupación:

a)Que no se reporten avances en la aprobación y aplicación del protocolo de acceso a la justicia para personas con discapacidad;

b)La Resolución núm. 886/14 solo “insta” y no obliga a los defensores públicos a la aplicación delos derechos de las personas con discapacidad;

c)La falta de implementación de loscriterios de accesibilidad física universalen todos los sitios de impartición de justicia del país, y la necesidad de incorporar intérpretes de lengua de señas paraguaya al plantel permanente del Poder Judicial;

d)La escasa capacitación de todos los juzgadores del país en materia de acceso a la justicia para personas con discapacidad;

e)La falta de información sobre los avances de las acciones del Consejo Nacional de Acceso a la Justicia y si contempla horizontalmente a las personas con discapacidad;

f)La falta de ajustes de procedimiento acordes con la edad y el género en los procedimientos civiles, penales y administrativos, y los escasos servicios de asistencia, ajustes razonables y patrocinio jurídico gratuito a las personas con discapacidad durante todo el proceso,así comola poca participación de las personas con discapacidad como juzgadores, asistentes jurídicos o testigosy las escasas reformas a nivel provincial y municipal que garanticenlo anterior;

g)La carencia de reformas a la legislación penal para que las sanciones aplicables a las personas con discapacidad psicosocial o las personas con discapacidad intelectual estén sujetas a las mismas garantías y tengan las mismas condiciones que cualquier otra persona sometida a un proceso, previendo en su caso la aplicación de ajustes razonables y de procedimiento;

h)La falta de información del proceso aplicado a las personas con discapacidad intelectual y a las personas con discapacidadpsicosocial que se encuentran actualmente dentrodel sistema penitenciario esperando juicio.

26. Recordando los Principios y Directrices Internacionales sobre el Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad aceptados , de 2020, y la meta 16.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte que :

a) Apr uebe el p rotocolo de a cceso a la j usticia para p ersonas con d iscapacidad a la brevedad posible y garanti ce su estricta aplicación ;

b) Reform e la Resolución núm . 886/14 para que exista la obligatoriedad por parte de los de f ensores de justicia a ejercer su oficio sobre las bases de los derechos de las personas con discapacidad;

c) Asegur e la accesibilidad física de los edificios de los tribunales y de las instancias judiciales y administrativas acelerando la implementación de los criterios de accesibilidad física universal , así como la comunicación sobre los procedimientos en formatos accesibles, a través de la incorporación de intérpretes en lengua de señas y facilitadores de la comunicación al plantel permanente del Poder Judicial y el uso de un lenguaje sencillo , entre otras cosas ;

d ) Ampli e el alcance de la capacitación sobre los derechos de las personas con discapacidad, para que llegue a l a total idad de l personal de justicia del Estado par t e , incluidas las áreas rurales y remotas ;

e ) Asegur e q ue las acciones del Consejo Nacional de Acceso a la Justicia se extiendan a las personas con discapacidad;

f) Estable zca ajustes de procedimiento , adecuados a la edad y e l género , en todas las diligencias judiciales para asegurar la participación efectiva de las personas con discapacidad, también como juzgadores, asesores judiciales o testigos, por medio de servicios de asistencia y patrocinio jurídico gratuito , y reali ce las reformas procesales necesarias a nivel provincial que garanticen estos ajustes;

g) Revis e la legislación actual para que las sanciones aplicables a personas con discapacidad psicosocial y personas con discapacidad intelectual estén sujetas a las mismas garantías y tengan las mismas condiciones que cualquier otra persona sometida a un proceso, previendo en su caso la aplicación de ajustes razonables y de procedimiento ;

h) Revis e la situación procesal de las personas con discapacidad intelectual y las personas con discapacidad psicosocial que se encuentran actualmente en el sistema penitenciario esperando juicio, para garantizar sus derechos .

Libertad y seguridad de la persona (art. 14)

27.Al Comité le preocupa que:

a)Se sigan efectuando internamientos de personas con discapacidad psicosocial y personas con discapacidad intelectual sin su consentimiento, así como las estanciasprolongadas en hospitales psiquiátricos;

b)Existe poca información sobre muchas personas con discapacidad que han sido detenidas en hospitales psiquiátricos como medida de seguridad, ya sea administrativa o penal;

c)El Plan Nacional de Derechos Humanos y el Plan de Acción Nacional porlos Derechos de las Personas con Discapacidad no contemplen procesos de desinstitucionalización;

d)El 65% del presupuesto asignado a salud mental sea dirigido al Hospital Psiquiátrico, en donde aún hay personas con discapacidad psicosocial internadas y donde actualmente se están realizando ampliaciones.

28. Recordando sus d irectrices sobre el derecho a la libertad y la seguridad de las personas con discapaci dad y sus d irectrices sobre la d esinstitucionalización , incluso en situaciones de emergencia , el Comité e xhorta al Estado parte a:

a) Reformar la s leyes y practicas sobre salud mental para eliminar por completo la institucional i zación forzada de las personas con discapacidad y l as hospitalizaciones indefinidas;

b) Recopilar y publicar datos desagregados y actualizados sobre la cantidad de personas con discapacidad en situación de encierro en todas las jurisdicciones, incluyendo la cantidad de niños y adultos con discapacidad segre g ados en instituciones ;

c) Agregar al Plan Nacional de Derechos Humanos y al Plan Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad la obligatoriedad de establecer un proceso de desinstitucionalización con plazos, presupuestos, metas y seguimiento , incluso durante las situaciones de emergencia ;

d ) Considerar que el presupuesto que actualmente se asigna a l os hospital es psiquiátrico s , y a la construcción de nuevas instalaciones en estos , sea redireccionado a programas de apoyo comunitario en el marco del proceso de desinstitucionalización .

Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanoso degradantes (art. 15)

29.El Comité observa con preocupación:

a)Los tratamientos involuntarios a los que se somete a las personas con discapacidad en el hospital psiquiátrico, incluido el aislamiento, la sujeción mecánica, la medicación forzada, la terapia electroconvulsiva y los encierros en celdas individuales y salas de aislamiento, y que no exista una legislación que lo prohíba;

b)La carencia de mecanismos accesibles de denuncia e investigación de tratamientos involuntarios, hospitalizaciones prolongadas y malos tratos en los hospitales psiquiátricos, así como la impunidad en estos casos y la ausencia de reparaciones a las víctimas;

c)El incumplimiento de las recomendaciones emitidas en el estudio diagnóstico sobre la situación de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad con discapacidad física ycon discapacidadpsicosocial, publicadas por elmecanismo nacional de prevención de la tortura.

30. Con base en las d irectrices sobre la d esinstitucionalización, incluso en situaciones de emergencia, el Comité recomienda al Estado parte:

a) P rohibir explícitamente , en la legislación el aislamiento, la sujeción mecánica, la medicación forzada, la terapia electroconvulsiva y los encierros en celdas individuales y salas de aislamiento , así como los tratamientos forzados en situaciones de crisis;

b) Establecer mecanismos accesibles de denuncia e investigación para que las personas con discapacidad en instituciones puedan denunciar los tratos crueles, inhumanos o degradantes, contar con asistencia jurídica, recursos efectivos, reparaciones para las víctimas y asegurar la sanción de los autores;

c ) En coordinación con el m ecanismo n acional de p revención de la t ortura, establecer monitoreo constante de las condiciones de las personas privadas de libertad con discapacidad física y con discapacidad psicosocial , también en los sitios de segregación hospitales psiquiátricos y hogares de albergue , e i nformar sobre el avance del cumplimiento de las recomendaciones de dicho mecanismo .

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (art. 16)

31.Al Comité le preocupa:

a)El estancamiento en la implementación de las líneas de acción del eje14del Plan Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativo a laprotección contra la explotación, la violencia y el abusode las personas con discapacidad, especialmente las personas indígenas, las mujeres y los niños;

b)La falta de accesibilidad en albergues destinados a víctimas de explotación, violencia y abuso;

c)La carencia de medidas de protección establecidas en favor de personas con discapacidad que son colocadas en situación de mendicidad por parte de organizaciones delictivas;

d)La falta de información sobre las denuncias por hechos de violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad presentadasen el sistema judicial y reportadas ante el Sistema Unificado y Estandarizado de Registro.

32. En consonancia con las metas 5.1, 5.2 y 5.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y s u D eclaración del 24 de noviembre de 2021 en la que pide que se adopten medidas para eliminar la violencia de género contra las mujere s y las niñas con discapacidad , el Comité recomienda al Estado parte:

a) Ref orzar las acciones para el avance de las líneas de acción del eje 14 sobre p rotección contra la e xplotación, la v iolencia y el a buso, particularmente de las personas con discapacidad, especialmente las personas indígenas, las mujeres y los niños con discapacidad ;

b) G arantizar el acceso a albergues accesibles y con personal capacitado para las personas con discapacidad víctimas de explotación, violencia y abuso ;

c) Acatar las anteriores observaciones finales y t omar acciones urgentes para prevenir que las personas con discapacidad vivan en condiciones de abandono , sean víctimas de trata y/ o sean obligadas a la mendicidad por organizaciones delictivas , así como establecer las medidas de investigación y penalización pertinentes ;

d) Recopilar información sobre las denuncias presentadas por mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia , tanto en el hogar como en escuelas o instituciones, sobre su seguimiento, las medidas de sanción y de reparación, tanto en zonas rurales como urbanas , y fortalecer el Sistema Unificado y Estandarizado de Registro para que funcione como un sistema unificado, coordinado y coherente de obtención de datos sobre la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad .

Libertad de desplazamiento y nacionalidad (art. 18)

33.Al Comité le preocupa que existe un subregistro del 30 % en los nacimientos en general y no se informa cuántos de ellos son de personas con discapacidad.

34. El Comité recomienda al Estado par t e que i n t ensif i que las ac c iones del Programa Derech o a la Identidad , incluyendo las zonas rurales y remotas, que obtenga estadísticas confiables del subregistro actual de nacimientos y espec í ficamente de personas con discapacidad.

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (art. 19)

35.El Comité observa con preocupación:

a)La ausencia de una estrategia nacional, multisectorial y global para la desinstitucionalización;

b)La falta de apoyos a las secretarías municipales de discapacidad, creadas por la Ley núm. 6808/2022, que tiene por objeto promover la atención a las personas con discapacidad, en cada gobernación y municipio;

c)El establecimiento de hogares sustitutos que no garantizan adecuadamente el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad;

d)La ausencia de partidas presupuestales significativas para financiar la vida independiente de las personas con discapacidad a pesar de estar contemplado en la Política Nacional de Protección Especial para Niñas,Niños y Adolescentes Separados de sus Familias,en su eje estratégico 3;

e)La falta de información sobre viviendas accesibles proporcionadas a personas con discapacidad.

36. El Comité recuerda su observación general núm. 5 (2017) sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, y sus d irectrices sobre la desinstitucionalización, incluso e n situaciones de emergencia , e insta al Estado parte a:

a ) Adoptar una estrategia nacional y multisectorial de desinstitucionalización de las personas con discapacidad, en particular de la niñez , de las mujeres y de las personas con discapacidad psicosocial , en estrecha consulta con las organizaciones de personas con discapacidad y con la participación activa de estas , que incluya plazos específicos y recursos financieros necesarios, asegurando que las personas con discapacidad tengan acceso a alternativas de vivienda en la comunidad que promuevan su voluntad y preferencias, a sí como a redes y servicios de apoyo, inclu ido el apoyo entre pares, y atención integral a sus necesidades básicas;

b ) Fortalecer con el presupuesto suficiente a las s ecretarias m unicipales de discapacidad, creadas por la Ley núm.  6808/2022 ;

c ) Eliminar los “ hogares sustitutos ” ya que no cumplen con las d irectrices sobre la desinstitucionalización y no garantizan el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad;

d ) Asignar el presupuesto suficiente a l eje 3 de la Política Nacional de Protección Especial para Niñas, Niños y Adolescentes S eparados de sus F amilias para impulsar la vida independiente de las personas con discapacidad ;

e ) Implementar un programa que proporcione créditos asequibles para la obtención de viviendas accesibles en la comunidad para personas con discapacidad desinstitucionalizadas ;

Movilidad personal (art. 20)

37.Al Comité le preocupa que no exista una estrategia nacional para el suministro de tecnología de asistencia, y que además los costos de acceso a los dispositivos y las tecnologías de asistencia de calidad sean inasequibles y recaigan principalmente en las propias personas con discapacidad y sus familias, lo que dificulta la provisión de todos los aspectos de la movilidad personal en igualdad de condiciones que los demás.

38. El Comité recomienda al Estado parte que elabore una estrategia para garantizar la disponibilidad, el acceso y la asequibilidad de los dispositivos y las tecnologías de asistencia de calidad en todo el país, incluso proporcionando ayuda financiera para cubrir los cost o s de los dispositivos y tecnologías de asistencia, ya sea total o parcialmente.

Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información (art. 21)

39.Al Comité le preocupa:

a)La carencia de medidas para asegurar que toda la información pública, incluida la información de los servicios de salud y emergencias, de la Policía Nacional y de atención a la violencia, no esté disponible en los modos y formatos accesibles, particularmente respecto a personas ciegas, sordociegas o con discapacidad intelectual;

b)Si bien la lengua de señas paraguaya tiene reconocimiento legal, sigue habiendo una falta de intérpretes debido a la ausencia de programas de formación y acreditación descentralizados;

c)La escasez de recursos y personal capacitado en el Centro de Relevo para proporcionar eficazmente el Sistema de Interpretación en Líneaa las personas con discapacidad auditiva en todo el territorio del Estado parte;

d)El incumplimiento de la implementación del Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso.

40. El Comité recomienda al Estado parte:

a) Asegurar que toda la información pública, inclu ida la información de los servicios de salud y emergencias , sea accesible para las personas con diferentes tipos de discapacidad, y a signar fondos suficientes al desarrollo, promoción y uso de formatos de comunicación accesibles, como el braille, la interpretación para personas sordociegas, la lengua de señas, los formatos de lectura fácil, el lenguaje sencillo, la audiodescripción, la transcripción en vídeo, el subtitulado y los medios de comunicación táctiles, alternativos y aumentativos;

b ) P romover el acceso y el uso de la lengua de señas en todos los ámbitos de la vida, y garantizar la formación , acreditación y disponibilidad de intérpretes cualificados de lengua de señas en todos los departamentos y municipios , así como elaborar un r egistro n acional de i ntérpretes;

c ) Dotar de recursos suficientes al Centro de Relevo para que pueda desempeñar sus funciones eficazmente, inclu idos los servicios de l Sistema de Interpretación en Línea , y asegurar que dichos servicios estén disponibles , inclusive para las personas sordas indígenas y las que habitan en lugares remotos y rurale s , durante las 24 horas del día , los siete días de la semana;

d ) Aplicar eficazmente la legislación sobre derechos de autor promulgada para implement ar el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso .

Respeto del hogar y de la familia (art. 23)

41.El Comité reconoce los esfuerzos realizados para encontrar familias de acogida para las personas con discapacidad, sin embargo, le preocupa el poco seguimiento y apoyo financiero que se le da a dichas familias.

42. El Comité recomienda al Estado parte que i nstitu ya un sistema de seguimiento estrecho a las familias de acogida, cre e iniciativas para alentar a m ás familias a sumarse y se asegur e de proporcionar los recursos necesarios .

Educación (art. 24)

43.Al Comité le preocupa:

a)Que no se haya completado la transformación de las escuelas especiales en centros de apoyo a la inclusión educativa, acorde con la Ley núm. 5136/13, de educación inclusiva, y la Resolución núm. 17267/2018,porla que se aprueban los lineamientos para un sistema educativo inclusivo en el Paraguay;

b)Que los costos de maestros de apoyo individualizados frecuentemente recaen en las familias de los estudiantes con discapacidad;

c)La falta de un plan de acción encaminado al logro de los indicadores de derechos humanos sobre el eje 11 del Plan de Acción Nacional porlos Derechos de las Personas con Discapacidad, relativo al derecho a la educación,así como de inversión del Estado parte en materia de derecho a la educación de las personas con discapacidad;

d)Que no se haya reformado la legislación para que tanto maestros de educación especial como maestros de educación regular se jubilen con los mismos años de servicio;

e)El escaso cumplimiento de la Ley núm. 4934/2013, de accesibilidad al medio físico, en todas las escuelas y colegios del país y en términos de acceso a la información y comunicación, especialmente para estudiantes con discapacidad intelectual y con discapacidad psicosocial, y estudiantes que requieren un apoyo mayor;

f)Que la Dirección General de Educación Inclusiva cuente con una cantidad mínima de personal, vehículos y presupuesto para cubrir alrededor de8.000escuelas en más de 250distritos;

g)La falta de datos fiables, disponibles y precisos sobrelos estudiantes con discapacidad, cuántos se encuentran aún en escuelas especiales, cuántos están siendo incluidos con los apoyos necesariosy cuántos niños, niñas y adolescentes no escolarizados se han identificado a través del Programa MAPE;

h)Los escasos resultados del Plan Educativo Plurilingüe Indígena para el período 2013-2018, así como los pocos avances en la capacitación y formación de docentes de escuelas situadas en comunidades indígenas, de acuerdo con lo establecido en la Ley núm.5136/13, de educacióninclusiva;

i)Lapublicación de la Resolución núm. 29664, del Ministerio de Educación y Ciencias, por la que se prohíben temas de ideologías de género en las instituciones educativas.

44. Recordando su observación general núm. 4 (2016) sobre el derecho a la educación inclusiva, y las metas 4.5 y 4.a de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité urge al Estado parte a:

a) Redoblar esfuerzos para poner fin a la educación especial segregada, de conformidad con la Ley núm . 5136/13 , incluyendo un plan de acción nacional sobre la educación inclusiva de calidad, con objetivos específicos, plazos, recursos humanos y presupuesto suficiente, a fin de asegurar la provisión de apoyos y ajustes razonables para estudiantes con discapacidad que lo requieran en todos los niveles educativos , g arantiza ndo el acceso a las escuelas comunes a todos los estudiantes con discapacidad , también en áreas rurales y remotas ;

b) Incrementar el presupuesto público asignado para los maestros de apoyo para que los estudiantes con discapacidad que los requieran puedan acceder a ellos sin costo ;

c ) Elaborar un plan de acción con presupuesto suficiente para el cumplimiento de los indicadores de derechos humanos relativos al eje 11 del Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad ;

d ) Modificar la legislación para que tanto los maestros de educación especial como los de educación regular se jubilen con los mismos años de servicio ;

e ) Garantizar la accesibilidad plena de los establecimientos educativos , así como el uso de modalidades y sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, como el braille, los formatos de lectura fácil, la educación en lengua de señas, el uso de pictogramas, protectores auditivos y señalética accesible, asegurando la provisión de apoyos y ajustes razonables para los estudiantes con discapacidad que los requieran ;

f ) Reforzar el presupuesto, el personal y los recursos asignados a la Dirección General de Educación Inclusiva para que cumpla con sus funciones en todo el territorio del Estado parte ;

g ) Establecer acciones que permitan contar con datos estadísticos fiables sobre los alumnos con discapacidad , d ó nde se encuentran recibiendo su educaci ó n , así como información sobre niños , niñas y adolescentes con discapacidad no escolarizados;

h) Dar a conocer los resultados del Plan Educativo Plurilingüe Indígena para el período 2013-2018 y los planes para su extensión, así como los avances en la capacitación y formación de docentes de escuelas situadas en comunidades indígenas de acuerdo con la L ey de Educación Inclusiva;

i ) Eliminar la Resolución núm . 29664 , del Ministerio de Educación y Ciencia s , por la que se prohíbe n temas de ideologías de género en las instituciones educativas, ya que se opone al empodera mie n to de mujeres y niñas, especialmente a aquellas con discapacidad .

Salud (art. 25)

45.El Comité observa con preocupación:

a)Las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a los servicios de salud, entre las que figuran la inaccesibilidad física, las formas de comunicación e información, la falta de ajustes razonables y la falta de capacitación de los profesionales del sector sanitario, especialmente en zonas rurales y remotas, situación que se agudizó durante la pandemia;

b)Que los servicios de salud y rehabilitaciónpara personas con discapacidad se encuentren dependiendo delaSecretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y no del Ministerio de SaludPública y Bienestar Social;

c)La centralización de los servicios de salud para las personas con discapacidad, así como la falta de implementación del eje 12 del Plan de Acción Nacional porlos Derechos de las Personas con Discapacidad,relativo al derecho a la salud, lo que afecta a las personas con discapacidad, especialmente a las personas indígenas y a aquellas que viven en regiones remotas y rurales;

d)La falta de reglamentación y control de los seguros de salud privados, quienes se niegan a cubrir a las personas con discapacidad;

e)La limitada implementación del Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2019-2023 y la falta de aprobación del proyecto de ley sobre salud sexual, reproductiva, maternal y perinatal;

f)Que en la Ley núm. 7018/2022, de salud mental,persistaelmodelo médico de la discapacidad.

46. Teniendo en cuenta la relación existente entre el artículo 25 de la Convención y las metas 3.7 y 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comit é recomienda al Estado parte :

a) Garantizar que todas las personas con discapacidad tengan acceso a servicios de salud de calidad, con perspectiva de género e intercultural, entre otras cosas asegurando que se apliquen las normas de accesibilidad y realicen ajustes razonables, y que la información se facilite en formatos accesibles como el braille, la lengua de señas y los formatos de lectura fácil y se capacite al personal de salud en el trato correcto a las personas con discapa c idad ;

b) Realizar l as acciones pertinentes p ara que los servicios de salud y rehabilitación para las personas con discapacidad dependan del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y no de l a Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad ;

c) Implementar las acciones necesarias para lograr la descentralización de los servicios de salud para que sean accesibles a las personas con discapacidad, especialmente aquellas que viven en regiones remotas y rurales, dando especial enfoque a la atención de las personas indígenas con discapacidad;

d ) Reformar la legislación para sancionar a los seguros médicos privados que rechacen la cobertura a personas con discapacidad ;

e ) Acelerar la implementación del Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2019-2023 y aprobar el proyecto de l ey sobre s alud s exual, r eproductiva, m aternal y p erinatal a la brevedad posible ;

f ) Ajustar la Ley núm. 7018/2 0 22 , de s alud m ental , y su R eglamento al modelo de la discapacidad basado en derechos humanos establecido en la Convención .

Trabajo y empleo (art. 27)

47.Al Comité le preocupa:

a)La falta de cumplimiento de la Leynúm. 4962/13, principalmente debido a que el Ministerio de Economía y Finanzasno haactualizadoel formulario necesario para que los empleadores utilicen los incentivos determinados en la ley al contratar a personas con discapacidad;

b)La falta de aplicación de las sanciones establecidas para garantizar la efectiva implementación de la Ley núm.3585/08,sobre inclusión laboral de personas con discapacidad,particularmente el incumplimiento del cupo laboral establecido (el 5%) de personas con discapacidad en todas las instituciones públicas;

c)La escasa implementación del eje 13 del Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad para generar más empleo, tanto en el sector público y privado como para las personas con discapacidad en zonas urbanas, rurales y remotas.

48. Recordando su observación general núm. 8 (2022) y de conformidad con la meta 8.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible , el Comité recomienda al Estado parte :

a) Asegurar que el Ministerio de Economía y Finanzas actualice de inmediato el formulario necesario para incentivar al cumplimiento de la Ley núm.  4962/ 13 , y que aplique estrategias complementarias o adicionales a los incentivos fiscales ;

b) Definir mecanismos efectivos para la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley núm. 3585/08 , sobre inclusión laboral de personas con discapacidad , a las instituciones públicas que la incumplan;

c ) Establecer y aplicar una estrategia eficaz para la efectiva implementación del eje 13 del Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que incluya medidas afirmativas e incentivos para alentar el empleo de las personas con discapacidad en los sectores público y privado, tanto en áreas urbanas como rurales y remotas, a través de la fijación de metas e indicadores y la asignación de recursos y capacitación necesarias.

Nivel de vida adecuado y protección social (art. 28)

49.Al Comité le preocupa:

a)Que a pesar de la inclusión de las personas con discapacidad en el Módulo de Inclusión de Familias Indígenas al Programa Tekopora, el nivel de pobreza de este grupo no ha disminuido, ya quelos montos otorgados y el presupuesto asignado a los programas sociales esinsuficiente;

b)La falta de información sobre el número de viviendas accesibles que el Estado parte haya otorgado mediante créditos asequibles para personas con discapacidad;

c)La falta de presupuesto para la asignación de asistentes personales a las personas que los requieran.

50. Teniendo en cuenta la relación existente entre el artículo 28 de la Convención y la meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte:

a) Incrementar el presupuesto asignad o a los programas sociales y los montos otorgados para lograr la real disminución de la pobreza entre las personas con discapacidad, especialmente las personas indígenas y las que habitan en zonas rurales y remotas ;

b ) Designar recursos para que las personas con discapacidad puedan acceder a créditos asequibles para la obtención de viviendas accesibles y llevar una estadística de aquellas beneficiadas ;

c ) Establecer un esquema y un presupuesto para la asignación de asistentes personales a personas con discapacidad .

Participación en la vida política y pública (art. 29)

51.El Comité observa con preocupación:

a)La falta de aprobación de una ley de reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad;

b)La terminología de los artículos 55 y 61 del Código Electoral, que es contraria a la Convención, al limitar a los inhabilitados por sentencia judicial la posibilidad de afiliarse a partidos políticos y de ser candidatos a cargos partidarios;

c)La escasa participación de las personas con discapacidad, en particular de las mujeres con discapacidad, en la vida política y pública;

d)La limitada accesibilidad de los procedimientos, las instalaciones y los materiales de votación, así como la insuficiente información sobre las elecciones, para todas las personas con discapacidad.

52. El Comité recomienda al Estado parte:

a) Aprobar , a la mayor brevedad, una l ey que modifi que el Código Civil, el Código de Organización Judicial y garanti ce los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad ;

b) Modificar la terminología contemplada actualmente en los artículo s 55 y 61 del Código E lectoral y armonizarla con la Convención ;

c) P rom over activamente la participación de las personas con discapacidad , especialmente de mujeres con discapacidad, en los partidos políticos para que sean propuestas como candidat a s a los puestos de elección popular ;

d) Redoblar esfuerzos para g arantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales de votación sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar para todas las personas con discapacidad, así como que se realicen los ajustes necesarios en lo relativo a la información electoral, en particular en la retransmisión en los medios y las campañas electorales.

Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimientoy el deporte (art. 30)

53.Al Comité le preocupa la falta de accesibilidad al medio físico y a la información y las comunicaciones para personas con discapacidad en los centros recreativos, así como el poco financiamiento para la promoción de la cultura y actividades recreativas, por lo que se limita con ello el disfrute de este derecho.

54. El Comité recomienda al Estado parte que adopte normas de accesibilidad al medio físic o , a la información y las comunicaci ones para garantizar el acceso a las actividades recreativas a todas las personas con discapacidad, i nclu idos los niños y las niñas con discapacidad , y que asigne recursos humanos y financieros para la promoción de la cultura, deporte y actividades recreativas , tambi én para personas con discapacidad.

C.Obligaciones específicas (arts. 31 a 33)

Recopilación de datos y estadísticas (art. 31)

55.El Comité observa con preocupación:

a)Las actuales deficiencias en los datos estadísticos, fiables y desagregados, sobre la situación de las personas con discapacidad;

b)El estancamiento en la aplicación de los indicadores para el procesamiento de datos contemplados en elPlan de Acción Nacional porlos Derechos de las Personas con Discapacidad en el eje2;

c)La falta de información sobre la implementación de los indicadores de derechos humanos elaborados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en 2013 con apoyo dela Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,en particular sobre las desagregaciones que habían acordado proporcionar sobre las personas con discapacidad;

d)Que en el último censo de 2022 se hayan eliminado las preguntas sobre personas con discapacidad psicosocial y personas con discapacidad intelectual, refiriéndose únicamente a las personas con discapacidad auditiva, visual y física.

56. Utilizando el cuestionario breve sobre discapacidad del Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad y el marcador de políticas sobre la inclusión y el empoderamiento de las personas con discapacidad del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el Comité recomienda al Estado parte:

a) Recopilar de forma exhaustiva datos y estadísticas sobre personas con discapacidad, desglosados por factores como la edad, el sexo, el tipo de deficiencia, el tipo de apoyo necesario, la orientación sexual y la identidad de género, la situación socioeconómica, el origen étnico y el lugar de residencia, incluyendo las instituciones residenciales y los hospitales psiquiátricos ;

b) Desarrollar de inmediato la aplicación de indicadores para el procesamiento de datos sobre personas con discapacidad contemplados en el Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad en el eje 2;

c ) Implementar los indicadores de derechos humanos elaborados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el 2013 con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular sobre las desagregaciones que habían acordado proporcionar sobre las personas con discapacidad a la mayor brevedad posible ;

d ) Llevar a cabo , lo antes posible, una encuesta complementaria al censo de 2022 sobre personas con discapacidad, desglosada por edad, sexo, tipo de discapacidad , tipo de apoyo necesario, orientación sexual e identidad de género, situación socioeconómica, origen étnico y lugar de residencia .

Cooperación internacional (art. 32)

57.El Comité observa con preocupación:

a)La limitada consulta con las organizaciones de personas con discapacidad en las estrategias y programas de cooperación internacional;

b)La falta de información sobre la implementación de políticas públicas en el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, que se realizó en el período entre 2015 y 2019, y sobre la participación de personas con discapacidad en su elaboración.

58. El Comité recomienda al Estado parte:

a ) Velar por que se celebren consultas estrechas y efectiva s con las organizaciones de personas con discapacidad en el diseño, formulación, seguimiento y evaluación de las estrategias y programas de cooperación internacional ;

b ) Implementar las políticas públicas desarrollad as en el m arco de la Cooperación para el Desarrollo efectuada en el período 2015-2019.

Aplicación y seguimiento nacionales (art. 33)

59.Al Comité le preocupa:

a)La falta de formalización y aplicación de un proceso de selección y nombramiento claro, transparente y participativo del Defensor del Pueblo, la carencia de financiación adecuada para llevar a cabo su mandato, así como de un mandato explícito para alentar la ratificación de los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos o la adhesión a ellos y cooperar eficazmente con los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos;

b)La falta de un mecanismo de monitoreo independiente que cumpla con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), lo que incumple la Resolución Ministerial núm. 1655/15 del Estado parte;

c)La falta de avances en el fortalecimiento de capacidades técnicas de los puntos focales para el seguimiento de la implementación de la Convención.

60. El Comité recomienda que el Estado parte tenga en cuenta sus directrices sobre los marcos independientes de supervisión y su participación en la labor del Comité y que :

a) Fortale zca la figura del Defensor del Pueblo para que pueda cumplir su mandato de manera eficaz e independiente de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos ( Principios de París ) y siguiendo las recomendaciones del Sub c omité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos , y que solicite el apoyo y el asesoramiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el proceso;

b ) Estable zca un mecanismo de monitoreo independiente , dentro de la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de la Resolución Ministerial núm.  1655/15 , con los recursos humanos y financieros necesarios para que pueda ejercer eficazmente su mandato y garantizar la estrecha participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en el proceso de supervisión y monitoreo ;

c ) Acele re el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los puntos focales para el seguimiento de la Convención .

IV.Seguimiento

Difusión de información

61. El Comité subraya la importancia de todas las recomendaciones contenidas en las presentes observaciones finales. En relación con las medidas que deben adoptarse con carácter urgente, desea señalar a la atención del Estado parte las recomendaciones formuladas en los párrafos 2 4 , sobre igualdad ante la ley ; 3 2 , sobre p rotección contra la explotación, la violencia y el abuso , y 4 4 , sobre educación .

62. El Comité solicita al Estado parte que aplique las recomendaciones formuladas en las presentes observaciones finales. Le recomienda que transmita dichas observaciones, para su examen y para la adopción de medidas al respecto, a los miembros del Gobierno y del Parlamento, los funcionarios de los ministerios competentes, las autoridades locales y los miembros de los grupos profesionales pertinentes, como los profesionales de la educación, de la medicina y del derecho, así como a los medios de comunicación, utilizando para ello estrategias de comunicación social modernas.

63. El Comité alienta encarecidamente al Estado parte a que haga partícipes a las organizaciones de la sociedad civil, en particular a las organizaciones de personas con discapacidad, en la preparación de su informe periódico.

64. El Comité solicita al Estado parte que difunda ampliamente las presentes observaciones finales, en particular entre las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de personas con discapacidad, así como entre las propias personas con discapacidad y sus familiares, en los idiomas nacionales y minoritarios, incluida la lengua de señas, y en formatos accesibles, en particular en lectura fácil, y que las publique en el sitio web del Gobierno dedicado a los derechos humanos.

Próximo informe periódico

65. El Estado p arte ha optado por el procedimiento simplificado para la presentación de informes periódicos. El Comité preparará una lista de cuestiones antes de presentar el informe y pedirá al Estado p arte que presente sus respuestas en el plazo de un año a partir de la recepción de la lista de cuestiones. Las respuestas del Estado Parte, previstas para el 3 de octubre de 2030, constituirán sus informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados .