Prólogo
Tradicionalmente, las mujeres han participado orgánicamente en la adopción de decisiones y el mantenimiento de la paz en la República de las Islas Marshall. Las mujeres son también tradicionalmente propietarias de tierras. Si bien todavía es así en muchos aspectos, es evidente que la cultura occidental ha comenzado a influir en la sociedad de las Islas Marshall, especialmente en los centros urbanos de Majuro y Ebeye.
Con la introducción de la cultura y las costumbres occidentales, se dejaron de lado las creencias y los ideales de las Islas Marshall. Especialmente en los centros urbanos, los vínculos familiares y las ideas de dependencia recíproca se están deteriorando. Esto significa que hay más mujeres alejadas de la protección tradicional de los recintos familiares. Hay más madres solteras que son jefas del hogar, con menos apoyo familiar.
El Gobierno de la República de las Islas Marshall está dedicado a restablecer la voz de las mujeres de las Islas Marshall. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otras obligaciones internacionales de la República de las Islas Marshall ayudan a establecer una base sólida en la que las mujeres de las Islas Marshall pueden volver a salir a la luz y el ámbito de la igualdad social. Mediante la protección contra la violencia y la mejora del aprendizaje y la atención de la salud, la República de las Islas Marshall se esfuerza por atender a las necesidades y los derechos de nuestras madres, hermanas e hijas.
Valoramos esta oportunidad de compartir, aprender y crecer como nación.
(Firmado) OIT KautejGobierno de la República de las Islas Marshall
Marco legislativo, normativo e institucional
Cuestión 1
En el párrafo 235 del informe se señala que, si bien se han ratificado los principales tratados de derechos humanos, no existe legislación específica contra la discriminación. Sírvanse indicar las medidas que el Estado parte tiene previsto adoptar para integrar en la Constitución o en la legislación pertinente una definición de discriminación contra la mujer conforme al artículo 1 de la Convención. Asimismo, se ruega que aporten ejemplos de casos, si los hay, en que los tribunales nacionales han invocado las disposiciones de la Convención.
No hay actualmente instrumentos legislativos que definan específicamente la discriminación contra las mujeres. El Gobierno reconoce esta falta de claridad y tiene la intención de definir la discriminación contra la mujer en los órganos legislativos antes del próximo ciclo de presentación de informes.
El Gobierno no ha definido todavía la discriminación contra la mujer en la Constitución. Lamentablemente, la Convención Constituyente de 2017 se clausuró antes de se presentara una propuesta para definir la discriminación contra la mujer. El Gobierno prevé en consecuencia presentar una propuesta en la próxima sesión de la Convención.
No se han invocado hasta el momento las disposiciones de la Convención en los tribunales nacionales.
Cuestión 2
En su informe, el Estado parte indicaba que “ las costumbres tradicionales de las Islas Marshall o manit complementan la Constitución ” (párr. 25). De conformidad con la obligación contraída por el Estado parte en virtud de los artículos 1 y 2 de la Convención y en consonancia con la meta 5.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, sírvanse facilitar información sobre las medidas adoptadas para garantizar que el derecho consuetudinario aplicable no discrimine contra las mujeres y las niñas. Indiquen qué medidas existen para velar por que el derecho consuetudinario se armonice de manera sistemática y esté en consonancia con las disposiciones de la Convención. Asimismo, se ruega que aporten información sobre los progresos realizados con respecto a la creación de una institución nacional de derechos humanos de carácter independiente, provista de un mandato amplio en el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y la igualdad de género, de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París) (párr. 68).
La costumbre y las prácticas tradicionales de las Islas Marshall hacen que seamos quienes somos. Esa costumbre tiene muchos aspectos positivos, que deben preservarse y mantenerse mediante la vinculación de los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y la inclusión de todos en nuestras prácticas de vida básicas. Entre otros ejemplos positivos de potenciación de los derechos humanos en la cultura de las Islas Marshall cabe citar los siguientes:
•La Carta de Derechos que forma parte de la Constitución (Jemen E) enumera los derechos y libertades civiles;
•Con arreglo a la Constitución, la Nitijelā (Parlamento), en consulta con el Consejo de Iroij (jefes), puede establecer normas consuetudinarias en la legislación;
•La sociedad de las Islas Marshall es tradicionalmente matrilineal: las mujeres son propietarias de tierras y han sido respetadas tradicionalmente como encargadas de la adopción de decisiones.
•La costumbre tradicional de las Islas Marshall (manit) incluye funciones definidas para los hombres y las mujeres, que en muchos casos son complementarias y ponen de relieve las valiosas contribuciones de cada sexo.
•Los proverbios y refranes de Islas Marshall reiteran lecciones de respeto de las mujeres, los niños y los hombres por igual.
El sistema de enseñanza pública, con la asistencia del Equipo Regional de Recursos sobre Derechos de la Comunidad del Pacífico, está examinando el plan de estudios de la enseñanza primaria para integrar los valores de ciudadanía social, las obligaciones relativas a los derechos humanos, la igualdad de género, la inclusión social y las cuestiones nucleares en el plan de estudios oficial. El objetivo es conectar los derechos y responsabilidades de la inclusión social con los valores y las prácticas culturales de las Islas Marshall en los planes de estudios de las escuelas.
Este proyecto brindaría una oportunidad para introducir en los componentes de la educación informal destinada a los jóvenes no escolarizados módulos de educación formal (por ejemplo, mediante actividades de divulgación/seminarios para los jóvenes de las islas periféricas).
Esta iniciativa tiene por objeto crear una generación de “ciudadanos sociales”. Son ciudadanos sociales los que pueden reclamar sus derechos y cumplir sus responsabilidades para con otros ciudadanos y la comunidad en general. La formación de ciudadanos sociales mediante la educación formal implica inculcar en los estudiantes los valores del respeto, dignidad, atención, consentimiento y participación responsable en la comunidad. Implica fomentar en las escuelas una cultura que promueva la igualdad, la dignidad y la inclusión de todos los niños, independientemente de su género o de otras diferencias. Implica también promover actitudes y comportamientos apropiados que permitan a los estudiantes participar de manera positiva en sus familias y comunidades.
El objetivo de este proyecto es abordar las causas profundas de la desigualdad entre los géneros y la violencia por razón de género mediante la educación formal. El programa “Toda la escuela”, en asociación con el Programa de Calidad y Evaluación de la Enseñanza y el Programa de Desarrollo Social de la Comunidad del Pacífico tendrá seis componentes:
•Inclusión de la educación cívica, la igualdad de género y los derechos humanos en los planes de estudios escolares;
•Sesiones de capacitación para los maestros y para el personal no docente de las escuelas sobre la igualdad entre los géneros y los derechos humanos y promoción de la igualdad entre los géneros y los derechos humanos mediante el ejemplo en la educación formal y las actividades escolares conexas;
•Integración de la igualdad entre los géneros y los derechos humanos en las actividades extraescolares para los alumnos, incluidas actividades de danza y música, teatro, clubes de estudiantes, campañas, actividades deportivas y ambientales;
•Apoyo a las escuelas para que adopten políticas apropiadas, en particular contra el acoso sexual y la intimidación, mediante procesos participativos;
•Fomento de relaciones positivas entre los alumnos, los maestros, el personal no docente, los padres y las comunidades a fin de asegurar el apoyo de todas las principales partes interesadas a la igualdad de género y los derechos humanos en la educación formal y la comunidad en general;
•Promoción de la igualdad de género y aulas y entornos escolares orientados al ser humano.
Resultados previstos:
•Los jóvenes en los años formativos de su desarrollo aprenden a pensar en forma crítica y participan en el logro de la igualdad de género, los derechos humanos y el cambio social;
•Las escuelas se convierten en centros para el fomento de valores básicos en torno a la igualdad de género, la no discriminación, la inclusión y la participación, con efectos positivos continuados en las comunidades locales;
•Los estudiantes, los maestros y el personal no docente están facultados para participar de manera significativa y en condiciones de igualdad en la elaboración y aplicación de políticas y prácticas escolares que aseguren la equidad en cuanto al género;
•Los Gobiernos de las Islas del Pacífico son más conscientes de los beneficios y la importancia de la igualdad entre los géneros y la educación en materia de derechos humanos como medio para lograr un cambio transformador en las actitudes y los comportamientos, y como parte de la formación de ciudadanos socialmente responsables;
•Estará disponible para su adaptación por los Gobiernos de las Islas del Pacífico un conjunto amplio de enseñanzas sobre la igualdad entre los géneros y la educación en materia de derechos humanos (paquete de plan de estudios y formación de maestros) utilizando un enfoque de “Toda la escuela” específico para el contexto del Pacífico ;
•La igualdad entre los géneros y la educación en materia de derechos humanos se institucionalizan como parte de la enseñanza primaria en los países del Pacífico, con posibilidades de extensión al nivel secundario;
•El éxito en la educación sobre la igualdad entre los géneros y los derechos humanos utilizando un enfoque de “toda la escuela” alentará a otros Gobiernos de las Islas del Pacífico a examinar sus planes de estudios nacionales con miras a introducir un proceso análogo.
La Ley Nacional Nitijelā 2015-46 proporcionó a la Convención Constituyente una lista de resoluciones de la Nitijelā para su examen. Hasta la fecha, la propuesta 18 de establecer una Oficina del Ombudsman ha sido aprobada por la Convención y está ahora pendiente del Referéndum. Esta es la fase final y una vez que haya sido confirmada y aprobada por el pueblo, se establecerá esa Oficina.
En noviembre de 2016, el Gobierno solicitó la asistencia técnica del Equipo Regional de Recursos sobre Derechos de la Comunidad del Pacífico y el Foro de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Asia y el Pacífico para llevar a cabo un estudio sobre la viabilidad de establecer una institución nacional de derechos humanos.
El estudio de viabilidad se realizó en marzo de 2017 y los resultados se presentaron en septiembre de 2017. Se sometieron para su examen por el Gobierno las siguientes recomendaciones:
•El equipo de análisis recomendó el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos como órgano constitucional con un estatuto equivalente al de la Oficina del Auditor General;
•El equipo recomendó que se solicitara a la actual Convención Constituyente que considerase el establecimiento de una Oficina del Defensor del Pueblo con los mandatos de buena gobernanza y derechos humanos;
•Si se establece una Oficina del Defensor del Pueblo, estaría integrada por un Defensor del Pueblo Principal y un Defensor del Pueblo, o Defensor del Pueblo Adjunto, con responsabilidad específica en materia de derechos humanos, ambos en jornada completa.
La legislación por la que se establece la institución nacional de derechos humanos deberá darle un mandato amplio, a saber:
•Promover y proteger los derechos humanos de todas las personas en las Islas Marshall;
•Promover la dignidad, la igualdad y la seguridad de todos los habitantes de las Islas Marshall, en particular las mujeres, los niños y las personas con discapacidad. así como de todos los ciudadanos y residentes permanentes o temporales.
Sus principales objetivos serán:
•Promover el respeto, la comprensión y la apreciación de los derechos humanos;
•Garantizar la conformidad con los Principios de París y fomentar la confianza de la comunidad en la institución nacional de derechos humanos en las Islas Marshall;
•Incorporar explícitamente garantías legislativas de su independencia y establecer un proceso abierto, transparente e inclusivo de contratación.
Recopilación de datos
Cuestión 3
En el párrafo 42 del informe se señala que no existe ninguna disposición jurídica para la recopilación de datos desglosados y que es necesario mejorar la recopilación de datos y ampliarla a otros sectores. Sírvanse facilitar información sobre las medidas específicas que se están adoptando para crear una entidad especializada que garantice la reunión sistemática de datos completos desglosados por sexo e indicadores mensurables para evaluar las tendencias en la situación de las mujeres y las niñas, incluida la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los progresos realizados en el logro de la igualdad sustantiva. ¿Está previsto que se adopten leyes que rijan la producción de estadísticas de género?
La Oficina de Políticas, Planificación y Estadísticas Económicas es el órgano central encargado de la recopilación de datos y tiene el mandato de recoger datos de todos los sectores. La República de las Islas Marshall señala la necesidad de fortalecer los recursos humanos y técnicos para mejorar la recopilación y elaboración de datos. La Oficina tiene como asociados la Comunidad del Pacífico, las Naciones Unidas y otros asociados para el desarrollo que contribuyen a mejorar su capacidad. La Comunidad del Pacífico presta asistencia técnica para la reunión sistemática de datos completos desglosados por sexo y de indicadores mensurables para evaluar las tendencias en la situación de las mujeres y las niñas.
En noviembre de 2016, el Gabinete aprobó la creación de un Comité del Plan Estratégico Nacional/Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Presidente del Comité es el Ministro de Asistencia. El Comité está encargado de la aplicación, el seguimiento y la presentación de informes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Estratégico Nacional. Tiene 5 subcomités, basados en cinco esferas sectoriales del Plan Estratégico Nacional, a saber:
•Desarrollo social;
•Medio ambiente, cambio climático y resiliencia
•Desarrollo de las infraestructuras;
•Desarrollo económico sostenible;
•Buena gobernanza.
Los subcomités son responsables de comunicar sus actualizaciones y sus progresos hacia el logro de los objetivos ministeriales de conformidad con el Plan Estratégico Nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El subcomité de desarrollo social ha identificado objetivos y metas para la vigilancia y el fortalecimiento de la igualdad sustantiva en la República.
No hay actualmente ningún proyecto de ley para supervisar las estadísticas de género.
Mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer
Cuestión 4
Según el informe, la Oficina de Género y Desarrollo del Ministerio del Interior es el órgano gubernamental responsable de liderar la promoción de la igualdad de género en el Estado parte (párr. 64). No obstante, el Estado parte todavía no ha nombrado coordinadores de cuestiones de género en todos los ministerios y organismos gubernamentales (párr. 65) y los recursos financieros asignados a la Oficina son limitados. Además, la política de incorporación de la perspectiva de género del Estado parte todavía no se ha aplicado (párr. 235). Sírvanse proporcionar información actualizada sobre las medidas adoptadas para designar a los coordinadores de las cuestiones de género y para aplicar la política de incorporación de la perspectiva de género. Asimismo, sírvanse indicar qué medidas se están aplicando para mejorar los conocimientos pertinentes para el análisis de los derechos humanos y la incorporación de la perspectiva de género, que se consideran escasos en el Estado parte (párr. 67). Se ruega que faciliten información detallada sobre los desafíos y logros del Estado parte en lo referido a la aplicación de sus actividades de elaboración de presupuestos con perspectiva de género. Se ruega que indiquen también qué medidas se han adoptado para aumentar la asignación presupuestaria destinada a la Oficina, de tal manera que esta pueda llevar a cabo con eficacia sus actividades como mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer.
Si bien todavía no se han establecido coordinadores de cuestiones de género en los ministerios y organismos públicos, se prevé que el Subcomité del Sector de Desarrollo Social del Plan Estratégico Nacional/Objetivos de Desarrollo Sostenible establezca coordinadores en todo el Gobierno para fines del ejercicio económico 2018.
La División de Desarrollo Social de la Comunidad del Pacífico prestó asistencia a la Oficina de Género y Desarrollo del Ministerio de Cultura y Asuntos Internos para elaborar un plan de ejecución (2016) de la Política de Incorporación de la Perspectiva de Género de 2014. Las cinco áreas en que se centra esa política son las siguientes:
•Fortalecer la capacidad de todos los sectores del Gobierno para ofrecer programas y servicios en que se tengan en cuenta las cuestiones de género;
•Garantizar el bienestar de las familias;
•Eliminar la violencia por razón de género y proteger y atender a las víctimas;
•Crear un entorno propicio para la participación en la economía y el disfrute de sus beneficios de manera equitativa;
•Favorecer la participación equitativa de las mujeres y los hombres en la adopción de decisiones.
Sobre la base de los resultados del Estudio sobre Salud y Seguridad de la Familia de 2014, el Gobierno asignara más fondos y personal para la eliminación de la violencia de género y la protección y la atención de las víctimas en el ejercicio económico de 2016.
La propuesta 21, que permitiría que se obligara a los testigos a prestar testimonio contra sus familiares (cónyuges, progenitores, hijos, hermanos, etc.) en los casos de violencia doméstica, se presentó a Convención Constituyente de 2017 pero, lamentablemente, la propuesta fue rechazada.
Además, el Gobierno ha aprobado recientemente cuatro nuevas plazas, dos de trabajadores sociales, una de oficial de derechos humanos y una de coordinador de proyectos para los niños. Todos estos puestos se crearon para fortalecer la capacidad del Gobierno de coordinar los programas y armonizar la legislación con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra La Mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este equipo trabaja directamente con el Grupo de Trabajo del Comité de Derechos Humanos/Consejo de Derechos Humanos y su secretaría para mejorar constantemente los derechos humanos en la República de las Islas Marshall.
La Oficina de Género y Desarrollo ha recibido una donación del Proyecto Aenemon (Paz) del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas (Naciones Unidas) Esta donación se otorgó a la Oficina de Género y Desarrollo para su distribución a los asociados locales, en particular Mujeres Unidas de las Islas Marshall y el Departamento de Policía de las Islas Marshall, con el fin de combatir la violencia doméstica y la violencia contra la mujer Por ejemplo, la Oficina de Género y Desarrollo organizó el 25 de noviembre de 2016, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un programa de sensibilización. El proyecto Aenemon también financió la formación de la Unidad de Violencia Doméstica del Departamento de Policía a Mujeres Unidas en sus programas de divulgación y sensibilización.
El Gobierno, por conducto de la Oficina de Género y Desarrollo, asignó 120.000 dólares a Mujeres Unidas de las Islas Marshall en el ejercicio económico de 2016 para financiar el proyecto Weto in Mour. El Gobierno de Australia, a través de la iniciativa Pacific Women Shaping Pacific Development, apoya también ese programa.
El proyecto Weto in Mour es el primer servicio nacional de apoyo a las víctimas de la violencia no solo en las Islas Marshall sino en la región del Pacífico Norte. El proyecto está centrado en la mujer y tiene por objetivo asegurar que un mayor número de mujeres y niñas vivan libres de la violencia a través de la prestación de servicios de prevención e intervención y de actividades de fortalecimiento institucional y sistémico. Ofrece acceso gratuito a servicios jurídicos, con el apoyo de la Corporación de Servicios Jurídicos de Micronesia. Gracias a ese programa, las mujeres y las niñas tienen mayores posibilidades de obtener asistencia jurídica, en particular órdenes de protección, y de que su caso llegue a los tribunales. El proyecto está desarrollando su propia base de datos. Una vez que se ponga en funcionamiento, Mujeres Unidas de las Islas Marshall se propone generar informes para su propio uso y el de sus asociados a fin de supervisar y evaluar las respuestas y la capacidad para combatir eficazmente la violencia contra las mujeres y las niñas.
Se celebró en Majuro los días 23 al 24 de febrero de 2017 un taller sobre presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados para los miembros del Consejo de Derechos Humanos. Fue liderado por la Secretaría del Equipo Regional de Recursos sobre Derechos de la Comunidad del Pacífico en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para el Pacífico. Sus objetivos eran impartir conocimientos acerca de la presentación de informes [especialmente a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad] a los miembros del Consejo de Derechos Humanos, crear capacidad para presentar informes oportunos y eficaces y aplicar efectivamente las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas.
Los principales resultados de la capacitación fueron:
•La mejora de la comprensión por los participantes de las funciones y el mandato del Consejo de Derechos Humanos y sus responsabilidades como miembros;
•Una mejor comprensión del valor de la presentación de informes sobre los derechos humanos y de las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas como instrumento para el desarrollo y el progreso de los programas y las políticas nacionales;
•Un mejor conocimiento de los principales tratados importantes para la República de las Islas Marshall (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad);
•El compromiso de mejorar el funcionamiento del Comité, incluidas reuniones más regulares;
•El compromiso de completar el informe en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la preparación adecuada para los diálogos del Comité de las Naciones Unidas previstos para principios de 2018.
En 2017, la República de las Islas Marshall, en colaboración con el Equipo Regional de Recursos sobre Derechos de la Comunidad del Pacífico y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organizó seminarios y consultas sobre la presentación de informes y la aplicación de los tratados de derechos humanos:
•Capacitación para el informe paralelo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con organizaciones locales de la sociedad civil, entre ellas Mujeres Unidas de las Islas Marshall, Youth to Youth in Health, la iniciativa REACH Islas Marshall, etc.;
•Se prepararon y utilizaron en las reuniones de los jefes de departamento materiales de concienciación sobre los derechos humanos ;
•Se presentó durante la conferencia anual de Mujeres Unidas de las Islas Marshall y la Cumbre de Educación celebrada en Ebeye el informe anual del Ministerio de Cultura y Asuntos Internos.
En los últimos meses de 2016 se realizaron varios talleres y consultas sobre los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y la inclusión con directores y maestros de las escuelas públicas, la Asociación de Alcaldes de las Islas Marshall y estudiantes de Majuro y Arno. También se llevaron a cabo actividades de concienciación del público durante eventos locales como el día de la Manit (cultura), los 16 Días de Activismo y la Conferencia Anual de Mujeres Unidas de las Islas Marshall .
La Oficina del Fiscal General tiene un representante con capacitación en materia de derechos humanos que se ocupa de la administración de las cuestiones de los refugiados y las Naciones Unidas. El programa de aprendizaje sobre la protección no solo trata de la protección de los refugiados, los apátridas y los solicitantes de asilo sino también de las cuestiones de derechos humanos que afectan a las mujeres y los niños refugiados que pueden desembarcar en las Islas Marshall. Aunque no es parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, las Islas Marshall toman nota de este nuevo programa y reconocen la probabilidad de una nueva iniciativa para la reforma de la política legislativa y/o normativa en relación con este programa.
El Gobierno tropieza con dificultades en lo que respecta a la presupuestación de las actividades de recopilación y el análisis de datos sobre la perspectiva de género. Ha comenzado a recabar el apoyo de los asociados para el desarrollo a fin de mejorar la información sobre esas cuestiones en el próximo ciclo de presentación de presentación de informes. El Gobierno reconoce también la importancia de crear y mantener una base de datos fiable y responsable de información centrada en el género y desglosada por sexo para su uso y difusión en nuestras comunidades nacionales y en todo el mundo.
Medidas especiales de carácter temporal
Cuestión 5
El informe del Estado parte no hace referencia a la existencia de medidas legislativas o de otra índole destinadas a aumentar el número de mujeres presentes en los órganos decisorios, en todos los niveles y en todos los ámbitos. Sírvanse facilitar información sobre las medidas especiales de carácter temporal ya implantadas o previstas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 1) de la Convención y la recomendación general núm. 25 (2004) del Comité relativa a dicho tipo de medidas, a fin de acelerar el logro de la igualdad de facto entre mujeres y hombres.
Las propuestas 9 y 13 son resoluciones de la Nitijelā que se presentaron a la Convención Constituyente para su consideración.
•La propuesta 9 tenía por fin enmendar la Constitución para establecer una cuota o seis escaños reservados expresamente para las mujeres: 2 del atolón de Majuro, 1 del atolón de Jaluit, 1 del atolón de Kwajalein, 1 del atolón de Arno y uno del atolón de Ailinglaplap. Después de su aprobación por el Nitijelā, el proyecto de ley volvió a remitirse a la Convención Constituyente para ser objeto de deliberaciones y consultas públicas. Lamentablemente, esta propuesta fue rechazada en la Convención Constituyente de 2017.
•La propuesta 13 tenía por fin enmendar las disposiciones de la Constitución sobre igualdad de protección y libertad para incluir la discriminación basada en la orientación sexual. Lamentablemente, esta propuesta fue rechazada en la Convención Constituyente de 2017.
El Gobierno no se ha comprometido hasta ahora a adoptar otras medidas especiales para acelerar la igualdad de la mujer y el hombre. Sin embargo, nada en nuestras leyes impide en la práctica que las mujeres ocupen posiciones superiores. Cabe señalar que hay un número cada vez mayor de mujeres ocupan puestos de nivel superior en el Gobierno, la gestión, juntas gubernamentales y la diplomacia. En 2015 y al cabo de 39 años de independencia, las Islas Marshall eligieron a tres mujeres para integrar el Parlamento y una de ellas es actualmente Presidenta de la República de las Islas Marshall. Otros cargos que se enumeran a continuación están ocupados por mujeres:
•Ministro de Cultura y Asuntos Internos;
•Secretario de Salud y Servicios Humanos;
•Secretario de Recursos y Desarrollo;
•Secretario de Finanzas;
•Administrador de Seguridad Social de las Islas Marshall;
•Secretario de la Nitijelā;
•Secretario de los Tribunales;
•Secretario del Consejo de Iroij.
Estereotipos y prácticas negativas
Cuestión 6
Sírvanse facilitar información sobre las medidas adoptadas para elaborar una política integral orientada a modificar las pautas sociales y culturales que dan lugar a la fijación de estereotipos y refuerzan los papeles tradicionales de las mujeres y los hombres en el seno de la familia y de la sociedad, especialmente en relación con las prácticas de socialización de género, que fomentan la imagen del hombre como sostén de la familia (párr. 92) y de la mujer como madre. Sírvanse facilitar también información sobre el papel de la Oficina de Género y Desarrollo en la aplicación de tales medidas, incluida la sensibilización acerca de los estereotipos de género relativos a las funciones de hombres y mujeres en la sociedad. Sírvanse indicar qué repercusión han tenido esas medidas a la hora de eliminar las percepciones y actitudes estereotipadas con respecto al papel de la mujer en la sociedad y en la familia, así como de hacer frente a la persistencia de prácticas nocivas, como el matrimonio infantil.
Entre las políticas encaminadas a modificar los patrones sociales y culturales y los estereotipos de género cabe señalar las siguientes:
•Política Nacional de Incorporación de la Perspectiva de Género de 2014;
•Política sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2015;
•Política de Protección de los Derechos del Niño de 2015;
•Objetivos de Igualdad de Género y Plan de Acción Social 2017-2020:
•Los niños y las niñas se benefician por igual;
•La enseñanza está libre de estereotipos de género y de discriminación;
•Tolerancia cero de la intimidación y el acoso sexual;
•Los estudiantes se protegen y respetan mutuamente;
•Los estudiantes reciben educación sobre el desarrollo sostenible, los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la diversidad cultural.
El Plan de Aplicación de la Política de Incorporación de la Perspectiva de Género de 2016 tiene por objeto cambiar las pautas sociales y culturales relativas a los papeles tradicionales del hombre y la mujer. La Política tiene por objeto abordar varias cuestiones que son causa de la desigualdad de las mujeres en las Islas Marshall.
El Gobierno no ha patrocinado ningún programa dirigido específicamente a hacer frente a los papeles tradicionales o consuetudinarios del hombre y la mujer.
Es importante señalar que todavía se reconoce la función de la mujer en las Islas Marshall, como nodriza, proveedora, cuidadora y propietaria de tierras, aunque en algunos casos no en la práctica. Las mujeres han sido tratadas y siguen siendo tratadas con mucho respeto. Como se ha señalado anteriormente, se está educando a los niños, la generación futura, sobre la dignidad humana y los valores básicos de respeto, derechos humanos y responsabilidad. La experiencia ha demostrado que los cambios en las leyes y las políticas no han mejorado necesariamente la vida de las mujeres y las personas con discapacidad ni les han permitido controlar todos los aspectos de su vida. Todas las personas, de todos los niveles, deben ser disponer de información, participar en la adopción de leyes y tener conciencia de la manera en que las leyes pueden influir positivamente en su vida. La República de las Islas Marshall decidió comenzar con nuestros jóvenes, los futuros titulares y garantes de los derechos.
La Oficina de Género y Desarrollo ha utilizado el estudio sobre salud y seguridad de la familia de 2014 como base para organizar equipos móviles, integrados por funcionarios de varias oficinas gubernamentales y organizaciones no gubernamentales para aumentar la conciencia sobre la salud, la atención de la mujer, la protección de los niños, la violencia doméstica y la igualdad de derechos en 16 de las 24 jurisdicciones de la República.
Además, Mujeres Unidas de las Islas Marshall es una ONG dedicada a los derechos de la mujer y los valores de la familia que ha trabajado en estrecha colaboración con el Ministerio de Cultura y Asuntos Internos, en particular con la Oficina de Género y Desarrollo, en cuestiones centradas en la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas. Uno de sus objetivos es fortalecer y promover la cultura y el idioma de las Islas Marshall. Ha asumido un papel de liderazgo y se ha pronunciado abiertamente acerca de las prácticas y creencias sociales y culturales sobre las mujeres y las niñas.
Violencia por razón de género contra la mujer
Cuestión 7
En el párrafo 47 se indica que un estudio llevado a cabo en los cuatro atolones de Majuro, Kwjalein (Ebeye), Mili y Ebon puso de manifiesto la importancia de la violencia por razón de género contra la mujer, dado que aproximadamente el 80% de las mujeres comunicaron que habían sufrido violencia física. La información de que dispone el Comité indica también que existe un nivel elevado de violencia de género contra la mujer en el Estado parte, con un alto grado de aceptación de la violencia de género contra la mujer como “ normal ” . Se ruega proporcionar información sobre los desafíos y logros en la aplicación de la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica de 2011e indicar si existen compromisos presupuestarios para la aplicación de la Ley. Indiquen también si la definición de violación incluye la violación conyugal. Asimismo, sírvanse facilitar información sobre la función específica del Grupo de Trabajo Técnico sobre la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica, encargado de coordinar la aplicación de la Ley, en particular en las islas periféricas, donde supuestamente la violencia física es frecuente (párr. 230). Indiquen qué medidas se han adoptado para sensibilizar a la población a fin de mejorar las actitudes sociales con respecto a la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas. Indiquen también si los castigos corporales contra las niñas están prohibidos en el entorno familiar y escolar.
Las penas previstas en la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica son poco severas en comparación con el Código Penal, y los casos que llegan a los tribunales suelen presentarse por eso con arreglo al Código Penal para imponer penas más severas. Sin embargo, se sabe que los casos pueden plantearse en virtud del Código Penal y de la Ley.
Los 24 atolones e islotes de la República de las Islas Marshall están dispersos en más de 700.000 millas cuadradas de océano. Esto dificulta la transmisión de información, suministros y personal. El servicio nacional de aviación tiene dos aviones que con frecuencia no pueden utilizarse porque están en mantenimiento o reparación. Los viajes por barco son costosos, tediosos y muy largos. El Gobierno carece por eso todavía de la capacidad financiera y técnica para satisfacer regularmente las necesidades de las islas periféricas.
El Departamento de Policía tiene más autoridad para investigar los casos de violencia doméstica desde la aprobación de la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica. Dado que la sociedad de las Islas Marshall tiene lazos muy fuertes, el carácter delicado de los casos domésticos hace que nuestros agentes tropiecen con dificultades para investigar. Sin embargo, cada vez hay más personas que son conscientes de esta Ley y de las medidas encaminadas a evitar o penalizar la violencia en el hogar.
Los jueces locales y estatales han recibido capacitación impartida por el Equipo Regional de Recursos sobre Derechos Humanos de la Secretaría de la Comunidad del Pacífico para entender en casos de violencia doméstica y violencia contra la mujer. Mujeres Unidas de las Islas Marshall ha estado disponible para hablar sobre la violencia doméstica y la violencia contra la mujer y los servicios que presta a las víctimas de la violencia. Las observaciones durante el taller mostraron un conocimiento limitado de la dinámica de la violencia contra la mujer y la cultura en torno a la violencia contra la mujer, en particular en las islas periféricas.
El Protocolo sobre violencia doméstica o Normas para la atención prestada por los proveedores de servicios de salud se elaboró en colaboración con Mujeres Unidas de las Islas Marshall. Su objetivo es establecer normas para la atención que prestan los proveedores de servicios y los sistemas de atención de la salud para atender las necesidades de las personas objeto de violencia doméstica en sus sistemas. En el protocolo se describe en detalle la forma de responder, apoyar y documentar la atención prestada a las víctimas de la violencia doméstica.
La Política de Protección de los Derechos del Niño de 2015 dispone que todos los maestros regulares y voluntarios deben hacer una declaración firmada de conformidad con el Código de Conducta para Trabajar con los Niños como condición de su empleo. Esto incluye el compromiso de informar al oficial designado de protección de menores del Sistema de Enseñanza Pública cuando haya motivos razonables para creer que un niño ha sido maltratado o corre el riesgo de sufrir daños. De conformidad con el Código de Conducta, todos los maestros regulares o voluntarios y todo el personal deben, entre otras cosas, abstenerse de usar o amenazar con castigos físicos a los niños.
El uso de castigos corporales está prohibido en nuestras escuelas, como se indica en la Ley de Protección de los Derechos del Niño (2015) La Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica incluye la prohibición de actos de violencia en el hogar. Sin embargo, el castigo corporal no está explícitamente prohibido en esa Ley.
Como se menciona en la Cuestión 4, la Oficina de Género y Desarrollo recibió una donación denominada Proyecto Aenemon (Paz) para ayudar en la aplicación de la Ley. El proyecto financia cursos de formación para oficiales y empleados del Gobierno sobre la forma de responder a las situaciones de violencia doméstica. La colaboración con Mujeres Unidas y el Departamento de Policía de las Islas Marshall contribuye a mejorar la comprensión y el conocimiento de la Ley por los encargados de hacerla cumplir y los proveedores de servicios. El Gobierno, por conducto de la Oficina de Género y Desarrollo, asignó 120.000 dólares a Mujeres Unidas de las Islas Marshall en el ejercicio económico de 2016 para financiar el proyecto Weto in Mour como refugio especializado para niñas y mujeres maltratadas, que desempeña un papel importante en la lucha contra la violencia doméstica.
En 2014, se estableció con arreglo a la Ley el Grupo de Trabajo Técnico para la adjudicación del Premio del Proyecto Aenemon. El grupo estaba integrado por representantes del Ministerio de Cultura y Asuntos Internos, el Departamento de Policía de las Islas Marshall, la Oficina del Fiscal, Mujeres Unidas de las Islas Marshall, organizaciones religiosas, el Ministerio de Salud y Servicios Humanos, el Sistema de Enseñanza Pública y la Corporación de Servicios Jurídicos de Micronesia. El objetivo del grupo de trabajo era examinar el plan de ejecución y llevar a cabo actividades en el marco de sus respectivos organismos. La mayoría de los organismos eran también participantes en el equipo móvil de programas de divulgación.
En 2013 se introdujeron varios cambios en el Código Penal de 2011. El Código Penal se enmendó para actualizar las disposiciones relativas a la agresión sexual. El marco normativo ha evolucionado para luchar contra la violencia doméstica y sexual. Uno de los cambios fue la ampliación de la definición de violación para incluir una definición ampliada de la penetración sexual y la eliminación de la excepción de la violación en relaciones sexuales forzadas con un cónyuge.
La nueva ley incluye distintos grados de agresión sexual. Se reconoce el contacto sexual no consensual sin penetración como agresión sexual. Se tipifica como delito el contacto sexual con una niña menor de 16 años independientemente del consentimiento. También se establece que no es necesario corroborar el testimonio de la víctima ni que la víctima se resista al agresor para que haya de delito.
El Gobierno contrató a Mujeres Unidas de las Islas Marshall para realizar el Estudio de Seguridad y Salud Familiar de 2014, un estudio amplio sobre la prevalencia de la violencia contra la mujer en la República. El estudio reveló que casi el 70% de las mujeres sufren abusos de carácter físico, sexual, emocional y/o financiero.
Mujeres Unidas ha elaborado un curso especial para la comunidad de cuatro horas de duración sobre la violencia de género. El curso se ensayó a principios de este año y se ha venido realizando activamente en cinco islas y con la comunidad de las Islas Marshall en el estado de Hawai (la mayor población de las Islas Marshall fuera del país). Mujeres Unidas también ha elaborado material de concienciación, incluidos folletos de información básica acerca de la violencia contra la mujer, carteles sobre el poder y el control, pegatinas con mensajes breves y claros sobre la prevención y protección contra la violencia doméstica, y un folleto que contiene más detalles sobre la Ley. Mujeres Unidas realizó en marzo de 2017 un estudio sobre los valores y las actitudes con respecto a la violencia contra la mujer. Se elaborarán materiales más específicos sobre la base de los resultados de este estudio.
Cuestión 8
Sírvanse proporcionar información sobre el número de órdenes de alejamiento emitidas desde la aprobación de la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica y el número de órdenes que se han violado, así como sobre las sanciones que se han impuesto por la violación de tales órdenes (párr. 31). Faciliten también datos, desglosados por edad y tipo de delito, sobre los casos de violencia contra la mujer denunciados a la policía, el número de casos presentados ante los tribunales y el número de enjuiciamientos y condenas resultantes de esos casos. Proporcionen información sobre la repercusión de la política de tolerancia cero a la hora de combatir la violencia doméstica y alentar la presentación de denuncias por parte de las víctimas (párr. 38). Sírvanse proporcionar información sobre la forma en que se recopilan, cotejan, analizan y comparten los datos a nivel nacional, con el objeto de combatir eficazmente la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas, incluida la violencia doméstica, en particular en las islas periféricas.
Desde la aprobación de la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica de 2015 los tribunales han dictado 48 órdenes de protección. De esas 48:
•25 fueron aceptadas*;
•7 fueron retiradas por el demandante;
•7 fueron desestimadas por los tribunales;
•7 fueron desestimadas por estipulación;
•1 fue desestimada por los peticionarios;
•1caso está pendiente.
De las 48 órdenes de protección, 47 se expidieron a mujeres y una a un hombre. Han sido investigados y juzgados12 casos de delitos contra la mujer.
En 2016, la Oficina del Fiscal General planteó18 casos penales ante el Tribunal Superior: 13 en Majuro y 5 en Ebeye. De los 13 casos en Majuro, las víctimas fueron mujeres en cuatro casos: una mujer adulta fue víctima del caso de agresión sexual; una mujer adulta fue víctima de una agresión grave/agresión a mano armada (por su marido); una mujer adulta fue víctima de una agresión por otra mujer (el Fiscal desestimó el caso cuando la víctima no compareció); y una niña de dos años fue asesinada por su padre ebrio en un ataque de furia. De los cinco casos en Ebeye, las mujeres fueron las víctimas en tres casos de agresión sexual.
La política de tolerancia cero ha sido eficaz para aumentar el número de casos procesados. La concienciación de las principales partes interesadas, como Mujeres Unidas de las Islas Marshall y el Ministerio de Cultura y Asuntos Internos, han apoyado esta iniciativa.
Los principales organismos que se ocupan de las cuestiones domésticas y el Departamento de Policía de las Islas Marshall intercambian información. El Ministerio de Cultura y Asuntos Internos es el centro de coordinación encargado de la reunión de datos sobre la violencia de género contra la mujer, en coordinación con la Unidad de Violencia Doméstica del Departamento de Policía. Sin embargo, el Gobierno prevé reubicar la reunión de datos y el análisis en la Oficina de Planificación, Políticas y Estadísticas Económicas antes del próximo ciclo de presentación de informes.
Cuestión 9
En el informe se indica que las sanciones para los actos de violencia contra la mujer recogidas en la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica se solapan con las disposiciones del Código Penal para los delitos semejantes, de tal manera que determinados delitos se pueden castigar con penas más leves o más graves, en función de qué legislación se aplique (párr. 233). Sírvanse proporcionar información sobre las medidas que se aplican para resolver la superposición de la reglamentación penal de diversos delitos relacionados con la violencia por razón de género contra la mujer, que afecta a la naturaleza de las penas que pueden imponerse. En el informe también se indica que la violencia por razón de género contra la mujer es un problema que se complica debido a, entre otras cosas, las prácticas sociales y la falta de apoyo institucional y de organismos que proporcionen socorro o refugio (párrs. 232 y 233). Sírvanse proporcionar información sobre la disponibilidad y la accesibilidad de centros de acogida para las mujeres y las niñas que son víctimas de la violencia, en particular en las islas periféricas, así como sobre la naturaleza de su financiación, incluidas las fuentes, la sostenibilidad y el alcance de esa financiación.
En la actualidad, el Departamento de Policía comunica estas cuestiones al Ministerio de Cultura y Asuntos Internos durante la fase de investigación y el Ministerio colabora con Mujeres Unidas de las Islas Marshall para asegurar la acogida de las víctimas. Mujeres Unidas encabeza la iniciativa Weto in Mour, establecida para atender las necesidades de las mujeres y los niños víctimas de la violencia y brindarles protección. La iniciativa también ofrece servicios en las islas periféricas.
La República de las Islas Marshall es consciente de que la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica se superpone con las disposiciones de la ley penal con respecto a los delitos relacionados con la violencia contra la mujer. La superposición solo existe en el caso de las agresiones sexuales. El Gobierno no ha abordado todavía la superposición, pero la Oficina de Género y Desarrollo se propone abordarla antes del próximo ciclo de presentación de informes.
En el marco del programa Weto in Mour, se proporciona alojamiento de emergencia a las víctimas hasta que se identifica a miembros de la familia con los que la víctima se siente segura. El programa también ofrece transporte de emergencia a las víctimas de las islas periféricas, que pueden entonces acceder a la gama de servicios que ofrecen en Majuro. Lamentablemente, este programa no está universalmente disponible en las islas periféricas. Los trabajadores sociales y de prevención se trasladan a las islas periféricas y prestan todos los servicios que pueden. A veces las víctimas vuelven a Majuro con los trabajadores de Weto in Mour . El establecimiento de un centro de acogida seguro es un objetivo de Weto in Mour; sin embargo, la entidad carece de la capacidad humana o financiera para crear en este momento un centro de acogida. Weto in Mour es financiado por el Gobierno y AusAid Pacific Women Shaping Pacific Development.
Trata
Cuestión 10
La información de que dispone el Comité indica que el Estado parte es un país de origen y de destino para la trata. En el párrafo 97 del informe, el Estado parte indica que “ hay pocos datos sobre las características demográficas de las mujeres que son víctimas de la trata, las personas que facilitan la trata de mujeres, las razones por las que las mujeres se dedican al trabajo sexual ” . Sírvanse proporcionar información sobre las medidas que se están adoptando para llevar a cabo un estudio integral que investigue el alcance y las causas fundamentales de la trata de personas y la explotación de la prostitución, en concreto, de mujeres y niñas, en el Estado parte. En el párrafo 101 se señala que el Grupo Nacional de Lucha contra la Trata de Personas proporciona un foro para el debate y la realización de consultas sobre cuestiones relativas a la trata de personas y formula recomendaciones al Gobierno. Sírvanse f acilitar información acerca de:
a) El marco jurídico actual para luchar contra la trata de personas;
b) El número de casos investigados y enjuiciados y la naturaleza de las sanciones impuestas a los responsables de la trata de personas, en particular en lo referido a la trata de mujeres y niñas;
c) Las medidas existentes para, entre otras cosas, identificar, detectar, proteger y prestar asistencia a las mujeres y niñas víctimas de la trata y sensibilizar a la opinión pública sobre la trata de personas;
d) Las medidas adoptadas para combatir el reclutamiento de mujeres y niñas como trabajadoras sexuales para los miembros de las tripulaciones de los buques de pesca y transbordo extranjeros que hacen escala en Maduro, en particular las mujeres de Asia Oriental, que son obligadas a ejercer la prostitución en establecimientos en tierra frecuentados por los miembros de las tripulaciones de los buques de pesca extranjeros.
Los Presidentes de la República de China (Taiwán) y la República de las Islas Marshall participaron en una ceremonia de firma de un Memorando de Entendimiento sobre “Cooperación en materia de inmigración y prevención de la trata de personas” el lunes 30 de octubre de 2017 en Majuro. En el memorando se detallan las formas en que las partes se ayudarán mutuamente en las cuestiones de inmigración y trata de personas, a saber:
•Facilitar el intercambio de información penal;
•Facilitar el intercambio de visitas oficiales;
•Invitar de uno a tres funcionarios de inmigración de la otra parte a participar en actividades de capacitación en materia de inmigración organizadas por una de las partes en la medida de lo posible;
•Prestar otras formas de asistencia mutua que podrían solicitarse pero no se mencionan más arriba.
La Ley de Prohibición de la Trata de Personas de 2017 declara ilegal la trata de personas en las Islas Marshall. El Departamento de Policía no tiene actualmente políticas específicas sobre el tratamiento de las víctimas de la trata de personas. Sin embargo, colabora con otras partes interesadas para prestar asistencia a las víctimas cuando los casos se señalan a su atención. Los casos se señalan entonces a la Oficina del Fiscal para su enjuiciamiento. Otros partes interesadas pertinentes pueden prestar servicios, por ejemplo, de atención de la salud, a las víctimas de la trata.
El Grupo de Trabajo Nacional sobre la Trata de Personas ha iniciado conversaciones con la Embajada de los Estados Unidos para obtener financiación a través de la Oficina de capacitación y asistencia técnica del Departamento de Estado para mejorar la vigilancia y la lucha contra la trata de personas y realizar un amplio estudio sobre la trata de personas en las Islas Marshall.
Los términos aprobados del Plan de Acción Nacional sobre la Trata de Personas incluyen un grupo de tareas en Majuro y un grupo de trabajo en Ebeye. integrados por el Gobierno, la sociedad civil y organizaciones internacionales.
El Grupo de Trabajo Nacional sobre la Trata de Personas ha elaborado un plan de estudios sobre concienciación acerca de la trata para las escuelas y las comunidades. Desde 2015, el equipo de tareas ha llegado a más de 5.000 mujeres, hombres, niños y niñas en Majuro y Ebeye, Jaluit, Wotje y Kili. Se imparte también un curso de capacitación de instructores en Majuro y Ebeye para organizar sesiones de concienciación. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) organizó un curso de capacitación de instructores sobre primeros auxilios psicológicos en que participaron 50 personas en octubre y noviembre de 2017.
Se han realizado cuatro actividades de capacitación, con los mismos participantes, para encargados de hacer cumplir la ley, con el fin de mejorar la capacidad de identificar, investigar y enjuiciar los casos de trata de personas.
Se han elaborado procedimientos operativos estándar para la aplicación de las leyes sobre la trata de personas. También se han elaborado procedimientos operativos estándar de remisión en relación con la trata de personas para los proveedores de servicios. El Grupo de Trabajo espera tener ultimados esos procedimientos para 2018. Se ha completado un inventario de los proveedores de servicios de asistencia a las víctimas. El programa Weto in Mour de Mujeres Unidas de las Islas Marshall presta apoyo a las mujeres y niñas mayores de 14 años víctimas de la trata. Existen memorandos de entendimiento para la prestación de servicios entre la OIM y Mujeres Unidas y entre Mujeres Unidas y el Departamento de Policía de las Islas Marshall.
El Ministerio de Salud y Servicios Humanos ha realizado investigaciones para comprender mejor las prácticas de la trata en la República de las Islas Marshall. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Se está llevando a cabo un examen de la política y las leyes de inmigración para identificar y corregir las lagunas a fin de reducir el riesgo. La adquisición en curso de un nuevo sistema de gestión de fronteras ayudará a prevenir la trata de personas.
Participación en la vida política y pública
Cuestión 11
En el párrafo 14 del informe se indica que, si bien se han logrado algunas mejoras en cuanto a la representación de las mujeres en los órganos decisorios, incluida la elección de la primera Presidenta del país, estas siguen estando insuficientemente representadas, especialmente en el Parlamento (el Consejo de Iroij y la Nitijela) y en la judicatura. Sírvanse facilitar información sobre las medidas previstas para aumentar el número de mujeres en los órganos decisorios a los que se accede por elección o por designación, entre ellos consejos de administración, sindicatos y consejos locales, así como para lograr la igualdad de representación de las mujeres en la vida política y pública, en particular mediante la adopción de medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4 1) de la Convención y la recomendación general núm. 25 del Comité. Sírvanse proporcionar información, en concreto, sobre las medidas adoptadas o previstas, de conformidad con la recomendación general núm. 23 (1997) relativa a la mujer en la vida pública, para introducir un sistema de cuotas destinado a lograr, como mínimo, una representación del 30% de mujeres en el Parlamento y apoyar a las mujeres candidatas a cargos electivos en el Estado parte (párrs. 12 y 106). Sírvanse indicar si existen incentivos para que los partidos políticos incluyan a mujeres en las listas de candidatos para las elecciones nacionales y locales.
Como se mencionó anteriormente, en la propuesta 9 presentada a la Convención Constituyente en 2017 se propuso que se reservaran seis escaños en la Nitijelā específicamente para las mujeres. . Lamentablemente esa propuesta no se aprobó.
Hay actualmente tres mujeres representantes en la Nitijelā. No se han adoptado todavía medidas especiales para aumentar la representación de las mujeres en el Parlamento. El Gobierno reconoce la necesidad de abordar esta cuestión y se propone hacerlo sin demora.
En el marco de las políticas estratégicas de incorporación de la perspectiva de género se adoptarán las medidas siguientes:
•Incluir la educación cívica, la igualdad de género y los derechos humanos en los planes de estudios escolares (en curso);
•Aumentar el apoyo de los partidos políticos a las candidatas (no se aplica todavía);
•Aumentar los conocimientos y la capacidad de los miembros de la Nitijelā de tener en cuenta la perspectiva de género (en curso);
•Fortalecer la capacidad de liderazgo, comunicación y promoción de las candidatas (no se aplica todavía);
•Organizar eventos para que las mujeres examinen cuestiones de política (en curso);
•Organizar sesiones simuladas de la Nitijelā para las mujeres a nivel nacional y local (cada 4 años);
•Concienciar y promover la adopción de medidas especiales de carácter temporal;
•Enmendar la Constitución para permitir la adopción de medidas especiales de carácter temporal (la propuesta 9 a la Convención Constituyente fue rechazada).
El Gobierno no ha introducido todavía un sistema de cuotas para promover el apoyo de las mujeres en la Nitijelā. No hay tampoco incentivos para que los partidos políticos incluyan a mujeres candidatas.
Educación
Cuestión 12
En el párrafo 132 del informe se reconoce que la incidencia del embarazo en la adolescencia es elevada y que el Estado parte registra la tasa más alta de fecundidad en la adolescencia en la región del Pacífico. Sírvanse proporcionar información detallada sobre los programas existentes destinados a reducir la incidencia del embarazo en la adolescencia. En el párrafo 133 se indica que, de conformidad con las normas y reglamentos de la enseñanza secundaria pública, una alumna embarazada estará autorizada a permanecer en la escuela siempre que su embarazo no afecte a sus calificaciones o a su asistencia, pero esa política no se aplica en las escuelas privadas. Sírvanse proporcionar información sobre la aplicación de manera uniforme de esa política en las escuelas privadas y la reinserción de las madres adolescentes en la educación formal, incluidas las escuelas privadas, después del parto. Sírvanse proporcionar también información actualizada sobre los progresos realizados en la elaboración de un programa educativo adaptado a las diferentes edades sobre salud y derechos sexuales y reproductivos para todos los niveles de la educación en el Estado parte. Sírvanse facilitar información acerca de:
a) Las tasas de deserción escolar entre las niñas como consecuencia de los embarazos y los niveles en que se producen;
b) Los costos indirectos que pueden impedir el acceso de las mujeres y las niñas a la educación;
c) El número de madres adolescentes que han regresado a la escuela después de dar a luz durante el período sobre el que se informa.
El Sistema de Enseñanza Pública del Ministerio de Educación, Deporte y Formación no ha establecido una política uniforme para los casos de embarazo en las escuelas privadas y públicas. Sin embargo, todas las estudiantes en las escuelas secundarias públicas pueden obtener el asesoramiento de una consejera. Las jóvenes embarazadas que desean regresar a la escuela pueden estar ausentes 15 inmediatamente antes, durante o después del nacimiento. Si las madres estudiantes deciden abandonar la escuela, pueden regresar en el curso siguiente.
Entre el ejercicio económico de 2006 y el de 2015 hubo una disminución del 40% en los embarazos de adolescentes. El Ministerio de Salud y Servicios Humanos, Youth to Youth Health, Mujeres Unidas de las Islas Marshall y otras partes interesadas participan muy activamente en la prestación de servicios e información sobre el embarazo en la adolescencia. El Ministerio reconoce la urgencia de adoptar medidas significativas para reducir el embarazo en la adolescencia. Con el fin de ampliar los esfuerzos para prevenir los embarazos de adolescentes, el Ministerio de Salud y Servicios Humanos, Youth to Youth Health y el Fondo de Población de las Naciones Unidas han señalado la necesidad de un plan estratégico basado en los derechos y orientado a la acción para prevenir los embarazos en la adolescencia. Es esencial para ello evaluar los programas existentes. En el marco de las Iniciativas de Epidemiología y Prevención de las Islas Marshall, se organizaron grupos de discusión de jóvenes y progenitores jóvenes y entrevistas con las principales partes interesadas, conjuntamente con Youth to Youth in Health, en los atolones de Majuro, Kwajalein, Wotje y Jaluit. Las conclusiones de la evaluación se incorporaron en la Estrategia de Prevención del Embarazo en la Adolescencia. Para la elaboración de la Estrategia se utilizó una base de datos mundiales y regionales, así como la experiencia nacional y local y las lecciones aprendidas. En la Estrategia se tuvo también en cuenta el contexto cultural y social, según el caso.
El Sistema de Enseñanza Pública ha puesto en marcha un nuevo programa de recopilación de datos denominado PowerSchool Student Information System en tres escuelas secundarias públicas. El programa puede reunir datos y registrar incidentes (por ejemplo, el número de las niñas embarazadas en la escuela) comunicados por los alumnos.
Los Presidentes de la República de China (Taiwán) y la República de las Islas Marshall participaron en una ceremonia de firma del Memorando de Entendimiento sobre un “Fondo de Becas de los Presidentes de la República de China (Taiwan) y la República de las Islas Marshall”.
La Oficina de Planificación, Políticas y Estadísticas Económicas no dispone por el momento de datos desglosados sobre la tasa de abandono escolar de las alumnas debido al embarazo y el número de madres adolescentes que han regresado a la escuela después de dar a luz. La Oficina reconoce que esta es una oportunidad para ampliar la recopilación de datos y prevé la creación de una base de datos sobre indicadores para ayudar mejor al Gobierno en la elaboración de los futuros informes.
El Ministerio de Salud y Servicios Humanos, Youth to Youth Health y otras organizaciones visitan las escuelas para crear conciencia sobre la importancia de la salud y la educación. Se separa a los niños y las niñas para examinar cuestiones como el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual, etc.
En el apéndice, cuestión 12, se incluyen gráficos sobre los embarazos de adolescentes elaborados por el Ministerio.
Cuestión 13
En el informe se indica que las costumbres y las actitudes tradicionales todavía ejercen presión sobre las opciones educativas (párr. 131). Sírvanse proporcionar información sobre las medidas específicas existentes para alentar a las niñas a cursar estudios no tradicionales, en particular en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Sírvase facilitar información acerca de los avances realizados para:
a) Revisar los libros de texto para eliminar los estereotipos de género;
b) Mejorar el acceso a materiales de aprendizaje de las mujeres y las niñas de las escuelas de las islas periféricas (párr. 126).
Se ofrecen cursos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a todos los estudiantes. En las escuelas secundarias, se alienta a las niñas a elegir los programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que desean seguir. La División de Educación Secundaria y Profesional del Sistema de Escuelas Públicas ha comenzado a revisar su plan de estudios para todos los alumnos. En colaboración con el Equipo Regional de Recursos sobre Derechos de la Comunidad del Pacífico está elaborando un plan de estudios para la enseñanza primaria en que se hace hincapié en la igualdad de género y el legado nuclear. En las escuelas secundarias de las islas periféricas (escuela secundaria de Jaluit y escuela secundaria de las islas septentrionales), las estudiantes tienen acceso a todas las asignaturas impartidas. También tienen acceso a la formación profesional en contabilidad, tecnología de la información y otras materias.
Empleo
Cuestión 14
En el párrafo 147 del informe se indica que el número de mujeres empleadas por la Comisión de Administración Pública ha aumentado en los tres últimos años naturales. Sírvanse facilitar datos sobre la participación laboral de las mujeres en el sector privado. Sírvase facilitar información acerca de los avances realizados para:
a) Aprobar el proyecto de ley presentado ante el Parlamento en marzo de 2016, que tiene por objeto modificar el salario mínimo (párr. 145);
b ) promulgar nuevas leyes que velen por la salud y la seguridad y aborden las preocupaciones relativas a las indemnizaciones de los trabajadores, en particular de las mujeres (párr. 148).
Sírvase también facilitar información sobre las medidas concretas adoptadas para:
a) Para mejorar la tasa de empleo de las mujeres, entre otras cosas mediante medidas especiales de carácter temporal;
b) Aplicar el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (Nº 100) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el fin de eliminar la desigualdad salarial entre mujeres y hombres (párr. 151).
Sírvase indicar qué medidas se han tomado a este respecto.
a) Mejorar la disponibilidad de los servicios de cuidado de los niños;
b) Promulgar una ley que establezca la licencia de maternidad para las empleadas del sector privado;
c) Examinar la escala de sueldos establecida por la Comisión de Administración Pública, que se basa en la educación, la experiencia y las responsabilidades laborales (párrs. 150 y 151).
Indiquen asimismo si la ley prevé la licencia de maternidad, de conformidad con las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Después del aumento del salario mínimo a 2,50 dólares por hora, la Nitijelā aprobó otra enmienda destinada a estudiar el impacto del aumento de los salarios en nuestra economía. Los nuevos aumentos del salario mínimo podrían depender de ese análisis.
La Nitijelā ha presentado recientemente un proyecto de ley sobre igualdad de prestaciones en el empleo, que se está debatiendo actualmente.
No se han adoptado hasta el momento medidas concretas para mejorar la tasa de empleo de las mujeres, por ejemplo, mediante el uso de medidas especiales de carácter temporal;
No se han adoptado medidas concretas para aplicar el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con el Convenio sobre Igualdad de Remuneración de 1951de la OIT.
El Gobierno debe todavía reunirse con la Junta de Investigación para examinar un plan destinado a eliminar las diferencias salariales entre las mujeres y los hombres.
La familia extensa está culturalmente tan extendida y las relaciones familiares son tan estrechas que el cuidado de los niños siempre ha sido considerado una tarea de la familia. El Gobierno no ha previsto programas ni reglamentado el cuidado de los niños.
El Reglamento de la Administración Pública se aplica al empleo en el Gobierno. La sobre la licencia de maternidad dice como sigue:
“Las trabajadoras podrán disfrutar de licencias de maternidad durante los períodos y con sujeción a las condiciones que la Comisión establezca periódicamente. Las condiciones aplicables a la licencia de maternidad son las siguientes:
1)La empleada tendrá derecho a 20 días laborables de licencia de maternidad. Esta licencia podrá tomarse antes o después del parto;
2)La empleada en licencia de maternidad cobrará el sueldo completo;
3)Solo se concederá una licencia de maternidad para cuatro partos.
Si la empleada solicita licencias de maternidad para más de cuatro partos o una prórroga de la licencia debido a la incapacidad para regresar a su puesto, se le concederán otros 20 días laborables de licencia de maternidad imputables a sus días acumulados de vacaciones anuales o su licencia de enfermedad o licencia especial.”
Salud
Cuestión 15
En el informe, el Estado parte indicó que han muerto de cáncer más mujeres que hombres debido a las radiaciones relacionadas con el programa de ensayos nucleares de los Estados Unidos de América (párr. 164). También se indica que las mujeres de los cuatro atolones afectados por los ensayos nucleares padecen los efectos de estos ensayos, que han tenido repercusiones en su salud sexual y reproductiva, ya que la radiación ha afectado a su capacidad para dar a luz hijos sanos (párr. 210). En el informe se afirma además que las mujeres:
a) Sufren altas tasas de abortos espontáneos;
b) Han dado a luz a niños con graves defectos congénitos;
c) Han sufrido cambios en sus ciclos menstruales con la consiguiente incapacidad para concebir.
Sírvanse proporcionar información sobre las medidas que se están adoptando para hacer frente a estos efectos en las mujeres y las niñas, incluida la elevada incidencia de cáncer de tiroides. Proporcionen en particular información sobre las medidas específicas que se están adoptando para verificar hasta qué punto había efectivamente radionucleidos en la leche materna de las mujeres expuestas a los ensayos nucleares, de tal manera que puedan evaluarse debidamente los riesgos para las personas que fueron amamantadas por estas mujeres, así como las intervenciones médicas disponibles.
Hay un comité prenatal que examina y evalúa las muertes prenatales y estudia los planes y las políticas para mejorar los servicios y la calidad de la atención.
E Programa 177 de Atención de la Salud se estableció en 1983 para hacer frente a los problemas de salud de las ciudadanas de las Islas Marshall afectadas por los ensayos nucleares realizados por los Estados Unidos en los cuatro atolones de Bikini, Enewetak, Rongelap y Utrôk. Se construyeron cuatro centros de salud. Uno en Kili para la población de Bikini, uno en Mejatto para la población de Rongelap, uno en Enewetak y uno en Utrôk. La clínica del centro de Majuro gestiona la logística para los cuatro centros y también atiende a la población de los cuatro atolones que residen en Majuro. Los Centros de Atención Primaria de la Salud 177 están a cargo de médicos certificados y un auxiliar de salud para los cuatro atolones. Se presta atención prenatal con equipos adecuados para facilitar el control del embarazo. Las mujeres embarazadas consideradas de alto riesgo son derivadas al centro de salud urbano más cercano (Hospital de Majuro u Hospital de Ebeye).
La Conferencia de Mujeres de Micronesia de 2017 “recomendó la elaboración y aplicación de políticas y programas que tengan en cuenta las cuestiones de género, en su caso, para determinar los efectos intergeneracionales de los ensayos nucleares, en particular sobre la salud de la mujer y otras cuestiones; la Conferencia reconoció y reafirmó la reciente aprobación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (2017)”. La República de las Islas Marshall aprobó esa recomendación.
Las actividades nacionales de prevención del cáncer incluyen campañas de detección organizadas por las iglesias y las clínicas en Majuro y Ebeye y la colaboración con las islas periféricas (a través del Instituto Marítimo de Malasia). La detección mediante la inspección visual con ácido acético (VIA) se lleva a cabo actualmente en las islas periféricas para las mujeres de 30 a 49 años y la prueba de Papanicolaou para las mujeres de 21 a 65 años de edad. El principal reto para la detección del cáncer cervical es el hecho de que no contamos con ningún citólogo/patólogo y todos los especímenes deben enviarse fuera de la isla. La detección del cáncer de mama se hace con aparatos de mamografía en Majuro y Ebeye. El Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer busca constantemente nuevas formas de reforzar la capacidad de realizar exámenes de mama por las propias mujeres y en las clínicas. La detección del cáncer colorrectal se lleva a cabo principalmente mediante exámenes de sangre oculta en la materia fecal. También se prevé realizar cursos de formación del personal sanitario para educar sobre el cáncer colorrectal y aumentar los conocimientos y la capacidad a fin de mejorar las tasas de detección. El Ministerio Salud y Recursos Humanos asigna prioridad a estos de tres tipos de cáncer (de mama, cuello uterino y colorrectal), de acuerdo con los recursos disponibles y sobre la base de las actuales directrices nacionales de detección del cáncer.
El Ministerio ha trabajado diligentemente en los últimos años para mejorar la reunión y presentación de datos mediante sistemas de información basados en programas.
•El Registro del Cáncer almacena información sobre todos los pacientes de cáncer confirmados y colabora estrechamente con las oficinas de historiales médicos, estadísticas vitales, datos sobre derivación de pacientes, laboratorios y el personal clínico para rastrear a los enfermos de cáncer;
•El sistema de detección del cáncer de cuello uterino: creado mediante consultas con varios miembros del equipo de consultas encabezado por el Director/Jefe de Personal del Programa de Salud Maternoinfantil. Este sistema se puso en marcha en agosto de 2017 y se dispondrá de datos a partir del próximo año.
•Se está utilizando actualmente el sistema electrónico de gestión de las enfermedades crónicas para supervisar los casos de diabetes en las cínicas de Majuro, Ebeye y Laura;
•El Registro de Diabetes, sobre la base de la información obtenida con arreglo a las Directrices sobre atención clínica de la diabetes del sistema electrónico de gestión de las enfermedades crónicas, es utilizado como instrumento por el personal clínico para el seguimiento del historial médico de los pacientes;
•EPI anywhere es un programa de información sobre el VIH, las infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis que sigue las directrices para el tratamiento clínico establecidas por nuestros asociados, la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC);
•La Base de Datos de Planificación de la Familia proporciona información no duplicada sobre los usuarios de los servicios de planificación de la familia;
•El sistema de atención hospitalaria registra información sobre pacientes ambulatorios y hospitalizados y puede producir informes relacionados con las enfermedades y la demografía de los pacientes que usan los servicios hospitalarios;
•El sistema de información sobre inmunizaciones WebIZ registra datos sobre las vacunaciones;
•El sistema de información sobre derivación de pacientes se ocupa de las admisiones básicas y las remisiones complementarias básicas y complementarias en el país;
•La base de datos prenatales proporciona datos sobre la gestión de los embarazos;
•El sistema de información sobre datos del Registro Civil almacena los certificados de nacimiento, defunción y mortalidad fetal que proporcionan indicadores sobre las tasas de mortalidad infantil y mortalidad neonatal y materna, las tasas brutas de mortalidad y natalidad, las parteras cualificadas y los partos de adolescentes.
En el apéndice, cuestión 15, se incluyen gráficos sobre gestión de la salud de la mujer proporcionados por el Ministerio.
Cuestión 16
Sírvanse proporcionar información sobre las medidas tomadas para adoptar una definición de partera calificada, en consonancia con las definiciones convenidas internacionalmente, y sobre las medidas adoptadas para mejorar la recopilación de datos acerca de la mortalidad materna. Indiquen qué medidas se han puesto en marcha para abordar la elevada prevalencia de infecciones de transmisión sexual. Proporcionen información sobre la incidencia del aborto en condiciones de riesgo y su repercusión sobre la salud de la mujer, incluida la mortalidad materna. Asimismo, faciliten información sobre las situaciones en las que puede practicarse un aborto y sobre si el aborto se ha despenalizado en todos los casos. Sírvanse responder también a las informaciones según las cuales el aborto requiere el consentimiento del cónyuge.
Las parteras calificadas han recibido una formación apropiada, en consonancia con las normas de la OMS. Hay parteras, enfermeras, auxiliares de salud y médicos.
El programa de salud maternoinfantil ha mejorado la promoción y el conocimiento de la importancia de la atención prenatal temprana a través de la sensibilización de la comunidad. Existe una escala de categorías de riesgo en el embarazo que se evalúa en cada visita prenatal. Cuando una embarazada es identificada como de alto riesgo, su obstetra le presta atención especial de alto nivel.
En los casos de mujeres o pacientes sometidos a pruebas de detección del VIH y las enfermedades de transmisión sexual, se ofrece tratamiento y atención inmediatamente después de recibir la confirmación. Se procura localizar a los pacientes con enfermedades de transmisión sexual. Se realizan pruebas para confirmar la curación cuando el paciente ha completado el tratamiento.
La sensibilización de la comunidad, junto con la participación del Comité Nacional de Asesoramiento sobre VIH y enfermedades de transmisión sexual aumenta el nivel de los conocimientos difundidos sobre el VIH y las infecciones de transmisión sexual.
El aborto no se practica en la República de las Islas Marshall. El procedimiento se realiza en los casos considerados emergencias médicas. Suele llevarse a cabo en una clínica bajo la supervisión de un obstetra cuando se determina que el feto o embrión intrauterino ha muerto.
En el apéndice, cuestión 16, se incluyen un cuadro y un gráfico proporcionados por el Ministerio de Salud y Servicios Humanos.
Mujeres rurales
Cuestión 17
En el párrafo 185 del informe se señala que “ las poblaciones muy dispersas, la lejanía y el carácter limitado del transporte y las comunicaciones de las islas periféricas implican verdaderas limitaciones en cuanto a la igualdad de acceso y la eficiencia de la prestación de servicios ” . Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para abordar el problema de la insuficiencia de las infraestructuras y los servicios públicos en las islas periféricas (párr. 187). Indiquen las medidas que se aplican para adoptar un programa de desarrollo destinado a las mujeres de las zonas rurales, que el Estado parte reconoce como inexistente (párr. 187). Sírvanse proporcionar información específica sobre los programas destinados a las mujeres de las zonas rurales de las islas periféricas a fin de garantizar su acceso a:
a) Los servicios de atención de la salud, el saneamiento y la electricidad;
b) Los créditos agrícolas y el transporte (párrs. 185, 195, 197, 202, 203 y 20 6) .
Indiquen también qué programas existen para garantizar su acceso a la información, las tecnologías modernas, el empleo, la protección social y la educación de adultos.
El Gobierno sigue esforzándose por alcanzar el nivel de capacidad adecuado para iniciar, abastecer y prestar servicios a las islas periféricas. Siguen haciendo falta recursos humanos, técnicos y financieros, y con los recursos disponibles con frecuencia no esposible llegar mucho más allá de los centros urbanos de Majuro y Ebeye.
Las denuncias de las islas periféricas señaladas a la atención del Departamento de Policía se abordan lo más rápidamente posible. Los delitos punibles, incluida la violencia doméstica, son considerados prioritarios por el Departamento de Policía. Esas denuncias se comunican a través del concejo municipal y la policía y se despliegan recursos de Majuro o de Ebeye para investigar esos casos y trasladar a los delincuentes para su enjuiciamiento. El Departamento de Policía está encargado por ley de prestar esos servicios a todas las regiones del país.
Los servicios de salud maternoinfantil y planificación de la familia colaboran con las misiones de los equipos móviles de salud a las islas periféricas para ofrecer consultas sobre planificación de la familia, anticonceptivos, detección del cáncer, y también tratamiento odontológico. Estas misiones móviles también prestan ayuda en relación con la tuberculosis, el VIH y las enfermedades de transmisión sexual, la lepra, la salud mental, la salud ambiental y las enfermedades no transmisibles.
El Ministerio de Salud y Servicios Humanos ha instalado ocho sistemas satélite de acceso múltiple basado en la demanda en los centros de salud de las ocho islas periféricas siguientes: Ailinglaplap, Jaluit, Jabat, Ebon, Maloelap, Mili (2) y Namu. Estos sistemas comunitarios tienen por objeto mejorar la comunicación entre los centros de salud urbanos y las islas periféricas, así como proteger la confidencialidad de los pacientes durante los procesos de remisión. Utilizando el sistema, es posible proteger los datos sensibles, cifras y diagnósticos y la confidencialidad de los pacientes. Esto significa que toda la información puede comunicarse y recibirse en plazos más breve entre médicos, enfermeras y auxiliares sanitarios. Lamentablemente, el mantenimiento y la capacitación de los operadores es difícil dada la ubicación de los sistemas en las islas periféricas.
Mujeres Unidas de las Islas Marshall realiza anualmente actividades de fortalecimiento de la capacidad y sensibilización durante su Conferencia anual. También realiza visitas a las islas periféricas (en función de la disponibilidad de fondos) para llevar a cabo ejercicios de planificación que incluyen la elaboración de planes de acción y mapeo comunitario para crear capacidad en torno a la ejecución de los proyectos y la gestión financiera de los programas. Proporciona también asistencia para la redacción, en particular de informes. La organización actúa como la voz de las mujeres de las Islas Marshall y como grupo de presión ante el Gobierno para mejorar los servicios prestados a las mujeres de las zonas rurales. El transporte es muy poco fiable y costoso para que las ONG a realicen rondas periódicas para ofrecer asistencia y apoyo. Debido a los recursos financieros limitados, en algunas ocasiones la organización se une a sus asociados para reducir los gastos.
En asociación con la OIM y la Cruz Roja de las Islas Marshall, Mujeres Unidas de las Islas Marshall realizó estudios de los peligros y la vulnerabilidad en las comunidades cercanas a las cinco escuelas secundarias y las catorce escuelas primarias públicas en seis atolones, a saber, Majuro (2 escuelas secundarias, 4 escuelas primarias), Ebeye (1 escuela secundaria, 3 escuelas primarias), Jaluit (1 escuela secundaria, 2 escuelas primarias), Wotje (1 escuela secundaria, 2 escuelas primarias), Kili (1 escuela primaria) y Arno (2 escuelas primarias). Se elaboraron a continuación planes de acción para abordar el urgente y constante impacto en los medios de vida de las mujeres y sus familias resultante de los desastres naturales y el cambio climático.
Mujeres Unidas de las Islas Marshall colaboró en las actividades de socorro durante las graves sequías de 2013 y 2016. En 2016 organizó un grupo de discusión titulado Cookhouse Confidential con mujeres y niñas sobre los efectos de los desastres en su salud y bienestar, en particular en relación con la higiene menstrual. La OIM y Mujeres Unidas de las Islas Marshall distribuyeron durante el desastre y como resultado de nuestros grupos de discusión paquetes de productos de higiene femenina, que demostraron ser útiles para las mujeres que los recibieron.
En colaboración con la Oficina de Planificación y Coordinación de Políticas Ambientales y con el Gobierno, Mujeres Unidas formó parte en 2016 de un equipo que mantuvo consultas con 22 atolones para la preparación de una solicitud de subvención del Fondo Verde para el Clima. La subvención está destinada a financiar proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático. El Gobierno presentó una solicitud para un proyecto de seguridad hídrica que beneficiaría a todo el país. Parte de la solicitud consistía en un estudio sobre el género y la inclusión social para determinar los tipos de problemas que enfrentan las mujeres y las niñas en la comunidad y en la escuela en momentos de inseguridad hídrica. Este estudio permitió determinar los tipos de actividades de adaptación necesarias para hacer frente a los problemas y aprovechar las fortalezas de la comunidad y las escuelas.
Grupos de mujeres desfavorecidas
Cuestión 18
Sírvanse proporcionar información sobre la situación de las mujeres con discapacidad, en particular de aquellas afectadas por la radiación como resultado de los ensayos nucleares, así como sobre la asistencia prestada a las mujeres que han adquirido la discapacidad debido a la diabetes y la lepra. Indiquen los progresos que se han realizado en la aplicación de la Política Nacional de Desarrollo Integrador de las Personas con Discapacidad para 2014-2018 y de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2015, así como los progresos realizados para garantizar la representación de las personas con discapacidad, en particular las mujeres, en los órganos decisorios. Asimismo, indiquen qué medidas de protección social se han puesto en marcha para aliviar los efectos de la radiación en las mujeres y las niñas. Se ruega que aporten ejemplos concretos de los programas de protección social existentes destinados a reducir la carga económica que sufren las mujeres de edad, las mujeres que son cabeza de familia y las madres jóvenes.
Se presta un alto nivel de atención a las mujeres con diabetes gestacional. Se remite a esas mujeres al programa de enfermedades no transmisibles durante el embarazo.
Se está elaborando un plan de aplicación de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidadde 2015. La Oficina de Coordinación de la Discapacidad sigue recabando apoyo para la elaboración, revisión y aplicación del plan.
Reducción del riesgo de desastres y cambio climático
Cuestión 19
En el párrafo 181 del informe se señala que el atolón de Bikini corre un grave peligro debido a los efectos negativos del cambio climático. Habida cuenta de que el Estado parte es un país costero de baja altitud y expuesto a las tempestades tropicales y los tifones, sírvanse facilitar información sobre si se ha incorporado una perspectiva de género en el marco de las estrategias de gestión, socorro y recuperación relacionadas con los desastres naturales, e indicar el grado de participación y representación de las mujeres en las consultas sobre la reducción del riesgo de desastres y las iniciativas sobre el cambio climático, en particular en las islas periféricas. Sírvanse proporcionar información sobre los avances en la aplicación del marco normativo nacional sobre el cambio climático y la participación de las mujeres y las niñas en la mitigación del cambio climático y la adaptación a él.
A continuación figuran segmentos de la evaluación realizada en 2015-2016 de las necesidades después del desastre sufrido por la República de las Islas Marshall (tras la sequía resultante de El Niño en 2016):
“Las mujeres y otros grupos sociales han sido desproporcionadamente afectados por la sequía de 2016, y la contribución de las mujeres a la economía del hogar es sustancial. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la recuperación y la resiliencia. Los servicios para la recuperación después de los desastres deben esforzarse por proteger, restablecer y promover la participación de los grupos desfavorecidos en la economía. La recuperación económica de las mujeres debe protegerse y se le debe dar la misma importancia que la de los hombres. Es preciso hacer inversiones bien orientadas mediante la ampliación, la inclusión, los préstamos en condiciones favorables y el desarrollo de las aptitudes en áreas con una alta representación de mujeres, especialmente en el sector informal (por ejemplo, en la agricultura, los mercados y otras formas de empleo vulnerable). Es necesario identificar y promover medios de vida alternativos adecuados para las comunidades apartadas en áreas como la acuicultura (por ejemplo, la explotación de los pepinos de mar) y la hidropónica. Los esfuerzos de recuperación deben corregir las desigualdades de género o, por lo menos, no perpetuar la desigualdad en el acceso al poder y los recursos.”
Entre las recomendaciones para la reducción del riesgo de desastres figuran las siguientes:
La agricultura de subsistencia es el recurso fundamental de los atolones e islas de las Islas Marshall y es preciso prestar servicios de extensión para las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, en particular cuando existen oportunidades de vender la producción excedentaria. Las inversiones en la agricultura de subsistencia deben hacerse conjuntamente con la promoción de aptitudes no agrícolas, el desarrollo de mercados y el fortalecimiento de los conocimientos financieros. La seguridad alimentaria en tiempos de sequía podría mejorarse mediante la promoción de los conocimientos y prácticas indígenas relacionados con la agricultura, la cosecha y la conservación de los alimentos, al tiempo que se aprovechan al máximo los insumos y las prácticas agrícolas modernos para aumentar la producción.
En las actividades públicas de gestión del riesgo de desastres hay que asegurar que las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, tengan un acceso igual a los puestos de trabajo y el empleo, lo cual debería incluir programas de cuidado de los niños para permitir la participación de las mujeres. Es preciso difundir periódicamente advertencias de sequía a través del mayor número posible de canales de comunicación para que todas las personas tengan acceso a la información sobre las previsiones de la gravedad y la duración de la sequía y puedan mejorar su preparación. Esto incluiría la radiodifusión pública (V7AB), mensajes de texto masivos y mensajes difundidos por los gobiernos locales, así como todos los demás medios posibles, por ejemplo, a través de los líderes tradicionales, las iglesias, los centros de salud, las escuelas y las filiales de Mujeres Unidas de las Islas Marshall. Muchas familias que viven en las zonas urbanas se comunican regularmente con sus familiares en las islas periféricas, y se les debe alentar a informar a sus familiares sobre las advertencias de sequía. Esas comunicaciones deben dar a las familias tiempo suficiente para prepararse, deben transmitirse frecuentemente con informes en tiempo real sobre la situación y actualizaciones. Las autoridades locales y los dirigentes tradicionales deben movilizarse para asegurar que las comunidades se preparen por todos los medios posibles.
La contribución que aportan las artesanías a la economía de las Islas Marshall debe cuantificarse con precisión con respecto a los distintos tipos de artesanías producidas, los insumos, el consumo intermedio y el costo de producción. Es necesario comprender mejor el valor y la cadena de mercado para las artesanías, así como el rol de las mujeres y los hombres en la producción de artesanías.
Las mujeres participan en las consultas sobre la reducción de los riesgos de desastre y las iniciativas relacionadas con el cambio climático, como se señala a continuación:
•Mujeres Unidas de las Islas Marshall y diversas ONG de jóvenes están muy involucradas en la labor relacionada con los desastres y del cambio climático. Muchas veces, el Gobierno y otros asociados intergubernamentales, como la OIM, contratan a mujeres y ONG de jóvenes para realizar encuestas y análisis de la respuesta en las comunidades de las islas periféricas;
•El grupo juvenil Jo-Jikum participa activamente en la sensibilización mediante colonias de vacaciones artísticas y otras actividades similares a través de sus tres programas principales. Los programas para jóvenes tienen por objetivo capacitarlos para que participen de manera activa y sostenible en las actividades relacionadas con los desastres y el cambio climático.
La Política Nacional de Cambio Climático de 2011 dispone que se procurará alcanzar estos cinco objetivos temáticos “teniendo en cuenta la cultura y el género”:
•Aplicar un enfoque estratégico para integrar el cambio climático en la educación y la capacitación;
•Movilizar el interés y la participación del público sobre el tema del cambio climático, en particular de los grupos de jóvenes, que constituyen un gran porcentaje de la población;
•Mejorar la comprensión y el uso de la información sobre el cambio climático, en particular por parte de los encargados de la adopción de decisiones sobre políticas y planificación;
•Aumentar la sensibilización y elevar el perfil de estas políticas en todos los niveles;
•Promover conocimientos en que se tenga en cuenta el género, en particular conocimientos tradicionales apropiados, en las respuestas de adaptación.
En un contexto intersectorial, algunos de los logros alcanzados hasta el momento son las siguientes:
•La Política sobre la Juventud de 2014 tiene en cuenta el cambio climático y el papel y el empoderamiento de los jóvenes;
•Se tienen siempre en cuenta la juventud y el género en el programa de pequeñas donaciones;
•La iniciativa Wa Kuk Wa Jimor es un mecanismo social y sanitario para reunir datos e información, en particular de jóvenes (principalmente niñas) y mujeres de las islas periféricas, sobre salud y otros aspectos. Esta información ayudará a definir las necesidades de las niñas y las mujeres en materia de salud y cuestiones sociales y familiares;
•La iniciativa Cookhouse Confidencial es una metodología indígena para difundir información y reunir datos pertinentes sobre cuestiones de género en lo que se refiere a los efectos del cambio climático, como las sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos. Esta metodología se elaboró con el fin de conocer mejor las necesidades de las mujeres y las niñas durante una situación de emergencia o desastre y para comprender mejor cómo planificar y responder a las necesidades de adaptación al cambio climático a más largo plazo.
Se prevé examinar y actualizar en un futuro próximo el Plan de Acción Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (2008-2018). En el examen y la actualización se incluirá una perspectiva de género.
Matrimonio y relaciones familiares
Cuestión 20
Según la información de que dispone el Comité, con arreglo a la Ley de Protección de los Derechos del Niño de 2015, la edad mínima legal para contraer matrimonio es 18 años para los hombres y las mujeres. Sin embargo, la Ley de Inscripción de Nacimientos, Fallecimientos y Matrimonios de 1988 fija la edad mínima para contraer matrimonio con el consentimiento de los padres en 16 años en el caso de las niñas, mientras que para los varones es 18 años. Sírvanse proporcionar información sobre los avances realizados para aprobar el proyecto de ley (enmienda) para la inscripción de nacimientos, fallecimientos y matrimonios, que elevará la edad mínima para contraer matrimonio de las niñas de los 16 a los 18 años y modificará la sección 434 de dicha Ley, que exime al matrimonio consuetudinario de una edad mínima. Sírvanse indicar qué medidas se están aplicando para combatir los matrimonios forzados y para evaluar la repercusión que tiene sobre las mujeres y las niñas el régimen jurídico de divorcio basado en la culpa. Indiquen, asimismo, si las mujeres y los hombres gozan de los mismos derechos a la tutela legal de sus hijos durante y después del matrimonio.
La enmienda de la Ley de Inscripción de Nacimientos, Fallecimientos y Matrimonios de 1988 elevó la edad legal para contraer matrimonio de las niñas de 16 a 18 años.
El matrimonio consuetudinario suele tener lugar cuando una mujer joven queda embarazada. A veces puede ser forzado, y la pareja de jóvenes tropieza con dificultades para mantener su relación. Cuando se separan, los hijos quedan habitualmente al cuidado de la madre. Las familias no suelen solicitar una pensión alimenticia del padre. Cuando lo hacen, con frecuencia se asignan estereotipos negativos a la mujer y su familia.
Protocolo Facultativo y enmienda del artículo 20 1)
Cuestión 21
Sírvanse indicar los progresos efectuados hacia la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención y la aceptación de la enmienda del artículo 20 1) de la Convención.
El Gabinete introducirá muy pronto una resolución sobre el Protocolo Facultativo de la Convención.