Fuente: Informe de evaluación del Programa de Lucha contra el VIH y el SIDA en Mujeres y Niñas, 2012.

Según la Ley de Igualdad de Género todas las prácticas nocivas son ilegales, y en ellas se incluyen las prácticas enumeradas en la lista de cuestiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a saber, el matrimonio a edad temprana y forzoso, la mutilación genital femenina, la purificación de viudas y la desfloración ritual de niñas durante las ceremonias de iniciación, así como la costumbre de alentar a los niños a que mantengan relaciones sexuales con mujeres de edad y la práctica de recetar sexo con niñas o mujeres con albinismo como cura del VIH. En todo el país se están llevando a cabo intervenciones generalizadas a través de proyectos de ONG con el propósito de abordar las prácticas nocivas localizadas para promover su erradicación, modificación o reducción según proceda. El cuadro 1 presenta ejemplos de prácticas que se han eliminado, modificado o reducido tras la ejecución del Programa de Lucha contra el VIH y el SIDA en Mujeres y Niñas, terminado por el Ministerio de Género, Infancia, Discapacidad y Bienestar Social en 2011. En la actualidad, el Programa para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer del Ministerio, que está en vigor en 13 distritos, promete más resultados positivos. En relación con las dificultades relativas al VIH a las que se enfrentan las mujeres y niñas con albinismo, el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA (2015-2020) identifica a las personas con discapacidad como un grupo al que hay que prestar especial atención en la respuesta contra el VIH. Por lo tanto, se espera que las ONG asociadas aplicarán el nuevo Plan Estratégico Nacional mediante intervenciones más firmes contra el VIH encaminadas a proteger a las mujeres y niñas con albinismo de la práctica de recetar sexo con ellas como cura del VIH, así como a dirigirse a los autores.

Cuestión 7

La Comisión Jurídica de Malawi está a punto de terminar la revisión de la Ley. En junio de 2015 se celebró la última reunión consultiva nacional con las partes interesadas. Desde entonces, se espera que el informe de la revisión técnica se publique en agosto de 2015. En cuanto a la cuestión de si el proceso de revisión penaliza ahora la violación conyugal, es preciso señalar que la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica es una ley civil y que, aunque no contempla la violación conyugal como delito, concibe el abuso sexual (por una pareja estable) como una forma de violencia doméstica. Así, las mujeres casadas pueden solicitar cualquiera de los remedios jurídicos contemplados en la Ley para el abuso sexual. Por otra parte, la Ley núm. 4 de 2015 de Matrimonio, Divorcio y Relaciones Familiares determina que un marido que obligue a su mujer a mantener relaciones sexuales con él estando separados judicialmente será culpable de violación.

Cuadro 2: Casos de violencia por razón de género a nivel nacional, 2013 y 2014

Descripción del caso	2013	2014
Divorcio ilegal	482	1.112
Matrimonio forzoso	131	186
Usurpación de bienes	48	410
Abuso de menores	84	668
Desatención de los niños	1.858	1.912
Desfloración	250	584
Negación del embarazo	126	130
Matrimonio a edad temprana	258	164
Matrimonio forzoso	112	164
Incesto	4	18
Relaciones extramatrimoniales	1.120	1.888
Violación	42	82
Deserción familiar	849	1.632
Agresión común	698	1.518
Embarazo en la adolescencia	9	80
Maltrato de la mujer/el marido	34	944
Total	6.105	11.492
Casos mediados	4.274	8.274
Casos derivados	610	1.149
Casos llevados a la justicia	1.221	3.069

Fuente: Servicio de Policía de Malawi, junio de 2015.

Los casos de violencia por razón de género denunciados a la Jefatura Nacional de Policía se han desglosado sistemáticamente por sexo, pero no por estado civil. Se presentarán recomendaciones a la dependencia nacional de coordinación de las dependencias de apoyo a las víctimas de la Policía de Malawi con miras a valorar la inclusión de esta variable en la plantilla nacional de recopilación de datos y a documentar de forma habitual los resultados de los enjuiciamientos por violencia por razón de género a nivel nacional. El cuadro 2 muestra que, en 2013, la Policía de Malawi registró 6.105 denuncias y que en 2014 llegó a las 11.492. Alrededor del 90% de estas denuncias fueron presentadas por mujeres. La policía atribuye esta multiplicación al mayor nivel de concienciación que hay en las comunidades acerca de las violaciones de los derechos humanos, así como al mejor acceso que tienen a la policía (a través de foros policiales comunitarios). De las denuncias presentadas, 1.212 (en 2013) y 3.069 (en 2014) se enviaron al tribunal para su enjuiciamiento. El resto se resolvieron gracias a la mediación o fueron derivadas a otras instituciones adecuadas (por ejemplo, ONG, oficina de trabajo, etc.) si eran denuncias civiles.

En la práctica, se sigue utilizando el requisito de corroboración como prueba en las denuncias por violencia sexual. No se trata de un requisito legal, pero los jueces de hecho han de ser conscientes del peligro que supone imponer una condena basándose en pruebas de una víctima de violación que no estén corroboradas. En los últimos tiempos la aplicación de la norma está siendo más laxa. El Código de Procedimiento Penal y Probatorio (Capítulo 8:01), en el que en 2010 se introdujeron importantes enmiendas, también ha propiciado que se tengan más en cuenta las cuestiones de género al tratar como testigos a los supervivientes de violaciones. El apartado 71A estipula que cuando una víctima de violencia sexual vaya a declarar en un proceso penal, el tribunal puede, ya sea por voluntad propia o por solicitud de una parte del proceso o una víctima de agresión sexual, solicitar uno o más de los siguientes elementos:

a)Que el tribunal cierre mientras el testigo aporta pruebas al proceso, incluso durante la presentación de pruebas aportadas bajo una estricta vigilancia;

b)Que nadie permanezca o entre en la sala o lugar donde se esté celebrando el juicio, o permanezca durante la vista del tribunal sin la autorización de este;

c)Que se coloque una pantalla, división o vidrio de un solo sentido para impedir que el testigo vea a la parte a quien se refieran las pruebas;

d)Que el testigo esté acompañado por un pariente o amigo a fin de recibir apoyo emocional;

e)Que, si es necesario, el testigo declare fuera de la sala de audiencia, transmitiéndose su declaración en la sala mediante una televisión de circuito cerrado.

Con el propósito de potenciar la eficacia de las medidas destinadas a hacer frente a las violaciones y la violencia doméstica, se están adoptando medidas en las que se involucra al sistema judicial. Por ejemplo, los tribunales han de tratar las solicitudes presentadas en virtud de la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica de manera urgente y emitir resoluciones con rapidez. Además, los tribunales están rehabilitando sus estructuras para que se adapten a las víctimas de agresiones sexuales. Por otra parte, las ONG han sido cruciales para llamar la atención sobre las deficiencias de las penas impuestas por los jueces por delitos sexuales (violación y desfloración) cuando las habido. En enero de 2013 se dio un ejemplo clásico cuando el Juez Supremo, Titus Banda, absolvió a un hombre de 50 años que había desflorado a una niña de 10 porque esta “no sintió dolor durante la violación”. A raíz de la condena pública y la solicitud de defensores de los derechos de las mujeres y los derechos humanos, el Tribunal Supremo pidió inmediatamente una revisión de la sentencia.

En 2014 se llevó a cabo una evaluación de la Respuesta Nacional para Combatir la Violencia por Razón de Género (2008-2013). Entre otras cosas, la evaluación probó que la creación de una red sobre violencia por razón de género ha incrementado la coordinación entre las ONG, y que se han producido avances en el conocimiento y la sensibilización, la actitud, la denuncia y los programas de difusión relacionados con la violencia contra la mujer y por razón de género. Los medios de comunicación y las víctimas de violencia por razón de género cada vez denuncian más, y ha aumentado la colaboración entre la policía y las dependencias comunitarias de apoyo a las víctimas. También se han creado centros móviles de asistencia jurídica, sobre todo en los 13 distritos donde se está ejecutando el Programa para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. Estas zonas están estableciendo asimismo centros de atención integral para ofrecer un apoyo completo a los supervivientes de violencia por razón de género. Por otro lado, señaló que la inexistencia de indicadores unificados y de un marco normativo nacional hacía que fuera imposible evaluar cuantitativamente el impacto de la respuesta. Esto se debía a que la supervisión estaba basada en el programa/proyecto y centraba su atención principalmente en el rendimiento en lugar de en el impacto. Con el objetivo de acabar con las deficiencias indicadas, el Plan de Acción Nacional para Luchar contra la Violencia por Razón de Género en Malawi (2014-2020) proponía la elaboración de un marco de supervisión con indicadores bien definidos destinado a registrar los avances para que el Gobierno de Malawi pueda ofrecer una respuesta más completa frente a la violencia por razón de género.

Cuestión 8

En cuanto a la trata de personas, los datos de 2014 de la Policía de Malawi muestran una subida del 34% en las denuncias por trata en comparación con las estadísticas de 2013 (véase el gráfico a continuación). En 2014, se registraron denuncias por trata en 7 de las 34 comisarías existentes, esto es, Zomba, Phalombe, Blantyre, Mzuzu, Chitipa, Dedza y Mchinji. En 2014 se rescató a un total de 242 víctimas de trata, frente a las 119 de 2013. En la comisaría de Mchinji, 24 víctimas presentaron denuncias tras huir de sus penurias en Zambia. Los miembros de la comunidad situados a lo largo de la frontera entre Malawi y Zambia pueden intervenir cuando sospechen que un niño es víctima de trata; la mayoría de veces, sin embargo, los autores escapan. Las víctimas rescatadas en Chitipa se dirigían a la República Unida de Tanzanía, mientras que las rescatadas en Phalombe iban a Mozambique. Son pruebas suficientes para determinar que la trata transfronteriza de personas está generalizada en Malawi. En el año examinado, 47 sospechosos fueron detenidos frente a los 32 de 2013, lo que supone un aumento del 16%. De los 47 sospechosos detenidos en el año 2014, 20 procedían de países vecinos como Mozambique y Zambia. De los 32 sospechosos arrestados en 2013, 15 fueron enjuiciados y condenados, lo que supone que se impusieron condenas al 47% de ellos. En 2014, el 51% de los sospechosos fueron condenados, lo cual supone un incremento del 4%. La información obtenida en 2014 señalaba un mayor rendimiento en lo relacionado con el rescate de las víctimas y el enjuiciamiento de los sospechosos. Hubo un compromiso para movilizar a los miembros de la comunidad a fin de combatir la trata de personas.

Fuente: Policía de Malawi, junio de 2015

La Ley núm. 3 de 2015 sobre la Trata de Personas fue refrendada por el Presidente del Estado el 10 de abril de 2015 y publicada el 17 de abril de 2015. Define la trata de personas como una manera de contratar, transportar, trasladar, albergar, recibir u obtener a una persona, dentro o fuera de Malawi, mediante amenazas, secuestros, fraude o engaño, abuso o amenazas de abuso de poder o de la situación de vulnerabilidad, uso indebido o amenazas de uso indebido de la ley o los procesos judiciales, o cobrando o pagando para obtener el consentimiento de una persona para controlar a la persona objeto de trata para su explotación.

A continuación se detallan algunos de sus principales contenidos:

a)La Ley estipula que la trata de personas puede cometerse de los siguientes modos:

•Empleando la fuerza o amenazando a la persona objeto de trata con ello;

•Secuestrando a la persona objeto de trata;

•Engañando a la persona objeto de trata;

•Abonando o recibiendo dinero de alguien que controla a la persona objeto de trata;

•Abusando o amenazando con abusar del poder de que se dispone;

•Cuando una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad abusa o amenaza con abusar de dicha situación. Por ejemplo, una persona vulnerable podría ser una persona que es o fue víctima de trata y está actuando bajo las órdenes de alguien para participar en la trata de otras personas; y

•Haciendo uso indebido o amenazando con hacer uso indebido de la ley.

b)Asimismo, la Ley considera graves las siguientes formas de trata:

•Mentir al tribunal con que se quiere adoptar, acoger o ser el tutor de un niño, cuando en realidad se le está contratando;

•Cuando la persona acusada es pariente del niño;

•Cuando la persona objeto de trata tiene una discapacidad mental;

•Cuando un grupo criminal organizado lleva a cabo la trata de personas;

•Cuando la persona acusada es un empleado público, líder religioso, dirigente tradicional o desempeña su labor en una institución oficial;

•Cuando la persona acusada es un funcionario que está transmitiendo la idea de que su oficina le permite esa actividad, cuando dicha persona está simplemente haciendo un uso indebido de su puesto;

•Cuando la trata de personas se practica para extirpar partes del cuerpo o extraer tejido u órganos;

•Si, durante la trata, la persona objeto de la misma fallece; desarrolla un problema mental; se queda embarazada o se ve obligada a abortar; es mutilada o desfigurada; sufre lesiones físicas permanentes o un problema médico debido a su situación; o se ve expuesta a cualquier otro gran riesgo para la salud.

c)Además, la Ley prescribe las siguientes penas para la trata de personas:

•Si se condena a una persona por trata, esta cumplirá una pena de 14 años de prisión, y no se contemplará la imposición de una multa;

•Si la persona objeto de trata es un niño, la pena es de 21 años de prisión, y no se contemplará la imposición de una multa;

•Si se condena a una persona por una forma grave de trata, se la condenará a prisión perpetua y no se contemplará la imposición de una multa;

•La trata de personas se considera un delito de deshonestidad o bajeza moral, como determina la Constitución de la República de Malawi;

•Una persona condenada por trata de personas no puede trabajar con niños durante los 7 años posteriores a su condena;

•Si la persona condenada por trata actuaba o afirmaba actuar de forma oficial para una ONG u otra entidad, el tribunal podrá ordenar el cierre de la institución y su supresión del registro;

•A toda persona condenada por beneficiarse intencionadamente o permitir que otra se beneficie de la explotación de una víctima de trata con cualquier fin se le impondrá una pena de 5 años de prisión;

•Un transportista internacional, los agentes de este o cualquier persona que venda o emita billetes, tarjetas de embarque o documentos de viaje similares que no verifique que todos los pasajeros, independientemente de si viajan dentro o fuera de Malawi, disponen de la documentación de viaje necesaria (incluidos pasaporte y visado) para acceder al país al que se dirijan o por el que vayan a pasar, estará cometiendo un delito sancionable con una multa de 5.00.000 de kwacha y 5 años de prisión.

La Ley estipula que el Ministerio del Interior y Seguridad Interna tiene la obligación de capacitar a todos los funcionarios en cuestiones relacionadas con la trata de personas, de modo que sean capaces de identificar caos de trata y responder a ellos con eficacia. Han recibido capacitación para identificar casos de trata de personas y responder a ellos con eficacia. Además, el Ministerio ha desarrollado un proyecto de plan de acción que prioriza la capacitación de los funcionarios relevantes encargados de hacer cumplir la ley, especialmente de los funcionarios fronterizos, y la difusión de la nueva ley sobre trata de personas a un público más amplio mediante el Comité Nacional de Coordinación, cuya creación formará parte de las medidas encaminadas a ejecutar la Ley sobre la Trata de Personas. Aunque el Ministerio del Interior y Seguridad Interna es el responsable de la aplicación general de la Ley, el Ministerio encargado del género y el bienestar social tiene la responsabilidad de designar las instalaciones destinadas a refugiar a las personas objeto de trata para que reciban cuidados y protección, así como de formular normas y reglamentos para el cuidado y la protección de las personas objeto de trata en los refugios y para la administración de estos. El Ministerio también convertirá a funcionarios públicos encargados del bienestar social en agentes de protección para que velen por que las víctimas de trata a) reciban cuidados, asistencia y protección adecuados; y b) sean entrevistadas de conformidad con las directrices estipuladas en la Ley.

Con el fin de fortalecer el desarrollo de la capacidad para luchar eficazmente contra la trata, la Ley sobre la Trata de Personas ha estipulado la creación del Fondo contra la trata, que será auditado anualmente. Dicho fondo estará formado por dinero procedente del presupuesto nacional, subsidios y donaciones; dinero que puede proceder de la confiscación, el apoderamiento o la venta de bienes relacionados con la trata de personas; y dinero de cualquier fuente aprobada por el Ministerio del Interior. El Fondo se empleará para financiar las capacitaciones de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, oficiales de protección y otros oficiales que aplicarán la ley. Asimismo, se empleará para prestar cuidado, asistencia y apoyo a las personas objeto de trata alojándolas en albergues; encontrando a sus familias y facilitando la integración con ellas cuando sea posible; repatriando a las personas objeto de trata a sus hogares o países; y realizando cualquier actividad que recomiende el Comité Nacional de Coordinación sobre la Trata de Personas.

En lo que respecta a las medidas vigentes para hacer frente a los casos denunciados de mujeres y niñas objeto de trata hacia países vecinos, tales como Mozambique y Sudáfrica, el caso de 13 niños víctimas de trata denunciado en la comisaría de Zomba es un buen ejemplo. En ese caso, los niños fueron trasladados de la ciudad de Makwinja, Chikowi, en Zomba hacia Mozambique el 22 de diciembre de 2014. El traficante era un empresario zimbabuense afincado en Mozambique. Agentes de policía de Mozambique interceptaron a los niños que carecían de documentos de viaje. El 12 de enero de 2015, el Gobierno de Malawi encomendó a tres funcionarios que negociaran la posible repatriación de los niños. Estos fueron repatriados a Malawi el 14 de enero de 2015 y entregados al Comisionado del Distrito de Zomba y al agente de policía de Zomba al cargo para la adopción de nuevas medidas. Se abrió un expediente por trata de niños a Blessings Jambo, que se enfrenta a otras acusaciones en Mozambique. Se acusó a los tutores de los niños del delito de no proporcionarles apoyo suficiente, contraviniendo el artículo 165 del Código Penal. Además de esta labor específica, como indica el siguiente párrafo existe una cooperación interestatal cuyo fin es luchar contra la trata.

Se han creado mecanismos de cooperación e intercambio de información con países fronterizos, y cada año se celebra un foro de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo en el que los países se reúnen para compartir información relativa a la trata de personas. La policía también se sirve de instrumentos como la Organización de Agentes de Policía de África Meridional y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). Asimismo, el Gobierno de Malawi escucha las preocupaciones de otros países relacionadas con la trata y toma medidas para abordarlas.

Cuestión 9

En lo que respecta a la prevalencia de la prostitución, un estudio amplio realizado por la Asociación de Planificación Familiar de Malawi en 2011 señaló que hay unos 20.000 trabajadores sexuales en el país. La prostitución en sí misma no constituye un hecho delictivo en Malawi, pero es ilegal dirigir prostíbulos. También es ilegal emplear las ganancias obtenidas de la prostitución como medio de vida. El Ministerio de Género, Infancia, Discapacidad y Bienestar Social, junto con ONG como Theatre for a Change (TfaC), está cooperando con trabajadoras sexuales para empoderarlas en distintos aspectos, incluso cuando tratan de dejar de ejercer su trabajo. Por ejemplo, TfaC cuenta con un programa cuyo objetivo principal es desalentar a los trabajadores sexuales de que empleen el trabajo sexual como forma de paliar su pobreza. La organización capacita a las mujeres en planes locales y de ahorros y en materia de gestión empresarial, y también en relación con las organizaciones de microfinanciación para la obtención de préstamos. Además, las mujeres están organizadas en grupos pequeños con el fin de participar en las actividades que elijan, tales como el netball, la cocina, etc. El programa incluye la defensa en la comunidad mediante actuaciones de teatro interactivas y legislativas.

Cuestión 10

El Departamento de Recursos Humanos, Gestión y Desarrollo, perteneciente a la Oficina del Presidente y del Gabinete, está trabajando de manera activa para concienciar sobre la cuota de género de 40:60 estipulada en la Ley de Igualdad de Género para los nombramientos de funcionarios públicos. En 2014, organizó foros de sensibilización para la Comisión de Administración Pública y comités de nombramiento y disciplinarios (que existen en todos los sectores y se encargan de la contratación de personal subalterno en nombre de la Comisión) con el fin de proporcionarles orientación relativa a la situación de la cuota. A partir de julio de 2015, el Departamento de Recursos Humanos, Gestión y Desarrollo aplicará un memorando de entendimiento con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) que, entre otras esferas, abarcará la sensibilización sobre la Ley de Igualdad de Género de las ocho comisiones de servicio encargadas de los nombramientos y contrataciones públicos (comisión educativa, de prisiones, policial, sanitaria, judicial, parlamentaria, de gobierno local y de administración pública). A través del memorando de entendimiento, el Departamento de Recursos Humanos, Gestión y Desarrollo, que ya dispone de directrices para la generalización de la perspectiva de género en la gestión de los recursos humanos y la contratación, trabajará para convertir las disposiciones relevantes de la Ley de Igualdad de Género en directrices adecuadas que respalden a las respectivas comisiones de servicios en sus mandatos. También se formará a los coordinadores de recursos humanos acerca de la generalización de la perspectiva de género.

En lo que concierne a la mejora de la participación de las mujeres en asuntos políticos tras su funesta actuación en las elecciones tripartitas de 2014, la Comisión Electoral de Malawi está encabezando un proceso de consulta a varias partes interesadas sobre múltiples reformas electorales, y esta agenda incluye analizar cómo se puede lograr una mayor participación de las mujeres en los puestos políticos. Aunque que las campañas destinadas a promover la participación de las mujeres en la política que han dirigido con anterioridad el Ministerio de Género, Infancia, Discapacidad y Bienestar Social, NGO GCN y ONU-Mujeres han formado inicialmente parte de actividades realizadas durante los períodos de elecciones nacionales, se están esbozando estrategias para mantener estas campañas como intervención habitual. Ello implicará trabajar con estructuras de poder y el patriarcado, empezando por las comunidades. También consistirá en defender la aprobación de las enmiendas propuestas por la Comisión Jurídica de Malawi para las leyes electorales (es decir, la Comisión Jurídica Especial, que estaba desarrollando la Ley de Igualdad de Género en 2008, planteó las propuestas) para que todos los partidos políticos registrados que participen en unas elecciones garanticen y mantengan listas de candidatos en las que cada sexo tenga una representación mínima del 40% y máxima del 60%. El incumplimiento de este requisito conllevará una multa de 5.000.000 kwacha. Algunas ONG, como Centre for Multi-Party Democracy, que en 2014 realizó una auditoría de género de los manifiestos de los partidos políticos, siguen alentando a los partidos a que cuenten con el mismo número de mujeres y hombres en las actividades que desarrollan con ellos. Las nuevas medidas destinadas a intensificar la participación política de las mujeres se están centrando en desarrollar la capacidad de las que ya se dedican a la política. En la actualidad, ONU-Mujeres está colaborando con el grupo de mujeres parlamentarias y está capacitando a 32 parlamentarias en materia de liderazgo político, procesos presupuestarios, legislación, etc. ONU-Mujeres ha firmado un memorando de entendimiento con la Iniciativa Nacional para la Educación Cívica, el mayor órgano de educación cívica presente en los 28 distritos de Malawi, a fin de incluir materiales sobre género en sus materiales de información, educación y comunicación para la enseñanza de votantes cívicos. Asimismo, ONU-Mujeres está cooperando estrechamente con el gobierno local, y se están debatiendo planes para formar a todos los consejeros a nivel local en materia de liderazgo político con perspectiva de género.

Cuestión 11

Con el propósito de hacer frente a los aspectos discriminatorios de las leyes sobre ciudadanía y alinear estas con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Constitución de Malawi, la Comisión Jurídica de Malawi ha introducido la revisión de la Ley sobre Ciudadanía en su plan de trabajo de 2015.

Cuestión 12

Los datos sobre la matriculación del estudio MDG Endline Survey (2014) indican que la relación niña-niño en la escuela primaria es de 1,01:1. Por su parte, la proporción entre niñas y niños en la enseñanza secundaria es de 1,22:1, con lo que las niñas superan la paridad. La principal dificultad sigue siendo aumentar los bajísimos números de niñas y niños que acceden al sistema de enseñanza secundaria (el 18% de las niñas y el 14% de los niños). En lo que respecta a los estudios postsecundarios, la admisión de estudiantes en 2014/2015 para los programas universitarios genéricos de 2 de las 4 universidades públicas del país muestra que la Universidad de Malawi y la Universidad de Agricultura y Recursos Naturales de Lilongwe han sobrepasado la cuota de 40:60 establecida en la Ley de Igualdad de Género para este tipo de estudios (las mujeres constituyen, respectivamente, el 48% y el 43% de los estudiantes admitidos). La Universidad de Mzuzu ha cumplido la cuota en la matrícula de 2015/2016, por lo que la cantidad de mujeres admitidas en sus programas universitarios genéricos alcanza el 40%. La cuarta universidad, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Malawi, aún tiene que realizar avances similares, pues registró un 26% de mujeres en su admisión a programas universitarios para 2014/2015.

En cuanto a las medidas que se están adoptando para enfrentarse a las elevadas tasas de abandono escolar y la escasa retención de las niñas en el nivel primario y secundario, el Ministerio de Educación aprobó la Estrategia nacional de educación de las niñas (2014-2018) para acelerar las intervenciones encaminadas a fortalecer la enseñanza de estas. Por lo tanto, en lugar de elaborar una política independiente sobre el abandono escolar, la estrategia está adoptando un enfoque integral para tratar todas las cuestiones que afectan a la educación de las niñas. Otras medidas que está ejecutando el Ministerio de Educación para hacer frente al abandono escolar (y como parte de la Estrategia nacional de educación de las niñas) en colaboración con asociados para el desarrollo son la Iniciativa para la Escolarización de las Niñas (financiada por el Departamento de Desarrollo Internacional con elementos de becas, grupos de madres, saneamiento, reducción de los embarazos adolescentes, lucha contra el matrimonio infantil, etc.); la iniciativa “Porque soy una niña” (dirigida por el Plan con el objetivo de apoyar a las niñas para que accedan a la educación, las capacidades y el apoyo que necesitan para transformar sus vidas y el mundo que las rodea); el programa específico de comidas escolares que se está aplicando en algunas escuelas y que implica que, en algunas de ellas, las niñas se lleven comida a casa; etc. La existencia de internados también ha ayudado a las niñas a seguir en la escuela, ya que muchas de ellas recorren un largo camino hasta la escuela secundaria comunitaria diurna más cercana (de media, estas escuelas están a 15 km de distancia).

Se han adoptado medidas para hacer un seguimiento de la aplicación de la Política de Readmisión, cuyo fin es reintegrar a las madres adolescentes en el sistema escolar, con vistas a determinar su eficacia y poner en marcha medidas correctivas, según sea necesario. El seguimiento se ha realizado a través del Ministerio de Educación y de partes interesadas como el Foro para Docentes Africanas, con sede en Malawi, y Save the Children. Los grupos de madres también contribuyen al seguimiento, y han ayudado a reducir el estigma de las niñas que han regresado a la escuela colaborando con las estructuras escolares y asesorando a las niñas implicadas cuando se les presentan dificultades. A nivel interno, el Ministerio también realiza labores de seguimiento a través del Sistema de Información sobre la Gestión Educacional, cuyos datos muestran el número de niños que han sido readmitidos en la escuela por motivos específicos, así como las tasas de abandono escolar ordenadas por motivo. Los resultados del seguimiento, que indican que el avance para lograr cambios positivos es lento, han dado lugar a la revisión de la Política de Readmisión. El proceso de revisión ya ha comenzado y se prevé que terminará el segundo trimestre del ejercicio económico de 2015/2016 (en diciembre).

Como parte de las medidas para abordar de manera general las dificultades relacionadas con la educación de las niñas y aumentar la partida del presupuesto nacional destinada a la enseñanza, el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan y la Beca de Mejora Escolar, que están proporcionando financiación directamente a las escuelas para que cumplan sus prioridades. Quienes lo han ideado también cuentan con capacitación en materia de elaboración de presupuestos con perspectiva de género. Además, se han nombrado coordinadores de cuestiones de género a nivel central y en las divisiones y distritos. El Gobierno está construyendo también internados para niñas en las escuelas secundarias comunitarias diurnas. El Foro para Docentes Africanas situado en Malawi ha aplicado asimismo un programa encaminado a incrementar las instalaciones sanitarias de las escuelas con la ayuda de grupos de madres.

El Ministerio de Educación está abordando la violencia escolar mediante diversas medidas que forman parte de la aplicación de la Estrategia nacional de educación de las niñas. Ha formado a los asesores de los docentes disponibles con un código de conducta para docentes de cuya existencia se informa tanto a los profesores como a los alumnos; en todas las escuelas hay normas y reglamentos que se dan a conocer a padres y docentes; y cuenta con relaciones estrechas con las dependencias comunitarias de apoyo a las víctimas y los centros sanitarios. Los comités de protección infantil y los grupos de madres a nivel escolar son otras estructuras fundamentales en las que los alumnos pueden denunciar problemas de maltrato o violencia.

Cuestión 13

Los datos del Ministerio del Trabajo sugieren que no existe una diferencia salarial entre hombres y mujeres. Sin embargo, es preciso realizar más estudios en este ámbito para corroborar las pruebas incidentales, que indican lo contrario. Los datos del Ministerio del Trabajo insinúan que la principal dificultad es la enorme discrepancia entre el número de mujeres y de hombres en puestos de alto nivel. Hay que realizar esfuerzos más decididos para evitar que, aunque los ascensos se anuncien y puedan solicitarlos tanto hombres como mujeres, los empleadores favorezcan a los primeros.

En lo que respecta a cuánto se tiene en cuenta la información sobre el alcance del trabajo doméstico no remunerado realizado por las mujeres rurales en los datos estadísticos sobre el empleo, en la actualidad el Ministerio del Trabajo no recopila estos datos a nivel nacional, sino únicamente a nivel de distrito.

Aún no se ha aprobado la propuesta de la Comisión Jurídica acerca del Estatuto sobre la igualdad entre los géneros para enmendar la Ley de empleo con el fin de introducir la licencia de paternidad. El Ministerio del Trabajo está planeando emprender primero un proceso consultivo sobre el asunto con la Federación de Empleadores y Trabajadores.

El Ministerio del Trabajo no dispone de documentación sobre los casos de mujeres que pierden su empleo a causa de la maternidad y/o que no acceden a prestaciones de maternidad. El Ministerio parte del supuesto de que tanto el sector privado como el público cumplen los requisitos legales que estipulan que se debe garantizar a las mujeres embarazadas una licencia de maternidad de mínimo ocho semanas, así como la defensa de sus derechos laborales de conformidad con lo dispuesto por la legislación.

En cuanto a la protección de los trabajadores del servicio doméstico, en el Informe Nacional de Beijing+20 (2015) el Gobierno de Malawi señala que los trabajadores domésticos (de los cuales la mayoría son mujeres) también tienen derecho a recibir primas por horas extraordinarias si trabajan largas jornadas; días de licencia; un día libre a la semana; y el pago por cese en el servicio al finalizar el contrato. En lo que respecta a algunas prácticas discriminatorias que afectan a las agentes de policía en relación con el embarazo y el matrimonio, la policía acaba de terminar el estudio GBV and Gender Mainstreaming Survey in the Malawi Police Service (2015) financiado por ONU-Mujeres. Dicho estudio ha reconocido que las agentes de policía reciben un trato distinto al de sus homólogos varones cuando contraen matrimonio con hombres civiles o se quedan embarazadas durante el período de prueba (el embarazo durante los dos años de prueba conlleva una medida disciplinaria que acarrea la destitución). Los comisionados, directores de divisiones y oficiales al cargo han debatido los hallazgos, y se espera que las recomendaciones influyan en la generalización de la perspectiva de género y las reformas en las esferas señaladas del servicio de policía.

En cuanto a las medidas para abordar el acoso sexual en el lugar de trabajo que aparecen estipuladas en la Ley de Igualdad de Género, el Gobierno realizó una encuesta sobre el acoso sexual en seis instituciones experimentales con el objetivo de ayudarlas a desarrollar políticas relevantes de conformidad con la Ley. Asimismo, en las actividades de difusión de la Ley se está haciendo hincapié en cuestiones relativas al acoso sexual, y las versiones simplificadas y traducidas de dicha ley se repartirán ampliamente entre los sectores público y privado. Además, de conformidad con su mandato en virtud de la Ley de Igualdad de Género, el programa de aplicación general del Ministerio para la Ley lo constituirán las aportaciones de las partes interesadas, con el fin de concebir maneras efectivas de sensibilizar sobre el acoso sexual y facilitar asistencia y apoyo social a sus víctimas.

Cuestión 14

El proceso de examen de la Ley de Salud Pública sigue en marcha. Hay varias medidas prácticas en vigor para reducir las elevadas tasas de mortalidad materna, en particular las relativas a las mujeres rurales y las adolescentes. Según el MDG Endline Survey (2014), la mortalidad materna se ha reducido a 574 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. El Gobierno de Malawi ha ejecutado con agresividad el Programa Nacional de Maternidad sin Riesgos, que ha otorgado a los dirigentes tradicionales un papel central para que lideren a la población en general mediante iniciativas de los jefes como, por ejemplo, las ordenanzas. Dicho programa también está facilitando la creación de casas maternas y la prestación de apoyo económico mediante una financiación basada en los resultados. El Ministerio de Salud también ha establecido una repuesta para la vigilancia de la mortalidad materna y ha fomentado la capacidad en los tres niveles con el fin de reducir al mínimo la incidencia de las muertes maternas. Asimismo, el Gobierno está ofreciendo servicios integrales de atención obstétrica y neonatal de urgencia y ha puesto en marcha centros en los que se presta este tipo de atención. Malawi ha hecho además avances en la construcción de casas maternas (ahora hay 12 en total) como esfuerzo para promover los servicios de atención posnatal.

En Malawi, hay formación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva, incluso anticonceptivos, a disposición de todas las mujeres y adolescentes en edad de procrear (entre los 15 y los 49 años), aunque siguen existiendo dificultades para acceder a ellos, en especial para las niñas. El Ministerio de Salud reconoce que es posible hacer frente a grandes retos creando sinergias entre las posiciones relativas a las políticas de los ministerios que se encargan de los y las jóvenes, en especial para dar coherencia a las respuestas de los sectores sanitario y educativo a fin de subsanar las deficiencias que existen en relación con la salud de los adolescentes, tales como la escasez de educación sexual integral.

Se ha potenciado el acceso a la salud sexual y reproductiva y a anticonceptivos asequibles gracias al compromiso gubernamental y la contribución de los asociados para el desarrollo. Han descendido los precios de los productos básicos de planificación familiar, que ahora son asequibles para todas las personas. El Gobierno ha incrementado el presupuesto destinado a productos básicos de planificación familiar y métodos anticonceptivos de emergencia, de modo que haya existencias suficientes a lo largo de todo el año. En el presupuesto anual para 2013/2014, el Ministerio de Finanzas asignó 26 millones de kwacha (80.000 dólares de los Estados Unidos) a productos básicos de planificación familiar, que han subido a 60 millones de kwacha en 2014/2015. Se espera que el presupuesto de 2015/2016 para planificación familiar ascienda a 70 millones de kwacha.

El Gobierno ha creado centros de atención integral en los 4 hospitales principales y en 17 hospitales y centros de salud de los distritos con el fin de ofrecer servicios integrales a los supervivientes de violencia por razón de género. En estos centros de atención integral se ofrecen anticonceptivos de emergencia a las víctimas de violencia sexual.

Con el objetivo de garantizar que se incorpora la perspectiva de género en la gestión de desastres nacionales y la respuesta a ellos, se ha creado un comité de salud reproductiva sobre los desastres que se reúne mensualmente. El comité hace un seguimiento de las necesidades de las mujeres en edad de procrear para asegurarse de que hay productos básicos durante épocas de desastre y de que se presta atención a las necesidades de las adolescentes.

Se han realizado importantes avances en lo que respecta a la revisión de la ley sobre el aborto. En 2013, el Gobierno de Malawi comenzó a examinar la ley sobre el aborto a través de una comisión especial de la Comisión Jurídica de Malawi. En junio de 2014, la comisión especial para la revisión de la legislación sobre el aborto anunció en tres seminarios regionales que había recomendado que se derogaran en el Código Penal las actuales leyes relativas a este asunto. También recomendó que Malawi cuente con una ley independiente sobre el aborto que amplíe los motivos que lo autorizan para abarcar casos de violación, incesto, desfloración, malformaciones graves del feto y amenazas a la salud física y mental de la madre. Se espera que la comisión especial presente el informe y el proyecto de ley al Ministerio de Justicia en 2015.

El proyecto de ley sobre la prevención y gestión del VIH y el SIDA está siendo examinado en el Gabinete. Una reunión del equipo de tareas celebrada en 2013 recomendó separar dicho proyecto de ley del proyecto de ley dominante (llamado entonces “proyecto de ley sobre (la prevención y gestión de) el VIH y el SIDA”). Esto implicaba que todas las cuestiones relativas a la prevención del VIH se tratarían posteriormente por separado, y en la actualidad no forman parte del proyecto de ley presentado al Gabinete. El Gobierno es plenamente consciente de que una sentencia del Tribunal Superior del 20 de mayo de 2015 ha declarado ilícita/inconstitucional la práctica de obligar a las mujeres arrestadas por ejercer la prostitución a someterse a las pruebas del VIH.

Cuestión 15

El proyecto de ley de tierras en régimen consuetudinario de 2013 espera a ser presentado de nuevo ante el Parlamento para su debate, después de que la cámara lo remitiera al comité parlamentario pertinente para que lo estudiara más en detalle. El proyecto de ley ha garantizado que se reserve una cuota específica de puestos en los comités de distribución de la tierra para mujeres (tres de cada siete miembros de los comités deberían ser mujeres). Algunas ONG como Action Aid han intentado lograr que se promuevan en mayor medida los derechos de las mujeres sobre la tierra a través de la ley propuesta, incluso para garantizar que se adopten medidas afirmativas para distribuir las tierras entre los solicitantes de distintas zonas con el fin de dar prioridad a las personas que no tienen (suficientes), que en su mayoría, inevitablemente, son mujeres.

En cuanto a las medidas que se han adoptado con vistas a integrar una perspectiva de género en las estrategias y programas de seguridad alimentaria y nutricional (tal y como recomienda el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación), se ha revisado la Política de Nutrición, que se encuentra en la fase de redacción. La nueva política de nutrición ha desglosado los datos por sexo y edad. También se ha prestado especial atención a los adolescentes, las mujeres embarazadas y los niños menores de cinco años. Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha incorporado el género, la alimentación y la nutrición en todos sus programas estratégicos, desde la producción hasta el consumo. Se están asignado subsidios agrícolas a los grupos vulnerables, y el Ministerio está colaborando estrechamente con el Ministerio de Educación para mejorar el programa de alimentación escolar como manera de fomentar la nutrición y la educación. Se está realizando un esfuerzo deliberado para llegar a hombres y mujeres beneficiarios en la educación en materia de alimentación y nutrición.

Siguen potenciándose las medidas encaminadas a erradicar el analfabetismo de las mujeres adultas en las zonas rurales. El Ministerio de Género, Infancia, Discapacidad y Bienestar Social está impartiendo en todos los distritos del país clases de alfabetización en la lengua vernácula destinadas a adultos con un alto grado de analfabetismo; se han beneficiado de ellas 440.000 personas, de las cuales el 90% son mujeres. Se trata de clases funcionales de alfabetización que ayudan a los adultos a aprender a leer y escribir al mismo tiempo que introducen necesidades de desarrollo en materia de salud, nutrición, prevención del VIH y de la violencia por razón de género, agricultura y negocios. También se han impartido con carácter experimental clases de alfabetización en inglés en unos 8 distritos desde 2010. En 2014, dichas clases se introdujeron en todos los distritos y en la actualidad cuentan con alrededor de 12.600 alumnos (15 clases por distrito), de los cuales el 90% son hombres. Con el fin de adoptar más medidas para animar a las mujeres a unirse a estas clases, el Ministerio de Género, Infancia, Discapacidad y Bienestar Social ha incluido actividades generadoras de ingresos en inglés y clases posteriores a la alfabetización. A partir de julio de 2015, la Tesorería aumentará la asignación presupuestaria y 22 distritos dispondrán de 58 clases cada uno. El Ministerio facilita manuales a docentes y alumnos, y se ha asociado con el Servicio Nacional de Bibliotecas para ofrecer materiales posteriores a la alfabetización a través de los centros rurales de información disponibles en los 28 distritos. Tras su graduación, los alumnos adultos se vinculan a agroindustrias, planes locales de ahorro y préstamos, y a veces incluso a instituciones financieras. Algunos de ellos hasta han podido acceder a la enseñanza escolar; tal es el caso de una persona de 70 años de Mwanza que ahora está en la escuela secundaria.

Proteger a las mujeres de edad que sufren tortura y violencia por ser sospechosas de practicar la brujería y enseñársela a los niños es una cuestión fundamental de derechos humanos en Malawi, ya que la realidad es que los problemas relativos a la brujería tienen una perspectiva de género. Tras el examen periódico universal sobre la situación de los derechos humanos en Malawi del 1 de noviembre de 2010, una de las recomendaciones que aceptó Malawi fue la de enmendar ampliamente o derogar la Ley de Brujería de 1911. La Comisión Jurídica ha realizado avances para alcanzar este objetivo. En la actualidad, la policía emplea la Ley de Brujería existente, cuyo objetivo era proteger a los malawianos frente a prácticas nocivas, tipificando como delito el hecho de acusar a una persona de brujería. Por lo tanto, la policía participa en las labores destinadas a educar a la población a fin de que no condenen a las mujeres de edad por brujas; educar al público, especialmente a los jefes, para que no castiguen a las personas sospechosas de practicar la brujería; proporcionar servicios de asesoramiento tanto a las víctimas acusadas de brujería como a quienes realizan las acusaciones; y procesar a las personas que acusan a otras de brujería, especialmente cuando dichas acusaciones han dado lugar a actos de violencia contra la presunta bruja. La Comisión de Derechos Humanos de Malawi también ha registrado el tratamiento inhumano y degradante que en ocasiones sufren las mujeres de edad como consecuencia de denuncias por practicar brujería, y lo ha incluido como una violación de los derechos humanos en su Informe de mitad de período de 2013 sobre la aplicación de las recomendaciones del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Malawi. La Association for Secular Humanism es una importante ONG de Malawi que trabaja para condenar la discriminación de las mujeres sospechosas de practicar la bujería y defiende que se las proteja más a nivel social y jurídico.

Cuestión 16

Al Gobierno de Malawi le preocupa el aumento de los sacrificios rituales, las desapariciones y los intentos para atraer hacia la trata a mujeres y niñas con albinismo. Por ello, el Ministerio de Género, Infancia, Discapacidad y Bienestar Social, junto con la Federación de Organizaciones de Discapacitados de Malawi y la Asociación de Personas que Viven con Albinismo, ha dirigido actividades de sensibilización con dirigentes tradicionales y las comunidades en su conjunto acerca de la protección de las personas con albinismo. Se está concienciando a las comunidades para que vigilen a las personas con albinismo con el fin de garantizar su protección, y para que denuncien amenazas y violaciones de derechos. Incluso se está trabajando con las personas con albinismo para sensibilizarlas sobre las capacidades que pueden emplear para protegerse y avisar a otras personas cuando estén en peligro. En concreto, desde que los ataques contra las personas con albinismo se volvieron prevalentes en Machinga, Balaka y Zomba a partir de enero de 2015, la Policía de Malawi ha intensificado las campañas de sensibilización y está reforzando las estructuras policiales de las comunidades. Hasta junio de 2015 la sede de la policía nacional había celebrado 4 reuniones, mientras que la policía de la región oriental había celebrado 12 en las zonas implicadas. A nivel local, estas reuniones se han organizado a través de foros comunitarios policiales. Esto ha incrementado el número de personas con albinismo secuestradas a las que se rescata y de responsables enjuiciados. El Ministro de Género, Infancia, Discapacidad y Bienestar Social ha condenado especialmente en los medios de comunicación los ataques y las violaciones de los derechos de las personas con albinismo.

Cuestión 17

Tras las devastadoras inundaciones que afectaron a 15 distritos de Malawi desde enero de 2015, se han realizado esfuerzos directos para que la respuesta humanitaria tenga en cuenta las cuestiones de género. El Ministerio de Género, Infancia, Discapacidad y Bienestar Social ha participado en la alianza humanitaria de la que forman parte interesados del gobierno central y local, organismos de las Naciones Unidas, el sector privado y la sociedad civil, y ha colaborado en la gestión nacional del riesgo de desastres y en las fases de asistencia y recuperación. Exhortó a los asociados a recopilar datos desglosados por sexo y edad en la región sur, enormemente afectada, y a establecer medidas inmediatas en la respuesta de emergencia para apoyar a las mujeres y las niñas. El Ministerio copresidió el grupo temático sobre protección junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otros organismos, y también el subgrupo temático sobre violencia por razón de género. Ahora el objetivo del Ministerio es desarrollar, junto con ONU-Mujeres, la capacidad de su personal y los asociados conexos en materia de gestión del riesgo de desastres, evaluación de necesidades posdesastre, marco de recuperación después de un desastre, gestión de campamentos, planificación con perspectiva de género para emergencias, protección, datos disgregados por sexo y edad, violencia por razón de género y derechos humanos. Se está prestando especial atención a potenciar la capacidad de los empleados del Ministerio para hacer frente a los requerimientos de los desastres de establecer arreglos de reserva con varios proveedores de servicios, como la creación de espacios favorables a las mujeres y los niños en las dependencias de apoyo a las víctimas. El Ministerio también participa en el presupuesto de recuperación de 80 millones de dólares de los Estados Unidos del Banco Mundial para la inundación de Malawi. Está poniendo en marcha un proyecto para el marco de recuperación del Banco Mundial bajo el amparo del grupo temático sobre protección. Al Ministerio le gustaría defender las necesidades de hombres y mujeres, niños y niñas (incluidos los jóvenes en la fase de recuperación). El Comité Permanente entre Organismos para la Coordinación de la Asistencia Humanitaria facilitará la celebración de la reunión de examen sobre el conjunto de la respuesta que se está planificando.

Se ha proporcionado a las mujeres y niñas desplazadas protección específica frente a violaciones de los derechos humanos y hechos delictivos. El Gobierno, en colaboración con ONU-Mujeres, el UNFPA y otros organismos de las Naciones Unidas, asignó espacios seguros para las mujeres y los niños en campamentos y refugios. También se proporcionaron tiendas especiales a las mujeres embarazadas y las madres lactantes en los campamentos identificados. Se facilitaron 50 tiendas con ese fin. A las mujeres se les entregaron kits de higiene compuestos por cubos, compresas sanitarias, cepillos de dientes, pasta de dientes, dos trozos de tela y crema corporal. El UNFPA también ayudó a las mujeres y las niñas con actividades de esparcimiento y generación de ingresos (como la calceta o actividades prácticas para la vida). En los campamentos se introdujeron instalaciones educativas para los niños que no pueden/podían asistir a la escuela, así como clases especiales para las mujeres analfabetas. Asimismo, ha habido una constante sensibilización en materia de violencia por razón de género. El UNFPA incorporó mecanismos de prevención de la violencia por razón de género en la gestión de desastres con miras a garantizar que las mujeres desplazadas estén protegidas frente a todas las formas de explotación durante la distribución de alimentos y otros productos. En Nsanje, un consultor sobre violencia por razón de género del UNFPA trabajó a nivel de distrito y colaboró con personal de grupos temáticos, entre los que se encontraban funcionarios de bienestar social que recibían apoyo financiero del UNFPA, para supervisar a los comités locales sobre violencia por razón de género que se habían creado. Asimismo, la policía ha recibido apoyo de ONU-Mujeres con el fin de adquirir más capacidad para patrullar los campamentos y hacer que las mujeres se sientan más seguras y cuenten con una vía inmediata para denunciar casos de violencia por razón de género a través de las dependencias de apoyo a las víctimas que se han creado en algunos campamentos. Si no se dispone de dichas dependencias, la policía ha contado con asistencia para velar por que las víctimas puedan acceder a las dependencias de apoyo más cercanas. Como mecanismo civil, ONU-Mujeres estableció mecanismos de representación letrada y derivación a través del Centro de Recursos Jurídicos para Mujeres, para que estas dispongan de un espacio donde no se sientan amenazadas y puedan presentar sus quejas. En los campamentos hay asesores destinados a prestar apoyo a las mujeres acerca del estigma y los tabúes que rodean a las víctimas de violencia, y que animan a estas a denunciar al siguiente nivel, si aún no lo han hecho. ONU-Mujeres está respaldando a tres abogados pro bono que llevan los casos a los tribunales. Por ejemplo, en Nsanje se ha enjuiciado un caso de desfloración.

El matrimonio infantil de las niñas desplazadas como consecuencia de las inundaciones es una preocupación habitual, puesto que las niñas pueden estar desmotivadas porque no están en la escuela o están asistiendo a clases con docentes temporales sin cualificación. Los organismos de las Naciones Unidas han trasladado esta preocupación al Ministerio de Género y Educación para que estas dificultades no empujen a las niñas a contraer matrimonio. Aun así, como medida directa para proteger a las niñas desplazadas frente al matrimonio infantil, se ha ofrecido a estas apoyo con clases/formaciones temporales y concienciado acerca de las leyes relativas al matrimonio infantil y las consecuencias negativas de esta práctica. Se sigue proporcionando a los jóvenes material de información, educación y comunicaciones. Se ha empoderado a los comités para la protección de los campamentos a fin de que estén alerta, detecten amenazas de matrimonio infantil y trabajen en especial con jóvenes y adolescentes. Como consecuencia, cuando 2 familias en Nsanje quisieron que sus hijas de 13 y 14 años contrajeran matrimonio (a cambio de azúcar y unos pocos productos básicos) en abril de 2015, los comités para la protección de los campamentos intervinieron y denunciaron rápidamente los casos a la policía. Una familia desapareció y la otra fue arrestada y llevada a los tribunales.

Con el propósito de facilitar la participación de las mujeres en todos los aspectos de los desastres naturales, incluida la prevención de riesgos, se está trabajando para garantizar que las mujeres desplazadas cuya capacidad se ha desarrollado en distintos comités del campamento continúen ayudando a sus comunidades manteniendo determinadas estructuras más allá de la fase de emergencia inmediata. Esto asegurará que puedan contribuir de forma específica a la recuperación y todas las tareas conexas. Existen planes continuos y de contingencia a nivel nacional, de distrito y de zona encaminados a abordar de manera sistemática cuestiones relativas a la preparación para casos de desastre, en especial para mujeres embarazadas, madres lactantes y mujeres en edad de procrear, así como a incluir la prevención del VIH y la violencia por razón de género. En este sentido, los programas del UNFPA abarcarán principalmente la salud materna, información y servicios relativos a los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, y las necesidades de los y las jóvenes en épocas de desastre. ONU-Mujeres también cuenta con el apoyo de un asesor en cuestiones de género para la respuesta humanitaria, cuya labor consiste en garantizar que las cuestiones de género forman parte de las respuestas, y en las políticas se están plasmando en mayor medida las opiniones de las mujeres.

Cuestión 18

Las mujeres casadas en una ceremonia religiosa o en virtud del derecho consuetudinario pueden recurrir a los tribunales civiles para los asuntos relacionados con el matrimonio, las relaciones familiares y la herencia, y más ahora que la nueva Ley núm. 4 de 2015 de Matrimonio, Divorcio y Relaciones Familiares ha consolidado todas las cuestiones relativas al matrimonio, las relaciones y la herencia independientemente de si el matrimonio es religioso o consuetudinario.

En lo que respecta a los principales contenidos de la Ley de Matrimonio, Divorcio y Relaciones Familiares, esta garantiza que Malawi cuenta con una sola ley aplicable a los distintos tipos de matrimonio que existen en el país. Así, dicha ley deroga otras leyes relacionadas con el matrimonio, el divorcio y el mantenimiento que están dispersas en diferentes legislaciones. Las disposiciones de la Ley solo serán aplicables a los matrimonios que se celebren una vez que esta haya sido refrendada por el Presidente y publicada en el Boletín Oficial. No obstante, las disposiciones de la Ley que especifican los derechos y obligaciones de los cónyuges se aplicarán a todos los matrimonios de Malawi. En la actualidad, la edad mínima legal para que dos personas de distinto sexo contraigan matrimonio es de 18 años, en virtud del artículo 22 de la Constitución, que estipula que los niños entre 15 y 18 años de edad pueden contraer matrimonio con la autorización de sus padres o tutores (el siguiente paso debería ser, por tanto, enmendar esta disposición de la Constitución para que la ley sobre el matrimonio sea más firme). Esta ley sobre el matrimonio sigue reconociendo cuatro tipos de matrimonio, a saber, civil, consuetudinario, religioso y por reputación o cohabitación permanente. En cuanto al último, la Ley establece directrices específicas sobre el modo en que los tribunales deberían discernir la existencia del matrimonio. La Ley ha introducido mecanismos para normalizar el registro obligatorio de los matrimonios, y habrá funcionarios de registro de matrimonios incluso a nivel comunitario, en forma de dirigentes tradicionales y clérigos. Asimismo, la Ley crea derechos y obligaciones uniformes para todos los tipos de matrimonio, y establece que un marido estará cometiendo un delito de violación si, estando separado de su mujer, mantiene relaciones sexuales con ella sin su consentimiento. También prevé cuestiones relacionadas con el mantenimiento durante el matrimonio o después de este, así como orientaciones sobre el modo en que deberían gestionarse los asuntos relativos al reparto de la propiedad y la custodia de los niños cuando un matrimonio deja de existir. Los esponsales entre niños están prohibidos específicamente en virtud de la Ley núm. 22 de 2010 de Atención, Protección y Justicia de Menores, pero la ley sobre matrimonio considera nulo cualquier matrimonio que se haya contraído por la fuerza o bajo coerción. El Ministerio de Género, Infancia, Discapacidad y Bienestar Social, que ya ha simplificado la nueva ley, ejecutará un plan de difusión a fin de garantizar que esta se conoce a la perfección en todo Malawi.

Tras ser refrendada por el Presidente del Estado el 10 de abril de 2015 y publicada en el Boletín Oficial el 17 de abril de 2015, el siguiente paso para la entrada en vigor definitiva de la Ley de Matrimonio, Divorcio y Relaciones Familiares es que el Ministro de Género, Infancia, Discapacidad y Bienestar Social escriba al Ministro de Justicia para que este indique la fecha en que comenzará a funcionar. Para ello, funcionarios del Ministerio de Género, Infancia, Discapacidad y Bienestar Social tendrán que asegurarse primero de que se han puesto en práctica los poderes conferidos al Ministro. Esto incluye elaborar una lista de funcionarios de registro de matrimonios. Pronto se celebrará una reunión entre el Ministerio y el Registro General para llegar a un acuerdo sobre esta tarea.

Cuestión 19

En 2015, el Ministerio de Género, Infancia, Discapacidad y Bienestar Social ha guiado a los medios de comunicación y los principales jefes para que informen al público y sus súbditos, respectivamente, sobre algunas de las disposiciones de la Ley, aparte de las capacitaciones y orientaciones para los encargados de hacer cumplir la ley que se han llevado a cabo en 13 distritos. Determinadas ONG están realizando intervenciones para hacer frente a la práctica del despojo de bienes mediante servicios de concienciación y apoyo, así como para velar por que las mujeres conozcan sus derechos en virtud de la nueva Ley. Desde la promulgación de esta, diversas ONG coordinadas por NGO GCN han incluido en sus planes de aplicación estratégicos actividades de información, educación y comunicaciones para abordar e informar a las mujeres acerca de sus derechos de herencia según la Ley, a pesar de que el hecho de que dichas intervenciones se hayan concebido en el ámbito de los proyectos afecta a la cobertura a nivel nacional. En 2015, el Ministerio de Género, Infancia, Discapacidad y Bienestar Social ha simplificado la Ley con miras a solventar las dificultades existentes para su amplia difusión. La policía sigue encargándose de casos de despojo de bienes, aunque en la mayoría de ocasiones estos se resuelven a través de la mediación y no mediante la formación de causas penales.

Cuestión 20

No se han producido avances en lo que respecta a la aprobación de la modificación del artículo 20 1) de la Convención y a la ratificación del Protocolo Facultativo. Sin embargo, ambos asuntos están siendo examinados.