Medidas de protección de las víctimas en 2019

Recepción y toma de declaración	Asistencia legal	Orientación para el alojamiento	Orientación médica	Evitar que el sospechoso se acerque a la víctima	Permitir a un extranjero permanecer en territorio nacional	Exención de tasas judiciales	Entrega de niños a la familia
Menor de edad	Mayor de edad	Menor de edad	Mayor de edad	Menor de edad	Mayor de edad	Menor de edad	Mayor de edad	Menor de edad	Mayor de edad	Menor de edad	Mayor de edad	Menor de edad	Mayor de edad
51	65	12	16	9	6	15	20	5	3	0	0	7	16	15

Siguiendo con este proceso, se ha emitido un decreto de aplicación del artículo VII de la Ley 27.14 referente a la Comisión Nacional de Coordinación de Medidas contra la Trata de Personas como mecanismo formal de coordinación y comunicación entre las diversas partes interesadas y para fomentar la consulta pública sobre las actividades programadas y trabajar para formular objetivos con el fin de reducir y prevenir este fenómeno y proteger a sus víctimas.

El párrafo 1 del artículo 448 del Código Penal sobre la definición del delito de trata de personas estipula que la explotación también incluye el trabajo forzoso, la mendicidad, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud.

El artículo 23 de la Ley núm. 19.12 establece las condiciones de empleo de los trabajadores y trabajadoras domésticos, incluidas una serie de sanciones, en particular la violación de la edad mínima para trabajar y el trabajo forzoso; y los artículos 24 y 25 de la Ley tipifican como delito toda violación de las condiciones laborales de este grupo, incluidos los inmigrantes, de conformidad con el libro IV del Código Laboral (véase la respuesta 17).

El artículo 3 de la Ley núm. 19.12 establece la duración del trabajo, el descanso semanal, las vacaciones anuales y los días festivos; el artículo 13 establece la duración del trabajo en el empleo doméstico en 48 horas repartidas en días laborables; y el artículo 14 versa sobre el descanso semanal. Asimismo, la ley afirma los derechos de maternidad de la trabajadora doméstica.

De conformidad con las disposiciones de la Ley 19.12 para las trabajadoras domésticas y los procedimientos necesarios para su aplicación en virtud del Decreto 2.17.36-356 y, con el fin de evitar cualquier explotación ilegal del grupo de edad de 16 a 18 años, se ha dirigido la circular núm. 49 del 06 de diciembre de 2018 para instar a todas las unidades fiscales a:

–Introducir la ley para estandarizar la acción de sus disposiciones.

–Recibir demandas sobre trabajadores domésticos y registros de irregularidades redactados por parte del inspector de trabajo.

–Designar a uno o más representantes para recibir las demandas de las trabajadoras domésticas.

–Abrir canales de comunicación con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, especialmente los inspectores del trabajo y el Ministerio de Trabajo, mediante el establecimiento de un comité central de seguimiento y la creación de comités regionales y locales para reforzar la protección, especialmente de mujeres y menores.

En respuesta a la trata de personas, los procedimientos de la Ley 27.14 se han incorporado a los programas de capacitación de los agentes de la Policía Judicial de la Gendarmería Real. Los jueces cualificados también han organizado cursos temáticos para las unidades territoriales y se han organizado talleres con otros socios en coordinación con el Comité Nacional de Coordinación de la Lucha contra la Trata de Personas.

Seguridad Nacional ha establecido una capacitación especial para identificar y asistir a las víctimas a 442 miembros del personal; en Agadir (2019) y Tánger (2020) se han organizado dos talleres para 25 participantes en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Además de establecer una red de agentes públicos del Rey encargados de la trata de personas a nivel de los tribunales de apelación con el fin de procesar los casos de trata de personas, alojamiento y atención sanitaria (artículo 4 de la Ley). A este respecto, se ha reforzado el control de las fronteras del Reino con recursos humanos, materiales y tecnológicos, en particular herramientas de reconocimiento facial, la instalación de cámaras fronterizas de alta tecnología, detectores de fraude documental y la movilización de equipos en las fronteras terrestres y marítimas.

Para proteger a las víctimas de la trata de personas, la Fiscalía General ha puesto a disposición un número de teléfono para comunicarse, obtener la protección física de la víctima y su familia, apoyo médico y social necesarios y la supervisión por parte de las autoridades competentes, después del consentimiento por escrito de la víctima, de los teléfonos utilizados por ella para garantizar su protección, para ocultar la identidad en los documentos relacionados con el caso y evitar así que otros conozcan su verdadera identidad. Se impide a los sospechosos comunicarse con la víctima o ponerse en contacto con ella, y las víctimas pueden recibir una indemnización por los daños causados por el delincuente (artículos 09, 10 y 106 de la Ley Procesal Penal).

En cuanto a los casos, se han registrado 28 casos en 2018 y 74 casos en 2019, más 245 en 2020. El número de procesados en casos de trata de personas durante este período ha sido de 585 personas, incluidas 144 mujeres y 84 extranjeros, mientras que el número de víctimas ha sido de 719, 283 de las cuales sufrieron explotación sexual, 35 trabajo forzoso y 58 mendicidad; las órdenes de instrucción nacional emitidas contra sospechosos ascendieron a 137 desde que entró en vigor la Ley 27-14 y 443 personas han sido puestas bajo custodia teórica. Con respecto al turismo sexual, las disposiciones del Código Penal, en particular los artículos 707 y 708, relativos a cualquier acto de delito grave o delito menor a los ojos de la legislación marroquí cometido fuera de Marruecos por un marroquí, puede perseguirse y condenarse en Marruecos.

En cuanto a la detección del número de víctimas de estos delitos, la Fiscalía General ha registrado 423 víctimas en 2019, frente a las 280 de 2018, lo que supone un incremento del 51 %, entre ellas ha habido 289 hombres, 134 mujeres, incluidos 315 adultos y 108 menores.

El número de casos ha aumentado significativamente entre 2019, cuando se registraron 151 casos, en comparación con los 80 casos de 2018, lo que supone un 88,5 % más; y el número de procesados ha aumentado de 231 en 2018 a 307 en 2019.

Número de casos y procesados por trata de personas en 2019

Nacionalidad	Edad	Género	Número de procesados	Casos registrados
Extranjeros	Marroquíes	Mayor de edad	Menor de edad	Mujeres	Hombres
46	261	279	28	56	251	307	151

Número de casos y procesados por trata de personas en 2018

Número de procesados	Número de casos	Trata de personas
Mujeres	Hombres
41	130	55	Mayor de edad
27	33	25	Menor de edad
68	163	80	Total
231

A fin de capacitar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley con respecto a la aplicación de la ley contra la trata de personas, se ha organizado un simposio sobre “Enjuiciamientos relacionados con la trata de personas, una mesa redonda sobre la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y los criterios de discriminación”, además de la puesta en marcha, por parte de la fiscalía y en colaboración con ONU Mujeres, de la campaña de divulgación, en la que se presentó un enlace de sensibilización y un documental de historias reales contadas por las víctimas, la introducción de mecanismos para la atención a las víctimas, especialmente mujeres y niños, y los servicios prestados por las unidades judiciales; así como cursos de capacitación y reuniones de intercambio en asociación con la American Bar Association (julio de 2019) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (octubre de 2019).

Respuesta 13

El Código Penal castiga a quien contribuya a la prostitución y reconoce penas que varían según los autores, sin que el legislador excluya a nadie, ya sean intermediarios u otras personas involucradas en la propagación de la prostitución. Se castiga con una pena de cuatro a diez años de prisión, y una multa de 5.000 a 2 millones de dirhams para cualquier persona que cometa directamente o a través otros, posesión, conducta, explotación, gestión, financiación o cofinanciación de un local o institución que normalmente haga uso de la prostitución. Quien adquiera, administre, explote, administre, financie o cofinancie cualquier institución abierta al público o que sea utilizada por el público para aceptar la práctica de la prostitución por una o varias personas dentro de la institución o sus instalaciones, acepte su búsqueda dentro de ella, tolere clientes de prostitución o fomente el turismo sexual, poniendo a disposición de una o varias personas locales o lugares que no sean utilizados por el público a sabiendas de que lo utilizarán para la prostitución, la ley establece que, en sentencia condenatoria, se podrá ordenar el retiro de la licencia de que gozaba el condenado, así como el cierre definitivo o temporal del local. Quien incite, aliente o facilite la explotación de niños menores de 18 años en material pornográfico demostrando actividades sexuales por cualquier medio, ya sea en la práctica, la simulación o la visualización, será castigado con una pena de prisión de uno a cinco años y una multa de 10.000 a 1 millón de dirhams. Las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio son consideradas un delito penado por el Código Penal, según los artículos 490 y 491. Además de estos dos artículos, se han tipificado una serie de actos relacionados con el ejercicio de la prostitución.

b) En el caso de los servicios sanitarios, los programas del sector competente incluyen una serie de servicios sanitarios para este grupo de mujeres: respuesta 18.

c) Abordar las causas profundas de la explotación y estigmatización de las mujeres que se dedican a la prostitución: véanse las respuestas a la concienciación, la sensibilización y el empoderamiento económico de las mujeres en una situación vulnerable.

Participación en la vida política y en la esfera pública

Respuesta 14

Para lograr la paridad, el Estado ha adoptado varias medidas cuyos resultados se muestran en:

– De los 395 diputados de la Cámara de Representantes, el 20,5 % eran mujeres en 2019, frente al 17,00 % de 2009; y en el Consejo de Consejeros representaban el 11,66 % en 2015 frente al 11,00 % de 2009 de un total de 120 concejales.

–La representación de mujeres pasó de 3.424 (12,34 %) en 2009 a 6.673 (21 %) en los grupos y a 255 mujeres electas a nivel regional (38 %), así como 57 mujeres que fueron elegidas para consejos laborales y provinciales en 2015.

– El número de juezas fue de 1.053, lo que representa el 24,67 % de un total de 4.269.

– El número de empleadas al frente la fiscalía fue de 179, lo que representa el 45,78 % del total de 391 jueces y personal.

– Las mujeres representaban el 25 % en 2017 en la composición del Consejo Superior del Poder Judicial (compuesto por 20 miembros).

– Las mujeres del Tribunal Constitucional representan el 08 % de los 12 miembros.

– Las mujeres representaban el 25,07 % en 2018 de un total de 75 embajadores frente al 12,00 % en 2009, mientras que, entre los cónsules, las mujeres representaban el 35,46 % en 2018, de los 52 cónsules frente al 05,77 % de 2009 .

– Las mujeres representaban el 36 % en los consejos de administración de las instituciones públicas en 2017.

El mandato y los logros del Observatorio para el Enfoque de Género en el empleo público se reflejan en:

Objetivos:

–Informar a los encargados de la toma de decisiones sobre la importancia de desarrollar la condición de la mujer en la administración pública.

–Vigilancia estratégica y alertar de los obstáculos para alcanzar la paridad.

–Elaborar indicadores de interés para la condición de la mujer en la administración pública, los puestos de responsabilidad y los cargos superiores.

–Contribuir al desarrollo de políticas públicas para mejorar la situación de la mujer.

–Contribuir a la protección de los derechos de las mujeres garantizados constitucionalmente.

Tareas:

–Recopilar, analizar y difundir datos sobre el enfoque de género en este ámbito.

–Seguir políticas y programas públicos relacionados con el enfoque de género.

–Formular propuestas para el desarrollo de políticas económicas y sociales a fin de integrar el enfoque de género.

–Realizar investigaciones en el ámbito del enfoque de género sobre el terreno.

–Proporcionar apoyo y asesoramiento a las mujeres empleadas proporcionándoles información sobre la igualdad.

–Elaborar y publicar informes periódicos en el ámbito del enfoque de género en la administración pública.

Logros:

–Culminación de una base de datos de contratación.

–Elaboración de los indicadores de la presencia de mujeres en la administración pública, puestos de responsabilidad y cargos superiores.

–Elaboración de informes temáticos.

–Compilación de un balance documental electrónico.

b) La red de consulta interministerial para la igualdad de género en la administración pública ha podido desarrollar:

– Mecanismos preventivos y rectificativos para integrar el principio de igualdad en los programas de reforma de los recursos humanos.

– Medidas institucionales para garantizar el equilibrio en la representación de hombres y mujeres a todos los niveles y en todos los sectores del empleo público.

– Un programa de capacitación en equidad e igualdad.

– Un sistema de recopilación y seguimiento de buenas prácticas sobre el terreno.

– Una estrategia de comunicación entre los distintos actores en el ámbito de la gestión de los recursos humanos.

c) La tasa de representación de las mujeres en los puestos de responsabilidad de la administración pública ha evolucionado hasta el 40 % de los recursos humanos, pasando del 16,21 % en 2012 al 22,5 % en 2016; y la tasa de ocupación máxima ha aumentado desde el 10,38 % en 2012 al 15,28 % en 2016.

Para promover la participación de las mujeres en la vida política y pública, se ha emitido una publicación ministerial en 2019 con el fin de establecer guarderías en instalaciones públicas, por lo que el ministerio ha preparado un manual de responsabilidades para los sectores gubernamentales a nivel central y regional, identificando los factores para su éxito y continuidad.

Desde 2006, la formación inicial del Real Instituto de Administración Territorial se ha abierto a las mujeres, al igual que para otros hombres poderosos graduados por Real Instituto. Además, el acceso a las funciones de autoridad en la administración territorial, la promoción de puestos de , responsabilidad, la movilidad y la evaluación del desempeño basada en criterios objetivos para todos independientemente del género respeta absolutamente los principios de igualdad y transparencia.

Puestos de responsabilidad en la gestión territorial

Puesto	Número
Gobernador	1
Jefe de departamento y jefe de área urbana	16
Empleado	4
Jefe	166
Secretario general	1
Sucesor	26
Aprendices del Real Instituto de Administración Territorial	25

El acceso de las mujeres a la Gendarmería Real ha progresado considerablemente

Total	Oficiales	Suboficiales
2 254	219	2 035	Dirigentes de la Gendarmería Real

Nacionalidad

Respuesta 15

En diciembre de 2017 se presentó y actualizó la firma de un proyecto de ley para cambiar y completar el Capítulo 10 de la Ley de Nacionalidad.

El capítulo 45 de la Ley de nacionalidad sobre requisitos excepcionales (no de conformidad con el artículo primero de la Ley 06-62) establece que toda persona proveniente de un país cuya población consista en una comunidad de habla árabe o su religión sea el islam y pertenezca a dicha comunidad podrá, en virtud de esta ley y en el plazo de un año a partir de la fecha de su publicación, declarar su elección de nacionalidad marroquí si cumple las siguientes condiciones:

–Residir en Marruecos en la fecha de publicación de esta ley.

–Demostrar que ha vivido en Marruecos de manera habitual durante al menos 15 años, ha ejercido una función pública en la administración marroquí durante al menos 10 años o ha estado casado con una mujer marroquí con residencia en Marruecos durante al menos un año y siempre que dicho matrimonio no esté disuelto.

–Sin embargo, la nacionalidad marroquí adquirida por el titular del permiso en virtud de las disposiciones de este capítulo se extiende automáticamente a sus hijos menores solteros, así como a la esposa si no tiene dicha nacionalidad.

En el artículo 3 del capítulo 19 de la Ley de nacionalidad de 1958, que aún no se había reformado en 2007, el legislador estableció la condición de las mujeres marroquíes casadas con extranjeros, dando prioridad a la libertad de las mujeres marroquíes y a la voluntad de conservar su nacionalidad original si no deseaban adquirir la nacionalidad de sus maridos extranjeros, vinculándola a condiciones tales como:

–Celebrar un contrato de matrimonio con un extranjero, siempre que la ley del país de su marido le permita llevar la nacionalidad de su esposo.

– Presentar la solicitud de renuncia a la ciudadanía marroquí al ministro de Justicia antes de celebrar el contrato matrimonial.

– Que se haya emitido un decreto del gobierno que le autorice a renunciar a su ciudadanía marroquí y esté publicado en el Boletín Oficial.

Marruecos clasifica a los apátridas en Marruecos, reconocidos como tales por la Oficina de Refugiados y Apátridas como extranjeros, como sujetos a las normas y procedimientos aplicables a los extranjeros. De conformidad con el artículo 1 de la Ley 02.03 relativo a la entrada y residencia de extranjeros en Marruecos y la inmigración se consideran ilegales.

Educación

Respuesta 16

Para garantizar el derecho a la educación para todas las personas, especialmente en las zonas rurales y los grupos vulnerables:

Se ha desarrollado un plan de acción para hacer pública la educación primaria, donde el porcentaje de niñas en la educación primaria ha pasado del 44 % en 2017 al 68,4 % en 2019, en comparación con el 75,9 % de los niños, y en las zonas rurales del 25,4 % al 54,9 %.

Entre 2016-2017 y 2019-2020, el número de beneficiarios de los programas de apoyo social se ha trasladado:

–De 1.866.146 beneficiarias de un total de 4.081.706 a 2.084.640 de un total de 4.358.306 (1 millón de mochilas).

–De 329.197 beneficiarias de un total de 701.589 a 1.037.300 de un total de 2.207.000 (programa de facilitación).

–De 594.032 beneficiarias de un total de 1.124.260 a 681.339 de un total de 1.334.560 (internados y comedores).

–De 63.425 beneficiarias de un total de 147.357 a 164.886 de un total de 164.886 (transporte escolar).

–Se han creado 179 escuelas, entre ellas 110 en el mundo rural, además de 15 escuelas comunitarias (2019-2020).

–Se ha dotado a las escuelas del medio rural de una red de agua y electricidad y de instalaciones de saneamiento y calefacción.

Se ha elaborado un plan de acción nacional sobre educación inclusiva para garantizar que se escolarice a los niños en situación de discapacidad, especialmente a los niños en situación vulnerable, integrando a 5.432 niños, y se ha incluido al 40 % de ellos en el programa de “Escuelas de segunda oportunidad”.

El acceso de las niñas a la ciencia, la tecnología, la técnica y la informática se ha fomentado de la siguiente manera:

Disciplinas	Año	Mujeres	Hombres	Total
Ciencias jurídicas, económicas y sociales	2017-2018	49,24 %	50,7 %	41 909
	2016-2017	49,65 %	50,34 %	36 761
Ciencias técnicas	2017-2018	53,24 %	46,75 %	5 480
	2016-2017	52,88 %	47,11 %	4 771
Medicina	2017-2018	63,08 %	36,91 %	1 842
	2016-2017	63,82 %	36,17 %	1 880
Ciencias de ingeniería	2017-2018	44,49 %	55,50 %	3 385
	2016-2017	44,89 %	55,10 %	3 760
Empresariales	2017-2018	62,21 %	37,78 %	2 766
	2016-2017	63,78 %	36,21 %	2 692
Tecnología	2017-2018	51,66 %	48,33 %	5 874
	2016-2017	48,94 %	51,06 %	5 798

Estos son algunos de los porcentajes de mujeres mayores de 15 años con títulos en 2017:

Educación primaria	43,9 %
Educación secundaria	49,3 %
Facultades (excepto la facultad de medicina)	46,1 %
Escuelas e institutos superiores (incluida la facultad de medicina)	32,0 %
Técnicos y dirigentes medios	39,2 %
Técnicos superiores	44,0 %
Formación profesional	24,8 %
Especialización profesional	30,9 %
Sin título	57,0 %
Graduadas en Formación Profesional 2018	53,4 %
Graduadas en las Divisiones Técnicas de Formación Profesional 2018	60,20 %
Alumnas beneficiarias de residencia universitaria e internados (2018-2019)	53,32 %

Entre 2019-2020, las niñas dominaron las listas de admisiones a la educación superior, escuelas de excelencia e institutos superiores, llegando a un porcentaje del 90 % en algunos institutos; el porcentaje en las facultades de farmacia y medicina a nivel nacional estaba entre el 55 % y el 65 %; 90 % en el Instituto Nacional de Acondicionamiento y Reconstrucción; 89 % en el Instituto Superior de Comercio y Gestión de Contrataciones; 89 % en el Instituto Superior de Información y Comunicación; 83 % en el Instituto Superior de Profesiones Audiovisuales; 76 % en las Escuelas Nacionales de Arquitectura; 74 % en el Real Instituto de Técnicos Hidrológicos y Forestales; 71 % en la Escuela Superior de las industrias textil y de la confección; 71 % en el Instituto de Metalurgia; 65 % en las facultades de farmacia de Rabat y Casablanca; 64 % en la Escuela Nacional de Agricultura de Mequinez.

A nivel de la educación tradicional y el programa de alfabetización de las mezquitas, había 8.248 niñas. Además, se han ofrecido becas de educación primaria y hasta su finalización, se ha proporcionado alojamiento a las estudiantes en zonas remotas, se ha ampliado la base de beneficiarios entre las edades de 16 y 49 años y las tasas de éxito han evolucionado en más del 86 %, mientras que la tasa de productividad ha llegado al 90 %.

En 2016-2017, 172.941 beneficiarios aprobaron las pruebas de certificación de alfabetización en las mezquitas, un 89,73 % del total, cuyo número era de 2978.68, siendo el porcentaje de mujeres del 95,80 % y el porcentaje de aprobados en el medio rural de 52,50 %.

De acuerdo con la revisión del plan de estudios de la educación primaria, se han publicado libros de texto sin estereotipos que apoyan la igualdad de género, incluidos los valores de la convivencia y la aceptación de la diferencia, sin perder de vista la arquitectura de la reforma pedagógica de la educación primaria.

Empleo

Respuesta 17

Las mujeres activas son jóvenes (datos de 2019), con un 36,2 % menores de 35 años. Asimismo, cuentan con una formación precaria, por lo que 6 de cada 10 mujeres trabajadoras lo hacen sin título (61 %), en comparación con el 53,8 % de los hombres. Este porcentaje esconde una variación según el lugar residencia, del 89,8 % en el área rural frente al 33,2 % en las zonas urbanas.

A nivel nacional, las mujeres registran una participación significativa en el sector de la “agricultura, la silvicultura y la pesca”, lo que representa el 46,9 % de todas las mujeres activas. El sector de los “servicios” es el segundo sector en el que trabajan las mujeres, un 38,5%, seguido por el sector de la “industria, incluida la industria tradicional”, un 14 %, mientras que la distribución de los puestos de trabajo por sectores económicos oculta diferencias según el lugar de residencia (respuesta 21).

De la distribución de las trabajadoras activas por principales grupos ocupacionales se infiere claramente que el 37,7 % trabaja dentro del grupo de trabajadores manuales en la agricultura, los bosques y la pesca; el 13,2 % en el grupo de trabajadores manuales no campesinos, porteadores y trabajadores de profesiones pequeñas; el 11,2 % trabaja como empleadas; el 10,8 % se halla en el grupo de artesanos y trabajadores cualificados en ocupaciones artesanales; y el 9 % dentro del grupo de explotadores agrícolas, pescadores, forestales y cazadores.

La distribución de las mujeres activas según la profesión registra diferencias según el lugar de residencia. Las mujeres trabajan en la comunidad rural como asistentes familiares (70 %) o mujeres autónomas (19,7 %). En las zonas urbanas, más de 8 de cada 10 (81,2 %) son asalariadas y el 12,2 %, autónomas.

Según los datos de la investigación nacional sobre empleo (2020), la posición de las mujeres en el mercado laboral se caracteriza por una disminución de la tasa de actividad en 1,6 puntos, llegando al 19,9 % frente al 70,4 % en los hombres (0,6 puntos en comparación con 2019).

El desempleo sigue siendo mayor entre las mujeres, con un aumento de la tasa de 2,7 puntos en 2020, del 13,5 % al 16,2 %, frente a los 2,9 puntos entre los hombres, pasando del 7,8 % al 10,7 %, especialmente en las zonas urbanas, con un promedio del 24,7 % entre las mujeres frente al 13,3 % de los hombres.

Los inspectores de trabajo supervisan la medida en que se aplican las leyes sobre la protección de los derechos de la mujer, incluida la segregación ocupacional, la igualdad salarial, la protección social y la promoción del empleo, la protección de la maternidad, así como la sensibilización de los trabajadores sobre el papel de la igualdad en la armonía social y el aumento de la productividad. En 2013, la circular núm. 16-13 instó a los inspectores de trabajo a centrarse, durante su observación, en el respeto de la aplicación de los requisitos legales relativos a los derechos de las mujeres en el trabajo, realizando así 4.886 visitas en 2020, durante las cuales los inspectores pudieron contabilizar a 87.584 mujeres, de las cuales 3.493 ocupaban puestos de responsabilidad y 1.605 actuaban como delegadas de los trabajadores.

Para apoyar a las asociaciones que velan por los derechos de las mujeres en el trabajo, el sector laboral ha asignado una cobertura financiera anual de 1 millón de dirhams desde 2016, y en 2019 se unió a 8 asociaciones, beneficiando a 1.601 mujeres con campañas de sensibilización, de las cuales 411 se beneficiaron del fortalecimiento de las capacidades y 483 mejoraron sus condiciones laborales a medio plazo; 134 empresas que emplean a 1.656 trabajadoras se beneficiaron de programas de sensibilización sobre la igualdad profesional; y en 2020 se firmaron siete acuerdos de unión con asociaciones para ponerlos en marcha en 2021.

El ámbito legislativo, normativo e institucional se ha desarrollado a favor de los trabajadores y trabajadoras domésticos y, puesto que la Ley 19.12 (que entró en vigor octubre 2018) impuso a las partes de la relación laboral la celebración de un contrato de trabajo por escrito de acuerdo con el modelo específico y la elaboración de una copia del mismo con la Inspección de Trabajo, prohibiéndose la mediación de los trabajadores por cuenta propia en el empleo de las trabajadoras domésticas.

Para garantizar una mejor protección a este tipo de trabajadoras, la Fiscalía General y el sector competente se coordinan para dar seguimiento a los casos derivados de posibles conflictos entre las partes de la relación laboral. Esto culminó en el desarrollo de una guía práctica y se firmó un memorando de entendimiento entre las partes para mejorar la aplicación general de las leyes sociales.

A fecha de noviembre de 2020, se han celebrado 2.915 contratos de trabajo, incluidos 172 contratos con trabajadores o trabajadoras extranjeros; hasta julio de 2020, la Tesorería de la Seguridad Social cuenta con 1.518 declaraciones, sin embargo, Marruecos está trabajando actualmente para igualar su arsenal jurídico con las disposiciones del Convenio Internacional del Trabajo núm. 189 sobre los derechos fundamentales de los trabajadores domésticos en 2011. Para ello, se ha realizado un estudio en el año 2020 sobre la posibilidad de ratificar el convenio.

También se han adoptado medidas para reducir el desempleo y el acceso de las mujeres al trabajo estructurado:

–El programa “Integración”, que, junto con los contratos ordinarios, incluye contratos de formación (capacitación) e integración para incentivar a las mujeres empresarias a contratar a titulados durante 24 meses con el fin de que adquieran una experiencia profesional. En este contexto, en 2019 se han registrado 108.800 integraciones a un ritmo del 47 % para las mujeres y 15.268 personas se han beneficiado del sistema de empleo internacional con un 97 % de mujeres.

–El programa “Estímulos” para fomentar el empleo en empresas, asociaciones y cooperativas de nueva creación ha beneficiado a 9.508 personas en 2019, de las que el 35 % eran mujeres.

–El programa de “Capacitación” ha servido para mejorar la empleabilidad de los graduados mediante el apoyo a sus habilidades profesionales. Se han beneficiado 36.806 personas, de las que el 52 % eran mujeres.

Con respecto al programa “Autoempleo” para pequeños empresarios, se ha acompañado a 4806 emprendedores en 2019 y 2.066 proyectos han obtenido apoyo financiero, lo que ha posibilitado ofrecer 3.656 oportunidades de trabajo. Se acompañó a un 33 % de mujeres frente al 30 % en 2018, y este programa ha permitido reducir del 1 % al 0,5 % el impuesto sobre la renta y ha facilitado el acceso a las transacciones públicas.

Con respecto al empoderamiento económico de las mujeres (programa de emprendimiento femenino), la segunda fase del proyecto “Por ti” se ha lanzado durante 5 años 2017-2021, con el objetivo de permitir y desarrollar cuantitativamente el espíritu empresarial y la empleabilidad de las mujeres, dirigido a mujeres empresarias (graduadas o no), mujeres que deseen introducirse en el mundo del emprendimiento y que ejerzan una actividad en el sector no estructurado, mujeres empresarias que deseen desarrollarse y para aquellas que ejerzan actividades sociales y solidarias (colaborativas).

Desde el comienzo de la segunda fase hasta finales de 2019, han pasado 13.500 mujeres por el programa y 1.650 mujeres han participado en los servicios de mediación. La proporción de mujeres recién registradas en la Agencia Nacional de la Promoción del Empleo y las Competencias en 2018 fue del 44 % de las 205.923 registradas (86 agencias), las cuales obtuvieron información, orientación, entrevistas y talleres de búsqueda de empleo.

El número de beneficiarias de las entrevistas de posicionamiento alcanzó las 34.650 mujeres de un total de 84.466 personas. Esto representa el 41 % del total. Un total de 29.700 mujeres han asistido a los talleres de búsqueda de empleo en 2018 de un total de 57.524.

En el sector de la educación tradicional, supone el 42 % del número total de 1.964 de empleadas y empleados, mientras que el porcentaje de las madrazas es de un 21,10 % de un total de 7.150 profesores y profesoras, y el de alumnas es del 25,11 % de un total de 1.526 alumnos que memorizan el Corán. En 2008-2009, el porcentaje de mujeres que trabajan en el programa de alfabetización de la mezquita fue del 71 % de 4.012, mientras que en 2016-2017 representaban el 88,58 % de los 7.470 tutores de cursos de alfabetización en mezquitas.

Con respecto a la protección social, el Gobierno ha desarrollado un arsenal jurídico para reducir la vulnerabilidad económica y social y mejorar las condiciones de vida, en particular:

–Ley 99.15 sobre la creación del sistema de jubilación para profesionales, trabajadores autónomos y no asalariados.

–Ley 98.15 sobre el sistema básico de seguro obligatorio de enfermedad para grupos de profesionales, trabajadores autónomos y no asalariados.

–Decreto 2.18.686 sobre la determinación de las condiciones para la aplicación del sistema de Seguridad Social a los trabajadores y trabajadoras domésticos.

–Decreto 02.19.769 de aplicación de la Ley núm. 98.15 y la Ley núm. 99.15 relativa a la renuncia.

–Decreto 2.19.1023 M para restablecer el Decreto núm. 2.19.719 mediante la aplicación de la Ley núm. 98.15 y la Ley 99.15 con respecto a las matronas y fisioterapeutas.

–Decreto núm. 2.20.659 sobre el sistema de seguro obligatorio por enfermedad y el sistema de pensiones para los profesionales, los trabajadores autónomos y los no asalariados que ejercen una actividad especial en relación con los guías turísticos.

–Decreto 2.20.658 sobre el sistema de seguro obligatorio por enfermedad y el sistema de pensiones para los profesionales, los trabajadores autónomos y los no asalariados que ejercen actividades privadas.

Se han implementado programas de asistencia médica, con un 53 % de beneficiarias registradas en 2018 de un total de 12,78 millones de personas, es decir, más de 5,24 millones de familias, con un presupuesto de 6.300 millones de dírhams, a través del cual se han prestado más de 20 millones de servicios. En 2019 el número de beneficiarios ha sido de 14,5 millones.

Entre 2015 y 2019, más del 36 % de las personas con discapacidad han obtenido equipamiento especial y dispositivos técnicos, han mejorado las condiciones de escolarización y se ha fomentado la inclusión profesional y en actividades generadoras de ingresos. Además, se han creado 77 centros de orientación y asistencia, se ha acogido a más de 248.000 ciudadanos y se han equipado 28 centros sociales para personas con discapacidad.

En este contexto, el porcentaje de beneficiarias de residencias estudiantiles durante el curso 2018-2019 alcanzó el 54,97 % de un total de 66.575, y el 4 6% de las niñas se beneficiaron de la iniciativa de “1 millón de mochilas” de un total de 4.463.000 beneficiarios entre 2019-2020, con un coste de 1.470 millones de dírhams. El número de beneficiarios de becas universitarias pasó de 517.334 para el curso 2017-2018 (50 % niñas) a 881.374 en el curso 2018-2019 (52 % niñas).

En cuanto a los sistemas de seguridad social relativos a las pensiones en 2017, el porcentaje de beneficiarias de una pensión de invalidez fue del 41 % de un total de 2.042; un 17 % obtuvo una pensión de jubilación de un total de 62.421; y un 97 %, una pensión de viudedad de un total de 160.257.

Salud

Respuesta 18

Con el fin de reforzar los compromisos de Marruecos con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha elaborado el plan de salud para 2025, que incluye los siguientes programas:

–Programa de maternidad sin riesgos.

–Programa de sanidad rural.

–El programa “Atención” para garantizar la continuidad de los servicios de salud para los residentes de las zonas afectadas por el frío y las nevadas.

–El plan nacional de Marruecos para reducir la mortalidad materna.

–El programa nacional de inmunización, suministro de medicamentos y reducción de su precio.

–Servicios de salud gratuitos para mujeres migrantes.

Para reducir la mortalidad materna:

Se ha desarrollado el programa de supervisión del embarazo y parto mediante:

–La realización de una prueba piloto real en Tánger para la atención prenatal que integra a y se centra en la mujer, en consonancia con las recomendaciones de la OMS.

–Se ha desarrollado un paquete de intervenciones básicas para la madre y el recién nacido y un plan de capacitación para profesionales.

–Se ha puesto a disposición un protocolo para controlar el sangrado posparto y la diabetes gestacional en todas las estructuras de atención.

En este contexto, se han registrado los siguientes datos:

La tasa de mortalidad materna ha disminuido a 72,6 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

Las mujeres viven 77,8 años en comparación con los hombres, que viven 74,5 años.

La proporción de madres que se benefician de los servicios de las instituciones sanitarias ha pasado del 72,7 % en 2011 al 86,1 % en 2018.

La proporción de madres que reciben atención durante el embarazo por parte de personal cualificado ha pasado del 77,1 % en 2011 al 88,5 % en 2018.

La proporción de partos con asistencia médica ha aumentado del 73,6 % en 2011 al 86,6 % en 2018.

La proporción de mujeres que utilizan métodos de planificación familiar ha aumentado del 67,20 % en 2011 al 70,80 % en 2018.

Se han establecido centros regionales de excelencia para la salud materno infantil, el seguimiento y la evaluación de la atención materna y neonatal y la mortalidad materna e infantil a través de:

El establecimiento de un sistema de control y desarrollo de un plan para mejorar la calidad de la atención a las madres y a los recién nacidos en los hospitales.

El desarrollo de una serie de sistemas de información y seguimiento, como el sistema de información para el seguimiento y la evaluación de las cesáreas, el sistema de control de la mortalidad materna, el cribado clínico de la mortalidad materna y la respuesta, que también incluye exámenes clínicos de la mortalidad neonatal para mejorar la disponibilidad y el uso de la información en la toma de decisiones. Además de proporcionar formación a los trabajadores en este ámbito.

Para mejorar el acceso de mujeres y niñas a los servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente en las zonas rurales y remotas, se han adoptado las siguientes medidas:

–El derecho a decidir sobre la elección del anticonceptivo.

–Integración de una variedad de anticonceptivos modernos de alta calidad en el programa nacional de planificación familiar (implante subcutáneo) (píldoras anticonceptivas de emergencia para el embarazo).

–Se ha proporcionado un paquete educativo y de información a través de canales de comunicación tradicionales y digitales.

–Se han integrado servicios completos de salud sexual y reproductiva en las estrategias de los planes de salud móvil (unidades médicas móviles y convoyes médicos especializados) en las zonas rurales y remotas.

–Se ha incorporado el componente “Tratamiento de la infertilidad de pareja” en el paquete de prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y se ha desarrollado el Plan Nacional de Reproducción Médicamente Asistida.

–Se ha puesto en marcha el autocuidado adoptando las recomendaciones de la OMS sobre salud sexual y reproductiva.

–Se ha elaborado la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2021-2030 siguiendo un enfoque participativo y centrado en el individuo, teniendo en cuenta el género.

–Se ha implementado el plan de desarrollo de la salud en el medio rural para reforzar los servicios sanitarios. incluida la salud sexual y reproductiva.

–Se ha fomentado el acceso de las mujeres en el ámbito rural a la detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino.

La detección temprana del cáncer de mama ha circulado por todo el país, y, actualmente, se está activando la detección precoz del cáncer de cuello uterino en 58 regiones con 11 destinos, hay 17 unidades móviles de radiografías de mama a nivel nacional y de diagnóstico precoz del cáncer de mama, además de la campaña nacional anual para la detección precoz del cáncer de mama y de cuello uterino, que organiza minicampañas a nivel local durante todo el año. En 2019, participaron en esta detección 1.515.588 mujeres (de entre 40 y 69 años), el 40 % de las cuales eran de zonas rurales (600.000 participantes). De un total de 341.476 mujeres (de entre 30 y 49 años), el 31 % participó en la detección precoz del cáncer de cuello uterino (107.000 participantes).

Con respecto a la educación sexual y a las medidas adoptadas para que las niñas recurran a los servicios sanitarios, los sectores de la salud y de la educación nacional y asuntos islámicos han creado un plan de trabajo nacional relativo a la salud escolar y a fomentar la salud de los jóvenes 2019-2022. En este contexto, se han habilitado espacios de salud para jóvenes, se han elaborado apoyos didácticos y páginas web, se ha desarrollado el enfoque de educación paterna centrada en la salud de los jóvenes basado en las Diez Competencias de la Organización Mundial de la Salud. Además, se ha elaborado una guía temática sobre salud sexual y reproductiva, se han incluido actividades educativas en los niveles de quinto y sexto de primaria y se ha concienciado a los niños de educación primaria sobre el conocimiento de su cuerpo y las formas de protegerlo.

El aborto es un acto no punible si se requiere que preservar la salud de la madre cuando lo hace públicamente un médico o cirujano con el permiso del esposo. Tal permiso no es necesario si el médico considera que la vida de la madre está en peligro, pero se debe informar al médico principal del departamento o provincia. En ausencia del marido o si se niega a dar su consentimiento o es incapaz, el médico o cirujano solo está autorizado a realizar la cirugía o utilizar un tratamiento que pueda provocar un aborto después de obtener un certificado escrito del médico jefe del departamento o provincia que indique que la salud de la madre sólo puede preservarse utilizando dicho tratamiento. A este respecto, para crear conciencia sobre los peligros del aborto clandestino, se han organizado cursos de capacitación para los programas de control del embarazo y el parto.

Respuesta 19

En cuanto al seguro de salud para mujeres y niñas, especialmente en el contexto de la pandemia, véase la respuesta 4.

Para que mujeres y niñas en situación de discapacidad acudan a los servicios sanitarios, el sector competente ha habilitado hospitales y oficinas de salud mental a fin de satisfacer las necesidades de las pacientes, tanto a nivel de normas arquitectónicas, recursos humanos y atención médica. Se ha asignado un tercio de su capacidad a las mujeres, espacios adecuados para la vida privada, así como la integración de la salud mental en los programas de salud reproductiva. Los centros de tratamiento de adicciones cuentan con espacios para mujeres que consumen sustancias psicotrópicas.

Como parte de los programas de rehabilitación, se han dado instrucciones a las oficinas de atención a las personas con discapacidad para que:

–Garanticen la continuidad de los servicios mediante el respeto de las medidas preventivas y las normas de distanciamiento social, a nivel de los centros de salud, hospitales, centros de rehabilitación regionales integrados y centros ortopédicos CIARR, centros de rehabilitación regionales integrados CIRP y unidades de rehabilitación hospitalaria.

–Se han reforzado las medidas preventivas para garantizar el acceso a los centros para las personas con discapacidad, ya que son más vulnerables a la infección por el VIH, y se ha facilitado el acceso a la información.

–El porcentaje de beneficiarias de la tarjeta Ramed representa el 52 %, mientras el 51 % de las mujeres pertenecen del seguro obligatorio básico (véase la respuesta 22).

Empoderamiento económico y prestaciones sociales

Respuesta 20

El Gobierno ha puesto en marcha el Programa Nacional Inclusivo para el Empoderamiento Económico de Mujeres y Niñas para 2030, basado en el desarrollo del acceso a las oportunidades económicas, según la visión estratégica esbozada en los contenidos de “ICRAM2”, concretamente en el mundo rural, a través de tres temas estratégicos: “Acceso a oportunidades económicas”, “Educación y capacitación”, “Un entorno adecuado y sostenible para el empoderamiento económico de las mujeres”, y tres objetivos estratégicos para 2030, en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible:

–Lograr el 30 % de la tasa de empleo entre las mujeres frente al 19 % de 2020, alcanzando al menos la mitad de la tasa de empleo de los hombres.

–Duplicar la proporción de graduadas en formación profesional para igualar la proporción de graduados hombres en un 8 % en comparación con el 4 % actual.

–Promover un entorno apropiado y sostenible para el empoderamiento económico de las mujeres.

El apoyo económico a la mujer se ha elaborado mediante la adopción de programas para establecer asociaciones con los agentes, en particular la sociedad civil, y fortalecer su liderazgo a fin de que las mujeres empresarias y las dirigentes de las cooperativas y las asociaciones dispongan de los medios necesarios para comercializar, delimitar y facilitar su acceso a préstamos y propiedades mediante la creación de redes para desarrollar proyectos generadores de ingresos y fomentar sus experiencias profesionales y de liderazgo a través del fortalecimiento de sus capacidades cognitivas.

Con el fin de implementar los resultados del programa “Marruecos empoderamiento”, se ha lanzado la ruta de acogida territorial del programa con los consejos regionales y provinciales con una cobertura financiera de 141 millones de dirhams, a los que el sector competente contribuye con 51 millones de dirhams (2020). Estos programas se centran en:

Programa de capacitación y empoderamiento para mujeres en situación difícil	Objetivo
Activar el Fondo de Apoyo a la Mujer en situación difícil para las ex profesionales del contrabando.	As-Sharq / Provincia de Nador
Apoyar los programas de generación de ingresos para las mujeres en situación de discapacidad	As-Sharq / Provincia de Nador
Capacitar y empoderar económicamente a las mujeres, apoyar a las cooperativas artesanales	Fez Mequinez
Formación e integración profesional en el mercado laboral para mujeres y niñas	Casablanca Settat
Apoyar a las empresas y cooperativas femeninas	Rabat Salé Kenitra
Capacitar y empoderar económicamente a las mujeres en situación difícil y apoyar a las cooperativas profesionales de mujeres	Marrakech Safí
Capacitar y empoderar económicamente a las mujeres artesanas, apoyar a las cooperativas artesanales	Guelmim Oued Nun
Capacitar y empoderar a las mujeres en situación vulnerable	Tánger Tetuán Alhucemas
Poner en marcha un programa de empoderamiento económico para 500 mujeres y niñas de entornos vulnerables	Dajla - Río de Oro

Desde 2015, el sector competente creó el Premio a la Excelencia de la Mujer Marroquí, relacionado con el empoderamiento económico y el fomento de la empresa femenina y los resultados de las cinco ediciones han dado lugar a 17 iniciativas. Desde 2016, el sector del empleo ha concedido el premio “Igualdad profesional”, “Excelencia” o “Buenas Prácticas en Igualdad” para mujeres empresarias que respeten los criterios de méritos relacionados con el principio de igualdad.

En colaboración con la Asociación de Mujeres Empresarias de Marruecos, el sector competente ha puesto en marcha el programa “Aceleradoras e Impulsoras de la Contratación de Mujeres” en su primera parada en Casa Pionnière, a través del cual la asociación brinda apoyo cognitivo a toda marroquí que lleva un proyecto y desea crear un negocio, todo ello de acuerdo con el desarrollo continuo de habilidades empresariales en el ámbito de la contratación. En este sentido, se ha celebrado una asociación para completar el proyecto “Desarrollo empresarial de las mujeres en entornos urbanos, semiurbanos y rurales a través de aceleradoras e impulsoras de la contratación” en tres direcciones. El programa se dirige a toda aquella mujer que tenga un proyecto de creación de empresa, dando prioridad a las mujeres en situación vulnerable. El programa cuesta aproximadamente 9.400.000 dírhams, y el sector competente ha lanzado en 2020 de colaboración con las asociaciones, apoyando a 156 asociaciones que trabajan en el ámbito del empoderamiento económico con un apoyo financiero superior a los 12,3 millones de dírhams.

El programa “Comienzo” para empresarios individuales y pequeños empresarios (1,9 millones de dírhams) ha beneficiado a 9.443 personas (febrero 2020-noviembre de 2020), las mujeres representaban el 14 % del total y los productos de “garantía” y “financiación” se lanzaron por un precio y bajo unas condiciones favorables del 2 %. Además de la “garantía de inicio para el inversor rural” a una tasa de interés del 1,75 %, para “iniciar negocios pequeños y muy pequeños” sin intereses y garantías, y con un pago diferido de 5 años.

El Programa de Economía Social y Solidaria se basa en acompañar a los graduados de los centros de formación para facilitar su integración en la vida laboral, basado en enfoques solidarios (cooperativas, grupos económicamente beneficiosos, comercio solidario...), para lo cual:

– Se han creado 271 cooperativas en todas las delegaciones llegando a las 48 cooperativas en 2019, con un porcentaje del 77,95 % de inscritas.

– Se han organizado 770 exposiciones provinciales y regionales, con 191 exposiciones en 2019. la cooperación nacional participó en 103 exposiciones a nivel nacional, regional y local con la implicación de 739 asociaciones y cooperativas.

– Se han creado 117 espacios comerciales solidarios, sumando 41 en 2019.

En cuanto a la posesión de la tierra por parte de la mujer (véase la respuesta 21).

Mujeres del medio rural

Respuesta 21

Como parte del fortalecimiento de la protección social para las mujeres, incluidas las mujeres rurales, en 2018 se han elaborado la ley y el decreto sobre las condiciones y requisitos para beneficiarse del Fondo de Solidaridad Familiar, que ha ampliado el círculo de beneficiarios de sus servicios, incluyendo, además de los beneficiarios de la manutención de los hijos tras el divorcio, tanto a la esposa necesitada, como a los beneficiarios de la manutención de los hijos durante el matrimonio después de probar la pobreza de la madre y a los que tienen derecho a la manutención de los hijos después de la muerte de la madre, simplificando los procedimientos para beneficiarse de los servicios financieros del fondo y aumentando el importe del anticipo financiero a 1.400 dirhams al mes en lugar de 1.050 dirhams al mes.

El Plan Marruecos Verde ha permitido a las mujeres acceder a todos los programas basados en el enfoque de género para la preparación y formulación de proyectos agrícolas solidarios, los más importantes de los cuales son:

– Integrar a las mujeres rurales en proyectos para mejorar las condiciones de vida en el medio rural sobre la base de un enfoque participativo, análisis socioeconómico y de género.

– Integrar a las mujeres rurales en proyectos de agricultura solidaria para mejorar sus capacidades productivas en diversas cadenas de producción agrícola y desarrollar asociaciones con agricultores locales, nacionales e internacionales.

– Adoptar una guía prioritaria para proyectos de agricultura solidaria incluyendo normas de género para dar prioridad a los proyectos para mejorar las situaciones de mujeres y jóvenes.

– Realizar un informe sobre las diferencias en la representación de la mujer en la cadena de dirección dentro del proyecto “ Empoderamiento económico de la mujer en cargos de responsabilidad ” .

– Capacitar y acompañar a grupos de productores agrícolas dando prioridad a los grupos femeninos con el fin de ayudarlos a responder de la mejor manera a las exigencias del mercado productivo, comercial, legal y regulatorio. En 2020, el programa de desarrollo de productoras locales llegó a 159 asociaciones profesionales (cooperativas o grupos con beneficio económico), de las que 88 cooperativas eran femeninas, lo que supone un porcentaje del 55 %. Estos grupos de asociaciones incluyen 5.432 inscritos, de los cuales 3.487 son mujeres, lo que supone el 64 %.

En materia de comercialización a nivel nacional, durante 2020 se acompañó a 70 grupos de producción, incluidas 164 cooperativas y unos 6.000 pequeños agricultores de manera permanente y continua a los mercados grandes y medianos, de las que el 42 % eran cooperativas femeninas. A nivel internacional, 50 grupos de producción de 118 cooperativas y más de 3.600 pequeños agricultores participaron en muestras internacionales, de los cuales el 66 % eran mujeres (2.400 mujeres).

Para mantenerse al día con la transformación digital y proporcionar acceso al mercado, se han establecido 18 tiendas en línea, incluidos 8 grupos de mujeres, lo que supone el 44,5 %

Con el fin de restablecer las unidades de producción local, se han creado 27 unidades, de las cuales 17 (63 %) eran para cooperativas de mujeres. Estas cooperativas incluyen 414 participantes, de los cuales 232 son mujeres, lo que supone el 56 %. También se han equipado 127 unidades de producción con equipo técnico, beneficiando a 63 cooperativas de mujeres de las 127 beneficiarias del grupo, lo que supone el 50 % de mujeres. Se han beneficiado del procesamiento de unidades 5.292 inscritos, de los que el 63 % eran mujeres (3.359). Asimismo, un total de 131 de grupos profesionales de productos locales se han visto apoyadas con envases, embalajes y etiquetados. La proporción de cooperativas de mujeres beneficiadas representa el 52 % (68 cooperativas). Los inscritos en los grupos beneficiados era de 2.748, entre ellos 965 mujeres (35 %).

Para fomentar la representación de las mujeres rurales en los puestos de toma de decisiones, su pertenencia a las oficinas de las organizaciones profesionales que llevan a cabo proyectos de agricultura solidaria ha aumentado del 9 % al 12,33 %, como el Comité Social y el Enfoque de Género en la Federación Interprofesional de la cadena de mando, cuyas actividades se centran en mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres y en la sensibilización para permitirles acceder a puestos de toma de decisiones.

Para el proyecto de seguro de cobertura sanitaria para profesionales de la cadena de mando, se ha firmado la asociación entre la Cooperativa Agrícola y la Federación Interprofesional para conceder cobertura sanitaria a 2.000 mujeres que trabajan en la cadena.

La nueva estrategia agrícola Generación Verde 2020-2030 ha reforzado los avances logrados en el marco del Plan Marruecos Verde al dar prioridad a la raza humana, especialmente a las mujeres. Todo ello en base al enfoque de género para la preparación y formulación de proyectos solidarios para empoderar a las mujeres a través de:

– La diversificación y transformación hacia sistemas de producción más rentables.

– La intensificación sostenible de los sistemas de producción.

– La puesta en valor de los productos agropecuarios y el acceso a los mercados.

– La inclusión y empoderamiento las mujeres rurales mediante la promoción de oportunidades de trabajo.

Esta estrategia consta de tres ofertas:

– El resurgimiento y capacitación de las cooperativas de servicios agrícolas para niñas y mujeres.

– El apoyo a las actividades generadoras de ingresos destinado a los pueblos de producción pequeña, la conversión y la puesta en valor de algunos productos y su promoción (plantas medicinales, aromáticas...).

– El desarrollo de actividades semiagrícolas en zonas con escaso potencial agrario.

Marruecos ha realizado esfuerzos extraordinarios en los últimos 10 años para permitir a las mujeres acceder a terrenos públicos, así como para aprovechar sus propiedades, y durante los años 2009-2010 y 2012 las circulares han permitido reducir, relativamente, la injusticia al permitirles compensar los bienes que han sido alquilados o vendidos y beneficiarse de su parte en caso de sucesión. En la misma dinámica, algunas mujeres han podido representar a grupos étnicos como diputadas. Sin embargo, la verdadera fundamentación de los derechos de los grupos étnicos se llevó a cabo a principios de 2020 a través de una reforma integral de este régimen del suelo, así como mediante la promulgación de tres nuevas leyes al respecto, en particular la Ley 62-17 sobre la tutela administrativa y la gestión de la propiedad de los grupos étnicos, que preveía la igualdad de género en los derechos y deberes de estos grupos, reflejada efectivamente en los artículos 6 y 16, claramente como miembros de la comunidad que tienen derecho a beneficiarse de su propiedad.

El Decreto núm. 2.19.973 (enero de 2020), relativo a la aplicación de la Ley 62-17, define claramente los derechos de los grupos étnicos a través de los artículos 1, 16, 17, 19 y 20 de la siguiente manera:

– Preparar listas de titulares de derechos con arreglo a los mismos criterios.

– Garantizar los mismos derechos y oportunidades para obtener una parte de la propiedad si existiera.

– En caso de fallecimiento de un beneficiario, su parte se destina a sus hijos, hijas y a su esposa (o marido).

– La posibilidad de asignar un terreno agrícola como propiedad en beneficio de los explotadores, ya sea hombre o mujer.

En el contexto de la descentralización y en virtud de la Ley 62.17 y por su decreto de aplicación, se han enviado circulares ministeriales a las trabajadoras para activar esta reforma haciendo hincapié en la participación de las mujeres. Asimismo, se ha realizado el seguimiento de este expediente a través del trabajo con los grupos étnicos y organizaciones femeninas.

La cuestión de la mejora de las condiciones y el empoderamiento económico de la mujer rural corresponde a los objetivos y a la estrategia de la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano mediante programas de la fase III, que se refieren principalmente a:

“Acompañar a personas en situación vulnerable”, situar a las mujeres interesadas en los grupos de destino, mejorar las condiciones de vida y acompañarlas, apoyarlas institucionalmente y proporcionarles formación profesional.

“Mejorar los ingresos y la integración económica de los jóvenes” mediante:

–Empleabilidad: apoyo a la integración de los jóvenes en un empleo estable independientemente del género.

–Emprendimiento: dar a los jóvenes (mujeres y hombres) recursos financieros para completar sus proyectos.

–Economía social y solidaria: apoyo a las cooperativas encabezadas por al menos un 30 % de mujeres. Según el Boletín de Igualdad núm. 1 de 2020, en 2019 el porcentaje de cooperativas femeninas activas fue del 16,6 %, de un total de 27.262, mientras que el porcentaje de inscritas en cooperativas fue del 35 %, de un total de 776.563.

“Apoyo al capital humano para las generaciones futuras” cuyo objetivo es abordar las limitaciones del desarrollo humano trabajando en tres componentes:

–Reforzar el sistema de salud materno infantil y mejorar la nutrición infantil.

–Integrar la etapa preescolar en la construcción de la vida del individuo, especialmente de las niñas.

–Apoyar a los niños y adolescentes para combatir el abandono escolar, especialmente en las niñas, mejorando el entorno escolar.

Acceso de la mujer rural al mercado de trabajo (pregunta 21)

Según los resultados de la Investigación Nacional de Empleo de 2019, la tasa de participación de las mujeres fue del 27,1 % en las zonas rurales frente al 18,5 % en las zonas urbanas, con una tasa de empleo un 26,3 % superior en las zonas rurales que en las urbanas (14,5%). La mayoría de los empleos de las mujeres en las zonas rurales corresponden a la “agricultura, los bosques y la pesca” (90,7 %), mientras que en las zonas urbanas las mujeres trabajan principalmente en el sector de los servicios, en un porcentaje del 71 %.

El programa de capacitación de la Fundación Nacional de Cooperación atrae a niñas que no estudian o no asisten a la escuela y a mujeres de entornos desfavorecidos. El número de centros en 2019 era de 1.510, mientras que el número de beneficiarias de los centros de educación y formación fue de 119.669, es decir, un 84,97 % del total de beneficiarios.

El porcentaje de las niñas del mundo rural que han accedido a los programas sociales de educación ha sido de:

–62 % en el programa “1 millón de mochilas”.

–83 % en el programa “Tayseer”.

–69% en los internados.

–93% en el programa de comedores escolares.

–83% en los servicios o medios de transporte.

Grupos de mujeres desfavorecidas

Respuesta 22

a-b) El sector en cuestión continúa poniendo en marcha los programas del Fondo de Cohesión Social y Empoderamiento de viudas y mujeres discapacitadas con prestaciones establecidas y:

–Con respecto al apoyo directo a las viudas en situación vulnerable con menores huérfanos a su cargo ha contado hasta enero de 2021 con 108.937 beneficiarias, mientras que el número de niños ha sido cercano a los 851.000 huérfanos. El número de mujeres divorciadas o abandonadas que han accedido al Fondo de Cohesión Social desde su puesta en marcha y hasta junio de 2020 ha sido de 35.272, con un importe de 368,31 millones de dírhams.

–Se ha registrado un 53 % de beneficiarias de programas de asistencia médica en el año 2018, de un total de 12,78 millones de personas, es decir, más de 5,24 millones de familias, con un presupuesto de 6.300 millones de dírhams. A través de este programa se han prestado más de 20 millones de servicios, y en 2019 el número de participantes en este programa llegó a 14,5 millones de personas.

–Se ha registrado un 46 % de niñas en situación vulnerable que se han beneficiado de la iniciativa “1 millón de mochilas” y ha llegado a un total de 4.463.000 niñas durante 2019-2020, por un coste de 1.470 millones de dírhams.

–Se ha registrado un 54,97 % de alumnas beneficiadas con el curso del alumno durante 2018-2019, lo que supone un total de 66.575 alumnas.

–El número de becadas universitarias ha pasado de 517.334 durante el curso 2017-2018 (50 % de estudiantes universitarias) a 881.374 en el curso 2018-2019 (52 % de estudiantes universitarias).

Para apoyar a las mujeres en situación de discapacidad, el número de participantes en actividades generadoras de ingresos en 2019 fue del 85 % con 3.152 actividades. Asimismo, el porcentaje de beneficiarias de programas dirigidos a personas discapacitadas fue superior al 36 % entre los años 2015 y 2019, principalmente vinculadas a la adquisición de equipos privados y equipamientos técnicos, la mejora de las condiciones de escolarización de este grupo, el fomento de la integración profesional y las actividades generadoras de ingresos, además de la creación de 77 centros de orientación, la acogida de más de 248.000 ciudadanos, el equipamiento de 28 centros sociales y el Fondo de Apoyo a la Cohesión Social ha contribuido a la financiación de proyectos generadores de ingresos para 109 mujeres empresarias en 2019 por un valor de 4.768.202 millones distribuidos de la siguiente manera:

Ejercicio fiscal	Tipo de discapacidad	Coste financiero de los proyectos
Movilidad	Sensorial	Mentalidad	Múltiple
2019	66	20	19	4	4 768 202

Mujeres emprendedoras según el tipo de discapacidad

Ejercicio fiscal	Número emprendedoras	Ámbito	Tipo de actividad	Coste financiero de los proyectos
Urbano	Rural	Comercial	Servicios	Agrícola	Artesanal
2019	109	93	16	24	39	2	44	4 768 202

Emprendedoras según el tipo de actividad y ámbito (urbano/rural)

El sector competente ha preparado una política pública inclusiva para promover la situación de las personas mayores, que incluye una serie de medidas, destinadas a facilitar su acceso a los servicios sanitarios, sociales, económicos, culturales y ambientales con el fin de garantizar un envejecimiento adecuado, asegurando la independencia, la dignidad y la autorrealización. Esta política fue ratificada por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2020.

En cuanto a los sistemas de seguridad social relativos a las pensiones en 2017, el porcentaje de beneficiarias de una pensión de invalidez fue del 41 % de un total de 2.042; un 17 % obtuvo una pensión de jubilación de un total de 62.421; y un 97 %, una pensión de viudedad de un total de 160.257.

El sector competente ha preparado un estudio para integrar el enfoque de género en la política pública inclusiva de promoción de los derechos de las personas en situación de discapacidad y crear el Centro Nacional de Supervisión, Investigación y Documentación en el Ámbito de la Discapacidad. En cuanto a la mejora de las condiciones escolares, entre 2015 y 2019, se beneficiaron 44.224 alumnos, lo que supone un 36 %. En el ámbito del empleo, el sector competente ha promovido la inclusión profesional y las actividades generadoras de ingresos, con el apoyo de 1.730 proyectos, lo que supone un porcentaje del 37 % durante el mismo período.

Con respecto a la atención sanitaria (véase la respuesta 19).

Para garantizar que las mujeres con discapacidad tengan acceso a una educación inclusiva, empleo, atención médica e información sobre planificación familiar y el derecho a contraer matrimonio, el sector competente ha apoyado 41 proyectos presentados por asociaciones activas en el campo. En este contexto, se han organizado actividades con el objetivo de combatir los estereotipos e introducir la Convención y los requisitos del Marco Legal 13.97 sobre la protección de esta categoría.

c) Abordar la estigmatización de las madres solteras y prestarles apoyo, entre otras cosas, mediante planes de protección social y apoyo infantil, procedimientos de reconocimiento de la paternidad y la exigencia de cumplimiento de las obligaciones en materia de pensión alimenticia y manutención que incumben a los excónyuges y los padres de sus hijos. (Respuesta 23).

Se ha puesto en marcha el taller nacional inclusivo para reformar el sistema de protección social y garantizar su custodia, así como el sistema de bienestar social (Ley 65-15 de instituciones de bienestar social, Ley 45-18 sobre la regulación de la profesión de los trabajadores y trabajadoras sociales, y la capacitación de la infraestructura de las instituciones de bienestar social).

Matrimonio y relaciones familiares

Respuesta 23

Además de la respuesta 8, se ha llegado a una fórmula para modificar el artículo 20 del Código de Familia, que fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Consejeros el 16/01/2013 de la siguiente manera: “El juez de familia encargado del matrimonio podrá autorizar el matrimonio de un niño y una niña menores de la edad estipulada en el artículo 19, siempre que la edad de la persona autorizada no sea inferior a 16 años, con una decisión justificada en la que conste el interés y las razones que lo justifiquen, previa audiencia de los padres del menor o de su representante legal y recurriendo obligatoriamente a una valoración médica e investigación social. En cualquier caso, el juez debe tener en cuenta la cercanía de la edad entre las partes involucradas en el matrimonio. La decisión de responder a la solicitud de permiso para casarse con una menor no es susceptible de recurso alguno”. Asimismo, el Ministerio ha emitido la publicación núm. 30 el 16 de marzo de 2017, instando a activar el papel los asistentes sociales en el procedimiento para permitir el matrimonio a menores de edad.

Con respecto a la poligamia, está limitada por muchas condiciones, como la obtención de permiso judicial, que únicamente se concede si se determina que tiene una justificación objetiva excepcional. Asimismo, la mujer puede poner como condición en el contrato que su marido no se case con otra, ya que es su derecho. En el caso de que no sea necesario y no se acepte el matrimonio, el poder judicial abre automáticamente el divorcio por discordia (artículos 40 y 41 del Código de Familia). Estos esfuerzos han reducido significativamente la proporción de contratos polígamos, lo que ha supuesto un porcentaje únicamente del 0,34 % de contratos polígamos desde el año 2004.

En cuanto a las medidas adoptadas para garantizar la aplicación efectiva de la edad mínima para contraer matrimonio, véase la respuesta 8.

Con respecto a la interacción de los tribunales con las contribuciones no financieras de la mujer a la economía familiar, el artículo 49 del Código de Familia establece que “cada cónyuge tiene responsabilidad financiera independiente del otro, pero en el contexto de la gestión de los fondos que se devengarán durante el matrimonio, pueden acordar su inversión y distribución, lo que está garantizado en un documento independiente del contrato matrimonial. Al contraer matrimonio, los adules notificarán a las partes las disposiciones antes mencionadas, si no hay acuerdo, se recurrirá a las normas generales de demostración, teniendo en cuenta el trabajo de cada cónyuge, sus esfuerzos y las cargas que soporta para el desarrollo de los fondos familiares. Teniendo en consideración que, al aplicar este artículo, los tribunales se guían por las disposiciones derivadas de la costumbre vigente en Marruecos de que la esposa tiene derecho a una parte de la riqueza obtenida durante el período matrimonial, dado que los tribunales han dictaminado sistemáticamente que la esposa es titular de este derecho y el Tribunal de Casación ha confirmado la orientación de los tribunales en varias de sus decisiones.