75º período de sesiones

10 a 28 de febrero de 2020

Tema 4 del programa provisional

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

* La versión original del presente informe no fue objeto de revisión editorial oficial.

Respuestas de la República de Moldova a la lista de cuestiones y preguntas relativas a su sexto informe periódico *

[Fecha de recepción: 10 de diciembre de 2019]

I.Marco constitucional, legislativo e institucional

Respuesta a las preguntas planteadas en el párrafo 1 de la lista de cuestiones

1.A partir de las recomendaciones del Comité sobre los informes periódicos cuarto y quinto, se aprobó la Ley núm. 71/2016, con la cual se modificaron y completaron algunos instrumentos legislativos (aproximadamente 15). Los principales cambios incorporados son los siguientes:

•Se incluyó la licencia de paternidad en el Código Laboral;

•Se añadieron disposiciones al Código Electoral y la Ley sobre los partidos políticos, como la cuota del 40 % de representación de los dos sexos en los procesos decisorios políticos y públicos (en el proyecto de ley también figuraba el mecanismo para aplicar la cuota, pero este no fue aprobado). En 2019, la legislatura aprobó nuevas modificaciones de las leyes electorales, como la obligación de que las mujeres y los hombres tuvieran una distribución proporcional en las listas electorales de los partidos, así como sanciones a los partidos que no cumplieran con esas disposiciones. Por tanto, los partidos estarán obligados a cumplir con la cuota del 40 % por cada decil;

•Se mejoró el mecanismo institucional, tanto en la esfera nacional como local, exigiendo nuevas competencias a los organismos de la administración pública central y al personal local de la administración pública;

•Se incorporaron modificaciones en la Ley de prensa, la Ley sobre publicidad y el Código Audiovisual con el fin de obligar a las publicaciones periódicas y agencias de noticias a no utilizar lenguaje sexista y a transmitir el mensaje de que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos en la vida pública y privada. Las modificaciones también contienen disposiciones sobre la publicidad inapropiada y definen los conceptos de lenguaje sexista y publicidad sexista.

La Estrategia para Garantizar la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que está compuesta por cinco objetivos estratégicos y diez ámbitos de intervención, se aplica desde 2017. Las dependencias de género de diferentes sectores de la administración pública central participan en la aplicación. El mecanismo institucional consta de grupos de coordinación en materia de género en cada ministerio, conformados por 5 a 14 integrantes, de modo que, en total, el mecanismo está integrado por 83 funcionarios.

El Plan de Acción se financia con recursos de la cuenta y el presupuesto de los organismos públicos pertinentes, así como con otras fuentes de financiación no prohibidas por la legislación vigente (fuentes externas, como donantes y asociados para el desarrollo). El Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social presenta informes anuales al Gobierno y vigila y coordina la aplicación de la Estrategia, cuyo avance está previsto evaluar a mitad de período y una vez finalizado el plazo de aplicación.

Respuesta al párrafo 2

Sí, estos temas se discutieron en el marco del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Sociales y Ayuda Humanitaria. Asimismo, en el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos se propuso como tema para 2019 la prevención de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica y la lucha contra estos dos tipos de violencia.

II.Acceso a la justicia

Respuesta al párrafo 3

La asistencia jurídica efectiva es un elemento básico del acceso a la justicia que el Estado garantiza a las personas que no disponen de recursos financieros suficientes para pagar por los servicios jurídicos.

En 2017, el Estado garantizó la asistencia jurídica en 65.322 casos, cifra que supera por 6.244 los registrados en 2016 y representa un aumento de alrededor del 10,5 %; en 2018, el Estado ofreció asistencia jurídica en 60.230 casos. En 54.473 de esos casos (83 %) (en 2018, 49.695, 82,5 %) se ofreció asistencia jurídica cualificada y en 10.849 (17 %) (en 2018, 10.535, 17,5 %) se ofreció asistencia jurídica primaria. De ese número de beneficiarios, 6.698 (12 %) eran mujeres y 2.694 (8,53 %) eran menores. El número de beneficiarios registrados en 2018 fue inferior al de 2017, puesto que se prestó asistencia en 4.778 casos, es decir, a alrededor de un 8,8 % menos. De este número, 5.610 (11 %) eran mujeres y 44.085 (89 %) eran hombres.

Del número total de casos a los que se prestó asistencia jurídica cualificada, en 4.647 casos (2018, 3.509 casos), la asistencia jurídica fue de urgencia. El Estado presta asistencia jurídica de urgencia independientemente del nivel de ingresos de la persona cuando esta queda detenida por una causa penal o un procedimiento relativo a una infracción, incluso durante el examen de la orden de detención.

La asistencia jurídica cualificada garantizada por el Estado fue provista por 481 abogados (en 2018, 466), de los cuales 15 (en 2018, 13) eran abogados públicos; 36 (en 2018, 35) eran abogados especializados en casos de menores de edad; 12 (en 2018, 13) eran abogados especializados en asistencia jurídica cualificada a solicitantes de asilo, refugiados, beneficiarios de protección humanitaria, apátridas y solicitantes de apatridia; 9 (en 2018, 9) eran abogados especializados en asistencia jurídica cualificada a las personas con discapacidad mental, y 10 (en 2018, 10) eran abogados especializados en asistencia jurídica cualificada a las víctimas de delitos. Por otra parte, en 2017, 10.849 personas (en 2018, 10.535) recibieron asistencia jurídica primaria garantizada por el Estado a través de 42 asistentes jurídicos (en 2018, 44) y 15 abogados públicos (en 2018, 13). La asistencia jurídica primaria fue proporcionada por asistentes jurídicos en 7.456 casos (69 %) (en 2018, 6.983 casos, 66 %) y por abogados públicos en 3.393 casos (31 %) (en 2018, 3.552 casos, 34 %).

Además, con el fin de informar a la población, así como a los especialistas en la materia, se creó y mantuvo una plataforma en línea de asistencia jurídica primaria (parajurist.md). En 2018, el Estado contaba con 52 asistentes jurídicos.

En 2009, la organización no gubernamental Interaction puso en funcionamiento en Transnistria una línea telefónica de confianza gratuita y anónima para las víctimas de violencia doméstica. Las víctimas reciben apoyo de emergencia, asistencia jurídica y psicológica y servicios de reintegración social. En 2017, se comunicaron con la línea telefónica 1.150 personas y, en 2018, más de 1.331 personas, de las cuales el 95 % eran mujeres. Asimismo, a partir de 2017, de las cinco demarcaciones administrativas que componen el territorio, solo en una de ellas —el distrito de Rabnita— se creó un equipo móvil de intervención compuesto por un jurista, un psicólogo y un agente de policía para los casos de violencia doméstica. En 2019, el equipo móvil intervino en seis casos de violencia doméstica y ofreció 11 consultas jurídicas, de las cuales solo en un caso se prestó asistencia jurídica reiterada ante el tribunal.

III.Mecanismo nacional para el adelanto de la mujer

Respuesta al párrafo 4

Tras la aplicación de la reforma de la administración pública central, disminuyeron las competencias del Vice Primer Ministro responsable de los asuntos sociales, por lo que las plataformas de los comités y los consejos gubernamentales suspendieron temporalmente su actividad. La creación de la Subdivisión de Secretarías Permanentes dentro de la Cancillería del Estado permitió revitalizar algunos comités y consejos. La nueva estructura presta asistencia organizativa e informativa al Consejo Nacional de Condecoraciones Estatales, la Comisión Nacional de Consultas y Negociaciones Colectivas, el Consejo Nacional para la Protección de los Derechos del Niño, el Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, el Consejo Nacional de Seguridad Vial y el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Así pues, durante el período que abarca el informe, el Comité Gubernamental para la Igualdad entre Mujeres y Hombres no estuvo en funcionamiento, pero se organizaron a nivel ministerial sesiones de trabajo, consultas, talleres y grupos de trabajo en los que participaron la sociedad civil y otros representantes de la administración pública central y se examinaron proyectos de políticas, proyectos de instrumentos normativos y cuestiones relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres.

En este contexto, el Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social, en colaboración con la sociedad civil, organizó reuniones con el propósito de modificar el reglamento del Comité. Se ha redactado el borrador de un nuevo reglamento, que será promovido una vez consolidada la posición del Gobierno acerca de los asuntos no abarcados por la Subdivisión de Secretarías Permanentes.

En cuanto a los aspectos relativos a los recursos humanos y técnicos del mecanismo institucional para el adelanto de la mujer, los grupos de coordinación de género están conformados por las dependencias de género de las subdivisiones y cuentan con competencias para elaborar, promover y dar seguimiento a las políticas en los ámbitos de actividad de los organismos de la administración pública central. Se crearon grupos de coordinación en el Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social, el Ministerio de Educación, Cultura e Investigación, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía e Infraestructura, el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Regional y Medio Ambiente, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia, así como en la Oficina Nacional de Estadística, otro organismo de la administración pública central.

Actividades para fortalecer las capacidades de los miembros del mecanismo institucional

1)Aprovechando la colaboración entre la sociedad civil, los asociados para el desarrollo y el Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social, se puso en marcha un programa para capacitar a los representantes de los grupos de coordinación de siete ministerios y la Cancillería del Estado. Se organizaron 14 sesiones temáticas, en las que participaron 50 miembros (34 mujeres y 16 hombres), durante las cuales el equipo de expertos instruyó a los participantes sobre la forma de evaluar los documentos de políticas públicas desde la perspectiva de la igualdad de género;

2)Consolidaron sus conocimientos para integrar la dimensión de género en las políticas del sector público 59 representantes de los grupos de coordinación de género (43 mujeres y 16 hombres) de 4 ministerios (el Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social, el Ministerio de Economía e Infraestructura, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior (su aparato central, conformado por la Inspección General de Policía, la Inspección General de la Policía de Fronteras y el Departamento del Cuerpo de Carabineros));

3)En el marco del proyecto “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Estadística”, se impartieron dos sesiones de capacitación a representantes de siete organismos de la administración pública central (20 dependencias de género, de las cuales 13 representantes eran mujeres) y representantes de organizaciones no gubernamentales (17 participantes, de los cuales 15 eran mujeres) con el propósito de mejorar su capacidad para utilizar datos estadísticos desglosados en función del sexo;

4)Ocho instituciones públicas de Moldova obtuvieron distinciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por su determinación y sus esfuerzos para promover la igualdad de género: los organismos de administración pública local de seis localidades y el Ministerio de Defensa y la Inspección General de Policía. Las instituciones que participaron en el programa piloto recibieron seis meses de formación sobre incorporación de la perspectiva de género en la formulación de políticas y la prestación de servicios, en el sistema de gestión de recursos humanos, en la comunicación y en las actividades en curso (metodología del sello de igualdad de género) y posteriormente superaron un proceso de autoevaluación basado en la metodología y en los puntos de referencia sugeridos;

5)En la Academia de la Administración Pública se elaboró e institucionalizó el curso de formación “Igualdad de género para funcionarios públicos”, que consta de apoyo a la capacitación, una guía para formadores y materiales didácticos. En 2019, la Academia de Administración Pública examinó y adaptó el curso “Elaboración y evaluación de políticas públicas” incorporando el tema “Perspectivas sobre la dimensión de género en las políticas públicas”, que ya fue impartido a 52 funcionarios de organismos de la administración pública central.

Respuesta al párrafo 5

En el período que abarca el informe, no se asignaron al Consejo para la Igualdad nuevos recursos humanos ni financieros para prevenir y eliminar la discriminación y garantizar la igualdad. A través del Acuerdo de Asociación entre Moldova y la Unión Europea, el Estado redactó un proyecto de ley con el propósito de modificar y complementar varios actos normativos para eliminar los obstáculos a los que se enfrenta el Consejo en sus actividades. El acto normativo fue redactado parcialmente por el Ministerio de Justicia, aprobado por el Gobierno mediante la Decisión núm. 635/2018 y luego registrado en el Parlamento. Posteriormente, el proyecto fue excluido del procedimiento legislativo, por lo que pasó a ser nulo con arreglo a las leyes vigentes. Por tanto, hay que reiniciar el procedimiento para promover su aprobación.

En mayo de 2018, la Oficina del Defensor del Pueblo recibió la categoría “A”, que representa el alto grado de cumplimiento de la institución con los Principios de París, relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos. De conformidad con el artículo 21 de la Ley núm. 5/2006 sobre garantías relativas a la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres, el Defensor del Pueblo vela por que se garantice y respete la igualdad entre las mujeres y los hombres como parte esencial de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con arreglo a las leyes vigentes. En el período que abarca el informe, no se asignaron recursos humanos ni financieros adicionales para aumentar la eficiencia de la Defensoría del Pueblo.

IV.Medidas especiales de carácter temporal

Respuesta al párrafo 6

Se incluyeron disposiciones sobre medidas especiales de carácter temporal para distintos grupos vulnerables en la enseñanza secundaria, la postsecundaria y la formación profesional y técnica superior. Se instituyeron cuotas para los candidatos de grupos vulnerables, de la siguiente manera: en el sistema de enseñanza superior, el 15 % de las plazas (para cada especialidad o área de formación profesional); en la formación profesional y técnica superior impartida a través de programas de formación secundaria, el 20 %, y en los programas de formación profesional y técnica postsecundaria y postsecundaria no terciaria, el 15 %. Todas estas cuotas se financian con cargo al presupuesto del Estado y los grupos beneficiados son los siguientes: a) huérfanos y personas que han quedado sin atención parental; b) personas con una discapacidad grave o acentuada que les permite estudiar y ejercer la profesión en la especialidad elegida; c) personas cuyos progenitores tienen algún grado de discapacidad; d) personas cuyos progenitores participaron en las acciones militares en defensa de la integridad e independencia de la República de Moldova o en la guerra de Afganistán o que se desempeñaron como liquidadores encargados de minimizar las consecuencias del accidente de Chernóbil, así como militares que participaron en operaciones de carácter humanitario en el Iraq después del conflicto; e) personas de familias numerosas (cuatro o más hijos); f) graduados de escuelas ubicadas en localidades orientales de Moldova (Transnistria) y en el municipio de Bender, que estudiaron con los programas educativos aprobados por el Ministerio de Educación, Cultura e Investigación, así como los graduados de la Escuela Secundaria Teórica “A. Mateevici” de Sanatauca (distrito de Floresti), originarios de las localidades orientales de la República de Moldova; g) personas de familias romaníes; h) jóvenes que cumplieron puntualmente el servicio militar.

De conformidad con la Estrategia de Desarrollo de la Policía 2016-2020 y con el fin de aplicar las medidas previstas en el Programa de apoyo presupuestario de la Unión Europea a la Reforma de la Policía 2017-2020 (componente A.1.2 “Aumento de la participación femenina en la policía”), se elaboró el Plan de Acción para potenciar el papel de las mujeres en la policía, que tiene por objeto, para 2020, aumentar hasta un 20 % el número de mujeres en el personal policial y garantizar un mínimo del 15 % de mujeres agentes de policía.

En virtud de la Ley núm. 105/2018 sobre la promoción del empleo y el seguro de desempleo, el Organismo Nacional de Empleo ofrece servicios a los desempleados inscritos y las personas que buscan empleo y pone en marcha medidas para potenciar el empleo. Los servicios dan prioridad a los siguientes grupos:

a)Jóvenes (16 a 24 años);

b)Personas que no tienen una profesión ni trabajo;

c)Personas con discapacidad;

d)Desempleados desde hace mucho tiempo;

e)Personas mayores de 50 años;

f)Personas puestas en libertad de lugares de detención;

g)Víctimas de la trata de personas, después de la rehabilitación psicológica y social;

h)Personas adictas a estupefacientes o sustancias sicotrópicas, después de la rehabilitación social y psicológica;

i)Víctimas de violencia doméstica;

j)Otras categorías expuestas al riesgo de exclusión social, según lo determinado por las leyes vigentes o por el Gobierno.

Las mujeres desempleadas son beneficiarias de protección social a través de prestaciones de desempleo, de conformidad con la Ley núm. 105/2018. En 2018, 1.785 mujeres recibieron subsidios de desempleo y en el primer semestre de 2019 las beneficiadas fueron 1.170. En 2018, el monto medio de la prestación por desempleo ascendió a 1.557,89 lei moldavos y, en 2019, a 1.664,96.

Con el fin de aumentar el nivel de empleo de la población romaní, en particular de las mujeres, se creó el servicio del mediador comunitario, que se financia con cargo al presupuesto del Estado.

Las medidas mencionadas se aplican teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo 4 del artículo 2 de la mencionada ley, que prohíbe toda discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, creencias, sexo, edad, discapacidad, opinión, filiación política, patrimonio, origen social o cualquier otro criterio.

V.Estereotipos y prácticas nocivas

Respuesta al párrafo 7

El Gobierno, teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores del Comité, dio prioridad a la conciliación de la vida familiar en tres documentos de política estratégica:

1)La Estrategia para Garantizar la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el período 2017-2021 y el Plan de Acción para aplicarla, aprobados a través de la Decisión del Gobierno núm. 259/2017. En la esfera de intervención correspondiente a la protección social y las políticas de familia, el objetivo específico 1.4 propone mejorar el marco normativo para las familias con hijos a fin de garantizar la participación equitativa de los dos progenitores en la crianza y la educación de los hijos;

2)La Estrategia Nacional de Protección del Niño para el período 2014-2020, aprobada a través de la Decisión del Gobierno núm. 434/2014. El objetivo general 3 concierne a la conciliación de la vida familiar con la actividad profesional para asegurar el crecimiento y el desarrollo armónico del niño.

3)El programa nacional estratégico en el ámbito de la seguridad demográfica de la República de Moldova (2011-2025). Entre las acciones prioritarias del documento estratégico se encuentran la promoción multilateral de las políticas de familia y la solidaridad intergeneracional.

También se elaboró el plan de estudios de la asignatura opcional “Relaciones armoniosas en la familia” y se organizaron varias capacitaciones dirigidas a docentes. El Ministerio de Educación incorporó esta asignatura opcional en el plan de estudios de las escuelas secundarias a partir del año escolar 2016-2017.

Entre el 9 y el 14 de febrero de 2018, se organizó el concurso de fotografía “Padres de Moldova y Suecia” con el objetivo de ilustrar la imagen que tienen los padres moldavos y suecos respecto del papel del hombre moderno. También a partir del año 2016, los empleados de los organismos encargados de hacer cumplir la ley comenzaron la campaña informativa “Padres policías que juegan con niños”.

El plan de acción nacional para la aplicación de la Estrategia Intersectorial sobre el Desarrollo de las Capacidades y Competencias Parentales para el período 2016-2022 está en proceso de aprobación. El documento describe la aplicación de un conjunto de medidas destinadas a ayudar a los padres y las madres, representantes legales o cuidadores, así como a los futuros padres y madres, a criar y educar a los niños, a concienciar acerca del papel que desempeñan y a desarrollar competencias parentales a través del conjunto de programas, servicios y recursos.

En 2018, la Asociación de Prensa Independiente y ONU-Mujeres pusieron en marcha el programa de medios de comunicación “Clic por la igualdad de género”, que constó de capacitaciones dirigidas a periodistas y miembros de instituciones reguladoras, un concurso de materiales periodísticos y una visita de estudio. En el concurso se eligieron nueve ganadores de los medios impresos y en línea y de los medios audiovisuales (televisión y radio). Además, se ofrecieron dos premios a las mejores fotos desde la perspectiva de la igualdad de género.

El 26 de marzo y el 6 de diciembre de 2018, el Consejo Audiovisual aprobó el documento “Conceptos sobre la reflexión de las instituciones audiovisuales de Moldova acerca de la campaña electoral para las nuevas elecciones locales de alcaldes de algunas localidades del 20 de mayo de 2018 y para las elecciones parlamentarias y el referéndum republicano del 24 de febrero de 2019”. En el punto 2 del documento se establecía que las emisoras que estuvieran bajo la jurisdicción de Moldova debían reflejar la campaña electoral para las elecciones mencionadas de conformidad con las disposiciones de la Constitución, el Código Electoral, el Código Audiovisual, la Ley de libertad de expresión, la Ley sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres, etc.

Durante el período preelectoral (del 20 al 30 de noviembre de 2018), se organizó la Campaña Nacional ¡PROPONGA SU CANDIDATURA! REPRESENTE EL CAMBIO, en la que participaron quienes se presentaban a las elecciones locales de 2019, representantes de la administración local y de varios partidos políticos y mujeres activas del distrito.

Entre el 29 y el 31 de enero de 2019, con el apoyo del Consejo de Europa, el Consejo Audiovisual celebró tres seminarios (“Reflexión de los proveedores de servicios de medios audiovisuales sobre la campaña electoral para las elecciones parlamentarias y el referéndum republicano del 24 de febrero de 2019”) dirigidos a periodistas y editores de las emisoras de radio y televisión del país.

VI.Violencia de género contra la mujer

Respuesta al párrafo 8

A continuación se detallan algunas de las nuevas intervenciones y medidas preventivas que se han tomado para prevenir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica:

1)En los últimos años, se impartieron cursos para fortalecer las competencias profesionales de los especialistas. Se capacitó a médicos forenses, agentes de policía, jueces y fiscales sobre la intervención y la función de las instituciones judiciales en los casos de violencia doméstica. En 2017, por primera vez, 22 policías y cuatro abogados públicos de Gagauzia recibieron formación sobre buenas prácticas de intervención en los casos de violencia doméstica. Asimismo, en 2018 y 2019, se organizaron cursos de formación dirigidos a periodistas acerca de la representación profesional correcta de los casos de violencia doméstica en los medios de comunicación.

2)Se aprobaron dos instrucciones: una sobre la intervención de las estructuras territoriales de asistencia social en los casos de violencia doméstica (Orden núm. 903, de 29 de julio de 2019) y una sobre la intervención de las instituciones médicas en los casos de violencia doméstica (Orden núm. 1167, de 15 de octubre de 2019).

3)Se ofreció información al público a través del teatro y se capacitó a los jóvenes. En 2019, se presentó al público un espectáculo, producido por el teatro M.A.D.E, en colaboración con la sociedad civil y los asociados para el desarrollo, al que asistieron más de 4.500 espectadores de 16 localidades del país, quienes conversaron sobre la cuestión de la violencia contra la mujer y las consecuencias de este fenómeno. El espectáculo trata de los estereotipos y los prejuicios y promueve el diálogo con el público sobre cómo combatirlos.

4)En marzo de 2019, ONU-Mujeres Moldova dio inicio a la campaña “Tú también puedes”, cuyo propósito es empoderar a las mujeres de diferentes orígenes para que hablen sobre sus experiencias de discriminación, sexismo o violencia de género. La campaña, que muestra a cinco heroínas que han superado esos problemas y se han convertido en una inspiración para otras mujeres, ha llegado a más de 160.000 personas en Facebook.

5)Con el apoyo de los asociados para el desarrollo y de la sociedad civil, se organizaron 22 instancias presenciales de formación, en las que participaron 618 jóvenes, de los cuales 345 eran mujeres y 273 eran varones. A partir de un intercambio de 4 horas de duración, los jóvenes produjeron 33 vídeos en los que se describe cómo combatir el acoso sexual, el sexismo y la violencia de género, y cómo promover normas y actitudes sociales positivas.

6)Se organizaron cursos de capacitación dirigidos a jóvenes abogados y estudiantes de abogacía de Moldova sobre la cuestión de la violencia de género y la violencia doméstica, en los que se hizo hincapié en los principales estereotipos y en el marco jurídico vigente al respecto.

7)Se organizaron talleres de creación conjunta, dirigidos a jóvenes y representantes de la sociedad civil, sobre la aplicación de la desviación positiva y la realidad virtual para prevenir la violencia de género.

En el marco del proyecto “Promoción del respeto de los derechos de la mujer en Moldova mediante la lucha contra la violencia de género”, ejecutado por organizaciones de la sociedad civil, se elaboró la guía práctica “Documentación de la violencia de género”, dirigida a especialistas de diferentes ámbitos, en la que se ofrece información más amplia sobre la documentación de los casos de violencia y sus repercusiones en la víctima.

El Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social, con el apoyo de los asociados para el desarrollo, creó un sitio web gubernamental (www.antiviolenta.gov.md) dedicado a la prevención y la lucha en los ámbitos de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que facilita el acceso a la información sobre el mecanismo para resolver casos de violencia doméstica y a la infraestructura de servicios sociales para las víctimas y los agresores, y ofrece recursos útiles tanto para las víctimas como para los especialistas.

En 2018, los tribunales emitieron 666 ordenanzas de protección y en los primeros 6 meses de 2019, 285 (anexo, cuadro 1). El incumplimiento o la evasión intencionales de las medidas establecidas por el tribunal en las ordenanzas de protección a la víctima de violencia doméstica conlleva responsabilidad penal de acuerdo con el artículo 3.201 del Código Penal, cuya sanción es el cumplimiento de 160 a 200 horas de trabajo comunitario no remunerado o una pena de prisión de hasta tres años.

En cuanto a las órdenes de protección de emergencia, la policía emitió 3.877 en 2018 y 2.118 en los primeros seis meses de 2019 (anexo, cuadro 2). El incumplimiento o la evasión intencionales de las medidas establecidas en las órdenes de protección de emergencia se sanciona con una multa de 60 a 90 unidades convencionales o con una detención por infracción de tres a diez días de duración.

Respuesta al párrafo 9

En cuanto a las medidas adoptadas para instaurar más servicios especializados para las víctimas de la violencia doméstica, en 2018 se creó un nuevo centro local en la ciudad de Anenii Noi, financiado con cargo al presupuesto del Estado, al que se asignó la suma de 804.300 lei moldavos para 2019. Asimismo, la ciudad de Rascani ha manifestado la intención de abrir un centro local especializado para rehabilitar a las víctimas de la violencia doméstica. También se abrieron centros de asistencia psicológica y reintegración social para los familiares agresores, financiados por donantes, en la plataforma de organizaciones no gubernamentales de la ciudad de Causeni, el municipio de Chisinau y la Asociación Pública “Stimul” de la ciudad de Ocnita.

Con respecto a la situación de la región de Transnistria, en 2015, el Centro “Resonance” abrió un refugio temporal para mujeres víctimas de la violencia doméstica y la trata de personas, con el apoyo del PNUD en Moldova y otros asociados y partes interesadas.

A partir de julio de 2019, con el apoyo del PNUD en Moldova y la ONG SIDA, se abrió un nuevo centro que cumple con las normas internacionales relativas a los refugios y podrá aceptar el doble de mujeres y niños que el antiguo refugio temporal de Bender (12 adultos y 4 niños menores de 3 años).

Entre 2016 y 2019, el Centro “Resonance” prestó servicios de emergencia a 357 beneficiarios (238 mujeres, 115 niños y 4 hombres) y ayuda completa a largo plazo a 320 beneficiarios. Se cerraron los casos de 220 beneficiarios, de los cuales 182 mujeres (el 83 % de los casos cerrados) lograron resolver sus problemas y salieron de la situación de crisis.

Respuesta al párrafo 10

En 2018, el Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social, en colaboración con ONU-Mujeres Moldova, comenzó a analizar los datos administrativos recopilados a través de la encuesta de estadísticas sobre violencia doméstica correspondiente a 2018. Se terminó de elaborar el formulario estadístico que permitirá al Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social reunir datos sobre esta cuestión de todas las estructuras territoriales de asistencia social, a partir de los datos registrados por los asistentes sociales comunitarios y los prestadores de servicios sociales especializados subordinados a los organismos locales de la administración pública. Además, se impartió capacitación a los especialistas de las estructuras territoriales de asistencia social sobre la forma de rellenar el formulario estadístico, una vez elaborada y aprobada la instrucción para los especialistas encargados de rellenar el formulario estadístico núm. 9 sobre violencia doméstica (Orden núm. 53 del Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social, de 16 de enero de 2019).

En 2019, se preparó el informe de evaluación acerca de los indicadores estadísticos sobre salud sexual y reproductiva y sobre la violencia de género en el sistema de salud de la República de Moldova con el apoyo de la sociedad civil y los asociados para el desarrollo. El objetivo del informe es detectar y analizar los indicadores estadísticos del sistema de salud en los ámbitos de la salud sexual y reproductiva y la violencia de género a nivel nacional e internacional, y recomendar indicadores estadísticos sobre estas cuestiones para el sistema de salud de Moldova.

En los cuadros del anexo figuran datos estadísticos sobre el número de casos de violencia de género contra la mujer investigados por la policía.

VII.Trata y explotación de la prostitución

Respuesta al párrafo 11

Tras la aprobación de la Ley núm. 137/2016 sobre la rehabilitación de las víctimas de delitos, se elaboró el mecanismo nacional de remisión para la protección y asistencia a víctimas de delitos, cuyo propósito es hacer efectivos los derechos de las víctimas de delitos, uno de los grupos más vulnerables de la población, a través de medidas de interacción intersectorial e interdepartamental.

Según el párrafo 1 del artículo 12 de la Ley núm. 152/2006 sobre el Instituto Nacional de Justicia, la formación inicial de los candidatos a los puestos de juez y fiscal es una de las condiciones obligatorias para nombrar a las personas que no tienen cinco años de antigüedad en las especialidades jurídicas previstas en la Ley núm. 544/1995 sobre el estatuto del juez y en la Ley núm. 3 de 25/2016 sobre la fiscalía. Por tanto, en 2018, se impartieron 96 horas de formación inicial sobre el respeto de los derechos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

Por lo que respecta a la formación continua, tienen obligación de asistir a los cursos los siguientes grupos de personas: personal judicial, asistentes judiciales, secretarios de los juzgados, asesores de los fiscales, asesores de libertad condicional y abogados de oficio que prestan asistencia jurídica garantizada por el Estado. La formación continua de los jueces y fiscales en ejercicio consta de un mínimo de 40 horas al año.

Entre 2018 y 2019, en el marco de la formación continua, se impartió capacitación a unas 450 personas, entre ellas jueces, fiscales, funcionarios de la fiscalía penal, abogados de oficio que prestan asistencia jurídica garantizada por el Estado, asistentes judiciales, personal judicial, asesores de libertad condicional y asesores de los fiscales.

Se impartieron cursos a 175 jueces y 75 fiscales para que comprendieran en profundidad la dinámica de los casos de violencia, el marco jurídico, las normas internacionales y las mejores prácticas relativas a la injerencia efectiva, sobre la base de un enfoque multidisciplinario.

El 17 y el 18 de diciembre de 2018, la Unión de Abogados de la República de Moldova, junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organizó dos cursos prácticos de un día de duración (8 horas académicas) dirigidos a abogados (aproximadamente 40 personas). El tema de los cursos prácticos fue “Brindar asistencia legal cualificada definiendo las estrategias de cada caso para proteger a las víctimas de violencia sexual y la violencia motivada por estereotipos de género”.

El 20 y el 21 de noviembre de 2018, se impartió el curso de formación “Prestación de servicios jurídicos garantizados por el Estado a las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas: nuevas tendencias y desafíos”, que estuvo dirigido a los abogados de oficio que prestan asistencia jurídica garantizada por el Estado.

El autor de la propuesta (MJ) de aumentar las unidades convencionales de la multa aplicable a la práctica de la prostitución (regulada en el párrafo 1 del artículo 89 del Código Civil) argumentó que estas nuevas normas impedirían que se cometieran nuevas infracciones.

En el párrafo 2 del artículo 89 se establece que la persona prostituida en contra de su voluntad queda exenta de la responsabilidad por la infracción.

Respuesta al párrafo 12

Según la legislación de la República de Moldova, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres en los servicios de atención de la salud y el seguro médico primario, conforme a la Ley de Atención de la Salud núm. 441/1995, en cuyo artículo 17 (“El derecho al seguro médico”) se establece que este se ofrece a todas las personas, independientemente de la nacionalidad, la raza, el sexo, la pertenencia a un grupo social y la religión.

El Gobierno se ha comprometido a garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, adaptados a las necesidades de quienes los reciben, como las mujeres, las niñas, las personas con necesidades específicas (por ejemplo, los adolescentes, las víctimas de violencia sexual y trata de personas, las personas vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, las personas con discapacidad, los ancianos, etc.), sin discriminación de ningún tipo.

El marco normativo en materia de salud sexual y reproductiva se encuentra en las disposiciones de la Ley núm. 138/2012 sobre salud reproductiva y en el Programa Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos para el período 2018-2022, aprobado por el Gobierno.

El programa mencionado tiene como objetivo: i) aumentar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para toda la población, ii) ofrecer servicios de calidad centrados en las necesidades y los derechos de los beneficiarios, y iii) promover el acceso de la población a educación e información suficientes sobre la salud sexual y reproductiva y sus derechos a ese respecto.

El objetivo del Programa es que la población, independientemente del sexo, la edad, el grupo étnico, el lugar de residencia, la filiación religiosa, el estado de salud, el nivel socioeconómico y cualquier otro criterio, tenga un estado de salud sexual y reproductiva satisfactorio en todas las etapas del ciclo de la vida.

VIII.Participación en la vida política y pública

Respuesta al párrafo 13

En las elecciones parlamentarias de 2019, celebradas por primera vez con el sistema mixto en la circunscripción nacional, todos los contendientes electorales cumplieron las disposiciones legales relativas a la cuota mínima de representación. La proporción de mujeres incluidas en las listas electorales fue del 41,8 %. No obstante, aunque los partidos políticos respetaron la cuota de género colocando a más mujeres en su respectiva lista electoral, la representación femenina siguió siendo bastante desigual. En el caso de las circunscripciones electorales uninominales, el porcentaje de mujeres candidatas fue mucho más bajo, ya que solo ascendió al 21 %. Por consiguiente, el porcentaje total de mujeres que participaron como candidatas en las elecciones finalmente llegó al 33 %. En esas elecciones, celebradas con arreglo al nuevo sistema electoral, resultaron elegidas 26 mujeres.

En su nuevo período de sesiones, el Parlamento examinó la legislación sobre el sistema electoral e incorporó más modificaciones con los siguientes propósitos:

•Volver al sistema proporcional;

•Imponer la obligación de que la distribución entre mujeres y hombres fuera proporcional en las listas electorales, así como sanciones a los partidos que no respetasen estas disposiciones. En este sentido, los partidos políticos deberán respetar la cuota del 40 % por cada decil (por cada 10 escaños, 4 deben ser del sexo opuesto);

•Aplicar medidas sobre la financiación de los partidos y la distribución de las dietas, entre las que se encuentran el 7,5 % destinado a los partidos políticos en proporción al número de mujeres elegidas efectivamente en las elecciones parlamentarias, el 7,5 % destinado a los partidos políticos en proporción al número de mujeres elegidas efectivamente en las elecciones locales y el 5 % destinado a los partidos políticos en proporción al número de jóvenes elegidos efectivamente en las elecciones (parlamentarias y locales);

•Excluir de la contienda electoral a los partidos que no respetaran la cuota mínima de género del 40 %.

Entre febrero y junio de 2019, se ejecutó el programa “Mujeres romaníes en la política”, en cuyo marco 38 mujeres romaníes asistieron a cursos de capacitación y recibieron orientación y asesoramiento. El programa tiene por objeto aumentar el número de mujeres romaníes en los procesos decisorios de nivel local. Las participantes aprendieron la importancia de ser líderes, adquirieron conocimientos sobre el ámbito electoral y recibieron aliento para participar en las elecciones locales y organizar campañas y actividades para promover la participación cívica de la comunidad romaní.

En las elecciones locales de 2019, 13 mujeres romaníes y 7 mujeres con discapacidad se presentaron como candidatas a los puestos de alcaldesa y consejera. Resultaron elegidas en los consejos locales 6 mujeres con discapacidad y 4 mujeres romaníes.

IX.Educación

Respuesta al párrafo 14

De conformidad con el Código de Educación núm. 152/2014, los organismos locales de la administración pública tienen la obligación de velar por el buen funcionamiento de los establecimientos de enseñanza general, de conformidad con los reglamentos y las normas aprobados por el Ministerio de Educación, Cultura e Investigación.

Todos los años, el Ministerio recibe de los órganos educativos locales los datos relativos a la garantía del acceso físico de las personas con discapacidad a las instituciones de educación general. Actualmente, la República de Moldova cuenta con 388 instituciones de educación general primaria y secundaria que disponen de una rampa de acceso y 160 instituciones tienen un sanitario adaptado. Asimismo, hay 131 instituciones de educación inicial que cuentan con rampa de acceso, 32 tienen sanitarios adaptados y 30 tienen un patio de recreo adaptado. Todos los años aumenta el número de instituciones adaptadas.

En 2017, se adaptó el acceso para los estudiantes con discapacidad en dos instituciones de formación profesional y técnica superior. Se realizaron trabajos de adecuación de las vías de acceso en los centros de estudio y las aulas de la primera planta, en la vivienda (habitaciones de la primera planta y la cocina) y en los baños. A fin de asegurar el acceso físico de las personas con discapacidad a las instituciones de formación técnica y profesional, se están reconstruyendo diez centros de excelencia.

Se aprobó un nuevo Plan de Acción de apoyo a la población romaní en la República de Moldova para el período 2016-2020, que representa la continuación de los compromisos asumidos por el Gobierno de la República de Moldova respecto de la inclusión social de los romaníes.

Con el fin de mejorar el acceso de las niñas romaníes a la educación, se iniciaron campañas de información y concienciación dirigidas a sus progenitores en todos los distritos, así como sesiones de información y debates. Asimismo, en los dos últimos años, se controló la aplicación del instrumento de seguimiento de la preparación del niño para la escuela con el fin de determinar los aspectos positivos y problemáticos de su aplicación y formular recomendaciones para mejorar el instrumento y su aplicación.

En las localidades densamente pobladas por romaníes, se aseguró el transporte de los niños a las instituciones educativas escolares y preescolares y el suministro de libros de texto a los estudiantes romaníes preuniversitarios. En los últimos años, los niños que asisten a la primera clase el 1 de septiembre reciben de regalo el primer libro de texto (el manual). Al comienzo del año escolar, todos los estudiantes romaníes recibieron ayuda material de los ayuntamientos locales para comprar ropa, calzado y artículos escolares.

Además, se supervisó el proceso de aplicación de la Instrucción y el Plan de Acción para prevenir y combatir la deserción escolar y el absentismo en la enseñanza general; en 2018, se incorporaron en la escuela 31 niños romaníes.

El Ministerio de Educación, Cultura e Investigación supervisa la escolarización y la deserción escolar de los niños de 7 a 16 años (escolaridad obligatoria), de conformidad con la Instrucción y el Plan de Acción para prevenir y combatir la deserción escolar y el absentismo en la enseñanza general (aprobado en la Ordenanza del Ministerio de Educación núm. 559, de 12 de junio de 2015). El Ministerio mantiene la actividad de las comisiones mixtas, formadas por colaboradores de las direcciones educativas, de las instituciones educativas y de las comisarías de policía, encargadas de promover la escolarización general de los niños de los grupos de riesgo y prevenir la deserción escolar.

Algunas de las causas de la deserción escolar y la no matriculación de los niños romaníes son las siguientes: los niños salen del territorio para trabajar con sus progenitores; estos se rehúsan a que sus hijos estudien y prefieren que trabajen con ellos; los niños pertenecen a familias fugitivas o vagabundas; los niños contraen matrimonio prematuro y se toman licencia para el cuidado infantil; las familias están en mala situación económica. En el año escolar 2018-2019, los distritos de Taraclia, Edinet, Rascani, Hancesti y Leova no registraron problemas con los niños romaníes en lo que respecta al abandono o el absentismo, ya que los niños solo estuvieron ausentes por enfermedad u otros motivos justificados. La excepción fue la Escuela Secundaria Teórica de la aldea de Mihaileni (distrito de Rascani), donde tres estudiantes romaníes abandonaron la escuela. La deserción escolar de estos estudiantes obedeció a que sus progenitores salían periódicamente del país. Entre las medidas adoptadas para resolver esta situación se cuentan las visitas a domicilio, las conversaciones con los progenitores, las solicitudes de información al equipo multidisciplinario de la administración pública local, la elaboración de programas de trabajo y la colaboración con especialistas en protección de los derechos del niño. En el distrito de Soroca se contrató a dos para que ayudaran con la integración de los niños romaníes a fin de evitar el absentismo y la deserción escolar.

En el distrito de Nisporeni, el Centro de Recursos para la Juventud “Dacia” puso en marcha un proyecto para promover la participación de los niños y las niñas romaníes en la educación, financiado por la oficina del UNICEF en Moldova. Los resultados mejoraron durante la ejecución del proyecto (siempre y cuando recibieran alimento y ayuda para comprar material, ropa y calzado), de modo que, al final del proyecto, la tasa de absentismo escolar había disminuido significativamente. Gracias a este proyecto, dos alumnos romaníes ingresaron por primera vez en décimo grado.

En cuanto a los efectos del programa Desarrollo Personal y Diseño de Carrera, se crearon cuatro centros de orientación profesional dentro de las estructuras territoriales del Organismo Nacional de Empleo en Cahul y Soroca, además de dos en Chisinau, donde los jóvenes tienen acceso a servicios de orientación profesional fuera del programa de estudios. Todos los centros están adaptados para que puedan acceder las personas con discapacidad, pero el Centro de Chisinau (para el sector de la Botánica) también tiene la única plataforma del país con la que se puede evaluar el potencial de empleo de las personas con discapacidad, las destrezas manuales y la adecuación al perfil de un puesto de trabajo. Los centros de orientación profesional ya han prestado servicios a más de 10.000 jóvenes.

Una vez finalizado el programa educativo “GirlsGoIT”, 18 muchachas comenzaron a estudiar informática en la Universidad Técnica, lo que representa un paso importante para lograr que un mayor número de mujeres participen en sectores no tradicionales y transmite un importante mensaje a la sociedad sobre el papel y las capacidades de las mujeres y las niñas. Cuatro jóvenes de este grupo, entre las que se encuentra una joven romaní, han adquirido experiencia laboral en empresas internacionales de informática (DAS Solutions, AMIGO y FFW), a través de los programas de pasantías en los que participaron, por lo que probablemente consigan empleo en trabajos bien remunerados en el sector de la tecnología de la información y las comunicaciones.

X.Empleo

Respuesta al párrafo 15

La Estrategia Nacional de Empleo para el período 2017-2021 se aplica a través de los planes de acción anuales. Por tanto, las medidas incluidas en el Plan de Acción para 2018 han permitido obtener los importantes resultados que se detallan a continuación, que incidieron en la integración de las mujeres en el mercado laboral:

•Aumento del acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas;

•Apoyo a los productores agrícolas, en particular a las mujeres y a la juventud, mediante la concesión de subsidios. Estos resultados potenciaron el atractivo de las inversiones tanto en la economía nacional como en gran parte del sector agroindustrial. La concesión de estas facilidades financieras ayudó a crear más de 5.000 nuevos puestos de trabajo;

•Inicio de programas de apoyo a la iniciativa empresarial de las mujeres, como el programa “Mujeres empresarias”;

•Aplicación del Programa PARE 1 + 1 para atraer remesas a la economía, que aportó financiación a 224 proyectos, de los cuales el 31 % correspondían a mujeres.

En 2019, se redactó un proyecto de ley para modificar algunos actos legislativos (con el fin de prevenir y combatir el acoso sexual en el lugar de trabajo y en el sistema educativo). Las disposiciones del proyecto de ley:

•Completan las disposiciones atinentes a la prevención y el examen y la resolución de los casos de acoso sexual en el lugar de trabajo de los actos normativos que se enumeran a continuación: Ley de sindicatos, Ley sobre la inspección laboral del Estado, Código Laboral;

•Añaden un nuevo capítulo al Código de Educación, relativo a la prevención y la eliminación de la violencia y el acoso sexuales en las instituciones educativas;

•Modifican la aplicación de sanciones establecidas en el Código de Contravenciones por infracciones de la legislación laboral con el fin de definir los procedimientos necesarios para luchar contra el acoso sexual.

Según los datos de los órganos encargados del cumplimiento de la ley, entre 2017 y el primer semestre de 2019 (cuadros 3 a 5 del anexo), se registraron 73 causas penales conforme al artículo 173 (Acoso sexual) del Código Penal.

Otra institución facultada para examinar los casos de acoso sexual es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación y para Garantizar la Igualdad (en adelante, el Consejo). Entre julio de 2013 y diciembre de 2017, el Consejo examinó diez casos de acoso, de los cuales uno fue motivado por el género. En 2018, tras las campañas de información emprendidas por el Consejo en colaboración con asociados nacionales e internacionales, este recibió un número mayor de denuncias: se registraron diez casos de acoso con diferentes criterios, de los cuales tres estuvieron motivados por el género.

Respuesta al párrafo 16

De conformidad con el Plan de Acción para la aplicación de la Estrategia para Garantizar la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la República de Moldova para el período 2017-2021, el Centro “Alianza para el Desarrollo”, en colaboración con expertos internacionales y nacionales, redactó un borrador de informe de análisis sobre la compatibilidad de la legislación nacional con el principio de transparencia en las remuneraciones.

En 2018, el Gobierno aprobó una serie de enmiendas del Código de Educación núm. 152/2014. Estos cambios tenían por objeto garantizar el acceso de los niños a partir de los 2 años a los servicios de educación preescolar a fin de contribuir al desarrollo de sus capacidades. La iniciativa garantiza el acceso a los servicios educativos, en particular para los niños de familias de situación social vulnerable. Debido a que estos servicios serán accesibles para los niños a partir de los 2 años, los progenitores podrán reintegrarse en el trabajo con más facilidad.

A finales de 2018, funcionaban en el país 1.484 instituciones de educación inicial, de las cuales 835 eran guarderías y jardines de infancia, 541 eran jardines de infancia, 83 eran escuelas primarias y prescolares y 23 eran centros comunitarios y 2 eran guarderías.

XI.Salud

Respuesta al párrafo 17

La atención primaria de la salud está basada en la medicina familiar y, en las zonas rurales, esos servicios se ofrecen en el consultorio del médico de familia y los centros de salud autónomos (unas 260 instituciones que cuentan con personalidad jurídica y tienen 627 consultorios de médicos de familia y 385 consultorios médicos de otras especialidades), mientras que, en las zonas urbanas estos servicios se ofrecen en grandes centros de medicina familiar (asociaciones médicas territoriales), contratados directamente por la Compañía Nacional de Seguros de Salud. El 30 % del costo de los servicios se financia con cargo a los fondos del seguro médico obligatorio.

Se han renovado cerca de 174 instituciones de atención primaria de localidades rurales conforme a los requisitos europeos con ayuda financiera de proyectos financiados por World Investment Fund y la Comisión Europea. Por lo que respecta a la autonomía de estas instituciones, fue posible mejorar las condiciones de trabajo en la mayoría efectuando obras de reparación importantes y equipándolas con dispositivos médicos y transporte sanitario.

Sin embargo, el problema más grave en este momento es la falta de personal, de unos 110 médicos de familia, especialmente en las zonas rurales. El Gobierno ha tomado medidas para motivar a los residentes de medicina de familia a que comiencen a trabajar en esa especialidad aumentando 1,5 veces la prestación única destinada a los jóvenes especialistas empleados en las localidades rurales, cifra que asciende a 45.000 lei moldavos.

Respuesta al párrafo 18

El Gobierno está decidido a garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva adaptados a las necesidades de los beneficiarios y sin discriminación de ningún tipo.

Los servicios de salud sexual y reproductiva se ofrecen en centros de atención primaria, atención ambulatoria especializada y atención hospitalaria, tanto del sector público, financiada con cargo a los fondos del seguro médico obligatorio, como del sector privado.

A partir de 2015, el costo de los productos anticonceptivos se financia con cargo a los fondos del seguro médico obligatorio. Por tanto, las instituciones de atención primaria garantizan la adquisición de dispositivos médicos y anticonceptivos, incluidos los de emergencia, para prestar servicios a la población destinataria del distrito, entre los que se cuentan los adolescentes activos sexualmente, sobre todo los que se encuentran en situación de vulnerabilidad y riesgo; los jóvenes de grupos vulnerables y de riesgo, y las mujeres en edad de procrear de grupos vulnerables y de riesgo. Asimismo, estas instituciones ofrecen análisis serológicos rápidos para detectar el VIH y medicamentos convencionales para tratar las infecciones urogenitales, excepto la sífilis y la infección gonocócica, a las personas de grupos vulnerables y grupos de riesgo médico y social.

En 2018, se añadieron nuevas disposiciones al Programa Único de seguro médico obligatorio con el fin de prestar servicios de planificación familiar para ofrecer consultas sobre cuestiones de planificación familiar, como la elección de anticonceptivos para las mujeres sin riesgo obstétrico, enfermedades determinadas por la condición social, etc., en las cuales se administran anticonceptivos y se colocan o extraen DIU a adolescentes activas sexualmente, sobre todo a las que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y riesgo, a jóvenes de grupos vulnerables y de riesgo, y a mujeres en edad de procrear de grupos vulnerables y de riesgo; asimismo, se obtiene la muestra citológica para la prueba de Papanicoláu.

Con el fin de facilitar el acceso de las jóvenes con necesidades especiales a los servicios de salud, sobre todo a los de salud sexual y reproductiva, y gracias al apoyo del proyecto “Generación Sana”, 21 de los 30 centros de salud orientados a los jóvenes recibieron sillas ginecológicas adaptables (con rampas de acceso o elevadores) para las pacientes con necesidades especiales (en 2017, se compraron 30 sillas). Más del 20 % (unos 10.500) de quienes recibieron los servicios de asesoramiento a través de estos centros fueron jóvenes vulnerables, incluidas jóvenes con discapacidad.

En 2018, se adquirieron métodos anticonceptivos modernos para los grupos vulnerables de la población por un valor de 3.588.900 lei moldavos.

En Moldova, el derecho de las mujeres al aborto sin riesgo está garantizado por ley. Toda mujer que interrumpe un embarazo debe recibir información suficiente y es libre de elegir el método de interrupción del embarazo y el método de anestesia, decisión que toma a partir de la información que recibe durante el asesoramiento. Las mujeres de grupos sociales vulnerables, que no disponen de recursos económicos, pueden solicitar un aborto gratuito, de conformidad con las disposiciones de la Orden del Ministerio de Salud núm. 647, de 21 de septiembre de 2010, sobre la interrupción voluntaria del embarazo sin riesgos.

El Ministerio de Educación, Cultura e Investigación promueve la educación sanitaria en todas las asignaturas escolares en lugar de enseñar una asignatura por separado. A partir del 1 de septiembre de 2018, se incorporó una nueva área curricular, Asesoramiento y desarrollo personal, que incluye la asignatura obligatoria Desarrollo personal. Esta asignatura está estructurada en cinco módulos, uno de los cuales se denomina “Modo de vida saludable” y consta de unidades tales como las siguientes: modo de vida saludable, énfasis en los valores; la salud como valor; prioridades de la salud y la vida; la salud, un elemento de la cultura; formas de manifestar la cultura de la salud personal; ejercicio del derecho a los servicios de prevención de enfermedades y mantenimiento de la salud.

Las asignaturas opcionales son el componente flexible del Plan Marco del Ministerio de Educación. Una de las asignaturas optativas prioritarias es Educación para la Salud y Calidad de Vida, cuyos objetivos son que los estudiantes:

•Reciban, entiendan e interpreten información básica sobre la salud y aprovechen los servicios públicos para fortalecer la propia salud;

•Comprendan las medidas que pueden tomar para prevenir las enfermedades físicas y mentales, en particular la importancia de la nutrición adecuada, la actividad física y la reducción del estrés;

•Utilicen la información existente para tomar decisiones personales correctas a fin de mantener y mejorar su estado de salud;

•Adquieran un comportamiento responsable por la vida y la salud propias y las de los que lo rodean;

•Comprendan los problemas de salud pública nacionales e internacionales.

Durante el año escolar 2018-2019, se pondrá a prueba el nuevo plan de estudios, que incorpora la asignatura optativa de Educación para la Salud en 22 escuelas de la República.

XII.Prestaciones económicas y sociales

Respuesta al párrafo 19

Los actos normativos elaborados por el Banco Nacional de Moldova no imponen ninguna restricción o condición de carácter discriminatorio que limite el acceso de las mujeres de la República de Moldova a los servicios financieros.

Con el fin de aumentar la inclusión financiera de la población, el Banco Nacional de Moldova desarrolla amplias actividades para promover la educación financiera, lo que ayuda a informar mejor a la población, en particular a las mujeres, sobre el papel, las atribuciones y las funciones principales de las entidades financiero-bancarias y sobre los principios básicos de la economía.

Desde 1999, el sistema público de seguridad social se basa en dos principios básicos: el principio de igualdad, que da a todos los participantes del sistema público —contribuyentes y beneficiarios— un trato no discriminatorio en lo que respecta a los derechos y las obligaciones previstos por ley, y el principio de contribución, según el cual los derechos de seguridad social se benefician de las aportaciones jubilatorias.

Según las disposiciones de la Ley sobre el sistema público de pensiones, el derecho a la pensión está establecido conforme a criterios unificados (edad de jubilación y duración del período de aportación) y se aplica a todos los empleados, independientemente de su función, el tipo de trabajo, la importancia del campo de actividad, etc.

XIII.Mujeres de zonas rurales

Respuesta al párrafo 20

El médico de familia presta servicios en las instituciones de atención primaria de la salud de las zonas rurales (centros de salud que cuentan con los departamentos de los consultorios de médicos de familia y los consultorios médicos de otras especialidades) y los servicios de planificación familiar se prestan en cada distrito y municipio. Todas las mujeres, independientemente de la zona en la que vivan (urbana o rural), tienen igual acceso a estos servicios.

Las mujeres de las zonas rurales pueden solicitar servicios de planificación familiar y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la anticoncepción en el territorio administrativo (distrito), por ejemplo, al médico de familia.

Según la legislación vigente, todos los ciudadanos tienen igual acceso a préstamos, independientemente de su sexo, siempre que se respeten las disposiciones de los procedimientos pertinentes.

Según los estudios realizados, el nivel educativo de las mujeres de las zonas rurales es muy inferior al de las mujeres de las ciudades. Solo el 46,4 % de las mujeres que trabajan en las zonas rurales tienen educación superior o formación profesional secundaria o especializada, y en los últimos años este porcentaje presentó una tendencia descendente estable. Este fenómeno es especialmente alarmante si se compara con la proporción de mujeres que tienen formación en las zonas urbanas, que suman más del 75 % de la población femenina activa de más de 15 años. El bajo porcentaje de mujeres de las zonas rurales que estudian no se deriva de la escasa tendencia de las niñas de las zonas rurales a estudiar, sino que está determinado por las oportunidades de aplicar en las aldeas los conocimientos obtenidos en los estudios. Por tanto, las posibilidades de que las mujeres de las zonas rurales encuentren empleo para obtener ingresos, que son menores a las de las mujeres de las ciudades, siguen fomentando la migración de las mujeres con estudios hacia las ciudades. Se sabe que una vez graduadas del nivel promedio de educación, una parte importante de las personas que abandonan las aldeas para estudiar no regresan después de terminar sus estudios. En los últimos cinco años, se ha observado una mayor concentración de jóvenes en las zonas urbanas, sobre todo de 25 a 29 años (Fuente: Oficina Nacional de Estadística).

Las mujeres de las zonas rurales que tienen hijos interactúan con las instituciones educativas de la localidad (jardín de infancia y escuela) y participan en diversas actividades culturales y educativas y comités de padres, donde predominan las mujeres. A fin de reducir la intensidad del profundo carácter patriarcal de la comunidad rural, se necesitan medidas inmediatas más profundas para que la educación, los medios de comunicación y la sociedad civil influyan más en la configuración de la cultura de la igualdad de género en la sociedad y en la lucha contra las perspectivas estereotipadas, especialmente en las zonas rurales. Uno de los proyectos apoyados por el Ministerio de Educación, Cultura e Investigación es “GirlsGoIT”, cuyo objetivo es ofrecer a las niñas de 14 a 20 años, incluidas las de las zonas rurales, mejores oportunidades de empleo en el sector de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

En la actualidad, la Ley núm. 105/2018 sobre la promoción de la fuerza de trabajo y el seguro de desempleo prevé algunas medidas que tienen por objeto aumentar las oportunidades de empleo de los desempleados de las zonas rurales y están dirigidas tanto a los desempleados como a los empleadores. Por ejemplo, las ayudas que se conceden a las personas desempleadas que quieren fundar una empresa es una de las nuevas medidas activas para potenciar el empleo que prevé una subvención para compensar los gastos relacionados con la creación de una empresa, en particular en las zonas rurales.

Otra medida activa es la financiación de proyectos de iniciativas locales, que ayudan a los empresarios rurales que crean nuevos puestos de trabajo en las zonas rurales y emplean a desempleados en esos puestos.

Además, el Organismo Nacional de Empleo estimula la movilidad de la fuerza de trabajo otorgando subsidios a los desempleados de las zonas rurales que trabajan en otra localidad.

Algunas medidas previstas para ofrecer programas de emprendimiento dirigidos a las mujeres de las zonas rurales son las siguientes:

1)La reforma del sistema de empleo, iniciada por el Gobierno en el período 2016-2018. Las nuevas disposiciones tienen por objeto aumentar el nivel de empleo y disminuir la exclusión social en el mercado laboral, así como reducir las desigualdades y garantizar la igualdad de oportunidades de empleo. El propósito de la reforma es prevenir y reducir el desempleo y sus efectos sociales, reducir el riesgo de desempleo y asegurar un alto nivel de empleo, además de promover la adaptación a las demandas del mercado laboral. Las políticas que concilian la carrera profesional con las responsabilidades familiares aumentarán la tasa de empleo de las mujeres, pero también reducirán la brecha salarial existente entre las mujeres y los hombres (es decir, llevarán la proporción del salario de los hombres que reciben las mujeres del 87 % al 90 % para 2021). Las medidas activas personalizadas aumentarán la inclusión de las personas vulnerables en el mercado laboral (personas con discapacidad y personas en edad de jubilación, personas que tienen escasas cualificaciones, sobre todo en las zonas rurales, etc.), pero también potenciarán la promoción del empresariado social, el aprendizaje a lo largo de la vida y la inclusión en la formación técnica y profesional, etc.

2)El programa piloto “Mujeres empresarias”, que fue aprobado a través de la Decisión del Gobierno núm. 1064/2016. Este programa tiene por objeto prestar apoyo financiero y no financiero concediendo subsidios a las inversiones y los servicios pertinentes para que las mujeres creen empresas, especialmente las mujeres de las zonas rurales y las jóvenes. Desde que comenzó a aplicarse y hasta la fecha, más de 400 mujeres recibieron capacitación y asesoramiento para crear su empresa y 179 mujeres registraron empresas en los seis meses posteriores a su participación en esos cursos. En otro componente del programa, se otorgaron subsidios a las empresas de dos años de antigüedad dirigidas por mujeres que los solicitaron para comprar tecnología y equipos, así como para contratar servicios de desarrollo empresarial, por un valor máximo de 165.000 lei moldavos por empresa; el monto total de los subsidios asignados ascendió a 39,58 millones de lei moldavos. Además, este año el Gobierno aprobó la prórroga de este programa hasta 2022.

3)El Programa Nacional de Mentoría para Mujeres Activas “INSPIR-O!” (Inspíralo), iniciado en 2017 y aplicado en siete localidades. El Programa seleccionó a mujeres de localidades en las que las mujeres no están representadas en los consejos locales (principalmente de zonas rurales) para fortalecer su capacidad de liderazgo. Los siete proyectos de movilización comunitaria se aplicaron en diferentes ámbitos: la salud y el deporte, el paisajismo de parques y patios de recreo, la formación en liderazgo y la educación en materia de género, la mejora de las condiciones de los sanitarios en las instituciones educativas y la seguridad vial. El programa tiene 27.261 beneficiarias directas e indirectas y 3587 personas movilizadas, lo que representa el 7,8 % de la población de las localidades participantes, 83 acciones de movilización comunitaria y 699 trabajadores voluntarios.

4)El reglamento sobre las condiciones y el procedimiento de concesión de subvenciones anticipadas del Fondo Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural para proyectos emergentes. Este reglamento define la asignación de subvenciones anticipadas con el fin de alentar a los jóvenes agricultores, en particular mujeres, de entre 18 y 35 años a crear pequeñas empresas, mejorar su rendimiento económico, crear nuevos puestos de trabajo, etc.

5)El proyecto de reglamento del Fondo Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural relativo a los subsidios, elaborado y promovido por el Gobierno para mejorar el nivel de vida y de trabajo en las zonas rurales. El reglamento define las medidas, las condiciones y los procedimientos para conceder subvenciones anticipadas dirigidas a mejorar y desarrollar la infraestructura económica pública rural, renovar y desarrollar la localidad rural y diversificar la economía rural mediante actividades no agrícolas. De acuerdo con el Plan de Acción para la aplicación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Agrícola y Rural para el período 2014-2020, el proyecto establece las disposiciones relativas a:

•La ejecución de al menos 50 proyectos anuales para mejorar y desarrollar la infraestructura pública y los servicios prestados a la población rural;

•El desarrollo de la infraestructura y la mejora de los servicios para unos 250.000 beneficiarios por año;

•La creación de al menos 30 nuevas empresas al año, que generarán más de 130 puestos de trabajo, de los cuales el 30 % están destinados a mujeres.

XIV.Grupos de mujeres desfavorecidas

Respuesta al párrafo 21

Uno de los principales resultados obtenidos conforme a los objetivos del Plan de Acción de apoyo a la población romaní de la República de Moldova para el período 2016-2020 fue la creación del mediador comunitario en las localidades densamente pobladas por romaníes. Actualmente hay 33 mediadores comunitarios, cuya mayoría son mujeres, lo que evidencia un aumento de la participación de las mujeres romaníes en la vida pública. Los gastos relativos a la aplicación del Plan son financiados por el Estado mediante la asignación de los fondos necesarios en los presupuestos de las instituciones responsables de la ejecución. Además, según el caso, se atraen fuentes de financiación europeas, como fondos, proyectos y programas de asistencia técnica, subsidios, proyectos de desarrollo de asociaciones público-privadas, patrocinios y otras fuentes no prohibidas por la legislación vigente.

A fin de garantizar la atención de las necesidades de las mujeres detenidas, se las apoya y alienta permanentemente para que adquieran una profesión y participen en diversas actividades educativas, psicosociales y de preparación para la puesta en libertad organizadas dentro de las instituciones penitenciarias.

Con el fin de desarrollar las capacidades creativas y la gestión del tiempo libre, durante los feriados nacionales se organizan actividades culturales en las que participa un gran número de detenidas. Las actividades organizadas con el apoyo de las confesiones religiosas y de las ONG contribuyen de manera especial al desarrollo psicológico y conductual de las detenidas.

Por otra parte, se les ofrece la posibilidad de realizar un trabajo remunerado durante el período de detención en la empresa estatal “Rusca” (que desarrolla su actividad en el territorio del centro penitenciario), en el servicio doméstico de la institución o en la brigada agrícola durante los trabajos estacionales.

Asimismo, las detenidas pueden estudiar en la Escuela de Formación Profesional de la penitenciaría, donde actualmente hay 50 matriculadas en diversas especialidades.

Además, con el apoyo de las confesiones religiosas, la penitenciaría organiza un programa de terapia social a través del cual un grupo de detenidas elabora tarjetas de papel en filigrana.

Las detenidas que son madres comparten una habitación con otra madre y reciben el apoyo material necesario para que sus hijos crezcan y se desarrollen normalmente para la edad que tienen. En ese sector hay una sala de juegos que dispone de los equipos apropiados y un patio de recreo, donde los niños pueden pasar tiempo con su madre y practicar diferentes actividades.

Tanto las madres como los niños tienen acceso permanente a servicios de atención de la salud de calidad, proporcionados por el personal médico de la institución. Los niños reciben todas las vacunas que tienen indicadas conforme a las disposiciones médicas, son objeto de control especializado y reciben atención médica profesional, así como los medicamentos y la nutrición adecuados.

Con el fin de desarrollar las competencias parentales de las madres que están detenidas y cultivar hábitos correctos de cuidado de los recién nacidos, las mujeres participan en el programa “Escuela de Madres”, donde las actividades combinan aspectos pedagógicos y terapéuticos teniendo en cuenta las particularidades de la edad de los niños, que acuden a clases junto con su madre.

Se mantienen conversaciones individuales con las madres a efectos educativos para definir las necesidades y los problemas sociales que enfrentan o que pueden surgir con el tiempo.

Respuesta al párrafo 22

En la actualidad, hay 1.420 beneficiarios en las instituciones sociales para adultos, de los cuales 813 son mujeres.

La información sobre el resultado intermedio del Programa Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad correspondiente a 2018 y 2019 respecto de las mujeres se muestra en el cuadro del anexo.

Del 18 al 20 de diciembre de 2018, se organizó el seminario “Fortalecimiento de las capacidades de los empleados de la Agencia Nacional de Asistencia Social y de los directores de los centros de empleo temporal para las personas con discapacidad con miras a prevenir la tortura y reducir los malos tratos, los abusos y la discriminación” (118 horas de formación), al que asistieron 30 personas.

Entre 2018 y 2019, no se encontraron ni denunciaron casos de abuso sexual en las instituciones administradas. En los casos de presunto abuso, el personal registra el caso y señala los órganos competentes que deben resolverlo (el Defensor del Pueblo, la Fiscalía, la Policía, etc.). Además, los beneficiarios reciben material informativo sobre sus derechos y sobre los tribunales a los que pueden acudir en esas situaciones.

XV.Matrimonio y relaciones familiares

Respuesta al párrafo 23

Según las disposiciones que regulan las condiciones y la manera de poner fin al matrimonio en el Código de la Familia, el hombre y la mujer que contraen matrimonio deben dar su consentimiento mutuo, incorrupto, expresado personal e incondicionalmente y tener edad núbil. La edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años y, si hay buenas razones, cabe reducirla, pero no más de dos años. La reducción de la edad núbil debe ser aprobada por la autoridad local de tutela en cuyo ámbito territorial estén domiciliadas las personas que deseen contraer matrimonio, sobre la base de su solicitud y del acuerdo de los padres del menor. La celebración del matrimonio tiene lugar en los órganos del estado civil, así como en otros órganos autorizados por ley. En cuanto a la adopción de medidas efectivas para garantizar el acceso de los romaníes a la educación, véase el apartado sobre la cuestión IX, “Educación”.

El derecho civil en materia de sucesión y herencia no prevé impedimentos para obtener el derecho a la propiedad sobre un bien ni afecta a los derechos de la mujer a este respecto. Así pues, toda persona, independientemente de su raza, nacionalidad, sexo, origen étnico, idioma o filiación política, disfruta de los mismos derechos tanto en la teoría como en la práctica.