Siglas

ACNUDH	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
AMI	Air Marshall Islands
APTC	Australian-Pacific Technical College
ARV	Antirretroviral
ASL	Lengua de señas americanae
BASD	Banco Asiático de Desarrollo
CDH	Comité de Derechos Humanos
CED	Comité contra la Desaparición Forzada
CEDAW	Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
CESPAP	Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
CIPD	Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
CNDH	Comité Nacional de Derechos Humanos
CRC	Convención sobre los Derechos del Niño
CRPD	Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
CSP	Cyber Safety Pasifika
ETS	Enfermedad de transmisión sexual
FAPE	Free Appropriate Public Education
HTCO	High Tech Crime Operations
iBRAVE	Initiative for Better Response to Address Violence Everywhere
ICERD	Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial
IDEA	Ley sobre la Educación de las Personas con Discapacidad
IMC	Índice de masa corporal
INDH	Institución nacional de derechos humanos
ITS	Infección de transmisión sexual
KEA	Kora Em Amra
MGF	Mutilación genital femenina
MISC	Marshall Islands Shipping Corporation
MLSC	Micronesian Legal Services Corporation
NDAA	National District Attorneys’ Association
OCAH	Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
ODM	Objetivo de Desarrollo del Milenio
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización no gubernamental
ONUSIDA	Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
PAT	Parents As Teachers
PIB	Producto interno bruto
PIDESC	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POE	Procedimiento operativo estándar
SCP	Secretaría de la Comunidad del Pacífico
SSR	Salud sexual y reproductiva
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF	Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia
VIH	Virus de la inmunodeficiencia humana
VNU	Voluntario de las Naciones Unidas
VRIS	Vital Records Information System
WAM	Waan Aelõñ in Majõl
WKWJ	Wa Kuk Wa Jimor
YTYIH	Youth to Youth in Health

Introducción

La República de las Islas Marshall ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en marzo de 2006. De ese modo, la República de las Islas Marshall se convirtió en Estado parte de esta importante Convención y confirmó el compromiso nacional de mejorar la situación de la mujer en el país.

El propósito de este informe es documentar el progreso que se ha logrado, las medidas adoptadas y que deben adoptarse en los diversos ámbitos, y los obstáculos y problemas que dificultan la plena participación de la mujer en la sociedad y en la economía de la República de las Islas Marshall. En la primera sección del informe se examina el contexto nacional en el que se está aplicando la Convención. En la segunda parte se detalla la situación en relación con los distintos artículos de la Convención.

En la presentación de este informe, la República de las Islas Marshall reafirma su apoyo a la Convención y su determinación de avanzar hacia el pleno cumplimiento de sus disposiciones.

Parte I. Contexto nacional

Territorio y población

La República de las Islas Marshall está formada por 29 atolones de coral de baja altitud y cinco islas con una superficie total de 181 km2 situada en el Pacífico Norte, entre 4 y 14 grados norte y 160 y 173 grados este. Los atolones e islas constituyen dos grupos: la cadena Ratak y la cadena Ralik (que significan cadenas del “amanecerˮ y del “atardecerˮ, respectivamente). Dos terceras partes de la población del país viven en Majuro (la capital) y Ebeye. La mayor parte de la masa terrestre de las Islas está situada a nivel del mar.

La población de las Islas Marshall está compuesta por micronesios descendientes de marinos de Asia Sudoriental que emigraron a las islas hace entre 2.000 y 3.000 años. Desde que llegaron los primeros colonos, la sociedad de las Islas Marshall se ha mantenido muy homogénea. El censo de 2011 muestra que, de la población total de 53.158 habitantes, el 90% son ciudadanos de las Islas Marshall y el 10% restante procede de los Estados Unidos de América, Filipinas, China, Nueva Zelandia, Australia y otros países de Micronesia, Kiribati, la República de Corea y Fiji. De la población total, 27.243 son hombres y 25.915 mujeres. Los niños de entre 0 y 17 años de edad representan el 46% de la población. La tasa de crecimiento demográfico anual es de solo el 0,4% y se debe a las altas tasas de emigración, más que a una disminución de la fecundidad.

A pesar de haber estado continuamente bajo control extranjero por parte de Alemania, el Japón y los Estados Unidos de América, el pueblo de las Islas Marshall conserva un firme sentido de identidad cultural. El marshallés sigue siendo el principal idioma del país. El censo de 2011 documentó una tasa de alfabetismo del 95% en marshallés. En las escuelas de todo el país se enseña el inglés como segunda lengua. Tanto el marshallés como el inglés se utilizan en las comunicaciones oficiales y en el comercio, mientras que el inglés se utiliza en menor medida en las islas periféricas.

La costumbre de las Islas Marshall está reconocida y protegida en la Constitución, especialmente en lo que respecta a la tenencia de la tierra. Sin embargo, como el contexto económico y social pasó de una sociedad rural basada en la subsistencia a una economía monetaria y urbana, las prácticas tradicionales han perdido importancia.

Sistema político

Las Islas Marshall han estado dominadas sucesivamente por distintos países, a saber, Alemania, el Japón y los Estados Unidos de América. Estas Potencias extranjeras gobernaron las islas para obtener ciertos beneficios como el comercio, el proselitismo religioso y la explotación de recursos, así como por consideraciones estratégicas y para mantener rutas marítimas.

En 1885, después de un período de 25 años de contactos comerciales con otras naciones mediante el comercio de copra, las Islas Marshall se convirtieron oficialmente en un protectorado del Imperio alemán. A los alemanes siguieron los japoneses, que confiscaron las islas a Alemania en 1914. Los japoneses administraron las islas en virtud de un mandato de la Sociedad de las Naciones desde 1920 hasta 1935, y fueron expulsados por las fuerzas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

Kwajalein y Enewetak en las Islas Marshall fueron los principales campos de batalla de la campaña estadounidense, que pasó de una isla a otra. Al final de la guerra, los Estados Unidos asumieron la responsabilidad de la administración de las Islas Marshall en virtud de un acuerdo de administración fiduciaria de las Naciones Unidas. En los años posteriores a la guerra, las Islas Marshall septentrionales se convirtieron en terreno de ensayo de armas atómicas y nucleares. Entre 1946 y 1958, los Estados Unidos explosionaron 67 dispositivos atómicos y nucleares en los atolones de Bikini y Enewetak. Dicho país sigue utilizando el atolón de Kwajalein para realizar ensayos de armas de la era espacial.

El 1 de mayo de 1979, la República de las Islas Marshall se convirtió en un territorio autónomo y la Administración Fiduciaria estadounidense de las Islas Marshall llegó a su fin. El 21 de octubre de 1986 entró en vigor el Convenio de Libre Asociación entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de las Islas Marshall. En el marco de la libre asociación, las Islas Marshall constituyen un territorio autónomo en virtud de su propia Constitución y gestionan sus propios asuntos nacionales y extranjeros, mientras que el Gobierno de los Estados Unidos tiene la autoridad y la responsabilidad pertinente respecto de los asuntos de defensa y seguridad. El Convenio, en su forma enmendada, se mantendrá en vigor hasta 2023.

La Constitución de las Islas Marshall contiene una combinación de conceptos constitucionales británicos y estadounidenses, y consta de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo es una institución bicameral compuesta por el Consejo de Iroij y el Nitijela. La función principal del Consejo de Iroij, compuesto por 12 miembros, consiste en solicitar que el Nitijela examine proyectos de ley relacionados con el derecho consuetudinario, la tenencia de la tierra o cualquier práctica tradicional. El Nitijela es el órgano legislativo y está formado por 33 miembros que se eligen cada cuatro años. El Nitijela también elige entre sus filas a un Presidente, quien nombra a otros miembros del Nitijela para que trabajen con él como miembros del Gabinete. El Gabinete constituye el poder ejecutivo del Gobierno y dirige las acciones de la función pública. El Gabinete responde de sus actos ante el Nitijela. El poder judicial está constituido por el Ttribunal supremo, el tribunal superior, el tribunal de derechos tradicionales, el tribunal de distrito y los tribunales comunitarios.

Hay 24 gobiernos locales que rigen los asuntos de los atolones e islas. Cada uno de ellos está formado por un consejo elegido por votación (a excepción del atolón Ebon, que tiene un consejo hereditario), un alcalde también elegido, funcionarios locales nombrados o elegidos, y una fuerza de policía local.

En febrero de 2016, por primera vez en la historia de la República de las Islas Marshall y de las Islas del Pacífico, excepto Australia y Nueva Zelandia, el Gobierno eligió a su primera Presidenta, la Excma. Sra. Presidenta Hilda C. Heine. Asimismo, se aprecia un aumento del número de mujeres en puestos de liderazgo: mientras que desde la creación del Gobierno constitucional de la República de las Islas Marshall en 1986 solamente había habido una mujer miembro del Nitijela (Parlamento), en la actualidad hay tres mujeres entre los integrantes del Nitijela.

La República de las Islas Marshall pasó a ser Estado Miembro de las Naciones Unidas en septiembre de 1991.

Sistema económico

Históricamente, la lejanía de la República de las Islas Marshall respecto de los principales mercados ha tenido efectos negativos en la economía. Además, dicha economía es pequeña en términos relativos, con una base de exportaciones reducida y una capacidad de producción limitada. Por tanto, es vulnerable ante las perturbaciones externas. La economía sigue dependiendo de la financiación de los donantes. La financiación del Convenio de Libre Asociación, en su forma enmendada, proporcionó aproximadamente el 50% del presupuesto para el ejercicio económico de 2014 (Ministerio de Finanzas).

Los datos sobre el empleo demuestran que la economía ha generado una serie de puestos de trabajo adicionales que suponen un aumento del 0,6% anual durante el período del Convenio de Libre Asociación, en su forma enmendada. Tanto el sector público como el privado han crecido, pese a los declives registrados en la base militar de Kwajalein. Sin embargo, la generación de empleos adicionales no ha sido suficiente para proporcionar oportunidades de empleo remunerado a quienes buscan trabajo, y el índice de emigración sigue siendo considerable, con un promedio del 1,7% anual desde 2004 (USDA Graduate School, 2012).

El sector público de la República de las Islas Marshall sigue dominando la economía en cuanto a su contribución al PIB y al empleo global. Entre los principales sectores comerciales se incluyen los siguientes:

*Comercio al por mayor/al por menor*Construcción

*Turismo*Fabricación ligera

*Servicios empresariales generales*Pesca comercial

•Datos sobre el empleo (Censo de 2011 de la República de las Islas Marshall)

Actividades del mercado de trabajo (personas empleadas)

Hombres 8 258Mujeres 4 389

Total 12 647

• Relación empleo/población

Hombres 51%Mujeres 28%

Total 39,6%

• Trabajo remunerado y no remunerado

Remunerado 11 932No remunerado 715

El valor anual de las exportaciones sigue aumentando principalmente gracias a la continuación de las exportaciones de atún obtenidas mediante las actividades pesqueras locales. Sin embargo, la República de las Islas Marshall sigue dependiendo en gran medida de las importaciones y registrando una balanza de pagos negativa. Los principales productos de exportación son los siguientes:

*Pescado congelado (atún)*Peces tropicales

*Conchas decorativas y corales*Aceite de coco y torta de copra

*Artesanías

• Valor y características de los principales terrenos

Tierras agrícolas (km2) en las Islas Marshall 130,0

Tierras cultivables (hectáreas) en las Islas Marshall 2 000,0

Tierras cultivables (porcentaje de la superficie de tierras) en las Islas Marshall 11,1

Tierras agrícolas permanentes (porcentaje de la superficie de tierras) en las Islas Marshall 44,4

Superficie de tierras (km2) en las Islas Marshall 180,0 (70 millas cuadradas)

(Fuente: Informe del Banco Mundial de 2012)

Desarrollo de la mujer

En 2013, el Gobierno, en colaboración con las ONG y con la asistencia técnica de la Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SCP), lideró los esfuerzos para formular la Política Nacional de Género para sustituir la Política Nacional de la Mujer, que expiró en 2010. La política se elaboró en consonancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), el Plan Estratégico Nacional, el Plan del Pacífico, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la Plataforma de Acción de Beijing, la Plataforma de Acción del Pacífico revisada para el adelanto de la mujer y la igualdad de género, y la Declaración sobre la Igualdad de Género elaborada en el Foro de los Dirigentes de las Islas del Pacífico en 2012. El Gobierno examinó y aprobó la política a principios de 2015. El objetivo de la Política de Género es “orientar el proceso de elaboración de leyes, políticas, procedimientos y prácticas que abordarán las necesidades, prioridades y aspiraciones de todos los hombres y mujeres y eliminarán eficazmente todas las formas de discriminación y desigualdad”. Los cinco objetivos prioritarios son los siguientes:

•Fortalecer la capacidad de todos los sectores del Gobierno para ofrecer programas y servicios que tengan en cuenta las cuestiones de género;

•Garantizar el bienestar de las familias;

•Eliminar la violencia por razón de género y proteger y atender a las supervivientes;

•Crear un entorno propicio para la participación en el desarrollo económico y el disfrute de sus beneficios de manera equitativa: y

•Favorecer la participación de las mujeres y los hombres en la adopción de decisiones en condiciones de igualdad.

A principios de agosto de 2012, la República de las Islas Marshall suscribió la Declaración sobre la Igualdad de Género de los Dirigentes de las Islas del Pacífico que fue fruto del 43er Foro de las Islas del Pacífico celebrado en Rarotonga (Islas Cook). Este compromiso es un anexo del Comunicado del Foro y emanó de una nueva determinación y un renovado compromiso con los esfuerzos para mejorar la situación de las mujeres en el Pacífico y empoderarlas para que participen activamente en la vida económica, política y social. La Declaración incluye compromisos renovados para abordar la igualdad de género en las esferas de los programas y políticas gubernamentales que tienen en cuenta el género, la adopción de decisiones, el empoderamiento económico, la eliminación de la violencia contra la mujer, y la salud y la educación. Los dirigentes también pidieron asistencia de los asociados para el desarrollo con el fin de contribuir a cumplir esos objetivos y acordaron que deben notificarse los progresos en las posiciones económica, política y social de las mujeres en cada reunión del Foro de los Dirigentes.

La República de las Islas Marshall es parte en la Plataforma de Acción del Pacífico revisada para el adelanto de la mujer y la igualdad de género (2005-2015), una carta regional elaborada y acordada por los representantes de los países y territorios insulares del Pacífico. Dicha carta establece los objetivos y detalla los indicadores sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género. Sirve de referencia regional para la formulación de las políticas nacionales de igualdad de género y la incorporación de la perspectiva de género. Además, incluye recomendaciones sobre la forma de hacer frente a los nuevos problemas, como la pobreza, la globalización, el VIH/SIDA, la migración laboral, la paz y la seguridad, la tradición y la religión, los medios de comunicación y la tecnología de las comunicaciones. La República de las Islas Marshall participa en actividades en apoyo de dicha plataforma, entre otras cosas mediante la asistencia periódica a las Conferencias Trienales de Mujeres del Pacífico y a las Reuniones Ministeriales de Mujeres del Pacífico.

A finales de 2014, la República de las Islas Marshall envió una delegación de alto nivel a la Conferencia de Asia y el Pacífico sobre la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer: examen Beijing +20, con vistas a la preparación para el examen mundial en el 59° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 2015. La República de las Islas Marshall participó activamente en los períodos de sesiones y en la elaboración de la Declaración Ministerial de Asia y el Pacífico sobre la Promoción de la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer, que fue aprobada por consenso. En la preparación de esta conferencia, la República de las Islas Marshall también compiló y presentó un informe nacional, en el que se señalaron los principales éxitos a lo largo de los 20 años transcurridos desde la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como los desafíos a los que se sigue enfrentando el país. La República de las Islas Marshall también estuvo representada en el 60º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en marzo de 2016 en Nueva York.

Parte II. Comentario sobre los artículos de la Convención

Artículo 1: Definición de discriminación

La Carta de Derechos de la Constitución enumera los derechos y libertades civiles. El artículo II, sección 12, afirma que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley. Asimismo, establece que ninguna ley ni acción ejecutiva o judicial, ya sea expresamente o en su aplicación práctica, discriminará a ninguna persona por razón de género, raza, color, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, lugar de nacimiento, y situación familiar o ascendencia.

Las costumbres tradicionales de las Islas Marshall o manit complementan la Constitución, tal y como se pone de manifiesto en el artículo X de la Constitución sobre los Derechos Tradicionales, cuando se afirma que nada de lo dispuesto en el artículo II se interpretará en ningún sentido que invalide el derecho consuetudinario o cualquier práctica tradicional en relación con la tenencia de la tierra o cualquier cuestión conexa en cualquier parte de la República de las Islas Marshall, incluidos, en su caso, los derechos y obligaciones de los Iroijlaplap, Iroijedrik, Alap y Dri Jerbal. Además, la sociedad de las Islas Marshall es matrilineal: las mujeres son las propietarias de los recursos de tierras y tradicionalmente han sido respetadas como encargadas de la adopción de decisiones.

Además, la Ley de la Convención Constitucional de 2015 propone, entre otras cosas, modificar el artículo II, sección 12 2) de la Constitución para prohibir la discriminación sexual como motivo de discriminación.

Sensibilización

La mayor parte de la sensibilización acerca de la Convención la ha llevado a cabo la comunidad de organizaciones no gubernamentales (ONG), en particular Mujeres Unidas de las Islas Marshall (WUTMI). El Gobierno también continúa con sus programas de sensibilización a través de los medios de comunicación locales, incluida la emisora de radio nacional V7AB, el Marshall Islands Journal (de propiedad privada) y los medios sociales. El Sistema de Enseñanza Pública y el Ministerio de Salud tienen programas de información periódica en la emisora de radio nacional, que a menudo se refieren a cuestiones de derechos humanos, como el saneamiento, la capacidad para la crianza de los hijos y la toxicomanía en la juventud.

Desde 2012, el Gobierno ha ampliado su capacidad para llegar a las comunidades de las islas periféricas con mensajes importantes a través del proyecto Wa Kuk Wa Jimor (WKWJ), que realiza visitas anuales a tres islas periféricas mediante la fase piloto del proyecto del equipo móvil. El equipo de WKWJ proporciona información y lleva a cabo actividades de desarrollo de la capacidad sobre cuestiones como la salud reproductiva y la planificación familiar, la seguridad alimentaria e hídrica, la eliminación de desechos sólidos y la organización de sesiones de sensibilización sobre la violencia por razón de género, los derechos humanos, los derechos del niño y otras cuestiones relacionadas con la juventud.

En el pasado, el Gobierno había llevado a cabo sus actividades de sensibilización mediante la creación del Comité para el Desarrollo de Recursos, un órgano dirigido por el Gabinete y encargado de supervisar la presentación de informes acerca de los tratados de derechos humanos y su aplicación. El Comité estaba formado por representantes de una serie de organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Los representantes del Comité para el Desarrollo de Recursos asistieron a un taller organizado por la República de las Islas Marshall y dirigido por el ACNUDH y el UNICEF en agosto de 2009, acerca de los procesos de presentación de informes relativos a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité para el Desarrollo de Recursos también asistió a talleres sobre la CEDAW y el examen periódico universal organizados y llevados a cabo por la República de las Islas Marshall con la asistencia técnica del ACNUDH, ONU-Mujeres, el Equipo Regional de Recursos sobre Derechos Humanos y la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico en 2014. El Comité para el Desarrollo de Recursos ha sido sustituido por el Comité de Derechos Humanos (CDH).

En enero de 2016, el Ministerio del Interior coordinó un taller sobre la aplicación de la CEDAW y los procesos de presentación de informes al que asistieron representantes del CDH, ministerios, organismos y organizaciones no gubernamentales. Asimismo, en colaboración con la Oficina del Auditor General, WUTMI, el Sistema de Enseñanza Pública y los miembros de la comunidad de ONG organizaron y gestionaron concursos de arte y redacción centrados en la eliminación de la violencia y la corrupción en la República de las Islas Marshall. Estos concursos han tenido mucho éxito a la hora de lograr la participación de los profesores y los estudiantes de todas las edades en cuestiones de derechos humanos y también han contribuido a crear valiosas herramientas de sensibilización.

El reciente aumento del número de mujeres que se defienden en los tribunales muestra indicios de un aumento de la concienciación entre las mujeres sobre la violencia doméstica y sus derechos de acceso a los servicios jurídicos, especialmente en Majuro y Ebeye. La mejora del acceso a la protección jurídica también explica el aumento del número de mujeres que buscan protección. La Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica de 2011 permite a los tribunales racionalizar el proceso relativo a las órdenes de alejamiento para que una víctima de malos tratos pueda solicitar protección sin necesidad de contratar a un abogado, simplemente rellenando un formulario de solicitud ante el Tribunal Superior. La solicitud de orden de protección puede presentarse verbalmente, por teléfono, por radio, por escrito, por fax, télex o correo electrónico, o de cualquier otro modo según lo exija el tribunal. Según los expedientes judiciales del tribunal, en 2013 no se presentó ningún caso en virtud de la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica. En 2014 se presentaron 9 casos civiles en virtud de dicha Ley y en 4 de ellos se emitieron órdenes de protección permanente. En 2015 se presentaron 10 casos civiles y en 8 de ellos se emitieron órdenes de protección permanente posteriormente. Durante los tres primeros meses de 2016, ya se habían presentado 5 casos civiles ante el Tribunal Superior; si se mantiene este ritmo, se superarían los 10 casos del año anterior. A fecha de enero de 2016, aún no se había presentado ningún caso penal en virtud de la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica. Aunque no se dispone de estadísticas o informes detallados para determinar las razones de esta tendencia, uno de los posibles motivos de esta falta de acciones penales en virtud de la citada ley o del Código Penal puede radicar, en parte, en que a menudo las víctimas se retractan y se niegan a comparecer en tribunales, lo que dificulta el cumplimiento de la política de tolerancia cero, especialmente en los casos en los que las pruebas no son suficientes. Además, en virtud de la ley mencionada, el resultado final son las órdenes de protección y las sanciones por violencia doméstica, mientras que en el Código Penal se prevén sanciones penales. Es necesario estudiar más detalladamente la versión actual de la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica y la manera de avanzar.

Se han llevado a cabo programas limitados de sensibilización y divulgación dirigidos a las mujeres de las islas periféricas sobre la violencia doméstica y su derecho a acceder a la protección y los servicios jurídicos. Debido a la falta de financiación y recursos, el programa de WKWJ solo alcanza tres islas periféricas. Además, la señal de la emisora de radio nacional no llega a las islas periféricas y el periódico local solo está disponible en Majuro y Ebeye. Asimismo, en las islas periféricas no existen registros relativos al grado de concienciación de las mujeres que viven en ellas acerca de la violencia doméstica y de su derecho a acceder a los servicios jurídicos. La emisora de radio nacional lleva tres años sin poder llegar a las islas periféricas, pero esto se está solucionando. Aunque no se dispone de datos sobre la violencia doméstica en las islas periféricas, sabemos que existe porque se realizan y se han realizado llamadas de emergencia a Majuro.

Futura aplicación

Aunque la sensibilización parece haber aumentado en cierta medida, el número de causas incoadas en virtud de la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica ni siquiera se acerca al número de mujeres víctimas de violencia doméstica, tal y como indica el informe más reciente del Estudio sobre la Salud y Seguridad Familiares. Para aumentar la sensibilización, el Gobierno está colaborando con la asociación Mujeres Unidas de las Islas Marshall para llevar a cabo el proyecto AENOMMAN, mediante la subvención concedida al Ministerio del Interior por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en la República de las Islas Marshall. El proyecto incluye cursos de capacitación y programas de sensibilización pública en las distintas escuelas, iglesias, durante eventos y en las comunidades locales de los centros urbanos y las islas periféricas.

Artículo 2: Obligación de eliminar la discriminación

Principio de igualdad

El Gobierno de la República de las Islas Marshall se ha comprometido a crear un entorno propicio para que todas las mujeres y todos los hombres desarrollen sus capacidades y hagan realidad sus aspiraciones. El compromiso de empoderar a cada ciudadano con responsabilidad y oportunidad en beneficio del desarrollo sostenible, equitativo y mensurable que refleje las prioridades y la cultura de la población de las Islas Marshall se ha asumido mediante el Plan Estratégico Nacional (2015-2017) de la República de las Islas Marshall. Para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, el bienestar y la paz, es necesario crear condiciones adecuadas para garantizar que las mujeres y los hombres tengan igualdad de derechos, oportunidades y acceso a los servicios con el fin de realizar su pleno potencial en todas las esferas de la vida. La República de las Islas Marshall se ha comprometido a lograr la igualdad de género mediante las convenciones y los instrumentos tanto regionales como internacionales, entre los que se incluyen la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el Plan del Pacífico, la Plataforma de Acción de Beijing, la Plataforma de Acción del Pacífico revisada para el adelanto de la mujer y la igualdad de género, y la Declaración sobre la Igualdad de Género elaborada en el Foro de los Dirigentes en 2012.

Tradicionalmente, la República de las Islas Marshall es una sociedad matrilineal, donde las mujeres son las responsables de la toma de decisiones y las propietarias de los recursos de tierras, y donde se reconoce su importante contribución al desarrollo pacífico y el bienestar de las familias, la comunidad y la sociedad en su conjunto. Las leyes vigentes y la fortaleza de las creencias tradicionales siguen intactas, pero no han eliminado la tendencia a estereotipar los papeles asignados a cada género. Los estereotipos que siguen afectando a la comprensión de dichos papeles incluyen la creencia de que el lugar de la mujer está en el hogar, mientras que el hombre debe ocupar el espacio público y ser el sostén de la familia. Además, actualmente los puestos de dirección y toma de decisiones se consideran funciones masculinas.

Hoy en día, en un mundo en evolución, donde se educa a las mujeres igual que a los hombres, donde las familias necesitan más recursos para satisfacer sus necesidades y las mujeres contribuyen cada vez más a los ingresos de sus familias, y donde cada vez existen más amenazas ambientales, la contribución de las mujeres al desarrollo del país no puede verse limitada. Los valores fundamentales de la cultura incluyen cuidar los unos de los otros, el respeto y la asociación. Estos valores son necesarios para corregir el desequilibrio que actualmente existe entre mujeres y hombres, y para eliminar la discriminación. Aplicarlos ayudará a garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y los hombres, y a que todos tengan las mismas oportunidades y compartan los beneficios del desarrollo.

Futura aplicación

La República de las Islas Marshall debe examinar de forma exhaustiva las siguientes cuestiones: a) la salud sexual y reproductiva está bien establecida, pero la dificultad para acceder a los productos y servicios sigue siendo un problema, especialmente para las mujeres de las islas periféricas; b) la tasa de embarazos en la adolescencia (20,6% del total de nacidos vivos) es mayor que en la mayoría de los demás países insulares del Pacífico (Informe Anual del Ministerio de Salud, 2013); c) en promedio, 1 de cada 2 mujeres ha sufrido violencia física en algún momento de su vida (Estudio sobre la Salud y Seguridad Familiares, 2014); el empoderamiento económico de la mujer sigue siendo un desafío fundamental, dado que las mujeres siguen enfrentándose a la escasez de oportunidades laborales y siguen estando infrarrepresentadas en los puestos de dirección, a lo que se añade que la mujer en el lugar de trabajo se enfrenta a leyes y mecanismos de protección débiles, en particular en el sector privado (Examen Nacional de la Plataforma de Acción de Beijing, 2014); d) el índice de hombres en la fuerza de trabajo era del 54% en 2011, en comparación con el 30% para las mujeres, al tiempo que hay un número cada vez mayor de mujeres en la función pública, aunque los hombres dominan los puestos más altos (Informe de la Comisión de Administración Pública, 2014); e) la representación de la mujer en la Nitijela y otros puestos de alto nivel de gestión y adopción de decisiones es reducida. En el cuadro que figura a continuación se indica el número de mujeres y hombres en los puestos directivos en la República de las Islas Marshall:

1	Número de candidatos que se presentaron a los escaños del Consejo	822
	Porcentaje de mujeres que se presentaron a las elecciones al Consejo	15%
	Porcentaje de hombres que se presentaron a las elecciones al Consejo	85%
	Número de mujeres que se presentaron a los escaños del Consejo	125
	Número de hombres que se presentaron a los escaños del Consejo	697
	Número de escaños	314
	Número de mujeres que ganaron las elecciones	56
	Número de hombres que ganaron las elecciones	258
	Porcentaje de mujeres miembros del Consejo	18%
	Porcentaje de hombres	82%
2	Número de candidatos que se presentaron a las elecciones a alcalde	72
	Porcentaje de mujeres que se presentaron a las elecciones a alcalde	8%
	Porcentaje de hombres que se presentaron a las elecciones a alcalde	92%
	Número de mujeres que se presentaron a las elecciones a alcalde	6
	Número de hombres que se presentaron a las elecciones a alcalde	66
	Número de alcaldías	24
	Número de mujeres que ganaron las elecciones	3
	Número de hombres que ganaron las elecciones	21
	Porcentaje de alcaldesas	12%
	Porcentaje de alcaldes varones	88%
3	Número de candidatos que se presentaron a las elecciones para puestos de la Nitijela	91
	Porcentaje de mujeres que se presentaron a las elecciones a la Nitijela	5%
	Porcentaje de hombres que se presentaron a las elecciones a la Nitijela	95%
	Número de mujeres que se presentaron a las elecciones a la Nitijela	5
	Número de hombres que se presentaron a las elecciones a la Nitijela	86
	Número de puestos	33
	Número de mujeres que ganaron las elecciones	3
	Número de hombres que ganaron las elecciones	30
	Porcentaje de mujeres que ganaron las elecciones	9%
	Porcentaje de hombres que ganaron las elecciones	91%

(Fuente: Oficina Electoral del Ministerio del Interior, 2016)

Medidas jurídicas para eliminar la discriminación

El principio de no discriminación por razón del sexo está consagrado en la Constitución y en otras leyes. El contexto legislativo de la igualdad y la no discriminación se establece en la legislación siguiente:

•Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica de 2011: se trata de una ley de amplio alcance que define la violencia doméstica en general. La sección 904 dispone que una persona comete un acto de violencia doméstica si agrede a un familiar; maltrata psicológicamente o intimida a un familiar; agrede sexualmente a un familiar; abusa económicamente de un familiar; restringe continua e ilícitamente la libertad de circulación de un familiar; acosa a un familiar; ilícitamente se comporta de manera indecente con un familiar; o perjudica ilícitamente o causa daños a los bienes de un familiar. Uno de los elementos importantes introducidos en la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica es la política de tolerancia cero que figura en la parte 5 de la sección 924. La política de tolerancia cero establece que un agente de policía debe investigar inmediatamente y presentar cargos cuando proceda una vez que se reciba una denuncia de violencia doméstica. Además, establece que un fiscal debe proceder a una demanda ante los tribunales siempre que crea que se ha cometido un acto de violencia doméstica y tenga suficientes pruebas para sustanciar la causa. La política de tolerancia cero se incluyó para mitigar la presión cultural a la que se ve sometida la familia, que a menudo impide que las personas, en su mayoría mujeres, denuncien la violencia doméstica, o que sigan adelante si es que llegan a denunciar.

•Código Penal (modificado en 2013): en 2011, el Código Penal fue objeto de una importante transformación basada en el modelo de Código Penal. El nuevo Código Penal conserva las disposiciones relativas a la agresión sexual e incluye nuevas disposiciones que tipifican como delito el acoso y el hostigamiento, excepto en caso de demencia. Asimismo, derogó la Ley de Prohibición de la Prostitución, con el fin de tipificar como delito la prostitución y la trata de personas en el Código Penal. La Ley se modificó para actualizar las leyes de agresión sexual, se amplió la definición de violación para incluir una definición ampliada de la penetración en la agresión sexual y se eliminó la excepción de la violación en relaciones sexuales forzadas con un cónyuge. Además, incluyó distintos grados de agresión sexual. Reconoció el contacto sexual sin penetración sin consentimiento como agresión sexual. Tipificó como delito el contacto sexual con un niño menor de 14 años independientemente del consentimiento. También estableció que no es necesario corroborar el testimonio de la víctima y que tampoco es necesario que esta se resista al autor para que se trate de un delito.

•Ley del Sistema de Enseñanza Pública de las Islas Marshall de 2013: una ley para derogar el capítulo 3, título 14 de la Ley de Educación de 1992 del Código Revisado de las Islas Marshall y, en su lugar, promulgar una ley para establecer un sistema de enseñanza pública autónomo. Incluye como objetivo del sistema de enseñanza pública proporcionar un sistema educativo exhaustivo y eficiente a todos los niños de la República, independientemente de su condición socioeconómica, discapacidad o ubicación geográfica.

•Ley de Protección de los Derechos del Niño de 2015: una ley para consagrar los derechos de los niños y velar por su protección, promoción, cumplimiento y aplicación en la República de las Islas Marshall tal y como exige la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Dicha ley derogó la Ley de Venta de Tabaco de 1966, la Ley sobre el Maltrato y Descuido de los Niños y la Ley del Cine para Adultos de 1994.

•Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2015: una ley que declara la igualdad de derechos y libertades de todas las personas con discapacidad y vela por la protección, promoción y aplicación de tales derechos y libertades, como paso hacia la aplicación de las obligaciones jurídicas de las Islas Marshall, como Estado parte en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, y para adoptar disposiciones conexas.

•Ley de Derechos Humanos de 2015: una ley para establecer un Comité de Derechos Humanos y establecer disposiciones sobre la condición de miembro de este, sus funciones, sus competencias y gestión, con el fin de implantar un mecanismo de denuncia para la reparación de las violaciones de los derechos humanos, y para fines conexos.

La Ley de Inscripción de Nacimientos, Fallecimientos y Matrimonios de 1988 (título 26 del Código Revisado de las Islas Marshall, capítulo 4) afirma que, para contraer un matrimonio válido, será necesario: a) que en el momento de contraer matrimonio el marido tenga más de 18 años de edad y la mujer sea mayor de 16 años de edad; b) que, en los casos en que la edad de la mujer sea superior a 16 años, pero menor de 18 años, uno de sus progenitores o su tutor deberá consentir el matrimonio. Se ha planteado un proyecto de ley al Gabinete del Ministro del Interior que se presentará a la Nitijela (Parlamento) para modificar la edad de las mujeres de 16 a 18 años. El anterior informe nacional de la República de las Islas Marshall afirmaba erróneamente que la ley ya se había enmendado. La República de las Islas Marshall pide disculpas por esta falsa declaración.

Políticas y medidas nacionales

A continuación figura una lista de los actuales planes de acción y políticas gubernamentales que afectan a la vida de las mujeres y abordan los desafíos que estas afrontan, incluida la discriminación.

•Plan Estratégico Nacional (2015-2017): el objetivo del Plan Estratégico Nacional de lograr un desarrollo sostenible, equitativo y mensurable que refleje las prioridades y la cultura de la población de las Islas Marshall se basa en un fundamento de no discriminación. Tal y como se explica en el Plan Estratégico Nacional, el objetivo otorga a cada ciudadano tanto la responsabilidad como la oportunidad. Mediante la aplicación efectiva del Plan Estratégico Nacional, todos los ciudadanos pueden esperar disfrutar de una mejor calidad de vida en todos los ámbitos, incluidos (sin carácter restrictivo) la salud, la educación, la energía, la seguridad alimentaria, el orden público, la igualdad de género, las oportunidades de empleo y la mitigación de desastres. Además, este empoderamiento se ve ampliado más profundamente gracias a la adopción de la cultura como fuerza unificadora para el desarrollo sostenible de las Islas Marshall.

•Política Nacional de Género de 2014: su objetivo es orientar el proceso de elaboración de leyes, políticas, procedimientos y prácticas que abordarán las necesidades, prioridades y aspiraciones de todos los hombres y mujeres y eliminarán eficazmente todas las formas de discriminación y desigualdad. Las acciones estratégicas concretas que se ocupan de la discriminación incluyen la revisión de los planes de estudio y todo el material didáctico con el fin de eliminar los estereotipos de género y todas las formas de discriminación; la puesta en marcha de políticas y prácticas para mejorar la paridad entre los géneros en la representación política; la aplicación de leyes y políticas nacionales de empleo para eliminar las políticas discriminatorias; la mejora de la formación de jueces, fiscales, abogados, policías y trabajadores de la salud en cuanto a la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica y los compromisos en materia de derechos humanos; así como el apoyo a los miembros de la Nitijela y los gobiernos locales para que tengan en cuenta la igualdad de género y los compromisos en materia de derechos humanos en el desempeño de sus funciones.

•Política Nacional de Juventud (2009-2014): esta política se está revisando y actualizando con ayuda del Equipo Regional de Recursos sobre Derechos Humanos de la Secretaría de la Comunidad del Pacífico. El objetivo de la Política de Juventud es promover y lograr la coordinación entre las organizaciones que prestan servicios a la población joven movilizando y consiguiendo la participación de los jóvenes como asociados en el desarrollo y promoviendo la colaboración entre el Gobierno, las ONG, las iglesias y las comunidades. La Nitijela aprobó una enmienda a la Ley de Asesoramiento Juvenil de las Islas Marshall para incluir a las organizaciones relacionadas con la juventud. La Política de Juventud aborda las siguientes esferas de políticas prioritarias: los jóvenes, las familias y las comunidades; la educación y la formación; el desarrollo de las perspectivas de carrera, el empleo y los medios de vida; la salud y los servicios sociales; la cultura y las artes creativas; el deporte y el ocio; y los mecanismos de los jóvenes y los programas de desarrollo de la juventud. Estos ámbitos normativos abordan las esferas clave determinadas por los participantes de la comunidad y las partes interesadas en las consultas: la falta de apoyo familiar y comunitario, el desempleo juvenil, el abandono escolar, los embarazos en la adolescencia, la toxicomanía, la depresión y el suicidio, la delincuencia juvenil y la pérdida de la cultura y la identidad. Todas las actividades en las esferas normativas clave deben ejecutarse en consonancia con los siguientes valores y principios: la participación y la voz de los jóvenes, la asociación, la equidad, la sostenibilidad, la accesibilidad, la diversidad y la transparencia.

•Plan de Acción de la Política Nacional de Desarrollo Integrador de las Personas con Discapacidad (2014-2018): la no discriminación constituye un principio fundamental de la Política Nacional de Desarrollo Integrador de las Personas con Discapacidad de la República de las Islas Marshall. La décima esfera prioritaria de la política se refiere específicamente a las mujeres con discapacidad y a la discriminación agravada a la que probablemente se enfrentan. Algunos de los objetivos son que todas las mujeres con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, que se aborde de forma eficaz la violencia contra las mujeres con discapacidad y que se empodere a los jóvenes con discapacidad para participar plenamente en la sociedad.

•Política y Estrategia Nacionales de Salud Reproductiva (2014-2016): habida cuenta de los compromisos de la República de las Islas Marshall en virtud de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) y los ODM, la República de las Islas Marshall participa activamente en la mejora de los servicios de salud reproductiva, en particular para lograr que el embarazo sea seguro y ofrecer servicios adecuados de planificación familiar. La política contempla servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) de calidad para toda la población de la República de las Islas Marshall. Las esferas temáticas de la política son la salud materna y neonatal, la prestación de servicios de planificación familiar, la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, el control de las ITS y el VIH y la integración con otros programas de SSR, otras formas de morbilidad ginecológica, el cáncer de cuello uterino y de mama, el género y la salud reproductiva, la seguridad del abastecimiento de productos básicos de salud reproductiva y la participación de los hombres en la salud reproductiva.

•Estrategia Trienal de la República de las Islas Marshall para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia (2014-2016): en 2014, la República de las Islas Marshall elaboró la Estrategia para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia. Esta estrategia se basa en catalogar los embarazos en la adolescencia como un problema social importante, dado que existe una tasa de fecundidad en la adolescencia de 85 nacimientos al año por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años, cifra que constituye con gran diferencia la tasa de embarazo en la adolescencia más alta del Pacífico. Las medidas concretas de la estrategia se basan en los datos cualitativos y cuantitativos reunidos. Las cinco esferas estratégicas son las siguientes: el compromiso, la priorización y las políticas, los servicios y entornos orientados a los jóvenes, la educación y la intervención tempranas, y el apoyo. A fin de aplicar esta estrategia, a la organización Youth to Youth in Health (YTYIH) se le ha concedido el Proyecto de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, que comenzó en 2016 y continuará durante los próximos cinco años. Los asociados que colaboran con YTYIH son el Ministerio de Salud, el Sistema de Enseñanza Pública y el Ministerio del Interior.

•Plan de Acción Nacional Conjunto de la República de las Islas Marshall para la Adaptación al Cambio Climático y la Gestión del Riesgo de Desastres (2013-2018): el Plan de Acción ofrece una estrategia detallada para abordar los riesgos de forma holística y cooperativa en la República de las Islas Marshall. Los objetivos del Plan de Acción son los siguientes: el establecimiento y el fomento de un entorno propicio para mejorar la coordinación de la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en la República de las Islas Marshall; la educación y sensibilización de la opinión pública acerca de la eficacia de la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres desde el nivel local hasta el nivel nacional; la mejora de la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia a todos los niveles dentro de la República de las Islas Marshall; la mejora de la seguridad energética al mismo tiempo que se avanza hacia un futuro con bajas emisiones de carbono para la República de las Islas Marshall; el aumento de la resiliencia y los medios de vida de las comunidades locales para toda la población de la República de las Islas Marshall; y un enfoque integrado de la planificación del desarrollo, que tenga en cuenta el cambio climático y el riesgo de desastres.

•Plan Nacional de Conservación Reimaanlok (2008)

•Guía Práctica Reimaanlok (2012)

•Política Nacional de Seguridad Alimentaria de la República de las Islas Marshall (proyecto de julio de 2013)

•Política de Protección de los Derechos del Niño del Sistema de Enseñanza Pública

El Reglamento de la Administración Pública de la República de las Islas Marshall prohíbe la discriminación contra una persona con VIH/SIDA, tuberculosis u otras enfermedades transmisibles. Se revisarán y adaptarán tanto el Reglamento como las políticas gubernamentales para proporcionar las políticas de protección correspondientes frente a la discriminación por motivos de sexo, género, edad u otra condición, con el fin de reflejar el mandato constitucional contra esas formas de discriminación.

Datos desglosados

No existen disposiciones jurídicas para la recopilación de datos desglosados. Se dispone de ciertos datos desglosados para la educación, la sanidad y, en cierta medida, la Comisión de Administración Pública. El Gobierno era consciente de la necesidad de contar con datos precisos para fundamentar adecuadamente las políticas y actividades. La recopilación de datos debe mejorarse y ampliarse a otros sectores. El Gobierno se esfuerza por que todos los planes y políticas gubernamentales se conserven en un único lugar y se actualicen periódicamente, con el fin de disponer de la información más actualizada, así como de datos desglosados.

La Oficina de Planificación, Políticas y Estadísticas Económicas actúa como guardiana de la República de las Islas Marshall para actualizar los avances del Plan Estratégico Nacional y renovar los enlaces al resto de la información pertinente. En virtud del Plan Estratégico Nacional, los ministerios y organismos deben proporcionar las actualizaciones a dicha Oficina para que tanto la plataforma electrónica del Plan Estratégico Nacional como la información gubernamental reflejen los datos “en tiempo real”. Además de proporcionar la plataforma necesaria para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación en tiempo real, la plataforma electrónica también ofrece por primera vez una “ventanilla única” para que todas las partes interesadas internacionales y de la República de las Islas Marshall puedan encontrar información en tiempo real sobre la planificación, los presupuestos, la legislación y los compromisos internacionales del Gobierno.

La plataforma electrónica incluiría enlaces a planes estratégicos de los ministerios u organismos, documentos de política nacional, acuerdos internacionales y regionales de la República de las Islas Marshall y demás información pertinente, como el censo de 2011 de la República de las Islas Marshall. Esta plataforma también ha de incluir enlaces a un nuevo conjunto de datos, en particular a otros sitios web de la República de las Islas Marshall. Con este conjunto, la plataforma electrónica ofrece al Gobierno, los donantes y otras partes interesadas información en tiempo real no solo acerca de los avances del Plan Estratégico Nacional, sino también de los progresos que se están realizando en otras esferas del Gobierno.

Programación y asociación

El Ministerio del Interior tiene el mandato de centrarse en las cuestiones de género y relativas a la mujer, en particular la lucha contra la discriminación a la que esta se enfrenta. La Oficina de Género y Desarrollo, creada originalmente como la Oficina de Desarrollo de la Mujer, dentro de la División de Desarrollo Comunitario en el Ministerio del Interior, se ocupa de la ejecución de estas actividades. La Oficina de Género y Desarrollo recibe el apoyo y trabaja en estrecha cooperación con las demás oficinas de la División de Desarrollo Comunitario, que incluye la Oficina de Servicios para la Juventud, la Oficina de los Derechos del Niño y la Oficina de Coordinación de la Discapacidad. La Oficina de Género y Desarrollo también trabaja en estrecha cooperación con diversos asociados de distintos organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

Una de las alianzas más firmes y duraderas es la que existe entre la organización Mujeres Unidas de las Islas Marshall y el Ministerio del Interior. Por ejemplo, Mujeres Unidas de las Islas Marshall y el Ministerio del Interior colaboraron para establecer el Grupo de Trabajo Técnico sobre la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica para coordinar la aplicación de dicha Ley en todos los sectores. Además, el Ministerio del Interior como asociado en la ejecución y Mujeres Unidas de las Islas Marshall como subcontratista, administraron el Estudio sobre la Salud y Seguridad Familiares utilizando la metodología de la OMS en 2012. En diciembre de 2013 se incorporó un informe resumido y el Gabinete aprobó un informe final a principios de 2015. Este estudio fue financiado por la Agencia de Australia para el Desarrollo Internacional a través del UNFPA.

La organización Mujeres Unidas de las Islas Marshall ha sido un asociado activo del Gobierno en actividades para hacer frente a la discriminación contra la mujer desde 2002. A partir de ese año, Mujeres Unidas de las Islas Marshall fue subreceptora de las subvenciones del Ministerio de Salud procedentes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades con el fin de llevar a cabo un estudio a pequeña escala sobre la violencia contra la mujer en las Islas Marshall. Este proyecto se tituló Women Against Violence through Education (WAVE). El estudio se llevó a cabo en cuatro atolones: Majuro, Kwajalein (Ebeye), Mili y Ebon. Los resultados de la encuesta pusieron de manifiesto que la violencia contra la mujer es una cuestión importante para las mujeres y las familias, ya que aproximadamente el 80% de las mujeres afirma haber experimentado maltrato físico. Los resultados proporcionaron datos de referencia que han contribuido a la dirección de los futuros proyectos sobre eliminación de la violencia contra la mujer por parte del Gobierno y las ONG. Aunque fue Mujeres Unidas de las Islas Marshall quien llevó a cabo este proyecto, el Ministerio de Salud era el principal destinatario de la subvención. Dicha organización suele trabajar en estrecha colaboración con el Gobierno, de forma que los proyectos gubernamentales aprovechan la experiencia y los conocimientos especializados de Mujeres Unidas de las Islas Marshall.

En 2006, Mujeres Unidas de las Islas Marshall recibió una subvención de la Agencia de Australia para el Desarrollo Internacional para sensibilizar acerca de los derechos humanos y la eliminación de la violencia contra la mujer. Este proyecto se denominaba Protecting Our Women – Enhancing Human Rights (POWEHR). En dicho proyecto, Mujeres Unidas de las Islas Marshall comenzó a realizar actividades de sensibilización sobre la violencia contra la mujer. Además, coordinó un examen de la legislación pertinente para determinar en qué grado se protegía adecuadamente a las mujeres y qué lagunas existían. Como resultado de este proyecto, se presentaron a la Nitijela enmiendas al Código Penal. Estas enmiendas se retiraron posteriormente una vez que se comprobó que no eran suficientes en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que la República de las Islas Marshall había ratificado recientemente. Este primer intento de hacer frente a la violencia doméstica en el Código Revisado de las Islas Marshall sentó las bases para la introducción y promulgación final de la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica.

En 2010, Mujeres Unidas de las Islas Marshall comenzó a trabajar en el proyecto Initiative for a Better Response to Address Violence Everywhere (iBRAVE), financiado por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas en Apoyo de las Medidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer, en estrecha colaboración con la División de Desarrollo Comunitario del Ministerio del Interior. Este proyecto constó de dos vertientes: la sensibilización pública y la reforma de la legislación y las políticas. La vertiente de la sensibilización pública permitió a Mujeres Unidas de las Islas Marshall ampliar la conciencia pública a cinco atolones periféricos (Kwajalein, Mili, Jaluit, Alilinglaplap y Wotje) y presentar una campaña coordinada utilizando el lema Baamle Mokta (La familia es lo primero). En cuanto a la legislación y la política, dicha organización apoyó la redacción de la legislación que prohíbe la violencia doméstica y la realización de consultas al respecto en colaboración con la División de Desarrollo Comunitario del Ministerio del Interior. Después de importantes actividades de cabildeo, la Nitijela aprobó la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica, cuya promulgación tuvo lugar en el otoño de 2011. A través del proyecto iBRAVE, Mujeres Unidas de las Islas Marshall también contribuyó a facilitar la aplicación de dicha Ley mediante la elaboración de protocolos de respuesta inicial para la policía y los servicios de atención médica. El protocolo policial se puso en marcha en diciembre de 2013.

El Departamento de Policía de las Islas Marshall ha creado una Unidad de Violencia Doméstica. Con el apoyo del Gobierno, la Universidad de las Islas Marshall y Mujeres Unidas de las Islas Marshall, el Departamento de Policía de las Islas Marshall elaboró protocolos de respuesta inicial para responder a las denuncias de violencia doméstica. Los representantes del Departamento de Policía de las Islas Marshall han asistido a cursos de capacitación regionales y subregionales sobre la violencia doméstica y la vigilancia policial. También han asistido a talleres comunitarios con Mujeres Unidas de las Islas Marshall para debatir el papel del Departamento de Policía de las Islas Marshall en la lucha frente a la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Además, están recibiendo apoyo y orientación constantes de la Policía Federal de Australia y el Programa de Prevención de la Violencia Doméstica en el Pacífico, así como del Departamento de Policía de Guam. En abril de 2016 el Departamento de Policía de las Islas Marshall regresó tras recibir formación en el Centro de Crisis de la Mujer de Fiji sobre la violencia contra la mujer y los derechos humanos en Pohnpei (Estados Federados de Micronesia). La formación se centró en mejorar su concienciación acerca de la cuestión y en ayudar a los funcionarios y las fuerzas de la policía a responder mejor a la violencia contra la mujer, con el fin de ayudar a las supervivientes con remisiones apropiadas y comprender mejor las leyes pertinentes.

Se creó el Grupo Nacional de Lucha contra la Trata de Personas con el fin de proporcionar un foro para el debate y las consultas sobre cuestiones relativas a la trata de personas y los efectos que esta actividad tiene en la población de la República de las Islas Marshall y sus asociados internacionales. Es el órgano asesor debidamente autorizado para formular recomendaciones sobre la cuestión de la trata de personas.

En 2012, los miembros de la comunidad que trabajan en el ámbito del asesoramiento pudieron asistir a un curso de formación en la isla sobre el asesoramiento en casos de violencia doméstica, impartido por el Centro de Crisis de la Mujer de Fiji. Mujeres Unidas de las Islas Marshall prestó apoyo a esta formación mediante el proyecto iBRAVE. A ese curso de formación asistió personal de la citada organización y del Ministerio del Interior, así como miembros de la Asociación del Consejero.

Futura aplicación

Deben revisarse, desarrollarse y adaptarse tanto el Reglamento de la Administración Pública como las políticas gubernamentales, con el fin de proporcionar una política de protección contra la discriminación, en particular por motivos de sexo, género, edad u otra condición.

Tal y como se señala en el informe de la República de las Islas Marshall para la Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo celebrada en 2014, es necesario brindar asistencia técnica y capacitación a la población local para mejorar los esfuerzos que actualmente está realizando la República de las Islas Marshall en sus actividades de recopilación de datos, con el fin de mejorar la forma en que recaba, analiza y comunica sus estadísticas y datos. Aunque en el pasado se han llevado a cabo actividades de desarrollo de la capacidad con asociados para el desarrollo como el UNFPA, el Banco Asiático de Desarrollo y la Secretaría de la Comunidad del Pacífico, todavía hay margen para mejorar.

La Oficina de Planificación, Políticas y Estadísticas Económicas ha empezado a trabajar en indicadores y tendencias de género específicos con el Ministerio de Salud, y esto podría extenderse al Ministerio de Recursos y Desarrollo y otros sectores. La labor en materia de estadísticas de género supondrá un proceso de recopilación de los principales indicadores de género en un marco exhaustivo, elaborando informes estadísticos fáciles de usar sobre la situación de la mujer, realizando análisis de políticas basados en los indicadores prioritarios con los organismos gubernamentales competentes, y desarrollando conjuntamente respuestas normativas.

Además, la República de las Islas Marshall y la CESPAP colaboran para aplicar el objetivo 8 de la Estrategia de Incheon. Este objetivo otorga especial prioridad a la recopilación de datos, instando a mejorar la fiabilidad y la comparabilidad de los datos sobre discapacidad entre los distintos países de la región de Asia y el Pacífico. La República de las Islas Marshall comenzará a recopilar datos utilizando las preguntas del Grupo de Washington. El conjunto de preguntas del Grupo de Washington se utiliza en los censos nacionales para reunir información sobre las limitaciones funcionales básicas entre las poblaciones nacionales. El objetivo es identificar a las personas con tipos y niveles similares de limitaciones funcionales básicas, independientemente de la nacionalidad o la cultura.

Las asociaciones constituyen un método efectivo para hacer frente a la violencia contra las mujeres y las niñas y para superar la falta de capacidad que a menudo afecta a la República de las Islas Marshall. La República de las Islas Marshall seguirá nutriendo y ampliando sus asociaciones entre los ministerios u organismos gubernamentales pertinentes y las organizaciones no gubernamentales, así como con las comunidades internacionales y regionales. Es necesario establecer asociaciones y mecanismos de coordinación sólidos entre todos los ministerios, tanto los competentes como los sectoriales, los mecanismos de gobernanza de las islas periféricas y las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 3: Adelanto de la mujer

Compromiso del Gobierno

El adelanto de la mujer es una cuestión intersectorial de la labor del Gobierno a la hora de aplicar la Convención y es pertinente en todos los ámbitos. La Política Nacional de Género, los informes de Beijing y la labor llevada a cabo por las ONG y el Ministerio del Interior sientan las bases para el adelanto de la mujer.

La República de las Islas Marshall firmó la Declaración sobre la Igualdad de Género en la 43ª reunión de los Dirigentes del Foro de las Islas del Pacífico celebrada en las Islas Cook. Este compromiso es un anexo del Comunicado del Foro y emanó de una nueva determinación y un renovado compromiso con los esfuerzos para mejorar la situación de las mujeres en el Pacífico y empoderarlas para que participen activamente en la vida económica, política y social. La Declaración incluye compromisos renovados para abordar la igualdad de género en las esferas de los programas y políticas gubernamentales que tienen en cuenta el género, la adopción de decisiones, el empoderamiento económico, la eliminación de la violencia contra la mujer, y la salud y la educación. Los dirigentes también pidieron asistencia de los asociados para el desarrollo con el fin de contribuir a cumplir esos objetivos y acordaron que deben notificarse los progresos en las posiciones económica, política y social de las mujeres en cada reunión de los Dirigentes del Foro de las Islas del Pacífico.

La República de las Islas Marshall participó activamente en los períodos de sesiones y en la elaboración de la Declaración Ministerial de Asia y el Pacífico sobre la Promoción de la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer, que fue aprobada por consenso. En la preparación de esta Conferencia, la República de las Islas Marshall compiló y presentó un informe nacional, en el que se señalaron los principales éxitos a lo largo de los 20 años transcurridos desde la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como los desafíos a los que se sigue enfrentando la República de las Islas Marshall. A finales de 2014, la República de las Islas Marshall envió una delegación de alto nivel a la Conferencia de Asia y el Pacífico sobre la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer: examen Beijing +20, con vistas a la preparación para el examen mundial que tuvo lugar en el 59° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 2015. Recientemente, en marzo de 2016, la República de las Islas Marshall también envió una delegación a participar en el 60° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York.

Como parte en la Plataforma de Acción del Pacífico revisada para el adelanto de la mujer y la igualdad de género (2005-2015), la República de las Islas Marshall suscribió esta carta regional elaborada y acordada por los representantes de los países y territorios insulares del Pacífico. Dicha carta establece los objetivos y detalla los indicadores sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género. Sirve de referencia regional para la formulación de las políticas nacionales de igualdad de género y la incorporación de la perspectiva de género. Además, incluye recomendaciones sobre la forma de hacer frente a los nuevos problemas, como la pobreza, la globalización, el VIH/SIDA, la migración laboral, la paz y la seguridad, la tradición y la religión, los medios de comunicación y la tecnología de las comunicaciones. La República de las Islas Marshall participa en actividades en apoyo de dicha plataforma, entre otras cosas mediante la asistencia periódica a las Conferencias Trienales de Mujeres del Pacífico y a las Reuniones Ministeriales de Mujeres del Pacífico.

La legislación nacional que aborda el adelanto de la mujer incluye la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica, el Código Penal revisado, la Ley de Derechos Humanos, la Ley del Sistema de Enseñanza Pública de las Islas Marshall y la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad. Al hacer frente a la violencia doméstica y sus efectos sociales, emocionales y sanitarios en una legislación independiente, el Gobierno de la República de las Islas Marshall reconoció la importancia de poner fin a la violencia contra la mujer, con el fin de garantizar que las mujeres gocen de todas las oportunidades posibles para aprovechar al máximo su potencial y que dispongan de las mismas oportunidades de acceso, haciendo hincapié en la prevención y la adopción de una interpretación amplia de la definición de la violencia doméstica, así como de sus efectos. El Código Penal reforzó las disposiciones que brindan protección frente a la explotación de la mujer, incluida la creación de disposiciones independientes que prohíben la prostitución y la trata de personas en el Código Penal. El Gobierno de la República de las Islas Marshall reconoció el papel que puede desempeñar un Código Penal sólido y objetivo en la protección de los residentes de la República de las Islas Marshall, incluidas las mujeres, que les permitiría alcanzar su pleno potencial. La Ley del Sistema de Enseñanza Pública de las Islas Marshall aborda cuestiones que suponen un riesgo para el acceso a la educación y la calidad de esta en el marco de la nueva ley. El Gobierno de la República de las Islas Marshall reconoció el papel que puede desempeñar un sistema educativo sólido en el adelanto de la mujer y el desarrollo del país en su conjunto. La Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad declara la igualdad de derechos y libertades de todas las personas con discapacidad y vela por la protección, promoción y aplicación de esos derechos y libertades.

Existen indicios de que se han producido avances en el adelanto de la mujer en la República de las Islas Marshall, tal y como se desprende de los resultados de las últimas elecciones generales celebradas en 2016, en las que por primera vez una mujer fue elegida Jefa de Estado, la Excma. Sra. Presidenta Hilda C. Heine. El progreso también se pone de manifiesto en el aumento del número de mujeres presentes en la Nitijela de la República de las Islas Marshall, de una cuando se instituyó el Gobierno Constitucional de la República de las Islas Marshall, a las tres actuales.

Mecanismo nacional para la mujer

El objetivo original declarado de la Oficina de Género y Desarrollo era aumentar el papel de la mujer en el desarrollo de la nación, empoderar a las mujeres en todos los aspectos de la vida y continuar apoyando sus aspiraciones. Las metas de este objetivo incluyen el aumento de la participación de la mujer en toda la República de las Islas Marshall, el empoderamiento de la mujer, el fortalecimiento de la función de la Oficina, y el desarrollo de la capacidad dentro de la Oficina. La Oficina de Género y Desarrollo también es responsable de supervisar la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Política de Género y otras actividades relacionadas con las mujeres y las niñas, así como de prestar apoyo administrativo y de coordinación.

El Comité de Derechos Humanos es responsable de aplicar la Convención y presentar informes en relación con ella. El Comité sustituyó al Comité para el Desarrollo de Recursos mediante la promulgación de la Ley de Derechos Humanos de 2015. Aún no se han nombrado coordinadores de cuestiones de género en todos los ministerios u organismos gubernamentales para apoyar todo proyecto previsto de incorporación de la perspectiva de género. Hay un Centro de Capacitación de la Mujer en el Ministerio del Interior, que se centra en impartir formación a mujeres jóvenes en el ámbito de la formación profesional.

Mujeres Unidas de las Islas Marshall, la organización coordinadora de las ONG de mujeres, colabora estrechamente con el Ministerio del Interior en las labores relacionadas con cuestiones de género y la organización es muy sólida en su divulgación comunitaria y en la labor de desarrollo de la capacidad de la comunidad. Esta organización tiene filiales en todos los atolones e islas periféricas, así como vínculos que son fundamentales para la plena participación de la mujer en los procesos de desarrollo. La labor que ha venido realizando Mujeres Unidas de las Islas Marshall incluye capacitación para mejorar la capacidad para la crianza de los hijos, los programas de liderazgo y relativos a cuestiones de género, los proyectos de gestión de recursos, los programas en los que participan los padres como profesores, y una labor considerable en el ámbito la violencia contra la mujer. También ha realizado grandes esfuerzos para elaborar legislación que cumpla la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

El Gobierno desea recibir asistencia técnica de los asociados, como ONU-Mujeres y la Secretaría de la Comunidad del Pacífico con el fin de proporcionar capacitación técnica y desarrollo de la capacidad al personal para llevar a cabo un análisis de las cuestiones de género y los derechos humanos de la mujer y de incorporar dicha perspectiva de género. Los conocimientos pertinentes para la incorporación de la perspectiva de género se consideraron muy escasos. El personal del Ministerio del Interior asistió a varias sesiones de capacitación sobre sensibilización acerca de las cuestiones de género y sobre el género en el desarrollo, incluida la reciente formación sobre los mecanismos y procesos de presentación de informes en el marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Actualmente se fomenta la labor sobre la CEDAW mediante la colaboración con los ministerios u organismos gubernamentales, las partes interesadas y los asociados para el desarrollo. En la planificación estratégica para la incorporación de la perspectiva de género también está participando una amplia gama de ministerios y organismos, incluida la sociedad civil, como por ejemplo la organización Mujeres Unidas de las Islas Marshall, la Micronesian Legal Services Corporation (MLSC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La Oficina de Género y Desarrollo está trabajando en un amplio plan de aplicación de la política de incorporación de la perspectiva de género, con la asistencia técnica de la Secretaría de la Comunidad del Pacífico, que incluirá los programas dedicados a la sensibilidad a las cuestiones de género y a la comprensión de estas. Las cuestiones de género se incorporan a otras actividades de capacitación, entre las que se incluyen el taller inicial realizado por la Secretaría de la Comunidad del Pacífico al inicio de la elaboración de la Política de Género, el taller de género y energía, y una actividad de formación en materia de asesoramiento sobre violencia doméstica llevada a cabo por el Comité Mundial de la Consulta de los Amigos y financiada por el proyecto iBRAVE de Mujeres Unidas de las Islas Marshall.

No existe ninguna institución nacional de derechos humanos ni ombudsman. En virtud de la Ley de la Convención Constitucional de 2015, la propuesta núm. SC 17 tiene por objeto modificar la Constitución para permitir una oficina o un órgano separado e independiente que establezca, realice o suspenda todo procedimiento relativo al fraude, la corrupción, las faltas de conducta de la Oficina y otras conductas indebidas por parte de funcionarios electos o altos funcionarios. La propuesta núm. SC 18 solicita disposiciones adecuadas en la Constitución para prever la creación de una Oficina del Ombudsman. El Gobierno reconoce la valiosa función que podría desempeñar una institución nacional de derechos humanos u ombudsman, y sigue interesado en acceder a la asistencia técnica necesaria para crear dicha institución u ombudsman.

Mujeres y niñas con discapacidad

La Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2015 y la Política de Discapacidad aprobada por la Nitijela garantizan que las personas con discapacidad no sean objeto de discriminación. En septiembre de 2015 se promulgó la Ley de la Convención Constitucional del mismo año, que contiene una propuesta de enmienda para incluir la discriminación sexual y la discapacidad como motivos prohibidos de discriminación. El Gobierno reconoce que, en la práctica, las personas con discapacidad siguen encarando dificultades para acceder a los servicios públicos y afrontando también el desafío de tener unas oportunidades de empleo limitadas. El Gobierno se ha comprometido a abordar estas cuestiones y, por lo tanto, está abierto a recibir asistencia, tanto financiera como técnica, de los asociados en las esferas del examen de políticas y cuestiones jurídicas, así como de los cambios en la infraestructura.

Durante los últimos años, la colaboración del Sistema de Enseñanza Pública con WorldTeach proporciona profesores voluntarios con discapacidad auditiva a los alumnos con discapacidades auditivas similares en Majuro. Además, la Oficina de Coordinación de la Discapacidad presta apoyo a la Organización de las Personas con Discapacidad de las Islas Marshall y coordina actividades de apoyo para los niños con discapacidad.

El censo de 2011 recopiló información sobre si la discapacidad impide la realización de las actividades cotidianas de una persona. Las discapacidades se clasificaron en función de si estaban relacionadas con la vista, el oído, caminar, subir escaleras o utilizar los brazos, así como con recordar o concentrarse. En general, el 11,7% de la población de los hogares de la República de las Islas Marshall afirmaba sufrir algún tipo de discapacidad. El 12,6% de las mujeres notificaron tener una discapacidad, en comparación con el 11,3% de los hombres. Además, el 3,1% de las mujeres comunicaron tener dos discapacidades, frente al 2,8% de los hombres.

Mujeres jóvenes

En 2010 terminó la elaboración de la Política Nacional de Juventud de la República de las Islas Marshall, que fue refrendada por el Gabinete, y posteriormente fue aprobada por la Nitijela en marzo de 2011. Aunque se concibió para abarcar el período comprendido entre 2009 y 2014, la política solo se ha aplicado parcialmente y carece de un plan de aplicación aprobado. El objetivo de la Política de Juventud es promover y lograr la coordinación entre las organizaciones que prestan servicios a la población joven movilizando y consiguiendo la participación de los jóvenes como asociados en el desarrollo y promoviendo la colaboración entre el Gobierno, las ONG, las iglesias y las comunidades.

En abril de 2012, el Gobierno de la República de las Islas Marshall solicitó el apoyo del PNUD para elaborar un plan de aplicación y un marco de cálculo de costos para sentar las bases para la aplicación efectiva de la Política Nacional de Juventud del país. En agosto de 2012 se celebró un taller nacional de partes interesadas para diseñar el plan, que incluía un marco de cálculo de costos para su ejecución. El consiguiente plan de aplicación y el marco de cálculo de costos abarcan el período comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2014. La Política Nacional de Juventud se encuentra en proceso de revisión.

Futura aplicación

Durante la última década las deficiencias en esferas tales como el acceso a la educación superior, el trabajo remunerado o los puestos de trabajo de alto nivel se han reducido, pero siguen existiendo. Los avances se deben al cambio de actitudes y expectativas y a los programas que han mejorado las condiciones de las mujeres. La República de las Islas Marshall, las ONG y los asociados internacionales y regionales han trabajado juntos para lograr esos progresos. A pesar de los avances, también han surgido nuevos problemas que se han sumado a otros problemas constantes y es necesario revisar las políticas actuales habida cuenta de los cambios económicos y otros factores.

Uno de los cinco resultados prioritarios que el país debe lograr como nación a la hora de aplicar la Política Nacional de Género es el fortalecimiento de la capacidad de todo el Gobierno para ofrecer servicios y programas que tengan en cuenta las cuestiones de género. La oferta de servicios y programas con perspectiva de género requiere una buena comprensión de la diversidad de las necesidades que pueden tener las mujeres y los hombres en todas las dimensiones de su vida. Además, se debe tener en cuenta el hecho de que las mujeres se enfrentan a obstáculos adicionales debido a las barreras sociales y culturales que contribuyen a las desventajas que estas pueden encarar: la discriminación inducida, las desigualdades sociales, culturales o económicas, y la imposibilidad de acceder a las mismas oportunidades. Por lo tanto, todos los ministerios y departamentos, incluidas las administraciones locales, deben adoptar un enfoque de incorporación de la perspectiva de género.

Un balance de 2010 de la capacidad del Gobierno de la República de las Islas Marshall para incorporar la perspectiva de género demostró que rara vez se mencionaron las cuestiones de género en los debates de alto nivel; muy pocos sectores estaban utilizando datos desglosados por sexo; el análisis de género no se utilizaba en el proceso de elaboración de políticas y programas; no existían medidas de rendición de cuentas ni de presentación de informes relacionadas con la incorporación de la perspectiva de género en el Gobierno; los recursos asignados a las cuestiones de género eran en gran medida insuficientes; y existía una capacidad técnica muy limitada para realizar análisis de las cuestiones de género y apoyar el enfoque de incorporación de la perspectiva de género.

Con el reciente nombramiento del nuevo Coordinador de Desarrollo de Género y el nuevo Oficial de Desarrollo de la Perspectiva de Género y con la asistencia técnica del recién nombrado Oficial de Coordinación Nacional del Equipo Regional de Recursos sobre Derechos Humanos para la República de las Islas Marshall, la Oficina de Género y Desarrollo ha incluido en su plan de trabajo mejores objetivos y orientaciones en materia de políticas, tanto a nivel nacional como regional, para incorporar la perspectiva de género y los derechos humanos de la mujer en todo el mecanismo gubernamental y, al mismo tiempo, garantizar una mayor consideración de las cuestiones relativas a la igualdad de género por parte de la población.

La Organización de las Personas con Discapacidad de las Islas Marshall se constituyó oficialmente en 2013. Dicha organización recibe apoyo del Foro sobre Discapacidad de Asia y el Pacífico y trabaja en estrecha cooperación con la Oficina de Coordinación de la Discapacidad en el Ministerio del Interior. Su mandato consiste en coordinar las actividades de las personas con discapacidad y defender sus derechos. Uno de los miembros de la junta fundadora de la Organización de las Personas con Discapacidad de las Islas Marshall es una mujer.

Hasta hace poco, la mayoría de las actividades relativas a la discapacidad se centraban en los niños. El programa de educación especial del Sistema de Enseñanza Pública presta servicios a los niños y jóvenes con discapacidad hasta los 21 años de edad. La creación de la Oficina de Coordinación de la Discapacidad y la fundación de la Organización de las Personas con Discapacidad de las Islas Marshall contribuyen a centrar la atención y los recursos en otras poblaciones vulnerables, incluidas las mujeres con discapacidad. Además, la nueva Política Nacional de Desarrollo Integrador de las Personas con Discapacidad de la República de las Islas Marshall incluye una esfera prioritaria que aborda específicamente las necesidades de las mujeres con discapacidad, en particular para hacer frente a la violencia contra las mujeres con discapacidad.

La Oficina de la Juventud del Ministerio del Interior está solicitando asistencia a la Secretaría de la Comunidad del Pacífico para revisar la Política de Juventud, que expiró en 2014.

Artículo 4: Aceleración de la igualdad entre hombres y mujeres

En el contexto general del desarrollo económico de la República de las Islas Marshall, el empoderamiento económico de la mujer sigue siendo un desafío fundamental, dado que las mujeres continúan enfrentándose a la escasez de oportunidades laborales y siguen estando infrarrepresentadas en los puestos de dirección. Aún no se han establecido mecanismos legislativos para proteger el empleo y los derechos laborales de los trabajadores. No existen disposiciones legislativas de lucha contra la discriminación, ni que contemplen la licencia de maternidad o la protección en caso de despido por embarazo; no hay ninguna protección frente al acoso sexual, ni períodos de descanso para que las madres que trabajan en el sector privado y en el Gobierno puedan amamantar a sus hijos en horario de trabajo. Sin embargo, la mayoría de las mujeres participan en actividades generadoras de ingresos en la industria cultural o en la producción y el procesamiento de alimentos. En muchas de las islas periféricas afectadas por la escasez de oportunidades de empleo, los ingresos percibidos por las mujeres son necesarios para la supervivencia de las familias. La fabricación de artesanías constituye una fuente vital de ingresos que ha cobrado impulso tanto para las mujeres de las islas periféricas como para las mujeres de los centros urbanos.

Los últimos datos del Informe Anual de 2014 de la Comisión de Administración Pública demuestran que los hombres siguen dominando los altos cargos; sin embargo, el informe también muestra un aumento de los ingresos salariales de las mujeres en los dos últimos años. El aumento del número de mujeres en puestos de alto nivel se observa en el hecho de que 9 de los 22 puestos de jefe de departamento del Gobierno estén ocupados por mujeres. La educación o la obtención de títulos universitarios superiores ha impulsado el avance de las mujeres en el lugar de trabajo. Los ingresos medios de las mujeres en 2014 eran de 12.909 dólares al año en comparación con los 12.881 dólares al año de los hombres. Del total de 2.212 funcionarios públicos, el 43% son mujeres.

Se han llevado a cabo varios proyectos independientes sobre el empoderamiento económico de la mujer a través de instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales. Entre ellos se incluyen los actuales programas para aprender a tejer jaki-ed (esterillas) dirigidos por la Universidad del Pacífico Sur; Waan Aelõñ in Majõl (WAM), una ONG comunitaria muy exitosa que trabaja con jóvenes ciudadanos de las Islas Marshall y que ofrece un programa de formación profesional y preparación para la vida de seis meses de duración a los jóvenes en situación de riesgo utilizando como medio las tradicionales piraguas con batanga, la construcción de embarcaciones, la carpintería y la ebanistería; el programa tiene capacidad para un máximo de 25 estudiantes; Juren-Ae, que enseña a las personas que han abandonado la escuela y a las madres jóvenes labores de artesanía y costura básicas; y la creación de la red de empresarias por parte de WUTMI. Además, el Gobierno ha apoyado la asistencia de especialistas en artesanía local a exposiciones culturales nacionales, regionales e internacionales, tales como la 12ª edición del Festival de las Artes del Pacífico que se celebró en Guam en mayo de 2016. Más de 100 participantes representaron a la República de las Islas Marshall en la 12ª edición del Festival de las Artes del Pacífico.

Las medidas especiales de carácter temporal forman parte de los debates sobre la Convención Constitucional. La propuesta presentada en el marco de la Convención Constitucional:

•Propuesta núm. SC 9. Enmendar la sección 1, artículo IV, composición del Nitijela, con el fin de reservar 6 escaños de los 33 actuales, y dentro de los electorados de Majuro 2 escaños, de Kwajalein 1 escaño, de Ailinglaplap 1 escaño, de Arno 1 escaño y de Jaluit 1 escaño, para que sean ocupados exclusivamente por mujeres.

•La propuesta que se ha presentado ante la Convención Constitucional pide que se impongan medidas especiales de carácter temporal. El Gobierno también tiene la opción de legislar de forma más permanente para que los escaños reservados en el Nitijela sean ocupados exclusivamente por mujeres, si el Gobierno así lo desea.

Futura aplicación

Con el fin de fomentar y permitir el establecimiento de un entorno propicio para que hombres y mujeres puedan participar en pie de igualdad y beneficiarse del desarrollo económico, la República de las Islas Marshall debe garantizar la igualdad de oportunidades de empleo para las mujeres y los hombres en todas las esferas del empleo y la mejora de las condiciones de trabajo. Ello incluye la creación de un buen equilibrio entre la familia y las responsabilidades relacionadas con el trabajo para mujeres y hombres, la adopción de medidas para proteger los derechos de la mujer y fomentar la integridad en el lugar de trabajo, ampliar las opciones de las mujeres y las niñas en el acceso a la educación y formación técnica y profesional y a la educación superior, y el apoyo a la iniciativa empresarial de la mujer, especialmente mediante la valoración de oportunidades dentro de la industria cultural. Deben establecerse mecanismos legislativos para proteger el empleo y los derechos laborales de los trabajadores, como disposiciones de lucha contra la discriminación, disposiciones relativas a la licencia de maternidad, y medidas de protección en caso de despido por embarazo, protección frente al acoso sexual, y períodos de descanso para las madres que trabajan en los sectores privado y gubernamental para que puedan amamantar a sus hijos en horario de trabajo. Es necesario adoptar medidas en apoyo de la igualdad de acceso de mujeres y hombres a los puestos de adopción de decisiones en los sectores público y privado.

Artículo 5: Funciones y estereotipos característicos de cada sexo

La costumbre tradicional de las Islas Marshall (manit) incluía funciones definidas para los hombres y las mujeres que en muchos casos eran complementarias y valoraban en gran medida las contribuciones de cada sexo. Varios proverbios tradicionales ponen de manifiesto estas relaciones.

•Wa Kuk Wa Jimor: todos juntos construimos una canoa como medio de supervivencia para todos, perteneciente a todos y que nos mantiene a todos unidos

•Ekakwikwi Jinen Emaan: describe el carácter protector de los miembros varones de la familia hacia las mujeres

•Jined ilo Kobo: la figura de la mujer como madre compasiva, madre y promotora del pueblo de las Islas Marshall, responsable de mantener unida a la familia y de satisfacer las necesidades de los miembros de la familia

•Lejmaanjuri: encargada de establecer la paz, en cada familia se espera que la madre y las hermanas mayores se ocupen de mantener la paz o detener las peleas entre los varones de la familia

•Ieb jeltok, kora menunak: las mujeres como proveedoras de apoyo, preparan la comida para la familia y participan en la recolección de la copra, la fabricación de artesanías y la cosecha de alimentos

•Limaro bikbikir kōlo eo: las mujeres son quienes preservan y promueven los medios de vida de la familia y la comunidad, se ocupan de garantizar que la familia y la comunidad no escatimen en esfuerzos ni abandonen los proyectos principales o cruciales, toman las decisiones o fijan los objetivos importantes para la subsistencia de la familia o la comunidad y animan a los hombres en tiempos de guerra para que sean valientes y audaces.

Sin embargo, actualmente el liderazgo y la adopción de decisiones se consideran un papel propio de los hombres, perspectiva que se refleja en todos los aspectos de las funciones políticas, civiles y familiares. Por consiguiente, la participación de las mujeres en el nivel nacional de adopción de decisiones sigue siendo limitada, ya que las mujeres están infrarrepresentadas en los poderes legislativo y ejecutivo del Gobierno. En el plano nacional, el número de mujeres en el Parlamento ha aumentado de solo una cuando se instituyó el Gobierno Constitucional de la República de las Islas Marshall en 1986, a tres en 2016. Por tanto, son 3 de 33 miembros de la Nitijela. Aún quedan caminos por recorrer en cuanto a la igualdad de género en el Parlamento; sin embargo, la República de las Islas Marshall ha dado un salto cualitativo al nombrar la primera Presidenta electa en enero de 2016. Las mujeres tienen derecho a participar en el Consejo de Iroij, pero la costumbre es que ellas designen a sus hermanos o tíos para que representen a su familia. En la actualidad, en el Consejo de Iroij, que consta de 12 escaños y que en gran medida cumple una función consultiva al tratar las costumbres y las prácticas tradicionales, 2 escaños están ocupados por mujeres. Al nivel de la administración local, solo 3 de 24 alcaldes son mujeres.

El aumento de la representación de las mujeres en puestos de liderazgo no es solo una cuestión de demostrar las capacidades de las mujeres a la hora de participar en la adopción de decisiones, sino también de cambiar la mentalidad sobre el derecho de la mujer a participar en los asuntos públicos. Además, la participación inclusiva en la adopción de decisiones es un indicador de buena gobernanza. Cuando las mujeres participan de manera significativa en la adopción de decisiones junto a los hombres, se crea una plataforma más sólida para hacer frente a una gama más amplia de preocupaciones y necesidades. Con el fin de apoyar la participación equitativa de mujeres y hombres en la adopción de decisiones, debemos establecer una educación más cívica, alentar a los dirigentes políticos a apoyar más a las candidatas, desarrollar aún más el liderazgo de las mujeres y sus aptitudes de comunicación, fomentar la capacidad de los medios de comunicación para promover una imagen positiva de las dirigentes, debatir la adopción de medidas especiales de carácter temporal y promover un mayor número de mujeres en los procesos de adopción de decisiones y en puestos directivos de categoría superior, tanto en el sector público como en el privado.

Aún no se han llevado a cabo estudios importantes sobre las funciones tradicionales del hombre y la mujer en la sociedad de la República de las Islas Marshall y la forma en que esas funciones afectan a las vidas de las mujeres. Sin embargo, la Encuesta Demográfica y de Salud se ocupa de cuestiones que afectan a la vida de hombres y mujeres, y abordó las funciones y actitudes tradicionales. El Informe de Referencia sobre Protección Infantil y el Estudio sobre la Salud y Seguridad Familiares ofrecen una comprensión básica de las creencias generalizadas, sobre todo en relación con la violencia contra las mujeres y los niños y las funciones tradicionales de cada sexo, pero hay muchas preguntas sin respuesta que podrían abordarse en un estudio más exhaustivo. Tanto el estudio como el informe previamente mencionados demostraron que la mayoría de los hombres y las mujeres creen que existen razones legítimas por las que un hombre puede golpear a su esposa. Evidentemente es necesario seguir examinando por qué sucede esto, de forma que puedan llevarse a cabo campañas adecuadas para cambiar esa mentalidad y otras creencias similares.

No existen programas gestionados por el Gobierno en materia de educación familiar o capacidad para la crianza de los hijos. En el pasado, el Ministerio del Interior puso en marcha un Programa de Educación sobre la Población y la Vida en Familia. El objetivo oficial del Programa era informar a la comunidad sobre los efectos del crecimiento de la población en la familia, la comunidad y la nación. Algunos de los objetivos concretos eran aumentar la sensibilización acerca de las cuestiones relativas al crecimiento de la población, para actualizar el material del que ya se dispone, y desarrollar la capacidad de los funcionarios del programa. Las actividades incluyeron la realización de visitas a las escuelas, la concienciación de la comunidad, la realización de encuestas comunitarias, la organización de talleres de desarrollo de materiales, la realización de evaluaciones de las necesidades y la organización de cursos de capacitación para instructores. Actualmente no se está ejecutando el Programa de Educación sobre la Población y la Vida en Familia debido a limitaciones presupuestarias.

El Gobierno ofrece apoyo financiero al programa Parents as Teachers (PAT), que se aplica por medio de Mujeres Unidas de las Islas Marshall. El PAT trabaja directamente con los progenitores (sobre todo las madres) de los niños desde antes del parto hasta los 5 años de edad. El plan de estudios se basa en la ciencia del desarrollo infantil temprano y el equipo del PAT lo ha traducido al marshallés y lo ha armonizado con los valores tradicionales de las Islas Marshall. El programa PAT se lleva a cabo solamente en Majuro y sería positivo que recibiera financiación y apoyo adicionales que le permitan funcionar en Ebeye y las islas periféricas.

Futura aplicación

Es necesario un examen adicional de las razones por las que una mayoría de los hombres y las mujeres creen que existen razones legítimas por las que un hombre puede golpear a su esposa o que el sitio de la mujer está en el hogar y el hombre debe ser el único sostén de la familia, con el fin de poder llevar a cabo campañas adecuadas para cambiar esa mentalidad y otras creencias similares.

Deben establecerse programas gestionados por el Gobierno sobre la educación familiar o la capacidad para la crianza de los hijos de forma similar al Programa de Educación sobre la Población y la Vida en Familia que solía gestionar el Ministerio del Interior. El Programa ha dejado de ejecutarse debido a limitaciones presupuestarias, pero con el proyecto AENOMMAN y con la ayuda de los asociados podrían retomarse las actividades de ese programa. Las mismas actividades figuran en el plan de trabajo del proyecto AENOMMAN y actualmente las está llevando a cabo el Ministerio del Interior en colaboración con Mujeres Unidas de las Islas Marshall.

Incluir la educación cívica, la igualdad de género y los derechos humanos en los planes de estudios escolares. Aumentar el apoyo de los partidos políticos a las candidatas. Establecer políticas y prácticas para mejorar la paridad entre los géneros en la representación política. Aumentar los conocimientos y la capacidad de los funcionarios públicos y la comunidad para tener en cuenta la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones. Fortalecer el liderazgo, la comunicación y las aptitudes de promoción de las candidatas.

Artículo 6: Explotación de la mujer, trata y prostitución

El Código Penal derogó la Ley de Prohibición de la Prostitución y tipifica como delito la prostitución y la trata de personas. El ejercicio de la prostitución es un delito grave de tercer grado. Patrocinar la prostitución también constituye un delito grave de tercer grado. Además, la ley tipifica como ilegales los locales donde se ejerce la prostitución, ya que generan molestias públicas.

La Ley de Protección de los Derechos del Niño de 2015 prohíbe la trata de personas. Se trata de un delito grave de tercer grado. La trata de niños es un delito grave de segundo grado. El consentimiento en la trata no constituye un argumento de defensa. La explotación de las personas que no tienen legalmente derecho a trabajar es un delito grave de cuarto grado. Algunos ejemplos de ello son la retirada de los documentos de viaje del empleado, impedirle que se comunique o limitar su libertad de circulación.

Hay pocos datos sobre las características demográficas de las mujeres que son víctimas de la trata, las personas que facilitan la trata de mujeres, las razones por las que las mujeres se dedican al trabajo sexual o el grado en que el trabajo sexual está organizado en la República de las Islas Marshall. Aunque el Ministerio de Salud clasifica a los trabajadores sexuales como grupo destinatario de la prestación de servicios, incluidos el tratamiento, la atención y el apoyo, no hay constancia de que nadie haya hecho uso de tales servicios y no se ha tenido constancia de ninguna mujer que se dedique al trabajo sexual que haya recibido esos servicios. Ha habido algunos enjuiciamientos de mujeres que han prostituido a otras mujeres que han concluido con éxito. Estos casos fueron enjuiciados en virtud de la disposición sobre la prostitución, aunque la cobertura de los casos sugiere que los hechos habrían reunido las condiciones para ser procesados en virtud de las secciones sobre la trata.

En 2013 Mujeres Unidas de las Islas Marshall acogió a la Asociación Nacional de Abogados de Distrito de los Estados Unidos de América, que llevó a cabo un taller sobre la trata de personas. El taller contó con la presencia de personal encargado de hacer cumplir la ley, abogados, organismos gubernamentales como el Ministerio del Interior, ONG, grupos comunitarios, iglesias y servicios de atención médica. Participaron más de 50 personas y los temas tratados ofrecieron un panorama general de la trata de personas, incluida la trata de personas en la región del Pacífico, los programas de la Asociación Nacional de Abogados de Distrito sobre la trata de personas, las dinámicas de victimización, los datos básicos sobre la investigación de la trata de mano de obra, la violencia y la trata de personas en la pareja, incluida la dinámica de poder y control, la fundamentación de un caso y estrategias para el juicio.

Futura aplicación

Las próximas medidas para la República de las Islas Marshall se examinaron en el taller de la Asociación Nacional de Abogados de Distrito, que incluía un examen legislativo y la participación en talleres regionales sobre la trata de personas.

Partiendo del aumento de la labor de sensibilización durante los últimos años, el Gobierno de la República de las Islas Marshall está colaborando con la OIM para aplicar un subsidio de la Oficina para Vigilar y Combatir la Trata de Personas de los Estados Unidos de América titulado Combating Trafficking in Persons in Micronesia through Establishment of Protection Frameworks for Victims of Trafficking. El Gobierno de la República de las Islas Marshall apoyará la labor de la OIM en este proyecto mediante el equipo de tareas sobre la trata de personas, que fue aprobado por el Gabinete en 2014. El equipo de tareas está integrado por la Oficina del Fiscal General, el Departamento de Policía de las Islas Marshall, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la organización Mujeres Unidas de las Islas Marshall y la OIM.

El Grupo Nacional de Lucha contra la Trata de Personas proporciona un foro para el debate y la realización de consultas sobre cuestiones relativas a la trata de personas y los efectos que esta actividad tiene en la población de la República de las Islas Marshall y sus asociados internacionales. El órgano consultivo formula recomendaciones al Gobierno, según sea necesario, sobre la cuestión de la trata de personas. La República de las Islas Marshall y la OIM, junto con el equipo de tareas, colaboran en una iniciativa conjunta para luchar contra el creciente problema de la trata de personas. En febrero de 2016, la OIM contrató a un experto externo, que ha realizado una labor similar en países más grandes, para colaborar con los dirigentes eclesiásticos, la comunidad y los jóvenes para idear medios para transmitir el mensaje al público. Tienen previsto recurrir a la radiodifusión, representar pequeñas obras de teatro, componer música, escribir artículos en la prensa y realizar entrevistas sobre la trata de personas. El muelle de Uliga va a crear un mural de sensibilización para que lo vean los pescadores.

Sin embargo, existen varios obstáculos que impiden la plena aplicación del artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en la República de las Islas Marshall, tal y como se ha explicado previamente. Los tabúes culturales impiden hablar abiertamente de la prostitución y la trata de personas y de otras cuestiones conexas. Sin embargo, el nivel de diálogo ha aumentado drásticamente durante los últimos años, tal y como demuestran las actividades señaladas anteriormente. La República de las Islas Marshall tiene previsto seguir ocupándose activamente de la trata de personas a través de asociaciones nacionales, regionales e internacionales.

Artículo 7: Vida política y pública

Marco legislativo

La Ley Electoral y del Referéndum de 1980 establece el marco legislativo para las elecciones y votaciones. La ley dispone que todos los ciudadanos de la República de las Islas Marshall de más de 18 años de edad que no hayan sido declarados dementes ni hayan sido encarcelados ni estén en libertad condicional o vigilada por condenas de delitos graves tienen el derecho y el deber de votar en las elecciones de los miembros de la Nitijela. Todos los votantes empadronados tienen derecho a votar en un distrito electoral en que residan o posean derechos sobre la tierra. Los votantes empadronados tienen el derecho y el deber de votar en las elecciones locales para la circunscripción electoral en que se han registrado. El artículo IV de la Constitución y la Ley Electoral y del Referéndum de 1980 estipulan que todo votante empadronado y con derecho a votar que tenga más de 21 años de edad reúne las condiciones para ser candidato a la Nitijela. Asimismo, todo votante en un determinado distrito puede presentarse a la oficina de la administración local dentro de ese distrito.

En las elecciones generales de 2015 surgió un conflicto cuando a un ciudadano legal se le negó el derecho a presentarse a las elecciones nacionales debido a la falta de derechos sobre la tierra, en virtud de la Ley Electoral y del Referéndum (John Martin Niedenthal c. Oficial Electoral Jefe, Acción Civil del Tribunal Superior 2014-263). El Tribunal llegó a la conclusión de que la Nitijela no poseía competencias para prescribir los requisitos de admisibilidad recogidos en la Ley Electoral y del Referéndum sobre la base de los derechos territoriales, ya que ello supone un flagrante menosprecio de la ley suprema aplicable a la tierra y, de esta forma, se viola el derecho constitucional del pueblo de elegir a quién quiere representar. Por tanto, el demandante cumplía los requisitos para presentarse como candidato a las elecciones para ser miembro de la Nitijela.

La mujer en los puestos directivos y de adopción de decisiones

Dado que se trata de una sociedad matrilineal, los derechos sobre la tierra en la República de las Islas Marshall se transmiten de madres a hijas. Las mujeres han sido las responsables de la adopción de decisiones y las propietarias de los recursos de tierras. Tradicionalmente se ha concedido a los hombres la función de liderazgo, pero no pueden tomar ninguna decisión definitiva sin el consentimiento de la mujer. Sin embargo, en la sociedad moderna de los últimos tiempos la mayoría de las decisiones las toman los varones de la familia. A menudo se espera que las mujeres estén subordinadas al hombre en lo que respecta a las cuestiones relativas a la tierra y a los asuntos familiares. A pesar de que tradicionalmente la mujer ostenta una posición de liderazgo, con frecuencia son los hombres del clan o sus hermanos o tíos quienes toman las decisiones y es posible que tengan la última palabra.

Las Islas Marshall tienen una de las tasas más bajas de representación en el plano legislativo a nivel internacional, con 3 mujeres elegidas en los 33 escaños de la Nitijela. En la actualidad, en el Consejo de Iroij (Jefes), que consta de 12 escaños y que en gran medida cumple una función consultiva al tratar las costumbres y las prácticas tradicionales, 2 escaños están ocupados por mujeres.

Otras importantes estructuras de adopción de decisiones, incluso en las esferas religiosa, privada y judicial, están dominadas por los hombres. Las normas consuetudinarias, los estereotipos de las funciones de la mujer y la falta de concienciación pública acerca de los procesos electorales limitan las oportunidades de las mujeres de ser elegidas para ocupar puestos de liderazgo a nivel nacional y local.

Algunos de los obstáculos que impiden a las mujeres ejercer su derecho al voto son la falta de conocimientos acerca de sus derechos de voto o el sistema político. Algunas de las mujeres que sí votan lo harán en función de lo que decida su marido o permitirán que otra persona elija por ellas. Hay un gran número de hombres y mujeres que pueden registrarse para votar gracias a una amplia labor de divulgación y registro. No existen obstáculos jurídicos que impidan a las mujeres postularse a cargos locales o nacionales. Sin embargo, sigue existiendo una percepción negativa sobre la participación de la mujer en la política, así como persisten barreras sociales, en particular un número históricamente bajo de candidatas. Los registros de las elecciones generales de 2015 muestran que, de los 822 candidatos que optan a puestos del consejo de la administración local, solo 165 eran mujeres (un 16%). Solo 56 mujeres obtuvieron escaños, frente a 258 hombres. Para la Nitijela había 91 candidatos, 5 de los cuales eran mujeres; en otras palabras, el 95% eran hombres y el 5% mujeres.

Hay un número cada vez mayor de mujeres en la función pública, aunque los hombres siguen dominando los puestos más altos. En la actualidad, de un total de 10 secretarios permanentes, 4 son mujeres. Dirigen la Oficina del Secretario Principal, el Sistema de Enseñanza Pública y el Ministerio de Recursos y Desarrollo, y la Comisaria del Sistema de Enseñanza Pública también es una mujer. La Secretaria Principal Adjunta, la Secretaria del Consejo de Iroij, la Secretaria de los Tribunales y la Secretaria de la Nitijela son mujeres.

En 2011, el Gobierno colaboró con el PNUD para llevar a cabo un Modelo de Parlamento de la Mujer. El Modelo de Parlamento brindó a muchas mujeres, algunas de las cuales se presentaban a puestos de la administración local o nacional, la oportunidad de adquirir experiencia como parlamentarias. Se trata de una experiencia que no pudieron vivir en otros lugares. En 2015, Mujeres Unidas de las Islas Marshall también llevó a cabo una sesión de formación y un modelo de administración local formada por mujeres.

No obstante, la República de las Islas Marshall hizo historia al elegir a la primera Presidenta y Jefa de Estado en enero de 2016, así como por el aumento del número de mujeres en el Parlamento de 1 a 3, subida que también es histórica ya que en la República de las Islas Marshall nunca ha habido más de 1 mujer en el Parlamento desde que el país se proclamó independiente en 1986, y en el transcurso de cinco ciclos electorales.

La mujer en la profesión jurídica

Hay siete mujeres en la profesión jurídica. Además de la primera y única Magistrada Adjunta del Tribunal Superior que ocupó el cargo durante menos de un año (desde agosto de 2014 hasta mayo de 2015), en la actualidad no hay juezas en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior. Tampoco hay juezas en los tribunales de distrito y solo hay 2 mujeres de un total de 30 jueces en los tribunales comunitarios. En el Tribunal de Derechos Tradicionales, hay 1 mujer entre un total de 3 jueces, la primera mujer nombrada jueza de dicho Tribunal a tiempo completo. El poder judicial se ha comprometido a aumentar el número de juezas. La Jefa encargada de los tribunales es una mujer.

En la Oficina del Fiscal General, hay 2 mujeres de un total de 6 abogados. La MLSC tiene 1 abogada por cada 2 abogados y una auxiliar de juicio y dos abogados varones en la Defensoría del Pueblo, en la que hay una mujer.

Futura aplicación

Es necesario que el Gobierno realice estudios para recopilar datos sobre las percepciones o los obstáculos concretos que impiden a las mujeres entrar en la política. Debe llevarse a cabo una campaña de información pública para modificar las percepciones negativas sobre la participación de la mujer en la política, con la ayuda de las ONG. La organización Mujeres Unidas de las Islas Marshall ha liderado activamente los esfuerzos para fomentar la igualdad de género en el liderazgo y la adopción de decisiones. Durante los tres últimos ciclos electorales ha aumentado el número de candidatas a puestos de la administración nacional y local, aunque no hay datos para explicar este incremento.

Debe reconocerse y respetarse en mayor medida la tradición que otorga a las mujeres la posición principal de liderazgo con una influencia significativa en los procesos de adopción de decisiones. El Consejo de Iroij solía estar formado por casi el mismo número de hombres y mujeres. El influyente papel que desempeñan estas dirigentes tradicionales a través del Consejo de Iroij representa una vía para avanzar en la igualdad de género, especialmente en las cuestiones relacionadas con la violencia doméstica y la familia. El Consejo de Iroij también es un foro donde se debate sobre el uso de la tierra, la gestión de los recursos naturales, la resolución de conflictos y la cohesión comunitaria, por lo que afecta de forma directa a la vida de la población.

Artículo 8: Representación internacional

La Embajadora de la República de las Islas Marshall en la Misión Permanente ante las Naciones Unidas es una mujer. En la actualidad, es la única mujer embajadora. La Jefa Adjunta de Misión en la Embajada de la República de las Islas Marshall en el Japón es una mujer, al igual que la Cónsul General de la República de las Islas Marshall del Consulado de Honolulu y del Consulado de Arkansas.

Por lo general, las mujeres están bien representadas en las delegaciones internacionales de la República de las Islas Marshall, en particular en puestos directivos. Por ejemplo, en la 21ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en París, hubo numerosas participantes mujeres, entre ellas la Sra. Selina Leem, defensora del cambio climático de 18 años de edad; la Sra. Kathy Kijiner, joven poeta; la Sra. Milan Loeak, que lucha por el clima del Pacífico; la Sra. Doreen de Brum, del Ministerio de Relaciones Exteriores; y otras funcionarias.

Artículo 9: Nacionalidad

El marco jurídico para la ciudadanía lo proporciona la Constitución, así como la Ley de Ciudadanía de 1984. Estas leyes y procedimientos se han establecido para proteger el nombre, la nacionalidad y las relaciones familiares de los habitantes de las Islas Marshall. La Constitución establece la igualdad de protección y que una persona es ciudadano por nacimiento a) si uno de los progenitores es ciudadano o b) si nace en las Islas Marshall y en el momento de su nacimiento no tiene derecho a ser o llegar a ser ciudadano de otro país. Una persona puede obtener la ciudadanía por inscripción si lo solicita al Tribunal Superior y este tiene la convicción de que, en su niñez, dicha persona fue adoptada por un ciudadano de las Islas Marshall y tiene derechos sobre la tierra o ha residido en el país durante al menos cinco años y es el progenitor de un ciudadano o es de ascendencia de las Islas Marshall. El Gabinete también tiene ciertas competencias para otorgar o revocar la ciudadanía. Cada vez hay más pruebas circunstanciales de que las mujeres de las Islas Marshall son explotadas por extranjeros que desean obtener la ciudadanía de las Islas Marshall. Una vez que obtienen la ciudadanía, el niño o los niños nacidos del matrimonio son trasladados al país de origen del padre y este inicia los procedimientos de divorcio. El motivo es reunir los requisitos para obtener un pasaporte de la República de las Islas Marshall, que constituye un medio de entrada sin visado a los Estados Unidos de América. Evidentemente, es necesario realizar más estudios, o puede ser necesario adoptar medidas jurídicas para evitar que estos abusos continúen.

Artículo 10: Educación

Marco legislativo

La Constitución establece el derecho a la educación en la Carta de Derechos, así como la obligación del Gobierno de tomar todas las medidas razonables y necesarias para prestar esos servicios. El 25 de noviembre de 2014 entró en vigor la Ley del Sistema de Enseñanza Pública de las Islas Marshall de 2013, en sustitución de la Ley de Educación de 1992. La Ley del Sistema de Enseñanza Pública de las Islas Marshall crea un Sistema de Enseñanza Pública independiente y una Junta Nacional de Educación.

Además, dicha ley dispone que los niños mayores de 5 años antes del inicio del año escolar tienen derecho a matricularse y asistir a cualquier escuela del país y que la matriculación y la asistencia de dichos niños es responsabilidad de los padres o tutores. Un niño que ha completado con éxito la enseñanza primaria tendrá derecho a inscribirse en la enseñanza secundaria en cualquier escuela. Hasta el año escolar 2013-2014, se cobraba una tasa de registro para todos los niveles de la enseñanza pública, pero en 2013 se suspendió el cobro de la tasa. La citada Ley también prevé la evaluación y supervisión de los progresos de los alumnos, la salud y la seguridad de los estudiantes, el transporte escolar, según sea necesario, y el establecimiento de escuelas privadas. Otras leyes pertinentes son la Ley de Becas de 1979, la Ley de Certificación de Maestros de 2007 y la Ley del Consejo Nacional de Capacitación de 1991.

La Política de Protección de la Infancia introducida en 2014 se ajusta al principio rector de la promoción de un enfoque para la protección de los niños basado en los derechos. La política impone el compromiso de salvaguardar y proteger a los niños, mantener la vigilancia y actuar en su interés superior. Asimismo, describe el marco que se utiliza para evaluar y gestionar el riesgo para los niños que participan en todos sus programas, incluidos los programas financiados por donantes, así como las medidas y los sistemas establecidos para responder a las inquietudes acerca de su bienestar. Incluye directrices para la contratación y orientación de los docentes y los profesores voluntarios e incluye un código de conducta, así como procedimientos para denunciar violaciones. La Política también detalla los indicios que pueden indicar malos tratos y descuido, así como los cambios de comportamiento que pueden indicar que los niños los sufren. Los docentes también deben firmar una página sobre el código de conducta y sus responsabilidades respecto de la aplicación de la Política de Protección de la Infancia.

El Programa de Educación Especial de la República de las Islas Marshall funciona en virtud de la Ley sobre la Educación de las Personas con Discapacidad de los Estados Unidos de América. Esto incluye la supervisión y la presentación de informes sobre el desempeño de todos los estudiantes que tengan un Programa Educativo Individualizado (PEI). Los datos de supervisión recopilados por el Sistema de Enseñanza Pública del año académico 2014-2015 muestran que el Programa de Educación Especial de la República de las Islas Marshall contaba con 733 estudiantes con PEI, pertenecientes a los ciclos de enseñanza primaria y secundaria (K-12). Había 12 estudiantes graduados de 5 escuelas secundarias diferentes, 5 niñas y 7 niños. Los estudiantes reciben educación pública gratuita y adecuada en clases ordinarias. Los estudiantes de 16 años o más tienen planes de transición y recibieron servicios de transición con el fin de prepararlos para la educación y el empleo posteriores a la escuela secundaria.

Matriculación y asistencia

La Ley del Sistema de Enseñanza Pública de las Islas Marshall se ocupa de matriculación y asistencia obligatoria de todos los niños que alcanzan la edad de 5 años antes del inicio del año escolar, con el fin de que se matriculen en cualquier escuela de la República de las Islas Marshall. En el caso de la educación secundaria, un niño debe haber terminado la enseñanza primaria para poder matricularse en la secundaria. Además, todos los alumnos de octavo curso deberán realizar un examen de ingreso a la escuela secundaria pública para determinar su asignación a los centros públicos de educación secundaria. En función de sus calificaciones, a los estudiantes se les asigna el noveno curso ordinario; un nivel compensatorio previo al noveno curso; la Academia de Preparación para la Vida; o se les pide que repitan el octavo curso. La Academia de Preparación para la Vida es una escuela secundaria que se centra en mayor medida en la formación profesional y la preparación para la vida en lugar de en cursos de estudio académicos y está destinada a graduados de la educación primaria que no puedan entrar en el nivel previo al noveno curso porque han obtenido una puntuación baja en la prueba de entrada a la escuela secundaria.

Los datos de matriculación del Informe Anual de 2014-2015 del Sistema de Enseñanza Pública ponen de manifiesto la matriculación casi equitativa de hombres y mujeres, en los centros de educación primaria y secundaria tanto públicos como privados. En todas las escuelas primarias, el 49,3% de los estudiantes eran mujeres. En todas las escuelas secundarias, el 51,1% de los estudiantes eran mujeres. Resulta mucho más difícil supervisar la asistencia. No se dispone de índices de asistencia desglosados por sexo pero, en total, las tasas de asistencia son del 77% en Majuro, del 70% en Ebeye y del 71% en las islas periféricas.

Calidad de la educación

La calidad de la educación se documenta, supervisa y valora mediante la evaluación de los resultados escolares en la enseñanza primaria, secundaria y universitaria. También se recopilan datos sobre los índices de matriculación, deserción escolar y graduación. Las políticas del Sistema de Enseñanza Pública se aplican de manera uniforme en los centros y en las islas periféricas. La División de Escuelas del Sistema de Enseñanza Pública aplica y ejecuta políticas mediante el despliegue de supervisores de distrito en sus respectivas escuelas. Esos supervisores de distrito realizan visitas anuales a las escuelas. La Unidad de Evaluación de Planes de Estudios de la República de las Islas Marshall supervisa la elaboración de planes de estudio y la labor de evaluación y garantiza que las actividades se actualicen periódicamente. Trabaja en colaboración con las demás divisiones y programas del Sistema de Enseñanza Pública para proporcionar recursos y apoyo de calidad a los profesores para que sean docentes eficaces y bien documentados. En el ejercicio económico de 2015, la Unidad de Evaluación de Planes de Estudios comenzó a elaborar marcos para planes de estudios de los ciclos K-8, lengua inglesa, marshallés, matemáticas y ciencias, que incluyen directrices para los profesores sobre estrategias de evaluación, actividades y recursos que pueden utilizar en las aulas.

Las niñas y los niños siguen el mismo plan de estudios. Debido a la falta de recursos, no ha habido ninguna revisión de los libros de texto para asegurarse de que se eliminen los estereotipos de género. Además, en particular las escuelas de las islas periféricas suelen tener un acceso limitado al material y utilizar lo que tienen, independientemente de si el material está actualizado o contiene estereotipos de género. Aunque todas las escuelas primarias están obligadas a seguir el plan de estudios del Gobierno, no todos los centros pueden acceder por igual a los recursos que les permiten hacerlo. Algunas escuelas no están en condiciones de aplicar eficazmente el plan de estudios debido a la insuficiencia de recursos pedagógicos, así como a la insuficiencia de aptitudes por parte de los profesores.

El Sistema de Enseñanza Pública mantiene estadísticas actualizadas sobre la proporción de alumnos por profesor de las escuelas primarias y secundarias. Tal y como se indica en el Informe Anual de 2014-2015 del Sistema de Enseñanza Pública, el promedio de alumnos por profesor es de 14,1 para la escuela primaria y de 19,1 para la escuela secundaria. La proporción de alumnos por profesor en la enseñanza primaria es superior en las escuelas urbanas, con un promedio de 5 a 10 alumnos más que en las escuelas de las islas periféricas. Los centros de enseñanza secundaria están más concurridos que los de primaria. Hay muchas aulas, especialmente en las zonas urbanas, que tienen un número considerablemente mayor de alumnos por cada profesor. En el informe se indica un total de 1.112 empleados, de los cuales el 77% son personal docente, y el 46% de ellos son mujeres. El 23% es personal de apoyo, del cual el 38% son mujeres. La Comisaria del Sistema de Enseñanza Pública es una mujer.

Desde 2014, todos los profesores contratados por el Sistema de Enseñanza Pública están obligados a poseer un título de educación superior. El Informe Anual de 2014-2015 muestra que el 60,7% de los profesores han obtenido su título de Diplomado en Humanidades o Diplomado en Ciencias u otros títulos superiores. Esta cifra no se ha desglosado para mostrar las diferencias existentes entre los docentes de las zonas urbanas y de las islas periféricas. El Sistema de Enseñanza Pública sigue financiando la escolarización de los profesores para que obtengan sus títulos de diplomatura en humanidades o ciencias en la Universidad de las Islas Marshall. La Universidad del Pacífico Sur, Campus de Majuro, también tiene programas de diplomatura y licenciatura. En 2014, la Universidad de las Islas Marshall y la Universidad del Pacífico Sur empezaron a ofrecer programas de licenciatura. Un número menor de profesores también están intentando obtener sus títulos de licenciatura o máster en la Universidad del Pacífico Sur o fuera de las islas. Los programas internacionales de voluntariado contribuyen a proporcionar sustitutos para los profesores, especialmente de las islas periféricas, que deben abandonar sus puestos para continuar su formación.

Las escuelas de las islas periféricas se enfrentan a dificultades singulares en lo que respecta a mantener la calidad de la educación. Aunque se están realizando esfuerzos para velar por la adecuada distribución del material, la verdad es que muchas escuelas de las islas periféricas no tienen suficientes libros de texto ni suministros adecuados. Otra de las dificultades a las que se enfrentan es garantizar que haya un número suficiente de días lectivos. A menudo las clases se cancelan o aplazan debido a acontecimientos comunitarios, funerales o incluso la lluvia. El mal tiempo puede suponer un gran trastorno, no solo porque puede impedir que alumnos y profesores lleguen a la escuela, sino también porque puede hacer que sea casi imposible dar clase. La mayoría de las escuelas de las islas periféricas no tienen electricidad y dependen de la luz del día. Las lluvias y tormentas pueden oscurecer tanto las aulas que los estudiantes no pueden ver la pizarra ni su material de estudio. Además, muchas escuelas carecen de ventanas de cristal, por lo que es preciso cerrar las ventanas de madera contrachapada cuando llueve, lo que limita aún más la cantidad de luz natural en el aula. Por último, la mayoría de las escuelas tienen tejados de estaño y, con frecuencia, las lluvias torrenciales generan un ruido tan fuerte que resulta imposible escuchar al profesor. El inicio de la escuela también suele retrasarse porque los profesores se desplazan a Majuro para recibir formación durante el verano y dependen de medios de transporte poco fiables para regresar a sus puestos de trabajo. Esto también afecta a los estudiantes que se desplacen a Majuro durante el verano para reuniones comunitarias o religiosas o para visitar a la familia.

La División de Política y Planificación del Sistema de Enseñanza Pública trabajó en una Política de Educación sobre la Vida en Familia, con la asistencia técnica del UNFPA, que se aplica en el primer ciclo de la escuela secundaria (grados séptimo y octavo) y a los estudiantes de enseñanza secundaria. La Política de Educación sobre la Vida en Familia cumple con el plan de estudios nacional. Un consultor ha realizado dos cursos de capacitación con los profesores y otros miembros del Sistema de Enseñanza Pública sobre la ejecución de la citada política, con el fin de asegurarse de que el nivel educativo al que atañe es el correcto. Se hace hincapié en que el plan de estudios de educación sobre la vida en familia pertenece al Ministerio, lo que contribuirá a garantizar una ejecución adecuada.

Problemas y limitaciones

Las actitudes tradicionales y las costumbres todavía ejercen presión sobre las opciones educativas. Influyen en las asignaturas optativas y en los cursos de formación profesional que puede elegir una persona y a menudo constituyen un obstáculo para que las niñas terminen sus estudios cuando se espera que se dediquen al cuidado de sus propios hijos o de sus hermanos y sobrinos.

La tasa de embarazo en la adolescencia sigue siendo la más alta del Pacífico (Informe de 2013 del Ministerio de Salud). En el ejercicio económico de 2013, el 14% del total de niños nacidos eran hijos de madres menores de 20 años. La República de las Islas Marshall tiene la mayor tasa registrada de fecundidad en la adolescencia en el Pacífico, con 85 nacimientos al año por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años (Informe Anual de 2013 del Ministerio de Salud).

No existen leyes nacionales que rijan el trato a las niñas que se quedan embarazadas mientras asisten a la escuela. En las escuelas públicas, el trato que reciben las niñas que se quedan embarazadas se rige por la política del Sistema de Enseñanza Pública y no se las obliga ni alienta a abandonar la escuela. El Manual de normas y reglamentos de la educación secundaria pública del Sistema de Enseñanza Pública de la República de las Islas Marshall dispone que, si una alumna se queda embarazada, se le permitirá permanecer en la escuela siempre que su embarazo no afecte a sus calificaciones o a su asistencia. Las escuelas privadas no entran en el marco de esta política.

Los servicios de salud sexual para adultos y jóvenes se proporcionan a través del Departamento de Planificación Familiar del Ministerio de Salud, así como del Servicio de Dispensarios de las Islas Periféricas a través de la ONG YTYIH. En los centros urbanos, resulta fácil conseguir anticonceptivos y asesoramiento sobre planificación familiar. El acceso a los anticonceptivos y al asesoramiento sobre planificación familiar es mucho más limitado en las islas periféricas, debido a problemas de la oferta, así como a los tabúes culturales. Muchos de los auxiliares sanitarios que trabajan en los dispensarios de salud de las islas periféricas son hombres. Esto hace menos probable que las mujeres y las niñas les soliciten asesoramiento sobre planificación familiar o que ellos puedan proporcionar asesoramiento libremente si las mujeres solicitan ayuda.

La Universidad de las Islas Marshall ha concluido recientemente un estudio para determinar los obstáculos que impiden a los estudiantes terminar sus estudios. Uno de los problemas detectados fue la falta de guarderías, lo que ejerce presión sobre las jóvenes para que abandonen sus estudios para cuidar de sus propios hijos, hermanos o sobrinos que estén a su cargo. Para poner fin a este problema, la Universidad de las Islas Marshall está valorando la posibilidad de establecer una guardería.

Educación y formación técnica y profesional

La formación profesional es un instrumento fundamental para abordar el problema generalizado del desempleo juvenil. Los programas de formación profesional posteriores a la educación secundaria de mayor envergadura y éxito han sido desarrollados por la Universidad de las Islas Marshall y la Universidad del Pacífico Sur, Campus de Majuro, en colaboración con el Consejo Nacional de Capacitación y el Centro de Formación Comunitario, entre otros. La Universidad de las Islas Marshall se ha centrado en las aptitudes necesarias en la economía formal, tanto en la vida como en la formación profesional. La Universidad del Pacífico Sur se ha centrado en la preparación para la vida y las aptitudes tradicionales necesarias en la economía informal.

El Consejo Nacional de Capacitación trabaja para aportar a los jóvenes y ciudadanos de las Islas Marshall la confianza y los conocimientos necesarios para encontrar trabajo y ser capaces de cubrir las plazas que suelen ocupar los expatriados. El marco jurídico para el Consejo Nacional de Capacitación dispone que tanto los hombres como las mujeres, incluidos los jóvenes, deben poder recibir capacitación. El Consejo Nacional de Capacitación proporciona formación y pasantías fuera de las islas. Asimismo, apoya programas en las islas periféricas, tal y como se observa en el cuadro que figura a continuación. El siguiente cuadro muestra la participación desglosada por sexo en programas financiados por el Consejo Nacional de Capacitación en función del tipo de programa.

Nombre del programa	Total de contratados en prácticas	Hombres	Mujeres	Mujeres (%)
Educación básica y medios de vida sostenibles	130	23	107	82
Competencias técnicas y profesionales	161	154	7	4
Total general	291	177	114	64

(Fuente: Informe de 2015 del Consejo Nacional de Capacitación)

En el siguiente cuadro se indica la participación desglosada por sexo en programas del Consejo Nacional de Capacitación en las islas periféricas.

Contratados en prácticas del Consejo Nacional de Capacitación en programas de las islas periféricas en 2015
Ubicación	Hombres	Mujeres	Total
Ailinglaplap		15	15
Ebon		10	10
Jaluit		25	25
Likiep		15	15
Mejit	10		10
Ebeye	6	15	21
Total	16	80	96

( Fuente : Informe de 2015 del Consejo Nacional de Capacitación)

Las mujeres y las niñas participan en pie de igualdad en los programas de formación organizados por varias ONG, entre las que figura Waan Aelõñ in Majōl (WAM), organización no gubernamental comunitaria sin fines de lucro que ha tenido un gran éxito y trabaja con jóvenes de las Islas Marshall. WAM ofrece un programa de formación profesional y preparación para la vida de seis meses de duración a los jóvenes en situación de riesgo utilizando como medio las tradicionales canoas con balancín, la construcción de embarcaciones, la carpintería y la ebanistería. El programa puede admitir a 25 estudiantes. Otras ONG que proporcionan educación básica y preparación para la vida y medios de vida sostenibles son las siguientes: YTYIH para Majuro y Ebeye; Mujeres Unidas de las Islas Marshall; Juren Ae de Majuro; y Rukjenleen (sección de Mujeres Unidas de las Islas Marshall) para Ebeye. Además, el Australian-Pacific Technical College (APTC) proporciona capacitación a los habitantes de las Islas Marshall en los siguientes ámbitos: turismo y hostelería, automoción, manufacturas, construcción, electricidad, salud y servicios comunitarios.

Educación terciaria y de adultos

La educación de adultos consiste en cursos ofrecidos en la Universidad de las Islas Marshall y la Universidad del Pacífico Sur. La Universidad del Pacífico Sur ofrece una serie de cursos de educación comunitarios, así como cursos que aportan títulos y certificados. La Universidad del Pacífico Sur también da acceso al APTC que permite a los trabajadores con cierta experiencia en un campo obtener certificación en los campus ubicados en el Pacífico. La Universidad de las Islas Marshall tiene un programa de General Education Development (GED), certificación similar a la de la educación secundaria, que ayuda a los estudiantes a prepararse para el examen de GED de los Estados Unidos de América en un entorno de aula estructurada. En los siguientes cuadros se muestra la matriculación en el programa de GED en la primavera y el otoño de 2015:

Matriculación en el programa de GED en la primavera de 2015 (Majuro y Ebeye)
Nivel	Hombres	Mujeres	Total
Nivel 1	46	7	53
Nivel 2	27	18	45
Nivel 3	36	19	55
Nivel 4	63	26	89
Nivel 5	41	22	63
Total	213	92	305

Matriculación en el programa de GED en el otoño de 2015 (Majuro y Ebeye)
Nivel	Hombres	Mujeres	Total
Nivel 1	46	15	61
Nivel 2	29	18	47
Nivel 3	45	32	77
Nivel 4	55	37	92
Nivel 5	40	22	62
Total	215	124	339

( Fuente : Informe de 2015 del Consejo Nacional de Capacitación)

La Junta de Becas, Subsidios y Préstamos de las Islas Marshall se creó mediante la Ley de Becas de 1979 y se encarga de administrar las becas en el país. La República de las Islas Marshall proporciona financiación a los estudiantes de las Islas Marshall que reúnen los requisitos para que obtengan su licenciatura o título superior. Pueden optar a dichas becas tanto los ciudadanos de las Islas Marshall que residen en el país como los que viven en el extranjero. La beca representa una vía importante para que los estudiantes con buenos resultados académicos continúen sus estudios. Es también una manera de que las madres jóvenes sigan estudiando, ya que la beca cubre los gastos de sustento, lo cual permite a los padres mantener a sus familias y asistir a la escuela a tiempo completo. La Junta de Becas, Subsidios y Préstamos de las Islas Marshall también proporciona información sobre otras oportunidades de obtención de becas, incluidas las que ofrecen otros Gobiernos a los ciudadanos de las Islas Marshall. En los siguientes cuadros se muestra el número de beneficiarios de la beca de la República de las Islas Marshall, así como los graduados durante los tres últimos años.

Número de beneficiarios de la beca de la República de las Islas Marshall
Ejercicio económico	Hombres	Mujeres	Total
2012	87	109	196
2013	79	101	180
2014	74	108	235
2015			168

Number of RMI Scholarship Graduates
Ejercicio económico	Hombres	Mujeres	Total
2012	23	23	46
2013	20	21	41
2014	12	21	33
2015	15	22	37

( Fuente : Informe de la Junta de Becas, Subsidios y Préstamos de las Islas Marshall de 2016)

Futura aplicación

En 2014, con el apoyo del UNFPA, la República de las Islas Marshall elaboró una Estrategia para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia. Esta Estrategia se basa en catalogar los embarazos en la adolescencia como un problema social importante, dado que existe una tasa de fecundidad en la adolescencia de 85 nacimientos al año por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años. Las medidas concretas de la Estrategia se basan en los datos cualitativos y cuantitativos reunidos. Las cinco esferas estratégicas son las siguientes: el compromiso, la priorización y las políticas, los servicios y entornos orientados a los jóvenes, la educación y la intervención tempranas, y el apoyo. En 2016, YTYIH ha obtenido apoyo financiero para aplicar el proyecto de prevención del embarazo en la adolescencia a partir de 2016, durante los próximos cinco años.

Habida cuenta de los compromisos contraídos por la República de las Islas Marshall en virtud de la CIPD y los ODM, el país participa activamente en la mejora de los servicios de salud reproductiva, entre otras cosas, para lograr que los embarazos sean seguros y ofrecer servicios de planificación familiar adecuados. La Unidad de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud formuló la Política de Salud Reproductiva mediante un proceso consultivo con la asistencia técnica de la Oficina Subregional del Pacífico del UNFPA. La política prevé derechos y salud en materia sexual y reproductiva de calidad para toda la población de la República de las Islas Marshall. Las esferas temáticas de la política son la salud materna y neonatal, la prestación de servicios de planificación familiar, la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, el control de las ITS/VIH y la integración con otros programas de SSR, otras formas de morbilidad ginecológica, el cáncer de cuello uterino y de mama, el género y la salud reproductiva, la seguridad del abastecimiento de productos básicos de salud reproductiva y la participación de los hombres en la salud reproductiva.

Artículo 11: Empleo

El marco legislativo aplicable al empleo y los derechos conexos consiste en la Ley del Salario Mínimo de 1986, la Ley de Inspección Laboral (Condiciones Mínimas) de 1983 y la Ley de Protección de los Marinos de 1970. La Ley del Salario Mínimo se promulgó en 1986 y fijó el salario mínimo en 2 dólares por hora.

La Ley de Inspección Laboral (Condiciones Mínimas) de 1983 estableció una Junta de Investigación de condiciones mínimas de empleo y cuestiones conexas. El Gabinete determina el mandato de la Junta, pero debe incluir un examen del costo de la vida, recomendar el margen de variación de los salarios mínimos, formular recomendaciones sobre los horarios de trabajo y las horas extraordinarias, hacer recomendaciones sobre trabajos peligrosos y sanciones apropiadas, ofrecer recomendaciones sobre los salarios mínimos de empleo, recomendar formas en que se puedan introducir condiciones mínimas y revisarlas, según sea necesario. La Junta ha estado inactiva desde la década de 1980 y el salario mínimo se ha mantenido en 2 dólares de los Estados Unidos desde 1986. Sin embargo, existe un proyecto de ley que se presentó en la Nitijela en marzo de 2016, con el fin de modificar el salario mínimo de 2 dólares por hora a 3 dólares por hora.

La Ley de Protección de los Marinos de 1970 prevé la protección de los derechos de los marinos, que incluiría a las mujeres y las jóvenes. Asimismo, estableció los 16 años como edad mínima para el empleo en buques de las Islas Marshall. Una excepción a esta disposición es si el niño menor de 16 años está trabajando en un buque en el que solo trabajan miembros de la misma familia, los buques escuela o los buques de formación. La ley también prevé otras normas mínimas relativas a los salarios y las condiciones de trabajo.

El número de mujeres empleadas por la Comisión de Administración Pública ha aumentado durante los últimos tres años civiles. En 2012, 906 de 2.176 empleados de la función pública (41,6%) eran mujeres. En 2013, la cifra aumentó a 944 de 2.189 (43,1%) y la proporción aumentó de nuevo ligeramente en 2014 a 940 de 2.174 (43,2%) (Informe de Situación de la Administración de 2014).

Futura aplicación

La Junta de Investigación debe investigar activamente para recomendar la promulgación de nuevas leyes o políticas que velen por la salud, la seguridad y las preocupaciones relativas a las indemnizaciones por accidente laboral para las mujeres u otros trabajadores en el lugar de trabajo. Estas cuestiones forman parte del mandato de la Junta de Investigación. El proyecto de ley de indemnización por accidente laboral se presentó en la Nitijela y se asignó a un Comité Especial. Dicho proyecto habría abordado algunas cuestiones relativas a la salud y la seguridad en el lugar de trabajo y podría conllevar la reactivación de la Junta de Investigación y abordar también otras cuestiones laborales. El Comité Especial de la Nitijela presentó su informe y recomendaciones a la Nitijela en 2015. Por desgracia, el proyecto de ley y sus recomendaciones se desvanecieron cuando se disolvió la Nitijela en septiembre de 2015. El proyecto de ley se presentará de nuevo a la Nitijela en el período de sesiones de 2016. También hay un Programa de Seguro de Vida del Grupo facultativo que está a disposición de los empleados públicos e incluye la cobertura de la indemnización por accidente laboral.

La Junta debe recomendar la promulgación de legislación y la puesta en marcha de políticas que prohíban el acoso sexual o que velen por la denuncia de los casos. En el Reglamento de la Comisión de Administración Pública de la República de las Islas Marshall (2008) hay disposiciones disciplinarias según las cuales cualquier conducta vergonzosa o indebida en el desempeño de su función oficial, o cualquier otra conducta indebida que afecte negativamente al ejercicio de sus funciones o genere descrédito para la administración será comunicada por su superior a través del jefe de su Ministerio a la Comisión. No está claro con qué frecuencia se aplica esa cláusula o si se ha aplicado alguna vez en casos de acoso sexual.

La Junta también debe examinar los servicios de guardería para los empleados públicos, o alentar al sector privado a establecer guarderías privadas. Además, debe haber planes o políticas para apoyar a las pequeñas empresas con el fin de garantizar que puedan pagar a su personal la licencia de maternidad. La licencia de maternidad para los empleados públicos está garantizada por el Reglamento de la Comisión de Administración Pública, pero no hay ninguna normativa ni política en vigor para garantizar que los empleados del sector privado también dispongan de licencia de maternidad.

La Junta debe examinar la escala de sueldos establecida para el sector público por la Comisión de Administración Pública que se basa en la educación, la experiencia y las responsabilidades laborales. Asimismo, deben establecerse leyes y políticas para el sector privado, en el que la garantía de igual salario por trabajo igual se limita a los 2,00 dólares de salario mínimo previsto por la Ley del Salario Mínimo de 1986.

Artículo 12: Acceso a la asistencia sanitaria

Marco legislativo

La Ley de Salud Pública, Seguridad y Bienestar, la Ley del Fondo de Salud de las Islas Marshall de 2002, la Ley del Fondo de Ingresos de Asistencia Sanitaria de 1986 y la Ley de Inmunización en las Escuelas de 1981 constituyen el marco legislativo para el acceso a la asistencia sanitaria.

Servicios de salud disponibles

Con la excepción de un médico privado, un oftalmólogo privado y un dentista privado, todos ellos situados en Majuro, todos los servicios de asistencia sanitaria se prestan a través del Ministerio de Salud. Esto incluye el Programa 177, que presta servicios de salud a las personas de los cuatro atolones afectados por radiación nuclear.

Los servicios farmacéuticos los prestan las principales farmacias situadas en los hospitales de Majuro y Ebeye, así como una farmacia de propiedad privada situada en el atolón de Majuro. Además, todos los centros de salud tienen un depósito de medicamentos básicos, de venta con y sin receta, incluidos los anticonceptivos.

La asistencia de salud bucal se proporciona principalmente en los dos hospitales principales de Majuro y Ebeye. Existe una gran demanda de estos servicios y el departamento carece de recursos suficientes. El personal del departamento de salud dental también lleva a cabo actividades de sensibilización en materia de salud y viaja con los equipos móviles del Ministerio de Salud a las islas periféricas para prestar servicios de salud dental. Sin embargo, a pesar de las actividades de divulgación, la salud bucal sigue siendo un grave problema. El cuidado bucal preventivo no es una práctica generalizada.

La atención prenatal se presta mediante las clínicas prenatales del hospital para mujeres que viven en Majuro y Ebeye. Existen clínicas normales que prestan servicios de atención prenatal, incluidas la atención sanitaria durante el embarazo, pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual, citologías vaginales, educación y atención en materia de salud bucodental y vacunación. Algunas mujeres embarazadas de las islas periféricas tienen la opción de viajar a Majuro y Ebeye para recibir atención prenatal y para dar a luz. De lo contrario, los centros de salud de las islas periféricas prestan atención sanitaria durante embarazo, en cooperación con el personal del Departamento de Salud Maternoinfantil de Majuro. Los equipos móviles de salud también proporcionan atención prenatal y pruebas más completas cuando visitan las islas periféricas. Los auxiliares sanitarios de las islas periféricas reciben formación de asistencia sanitaria prenatal del Departamento de Salud Maternoinfantil.

Los servicios de planificación familiar corresponden a la Clínica de Salud Reproductiva. La principal Clínica de Salud Reproductiva la proporciona la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud y está situada en los hospitales de Majuro y Ebeye. Los servicios incluyen asistencia sanitaria maternoinfantil, planificación familiar, atención prenatal y posnatal, salud bucodental y asistencia sanitaria para los niños con necesidades de asistencia sanitaria especial. A través de la Clínica de Salud Reproductiva, las mujeres pueden solicitar atención médica de un ginecólogo en los centros urbanos de Majuro y Ebeye. Sin embargo, la ausencia de especialistas capacitados sigue siendo un problema grave, y con frecuencia no hay ningún obstetra o ginecólogo formado disponible para prestar esos servicios. En las islas periféricas, no hay acceso a la asistencia especializada. Los residentes de las islas periféricas deben trasladarse a Ebeye o Majuro para ver a un especialista y, a menos que se trate de una urgencia, deben costear sus propios gastos de viaje. El programa de salud reproductiva gestiona clínicas adicionales en YTYIH y Laura Clinic en Majuro. Se dispone de un amplio abanico de métodos anticonceptivos, de los cuales los más populares son la inyección hormonal cada tres meses y los anticonceptivos orales. También se distribuyen gratuitamente preservativos masculinos y femeninos en las Clínicas de Planificación Familiar, las clínicas de ETS/VIH, los centros de salud, YTYIH, hoteles y bares.

La asistencia sanitaria conlleva pequeñas tasas. Por ejemplo, en los centros urbanos, la visita ordinaria de un médico en el hospital tiene un costo de 5 dólares para un ciudadano de las Islas Marshall. Las tasas son más elevadas para los ciudadanos ajenos a las Islas Marshall y algunos procedimientos son más caros. Las tasas son mucho más bajas en las islas periféricas. Los plazos de espera para ver a un especialista pueden variar y, para recibir asistencia muy especializada, puede que sea necesario remitir a un paciente fuera de la isla o es posible que tenga que esperar a la visita de misiones médicas. Solo se remite a aquellos que reciben el Plan Básico de Salud en casos en los que su vida corra peligro. Los que pueden permitirse abonar una cuota mensual pueden unirse al Plan Complementario de Salud, que ofrece un acceso más fácil a las remisiones fuera de la isla.

Debido a las limitaciones financieras y de recursos, no hay ambulancias disponibles en las islas periféricas, aunque algunos auxiliares sanitarios poseen ciclomotores u otros vehículos para poder llegar a zonas más remotas de sus islas. Los auxiliares sanitarios y el Ministerio de Salud normalmente lograban encontrar la manera, con los medios y los recursos disponibles, de trasladar a los pacientes de unos atolones a otros cuando una persona necesitaba asistencia médica y se encontraba en una isla sin enfermería ni auxiliar sanitario. El transporte y los viajes se organizan analizando individualmente cada caso. Esto también se aplica a las evacuaciones médicas de las islas periféricas a Majuro, cuando no se dispone de transporte aéreo porque los aviones no pueden despegar o no pueden aterrizar en el atolón en cuestión.

Según el Informe Anual de 2013 del Ministerio de Salud, la tasa de mortalidad materna alcanzó su nivel máximo en 2009 con cuatro muertes maternas. Comenzó a disminuir durante el ejercicio económico de 2010 y se mantuvo baja en el de 2013. Los servicios de salud reproductiva han demostrado que tienen capacidad para reducir la tasa de mortalidad de las madres. Hubo 2 muertes maternas en el ejercicio económico de 2010, otras 2 en 2011, 0 en 2012 y 8 en 2013. La tasa aumentó en el ejercicio económico de 2013 y, aunque sigue siendo baja, debe reducirse a cero como en 2012.

Las enfermedades no transmisibles son una de las amenazas más graves para la salud y el futuro de la población de la República de las Islas Marshall. La diabetes sigue siendo la principal causa de mortalidad y morbilidad en el país. La tasa de prevalencia de la diabetes ha aumentado en un intervalo de cinco años y alcanzó un valor de 339/10.000 en el ejercicio económico de 2013. En el siguiente cuadro se indica la tasa de prevalencia de la diabetes durante cinco años en Majuro y Ebeye.

Prevalencia de la diabetes

Descripción	Ejercicio económico 2009	Ejercicio económico 2010	Ejercicio económico 2011	Ejercicio económico 2012	Ejercicio económico 2013
Número de pacientes diabéticos registrados	1 969	2 008	1 980	1 794	1 804
Número de fallecimientos relacionados con la diabetes	64	53	84	120	103
P oblación	54 065	54 439	53 158	53 158	53 158
Tasa de mortalidad por cada 10.000 habitantes	12	10	16	23	20
Prevalencia de la diabetes por cada 10.000 habitantes	352	359	357	315	320

( Fuente : Informe Anual de 2013 del Ministerio de Salud)

En 2011 el Presidente refrendó una Declaración del Estado de Emergencia sobre las enfermedades no transmisibles en colaboración con varias ONG pertinentes, organizaciones privadas locales e iglesias. El Ministerio de Salud ha invertido muchos recursos y sus fondos operativos en la lucha contra la crisis de las enfermedades no transmisibles en las Islas Marshall.

La diabetes mellitus ha sido el elemento central de la intervención sanitaria y del debate público por parte de los funcionarios del Ministerio de Salud y del Gobierno durante muchos años. Hace algunos años, el Ministerio de Salud suscribió un contrato de gestión con la Misión Canvasback para crear un mecanismo para reducir y revertir la diabetes mellitus en las Islas Marshall mediante el establecimiento de un sistema denominado Centro de Bienestar de la Diabetes.

Aparte de la diabetes, las otras dos enfermedades no transmisibles principales, como se indica en el informe del Ministerio de Salud de 2013, son el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. En el ejercicio económico de 2011, la tasa de incidencia del cáncer fue de 13/10.000 y, en el ejercicio económico de 2012, dicha tasa disminuyó a 8/10.000. Sin embargo, en el ejercicio económico de 2013, aumentó a 10/10.000. Para el ejercicio económico de 2011, la tasa de prevalencia era de 36/10.000; en 2012, aumentó a 71/10.000; y, en 2013, volvió a aumentar a 90/10.000. En el ejercicio económico de 2010, un total de 17 pacientes fueron remitidos fuera del país para recibir atención terciaria y, en 2012, un total de 12 fueron remitidos para recibir atención terciaria. En el ejercicio económico de 2013, un total de 20 fueron remitidos fuera de las islas. Tal y como se observa en el cuadro que figura a continuación sobre el cáncer como causa de muerte primaria o secundaria durante el ejercicio económico de 2013, 14 de un total de 43 pacientes de cáncer (33%) falleció debido a problemas médicos que presuntamente habían sido causados por la radiación como consecuencia del programa de ensayos nucleares llevado a cabo por los Estados Unidos de América en las Islas Marshall entre 1946 y 1958. Hubo 23 mujeres y 20 hombres.

Incidencia y prevalencia del cáncer

	Ejercicio económico 2009	Ejercicio económico 2010	Ejercicio económico 2011	Ejercicio económico 2012	Ejercicio económico 2013
Número de nuevos pacientes de cáncer	52	82	67	40	52
Tasa de incidencia por cada 10.000 habitantes	10	15	13	8	10
Número de fallecimientos relacionados con el cáncer	36	26	27	33	43
Tasa de mortalidad por cada 10.000 habitantes	7	5	5	6	8
Número de pacientes de cáncer nuevos y antiguos	192	238	341	376	476
Tasa de prevalencia por cada 10.000 habitantes	36	50	64	71	90

( Fuente : Informe Anual de 2013 del Ministerio de Salud)

Como puede observarse en el cuadro anterior, están aumentado los casos de cáncer de todo tipo. Ha aumentado la tasa de prevalencia a 90/10.000. Se trata de uno de los problemas de salud y factores de riesgo de enfermedades no transmisibles que el Ministerio de Salud, en colaboración con otras ONG, ha intentado y todavía intenta reducir.

El cáncer como causa de muerte primaria o secundaria en el ejercicio económico de 2013

Localización del cáncer	Hombres	Mujeres	Total en la República de las Islas Marshall
Cuello uterino	0	11	11
Hígado	6	1	7
Pulmón	5	1	6
Mama	0	3	3
Útero	0	3	3
Ovario	0	3	3
Testículo	2	0	2
Desconocida	2	0	2
Leucemia	1	0	1
Linfoma	1	0	1
Próstata	1	0	1
Orofaringe	1	0	1
Nasofaringe	0	1	1
Vejiga urinaria	1	0	1
Total	20	23	43

( Fuente : Informe Anual de 2013 del Ministerio de Salud)

El cáncer de cuello uterino es la causa de muerte más común en las mujeres. La República de las Islas Marshall está abordando el cáncer de cuello uterino mediante su Programa Nacional Integral de Control del Cáncer. Dicho programa funciona en Majuro y Ebeye, así como en las islas periféricas mediante el equipo móvil de salud. El programa mantiene un registro de casos de cáncer, así como un programa de prevención del cáncer y un grupo de apoyo dedicado a esta enfermedad. Aunque el programa aborda todos los tipos de cáncer, está más centrado en el cáncer de cuello uterino. El programa dedicado al cáncer se centra en la prevención del cáncer de cuello uterino mediante la sensibilización y animando a las mujeres a hacerse la prueba. El programa también organiza cursos de formación, que se centran especialmente en aumentar la prevención en las islas periféricas.

Otra de las ramas del programa de prevención del cáncer se basa en proporcionar la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) que puede prevenir la mayoría de las causas del cáncer de cuello uterino. Esta vacuna también está llegando a las islas periféricas mediante el equipo móvil de salud. Sin embargo, los índices de vacunación son bastante reducidos ya que muchos padres no acceden a que sus hijas reciban la vacuna. Existe un interés renovado en la sensibilización para aumentar los índices de vacunación.

La República de las Islas Marshall se considera un entorno de baja prevalencia del VIH. A finales de 2013, la incidencia acumulativa del VIH en la República de las Islas Marshall fue de 26 casos, desde que se detectó el primer caso en 1984. En la actualidad, hay ocho personas que viven con el VIH en el país. Actualmente siete de ellas están recibiendo el tratamiento antirretroviral (TAR); el octavo paciente ha decidido poner fin al TAR debido a los efectos secundarios. Todos viven en Majuro. Se trata de 3 hombres y 5 mujeres. La edad de las personas que viven con el VIH oscila entre 21 y 40 años, y el grupo más numeroso de cuatro personas se encuentra en la franja de edad de entre 26 y 30 años. Todos los pacientes con VIH reciben visitas mensuales de la clínica del VIH para mantener un seguimiento.

Prevalencia del VIH/SIDA

Descripción	Ejercicio económico 2009	Ejercicio económico 2010	Ejercicio económico 2011	Ejercicio económico 2012	Ejercicio económico 2013
Seropositivo	10	8	8	8	8
Tasa de prevalencia por cada 10.000 habitantes	2	2	2	2	2

( Fuente : Informe Anual de 2013 del Ministerio de Salud)

La forma de transmisión más común era la transmisión heterosexual. El siguiente modo de transmisión más común es la transmisión maternoinfantil. Han muerto diez personas desde que se las diagnosticó como seropositivas. Los reducidos niveles de conocimiento y las relaciones sexuales sin protección, especialmente entre los jóvenes, son los factores de riesgo más importantes según la Encuesta Demográfica y de Salud de 2007 y la Encuesta sobre el Comportamiento de Riesgo de la Juventud de 2009. A menudo el consumo de alcohol está relacionado con las relaciones sexuales sin protección. Las niñas y las mujeres tienen muchos menos conocimientos del VIH que los niños y los hombres, están poco preparadas para protegerse de la transmisión del VIH y carecen de la preparación para la vida necesaria.

El Comité Nacional de Lucha contra el SIDA determinó que uno de los principales obstáculos para abordar eficazmente el VIH en las Islas Marshall es el estigma y la discriminación que rodean al VIH. El desarrollo de asociaciones enérgicas y transparentes entre el Gobierno y la sociedad civil tiene por objeto servir como base para dar una respuesta firme.

En 2009 el Equipo Regional de Recursos sobre Derechos Humanos de la Secretaría de la Comunidad del Pacífico llevó a cabo un examen del VIH, los derechos humanos y la legislación, que sugirió que el Gobierno y el sector privado deben elaborar un código de prácticas sobre el VIH en el lugar de trabajo, que proteja a las personas de la estigmatización y fomente la información, la educación, el acceso a los servicios y la confidencialidad.

Según las políticas del Ministerio de Salud se debe respetar la confidencialidad de los pacientes. Sin embargo, todavía no existe ninguna ley para proteger a las personas seropositivas. No existe un marco jurídico para la investigación humana ética, lo que significa que no hay leyes que brinden protección y garanticen una investigación ética.

La República de las Islas Marshall sigue enfrentándose a problemas como la población extremadamente dispersa que implica un costoso transporte aéreo o por barco. Además, la falta de servicios especializados y recursos humanos se ha traducido en un costoso sistema de remisión a la atención terciaria fuera de las islas, en Hawai y Filipinas.

Futura aplicación

En los últimos cinco años, en la República de las Islas Marshall ha habido muertes maternas que podrían haberse evitado. Se dará prioridad a la mejora de la asistencia sanitaria de las mujeres embarazadas con el fin de evitar la muerte materna. Se mejorará la detección de los embarazos de alto riesgo.

Las enfermedades no transmisibles y sus efectos negativos no pueden eliminarse debidamente mediante las acciones independientes del Ministerio de Salud. Esas enfermedades son intersectoriales y todos los sectores gubernamentales, el sector no gubernamental y el público en general deben participar en la reducción de la crisis de las enfermedades no transmisibles. Dichas enfermedades son algo más que una elección del estilo de vida ya que, al fin y al cabo, hace dos o tres generaciones, cuando el acceso a las importaciones de comida basura, tabaco y alcohol era mucho menor, las enfermedades no transmisibles eran poco frecuentes entre la población de las Islas Marshall. Las enfermedades no transmisibles son “enfermedades ambientalesˮ y pueden reducirse mediante políticas que disminuyan el acceso a la comida basura, el tabaco y el alcohol en los entornos en los que nuestros jóvenes desarrollan hábitos de vida. Deben establecerse diálogos y foros abiertos como medio de comunicación con el público en general para educar a la población. Se necesitan urgentemente leyes y políticas más firmes dirigidas a los alimentos poco saludables, el tabaco, el alcohol y la actividad física para complementar los esfuerzos de promoción de la salud destinados al control de las enfermedades no transmisibles.

La composición del nuevo Comité Nacional de Lucha contra el SIDA, cuyos miembros proceden del Gobierno, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado y las instituciones de enseñanza, es el primer paso en el desarrollo de asociaciones de colaboración sólidas y eficaces en la lucha contra el VIH, incluidos el SIDA y otras ETS. Con la Estrategia Nacional, el Comité Nacional de Lucha contra el SIDA para las ETS, el VIH y la tuberculosis y el Ministerio de Salud están aplicando actualmente el recién elaborado y aprobado Plan Estratégico Nacional para el período 2013-2017. En Ebeye, el alcalde y los dirigentes tradicionales apoyaron las iniciativas de prevención del VIH y las ITS durante el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, así como el inicio de la campaña de tratamiento preventivo de la clamidia.

Artículo 13: Vida económica y social

La República de las Islas Marshall no proporciona asistencia social en forma de prestaciones familiares. No existe ningún sistema de bienestar general basado en la necesidad, discapacidad u otras calificaciones. Las prestaciones para los que han contribuido económicamente al sistema de seguridad social se rigen por la Ley de Seguridad Social de 1990 e incluyen las prestaciones del seguro de vejez, las prestaciones del seguro de discapacidad, el seguro de cónyuges supérstites y la prestación parental y la prestación del seguro del niño supérstite.

No existen obstáculos legislativos para que las mujeres accedan a préstamos u otros sistemas de crédito. Sin embargo, la mayoría de los préstamos exigen el pago por habilitación de créditos, lo que significa que las mujeres que trabajan en el sector informal o con empresas que no permiten la habilitación de créditos no tienen acceso a préstamos u otros créditos.

Existe un número limitado de programas de empoderamiento económico para las mujeres. Existen programas de formación centrados en gran medida en la artesanía y la costura, pero hay pocas oportunidades para llevar a la práctica esos conocimientos en el trabajo después de recibir la formación o de crear empresas viables. El Banco de las Islas Marshall, de propiedad privada, ofrece microcréditos, pero muchas mujeres tienen dificultades para acceder a ellos debido a los elevados tipos de interés. Además, si la empresa crece lentamente, el empresario tendrá dificultades para hacer frente a los pagos y puede terminar en impago. No existen otros programas de microcrédito para animar a las mujeres empresarias.

El cambio climático plantea una amenaza considerable para la vida económica y social. Si el nivel del mar asciende como cabe esperar, la vida en la República de las Islas Marshall será mucho más difícil y peligrosa y actualmente la vida cotidiana ya se está viendo afectada. Por ejemplo, en marzo de 2014, se produjeron inundaciones debido a mareas extremadamente altas y a la marejada meridional. Más de 1.000 residentes del atolón de Majuro se vieron obligados a abandonar sus hogares y los residentes de las islas periféricas, incluidas Mili y Arno, sufrieron considerables daños a la propiedad y los cultivos. Recientemente, la Presidenta de las Islas Marshall, la Excma. Sra. Presidenta Hilda C. Heine, declaró el estado de emergencia en febrero de 2016 después de que las Islas Marshall recibieran solo una cuarta parte de su cuota habitual de precipitaciones durante el período de noviembre a febrero. En marzo, la Presidenta declaró el estado de desastre, que se amplió en abril de 2016, lo que la llevó a escribir al Presidente Barak Obama de los Estados Unidos de América para solicitar asistencia. El Presidente Obama declaró la existencia de una grave sequía en las Islas Marshall, permitiendo que la financiación de los Estados Unidos de América, como la de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), proporcionara socorro de emergencia a las islas.

A menudo las mujeres son las más afectadas por los efectos del cambio climático. Acontecimientos como las inundaciones y sequías requieren la reubicación de las familias y, en algunos casos, las comunidades. Como amas de casa, las mujeres se ven sometidas a mucha presión para que sus familias puedan satisfacer sus necesidades. Además, la reubicación plantea graves amenazas para la seguridad y el saneamiento para las mujeres y los niños.

La República de las Islas Marshall forma parte de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, y el atolón de Bikini es un sitio del Patrimonio Mundial. Esta Convención obliga a las partes a proteger los sitios que figuran en la lista y, al igual que todos los atolones en las Islas Marshall, Bikini corre graves riesgos debido al cambio climático.

Futura aplicación

El empoderamiento económico de la mujer es crucial para la supervivencia de las familias en la República de las Islas Marshall. Es preciso establecer mecanismos legislativos para proteger el empleo y los derechos laborales de los trabajadores. La mayoría de las mujeres participan en actividades generadoras de ingresos en la industria cultural o en la producción y el procesamiento de alimentos. Las familias se enfrentan a la escasez de oportunidades de empleo en las islas periféricas, por lo que los ingresos percibidos por las mujeres son necesarios para la supervivencia de las familias.

Generar más oportunidades empresariales para las mujeres que han recibido formación en oficios como la artesanía y la costura, con el fin de que puedan aplicar sus aptitudes después de recibir formación o crear empresas viables. Deben crearse más préstamos para pequeñas empresas o programas de microcrédito para alentar a las mujeres empresarias.

Desarrollar la capacidad del Gobierno en la incorporación de la perspectiva de género mediante la creación y la prestación de servicios públicos que benefician a las mujeres y los hombres de manera equitativa, prestando especial atención a las mujeres que se encuentran en situación de desventaja, como las mujeres que viven en las islas periféricas, las mujeres que viven con discapacidad, las mujeres jóvenes y las mujeres desempleadas que son cabeza de familia. Apoyar el papel de las mujeres y los hombres en la seguridad alimentaria e hídrica. Reconocer, promover y apoyar la contribución de las mujeres y los hombres en la agricultura y la pesca –tanto en actividades remuneradas como no remuneradas– y sus respectivas funciones en la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Adoptar medidas para garantizar los derechos de la mujer a la igualdad de oportunidades en todas las esferas de empleo. Participación de las mujeres y los hombres en la creación de comunidades resilientes para hacer frente a los efectos del cambio climático y a los riesgos de desastre.

Artículo 14: Derechos de la mujer rural

Antecedentes de las islas periféricas

En la República de las Islas Marshall, las “mujeres ruralesˮ son las mujeres de las islas periféricas más allá de Majuro y Ebeye. Todas las mujeres, los hombres, las niñas y los niños de las Islas Marshall tienen igualdad de acceso a la salud, la educación y otros servicios. Sin embargo, en la práctica, las poblaciones muy dispersas, la lejanía y el carácter limitado del transporte y las comunicaciones de las islas periféricas implican verdaderas limitaciones en cuanto a la igualdad de acceso y la eficiencia de la prestación de servicios. Ninguna de las islas periféricas tiene médicos y solo disponen de auxiliares sanitarios.

La población total de la República de las Islas Marshall es de 53.158 habitantes. Un total de 39.205 personas viven en las zonas urbanas (Majuro y Kwajalein) y 13.853 viven en las zonas rurales; 19.927 hombres viven en las zonas urbanas y 7.316 viven en las zonas rurales; 19.278 mujeres viven en las zonas urbanas y 6.637 viven en las zonas rurales.

Las infraestructuras y los servicios públicos están menos desarrollados en las islas periféricas, de forma que esas comunidades afrontan una relativa desventaja. El Gobierno no tiene un programa de desarrollo dirigido directamente a las mujeres rurales. Sin embargo, hay una serie de iniciativas de desarrollo destinadas a las comunidades de las islas periféricas en general, así como algunos programas de desarrollo no gubernamentales que están destinados a las mujeres de las islas periféricas.

Políticas e iniciativas gubernamentales

El Plan Estratégico Nacional proporciona el marco de mediano plazo para el desarrollo de las Islas Marshall. Esto incluye abordar la infraestructura, el transporte y los problemas logísticos que afectan al desarrollo en las islas periféricas y el efecto en las mujeres.

Wa Kuk Wa Jimor es una iniciativa gubernamental colaborativa que, con el apoyo del UNFPA, ofrece importantes oportunidades de desarrollo de la capacidad a las islas periféricas. El proyecto está dirigido por el Ministerio del Interior, en cooperación con una serie de organismos asociados y ONG. Mediante la aplicación del marco de gestión integrada de los recursos de los hogares, WKWJ proporciona una valiosa estructura para abordar las iniciativas de desarrollo de las islas periféricas, así como para comprender a fondo las necesidades e inquietudes de dichas islas. Dicho marco se centra en el medio ambiente, la salud, la seguridad alimentaria y el agua. Esto brinda una oportunidad única para obtener una imagen precisa de las necesidades de las mujeres de las islas periféricas, que a menudo son quienes gestionan sus hogares.

En las islas periféricas, el sentido de comunidad es muy fuerte y las personas colaboran para cuidar las unas de las otras. Este sentido de comunidad con frecuencia sustituye a las estructuras de apoyo social oficial que no están disponibles en las islas periféricas.

Salud

Existen 56 centros de salud en las islas periféricas. Las mujeres tienen acceso a la asistencia sanitaria por medio de los auxiliares sanitarios en los centros de salud. Las mujeres de los cuatro atolones afectados por el programa de ensayos nucleares de los Estados Unidos de América también pueden solicitar asistencia sanitaria a través de las 177 clínicas del Programa de Asistencia Sanitaria que presta servicios de atención primaria de la salud. Las 177 clínicas están gestionadas por un médico de atención primaria de la salud, junto con el auxiliar sanitario. La Clínica del Departamento de Energía también ofrece servicios médicos a los pacientes que estuvieron expuestos al programa de ensayos nucleares de los Estados Unidos de América en la República de las Islas Marshall.

Los dispensarios de salud de las islas periféricas tienen material para satisfacer las necesidades básicas, pero para una mujer a menudo supone todo un desafío satisfacer sus necesidades de asistencia sanitaria específicas, incluidos los servicios de salud completos y confidenciales. Va en contra de las costumbres que una mujer se acerque a un hombre, en particular si existe parentesco entre ellos, para tratar temas de salud sexual y reproductiva. El único momento en que las mujeres pueden tener acceso a la información y los servicios es cuando el equipo móvil de salud visita su isla una o dos veces al año. Los programas de educación y de salud preventiva en las islas periféricas se llevan a cabo principalmente a través de los equipos móviles de salud. Los representantes de los diferentes departamentos, incluida la salud pública, suelen viajar con el equipo móvil, y en estas visitas se presentan programas de educación y prevención.

Los servicios de salud mental en las islas periféricas son muy limitados. Cuando se detecta un problema de salud mental en un paciente, el auxiliar sanitario se pone en contacto con el Departamento de Servicios Humanos de Majuro. El Departamento de Servicios Humanos procede entonces a colaborar con el paciente y el auxiliar sanitario, y determina los próximos pasos, incluido el traslado a Majuro para realizar un tratamiento de seguimiento si es necesario.

Saneamiento

Los tanques de agua los proporcionan los asociados para el desarrollo o se adquieren en el sector privado. El mantenimiento es responsabilidad del propietario particular, pero la iniciativa Land Grant de concesión de tierras de la Universidad de las Islas Marshall y la Agencia de Protección Ambiental organizan programas sobre mantenimiento y limpieza. En general, las instalaciones de almacenamiento de agua comunitarias para una isla son limitadas. Se hace un mayor hincapié en la capacidad de almacenamiento de agua a nivel comunitario y en las unidades de ósmosis inversa.

El censo realizado en 2011 proporciona información adicional sobre el saneamiento. Hay un total de 7.738 hogares en las Islas Marshall. En total, 2.923 hogares tienen un inodoro con descarga de agua conectado a un sistema de alcantarillado central; 2.806 tienen un inodoro con descarga de agua conectado a una fosa séptica privada; 796 hogares tienen un inodoro de cierre hidráulico sin descarga de agua; 479 tienen una letrina de pozo excavado; 160 hogares utilizan el mar o una laguna; y 574 hogares utilizan otros métodos. De los 5.729 hogares que utilizan inodoros con descarga de agua conectados a un sistema de alcantarillado central o a una fosa séptica privada, 842 están situados en las islas periféricas.

Cooperativas

Existen pocas cooperativas en las islas periféricas. Cada vez más islas están buscando financiación para construir huertos comunitarios, pero muchas se encuentran todavía en las etapas iniciales. Uno de los últimos proyectos ejecutados a través del Ministerio de Recursos y Desarrollo, con el apoyo del Fondo del Japón para la Reducción de la Pobreza y el Banco Asiático de Desarrollo, abordó la replantación de coco. El proyecto se puso a prueba en cinco atolones remotos para atender la salud de las plantaciones de coco mediante la eliminación de los árboles seniles y la replantación. El proyecto tiene por objeto mejorar la seguridad alimentaria y crear puestos de trabajo. Los atolones destinatarios pueden emplear a la población local, incluidas las mujeres, en las guarderías y los proyectos de plantación.

Tierra y agricultura

Las mujeres y los hombres de las islas periféricas participan principalmente en la fabricación de artesanías, aceite de coco y torta de copra. Estos son los principales productos de exportación, además del pescado, el marisco y el coral. Valor y características de los principales terrenos: terrenos agrícolas (km2) de las Islas Marshall 130,0; tierra cultivable (hectáreas) 2.000,0; tierra cultivable (porcentaje de terreno) 11,1; cultivos permanentes (porcentaje de terreno) 44,4 y superficie de terreno (km2) 180,0 (70 millas cuadradas). (Fuente: Banco Mundial, 2012)

No existe ningún sistema para garantizar el acceso al crédito agrícola o a pequeños préstamos comerciales para las mujeres de las islas periféricas, excepto a través del plan de préstamos de microcrédito con el Banco de las Islas Marshall, u otros préstamos del Banco de Guam o del Banco de Desarrollo de las Islas Marshall. En general, las comunidades de las islas periféricas son de subsistencia y las familias cosechan copra a cambio de efectivo. El Gobierno garantiza la distribución equitativa de los recursos, como semillas y fertilizantes, a las mujeres de las islas periféricas mediante el Ministerio de Recursos y Desarrollo.

Disponibilidad y adecuación de los recursos y servicios

Los ocupantes construyen sus propias viviendas en las islas periféricas. Los materiales más comunes son la madera contrachapada, el hormigón, algunos materiales vegetales tradicionales y, en el caso de algunas casas, bloques de cemento. Por lo general, las viviendas tienen pocas habitaciones y se utilizan principalmente para dormir y almacenar las pertenencias, ya que gran parte de la vida tiene lugar fuera o en la cocina.

En la mayoría de las islas periféricas hay agua corriente y sistema de alcantarillado; sin embargo, la mayoría de las familias construyen letrinas de pozo excavado y el resto utiliza el litoral de arrecifes. Las preocupaciones relativas a la seguridad alimentaria e hídrica durante las últimas sequías han atraído más atención a los procesos de saneamiento seguros.

Toda el agua potable de las islas periféricas procede de la toma de agua propia de cada hogar. Muchas de estas tomas de agua las proporcionaron los asociados para el desarrollo o el Gobierno, aunque cada una de las familias es la responsable de su mantenimiento. Algunas regiones son particularmente vulnerables frente a la sequía y se ha demostrado que las tomas de agua individuales no proporcionan suficiente agua para los hogares durante ese período.

Solo algunas islas periféricas tienen centrales eléctricas. Sin embargo, hay un amplio proyecto de energía solar gestionado por el Ministerio de Recursos y Desarrollo que ha aumentado considerablemente el número de hogares con energía solar.

El transporte de los centros urbanos a las islas periféricas es bastante asequible, pero no es fácil acceder a él. Solo se dispone de transporte aéreo a través de Air Marshall Islands, una empresa de propiedad estatal. Los problemas mecánicos y otras dificultades logísticas convierten los viajes en avión en un modo poco fiable de llegar a las islas periféricas. Viajar en barco tampoco resulta muy fiable, ya que la programación de los viajes no es constante y a menudo se producen aplazamientos. El transporte entre los atolones es asequible si se lleva a cabo a pie o en las canoas tradicionales, pero puede tener un precio prohibitivo si se viaja en automóviles o lanchas a motor, ya que el costo del combustible es muy elevado.

En general, la comunicación en las islas periféricas se limita a la radio de onda corta y CB. La mayoría de los dispensarios y las escuelas tienen una radio de onda corta para comunicarse con su sede principal en Majuro. Muchas islas también tienen la radio de onda corta de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, desde la que pueden realizar llamadas a móviles o fijos de la República de las Islas Marshall o del extranjero. En los últimos años, varias islas periféricas han recibido también sistemas de telefonía DAMA. En la actualidad se dispone de sistemas DAMA en 20 lugares en 14 atolones, y hay 6 nuevas ubicaciones pendientes. Los puntos DAMA permiten a los habitantes de las islas periféricas hacer llamadas telefónicas y estar localizables por teléfono.

Futura aplicación

El Gobierno ha abordado el acceso a algunos de los recursos y servicios enumerados anteriormente en el Plan Estratégico Nacional. Los objetivos correspondientes del Plan Estratégico Nacional incluyen brindar un mejor acceso al transporte acuático, al transporte aéreo y a servicios energéticos limpios, fiables, asequibles, accesibles, ecológicos y sostenibles, garantizar el acceso al agua potable, seguir creando pesquerías comunitarias y la gestión de los recursos del proyecto Reimaanlok, establecer un sistema coordinado de respuesta internacional y ayuda humanitaria en casos de emergencia, aplicar la Política de Seguridad Alimentaria de la República de las Islas Marshall y continuar con la replantación de coco y otros proyectos agrícolas.

El Informe Anual del Ministerio de Salud de 2013 mencionó la urgente necesidad de mejorar los conocimientos y servicios del Ministerio de Salud con el fin de proporcionar una atención de calidad excepcional. El Ministerio debe agotar todas las vías para formar y contratar a más médicos, enfermeros de calidad y enfermeros especialistas, así como para mejorar el nivel de desempeño de los auxiliares sanitarios de las islas periféricas, y para contratar a más mujeres auxiliares sanitarias. Reconoció que debe aumentar el grado de colaboración con las ONG, la sociedad civil y las organizaciones confesionales para concienciar, proporcionar asesoramiento y organizar actividades relativas a la educación en materia de salud e higiene familiar básica.

Efectos de los ensayos nucleares de los Estados Unidos de América

Para los habitantes de las Islas Marshall, la tierra forma parte de la persona y de toda su identidad. Forma parte de la idea que tiene la persona de quién es en el mundo y del sentido de su vida como parte de cierta cultura. La idea que tiene una persona de sí misma, tanto desde el punto de vista personal como cultural, tiene raíces profundas en un terreno concreto de un atolón específico. Cuando la población fue trasladada de sus lugares de origen, para dejar sitio al programa de ensayos nucleares de los Estados Unidos de América, se perdió el sentido de origen comunitario, el sentido de la tierra como la representación visible de siglos de trabajo humano.

El informe del Relator Especial al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2012, sobre su viaje a las Islas Marshall y a los Estados Unidos de América relativo a las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de los desechos peligrosos del programa de ensayos nucleares llevado a cabo por los Estados Unidos de América en las Islas Marshall entre 1946 y 1954, llegó a la conclusión de que los ensayos nucleares generaron efectos inmediatos y persistentes que repercutieron en los derechos humanos de los habitantes de las Islas Marshall. La radiación resultante de los ensayos causó víctimas mortales y problemas de salud graves a largo plazo. Los efectos de las radiaciones se han visto agravados por la contaminación ambiental prácticamente irreversible, lo cual da lugar a la pérdida de medios de vida y tierras. Además, muchas personas siguen sufriendo desplazamientos de duración indefinida. El informe concluyó, asimismo, que todos los efectos de la radiación en el derecho a la salud de las mujeres de las Islas Marshall pueden haber sido y siguen siendo subestimados y también que, varios años después de la exposición, se notificó una alta incidencia de cáncer de tiroides y que el desplazamiento debido a los ensayos nucleares, especialmente de los habitantes de los atolones de Bikini, Enewetak, Rongelap y Utrok, ha creado nómadas que están desconectados de sus tierras y su modo de vida indígena y cultural.

Una de las cuestiones señaladas en el informe era el acceso limitado a la información relacionada con el programa de ensayos. Muchos de los documentos históricos que se habían facilitado a la República de las Islas Marshall eran incompletos o estaban “solo en versión suprimidaˮ y etiquetados como extraídos, editados o saneados, de los cuales se había eliminado información de naturaleza y volumen desconocidos. A raíz del informe, la República de las Islas Marshall ha estado intentando obtener acceso a la información, sin éxito. La recurrente incapacidad o negativa de los Estados Unidos de América a la hora de facilitar el pleno acceso a esos registros solo puede tomarse como una flagrante afrenta y una falta de respeto a la población de las Islas Marshall y representa una violación continua de los derechos humanos fundamentales.

Si bien tanto las mujeres de las islas periféricas como las mujeres de la República de las Islas Marshall en general se enfrentan a dificultades adicionales, las mujeres de los cuatro atolones afectados por los ensayos nucleares han sufrido los efectos de los ensayos y se enfrentan a desafíos específicos de las personas directamente afectadas por el legado de los ensayos nucleares. Las identidades de las mujeres se vieron aún más amenazadas por los efectos que tiene sobre la salud el programa de ensayos nucleares. En particular, los efectos en materia de salud reproductiva fueron extremos y afectaron gravemente a la capacidad de las mujeres para tener hijos sanos y sacarlos adelante. Las mujeres sufrieron altas tasas de abortos espontáneos y dieron a luz a bebés con graves defectos de nacimiento.

El Relator Especial escuchó testimonios convincentes de mujeres acerca de su experiencia al regresar del atolón de Rongelap, en particular sobre las alarmantes tasas de mortinatalidad, abortos espontáneos, defectos congénitos y problemas reproductivos (como los cambios en el ciclo menstrual y la consiguiente incapacidad para concebir, incluso en mujeres que antes no tenían esas dificultades). Algunas dieron a luz a bebés que en última instancia murieron debido a trastornos fetales y todavía llevan consigo la vergüenza y el trauma que sufrieron como resultado de aquello. No está clara la medida en que los radionucleidos estuvieron efectivamente presentes en la leche materna de las mujeres expuestas a los ensayos nucleares, por lo que es difícil evaluar los riesgos para las personas que fueron amamantadas por aquellas mujeres. Las mujeres también expresaron sus temores respecto a la reproducción y la maternidad como consecuencia de su exposición a la radiación. Varios años después de la exposición, se notificó una alta incidencia de cáncer de tiroides, así como una prevalencia del retraso en el crecimiento excepcionalmente alta entre los niños de las Islas Marshall. La incidencia de esos casos también fue respaldada por el número de reclamaciones ante el Tribunal de Reclamaciones Nucleares. Se han registrado efectos similares en los niños en otros entornos irradiados, con una mayor incidencia de cáncer de tiroides debido a la ingesta de yodo 131, en particular mediante el consumo de leche contaminada con yodo, un elemento que se acumula en la glándula tiroides, que inhibe el crecimiento y las capacidades cognitivas del niño, y que podría dar lugar a discapacidad mental. Además, a varias mujeres de otros atolones e islas del país se les han diagnosticado problemas de salud similares.

Artículo 15: Igualdad ante la ley y en materia de asuntos civiles

De conformidad con el artículo II, sección 12, y con el artículo I, sección 4 a), de la Constitución, respectivamente, todas las personas son iguales ante la ley y en materia de asuntos civiles, incluido el derecho a demandar, celebrar contratos y poseer bienes en su propio nombre.

En virtud de la Ley de los Elementos de Prueba de 1989, las declaraciones de testigos que sean mujeres tienen el mismo peso que las de los hombres. Las mujeres tienen el mismo derecho a la representación jurídica que los hombres, pero la accesibilidad es un problema grave, especialmente en las islas periféricas. En Majuro y Ebeye, una mujer puede obtener asistencia jurídica sobre diversas cuestiones con Micronesian Legal Services. El acceso a los servicios jurídicos y a la representación en las islas periféricas es mucho más limitado. Aunque hay tribunales comunitarios en las islas periféricas, en gran medida están inactivos. Además, no hay abogados ni otros defensores en las islas periféricas. En la práctica, todas las acciones jurídicas tienen lugar en Majuro o Ebeye, y por tanto exigen que las mujeres de las islas periféricas se desplacen a los centros urbanos. Esto puede crear una carga financiera y de atención de la familia. De conformidad con el Código de Sucesiones, las mujeres tienen el mismo derecho a ser albaceas o administradoras de bienes.

El papel de la cultura y la tradición en las decisiones de los tribunales, especialmente en casos de violencia doméstica, puede resumirse en las observaciones condenatorias del tribunal en la causa República de las Islas Marshall c. Makroro, que reflejaron la condena del acto por parte de la comunidad, y señalaron concretamente que la ley no tolera la violencia doméstica. La ebriedad y la escucha de palabras ofensivas por parte del cónyuge no justifican, excusan ni mitigan los actos del acusado en este caso.

Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley. La mujer puede demandar y ser demandada en su propio nombre. Las abogadas tienen derecho a representar a sus clientes ante los tribunales. La Ley de los Elementos de Prueba de 1968 se ha modificado para permitir que las víctimas de violación testifiquen ante un tribunal sin el requisito de corroboración. Sin embargo, hay algunos factores que pueden impedir su plena utilización del sistema judicial. Entre ellos se incluyen los siguientes: el costo de los servicios jurídicos; las dificultades para obtener información sobre el momento, la conveniencia y la forma de acceder a la justicia; las dificultades para obtener una excedencia para incoar una causa; o residir en las islas periféricas. Las mujeres de los casos de violencia doméstica han experimentado dificultades. A menudo las mujeres tienen miedo de ser objeto de nuevos actos violentos si siguen adelante con sus casos. A veces, la policía no informa a las mujeres de cuándo se dictará sentencia sobre su caso en el tribunal.

El programa Weto N Mour de Mujeres Unidas de las Islas Marshall, en asociación con Pacific Women Shaping Pacific Development (Pacific Women), elaboró el primer servicio de apoyo nacional que aborda la violencia contra las mujeres y las niñas y sus víctimas, para que reciban apoyo y protección.

No existe una estrategia concreta para prestar servicios específicos a las mujeres con discapacidad. Sin embargo, en septiembre de 2014, el Gabinete aprobó la Política de Discapacidad, que brinda un mayor acceso a todos los servicios y presta especial atención a las necesidades de las mujeres con discapacidad. Además, en septiembre de 2015 la Nitijela aprobó la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Futura aplicación

Aunque la igualdad en la condición jurídica de la mujer es evidente, es necesario trabajar más para garantizar que las mujeres sean plenamente conscientes de su igualdad en asuntos jurídicos y que esta igualdad se refleje en la práctica. Dos de los aspectos importantes de esta labor en el futuro serán la promoción de la Convención y los programas de conocimientos básicos de derecho. Aunque algunos abogados proporcionan asesoramiento jurídico pro bono (gratuito) junto con la MLSC, uno de los ámbitos que requieren atención es la asistencia jurídica y judicial para las víctimas de la violencia doméstica sin medios financieros.

Artículo 16: Igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares

Contexto jurídico

El marco legislativo para las relaciones familiares es la Ley de Relaciones Domésticas, la Ley de Inscripción de Nacimientos, Fallecimientos y Matrimonios de 1988, la Ley de Adopciones y la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica de 2011. La Ley de Inscripción de Nacimientos, Fallecimientos y Matrimonios de 1988 dispone que, para contraer un matrimonio válido, será necesario que en el momento de contraer matrimonio el marido tenga más de 18 años de edad y la mujer sea mayor de 16 años de edad. El censo de 2011 no desglosó los datos relativos a la edad de matrimonio por edades para la franja entre 15 y 59 años. En febrero de 2016, el Ministerio del Interior presentó al Gabinete un proyecto de ley de enmienda para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio de las niñas de 16 a 18 años de edad. El anterior informe nacional de la República de las Islas Marshall afirmaba erróneamente que la ley ya se había enmendado. La República de las Islas Marshall pide disculpas por esta falsa declaración.

Hasta 2005 no había leyes civiles ni penales específicas relacionadas con la violencia doméstica. El Código Penal prevé sanciones contra la agresión, agresión con agravante, agresión con un arma peligrosa y similares, y define la violación como la relación sexual con una mujer distinta de la propia esposa por la fuerza y contra su voluntad. Aunque el incesto está prohibido, no existe ninguna disposición jurídica sobre las niñas que no alcanzan la edad de consentimiento. Con el tiempo, el marco normativo ha evolucionado para luchar de forma más específica contra la violencia doméstica y sexual.

En 2005 se realizaron varios cambios en la ley en este sentido. El Código Penal se modificó para actualizar las leyes relativas a la agresión sexual. Uno de los cambios fue la ampliación de la definición de violación para incluir una definición ampliada de la penetración sexual y se eliminó la excepción de la violación en relaciones sexuales forzadas con un cónyuge. La nueva ley incluyó distintos grados de agresión sexual. Otro de los cambios es el reconocimiento del contacto sexual sin consentimiento sin penetración como agresión sexual. Tipificó como delito el contacto sexual con una niña menor de 16 años independientemente del consentimiento. También estableció que no es necesario corroborar el testimonio de la víctima y ni que la víctima se resista ante el agresor para que se trate de un delito.

También en 2005 se modificó el Reglamento de Procedimiento Penal para proteger en mayor medida a los niños testigos menores de 16 años mediante métodos alternativos de testimonio que reducirían el trauma sufrido por los niños al testificar, como el uso de testimonios grabados en vídeo, ver al niño a través de una pantalla para evitar la confrontación directa con el demandado o el uso de la televisión de circuito cerrado en la sala del tribunal. Además, se modificaron las normas que rigen la práctica de la prueba para brindar una mayor protección a las víctimas al limitar la admisibilidad de las pruebas del historial sexual de la víctima.

En 2011, el Código Penal fue objeto de una importante transformación basada en el Código Penal Tipo, aunque en general se conservaron las disposiciones relativas a la agresión sexual. En relación con la violencia por razón de género, el nuevo Código Penal incluye nuevas disposiciones que tipifican como delito el acoso y el hostigamiento. Esas enmiendas han mejorado considerablemente la legislación de la República de las Islas Marshall. Sin embargo, no existe ninguna disposición que prevea órdenes contra la violencia cuando las parejas siguen viviendo juntas. Es posible que muchas más mujeres, que crean que es probable que su pareja las vaya a agredir pero no desean que esta acabe en los tribunales o en la cárcel, puedan sentirse menos reacias a pedir ayuda a la policía si saben que solo se detendrá a su pareja por un período limitado y que después se la pondrá en libertad sin cargos.

Como se señaló anteriormente en el presente informe, la violencia doméstica es un problema en las Islas Marshall. Además de las cuestiones de la cobertura jurídica, hay problemas de coherencia en la aplicación de la ley.

Relaciones de parentesco

El censo de 2011 muestra que el 55,4% de los integrantes de las familias de 12 años o más estaban casados, el 29,5% de los integrantes de las familias de 12 años o más estaban legalmente casados y el 25,8% vivían en una unión de hecho. Esta cifra no se ha desglosado para mostrar las diferencias existentes entre las zonas urbanas y las islas periféricas. Por lo general, las mujeres son libres de elegir a su propio cónyuge y el matrimonio forzado ya no existe.

De conformidad con la sección 108 de la Ley de Relaciones Domésticas, cualquier tribunal comunitario o de distrito puede conceder la nulidad o el divorcio autorizados siempre que cualquiera de las partes haya residido durante tres meses en su jurisdicción inmediatamente antes de la presentación de la denuncia. Un matrimonio podrá disolverse por divorcio debido a diferencias irreconciliables u otras causas dispuestas en la sección 115. Según el censo de 2011, solo el 1,8% de los integrantes de las familias de 12 años o más se había divorciado. Sin embargo, el censo no tiene en cuenta el hecho de que el divorcio es un concepto que se aplica a los matrimonios legales y no a los matrimonios consuetudinarios, que representan casi la mitad de todos los matrimonios. Por lo tanto, es muy difícil determinar los índices reales de divorcio y separación.

El poder judicial de la República de las Islas Marshall organizó y facilitó oportunidades de desarrollo profesional para jueces y personal judicial. Todos los jueces y magistrados permanentes del Tribunal Supremo, el Tribunal Superior, el Tribunal de Derechos Tradicionales y el Tribunal de Distrito asistieron a esos talleres y conferencias. Por ejemplo, a mediados de marzo de 2014, el Presidente del Tribunal Superior, Carl Ingram, asistió a la 21ª Conferencia Judicial del Pacífico, que tuvo lugar en Auckland (Nueva Zelandia). La Conferencia Judicial del Pacífico de 2014 incluyó sesiones sobre los asuntos siguientes: la justicia de menores y la violencia doméstica; los juicios en tiempos de crisis constitucional; las constituciones escritas, los derechos humanos y el derecho consuetudinario.

Los asociados regionales para el desarrollo también ofrecen formación periódica en materia de derechos humanos para los colegios de abogados y el personal judicial. Los instructores vienen de fuera de la isla. Los funcionarios también pueden asistir a cursos de formación fuera de la isla.

Violencia doméstica y legislación

El Estudio sobre la Salud y Seguridad Familiares buscó información sobre la prevalencia, la frecuencia y los tipos de violencia contra la mujer. Esto incluye el abuso físico, sexual, emocional, social y económico contra las mujeres por parte de sus parejas, la violencia física y sexual contra las mujeres a manos de personas que no son su pareja y el abuso sexual en la infancia. El estudio también examinó otros resultados relacionados con la salud y la violencia contra la mujer, los factores de riesgo y protección, las estrategias de supervivencia y los servicios utilizados, así como las creencias y actitudes sobre la violencia doméstica.

Según el estudio, el 48% de las mujeres que alguna vez han tenido pareja notificaron haber experimentado violencia física en algún momento de su vida y el 16% habían sido víctimas de violencia física en los 12 meses anteriores al estudio. Demostró que el 38% de los encuestados de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años había sufrido violencia física por parte de una pareja de por vida, aunque esta cifra aumenta al 57% en las mujeres de edades comprendidas entre los 45 y los 49 años. Además, el 25% de las jóvenes de entre 15 y 24 años de edad habían experimentado violencia física a manos de una pareja en los últimos 12 meses, si bien ese número se redujo al 12% de las mujeres de edades comprendidas entre los 45 y 49. La prevalencia de la violencia física durante toda la vida para las mujeres de las islas periféricas era superior a la de los centros urbanos (Majuro y Ebeye), pero la prevalencia de la violencia física en un período de 12 meses era mayor en las zonas urbanas. La mayoría de las mujeres que han sufrido violencia física la han experimentado en múltiples ocasiones. Más del 90% de aquellas que han sufrido violencia física no denunciaron sus experiencias.

Además de las tasas de prevalencia, el informe del estudio proporciona información valiosa sobre las creencias y actitudes de las mujeres respecto a las funciones de cada género y la violencia contra la mujer. El informe demuestra que el 48% de las encuestadas cree que debe obedecer a su marido, y casi el 40% de las mujeres cree que están obligadas a tener relaciones sexuales con sus maridos. Además, el 75% de las encuestadas estuvieron de acuerdo en que un hombre puede pegar a su mujer si le ha sido infiel, mientras que el 65% estuvo de acuerdo en que un hombre puede pegar a su mujer si esta no terminó las tareas del hogar, y el 38% estuvo de acuerdo en que un hombre puede pegar a su mujer si se negaba a mantener relaciones sexuales.

Entre las principales conclusiones del estudio cabe mencionar que la mayoría de las mujeres de la República de las Islas Marshall han sufrido violencia física o sexual, o ambas, bien sea por parte de su pareja o de otras personas; existe una superposición significativa en los tipos de violencia que experimentan; la educación no exime a una mujer de su experiencia con la violencia; muchas mujeres consideran que la violencia está justificada en determinadas circunstancias; la mayoría de las mujeres no denuncian sus experiencias; muy pocas encuestadas utilizan preservativo, lo que genera un riesgo elevado de infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados; los servicios de apoyo son casi inexistentes en las islas periféricas; la violencia no ejercida por la pareja a menudo la cometen miembros de la familia; y, aunque existe cierta variación en las tasas de prevalencia entre subcategorías, en todas ellas estaba presente la experiencia violenta.

La violencia por razón de género es un problema que se complica debido a las creencias culturales, las prácticas sociales y la falta de apoyo institucional y de organismos que proporcionen socorro o alojamiento. Además, a pesar de que la República de las Islas Marshall ha realizado progresos para eliminar la violencia por razón de género mediante, entre otras cosas, la promulgación de la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica y la creación de un equipo de tareas, las sanciones aplicables a la violencia contra la mujer recogidas en la citada ley se solapan con las disposiciones del Código Penal por delitos semejantes. Por ejemplo, la sección 904 de la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica estableció el delito de violencia doméstica e incluye aspectos como los siguientes: a) la agresión a un miembro de la familia; b) el maltrato psicológico o la intimidación a un familiar; c) la agresión sexual a un familiar; d) el abuso económico de un familiar; e) la restricción de la libertad de circulación de un familiar; f) el acoso a un familiar; g) el comportamiento ilícito de manera indecente con un familiar; y h) perjudicar ilícitamente o causar daños a los bienes de un familiar. En el Código Penal, la agresión sexual se define de la misma manera que en la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica. La definición de abuso psicológico incluye el acoso. El Código Penal también tipifica como delito la agresión sexual, el acoso y el hostigamiento. El Código Penal aborda las agresiones sexuales como grado primero, segundo, tercero o cuarto de agresión sexual. Cada grado de agresión sexual conlleva una pena diferente, desde 25 años de prisión y una multa de hasta 20.000 dólares por agresión sexual de primer grado hasta 1 año de prisión y una multa máxima de 1.000 dólares para el cuarto grado. La agresión sexual en virtud de la citada ley, sin embargo, se castiga con seis meses de prisión y una multa de hasta 1.000 dólares para el primer delito y con dos años y a una multa de hasta 2.000 dólares para los delitos posteriores. La ley mencionada dispone las mismas sanciones para el acoso y el hostigamiento. Sin embargo, según el Código Penal, el hostigamiento es punible como falta (seis meses de prisión y una multa de hasta 400 dólares) y el acoso se castiga como delito leve, que conlleva un año de prisión y una multa máxima de 1.000 dólares. En virtud de dicha ley, los delitos sexuales requieren el elemento adicional de cometerse contra un miembro de la familia. Es evidente que existe un solapamiento de la autoridad en ambos actos jurídicos. La ley no describe de qué manera han de abordarse esos delitos habida cuenta del solapamiento de autoridad. En la actualidad, si un demandado es acusado y declarado culpable de agresión sexual en primer grado, la pena se reduciría si se le condena conforme a la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica porque el delito se ha cometido contra un miembro de la familia.

Futura aplicación

Es preciso revisar la Ley de Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica y realizar ajustes si es necesario. También debe cambiar la actitud de la población respecto a las funciones sociales, culturales y económicas de las mujeres y los hombres, y la tendencia a los estereotipos de género, en particular la creencia de que el sitio de una mujer está en el hogar. El Gobierno, junto con las organizaciones de la sociedad civil, reforzará sus campañas de sensibilización y las adaptará para que encajen en la manera de pensar de las Islas Marshall. Además, en febrero de 2016, el Ministerio del Interior presentó al Gabinete un proyecto de ley para enmendar la disposición en consonancia con otras disposiciones del Código Revisado de las Islas Marshall y la Ley de Protección de los Derechos del Niño de 2015, para definir un “niñoˮ como menor de 18 años. El proyecto de enmienda se ha presentado al Gabinete para su aprobación y presentación a la Nitijela.

Conclusión

La República de las Islas Marshall tiene un marco jurídico y normativo moderado para apoyar la incorporación de una perspectiva de género y de derechos humanos de la mujer en todo el país. Los principales tratados de derechos humanos están en vigor y, aparte de las disposiciones constitucionales, no hay ninguna legislación específica contra la discriminación. Existe una política de incorporación de la perspectiva de género, pero todavía no se ha aplicado. Para lograr un marco más sólido, es necesario prestar una mayor atención a la presentación de informes en virtud de los tratados de derechos humanos, y debe promulgarse legislación específica contra la discriminación. También se necesita un esfuerzo mucho mayor para garantizar que exista una amplia comprensión del marco jurídico y normativo vigente y que este rija de manera sistemática la labor del Gobierno en las esferas política, económica, social y cultural.

La República de las Islas Marshall valora la oportunidad de evaluar y notificar sus progresos en la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La República de las Islas Marshall seguirá trabajando a nivel nacional, regional y mundial para lograr la aplicación efectiva de sus obligaciones en virtud de dicha Convención.