Con respecto a la situación de los solicitantes de asilo, 803 personas registradas en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Rabat consiguieron que se les reconociese esta condición, incluidas 227 mujeres y 210 niños.

La implementación de las medidas contenidas en la Estrategia Nacional de Migración y Asilo (11 programas y 81 procedimientos) ha permitido facilitar la integración de mujeres migrantes y refugiadas en el sistema educativo, la formación profesional, los servicios de salud y el acceso a la vivienda, la asistencia jurídica y humanitaria y el empleo.

En cuanto a la gestión de las oleadas de inmigrantes que buscan empleo, en 2018 se aprobaron 6.405 contratos laborales para trabajadores extranjeros, el 28,6 % (1.834) para mujeres. En concreto, se registraron 2.974 contratos laborales por primera vez (residencia inicial), 844 de ellos firmados por mujeres (el 13,6 %); 3.194 renovaciones contractuales, 846 (el 13,7 %) en beneficio de mujeres; y 237 contratos para artistas extranjeros, de los que el 60,8 % estuvieron suscritos por mujeres.

El Gobierno está trabajando para apoyar a varias asociaciones que prestan asistencia humanitaria a grupos vulnerables de migrantes, como la Media Luna Roja Marroquí, así como otros programas especiales, en cooperación con una serie de organizaciones internacionales para garantizar el acceso de las mujeres migrantes y refugiadas a sus derechos económicos y sociales. Entre estos figuran los programas de los consejos regionales y otros programas para facilitar el acceso a los servicios de salud en el marco de alianzas sectoriales e institucionales.

Con el objetivo de combatir la explotación de mujeres y niñas, los organismos de seguridad están haciendo grandes esfuerzos para acabar con las redes de migración ilegal.

Tabla 2: Número de redes ilegales desarticuladas

Año	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Número de redes	55	44	42	47	47	38	41	45

Tabla 3: Número de organizadores detenidos

Año	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Organizadores y colaboradores	400	239	246	167	132	254	305

Tabla 4: Número de mujeres víctimas de agresión sexual y violación en casos de proxenetismo y prostitución

Año	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Número total de mujeres víctimas	1.086	1.245	1.286	1.161	1.022	1.093	1.114

(Fuente: Dirección General de Seguridad Nacional)

Para luchar contra la trata de personas, el Fiscal General:

–Llevó a cabo un estudio de diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en Marruecos, que concluyó que era necesario establecer mecanismos de prevención en consonancia con los instrumentos internacionales; medidas de prevención y precaución frente a la trata de personas; y alianzas a nivel nacional e internacional.

–Emitió la Circular núm. 32 sin ra’ nun ‘ayn (julio de 2018), referente a las disposiciones jurídicas destinadas a proteger a las víctimas de la trata de personas, dirigida a los funcionarios judiciales de la Fiscalía General.

–Envió una carta (marzo de 2018) a todos los tribunales de apelación para que se nombrara a dos fiscales adjuntos del Rey encargados exclusivamente de los casos de trata de personas y a los fiscales responsables de impartir la formación necesaria sobre la trata de personas.

Tabla 5: Número de casos

	Número de casos	Número de procesados
Hombres	Mujeres
Trata de personas adultas	55	130	41
Trata de menores	25	33	27
		163	68
Total	80	231

(Fuente: Fiscalía General)

Se organizaron campañas de sensibilización sobre la gravedad del delito de trata de personas dirigidas a los jueces y el personal judicial que operan en las unidades de asistencia para mujeres y niños en los tribunales, y se procedió a unificar su marco conceptual, sus mecanismos y sus criterios de intervención para identificar y proteger a las víctimas. Se desarrolló un programa de formación destinado a los jueces en prácticas en cooperación con el ACNUR. Existen programas que tiene por objeto fortalecer la capacidad de los inspectores del trabajo para proteger los derechos básicos de los trabajadores asalariados, prevenir el trabajo infantil y combatir el trabajo forzoso, la trata de personas y la explotación laboral en cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones.

Parte II

Artículo 7

La Constitución dispone que los hombres y las mujeres disfrutarán, en pie de igualdad, de los mismos derechos y libertades, y garantiza a toda la ciudadanía el derecho al voto, a presentarse a las elecciones y a ejercer sus derechos civiles y políticos. Con el propósito de asegurar la participación igualitaria en la vida política, la legislación contiene disposiciones orientadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre los sexos en el acceso a funciones electivas, así como a mejorar la representación de las mujeres en los consejos de los gobiernos locales.

Con respecto al párrafo 25 de las observaciones finales, el Reino de Marruecos ha trabajado para fortalecer la representación política de las mujeres a nivel nacional y local. Ha introducido nuevas disposiciones jurídicas en las leyes orgánicas relacionadas con las elecciones parlamentarias y a los gobiernos locales y con los partidos políticos.

La Ley Orgánica núm. 27-11, de 2011, relativa a la Cámara de Representantes, creó una circunscripción electoral nacional de 90 escaños: 60 para mujeres y 30 para jóvenes. Esto aumentó la representación femenina del 10 % (34 representantes) en 2007 al 17 % (67 diputadas) en 2011.

Durante las elecciones legislativas de 2016, y de acuerdo con la Ley Orgánica núm. 20-16, se abrió el período de presentación de candidaturas con la elaboración de la segunda parte de la lista de candidatos para el distrito nacional electoral, que reservaba 30 escaños exclusivamente para jóvenes, incluidas mujeres, lo que contribuyó a lograr una representación femenina de alrededor del 21 % (81 diputadas).

La Ley Orgánica núm. 28-11 relativa a la Cámara de Consejeros introdujo el principio de rotación de género en relación con las listas de candidaturas presentadas en los órganos electorales, que están representados en dicha Cámara en el caso de las elecciones a través de listas. Gracias a ello, las mujeres obtuvieron 14 escaños de 120 (el 11,67 %) en las elecciones de 2015, frente a los 6 escaños de 270 (el 2,2 %) que consiguieron en la composición anterior de dicha Cámara.

La Ley Orgánica núm. 59-11 relativa a la Elección de los Miembros de los Consejos de los Gobiernos Locales estableció dos mecanismos para aumentar la representación de las mujeres. El primero se aplica a los consejos regionales, y reserva al menos un tercio de los escaños en cada región o distrito para mujeres. El segundo se refiere a los consejos de los gobiernos locales. En 2015 la Ley Orgánica núm. 34-15 incluyó nuevas disposiciones que reservan al menos cuatro escaños del consejo de cada gobierno local o distrito a mujeres, cifra que puede aumentar en función del número total de escaños.

Se han tomado medidas reglamentarias para ofrecer a los partidos políticos incentivos financieros por los escaños que obtengan las candidatas afiliadas a ellos en las elecciones legislativas, locales y regionales teniendo en cuenta las circunscripciones o los escaños que no estén reservados en exclusiva para mujeres.

En 2013 y 2014 se introdujeron modificaciones en el marco organizativo del Fondo de Apoyo a la Representación de las Mujeres para aumentar su eficacia y eficiencia en su ámbito de actuación. Tras las elecciones legislativas de 2016, en junio de 2017 se nombró a los nuevos miembros del comité encargado de administrar el Fondo de Apoyo de conformidad con las disposiciones reglamentarias vigentes. Desde su creación, el Fondo ha contribuido a financiar 354 proyectos en varias regiones del Reino, por valor de 53 millones de dírhams, y ha elaborado seis solicitudes de proyectos.

La participación de las mujeres en la vida política ha progresado notablemente desde la adopción de listas proporcionales para las elecciones nacionales y otras elecciones con cuotas de participación femenina por acuerdo entre los partidos políticos durante las elecciones legislativas de 2002. Ello permitió la incorporación de 35 diputadas a la Cámara de Representantes en 2007 y de 67 diputadas en 2011 (el 17 %). El porcentaje de mujeres elegidas a la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de octubre de 2016 aumentó al 20,5 %, lo que equivale a 81 mujeres. Además, sus funciones en las instituciones legislativas se fortalecieron a través de sus cargos como presidentas de paneles y de comités y miembros de la Mesa de la Cámara.

En las elecciones a los gobiernos locales de 2009 se presentaron como candidatas 20.326 mujeres. De ellas, 3.424 resultaron elegidas como consejeras de gobiernos locales, lo que multiplica por 27 el número de consejeras locales resultantes de las elecciones de 2003. Las mujeres encabezan 12 gobiernos locales, el 17 % en zonas urbanas y el 83 % en zonas rurales. El 71 % posee un nivel de educación secundaria o superior.

En las elecciones locales y regionales de 2015, el 21,94 % de las candidaturas para las elecciones a los gobiernos locales y el 38,64 % para las elecciones regionales correspondieron a mujeres.

Los diversos mecanismos jurídicos que incentivan el acceso de las mujeres a la vida política han logrado los siguientes resultados: üEn lo que respecta a la elección de los miembros de los consejos de los gobiernos locales y de distrito, en 2015: -Hubo 6.669 mujeres elegidas, casi el doble que en las elecciones locales de 2009. -Hubo 2.388 mujeres elegidas para ocupar cargos en los órganos rectores de los consejos de los gobiernos locales y de distrito; y hubo 1.693 mujeres elegidas como vicepresidentas, cifra casi diez veces superior al número de mujeres elegidas para ese puesto en 2009. üEn lo que respecta a la elección de los miembros de los consejos regionales: -En 2015, al menos un tercio de los escaños en cada distrito electoral se reservó para mujeres. Gracias a ello, la representación femenina llegó al 37,61 %, pues 255 mujeres fueron elegidas en los consejos regionales. Conviene señalar que 250 de ellas fueron elegidas para ocupar escaños reservados exclusivamente para mujeres de acuerdo con el mecanismo de fomento de la representación femenina, lo que equivale al 98 % del total de escaños conseguidos. Hubo 37 mujeres elegidas para ocupar puestos en los órganos rectores de los consejos regionales. üEn lo que respecta a la elección de los miembros de los consejos regionales y de las prefecturas: -En las elecciones de 2015, 57 mujeres resultaron elegidas para los consejos regionales y de las prefecturas, casi el doble que en 2009. -Diecisiete mujeres fueron elegidas para ocupar cargos en los órganos rectores de los consejos regionales y de las prefecturas. üEn lo que respecta a la elección de los miembros de la Cámara de Consejeros: -En las elecciones de 2015, 14 de los 120 consejeros elegidos fueron mujeres (el 11,67 %), frente a solo 6 de los 270 miembros de la Cámara de Consejeros anterior. üDos mujeres gobiernan en 2 de las 12 regiones.

En respuesta al párrafo 25 de las observaciones finales, se han aprobado varias leyes para mejorar el acceso de las mujeres a cargos y empleos públicos:

–La Ley Orgánica núm. 02-12 relativa al Nombramiento de Altos Cargos (2012).

–El artículo 22 de la Ley núm. 50-05 (mayo de 2011), que consagra los principios de igualdad y transparencia y el derecho a acceder a funciones públicas en la difusión de puestos vacantes.

–El Decreto sobre las condiciones y modalidades para organizar oposiciones a puestos públicos en el marco de la igualdad de oportunidades y una mayor transparencia.

–El artículo 46 de la Ley núm. 50.05, que otorga a las empleadas públicas embarazadas un permiso de maternidad de 14 semanas, en lugar de 12 semanas.

–El artículo 9 del Decreto núm. 2-11-681, de noviembre de 2011, sobre las modalidades de contratación de jefes y jefas de departamento y servicios en las administraciones públicas, conforme al cual al menos una mujer debe ser miembro del comité organizador.

–El Decreto núm. 2-15-770 (2016) relativo al establecimiento de condiciones y modalidades de empleo bajo contratos en las administraciones públicas.

–Se emitió una decisión por la que se creaba un Observatorio de la Perspectiva de Género en la Administración Pública y su sitio web.

–Se publicó una circular en agosto de 2018 que ampliaba la licencia posterior al parto a 18 meses tras concluir la licencia de maternidad.

–Se elaboraron especificaciones modelo para el establecimiento de guarderías cerca de los lugares de trabajo.

–Se publicó una circular en septiembre de 2019 relativa al establecimiento de guarderías en los servicios públicos.

En el marco de la institucionalización de la incorporación de la perspectiva de género, se han llevado a cabo las siguientes medidas:

–La creación de una red de consulta interministerial en 2010 con el objetivo de examinar la cuestión de género en la administración pública.

–La adopción de una guía de referencia sobre la incorporación de la perspectiva de género en la gestión de los recursos humanos.

–La adopción del Plan Nacional de Reforma Administrativa para el período 2018-2021, que incluye 24 proyectos destinados a acometer transformaciones estructurales, organizativas, digitales, sintéticas y de gestión. El plan de ejecución de la estrategia para institucionalizar la igualdad de género en la administración pública forma parte del enfoque transformador del plan.

El programa del Fondo de Modernización de la Administración Pública, creado en 2005, agregó en 2018 un nuevo componente relacionado con el apoyo a la diversidad de género en la administración pública, con vistas a promover la igualdad de género en las administraciones públicas y proporcionar ayuda financiera y asistencia técnica a tal efecto.

Tabla 6: Porcentaje de acceso de las mujeres a la administración pública

Porcentaje de mujeres	Año
2012	2014	2015	2017	2018
Cargos de responsabilidad (jefa de departamento, jefa de servicio)	16,21	19,71	21,84	22,5	23,27
Altos cargos (secretaria general, directora general, directora)	10,38	10,11	13,04	15,28	16,59
Total	38,6	39,3	39	39,7	39,8

En la Dirección General de Seguridad Nacional, el empleo de mujeres aumentó considerablemente entre 2008 y 2017. El número de empleadas llegó a 3.037, distribuidas entre personal no uniformado, uniformado y ministerial. En 2018 se contrató a 328 mujeres y se cubrieron 57 puestos a nivel central y 81 puestos en organismos descentralizados. En la estructura central, los porcentajes se distribuyen del siguiente modo: el 8 % son jefas de departamento; el 33 %, jefas de servicios; el 33 %, jefas de sucursales; y el 26 % restante, jefas de unidades administrativas.

En 2006 las mujeres pudieron optar por primera vez a ocupar puestos de liderazgo en el Real Instituto de Administración Territorial, tradicionalmente reservados a los hombres. La experiencia llevó a que las mujeres se inscribieran en los programas de formación del Instituto. En 2014 se nombró a la primera mujer administradora, y actualmente 157 mujeres ocupan cargos de poder, asumiendo funciones de liderazgo en el gobierno local y la administración central. Catorce mujeres no graduadas del Instituto también desempeñan diversas funciones.

Tabla 7: Número de mujeres que ejercen funciones de poder

Funciones	Número
Jefa de provincia ( wilayah )	1
Jefa de prefectura ( `amalah )	4
Jefa de distrito ( da’irah )	1
D irectora de campus universitario	2
S ubjefa de asuntos internos	1
Jefa de subdivisión administrativ a	95
Jefa de qiyadah	1
Jefa de subdivisión de prefectura o región	54
Jefa Adjunta	9
Total	171

A nivel del poder judicial, la Ley Orgánica núm. 100-13 del Consejo Superior del Poder Judicial establece que debe garantizarse la representación de juezas entre los diez miembros elegidos en proporción a su presencia dentro del poder judicial. En 2018, de los 1.046 jueces, entre ellos fiscales del Rey, 168 eran mujeres (el 16,06 %).

El empleo de mujeres en el sector de la justicia está experimentando una tendencia al alza, y alcanzó el 49 % en 2017. El 24 % de los jueces son mujeres, y el porcentaje de mujeres graduadas en 2018 fue del 28,75 %.

En mayo de 2018, el Departamento de Justicia organizó una oposición en la que permitió por primera vez que las mujeres accediesen al poder judicial. Aprobaron la oposición 279 mujeres, lo que equivale al 37 % del total de aprobados.

En 2015, el número de mujeres ulemas que formaban parte del Consejo Superior de Ulemas aumentó de 3 a 10, y a 4 en el caso de los consejos locales de 10 miembros. El total ascendió a 328, cuando antes la cifra no llegaba a las 98 ulemas. En 2015, el Consejo Superior de Ulemas reservó todos los cargos de predicación y orientación religiosa a mujeres predicadoras, con la intención de aumentar su porcentaje. Así, sumaron 51, hasta llegar a las 771 guías en 2018.

La contribución de las mujeres en los medios impresos y electrónicos ha aumentado de forma cualitativa. En concreto, 27 mujeres son jefas de redacción y se encargan de la edición de periódicos en papel; 42 son responsables de la edición de periódicos electrónicos; y 6 son dueñas de empresas periodísticas. En cuanto a la prensa extranjera, en 2014, 21 periódicos y revistas de un total de 90 estaban administrados por mujeres. El número de mujeres periodistas con una tarjeta profesional también ha aumentado, pasando de 609 en 2012 a 693 en 2017, de un total de 2.451 periodistas.

A pesar de estos avances relativos, todavía persisten desafíos. El Reino está apostando por hacerles frente a través de reformas legislativas y programas de motivación y sensibilización.

Artículo 8

Con respecto al párrafo 25 de las observaciones finales, la representación de mujeres en misiones diplomáticas y consulares aumentó de forma considerable entre 2011 y 2017. En concreto, la proporción de embajadoras del Reino en el extranjero pasó del 13,33 % en 2011 al 21,96 % en 2017, y el porcentaje de mujeres cónsules ascendió del 2,70 % en 2011 al 17,39 % en 2017.

En cuanto a la presencia de mujeres en las organizaciones internacionales y de aquellas que representan al Reino a nivel internacional, varias expertas han sido elegidas o designadas para ostentar altos cargos en órganos internacionales creados en virtud de tratados de derechos humanos. Entre ellos figuran el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Comité contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Comité de los Derechos del Niño, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En 2018 había 54 mujeres marroquíes en diversas organizaciones internacionales, 280 mujeres empleadas en misiones diplomáticas (el 24 %) y 335 empleadas en oficinas consulares (el 37 %).

Artículo 9

En relación con el párrafo 41 de las observaciones finales, en abril de 2006 Marruecos retiró su reserva al artículo 9, párrafo 2, de la Convención. Marruecos ha promulgado legislación que garantiza la igualdad de género en la concesión de la nacionalidad marroquí a los hijos de padre extranjero, independientemente del lugar de nacimiento, mediante la modificación de la Ley de Nacionalidad en abril de 2007. A 31 de noviembre de 2018, 33.593 personas habían obtenido el certificado de nacionalidad marroquí a través de la madre.

Se ha adoptado un proyecto de ley para modificar y complementar el artículo 10 del Decreto núm. 1-58-250, por el que se promulga la Ley de Nacionalidad, que permite a las mujeres marroquíes casadas con un extranjero transmitir la ciudadanía marroquí por matrimonio, como ocurre en el caso de una mujer extranjera casada con un hombre marroquí.

Parte III

Artículo 10

En relación con el párrafo 27 de las observaciones finales, y como parte de sus esfuerzos para reformar el sistema educativo, Marruecos ha adoptado varios programas y planes basados en las disposiciones de la Carta Nacional de Educación y Formación. La escolarización de las niñas constituye una de las prioridades del Programa Acelerado de Educación y Formación (2009-2012), el Plan de Acción Estratégico de Mediano Plazo para Institucionalizar la Igualdad de Género (2008-2012), el Plan de Acción de Mediano Plazo (2013-2016), y la Visión Estratégica para la Reforma correspondiente a 2015-2030.

Se han tomado una serie de medidas para mejorar los indicadores de escolarización de las niñas. La educación es obligatoria hasta los 15 años. Se ha ampliado la oferta de la enseñanza primaria a través del establecimiento de escuelas comunales, cuyo número ascendía a 124 durante el curso 2017-2018, frente a las 96 de 2014-2015.

En 2017-2018, 1.114.353 alumnos de todos los niveles de la enseñanza primaria pública se beneficiaron de los comedores escolares, y el 48,5% de ellos fueron niñas. Por otro lado, había 111.321 alumnos internos, de los cuales el 49 % eran niñas. A nivel nacional, 136.764 estudiantes de todos los niveles de la enseñanza primaria pública recibieron becas, siendo niñas el 47,5 % de los receptores. En las zonas rurales hubo 80.551 beneficiarios, de los que el 47 % fueron niñas. Por último, 153.180 alumnos, el 46 % de ellos niñas, hicieron uso de servicios de transporte escolar en el curso 2017-2018.

Desde el curso académico 2009-2010, más de 4 millones de estudiantes se han acogido anualmente a la iniciativa Un Millón de Carteras, de los cuales, en promedio, alrededor del 45,5 % son niñas. En 2016-2017, unos 859.975 estudiantes (45 % de niñas) se beneficiaron del programa de ayudas en efectivo Tayssir, frente a los 87.795 beneficiarios de 2008-2009. Estas medidas quedaron reflejadas en la mejora general de los indicadores relacionados con la escolarización de las niñas.

En el curso 2017-2018 había 699.265 alumnos matriculados en la enseñanza primaria, de los cuales el 44 % eran niñas. A nivel nacional, la tasa de escolarización ascendió al 49,8 % (el 45,5 % en el caso de las niñas), mientras que en las zonas rurales fue del 36,6 % (el 28 % en el caso de las niñas).

La proporción de alumnas en todos los niveles de la enseñanza primaria ha aumentado significativamente, llegando al 99,1 % en 2017. Además, el número total de niñas matriculadas en todos los niveles de la enseñanza primaria, pública y privada, pasó de 2.458.374 en el curso 2009-2008 a 2.841.758 en 2017-2018, lo que supone un aumento del 16 %.

El número total de alumnas en todos los niveles de la enseñanza primaria, pública y privada, ascendió a 3.351.436, lo que equivale a un aumento del 36 %. Esta mejora en el acceso de las niñas a la enseñanza queda reflejada en el indicador de paridad de género en la enseñanza primaria pública, que pasó de 0,84 en 2000-2001 a 0,95 en 2017-2018, lo que supone un aumento de 10 puntos porcentuales. En el entorno rural este indicador pasó de 0,76 en 2000-2001 a 0,94 en 2017-2018.

Con respecto a la enseñanza secundaria, la tasa de escolarización de las niñas de entre 12 y 14 años fue del 86,7 % en 2017-2018, frente al 80,1 % en 2008-2009. En las zonas rurales, esta tasa se situó en el 72 % en 2017-2018, frente al 42,7 % de 2008-2009. El índice de paridad de género en la enseñanza secundaria pública pasó de 0,75 a 0,90, registrando un aumento de 15 puntos porcentuales, mientras que en las zonas rurales aumentó de 0,42 en 2000-2001 a 0,77 en 2017-2018, lo que supone un aumento de 35 puntos porcentuales.

En cuanto al bachillerato, la tasa de escolarización de alumnas de 15 a 17 años registró una mejora notable entre los cursos 2014-2015 y 2017-2018, ya que pasó del 63,4 % al 63,6 %. El porcentaje de mujeres que finalizaron los tres ciclos de enseñanza combinados (primaria, secundaria y bachillerato) fue del 51 % en 2014-2015, frente al 42 % de 2008-2009. El índice de paridad de género en la enseñanza pública secundaria pasó de 0,92 en 2014-2015 a 1,07 en 2017-2018 a nivel nacional, lo que supone un aumento de 15 puntos porcentuales. En el caso de las zonas rurales, este índice subió de 0,68 en 2014-2015 a 0,91 en 2017-2018, lo que constituye un aumento de 23 puntos porcentuales.

A pesar del considerable progreso, persisten algunas limitaciones ligadas a la baja tasa de escolarización en la enseñanza primaria y el continuo abandono escolar en este nivel, que aun así bajó del 4,3 % en 2007-2008 al 1,7 % en 2016-2017. En el caso de la educación secundaria, esta tasa se redujo del 11,5 % en 2007-2008 al 8 % en 2017-2018.

La visión estratégica para reformar el sistema educativo (2015-2030) se desarrolló dentro de un marco contractual vinculante, a través de la Ley núm. 51-17. Se preparó una hoja de ruta para el período 2014-2020 orientada a combatir el analfabetismo entre las mujeres.

Las mezquitas han participado en un amplio programa de alfabetización del que entre el curso 2007-2008 y el curso 2018-2019 se beneficiaron 2.959.501 personas. El 85,60 % de ellas, es decir 2.533.208, fueron mujeres.

En relación con el párrafo 33 de las observaciones finales, se ha respaldado la escolarización de las niñas rurales a través de escuelas comunales e instituciones de asistencia social (las residencias de estudiantes para mujeres Dar al-Talibah) que proporcionan alimentación, alojamiento, clases de apoyo, campamentos de verano y actividades culturales y deportivas. En 2017-2018 se acogieron a esta iniciativa 31.078 alumnas, el 51 % del total de beneficiarios. Además, se preparó un proyecto piloto destinado a mejorar el modo en que se apoya la educación en las residencias de estudiantes prestando servicios educativos, psicológicos y de apoyo social con miras a luchar contra el abandono escolar y fomentar el desarrollo personal y social de las niñas.

En el marco de la aplicación de la Ley núm. 14-05, el Organismo Nacional de Cooperación entre Asociaciones autorizó la apertura y gestión de 75 instituciones: 49 residencias de estudiantes para varones y mujeres (el 66 %), 5 hogares y residencias de estudiantes para mujeres (el 7%) y 4 centros para mujeres en situación difícil (el 6 %).

Con respecto a la educación superior, el número de estudiantes pasó de 541.375 (el 21 %) en 2012 a 893.336 (el 35 %) en 2018, con un mayor acceso de mujeres a escuelas y universidades, especialmente a aquellos de acceso limitado.

El sector de educación superior e investigación científica ha elaborado un plan estratégico y un plan de acción sectorial (2017-2021) destinado a mejorar el acceso a la educación superior para lograr la paridad, la igualdad de oportunidades y el aprendizaje continuo, así como para incrementar la calidad a fin de mejorar los resultados de la educación superior.

En cuanto a la mejora de los servicios sociales para estudiantes, el número de becarios pasó de 285.153 en el curso 2014-2015 (un 48,9 % de mujeres), a 3818.33 durante el curso 2017-2018 (un 50,17 % de mujeres). El porcentaje nacional de cobertura de las solicitudes para beneficiarse de las becas de educación superior fue del 86 %. Durante el período 2015-2018 se construyeron 4 nuevos campus universitarios, con lo que el número asciende actualmente a 23. La capacidad de alojamiento de las ciudades universitarias y residencias pasó de 49.135 camas en 2014-2015 (29.930 para mujeres) a 54.263 camas en 2017-2018 (32.249 para mujeres), lo que supone un aumento medio anual de 3,4 %. Asimismo, se ha establecido un sistema básico de seguro obligatorio para estudiantes y se han mejorado sus cláusulas, con lo que ha aumentado el número de beneficiarios. Así a finales de 2018, el número de participantes en el sistema de cobertura de salud ascendía a 57.153.

Con respecto al desarrollo de mecanismos de educación inclusiva en beneficio de las personas con discapacidad o en situaciones especiales:

•Se aprobó la inclusión obligatoria de especificaciones de proyectos para crear nuevas instituciones en materia de accesibilidad y equipar el 40 % de las instituciones universitarias existentes.

•Se dotó a ocho universidades públicas con medios y mecanismos para facilitar el uso del sistema braille, en asociación con la Unión Europea (Programa Tempus).

•Se aumentó el número de cursos acreditados en la educación inclusiva en las universidades públicas de 7 a 14 durante el período 2015-2018.

•Se hace hincapié en la dimensión participativa para acompañar a los estudiantes con discapacidad o en situaciones especiales.

La tasa de matriculación en la educación posterior al bachillerato aumentó del 28,8 % (27,5 % en el caso de las mujeres) en 2014-2015 al 37,7 % en 2018 (37,2 % en el caso de las mujeres), lo que supone un incremento de 9 puntos. Por otro lado, en 2014-2015 hubo 221.768 nuevas matrículas en la enseñanza superior en su conjunto (de las que el 47,5 % corresponde a mujeres), frente a las 261.575 de 2018 (de las que el 51,7 % corresponde a mujeres), lo que supone un aumento medio anual del 42 %. Además, el número total de estudiantes de enseñanza superior en todos los niveles pasó de 745.843 en 2014-2015 (con un 48,1 % de mujeres) a 938.370 en 2018 (con un 49,9 % de mujeres), lo que supone un aumento medio anual del 5,9 %.

Las mujeres y las jóvenes se benefician, sin discriminación, de la oferta de formación profesional organizada por los sectores público y privado, donde el 33 % de aprendices en el curso 2016-2017 fueron mujeres. Por su parte, el porcentaje de alumnas de formación profesional aumentó al 50 % durante ese mismo curso, frente al 17 % registrado en el curso 2005-2006.

El sector juvenil y deportivo trabajó hasta el año 2018 en la gestión de 387 instituciones femeninas repartidas por las zonas urbanas y rurales de todo el territorio nacional.

Se han establecido alianzas con empresas a fin de integrar a las mujeres graduadas. El sector presta apoyo a las cooperativas y las empresas de servicios y manufactura que generan ingresos impulsadas por mujeres. En 2013 se lanzó un proyecto de acompañamiento de cooperativas. Además, el sector competente supervisa 121 proyectos generadores de ingresos y cooperativos con 45 delegadas dentro de 77 empresas dirigidas por mujeres (55 urbanas y 22 rurales).

Con respecto a la igualdad en la educación, el sector competente ha puesto en marcha varios programas para la primera infancia:

–Escuelas infantiles: 138 en el entorno urbano y 46 en el ámbito rural, con un total de 2.841 beneficiarios y beneficiarias.

–Guarderías infantiles: sus actividades fijas y divulgativas han beneficiado a 61.676 niños, de los que 31.353 son niñas de zonas rurales y urbanas.

–Aulas integradas: reciben niños con discapacidad. Este experimento abarcó 27 direcciones regionales en el curso académico 2018-2019. Un total de 45 instituciones integraron a 79 participantes, de los que 28 eran niñas.

En cuanto a los programas dirigidos a jóvenes, 3.149.887 varones y 1.926.890 mujeres se beneficiaron de las actividades orientadas a jóvenes, mientras que 4.406.516 varones y 2.965.002 mujeres participaron en actividades divulgativas.

El programa de deporte femenino ofrece una gama de actividades destinadas a fomentar el deporte femenino, especialmente en el mundo rural. Este programa ha creado asociaciones en diversas ciudades, ha organizado actividades de atletismo para mujeres y clases opcionales de sensibilización sobre la importancia del atletismo, y ha impartido sesiones de formación para mujeres empresarias. El número de mujeres presidentas de federaciones deportivas llegó a cuatro, al igual que el de vicepresidentas.

El sector competente ha trabajado en el marco de programas y estrategias de turismo para integrar a las jóvenes en centros de formación en hostelería y turismo y desarrollar programas educativos apropiados. El número de alumnas llegó a 143 en la formación superior, a 642 en la formación básica y a 223 en la formación de aprendices.

Con respecto a la formación profesional agrícola, el 27,1 % del total de graduados en el curso 2017-2018 fueron mujeres (589 de 2.174). Por otro lado, 542 alumnas de zonas rurales de un total de 2.519 (el 21,5 %) recibieron formación de aprendices. En cuanto a la formación superior, 105 de un total de 440 graduados son mujeres, lo que equivale al 23,8 %.

Artículo 11

El artículo 31 de la Constitución establece que el Estado, las instituciones públicas y los gobiernos locales movilizarán todos los medios disponibles a fin de facilitar que las ciudadanas y los ciudadanos disfruten, en pie de igualdad, del derecho al trabajo y al apoyo de las autoridades públicas en la búsqueda de empleo o trabajo por cuenta propia; el derecho a la protección social, a la cobertura sanitaria y a la solidaridad de mutualidades privadas o del Estado; y el derecho a la formación profesional y a la educación física y artística.

Las reformas a nivel legislativo e institucional han permitido la adopción de disposiciones destinadas a eliminar la discriminación contra la mujer en el ámbito profesional y laboral. El Código Laboral ha consagrado por primera vez el principio de no discriminación por motivos de sexo en relación con el empleo, los salarios, el ascenso y todas las demás ventajas. También se han ratificado varios convenios internacionales sobre el trabajo, como el Convenio núm. 100 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor, y el Convenio núm. 111 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación (párrafo 29 de las observaciones finales).

En el ámbito de las medidas de protección para las mujeres trabajadoras, el Código Laboral:

–Prohíbe la discriminación por razón de sexo en el trabajo. Afirma el derecho de las mujeres a afiliarse a un sindicato y participar en su gestión (artículo 9). El artículo 12 prevé una multa de 15.000 a 30.000 dírhams en caso de que se incumpla esta disposición.

–Prohíbe la discriminación salarial si el trabajo es de igual valor (artículo 346), el acoso sexual y la contratación de mujeres para trabajos peligrosos (artículo 181).

–Garantiza la protección de las mujeres durante el trabajo nocturno (artículo 172).

–Establece el derecho de una mujer embarazada a suspender un contrato laboral y extender la licencia hasta 22 semanas en caso de enfermedad derivada del embarazo o el parto (artículo 154) y permite que una mujer embarazada deje su trabajo sin notificación previa (artículo 158). Asimismo, otorga a las madres trabajadoras el derecho a disfrutar de pausas de media hora por la mañana y media hora por la tarde para la lactancia materna (artículo 161).

La Ley núm. 19-12, que especifica las condiciones de trabajo y empleo relacionadas con los trabajadores y trabajadoras domésticos (agosto de 2016), incluye numerosas disposiciones que garantizan la protección jurídica necesaria para esta categoría de trabajadores. Define qué es el trabajo doméstico y las labores conexas, y especifica la categoría de trabajadores cubiertos por la ley, así como la edad de empleo y trabajo legalmente prohibidos a menores. Se refiere a la formulación de las disposiciones de los contratos de trabajo para trabajadores y trabajadoras domésticos. Establece además los derechos de este tipo de trabajadores, entre los que destacan los relativos al descanso semanal, y el derecho a vacaciones, sueldo e indemnización. Los inspectores del trabajo ejercen funciones de supervisión, que incluyen determinar las sanciones y delitos establecidos en los artículos 23 a 25, referentes a las personas que emplean trabajadores domésticos, que están sujetas a sanciones en caso de que no cumplan las condiciones laborales establecidas en el artículo 3 de la Ley.

Con respecto a la seguridad social, en abril de 2015 los trabajadores pudieron empezar a cobrar el subsidio por pérdida de empleo que se aprobó en 2014. Desde que el sistema entró en vigor hasta finales de 2017, unas 31.905 personas han percibido este subsidio, con casi un 20 % de mujeres beneficiarias.

El Gobierno ha adoptado las siguientes medidas:

–Los asalariados que trabajan en las industrias agrícola y forestal y empresas adheridas pueden percibir subsidios familiares.

–A partir de julio de 2011 aumentó la pensión mínima pagada por la Caja Nacional de la Seguridad Social, de 600 a 1.000 dírhams al mes.

–Las viudas y los huérfanos pueden seguir disfrutando de la cobertura básica de salud de la Caja Nacional de la Seguridad Social, independientemente del monto de la pensión del asegurado fallecido.

–A partir del curso escolar 2015-2016 se amplió la cobertura básica de salud para estudiantes de educación superior.

–Completó los textos legislativos y reglamentarios relacionados con el marco general a fin de crear planes obligatorios de seguro de enfermedad y de jubilación para profesionales independientes, trabajadores por cuenta ajena y personas no asalariadas que ejercen una actividad privada.

–Estableció un subsidio diario de maternidad de 14 semanas.

El sector laboral, en el marco del Plan Gubernamental para la Igualdad (2017-2021), ha aplicado medidas relacionadas con la lucha contra todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Ha promovido la igualdad de oportunidades en el mercado laboral al dirigir una circular ministerial a todas las direcciones regionales de empleo y la integración profesional, de manera que los inspectores del trabajo, durante las visitas de inspección, presten especial atención al cumplimiento de las disposiciones legislativas y reglamentarias relativas a los derechos de las mujeres en el trabajo. Ha trabajado para crear una base de datos a ese respecto y usarla en beneficio de las mujeres trabajadoras. Asimismo, elabora informes periódicos de evaluación para vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas relativas a la igualdad y la lucha contra la discriminación en el trabajo.

Tabla 8: Número de visitas de inspección

Número	2014	2015	2016	2017	2018
Total, de visitas anuales de inspecci ó n relacionadas con las condiciones laborales de las mujeres	12.833	17.661	16.762	19.526	19.526
Número total de asalariados cubiertos por las visitas de inspección	297.886	837.230	803.933	702.302	460.801
Número de m ujeres que trabajan en las empresas inspeccionadas	189.611	339.137	317.411	242.597	186.083
Mujeres con cargos de responsabilidad que trabajan en las empresas inspeccionadas	7.511	12.498	17.397	24.177	15.907
Número de mujeres representantes de los trabajadores en las empresas inspeccionadas	620	3.855	3.890	4.571	3.782
Número de mujeres sindical ista s en las empresas inspeccionadas	111	559	125	2.494	226
Observaciones relacionadas con el salario	3.732	1.627	10.039	57.452	6.060
Observaciones relacionadas con el empleo	811	173	1.208	1.132	1.846
Observaciones relacionadas con el acenso	222	1.369	99	632	153
Observaciones relacionadas con los turnos de noche	54	171	225	3.877	0
Observaciones relacionadas con la maternidad	37	174	321	1.364	1.262
Total de o bservaciones relacionadas con la s condiciones de trabajo de las mujer es	4.856	3.514	11.892	64.457	9.321

La tabla muestra el número de visitas de inspección realizadas anualmente para dar cumplimiento a las prioridades del Plan Nacional de Inspección del Trabajo. Los datos e indicadores resultantes de esas visitas varían según el tamaño de las instituciones visitadas, los sectores productivos involucrados, el porcentaje de mujeres y el grado de cumplimiento de las disposiciones legislativas y reglamentarias referentes al trabajo de las mujeres por parte de los empleadores.

Se han adoptado una serie de medidas de sensibilización en las empresas del sector textil y de la confección, que es el que más mujeres emplea, a fin de adoptar la marca “Fibre Citoyenne” aprobada por la Asociación Marroquí para la Industria Textil y de la Confección. Esta marca se basa en el respeto de los derechos humanos y la lucha contra todas las formas de discriminación de género.

Aunque la legislación laboral nacional no distingue entre mujeres y hombres, las estadísticas y los estudios han mostrado marcadas disparidades de género en el acceso al mercado de trabajo, algo que afecta considerablemente a la cobertura social.

Tabla 9: Tasa de desempleo

Tasa de desempleo en 2018 ( % )	Rural	Urbano	Nacional
Mujeres	2,5	24,3	14
Hombres	3,9	11,4	8,4
Total	3,5	14,2	9,8
Tasa de actividad en 2018 ( % )
Mujeres	29,7	18,1	22,2
Hombres	77,9	66,9	70,9
Total	53,9	41,8	46,2

Tabla 10: Cobertura social

Porcentaje de cobertura para la población activa trabajadora (mayores de 15 años) (2018)	Mujeres	Hombres
Cobertura sanitaria	53,6	43,3
Cobertura de los sistemas de jubilación	20,7	19,1

Fuente: Alto Comisionado de Planificación, encuesta nacional sobre empleo de 2018.

En 2018, el Gobierno elaboró y aprobó el Plan Nacional para la Promoción del Empleo para 2021, que se centra en las siguientes medidas:

•La aplicación de un enfoque integral e integrado que incluye las dimensiones económica, financiera e institucional.

•La puesta en marcha del programa “Es posible” y la firma del pacto para su ejecución en abril de 2018 por los sectores pertinentes, la Confederación General de Empresas de Marruecos y la Asociación de Consejos Regionales.

•La colocación del empleo en el centro de las políticas públicas, teniendo en cuenta la dimensión local en su aplicación.

•La ampliación de los grupos destinatarios de la política de empleo:

-Mujeres desempleadas;

-Jóvenes graduados;

-Jóvenes que han abandonado sus estudios prematuramente;

-Trabajadores de microempresas y del sector no estructurado;

-Habitantes del ámbito rural y mujeres rurales;

-Personas con discapacidad;

-Migrantes en situación regular.

El plan incluye un paquete de medidas prácticas y operativas, que comprende 20 acciones prioritarias para el período 2018-2019 y otras medidas que se aplicarán a nivel local.

Con respecto a las medidas de recuperación del empleo supervisadas por el ministerio, el programa de integración benefició a 102.773 personas, el 50 % de ellas mujeres. El objetivo consiste en desarrollar los recursos humanos de las empresas mejorando la plantilla y alentando el empleo de jóvenes graduados que buscan trabajo para integrarlos en la vida laboral.

El programa de cualificación tiene por objeto mejorar la empleabilidad de los graduados ayudándoles a obtener las cualificaciones profesionales necesarias para puestos específicos disponibles. Un total de 27.125 solicitantes de empleo, el 60 % de ellos mujeres, participaron en la formación contractual para el empleo. El programa de motivación fomenta el empleo en empresas o asociaciones de nueva creación. Se introdujeron una serie de mejoras en la Ley Financiera de 2018. Entre otras cosas, se aumentó el número de solicitantes de empleo beneficiarios de prestaciones otorgadas de 5 a 10, se extendió el período de disfrute hasta finales de diciembre de 2020 y se integró a cooperativas dentro de las empresas beneficiarias. En total, 6.180 personas se han acogido a estas medidas, de las cuales el 38 % son mujeres.

El Servicio Público de Empleo ofrece, a través de su red de 86 agencias locales, servicios de mediación, información, orientación, entrevistas de colocación y talleres de búsqueda de trabajo a los solicitantes de empleo. Las mujeres se benefician de los distintos servicios de información acerca de las vacantes de empleo, así como de campañas de información por correo electrónico y mensajes de texto (sms).

En 2018, el número de nuevos solicitantes de empleo registrados en la base de datos de la Agencia Nacional para la Promoción del Empleo y las Competencias llegó a 205.923, de los que el 44 % eran mujeres. Ese mismo año, 34.650 mujeres se beneficiaron de las entrevistas de colocación, lo que equivale al 41 % de los 84.466 beneficiarios, y 29.700 de los 57.524 participantes en los talleres de búsqueda de empleo fueron mujeres, es decir, más de la mitad del total.

Durante el período 2014-2015 se ejecutó el programa “Mi Situación” para mejorar las condiciones para que las mujeres ingresen y prosperen en un entorno profesional. El objetivo era desarrollar la responsabilidad social de las empresas, promover la igualdad de género dentro de las empresas y mejorar el acceso de las mujeres a la infraestructura colectiva. En el período 2015-2017 se realizó un seguimiento de la ejecución de las actividades del proyecto. En concreto:

–Se censó a 400 mujeres para aumentar sus posibilidades de obtener un empleo.

–Se efectuaron auditorías de igualdad de género en diez empresas.

Para promover una cultura de igualdad profesional dentro de la empresa, el sector competente organizó tres ediciones del Premio a la Igualdad Profesional (2016, 2017 y 2018) en beneficio de las empresas nacionales e internacionales ubicadas dentro del territorio nacional que demostraron el cumplimiento de criterios relacionados con el principio de la igualdad de género y la igualdad de oportunidades en las empresas, la contratación, las condiciones de trabajo y la formación continua, además de la inclusión de mujeres en sus órganos de representación. En este proceso participaron aproximadamente 110 empresas: 34 en 2016, 33 en 2017 y 43 en 2018.

Se ha destinado una dotación financiera en el presupuesto del sector laboral para apoyar los proyectos de asociaciones que trabajan en la esfera de la promoción del derecho de las mujeres al trabajo. Asimismo, se han preparado especificaciones para la designación y el nombramiento de un comité interministerial encargado de seleccionar los proyectos de asociaciones candidatas. Este proceso se basa en las solicitudes y presentaciones de las asociaciones y en la guía de referencia para los criterios adoptados en la estrategia del sector competente. Incluye actividades destinadas a sensibilizar sobre la situación de las mujeres en beneficio tanto de las empresas como de los asalariados, empoderar a las mujeres en el lugar de trabajo y mejorar sus condiciones de trabajo. En 2017 se seleccionaron 3 de los 9 proyectos propuestos por las asociaciones, mientras que en 2018 se seleccionaron 4 de 44.

El Plan Gubernamental para la Igualdad (ICRAM 1 e ICRAM 2) dedica una sección especial al empoderamiento económico de las mujeres. El plan ICRAM 1 adoptó programas que alientan el desarrollo de alianzas con diversos agentes y aumentan las sinergias, a fin de dotar a las mujeres emprendedoras y las directivas de cooperativas y asociaciones de los medios necesarios en el ámbito de la comercialización y la dotación de personal y de facilitar su acceso a préstamos y propiedades. El plan ICRAM 2 tenía por objeto apoyar la independencia económica y el empoderamiento de las mujeres promoviendo su participación en el mercado laboral, garantizando el acceso igualitario a la promoción profesional, mejorando su situación económica en las zonas rurales y apoyando las empresas de mujeres.

Se ha preparado un estudio estratégico sobre el empoderamiento económico de las mujeres que permitirá elaborar el programa nacional integrado para el empoderamiento económico de las mujeres para 2030, que se enmarca en el compromiso de ejecución del programa gubernamental 2017-2021 relacionado con el fortalecimiento de la inclusión económica de las mujeres en el desarrollo y la aplicación de los contenidos del Plan Gubernamental para la Igualdad relativos al empoderamiento económico.

Con el fin de proteger los derechos de las personas con discapacidad, se promulgó la Ley Marco núm. 97-13, que incluye una sección sobre empleo e integración profesional. En 2016 se emitieron dos nuevos decretos que garantizarán que esta categoría de personas tenga acceso al empleo público mediante el fortalecimiento del sistema de cuotas, que ha superado el 7 % en un grupo de casos y ha institucionalizado el proceso de gestión de distintos puestos organizativos nuevos mediante la creación de un comité nacional permanente encargado de realizar un seguimiento de los anuncios de vacantes para personas con discapacidad.

Artículo 12

Con respecto al párrafo 31 de las observaciones finales, Marruecos ha progresado notablemente en la mejora de la salud de su población, y de la salud reproductiva en particular. Esa mejora ha quedado reflejada en los indicadores relativos a la esperanza de vida al nacer y la mortalidad materna y en la niñez:

Tabla 11: Esperanza de vida al nacer entre 2014 y 2050

	2014	2020	2030	2050
Hombres	74,0	74,9	76,3	78,6
Mujeres	77,3	78,3	79,8	82,3
Total	75,6	76,6	78,0	80,4

Fuente: Alto Comisionado de Planificación, proyecciones demográficas de las familias, 2014-2050.

Evolución de los indicadores más importantes de salud materna e infantil -La esperanza media de vida al nacer aumentó de 47 años en 1962 a 74,8 en 2010. -La tasa de mortalidad materna disminuyó en un 35 %, de 112 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2010 a 72,6 en 2017 (esta disminución fue del 39 % en las zonas urbanas y del 25 % en las zonas rurales). -La mortalidad en la niñez disminuyó de 63 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1992 a 28,8 en 2011.

Desde 2008, el Reino ha emprendido un conjunto de reformas legislativas que han mejorado el acceso de las mujeres a los servicios de salud. La Constitución de 2011 hace hincapié en el principio de la igualdad de acceso a los servicios de salud en su artículo 31. La Ley Marco núm. 34-09, de 2011, relativa al Sistema de Salud y la Prestación de Tratamientos, (artículo 2) afirma el principio de la igualdad de acceso a los tratamientos y servicios de salud, la equidad en la distribución de los recursos sanitarios y la adopción de un enfoque de género en materia de servicios de salud, y (artículo 7) consagra la oposición a todas las formas de discriminación. La aplicación del Decreto núm. 2-14-562 (julio de 2015), que regula la prestación de tratamientos, el mapa sanitario y los planes regionales, ha contribuido a la democratización del acceso a los centros de salud mediante la distribución óptima de los recursos sanitarios.

En Marruecos, el sistema básico de cobertura sanitaria se compone de dos sistemas independientes: el sistema de seguro de enfermedad obligatorio (Assurance Maladie Obligatoire - AMO) y el sistema de asistencia sanitaria (Régime d'Assistance Médicale Regime d’Assistance Médicale aux Economiquement Démunis – RAMED). Gracias a estos dos sistemas, Marruecos ha podido alcanzar una cobertura sanitaria real del 62 %. De ella, el 34 % se produjo a través del sistema AMO y el 28 %, a través del sistema RAMED. El objetivo es generalizar la cobertura sanitaria para llegar al 90 % de la población en 2021.

El artículo 5 de la Ley núm. 65-00 relativa al Régimen Básico de Seguro Obligatorio de Enfermedad, dispone que el seguro obligatorio debe cubrir tanto a su titular como a los familiares a su cargo. Los artículos 35 y 36 de la Ley núm. 65-00 disponen que las mujeres pueden continuar disfrutando de esta cobertura durante 2 años después de la muerte de su esposo o, en caso de divorcio, durante 1 año tras la disolución del matrimonio.

El sistema de asistencia médica se extendió a las personas necesitadas en 2012, y ha contribuido a ampliar el acceso a tratamiento. Con este sistema se otorga la tarjeta RAMED a hombres y mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad o pobreza, sin discriminación, lo que les permite recibir la mayoría de los servicios prestados por las instituciones hospitalarias públicas. El número de beneficiarios del sistema de asistencia médica alcanzó los 12 millones desde su creación hasta 2018, frente a los 10,3 millones de 2016. De ellos, 7,4 millones de personas tenían tarjetas válidas con una tasa de cobertura de más del 142 %. Los beneficiarios se dividen del siguiente modo:

–El 91 % están clasificados como pobres y el 9 % como personas en situación de vulnerabilidad.

–El 53 % son mujeres y el 47 %, hombres.

–El 51 % viven en zonas rurales y el 41 %, en zonas urbanas.

El sistema de protección social se ha ampliado a través de lo siguiente:

–El sistema de cobertura de salud estudiantil, en virtud de la Ley núm. 116-12 relativa al Régimen del Seguro Obligatorio Básico de Enfermedad para Estudiantes, en 2016.

–El sistema de seguro obligatorio básico de enfermedad para los trabajadores autónomos (2017), el cual garantiza que se cubran los gastos médicos y se les preste la misma serie de tratamientos que garantiza el sector privado. En diciembre de 2017 se creó un sistema de pensiones para estos grupos mediante la Ley núm. 99-15, que garantiza una pensión de jubilación a partir de los 65 años y hasta los 75 años como máximo, además de las pensiones de los fallecidos que se pagan a sus familiares.

–Con respecto a la cobertura sanitaria para mujeres migrantes, el sector encargado de los marroquíes residentes en el extranjero y de los asuntos de inmigración, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud han firmado un acuerdo marco general de asociación y cooperación que facilita el acceso a los servicios de salud a los migrantes y refugiados residentes en Marruecos.

–En relación con el párrafo 33 de las conclusiones generales, que se refiere a los servicios de atención de salud en las zonas rurales, el Plan Nacional para la Promoción de la Salud en el Ámbito Rural ha permitido mejorar el acceso de las mujeres rurales a los servicios de salud, lo que ha sido especialmente beneficioso para la reducción de la mortalidad y la morbilidad maternas. Se ha mejorado tanto la atención primaria de la salud como la atención hospitalaria. En 2017 había 2.865 instituciones de atención primaria de la salud (2.034 en zonas rurales) dotadas de 3.308 médicos y 9.799 enfermeros, así como 158 centros que dispensaban prestaciones sanitarias hospitalarias. A ellos se sumaron, en 2018, 5 hospitales y 2 centros de diálisis. También se ha creado una red integrada de tratamiento médico de urgencia de acuerdo con el mapa sanitario, tanto fija como móvil.

En las unidades fijas, la prestación de atención de emergencia prehospitalaria se ha mejorado mediante lo siguiente:

–La creación de 96 unidades médicas de emergencia próximas a los centros de salud.

–La habilitación de 48 servicios de recepción de emergencias médicas en centros hospitalarios.

–La creación de 11 departamentos de asistencia médica de emergencia según la nueva división regional.

–La habilitación del número nacional gratuito 141 para llamadas de emergencia sanitaria.

–La movilización de cuatro helicópteros de transporte para emergencias sanitarias.

–La adquisición de un hospital de campaña móvil para atender a los habitantes de zonas remotas que sufren condiciones climáticas severas. El hospital cuenta con un equipo multidisciplinario de personal médico, de enfermería, auxiliar, paramédico, técnico de mantenimiento y de soporte.

–El establecimiento de un sistema de asistencia en medicina reproductiva en zonas remotas (un sistema de emergencia reproductiva).

–La creación de cinco centros para la formación de técnicos en transporte y atención médica.

–La creación de programas para la formación de personal de enfermería especializado en urgencias y cuidados intensivos en siete escuelas superiores de enfermería y tecnología de salud.

–La incorporación de una unidad de formación en medicina de emergencia en los programas de estudios de salud familiar y comunitaria en la Escuela Nacional de Salud Pública.

Las unidades móviles brindan un conjunto de servicios preventivos, terapéuticos y de sensibilización en materia de salud, dando prioridad a los programas de salud materna, infantil y reproductiva, para lo cual realizan periódicamente visitas sobre el terreno. Por ejemplo, en 2017 efectuaron 12.037 visitas.

Tabla 12: Visitas sobre el terreno de unidades médicas móviles (2012-2017)

Año	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Visitas sobre el terreno	10.045	11.589	12.032	12.618	12.859	12.037

Las visitas sobre el terreno de los convoyes médicos multidisciplinarios han aumentado desde la puesta en marcha del sistema de asistencia sanitaria, llegando a 437 campañas médicas en 2018. Con el fin de garantizar la salud de los habitantes de zonas remotas expuestas a los efectos de las olas de frío, desde 2014 se trabajó para activar las operaciones de atención. Entre noviembre de 2018 y marzo de 2019, estas operaciones se centraron en 28 provincias y consistieron en la realización de 4.558 visitas sobre el terreno por parte de las unidades médicas móviles, la organización de 233 convoyes médicos y la prestación de 650.112 servicios de salud.

Tabla 13: Campañas médicas

Año	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Número de campañas médicas	83	117	87	94	282	564	437

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud de la Población y la Familia, los indicadores de salud en las zonas rurales mejoraron entre 2011 y 2018, ya que la tasa de mortalidad materna pasó de 112 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2010 a 72,6 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2017. Esta tasa disminuyó en 37 puntos (de 148 a 111,1) en las zonas rurales, frente a un descenso de 28 puntos en las zonas urbanas (de 73 a 44,6).

Aunque la tasa de mortalidad materna ha disminuido, todavía hay disparidades entre las zonas urbanas y rurales, en particular en la atención prenatal. Por tanto, es necesario realizar esfuerzos adicionales para garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud.

En 2013 se creó la Red de Instituciones de Medicina Social de acuerdo con los requisitos del mapa de salud, en respuesta a las necesidades específicas de algunos grupos sociales. Entre dichas instituciones se incluyen aquellas para personas con discapacidad y centros de salud para jóvenes y estudiantes.

El Gobierno se está dedicando a fortalecer los servicios de salud dirigidos a ancianos con el lanzamiento de una estrategia nacional de salud de las personas mayores, “Visión 20-30”, que aplicará mediante los planes de acción de 2020-2025 y 2025-2030. Se han creado unidades geriátricas y una unidad de salud psicológica y mental para las personas mayores en un hospital universitario para personas con enfermedades mentales. Se han establecido reglas y criterios orientados a crear unidades especiales de geriatría para ingresos a corto plazo. Asimismo, desde 2012 los planes de estudios de formación básica para enfermeras y enfermeros de varias especialidades incluyen una unidad de geriatría.

A fin de mejorar los servicios de salud maternoinfantil, en el marco de la Estrategia Nacional de Salud Reproductiva (2011-2020) se han proporcionado servicios integrales, accesibles y aceptables y se han reforzado los servicios existentes para contribuir a mejorar la salud materna y reproductiva. Los indicadores relativos al uso de métodos de planificación familiar por parte de las mujeres mostraron una tendencia al alza, ya que aumentaron del 63 % en 2004 al 70,8 % en 2018, y el porcentaje de necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar cayó hasta el 11,3 %.

En el marco del Programa Nacional para el Control del Embarazo y el Parto, a partir de 2012 se tomaron un conjunto de medidas encaminadas a mejorar la política de exención del pago de tratamientos obstétricos y neonatales de emergencia y servicios de salud dispensados en estructuras sanitarias de base, cesáreas y pruebas de laboratorio básicas. También se garantiza el traslado médico de mujeres embarazadas entre distintos centros de salud. Asimismo, se brinda apoyo a las unidades de asistencia médica para rescatar a mujeres embarazadas en zonas aisladas y con menos cobertura. Se ha mejorado la calidad de la atención para las complicaciones derivadas del embarazo. Existe un programa de formación anual para médicos y obstetras en emergencias obstétricas. Además, se promulgó la Ley núm. 44-13 con el objetivo de proteger la profesión de obstetra. Según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Salud de la Población y la Familia de 2018, también han mejorado significativamente otros indicadores. Entre otras cosas:

–En 2018, más del 88,6 % de las mujeres embarazadas fueron atendidas por instituciones de salud, frente a un 76 % en 2011.

–En 2018, más del 86 % de los nacimientos tuvieron lugar en instituciones de salud, frente a un 73 % en 2011.

Para mejorar las condiciones de maternidad, el Gobierno ha seguido organizando campañas nacionales destinadas a motivar a las mujeres embarazadas para que recurran a los servicios de salud para el control del embarazo y el parto, especialmente a aquellas que se encuentran en zonas remotas. El enfoque de la sección materna se ha adoptado en el 60 % de las instituciones pertinentes.

En el marco del Plan Nacional para la Prevención y el Control del Cáncer (2010-2019), se ha reforzado el proceso de seguimiento temprano del cáncer de mama y de cuello uterino. En 2017, más de 1.832.000 mujeres de entre 40 y 69 años recurrieron a servicios de detección temprana del cáncer de mama. Se diagnosticaron más de 1.504 casos de cáncer de mama. Unas 920.000 mujeres se sometieron a exámenes de detección temprana, y en la campaña nacional de 2018 se diagnosticaron unos 133 casos de cáncer de mama. En 2018, más de 145.500 mujeres se beneficiaron de la detección temprana, se detectaron 455 lesiones precancerosas del cuello uterino y se diagnosticaron 23 casos de cáncer de cuello uterino.

En el marco de la estrategia nacional para combatir las enfermedades de transmisión sexual curables, más de 350.000 mujeres fueron atendidas anualmente y se les detectó el VIH, especialmente mujeres en edad fértil y embarazadas, ya que el número de mujeres embarazadas que se beneficiaron del examen aumentó de 43.000 en 2012 a más de 120.000 en 2018.

En el marco del plan nacional para eliminar la transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis congénita para 2020, se trabaja para educar a las mujeres en edad fértil sobre los riesgos que conlleva la transmisión del virus y las bacterias que causan la sífilis y evitar embarazos no deseados en mujeres seropositivas. Se ha puesto en marcha un programa para prevenir la transmisión del VIH y de todas las enfermedades de transmisión sexual de madre a hijo a través de la detección temprana y el tratamiento para mujeres seropositivas. La proporción de mujeres embarazadas que viven con el VIH y han recibido la terapia triple aumentó del 12 % en 2007 al 65 % en 2018.

Se ha introducido el enfoque de género en los programas para el cuidado de personas con discapacidad. Gracias a ello, en 2016 68.450 mujeres y niñas recibieron clases de capacitación médica en diversas especialidades en centros regionales, frente a 62.161 en 2012, lo que supone un incremento del 10 %. En 2016 se implantaron extremidades artificiales (órtesis y prótesis) a 1.944 mujeres y niñas con discapacidad en los centros regionales. Este aumento del 199 % con respecto a las 650 pacientes de 2012 se debe a que el número de centros antes mencionados pasó de 12 en 2012 a 15 en 2016. También se preparó un plan nacional centrado en la salud de las personas con discapacidad para el período 2015-2021.

En lo tocante al fortalecimiento de las alianzas con los agentes locales, se realizaron experimentos en el ámbito de la participación comunitaria, como actividades para sensibilizar sobre importantes problemas de salud. Los partos de urgencia se transfieren a los departamentos de salud apropiados a través del sistema de asistencia de emergencia para madres y recién nacidos, habilitados en 31 lugares. Se han acercado los servicios de salud a la población de zonas remotas (ahora hay aproximadamente 30 maternidades). La sociedad civil ha participado en la elaboración de proyectos y programas para promover la salud materna. Estos se enfocan en las zonas rurales a través de la expansión del concepto de maternidad y fomentan la educación parental involucrando a agentes de desarrollo local para que promuevan la atención del parto en centros sanitarios. En 2018 se firmaron 20 acuerdos de asociación con diversos agentes, incluidos 9 acuerdos con asociaciones de salud.

Artículo 13

Las condiciones de vida de las familias encabezadas por mujeres han mejorado, lo que ha quedado reflejado en la disminución de la pobreza y la fragilidad registrada entre 2007 y 2014:

Tabla 14: Tasa de pobreza entre las mujeres

Tasa de pobreza y vulnerabilidad entre las mujeres ( cabeza de familia )	Rural	Urbano	Total
2007	2014	2007	2014	2007	2014
Pobreza de ingresos	15,1	9,6	4	1,9	7,4	3,9
Vulnerabilidad	23,2	17,4	13,4	8,2	16,4	10,6

Fuente: Alto Comisionado de Planificación, mapa de pobreza de 2014.

Con el objetivo de promover la protección social y el empoderamiento económico de las mujeres, en diciembre de 2014 se emitió el Decreto núm. 2-14-791, con el que se buscaba brindar apoyo directo a las mujeres viudas en situación vulnerable que están cuidando a sus hijos hasta que estos cumplan 21 años. A tal fin, es obligatorio que los niños en edad escolar continúen los estudios o la formación profesional que corresponda, con la excepción de los niños huérfanos con discapacidad. Cada niño huérfano percibe 350 dírhams al mes, siempre que el total de la ayuda concedida a la familia no supere los 1.050 dírhams mensuales.

Hasta finales de 2018, se habían acogido a este programa 91.126 viudas que cuidan de más de 156.000 huérfanos y huérfanas, lo que equivale a más de 90.000 familias beneficiarias. El monto asignado a este programa pasó de 196 millones de dírhams en 2015 a 587 millones de dírhams en 2017.

El Fondo de Cohesión Social se creó, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Finanzas de 2012, para fortalecer los mecanismos de cohesión social en favor de las personas en situación vulnerable, especialmente las mujeres y las niñas. El objetivo es financiar los gastos relacionados con la ejecución y expansión del plan de asistencia médica y proporcionar asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad. Se comenzó a proporcionar ayuda financiera para programas sociales a partir de 2014.

El Fondo de Solidaridad Familiar tiene como objetivo proteger a las mujeres divorciadas y sus hijos de las carencias resultantes de la insolvencia del esposo. El sector de la justicia ha tratado de superar los problemas que surgieron con la aplicación de la ley que establece las condiciones y normas aplicables a los beneficiarios. Se han modificado las disposiciones del decreto de aplicación de esa ley, principalmente aquellas sobre los documentos necesarios para beneficiarse del anticipo de las ayudas y sobre el límite máximo del Fondo. El grupo de beneficiarios también se ha ampliado para incluir a las esposas sin recursos, las madres abandonadas y los hijos que tienen derecho a pensión alimenticia durante la relación matrimonial, así como aquellos que tienen derecho a percibir una pensión alimenticia tras la disolución del matrimonio. El Consejo de Gobierno aprobó las enmiendas al proyecto de ley en diciembre de 2017.

En 2017, en cumplimiento de la decisión del Consejo de Gobierno de inscribir a los niños en los registros civiles, se creó un comité ministerial para implementar esta decisión. Como resultado, se organizaron dos campañas para inscribir a los niños. La primera tuvo lugar entre 2017 y 2018, y la segunda comenzó en 2019, y se inscribieron en el registro civil 23.151 personas (niños y adultos). El número de expedientes sometidos al poder judicial ascendió a 39.481, y se dictaron 16.808 sentencias declarativas.

En relación con el párrafo 43 de las observaciones finales, y en el marco de la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano, se tomaron medidas en favor de las mujeres en situación de vulnerabilidad a través de cuatro áreas principales: el apoyo a actividades generadoras de ingresos, la mejora del acceso a los servicios educativos, la creación de estructuras de activación sociocultural y deportiva y el apoyo a los centros de acogida. Desde 2005 hasta 2017, 4,2 millones de mujeres mejoraron sus condiciones sociales y económicas. En 2017 se registraron más de 7.764 actividades generadoras de ingresos (el 65 % de ellas en zonas rurales), con una inversión total de aproximadamente 2.400 millones de dírhams, entre los que se incluyen una contribución de 1.400 millones de dírhams de la Iniciativa Nacional en apoyo de 118.000 beneficiarias.

Tabla 15: Distribución de las beneficiarias por ámbito de las actividades generadoras de ingresos

Ámbito	Número de empresas	Número de beneficiarias
Agricultura	4.320	26.477
Artesanía	1.102	10.624
Comercio de proximidad	1.914	12.351
Pesca tradicional	315	816
Turismo	113	799
Total	7.764	51.067

La Iniciativa se ha asegurado de que las mujeres desempeñen un papel fundamental en la ejecución de sus programas. En el período 2005-2018 se pusieron en marcha alrededor de 9.400 actividades generadoras de ingresos en beneficio de los titulares de certificados de diferentes grupos objetivo, la mitad de los cuales eran mujeres que pudieron mejorar sus condiciones sociales y económicas.

Se ha desarrollado un conjunto de proyectos para combatir el abandono escolar y alentar en especial a las niñas de zonas rurales a estudiar. En dichas zonas, la Iniciativa trabajó para construir y equipar diversas residencias de estudiantes y adquirir medios de transporte escolar.

Con el objetivo de mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de salud, se han proporcionado y rehabilitado algunos centros de salud. Se han organizado convoyes médicos y campañas de sensibilización y se han creado cerca de 240 maternidades y paritorios que han contribuido a reducir la tasa de mortalidad materna y en la niñez. También se han creado 1.134 centros especiales destinados a atender a mujeres que se encuentran en circunstancias difíciles.

La tercera fase de la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano (2019-2023) comenzó el 18 de septiembre de 2018. Esta fase se pone en práctica usando un sistema de focalización preciso basado en un programa dirigido a promover el capital humano. Las tareas de los órganos de gobernanza local se han redefinido de acuerdo con las exigencias de mayor regionalismo y descentralización administrativa. La representación de las mujeres en estos órganos se ha elevado al 20 %. Se ha destinado una dotación financiera de 18.000 millones de dírhams para esta fase con miras a financiar cuatro programas:

–Un programa para remediar las deficiencias de las infraestructuras y los servicios básicos en las localidadespeor equipadas, con un presupuesto de 4.000 millones de dírhams.

–Un programa para acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad, de 11 categorías distintas, con un presupuesto de 4.000 millones de dírhams.

–Un programa para incrementar los ingresos, mejorar la inclusión económica de los jóvenes y crear oportunidades de trabajo para ellos mediante la capacitación y el apoyo, con un presupuesto de 4.000 millones de dírhams.

–Un programa para impulsar el desarrollo humano de las generaciones venideras ofreciéndoles apoyo durante la primera infancia y la juventud, con un presupuesto de 6.000 millones de dírhams. Uno de los objetivos de este programa es mejorar la salud y la nutrición de la madre y el niño.

A fin de generar un entorno propicio para el empleo de las mujeres y el emprendimiento femenino, se han implementado varias medidas en colaboración con asociaciones, el sector privado y asociados internacionales para el desarrollo. Entre ellas cabe destacar:

•La creación del fondo “Ilayki”, cuyo propósito es animar a las mujeres a iniciar un negocio otorgándoles hasta el 80 % de los préstamos bancarios. Desde su puesta en marcha en marzo de 2013 hasta noviembre de 2019, se han aprobado unos 3.643 proyectos, con un presupuesto de 773 millones de dírhams, distribuidos entre los sectores de la salud y el trabajo social (36 %), el comercio (27 %), los servicios (16 %), los hoteles y restaurantes (6 %), la industria (5 %) y la educación (4 %).

•Un sistema de autocontratación que, entre 2015 y finales de abril de 2019, permitió crear 103.160 empresas por cuenta propia, de las cuales el 31 % eran de mujeres.

•La prestación de apoyo al emprendimiento femenino mediante el desarrollo de herramientas destinadas a respaldar a las pequeñas y medianas empresas y a producir datos desglosados por tipo.

•Programas de cooperación internacional relacionados con el empoderamiento económico de las mujeres, cuyo objetivo es apoyar el establecimiento y desarrollo de empresas dirigidas por mujeres, mejorar el clima empresarial para ellas y fortalecer la capacidad de las asociaciones nacionales de mujeres profesionales. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) supervisa la ejecución del proyecto Promover el Empoderamiento de las Mujeres para Lograr el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible en la Región de Oriente Medio y Norte de África.

En colaboración con ONU-Mujeres, se han administrado varias actividades destinadas a integrar el enfoque de género en el diseño y la planificación urbanos, teniendo en cuenta el derecho de las mujeres de acceder a instalaciones y servicios públicos. Esta colaboración permitió realizar sobre experiencias internacionales antes de embarcarse en la redacción de una guía de referencia para integrar un enfoque de género en las políticas urbanas propuestas.

Durante 2018, el sector del empleo llevó a cabo un programa de formación (18 sesiones) sobre los derechos laborales básicos, en el que se sensibilizó sobre la Ley núm. 19-12 relativa a la Determinación de las Condiciones de Trabajo y Empleo de los Trabajadores y Trabajadoras Domésticos. En el contexto de la movilización de recursos humanos, también impartió formación de reciclaje profesional a 30 administradores para que actuaran en calidad de inspectores del trabajo.

En el marco de la cooperación internacional con el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos y con la participación de la Unión General para la Contratación de Marruecos, el ministerio ha realizado un seguimiento del proyecto “Mi Situación” (2015-2017) en la región de Casablanca, con miras a fortalecer la participación de las mujeres en la vida política y económica y desarrollar sus responsabilidades sociales dentro de la empresa. En este sentido:

–Se ha identificado y capacitado a unas 400 mujeres para aumentar sus posibilidades de conseguir un empleo.

–Se ha llevado a cabo un programa de auditoría en igualdad de género en 10 de las 15 empresas contratadas ubicadas en la región de Rabat-Salé-Kenitra.

–Se ha preparado una guía sobre la auditoría de la perspectiva de género dentro de la empresa, que se ha distribuido al conjunto de empresas a través del sitio web del proyecto.

El programa “Baynahunna” se puso en marcha en las regiones como parte de un acuerdo entre la Agencia Nacional para la Promoción de las Pequeñas y Medianas Empresas, los centros regionales de inversión y el Organismo Alemán de Cooperación Internacional, con el objetivo de apoyar y acompañar a las mujeres propietarias de empresas muy pequeñas y pequeñas inmediatamente después de su constitución. A finales de 2013, 120 contratistas se habían beneficiado de este programa, entre los que figuraban, durante la primera edición del programa, 80 mujeres, frente a las 40 mujeres de la segunda edición. La tercera edición del programa apoyará a 70 mujeres contratistas.

En 2018, el Programa de Apoyo al Autoempleo, que tiene por objeto respaldar la creación de empresas muy pequeñas, ayudó a 2.785 emprendedores, el 30 % de ellos mujeres, frente al 27 % de 2017, y a 1.351 empresas muy pequeñas o actividades generadoras de ingresos autofinanciadas. Asimismo, contribuyó a la creación de 4.526 puestos de trabajo.

En abril de 2017, en el marco de la cooperación belga-marroquí y en colaboración con la Asociación para la Promoción de la Educación y la Formación en el Extranjero (APEFE), el sector del empleo lanzó la segunda edición del proyecto “Min ajliki” para el quinquenio 2017-2021. Este proyecto, dirigido específicamente a las mujeres, tiene como objetivo promover el empoderamiento económico de las mujeres en Marruecos mejorando de forma cuantitativa y cualitativa el autoempleo y la empleabilidad de las mujeres.

–Empresarias potenciales que desean adentrarse en el mundo de los negocios.

–Mujeres que se dedican a actividades del sector no estructurado.

–Empresarias que desean evolucionar.

–Mujeres que llevan actividades sociales o solidarias (cooperativas).

Desde el lanzamiento de la segunda edición del proyecto, se han conseguido los siguientes resultados:

–Un total de 13.500 personas han recibido información acerca del programa y 1.650 mujeres han participado en talleres de sensibilización sobre la iniciativa empresarial.

–Un total de 1.670 mujeres se han beneficiado de los primeros acompañamientos, y se ha brindado acompañamiento posterior a 557 mujeres. Se han incubado 59 empresas de mujeres.

–Se ha prestado apoyo en materia de comercialización a 567 empresarias.

–Los asociados del programa han creado 231 empresas.

–Se han creado 298 empresas en el marco del sistema de autoempleo y se ha ayudado a 50 empresas del sector no estructurado a hacer la transición al sector estructurado.

–Se han creado 792 oportunidades de empleo.

Durante 2018 prosiguieron las actividades del proyecto “Los Jóvenes Trabajan”, que presta especial atención al tema de la igualdad de género y ha establecido objetivos e indicadores para las mujeres en todos sus ámbitos de intervención. Este proyecto se centró además en la investigación científica en materia de acceso de las mujeres al mundo de los negocios, para lo cual realizó un estudio nacional sobre el desarrollo de las empresarias en Marruecos.

En agosto de 2016, el Ministerio de Familia, Solidaridad, Igualdad y Desarrollo Social firmó un acuerdo de colaboración con la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Marruecos (AFEM) referente a un proyecto para desarrollar el espíritu empresarial de las mujeres en entornos urbanos, semiurbanos y rurales a través de aceleradores e incubadoras de empresas en tres regiones de Marruecos.

En 2016 se firmó un memorando de entendimiento con la Organización Mundial del Turismo, la Confederación Nacional de Turismo y ONU-Mujeres sobre un proyecto de empoderamiento social y económico de las mujeres para promover el impacto positivo del desarrollo turístico en la vida de las mujeres y su contribución a la igualdad de género. Dicho memorando tiene por objeto aumentar las oportunidades para establecer pequeñas empresas turísticas a través de las microfinanzas, y alentar la participación de las mujeres en la planificación del turismo, la administración local y la toma de decisiones.

En el marco de la estrategia nacional “Marruecos Innovación”, que se lanzó en 2011, el Fondo Central de Garantía ha apoyado, hasta diciembre de 2014, 60 proyectos innovadores, el 10 % de ellos dirigidos por mujeres. El Gobierno trabaja para impulsar el emprendimiento y la inversión entre las mujeres emprendedoras a través de varios programas de formación. Entre los beneficiarios se incluyen los siguientes:

–Un total de 128.339 jóvenes en el ámbito de los negocios y proyectos generadores de ingresos en instituciones de mujeres.

–Alrededor de 11.000 jóvenes, incluidas aproximadamente 5.000 mujeres jóvenes, en el marco de un programa de autoempleo apoyado por el Banco Mundial.

–Doscientos estudiantes (con una representación igualitaria de ambos sexos) que emprendieron, entre 2011 y 2014, 50 proyectos innovadores dentro de una unidad de formación sobre la creación de empresas innovadoras en cinco centros de educación superior.

–Un total de 113 proyectos, el 48 % de los cuales estaban dirigidos por mujeres, en el marco del programa del Fondo para la Integración de los Jóvenes.

Con respecto al programa de modernización del comercio de proximidad, se han renovado más de 24.480 puntos de venta en más de 100 ciudades y pueblos de diversas regiones, lo cual ha beneficiado a 2.452 mujeres comerciantes (el 10 % del total).

La Constitución de 2011 consagró el concepto de desarrollo sostenible y lo convirtió en un derecho para todos los ciudadanos. Se elaboró una nueva lista de 56 indicadores de desarrollo sostenible que está más en consonancia con las preocupaciones actuales y con las necesidades de seguimiento y evaluación de las políticas de desarrollo sostenible que aplican diversos agentes. La incorporación de la perspectiva de género se ha convertido en un indicador importante de desarrollo sostenible.

Se ultimó una estrategia para institucionalizar la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito del medio ambiente y el desarrollo sostenible en el marco de un acuerdo de colaboración con ONU-Mujeres (marzo de 2018). Dicha estrategia se basa en las siguientes pautas:

–Contribuir a la aplicación de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Paridad de Género, en consonancia con los objetivos y programas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible.

–Incorporar el principio de igualdad en el proceso de gestión de los recursos humanos y las competencias.

–Institucionalizar las unidades de género y promover la igualdad de género en las prácticas, los comportamientos, los programas y los planes de acción en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible.

Con el fin de sentar las bases de una economía verde para 2020, se formuló una estrategia nacional de desarrollo sostenible. En este marco, y en paralelo al 22º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se puso en marcha el Programa Mundial de Innovación en materia de Tecnologías Limpias - Marruecos con miras a promover una economía verde, en colaboración con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y la ONUDI, para fomentar la participación de las mujeres en la consecución del desarrollo sostenible. Se seleccionaron seis proyectos para proporcionarles apoyo financiero y técnico.

Como parte del apoyo que se presta a las asociaciones para formular y presentar iniciativas y proyectos ambientales, a la hora de seleccionar proyectos se adopta un enfoque de género:

–Velando por que las asociaciones de mujeres estén representadas.

–Prestando atención a los jóvenes y las mujeres durante las distintas fases de formulación y ejecución de los proyectos.

–Procurando que los proyectos tengan repercusiones positivas para las mujeres, especialmente en el ámbito rural y en lo que respecta a la escolarización de las niñas, la conciencia ambiental y el desarrollo sostenible.

–Promoviendo actividades generadoras de ingresos mediante la creación y el fomento de cooperativas de mujeres que se proponen cultivar productos locales. Durante el ciclo de 2016 se promovieron proyectos e iniciativas de la sociedad civil relacionados con el cambio climático. El indicador sobre la diversidad de género se empleó con el objetivo de valorar en qué medida las actividades de esos proyectos contribuían a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres para llevar a cabo actividades generadoras de ingresos.

A principios de 2013, el sector juvenil y deportivo puso en marcha el programa “Acompañamiento de Cooperativas”, que abarca 121 proyectos cooperativos y generadores de ingresos. Los centros de formación profesional también trabajan en favor del autoempoderamiento de mujeres y niñas, y facilitan su integración en la vida socioeconómica y su acceso al mercado laboral. También existe un proyecto orientado a integrar a 2.000 graduados en el sector de los repuestos para automóvil en colaboración con la Agencia Nacional para la Promoción del Empleo y las Competencias (ANAPEC).

En el marco del Programa para Promover el Emprendimiento de los Jóvenes (PPEJ) se ejecutó el programa “Apoyar las Capacidades Empresariales de los Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad en el Sector Informal”, que ofrece capacitación para la creación de microempresas a unos 5.000 jóvenes. El 40 % de sus beneficiarios fueron mujeres.

Para promover el acceso de las mujeres a los derechos culturales, se han adoptado las siguientes medidas:

–La institucionalización de la perspectiva de género en el sector cultural mediante la creación de unidades de género.

–El fomento y la mejora de las oportunidades de las mujeres en las enseñanzas artísticas y los oficios tradicionales. El número de niñas inscritas en escuelas superiores y conservatorios de música pasó de 6.250 durante el curso académico de 2016 a 7.114 durante el curso académico 2017-2018.

–La facilitación de las mismas oportunidades a ambos sexos para recibir asistencia, a fin de lograr el empoderamiento económico de las mujeres en el marco de la política de apoyar proyectos culturales en los ámbitos del teatro, la música, el canto, las artes plásticas y visuales, las artes patrimoniales, los festivales, la publicación y el libro.

Tabla 16: Apoyo a proyectos dirigidos por mujeres

Esfera de apoyo	2014	2015	2016	2017
Número de proyectos de mujeres	Total	Número de proyectos de mujeres	Total	Número de proyectos de mujeres	Total	Número de proyectos de mujeres	Total
Publicación de libros	24	204	43	350	84	459	37	315
Publicación de revistas	2	63	3	83	2	113	7	86
Sensibilización a la lectura	2	18	7	31	12	56	9	37
Ferias internacionales	10	43	21	104	48	138	46	144

Fuente: Ministerio de Cultura.

–La garantización de la representación de las mujeres y la presencia de la creatividad femenina en sus diversas manifestaciones en exposiciones y semanas culturales marroquíes organizadas en el extranjero.

–La participación de las mujeres en diversas reuniones intelectuales y estudios sobre cuestiones relacionadas con las mujeres.

–La recopilación de datos y la documentación de las costumbres, tradiciones, habilidades, artesanías y artes creadas por las mujeres.

–La creación de un premio a la mejor actriz en el Festival Nacional de Teatro.

–El homenaje a las mujeres artistas y pioneras en todos los eventos artísticos.

Artículo 14

Las autoridades públicas han emprendido medidas e iniciativas de acuerdo con un enfoque participativo encaminadas a mejorar la situación de las mujeres rurales, creando programas de desarrollo local en su beneficio e involucrando a diversos agentes en políticas y programas públicos.

La ejecución del programa nacional de abastecimiento de agua potable a las poblaciones rurales aumentó la tasa de abastecimiento del 87 % en 2008 al 79 % en 2018. El número de beneficiarios fue de 13.754.197 personas, de los cuales 6.825.481 fueron mujeres y niñas. Ello contribuyó a aumentar la escolarización de las niñas y ofreció a las mujeres más tiempo para dedicarse a actividades generadoras de ingresos.

El programa integral de electrificación rural ha contribuido a mejorar el estilo de vida de las mujeres en las zonas rurales. El uso de electrodomésticos ha redundado en un ahorro de tiempo que se puede dedicar a impartir más educación a las niñas de las zonas rurales, combatir el analfabetismo, fomentar actividades generadoras de ingresos (con la creación cooperativas) y aprender nuevas habilidades. Se está aumentando la conciencia en materia de salud a través de programas de televisión. Además, la electrificación de los centros de proximidad para el tratamiento permite hacer un seguimiento de los embarazos, con lo que se reduce la tasa de mortalidad de las mujeres embarazadas y los lactantes y se garantiza una mejor atención.

Desde 1996 hasta finales de noviembre de 2018, este programa aumentó la tasa de electrificación rural del 18 % en 1995 al 99,63 % a finales de noviembre de 2018. En ese período:

–Se dotó de suministro eléctrico a 40.393 aldeas con un total de 2.291.123 viviendas, a las que se conectó a la red nacional.

–Se instalaron 51.559 paneles solares en 3.663 aldeas entre 1998 y 2009.

–Se instalaron 19.438 dispositivos solares en 900 aldeas entre 2016 y enero de 2017.

Con la ejecución del Primer Programa Nacional de Caminos Rurales (1995-2005), se habilitaron 11.000 km con un costo de 7.000 millones de dírhams, lo que ha aumentado la tasa de acceso de los residentes rurales a redes viales del 34 % al 54 %. Continuando con este esfuerzo, se ejecutó el Segundo Programa Nacional de Caminos Rurales (2006-2016), con el que la longitud total de los caminos rurales completados desde el inicio del programa hasta junio de 2016 aumentó a 13.871 km. Gracias a ello, se puso fin al aislamiento de 2.885.000 de personas de zonas rurales, de las que, según el censo de 2014, el 50,7 % eran mujeres (es decir, unas 1.462.695 personas).

Un estudio del impacto de estos dos programas, que se llevaron a cabo en 2013, mostró los siguientes indicadores positivos:

•El aumento del número de niñas escolarizadas en 7,4 puntos porcentuales (del 65 % al 72,4 %).

•El aumento de la tasa anual de visitas familiares a los centros de salud en un 32,3 % (de 6,4 a 8,5 visitas familiares por año).

•La reducción del tiempo de traslado al centro de salud más cercano en un 35,1 % (de 57 a 37 minutos) durante la estación seca y en un 35,7 % (de 70 a 45 minutos) durante la temporada de lluvias.

•La reducción del costo del transporte público en un 26 % (de 0,88 a 0,65 dírhams por persona y kilómetro).

•La reducción del costo del transporte de mercancías en un 14,7 % (de 3,24 a 2,76 dírhams por tonelada y kilómetro).

Durante 2015 se elaboró un plan de acción integrado para financiar proyectos de infraestructura en comunidades locales y zonas remotas. En el marco del Plan Nacional para el Desarrollo de las Zonas Rurales y Montañosas, se diseñó un programa para reducir las disparidades geográficas. Los objetivos del programa eran los siguientes:

–Poner fin al aislamiento de las zonas remotas y montañosas mediante la construcción de carreteras, caminos y cruces.

–Mejorar y universalizar el acceso de la población rural a servicios básicos relacionados con la electricidad, el agua potable, la educación y la salud.

–Crear las condiciones necesarias para mejorar y diversificar la capacidad económica de las zonas rurales y montañosas.

La ejecución de este programa contará con una dotación financiera de aproximadamente 50.000 millones de dírhams durante un período de siete años. Las instalaciones completadas gracias a este programa permitirán poner fin al aislamiento de 5.190 aldeas y que más de 6 millones de personas de 1.100 comunidades tengan acceso a servicios de salud, educación, agua y electricidad.

El Gobierno preparó el programa de rehabilitación local (2005-2011), con un costo de 2.500 millones de dírhams, con el que se cubrieron 2.313 kilómetros y se construyeron 90 instalaciones de tránsito, 68 de ellas aisladas, beneficiando así a 810.960 personas distribuidas entre 207 comunidades locales pertenecientes a 22 regiones. Además, la tasa de acceso aumentó del 50 % al 85 % después de completar el Segundo Programa Nacional de Caminos Rurales y el programa de rehabilitación local.

En aplicación de la Ley Marco núm. 34-09 relativa al sistema de salud, se ha ejecutado en zonas rurales un conjunto de programas. Estos consisten en un plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad materna y neonatal; un plan de acción (2011-2013) para salvar las vidas de madres y niños; un plan nacional de salud infantil; una estrategia nacional de nutrición (2011-2019); una estrategia nacional de salud reproductiva; y un plan de salud para las zonas rurales. También se ha mejorado el modelo móvil de cobertura sanitaria, y se puso en marcha una iniciativa de asistencia dirigida a las regiones afectadas por el cambio climático, especialmente por fuertes precipitaciones.

En relación con los párrafos 27 y 33 de las observaciones finales, se apoyó la escolarización de las niñas de las zonas rurales ampliando la oferta y los servicios de las instituciones de asistencia social (residencias y hogares para mujeres estudiantes), que incluyen alimentación escolar, alojamiento, clases, apoyo escolar, campamentos de verano, actividades culturales y deportivas y servicios de apoyo psicológico. En 2014, el 45,08 % de los beneficiarios fueron niñas (46.675), cuya tasa de éxito escolar fue del 80 %.

Numerosas cooperativas de mujeres en las esferas de la agricultura, la artesanía y el turismo han recibido apoyo y experimentado un notable aumento, pues pasaron de 738 en 2008 a 2.021 en 2014 (el 14,6 % de todas las existentes). En 2016 contaban con un total de 34.877 colaboradoras repartidas entre los ámbitos de la agricultura (12.662), la artesanía (12.482) y la plantación de árboles de argán (6.860).

Con respecto a la agricultura, el Plan Marruecos Verde otorga especial importancia a las mujeres rurales al establecer políticas integrales de desarrollo que tienen por objeto reducir las brechas entre los géneros y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres puedan participar en programas de desarrollo agrícola e incorporar en ellos una perspectiva de género.

En el contexto del empoderamiento socioeconómico de las mujeres, el sector competente se preocupa por:

–Desarrollar herramientas y mecanismos operacionales para estimular el emprendimiento y la inversión y fomentar la creación de empresas agrícolas de mujeres a través de los proyectos del segundo pilar del Plan Marruecos Verde.

–Adoptar una guía de prioridades para proyectos agrícolas solidarios e incluir en ella normas relacionadas con el género, y, desde 2017, ha aplicado el indicador de perspectiva de género en el marco de un programa de apoyo a la política del sector agrícola por parte de la Unión Europea. Este indicador promueve la representación de las mujeres en las estructuras jerárquicas de las organizaciones profesionales.

–Promover servicios de asesoría agrícola dirigida a mujeres rurales (prestando asistencia permanente a 217.567 mujeres).

–Fomentar y mantener el ritmo de la organización profesional agrícola de mujeres (1.410 cooperativas agrícolas femeninas y de argán con un 25 %).

–Apoyar la valoración, comercialización y distribución de productos de cooperativas agrícolas y el acceso a ferias regionales, nacionales e internacionales (más de 8.000 mujeres beneficiarias). Crear estaciones para comercializar productos en algunas regiones del Reino. Organizar alianzas regionales con grandes espacios comerciales. Además, ha establecido ocho sitios de venta de productos a través de Internet y ha prestado servicios de programación a 34 grupos encabezados por mujeres.

–Atender al 52 % de las mujeres que se benefician de proyectos en las regiones de Argán y Al Waha.

–Transmitir 31 programas de radio y anuncios para sensibilizar sobre las cuestiones de género.

–De un total de 883 créditos otorgados (8,5 %), 75 mujeres se beneficiaron de la acreditación para el desempeño de la asesoría agrícola.

En el marco de la visión estratégica para la integración de la diversidad en el sector agrícola, también se han desarrollado las siguientes actividades:

–Se ha realizado un estudio sobre el progreso de las empresas agrícolas femenina en Marruecos.

–Se ha reformado el sistema de educación y capacitación agrícola sobre la base de la paridad y la igualdad, consolidando al mismo tiempo la cultura del emprendimiento agrícola.

–Se han impartido cursos de formación para coordinadores ministeriales con vistas al fortalecimiento de sus capacidades y la adquisición de las herramientas necesarias para integrar la perspectiva de género en los programas y proyectos de desarrollo de cadenas de producción agrícola.

En el ámbito de la pesca marina, se prestó apoyo a dos proyectos a fin de construir y equipar dos unidades para el cultivo de especies marinas. Se trata, por una parte, de una unidad de cooperativas de mujeres con un punto de volcado establecido, cuya actividad se basa en la recolección, la transformación y el envasado de productos marinos costeros y la recolección, el secado y el almacenamiento de algas. La segunda es una unidad de cooperativa de mujeres especializada en la salazón y el ahumado de pescado de superficie. En 2013 se estableció una red de mujeres marroquíes que trabajan en el sector de la pesca marítima.

En el ámbito de la artesanía, hasta finales de 2014 se establecieron 64 hogares para manufactureras en las zonas rurales para brindar apoyo a los fabricantes tradicionales, que incluyen 3.650 mujeres que trabajan en el campo. En 2015 se crearon otros 11 hogares para manufactureras, con el objetivo de incluir el comercio justo dentro de las cooperativas de mujeres e integrar una perspectiva de género en la estrategia de marca tradicional y la comercialización de las marcas terminadas. A finales de 2014 se habían creado 839 cooperativas de mujeres, el 41,5 % de todas las existentes, con un total de 34.877 colaboradoras. Quince marcas registradas de la industria tradicional se han completado o están en proceso de implementación para beneficio de los fabricantes tradicionales, lo que equivale al 40 % de todas las marcas.

Con respecto a la integración social a través del empoderamiento económico de las mujeres de las zonas rurales, el sector competente apoyó en 2015 276 proyectos, con una dotación financiera de 50.878.338 dírhams.

En el marco de la cooperación marroquí-alemana, en 2015 se empezó a ejecutar el programa para mejorar la empleabilidad de las mujeres que viven en zonas rurales de Marruecos, cuyo objetivo era mejorar los servicios de proximidad mediante la ejecución de un proyecto de unidades móviles de la Agencia Nacional para la Promoción del Empleo y las Competencias. Asimismo, se adquirieron cuatro unidades móviles con vistas a mejorar la empleabilidad de las mujeres rurales en cuatro regiones. Estas unidades tienen por objeto responder a las necesidades de la población rural, y ofrecen un paquete de servicios dirigidos a la población rural, entre los que figuran:

–La traducción al árabe de una parte de la guía de trabajos y profesiones, y el acercamiento de la información relacionada con la creación de empresas y la formación disponible.

–El desarrollo de nuevos servicios centrados en la mejora de las competencias para la vida y prácticas conexas, así como la organización de algunos talleres de sensibilización para mujeres rurales. Las mujeres constituyen el 40 % de los beneficiarios del programa.

Parte IV

Artículo 15

Se ha modificado la ley que establece las condiciones y reglas para beneficiarse de las prestaciones del Fondo de Solidaridad Familiar, así como el decreto de aplicación de dicha ley. Por su parte, el Ministro de Justicia y el Ministro de Economía y Finanzas emitieron una resolución conjunta con los siguientes objetivos:

–Ampliar el grupo de beneficiarios para incluir a los niños con derecho a pensión alimenticia durante la relación matrimonial, así como a los niños que tienen derecho a pensión alimenticia tras la disolución del matrimonio.

–Simplificar los procedimientos para tener derecho a recibir prestaciones financieras.

–Ampliar el ámbito de intervención del Fondo para cubrir los importes de la pensión alimenticia concedida por resolución judicial durante los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud para beneficiarse de las prestaciones.

–Fortalecer el mecanismo de protección de los recursos del Fondo contra cualquier fraude.

–Aumentar la prestación financiera otorgada a una familia compuesta por una esposa necesitada y sus hijos de 1.050 a 1.400 dírhams mensuales.

En cuanto a la estrategia para dar a conocer el Fondo y sus objetivos, así como para beneficiarse de sus servicios, se desarrolló un plan de comunicación para incluir a diversos agentes y organizaciones de la sociedad civil. Ello contribuyó a aumentar el número de resoluciones judiciales a favor de los grupos objetivo del Fondo. En 2018 se habían dictado 4.542 resoluciones judiciales, con una dotación financiera de 4.669.940,958 dírhams.

En lo que respecta al párrafo 17 de las observaciones finales, se han adoptado medidas para promover la discriminación positiva a favor de las mujeres, como disfrutar de asistencia jurídica, activar unidades de asistencia, garantizar la gratuidad de las demandas relacionadas con la situación personal de las mujeres divorciadas, apoyar la estructura de recepción o facilitar el acceso de las mujeres a los tribunales. Se contrata a trabajadoras sociales para que apliquen el Código de Familia. Se han llevado a cabo campañas sobre el terreno para documentar los matrimonios contraídos en todo el Reino.

Con respecto a los tribunales de familia, el Ministerio de Justicia ha tratado de generalizar el uso de edificios separados para las salas del tribunal de familia bajo la tutela de los tribunales de primera instancia, a fin de facilitar el acceso de las mujeres a la justicia familiar y dotar a estas salas de trabajadoras sociales que velen por las mujeres y los niños.

Las autoridades públicas han promovido la igualdad de género en el uso de las tierras colectivas tradicionales. Han aplicado lo dispuesto en las circulares emitidas por el Ministerio del Interior en 2010 y 2012, que instan a los representantes de esas tierras colectivas a incluir a las mujeres en los registros de titulares de derechos, a fin de que se beneficien de compensaciones tanto en especie como materiales. En 2010, el Consejo Superior de Ulemas emitió una fetua en la que afirmaba que las mujeres deben obtener los mismos beneficios materiales y en especie que los hombres en las operaciones inmobiliarias de tierras colectivas. El Código de Habices de 2010 dispone la abolición del trato de favor que se da a los hombres frente a las mujeres. Su artículo 113 establece que la devolución del legado suspendido se dividirá en partes iguales entre los beneficiarios, hombres y mujeres, a menos que el testador haya dispuesto otra cosa.

El Consejo de Gobierno aprobó tres leyes, la más importante de las cuales es la Ley núm. 62-17 (agosto de 2019) sobre la Tutela Administrativa de las Tierras Colectivas, que consagra la igualdad entre mujeres y hombres en los derechos y deberes.

Artículo 16

El Código de Familia consagra una serie de derechos. Entre otros, garantiza el derecho al matrimonio y la libertad de elegir un cónyuge para mujeres y hombres (artículo 25); la igualdad de derechos durante el matrimonio y tras su disolución; la responsabilidad conjunta de los cónyuges para con los hijos (artículo 4); el derecho de las mujeres divorciadas de beneficiarse de los bienes comunes adquiridos durante el matrimonio (artículo 49); y el derecho a la división de los bienes tras la disolución del matrimonio. Asimismo, eleva la edad del matrimonio a 18 años para ambos cónyuges (artículo 19); restringe la poligamia (artículos 40 y 41); pone el divorcio bajo la supervisión del poder judicial y confiere a ambos cónyuges el derecho al divorcio y el repudio (artículo 78); y prohíbe que un hombre se case con una segunda mujer sin el consentimiento de la primera esposa (artículo 43). También adopta el procedimiento de discordia, que permite que hombres y mujeres se divorcien, a instancia de una de las partes, acogiéndose a las disposiciones de discordia; y regula la custodia basándose en el principio del interés superior del niño, al tiempo que unifica sus disposiciones para conceder la custodia a ambos sexos (artículos 166 y 171).

Se han tomado varias medidas para garantizar la correcta aplicación del Código. Entre ellas destacan las siguientes:

–La creación de salas especiales de justicia familiar en los tribunales.

–La capacitación de jueces especializados en los derechos de las mujeres y la prestación de medios para motivarlos.

–La formación continua de jueces para que cumplan mejor sus funciones en el ámbito de la protección de los derechos de las mujeres.

–La publicación anual de estadísticas sobre la aplicación del Código de Familia para que las asociaciones y otros agentes puedan hacer un seguimiento de dicha aplicación.

–El envío de memorandos a todos los fiscales para hacer cumplir las disposiciones que buscan acabar con la violencia contra las mujeres.

–La formación de unidades de comunicación con los centros de asesoramiento en las fiscalías, supervisadas por una Fiscal General Adjunta o Fiscal Adjunta del Rey.

–La realización de campañas de verificación matrimonial para documentar los matrimonios a fin de preservar los derechos de las mujeres, que han dado lugar a una disminución del número de matrimonios no documentados.

–El número de sentencias dictadas para documentar matrimonios disminuyó de 16.332 en 2014 a 1.871 en 2016.

La aplicación del Código ha permitido obtener muchos beneficios, ya que se observa una tendencia al alza en la documentación del matrimonio. En concreto, se registró un aumento entre los aproximadamente 237.000 matrimonios contraídos en 2004 y los más de 280.000 de 2017.

En relación con el párrafo 37 de las observaciones finales, la aplicación de las disposiciones del Código ha ayudado a garantizar una mayor estabilidad en lo tocante a la poligamia, que suponía el 0,38 % del total de los matrimonios contraídos en 2016. El porcentaje de certificados de matrimonio registrados en 2012, 2013 y 2017 alcanzó un total de 0,26 %, y se situó entre el 0,28 % en 2014 y el 0,32 % en 2015.

Los tribunales también recurrieron al procedimiento de conciliación para 20.278 familias en casos de divorcio en 2016, año en que las salas de justicia familiar registraron 114.352 casos de este tipo. Por otro lado, los certificados de matrimonio de menores de edad disminuyeron en 2017, cuando se registraron 262.098 matrimonios de este tipo, lo que supuso una disminución de más de 3 puntos porcentuales con respecto a 2016, hasta el 9,72 %.

En relación con el párrafo 39 de las observaciones finales, el número de documentos para administrar bienes adquiridos durante el matrimonio aumentó relativamente, pasando de 312 documentos en 2004 a 537 en 2017, aunque en 2014 llegó a 1.607.

Se ha modificado el artículo 16 del Código de Familia con miras a prorrogar el período de transición para atender la demanda de constancia de matrimonio por cinco años adicionales, en virtud del artículo único de la Ley núm. 102-15 de modificación del artículo 16 de la Ley núm. 70-03 relativa al Código de Familia, emitido por el Decreto núm. 1-16-2, de 12 de enero de 2016, y publicado en el Boletín Oficial núm. 6433 (enero de 2016).

En respuesta al párrafo 35 de las observaciones finales, la Fiscalía envió la circular núm. 20/29 (2018) a los fiscales de diversos tribunales, instándolos a garantizar que las peticiones se presenten a los jueces de conformidad con la intención del legislador de supeditar el matrimonio antes de la mayoría edad a la aprobación del poder judicial. Asimismo, los exhortó a oponerse a las solicitudes de matrimonio que no tengan en cuenta el interés superior del menor cuando lo estimen oportuno, así como a elevar peticiones a los jueces para que las vistas que se celebren sean apropiadas para educar al menor sobre los daños que pueden derivarse del matrimonio precoz y para que recurran a la asistencia social en ese sentido.

Cabe señalar que el Ministerio de Justicia reaccionó positivamente a una propuesta de ley que modificaría y complementaría el artículo 20 de la Ley núm. 70-03 relativa al Código de Familia. La propuesta, que impone restricciones al matrimonio de menores, es la siguiente:

–Determinar la edad mínima para contraer matrimonio por debajo de la edad de elegibilidad, al menos 16 años, ya que se ha limitado el poder discrecional de los jueces de familia designados.

–Otorgar permiso para casarse con menores en casos en que la edad del menor sea de entre 16 y 18 años, exclusivamente.

–Exigir que los jueces de familia posean conocimientos médicos y realicen investigaciones sociales para otorgar permiso para casarse.

–Tener en cuenta la proximidad de edad entre las partes interesadas en el matrimonio cuando una de ellas sea menor de edad.

Con respecto a protección económica otorgada a la esposa, se puede citar jurisprudencia pionera, como el fallo emitido por el Tribunal de Primera Instancia de Rabat en octubre de 2010 (núm. 94 - caso 10/1/2010), que reconoce el derecho de la esposa a obtener el 50 % de la parte del demandado si queda demostrado que su trabajo y cuidado contribuyeron a desarrollar los bienes familiares a través de la creación de la empresa. También cabe señalar la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Casablanca en abril de 2006 (núm. 98-685/4), que afirmaba que el trabajo diario de la esposa, incluso dentro del hogar, se considera una contribución productiva por cuanto el contrato matrimonial no obliga a la esposa a servir el hogar.

Para promover la igualdad de derechos dentro de la familia, se ha preparado un programa de servicios de mediación familiar para gestionar las disputas familiares antes de recurrir a los tribunales. Sus objetivos son dar a conocer la importancia de la mediación familiar y desarrollar técnicas profesionales para ejercerla; ofrecer servicios de asesoramiento para mantener la cohesión familiar; apoyar la creación y generalización de centros de mediación familiar; y apoyar la colaboración con las asociaciones que trabajan en esa esfera. En este contexto, en 2014 se apoyaron los proyectos de 15 asociaciones que trabajan en el ámbito de la mediación familiar con un monto de 2.536.600 dírhams. Del mismo modo, en 2015 se prestó asistencia a 43 proyectos relacionados con centros de mediación familiar, con una dotación financiera de 15.912.412 dírhams.

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Constitución, se promulgó la ley relativa al Consejo Consultivo de la Familia y la Infancia. Este adopta un enfoque participativo para vigilar y hacer un seguimiento de la situación de la familia y los niños con respecto a los derechos humanos y las condiciones sociales y económicas, y para vigilar en qué medida los programas nacionales que conciernen a la familia y los niños cumplen los compromisos internacionales asumidos por Marruecos. Emite dictámenes sobre los planes nacionales relacionados con esos ámbitos y estimula el debate sobre las políticas públicas en el ámbito de la familia y la infancia. Asimismo, vela por que todos los sectores y organismos competentes estén aplicando los programas nacionales.

Combatir la violencia contra las mujeres

En aplicación de los párrafos 17 y 21, el Reino de Marruecos se sumó rápidamente a la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas. Con ese fin, puso en marcha el Programa Tamkeen 2008-2012, un programa multisectorial para combatir la violencia de género empoderando a las mujeres y las niñas. Este programa ofreció servicios a las mujeres y niñas víctimas de la violencia, y demostró ser un modelo de colaboración multilateral.

El Ministerio de Familia, Solidaridad, Igualdad y Desarrollo Social redactó la Ley núm. 103-13 relativa a la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, de acuerdo con un enfoque participativo que involucraba a diversos agentes. Esta Ley se publicó en el Boletín Oficial el 12 de marzo de 2018 y se basa en los principios básicos para hacer frente a este fenómeno, a saber: el castigo de los autores de actos de violencia, la prevención de la violencia, la protección de las víctimas de la violencia y la atención a las víctimas. A tal fin, incluye un conjunto de disposiciones legales para proteger a las mujeres de la violencia, entre las que destacan las siguientes:

–Se define un marco conceptual preciso que ayudará a quienes realizan intervenciones a identificar y registrar los actos y comportamientos que entran en la categoría de violencia contra la mujer, definiendo el concepto de violencia y sus diversas formas.

–Se tipifican ciertos actos como violencia que perjudica a las mujeres, por ejemplo, impedir que la esposa expulsada vuelva al hogar conyugal, forzar el matrimonio, atentar contra la intimidad del cuerpo de la mujer y malgastar o no contribuir a la economía familiar de mala fe.

–Se tipifica como delito el acoso sexual, con sanciones más severas por la comisión de dicho acto dependiendo de las circunstancias y de las personas involucradas, como parientes, compañeros de trabajo, agentes del orden, etc.

–Se endurecen las sanciones por la comisión de ciertos actos contra mujeres en situaciones especiales, como la violencia contra mujeres con discapacidad, menores, mujeres embarazadas o mujeres casadas o divorciadas en presencia de sus hijos o padres.

–Se adoptan nuevas medidas de protección, como, por ejemplo, alejar al esposo agresor; advertir al agresor de que no cometa actos violentos en caso de que amenace con ello u obligarle a prometer que no cometerá actos de violencia; devolver a su hogar a las madres lactantes junto con el hijo que están amamantando; prohibir al agresor acercarse a la víctima o su residencia; y notificar al agresor la prohibición de disponer de los fondos conjuntos de la pareja.

–Se exige la adopción inmediata de medidas de protección y se especifican las sanciones en caso de incumplimiento.

–Se han adoptado marcos institucionales para la coordinación entre los diversos involucrados en la lucha contra la violencia y la protección de las mujeres, como los miembros del poder judicial, los organismos de seguridad nacional, la Gendarmería Real y los sectores gubernamentales pertinentes, entre otros agentes.

–Se ha creado un sistema para atender a las mujeres víctimas de la violencia.

–Se ha dedicado una sección a la prevención. Las autoridades están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres.

El 28 de marzo de 2019, en el marco de la aplicación de esta ley, el Consejo de Gobierno aprobó el decreto de aplicación de esta ley. El decreto se refiere a un conjunto de situaciones reglamentarias vinculadas en gran medida a los mecanismos para atender a las mujeres víctimas de la violencia. El decreto permitirá crear:

–Comités nacionales, regionales y locales para atender a las mujeres víctimas de violencia.

–Unidades centrales y descentralizadas de atención en los tribunales; sectores encargados de la justicia, la salud, la juventud y las mujeres; la Dirección General de Seguridad Nacional y el Alto Mando de la Gendarmería Real.

Con el fin de poner en práctica el contenido de la Ley relativa a la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y su decreto de aplicación, se ha constituido el Comité Nacional para la Asistencia de las Mujeres Víctimas de la Violencia, al que la legislación confiere importantes poderes. En particular, este órgano garantiza la comunicación y coordinación entre distintas intervenciones con miras a hacer frente a la violencia contra las mujeres y contribuye a desarrollar mecanismos para mejorar y expandir el sistema de atención a las víctimas. Otras de sus competencias están relacionadas con el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación con diversos agentes, la presentación de propuestas y la preparación de informes.

Además de esta labor legislativa en curso, el Reino de Marruecos está haciendo esfuerzos paralelos para combatir el fenómeno, especialmente en lo que respecta a la vigilancia de la violencia, la prestación de protección jurídica a las víctimas y el enjuiciamiento de los autores, como se demostró con el seguimiento del proceso judicial. Esto se debe a la convicción que existe entre los jueces de la posibilidad de demostrar la violencia conyugal por diversos medios, como certificados médicos, fotografías, muestras u otros medios de prueba disponibles (artículo 286 del Código de Procedimiento Penal).

Se introdujo una modificación importante en el Código de Procedimiento Penal en 2011 en lo que respecta a la protección frente a los delitos de violencia contra las mujeres. Se añadió una sección relacionada con la protección de las víctimas y los testigos que incluye las siguientes medidas de protección para las víctimas: garantizar la protección física de la víctima y sus familiares; cambiar el lugar de residencia de la víctima; no revelar información relacionada con su identidad; garantizar la recuperación física y psicológica de la víctima ofreciéndole la atención de un médico cualificado y la prestación de asistencia social; informar a las víctimas de su derecho a presentarse como demandantes civiles ante un juez de instrucción o ante el tribunal; e informar a las víctimas de los derechos que les confiere la ley.

Con respecto a las medidas tomadas para vigilar el fenómeno, se ha creado un sistema de información institucional sobre violencia contra las mujeres que tiene como objetivo recopilar diversos datos sobre mujeres y niñas que son víctimas de violencia a nivel regional y nacional. Para desarrollar este sistema, en 2014 se firmó un protocolo de intercambio de información entre el Ministerio de Familia, Solidaridad, Igualdad y Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, la Dirección General de Seguridad Nacional y la Gendarmería Real.

Entre junio de 2009 y enero de 2010, el Alto Comisionado de Planificación llevó a cabo una encuesta nacional sobre la violencia contra la mujer, que abarcó todo el territorio nacional e incluyó una muestra compuesta por 9.534 mujeres de entre 18 y 64 años. Para actualizar los datos y las estadísticas referentes a este fenómeno y medir los indicadores de violencia de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Alto Comisionado de Planificación inició en 2019 una segunda ronda de investigaciones sobre el terreno sobre la violencia contra las mujeres. Estas permitirán recopilar datos sobre el alcance del fenómeno a nivel nacional y regional para el grupo de edad de 15 a 74 años y calcular su costo económico y social.

En 2019 el ministerio competente llevó a cabo una segunda ronda de investigaciones nacionales sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres, cuyos objetivos son:

–Proporcionar datos y estadísticas actualizados sobre la violencia contra las mujeres.

–Determinar la prevalencia de la violencia contra las mujeres a nivel nacional, en función del entorno en el que se produjo y las formas establecidas en la Ley núm. 103-13 relativa a la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres.

–Definir las características socioeconómicas y el entorno de las víctimas y los autores de los actos de violencia contra las mujeres.

–Usar los resultados de la investigación nacional para determinar las iniciativas que pueden eliminar el fenómeno.

La investigación incluyó a 13.543 mujeres de entre 18 y 64 años de diferentes regiones. El ministerio anunció sus resultados preliminares en 2019, los cuales revelaron que la violencia contra las mujeres tuvo una prevalencia del 54,4 % en 2018, frente al el 62,8 % de 2009. La distribución por zona muestra que las mujeres de zonas urbanas son las más expuestas a la violencia, con un porcentaje del 55,8 % frente al 51,6 % en el caso de las mujeres rurales. Los resultados de la investigación también mostraron que la violencia psicológica es la más extendida, pues aproximadamente la mitad de las mujeres (el 49,1 %) declararon haberla experimentado. A ella le siguen la violencia económica (16,7 %), la violencia física (15,9 %) y la violencia sexual (14,3 %).

En 2014 se creó el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres como mecanismo institucional nacional que engloba, además de a los sectores gubernamentales, a la sociedad civil, centros de investigación y estudios y universidades. Sus principales funciones son el control y la vigilancia, que ejerce mediante la recopilación de datos estadísticos regionales y nacionales.

En 2015 y 2016, el Observatorio publicó informes anuales basados en los datos recopilados por las unidades institucionales dedicadas a atender a las mujeres víctimas de violencia en los tribunales del Reino, los hospitales, la Dirección General de Seguridad Nacional y la Gendarmería Real. Los datos del segundo informe, publicado en 2016, muestran una tendencia a la baja a medida que disminuyó el número de casos de violencia física registrados a nivel judicial, que pasaron de 12.148 en 2014 y 10.455 en 2015 a 8.717 en 2016. Ello supone una reducción del 28 %.

La Gendarmería Real ha trabajado para apoyar a los agentes de la policía judicial presentes en sus centros, incluidas las mujeres, a fin de garantizar la atención a las mujeres víctimas de violencia. En 2017 se registraron 9.376 casos, de los cuales 8.339 se resolvieron. En 2016 se registraron 9.801 casos, de los que se resolvieron 8.658, y en 2015 se registraron 12.122 casos. En 2018 se registraron 9.433 casos, de los cuales se resolvieron 8.390. Gracias a ello, se arrestó y llevó ante la justicia a 1.303 personas y se tomó declaración a más de 5.472 personas. El número de víctimas fue de 9.789, incluidos 1.263 menores.

Las dependencias de la Gendarmería Real disponen de datos desglosados por tipo de violencia, sus formas, la distribución geográfica, la edad de las víctimas y el lugar donde se produce la violencia.

Tabla 17: Estadísticas de violencia contra las mujeres registradas en las dependencias de la Gendarmería Real (2018)

Grupo de edad de la víctima	Violencia sexual	Violencia física
-18	623	640
18-30	425	2.177
30-45	319	3.441
+45	131	2.033
Total	1.498	8.291

Se han ampliado los mecanismos gubernamentales para atender a las mujeres víctimas de violencia mediante la creación de unidades de recepción en los tribunales de primera instancia. Estas unidades, que actualmente ascienden a 88 a nivel nacional, se encargan de escuchar y brindar apoyo psicológico a las víctimas. Se ha diseñado un plan para mejorar el proceso judicial, que se actualiza cada año, centrado en fomentar las capacidades de las personas que trabajan en las unidades de asistencia. También se contrató a trabajadores sociales (pasaron de ser 81 en 2008 a 298 en 2015; un aumento del 268 %). Se han creado espacios para niños dentro de las salas de justicia familiar, y se ha generalizado la asistencia social a diferentes departamentos, que se ofrece continuamente en el ámbito de la investigación social, en particular con respecto al matrimonio de menores.

Tabla 18: Aumento de la contratación de trabajadores sociales en el Ministerio de Justicia

Año	Número de trabajadores sociales	Porcentaje del aumento
2008	81
2010	105	30
2011	202	149
2013	273	237
2015	298	268

Se crearon y distribuyeron en instituciones de salud unidades médicas y psicológicas para mujeres víctimas de violencia. Pueden obtenerse pruebas médicas de forma gratuita. En total, existen 99 unidades integradas de este tipo, distribuidas del siguiente modo: 16 en hospitales locales, 64 en hospitales de distrito, 11 en hospitales regionales y 5 en centros universitarios. Más de 17.290 mujeres maltratadas y 5.244 niños víctimas de violencia recibieron asistencia en 2016. Se han fortalecido los procedimientos y sistemas para atender a las mujeres víctimas de violencia, incluido un protocolo de atención. Se ha consolidado el sistema de intercambio de información entre asociados institucionales en el ámbito de la lucha contra la violencia contra las mujeres. Se han reforzado las capacidades de los profesionales sanitarios y los trabajadores sociales.

En octubre de 2007 se crearon unidades encargadas de recibir a mujeres víctimas de violencia en las dependencias de la policía judicial, y han sido reestructuradas. Se ha dado prioridad a las mujeres para que se encarguen de dirigirlas. Con ello se pretende mejorar los servicios prestados, especialmente después de la promulgación de la Ley relativa a la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres.

Tabla 19: Número de casos registrados de violencia contra las mujeres

Año	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Número de casos	15.573	18.110	20.488	19.199	16.501	15.012	16.873

Tabla 20: Violencia, por grupo de edad

Grupo de edad de la víctima	Violencia sexual	Violencia física
18-30	623	6.940
31-45	283	6.600
46-60	58	3.052
≥ 61	14	610
Total	978	17.202

Tabla 21: Sentencias dictadas contra los acusados en casos de violencia

Año	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Número de sentencias	11.001	10.684	11.786	11.851	12.062	12.461	13.525

A nivel local, en 2015 se crearon 40 nuevos espacios multifuncionales especializados en atender a las mujeres víctimas de violencia (escucharlas, orientarlas, prestarles asistencia y proporcionarles alojamiento provisional), así como en ofrecer servicios de colocación y orientación a las mujeres en situaciones difíciles. Con este propósito, se elaboraron especificaciones para estos espacios, de acuerdo con los criterios internacionales. En el marco de la colaboración con asociaciones que trabajan en ese ámbito, los centros de escucha y orientación jurídica para mujeres víctimas de violencia reciben apoyo sobre la base de una estrategia trienal, en lugar de anual. Con ello se busca garantizar la continuidad y la calidad de los servicios que estos centros brindan a las mujeres víctimas de la violencia. Entre 2012 y 2018, 264 centros recibieron asistencia por valor de 80,3 millones de dírhams.

En 2013 se puso en marcha un programa intersectorial de sensibilización para combatir la violencia contra las mujeres por un período de cuatro años. Dicho programa promovió la conciencia acerca de los peligros que entrañan la violencia y la discriminación contra las mujeres; facilitó la colaboración entre los diversos agentes en la movilización social integral e institucionalizó la alianza intersectorial para sensibilizar sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres.

La Campaña Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres —una campaña de sensibilización anual dirigida a la población general de las diversas regiones del Reino— ha adquirido carácter oficial. En 2012 abordó los problemas asociados con este fenómeno, mientras que en 2013 estuvo dirigida a mujeres asalariadas. Por su parte, la campaña de 2014 se centró en sensibilizar acerca de diversas formas de violencia y explotación contra las mujeres, mediante la organización de reuniones regionales que contaron con la participación del organismo nacional de asistencia mutua y organizaciones no gubernamentales locales. En 2015 se organizó la 13ª campaña bajo el lema “Última advertencia de castigo para los agresores”, que arrojó luz sobre las características de los autores de actos de violencia contra las mujeres e incluyó la organización de 12 reuniones regionales a nivel local en colaboración con los componentes del sector social. En cambio, las campañas de 2016 y 2017 se centraron en el tema de “La violencia contra las mujeres en lugares públicos”. Los resultados del primer y el segundo informe anual del Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres ilustran los altos niveles de violencia contra las mujeres en lugares públicos y la diversidad de formas en que se manifiesta. La 15ª Campaña Nacional tuvo un carácter más cualitativo que las anteriores, pues se dirigió a grupos amplios. En concreto, se prestó más atención a la cuestión de la reducción de la violencia contra las mujeres desde el centro, a las regiones y hasta las subdivisiones locales. Entre sus resultados cabe mencionar la adopción de la Declaración de Rabat para Acabar con la Violencia contra las Mujeres en los Espacios Públicos, que sentó las bases para cooperar con diversas partes a nivel nacional y local. Por último, la campaña 2018 se centró en el tema de la movilización colectiva de la comunidad para eliminar la violencia.

El Gobierno también ha puesto en marcha programas para foros y conferencias sobre enseñanzas religiosas que se ocupan de las mujeres y la familia y que rechazan todas las formas de violencia. Estos programas se llevaron a cabo en todo el territorio nacional en coordinación con los consejos locales de ulemas. En 2015 también se celebraron 589.728 cursos sobre el tema del rechazo de la violencia psicológica y física contra las mujeres, impartidos por 5.280 predicadores y 863 predicadoras. Por otro lado, el sermón del viernes 30 de noviembre de 2018, sobre el tema de la lucha contra la discriminación y la violencia contra las mujeres, se pronunció en 24.500 mezquitas de todo el territorio nacional.

El Ministerio de Justicia está fortaleciendo las capacidades de los trabajadores en el ámbito de la lucha contra la violencia contra las mujeres, al incluir material sobre derechos humanos en los programas de formación básica para jueces. De 2012 a 2015 se capacitó a 852 agregados judiciales en materia de derechos humanos e igualdad de género. También se impartieron programas de formación dirigidos a otros funcionarios y miembros del personal, en los que participaron 1.523 empleados de las unidades de asistencia para mujeres y niños de los tribunales y las salas de justicia familiar. Por su parte, la Gendarmería Real administró un programa de formación destinado a 1.000 beneficiarios, el cual trató sobre la unificación de los procedimientos para atender a las mujeres víctimas de violencia. Se redactó un manual de procedimiento para agentes de la policía judicial que se distribuyó a todos los centros y unidades de la Gendarmería Real.

Entre 2009 y 2018 la Dirección General de Seguridad Nacional organizó 55 cursos de formación continua para 1.029 profesionales. En ellos se habló de los enfoques jurídico y de derechos humanos, las técnicas de intervención, el papel de la medicina forense en los casos de violencia contra las mujeres, las técnicas de escucha y los últimos avances en el sistema de información sobre la violencia contra la mujer.

El Ministerio de Justicia está trabajando para fortalecer las capacidades de los profesionales de la justicia, incluidos jueces, funcionarios de la Secretaría Judicial, auxiliares judiciales y trabajadores sociales, a través de programas de formación y jornadas de divulgación sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres. La Fiscalía ha trabajado para fortalecer las capacidades de los jueces en el ámbito de la protección de los derechos de las mujeres. En aplicación del párrafo 17 de las observaciones finales, en el que se recomendaba intensificar las campañas de sensibilización y la capacitación sobre la legislación recién adoptada dirigidas a abogados, fiscales y jueces, se elaboró un estudio sobre la protección penal de que disponen las mujeres en virtud de la Ley núm. 103-13 (noviembre de 2018 en Rabat). La Fiscalía distribuyó a los fiscales de todos los tribunales la Circular núm. 31, de junio de 2018, referente a la aplicación de las nuevas disposiciones de la Ley núm. 103-13.