Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados de Mongolia
Adición
Información facilitada por Mongolia en virtud del procedimiento de seguimiento de las observaciones finales
[Fecha de recepción: 13 de junio de 2018]
* El presente documento se publica sin revisión editorial.
Introducción
Mongolia ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1981. En virtud de sus disposiciones, el Estado parte debe presentar al Secretario General de las Naciones Unidas un informe inicial sobre las medidas adoptadas un año después de la entrada en vigor de la Convención y, posteriormente, cada cuatro años, así como a petición de los interesados.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinó el primer informe de Mongolia en 1982, el segundo en 1986, el tercero y el cuarto en 1999 y los informes quinto a séptimo en 2008.
Los informes periódicos octavo y noveno combinados se presentaron al Comité en septiembre de 2014, El año siguiente se presentaron las respuestas a 21 cuestiones planteadas por el Comité en su lista de cuestiones. El Comité examinó esos informes en febrero de 2016, y publicó sus observaciones finales en marzo de 2016. Dichas observaciones finales contenían 19 observaciones de apoyo, 5 de las cuales pedían la adopción de medidas. Tres requerían la aplicación de medidas inmediatas. En la observación final 45 el Comité pidió al Estado parte que presentara en el plazo de dos años, o en marzo de 2018, información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los párrafos 17 a), 19 a), 19 b) y 19 e).
La colaboración intersectorial y la asociación entre los agentes estatales y no estatales son esenciales en la aplicación de las recomendaciones del Comité, por lo que se estableció un grupo de trabajo intersectorial mediante la Orden núm. A/241 del Ministro de Trabajo y Protección Social, que cuenta con 17 representantes del Gobierno y 9 de las ONG.
El Plan de Acción fue elaborado y remitido a todas las partes responsables en virtud de la Ley de Promoción de la Igualdad de Género. De acuerdo con la solicitud presentada al Parlamento de Mongolia sobre la aplicación de las recomendaciones y la presentación puntual del próximo informe, las recomendaciones se presentaron al Comité Permanente de Política Social, Educación, Cultura y Ciencia del Parlamento y se publicaron y remitieron a todos los miembros del Parlamento.
En virtud de la Orden núm. A/215 del Ministro de Trabajo y Protección Social, en noviembre de 2016 se estableció un grupo de trabajo encargado de elaborar un Programa Nacional sobre Igualdad de Género (2017‑2021). Sus objetivos normativos y ámbito de aplicación están en consonancia con la aplicación de las recomendaciones del Comité. El Grupo de Trabajo empezó a redactar el Programa en abril de 2016 y organizó más de 20 consultas en los planos nacional, regional y sectorial y recopiló más de 220 observaciones y propuestas.
El Programa, elaborado en consonancia con la Ley de Políticas y Planificación del Desarrollo de la Legislación y con el Reglamento sobre Elaboración de Documentos Normativos, fue aprobado mediante el Decreto gubernamental núm.129, 2017, seguido del Plan de Acción aprobado mediante el Decreto núm. A/132, 2017. Ambos reflejan medidas específicas de conformidad con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
A continuación, figura el informe sobre las medidas adoptadas en relación con la aplicación de las recomendaciones 17 a), 19 a), 19 b) y 19 e) formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Adoptar sin demora una estrategia integral con medidas proactivas y sistemáticas, dirigidas a mujeres y hombres de todos los estratos sociales, para acabar con los estereotipos discriminatorios y las actitudes patriarcales en lo que respecta a las funciones y las responsabilidades de la mujer y el hombre en la familia y la sociedad (véase CEDAW/C/MNG/CO/8 ‑9 , párr. 17a)).
En 2016 se estableció un Grupo de Trabajo sectorial sobre la revisión de la Ley de la Familia en virtud de la Ley de Trabajo y Protección Social núm. А/186. Entre sus objetivos se incluye el establecimiento de un marco legislativo que permita acabar con los estereotipos discriminatorios y las actitudes patriarcales en lo que respecta a las funciones y las responsabilidades de la mujer y el hombre en la familia y en la sociedad.
El Grupo de Trabajo realizó ocho deliberaciones sobre el proyecto de ley revisado y se han organizado consultas adicionales en 21 provincias y 9 distritos. En el transcurso de 22 consultas se recopilaron unas 630 propuestas y observaciones de 1.500 participantes, que se recogen en las disposiciones pertinentes.
El planteamiento de la Ley de la Familia ha sido respaldado por el Consejo de Ministros. De conformidad con ese planteamiento, las relaciones que estarían reguladas y el ámbito de aplicación de la Ley se definen en el contexto siguiente:
Revisar y volver a definir el propósito de la ley, incluido un objetivo de protección del desarrollo de la familia, los derechos y los intereses legítimos de sus miembros;
Legislar los objetivos y responsabilidades de los organismos estatales encargados de apoyar una vida familiar sostenible, y poner en práctica de forma oportuna políticas y servicios orientados a la familia. Legislar la estructura y funcionamiento de una organización administrativa estatal encargada de aplicar políticas de desarrollo y protección de la familia, la infancia y la juventud;
Prohibir las actividades de las agencias matrimoniales contrarias al principio del matrimonio voluntario. Ampliar los servicios de reconocimiento médico a las personas que desean casarse a fin de prevenir la endogamia y sus posibles repercusiones genéticas;
Establecer las condiciones y normas del apoyo estatal a los miembros de la familia, en especial los padres, con el fin de crear un entorno sano y seguro para el desarrollo del niño, adoptar prácticas educativas positivas, garantizar la matrícula en la enseñanza básica y transmitir los valores tradicionales al mismo tiempo que se inculcan las aptitudes para la vida y se prepara a los niños para un futuro empleo;
Esas normas deberían reflejar el apoyo prestado por el Estado con el fin de establecer y controlar las condiciones para la atención alternativa de los niños vulnerables;
Promulgar normas sobre la supervisión periódica de las condiciones de vida de los niños adoptados que permitan tomar decisiones sobre la adopción basadas en la evaluación de las condiciones de vida en las familias de acogida para garantizar que las normas de adopción sean compatibles con el respeto de los derechos humanos de los niños adoptados;
Mejorar las normas sobre las relaciones familiares con la participación de ciudadanos extranjeros y personas apátridas, y fortalecer el mecanismo de vigilancia de la adopción en el extranjero. Supervisar las condiciones de vida de los niños adoptados;
Crear una base jurídica para la colaboración con las organizaciones no gubernamentales (ONG) a fin de ofrecer a los ciudadanos oportunidades de educación académica y no académica en todos los niveles y crear centros de educación de la familia. Incorporar una disposición legal sobre la promoción y el apoyo a las empresas públicas y privadas que ofrecen servicios adaptados a las necesidades de la familia.
El objetivo 3 de Programa Nacional sobre Igualdad de Género estipula la incorporación de la perspectiva de género mediante “la educación sobre la igualdad de género, la realización de cursos de capacitación y las actividades de promoción destinadas a cambiar los estereotipos acerca de los papeles de la mujer y el hombre en la sociedad y su participación social”, y en 2017 se planificaron y aplicaron 14 medidas.
La aplicación de la Ley de Promoción de la Igualdad de Género, el Programa Nacional sobre Igualdad de Género y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se ha incorporado a los acuerdos de desempeño de las autoridades locales.
Además, se han incluido 14 horas de estudios de género en el plan de estudios de la Escuela de Estudios Pedagógicos de la Universidad Estatal de Pedagogía de Mongolia. Se utilizó un “Manual de preparación para la vida”, con información sobre cuestiones de género, la prevención de la violencia de género, la educación sexual y la presupuestación con perspectiva de género, destinado a la capacitación de 30 instructores nacionales; se elaboró y distribuyó un manual para niños con necesidades especiales y sus padres; se produjo una serie de seis filmaciones y manuales sobre el tema “Las violaciones más comunes de la igualdad de género en las escuelas secundarias”.
De conformidad con la Orden núm. A/130 del Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Deporte, se está aplicando una “Política de Género en la Educación, la Cultura, la Ciencia y el Deporte” (2017‑2021). Ese documento normativo tiene por objeto promover la igualdad de género en todos los niveles de la formulación de políticas, la planificación, la aplicación y la supervisión y la evaluación en los ámbitos de la educación, la cultura, la ciencia y el deporte. En él se establecen los siguientes objetivos: mejorar el entorno jurídico y normativo, así como la estructura institucional para garantizar la igualdad entre los géneros en la educación, la cultura, la ciencia y el deporte; aumentar de la concienciación y la capacidad con el fin de incorporar la igualdad de género; crear un entorno con perspectiva de género en todos los sectores; y dar muestras de liderazgo al modificar los estereotipos de género que constituyen un obstáculo importante para la incorporación de la perspectiva de género.
El Ministerio de Energía organizó actividades de capacitación sobre cuestiones de género en las provincias de Zavkhan y Khovd y capacitó a 30 instructores.
El Ministerio de Trabajo y Protección Social y la Secretaría del Comité Nacional para la Igualdad de Género impartió un taller sobre “Participación de los hombres en el desarrollo social” y organizó un debate sobre el tema “Estudiantes y jóvenes unidos contra la violencia”, y publicó una edición especial de la revista “Estudios de género” para lograr una mayor difusión pública.
La Subdivisión del Consejo de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores organizó actividades de capacitación sobre cuestiones de género y derechos humanos para los empleados del Ministerio.
El Comité organizó 80 horas de capacitación para unos 800 empleados del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Minería e Industria Pesada, el Ministerio de Alimentación, Agricultura e Industria Ligera, el Ministerio de Trabajo y Protección Social, el Ministerio de Construcción y Desarrollo Urbano, el Departamento Central de Policía, el Departamento de Servicios Diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades de nueve distritos de la capital, Ferrocarriles de Mongolia y la compañía Erdenes Tavan Tolgoi y otras empresas. El programa de capacitación contenía diversos temas relacionados con la igualdad de género, en particular el Programa Nacional sobre Igualdad de Género, los conceptos básicos de las cuestiones de género, la conciliación del trabajo y la vida, los centros de acogida para la protección de las víctimas, etc.
La primera conferencia académica a nivel nacional, “Igualdad de género e iniciativa de los estudiantes”, se celebró en el Centro de Formación Profesional y la Escuela Politécnica, y contó con 55 presentaciones de 27 escuelas de todo el país; las 20 mejores presentaciones se compilaron y distribuyeron entre los maestros y estudiantes.
Se impartió un curso de capacitación sobre “Incorporación del concepto de igualdad de género en la política y planificación sobre los medios de comunicación” para el Consejo de Medios de Comunicación y los directores de las organizaciones y empresas de ese sector.
El Instituto de Prensa de Mongolia realizó una evaluación de la labor de comunicación y relaciones públicas de los tres últimos años para lograr una mayor conciencia y comprensión acerca de la igualdad de género en el marco del proyecto “Política y planificación del desarrollo en los diferentes sectores y zonas rurales con inclusión de las cuestiones de género”, respaldado por el Banco Asiático de Desarrollo. Sobre la base de los resultados de la evaluación, está previsto realizar en 2018, con la colaboración de los medios de comunicación, una campaña de tres meses para cambiar los estereotipos de género.
El Parlamento de Mongolia aprobó la Ley de Promoción del Desarrollo de la Juventud, que entró en vigor el 1 de enero de 2018 y contiene disposiciones sobre la promoción del desarrollo de los jóvenes basado en la participación en condiciones de igualdad y la no discriminación; el fomento del desarrollo de los jóvenes y su participación en los ámbitos de la unidad nacional y la justicia; la mejora de la autoestima de los jóvenes; y el respeto de sus opiniones.
Para cambiar los estereotipos de género y las actitudes prevalentes en la sociedad, se organizó una campaña de 16 días de duración contra la violencia de género (celebrada anualmente desde 2008). Se organizaron las siguientes actividades en colaboración con los organismos gubernamentales y la sociedad civil:
7 de marzo de 2017: Se celebró el concurso de ensayos “Cooperación y participación en materia de violencia de género y prevención” entre 120 estudiantes y se compilaron y distribuyeron 10 de las 40 presentaciones recibidas;
7 de diciembre de 2017: El personal del Ministerio de Trabajo y Protección Social, el Centro Nacional contra la Violencia y la Secretaría de Comité Nacional para la Igualdad de Género lució cintas blancas en apoyo de la lucha contra la violencia de género y puso en marcha una iniciativa de concienciación pública sobre sitios web que solicitan al público que se adhiera a ese movimiento. Se sumaron al evento unos 2.300 funcionarios de 30 organismos gubernamentales, incluida la Oficina del Presidente, la Administración del Parlamento, la Oficina del Primer Ministro, la Secretaría del Gabinete, el Organismo de Desarrollo de la Familia, la Infancia y la Juventud, los ministerios y las Oficinas del Gobernador los distritos y la ciudad de Ulaanbaatar;
5 a 10 de diciembre de 2017: El Comité, en asociación con el Centro Nacional contra la Violencia y las autoridades de la capital y los distritos, organizó servicios de autobús gratuitos de información y asesoramiento a fin de mejorar el acceso a la información sobre la manera de combatir y prevenir la violencia doméstica y por razón de género y la violencia contra los niños con destino a 800 residentes de las zonas periurbanas de Ulaanbaatar;
La historieta “Niña” sobre la lucha contra la violencia de género, producida en Filipinas, se mostró a los residentes en las zonas rurales en el contexto de la campaña organizada conjuntamente por el Comité, el Consejo, el Ministerio de Trabajo y Protección Social, las autoridades locales y las cadenas de televisión;
La cadena de televisión TM HD transmitió un programa de 20 minutos, “Prevención contra la violencia de género mediante la participación y la colaboración”, así como dos anuncios en favor de la Ley de Promoción de la Igualdad de Género.
En el futuro, se prestará especial atención al fortalecimiento de los recursos humanos, a la colaboración intersectorial y al aumento de la financiación y la mejora de las asociaciones entre las organizaciones estatales, la sociedad civil y los medios de comunicación para organizar actividades a nivel nacional y sectorial con el fin de combatir los estereotipos sobre los papeles y las responsabilidades de hombres y mujeres en la familia y en la sociedad y cambiar las actitudes patriarcales dominantes.
Agilizar la aprobación del proyecto de ley de lucha contra la violencia doméstica, adoptar medidas integrales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas y velar por que las víctimas de ese tipo de violencia tengan acceso a medios inmediatos de reparación, incluidas una indemnización y protección, y por que los autores sean enjuiciados y castigados como es debido (véase CEDAW/C/MNG/CO/8 ‑9 , párr. 19 a)).
La resolución del Parlamento de 22 de diciembre de 2016 aprobó una versión revisada de la Ley sobre la Lucha contra la Violencia Doméstica. Desde su promulgación, el 1 de febrero de 2017, se aprobaron los siguientes procedimientos:
Procedimientos de prestación de servicios a los niños afectados por la violencia doméstica (Orden núm. A/33, Ministro de Trabajo y Protección Social, 2017);
Procedimientos sobre el servicio de mediación (Orden núm. A/73, Ministro de Trabajo y Protección Social, 2017);
Procedimientos para la prestación de servicios de asesoramiento psicológico (Orden núm. A/74, Ministro de Trabajo y Protección Social, 2017);
Procedimiento para organizar reuniones con los autores de actos de violencia (Orden Conjunta núm. A/56 y A/35, Ministro de Justicia y Asuntos Internos y Ministro de Trabajo y Protección Social, 2017);
Procedimiento para los planes voluntarios de estudios y formación para influir en el comportamiento (Orden Conjunta núm. A/63, A/48, A/106, Ministro de Justicia y Asuntos Internos, Ministro de Trabajo y Protección Social y Ministro de Salud, 2017);
Procedimientos de prestación de servicios completos y financiación (Orden Conjunta núm. 201/A, 132, A/60, Ministro de Justicia y Asuntos Internos, Ministro de Salud y Ministro de Trabajo y Protección Social, 2017);
Procedimiento de acreditación de las organizaciones no gubernamentales para la prestación de servicios a las víctimas (Orden Conjunta núm. A/84, A/59, A/130, Ministro de Justicia y Asuntos Internos, Ministro de Trabajo y Protección Social, y Ministro de Salud, 2017);
Procedimiento para la evaluación de la situación (Orden Conjunta núm. A/120, A/178 del Ministro de Trabajo y Protección Social y Ministro de Justicia y Asuntos Internos, 2017);
Procedimiento para la prestación de servicios de alojamiento de protección temporal (Orden núm. A/116, Ministro de Trabajo y Protección Social, 2017);
Procedimiento para la financiación de la labor y las actividades del equipo conjunto (Orden Conjunta núm. A/173, A/251, A/380, Ministro de Trabajo y Protección Social, Ministro de Justicia y Asuntos Internos y Ministro de Salud, 2017).
La tipificación como delito de la violencia doméstica en la legislación, la intensificación de las actividades de prevención de la delincuencia, el establecimiento y financiación de los centros de servicios centralizados con cargo a los presupuestos nacionales y locales a fin de prestar asistencia y servicios a las personas supervivientes de la violencia, la garantía del funcionamiento continuo y sostenible de dichos centros y la legislación de los servicios del equipo conjunto que deben prestarse de forma gratuita han dado lugar a la disminución de un 19,6% de los casos de violencia doméstica en los primeros ocho meses de 2017, en comparación con el mismo período del año anterior.
En 2017, 9 centros de servicios centralizados y 16 refugios temporales prestan servicios en todo el país a supervivientes de la violencia doméstica, y está prevista la construcción de 10 nuevos centros en 2018.
La Orden núm. A/27 del Ministro de Justicia y Asuntos Internos, 2017, estableció un Subconsejo Intersectorial para combatir y prevenir la violencia doméstica y los delitos contra los niños y ofrecer orientación profesional, además de vigilar la aplicación de la Ley sobre la Lucha contra la Violencia Doméstica.
Los miembros del Consejo y representantes del Ministerio de Trabajo y Protección Social, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Deporte, el Ministerio de la Familia, el Organismo de Desarrollo de la Familia, la Infancia y la Juventud, el Departamento Central de Policía, el Departamento de Policía de la Ciudad de Ulaanbaatar y cuatro ONG han planificado nuevamente la cooperación intersectorial en materia de políticas, actividades de capacitación y promoción y han hecho lo posible para garantizar la aplicación de la legislación.
La Secretaría del Consejo de Coordinación para la Prevención de la Delincuencia y el Organismo de Desarrollo de la Familia, la Infancia y la Juventud han revisado conjuntamente el contenido y los planes de estudios de las organizaciones internacionales y ONG interesadas en el fomento de la capacidad de los miembros de los equipos conjuntos, y han fusionado los contenidos y eliminado las diferencias en la interpretación y la terminología. De conformidad con el programa consolidado, la iniciativa Capacitación de Instructores Certificados fue aprobada por el Ministro de Justicia y Asuntos Internos y el Ministro de Trabajo y Protección Social en el primer semestre de 2017, y se organizaron actividades de capacitación para 4.634 miembros de los 609 equipos conjuntos.
La secretaría del Comité y su voluntario Andrea Scheske impartieron cursos de fomento de la capacidad en el Departamento Central de Policía, y para los funcionarios públicos de las aimags (provincias) de Dornogovi, Sukhbaatar, Orkhon y Uvs y 9 distritos de Ulaanbaatar, destinados a 450 miembros de los equipos conjuntos y el personal de los refugios temporales y centros de servicios centralizados.
Asimismo, a fin de mejorar los servicios prestados por los refugios temporales y centros de servicios centralizados, en el Departamento Central de Policía y algunas aimags y 9 distritos se ofrecieron a los funcionarios públicos actividades de capacitación, que contaron con 1.280 participantes, sobre la Ley de Promoción de la Igualdad de Género y el Programa Nacional sobre Igualdad de Género, el acoso sexual en el lugar de trabajo, la criminalización de las víctimas, el equilibrio entre el trabajo y la vida , el concepto básico de género, los centros de protección de los supervivientes y las actividades de los centros de servicios centralizados.
El Ministerio de Justicia y Asuntos Internos organizó en Ulaanbaatar, en abril de 2017, el primer Foro Nacional sobre Cooperación Multisectorial en la Lucha contra la Violencia Doméstica, con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el que participaron 160 agentes de policía de 21 provincias y 9 distritos de la capital y el personal de las subsecretarías del Comité de Coordinación para la Prevención de la Delincuencia.
La Oficina Nacional de Estadística realizó la primera encuesta nacional sobre la violencia de género, con apoyo técnico y financiero del UNFPA y el Organismo Suizo de Cooperación para el Desarrollo. Dado el carácter delicado del tema y el contenido de la investigación, el estudio se realizó bajo el título “Encuesta sobre la salud y experiencia vital de la mujer” en mayo y junio de 2017 y abarcó 7.860 hogares de 524 unidades, incluida una mujer de 15 a 64 años de edad de cada hogar.
El estudio tenía como objetivo definir las formas, modalidades, tipos, efectos y causas de la violencia contra la mujer, analizar y evaluar los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuantificar y evaluar los datos recopilados con arreglo a los indicadores del quinto Objetivo y acopiar datos que pudieran compararse con los de alcance internacional. Los resultados de la encuesta se publicarán.
El Gobierno de Mongolia puso en marcha, en cooperación con el UNFPA, el Proyecto de Desarrollo de la Juventud (2013‑2017), en el que se establecen cuatro objetivos, a saber, “elaborar y aprobar un modelo de prevención de la violencia de género, fortalecer la capacidad de los empleados en el sector de la educación y empoderar a los adolescentes y los jóvenes para combatir la violencia de género y apoyar las relaciones positivas”. En el marco de la tarea del proyecto de elaborar un programa educativo sobre la prevención de la violencia de género en las provincias y los distritos urbanos, las organizaciones y los grupos destinatarios seleccionados, se ha ultimado la elaboración de un módulo de prevención de la violencia de género como tema del programa de educación sobre aptitudes para la vida y de los planes de estudios de los centros de enseñanza secundaria, las escuelas de formación técnica profesional, el Instituto de Formación Superior del Personal Docente, el Centro de Educación Permanente y el Centro de Desarrollo de la Juventud.
El modelo “Escuela segura”, destinado a crear mecanismos de prevención de la violencia de género, se ha experimentado ininterrumpidamente en escuelas seleccionadas de las provincias de Bayan‑Ulgii, Zavkhan, Umnugovi y distrito de Chingeltei de Ulaanbaatar. La evaluación independiente de mitad de período del proyecto se llevó a cabo en 2016; reveló que el 80,7% de los alumnos de 12 a 18 años y el 92,7% del personal docente de las escuelas seleccionadas había llegado a comprender claramente los conceptos de derechos de género, desigualdad de género y violencia de género.
Como resultado de esa metodología, los conocimientos, las actitudes y las prácticas para la prevención de la violencia de género y la comprensión de la igualdad y la desigualdad de género han progresado notablemente y han mejorado también las directrices y los métodos de capacitación sobre el uso de esa metodología concreta.
Un estudio de antecedentes que se llevó a cabo en 2014 en el marco del Proyecto de Desarrollo de la Juventud para mejorar el conocimiento y la comprensión por los jóvenes de ambos sexos de los derechos y las desigualdades en materia de género reveló que, debido a la considerable falta de conocimientos, información y comprensión sobre la violencia entre los jóvenes hay una tendencia a aceptar la violencia como norma. Ello puso de relieve la necesidad urgente de establecer un mecanismo para la prevención de la violencia. Más de la mitad de los jóvenes no han oído hablar nunca de la violencia de género, y solo uno de cada tres jóvenes tenían un conocimiento suficiente sobre la violencia de género. Solo el 1,3% de ellos tenía una comprensión cabal de la violencia.
El resultado de la investigación sobre “Factores que influyen en la salud sexual y reproductiva de los jóvenes de 15 a 24 años en Mongolia” demuestra la necesidad de una mayor sensibilización pública sobre la violencia de género y de medidas encaminadas a prevenir la violencia. Según la evaluación de mitad de período del proyecto, en 2016 las campañas y actividades de promoción contra la violencia de género llegaron a 158.279 jóvenes, cuatro veces más que en 2015.
Uno de los seis objetivos principales del Programa Nacional sobre Igualdad de Género es “Combatir la violencia y la discriminación y adoptar medidas amplias para prevenir la violencia y la discriminación”. En el marco de ese objetivo se han previsto y se están aplicando cinco medidas.
El primer objetivo del Programa, “Apoyar la participación en igualdad de condiciones de las mujeres y los hombres en el desarrollo socioeconómico sostenible y garantizar la igualdad de oportunidades para recibir los beneficios del desarrollo”, es conseguir lugares de trabajo que tengan en cuenta las cuestiones de género, prevenir en la contratación toda discriminación basada en el género, poner fin a las prácticas discriminatorias, si las hubiere, y endurecer las sanciones y penas de la discriminación en el lugar de trabajo. El Programa hizo también hincapié en la elaboración de una metodología de evaluación sobre la igualdad de indemnización en el empleo de hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y en la incorporación de esos objetivos para que se plasmen en un consenso social con las partes interesadas.
Junto con las autoridades sectoriales y los empleadores de diversos sectores de la economía, se adoptan medidas concretas para prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo y crear un entorno laboral libre de acoso sexual. Por ejemplo, el reglamento interno del Ministerio de Alimentación, Agricultura e Industria Ligera alienta a los empleados a denunciar los incidentes de acoso sexual en el lugar de trabajo o cualquier otra violación de la igualdad de género y a exigir que la cuestión sea resuelta por un especialista en género del Ministerio.
Hay otros planes, entre los que se incluye la organización del Segundo Foro Nacional sobre la Cooperación Multilateral en la Lucha contra la Violencia Doméstica, con participación adicional de los representantes del sector de la educación; el establecimiento de centros de servicios centralizados en todas las provincias para prestar apoyo a las víctimas de la violencia; la realización de actividades de capacitación por vídeo para los equipos conjuntos y el ofrecimiento de apoyo profesional y metodológico en sus actividades cotidianas.
Organizar programas de desarrollo de la capacidad obligatorios para jueces, fiscales, agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre la estricta aplicación de los instrumentos legislativos en los que se tipifica la violencia contra la mujer y sobre procedimientos que tengan en cuenta las cuestiones de género a la hora de tratar con mujeres víctimas de violencia, en particular mujeres con discapacidad (véase CEDAW/C/MNG/CO/8 ‑9 , párr. 19 b)).
El plan de estudios de la Escuela de Policía de la Universidad sobre la Aplicación la Ley de Mongolia incorpora la capacitación obligatoria sobre la manera de combatir y prevenir la violencia de género y la violencia doméstica.
Por iniciativa del Comité Nacional para la Igualdad de Género, en colaboración con la Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo se elaboró un manual para agentes del orden. El Ministerio de Justicia y Asuntos Internos organizó una serie de cursos de formación sobre “Fortalecimiento de la capacidad y coordinación del sector jurídico en la lucha contra la violencia doméstica” en ocho provincias —Darkhan‑Uul, Bulgan, Orkhon, Selenge, Govisumber, Dornogovi, Dundgovi, y Umnugovi— para 255 alumnos, en particular agentes del orden y funcionarios judiciales, abogados, fiscales, jefes de los consejos locales de los comités de coordinación para la prevención de la delincuencia y trabajadores sociales del Organismo de Desarrollo de la Familia, la Infancia y la Juventud.
En colaboración con el Ministerio de Justicia y Asuntos Internos y el Consejo General del Poder Judicial, se organizó un curso de capacitación sobre “Procedimientos para resolver los litigios familiares y los casos de violencia doméstica” y otro sobre “Peculiaridades de la labor de intermediación en la solución de controversias familiares”, destinados a 40 jueces e intermediarios.
Se organizó la consulta sobre “Peculiaridades y desarrollo ulterior de los procedimientos civiles sobre solución de conflictos familiares y casos de violencia doméstica” acerca de la importancia de los jueces calificados en los conflictos familiares, en la que participaron 120 jueces de tribunales de todos los niveles, representantes de organizaciones y ONG.
En colaboración con el Centro de Asistencia Jurídica, en febrero de 2017 se organizó, con participación de abogados estales, de las provincias y de la capital, un curso de formación sobre “Peculiaridades de las actividades de lucha contra la violencia doméstica”.
La aplicación de medidas como la inclusión obligatoria de cursos de formación sobre la manera de combatir y prevenir la lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica en los programas de estudio de las instituciones docentes sobre el cumplimiento de la ley; el aumento de la capacidad de 400 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, autoridades judiciales, abogados y fiscales; la solución de litigios familiares en casos de violencia doméstica; y la aplicación de enfoques atentos a las cuestiones de género al abordar los casos de las mujeres supervivientes de la violencia han dado resultados positivos y tangibles.
En el futuro, se realizarán iniciativas de formación para el fomento de la capacidad en cooperación con la Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo para todos los encargados del cumplimiento de la ley: funcionarios, jueces, abogados, jefes de los consejos locales de los comités de coordinación para la prevención del delito y personal del Organismo de Desarrollo de la Familia, la Infancia y la Juventud.
Proporcionar condiciones adecuadas de reparación y rehabilitación a las mujeres con discapacidad que sean víctimas de la violencia (véase CEDAW/C/MNG/CO/8 ‑9 , párr. 19 e)).
Como se mencionó en el informe sobre la aplicación de la recomendación 19 a), se crean condiciones adecuadas de reparación y rehabilitación para las mujeres con discapacidad que son víctimas de la violencia en los centros de servicios centralizados.
Mediante la resolución gubernamental núm. 321, 2017, se aprobó un Programa Nacional sobre la Promoción de los Derechos, la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad con el fin de prestar apoyo integral para promover los derechos, la inclusión, el desarrollo y la protección social de dichas personas. El Programa estableció ocho objetivos, en particular el logro de la participación de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad en cuestiones que afectan a su vida, con conjuntos de actividades para prestar asistencia jurídica a las personas con discapacidades supervivientes de la violencia e impartir cursos de formación para la policía, los abogados, los jueces, los trabajadores sociales, los médicos y otros funcionarios pertinentes sobre una comunicación adecuada con dichas personas.
Asimismo, como se describe en el informe sobre la aplicación de la recomendación 19 a), está previsto reforzar los centros de servicios centralizados y mejorar la capacidad de los funcionarios para atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad supervivientes de la violencia.