Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Informes periódicos cuarto a octavo combinados que Tailandia debía presentar en 2016 en virtud del artículo 9de la Convención *

[Fecha de recepción: 24 de abril de 2019]

I.Introducción

Antecedentes

1.Tailandia pasó a ser Estado parte en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial el 28 de enero de 2003 con su adhesión a este instrumento, que entró en vigor el 27 de febrero de 2003. Tailandia presentó su informe inicial e informes periódicos segundo y tercero en un solo documento (2004‑2008) en virtud del artículo 9 de la Convención en junio de 2011 (publicado en octubre de 2011) y lo expuso verbalmente ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial los días 9 y 10 de agosto de 2012. El Comité aprobó sus observaciones finales y recomendaciones (CERD/C/THA/CO/1-3) posteriormente en su 81er período de sesiones, celebrado del 6 al 31 de agosto de 2012.

2.Posteriormente, en diciembre de 2013, Tailandia proporcionó información adicional (CERD/C/THA/CO/1-3/Add.1) en respuesta a la solicitud del Comité de recibir información en el plazo de un año sobre la aplicación de las recomendaciones contenidas en el párrafo 20 (situación de las mujeres tailandesas de origen étnico malayo), el párrafo 21 (aplicación de leyes especiales en las provincias de la frontera meridional) y el párrafo 25 (solicitantes de asilo y refugiados) de sus observaciones finales.

3.Además, Tailandia proporcionó respuestas a las preocupaciones planteadas en la carta del Comité de fecha 11 de mayo de 2015 en relación con la presunta intimidación de miembros de organizaciones de la sociedad malaya tailandesa y la recogida de muestras de ADN de estudiantes tailandeses de origen étnico malayo en las provincias de la frontera meridional y en la carta del Comité de fecha 3 de octubre de 2016 relativa a los presuntos actos de violencia contra el pueblo karén que vive en el Parque Nacional Kaeng Krachan en Tailandia. Se ha presentado por separado una respuesta detallada a la carta de seguimiento del Comité de fecha 17 de mayo de 2017 sobre la misma cuestión; sin embargo, la información sobre las iniciativas del Gobierno para abordar esta cuestión se ha reflejado en el presente informe periódico para ofrecer un panorama completo de la situación.

4.El presente informe es una recopilación de los informes periódicos cuarto a séptimo combinados (2013-2015), elaborado de conformidad con las directrices para la presentación de informes del Comité (CERD/C/2007/1) y ampliado para abarcar los progresos realizados hasta marzo de 2019. Durante el proceso de preparación del presente informe, también se presentaron informes sobre la aplicación por Tailandia de otros tratados de derechos humanos. Entre ellos cabe mencionar los informes iniciales sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como los informes periódicos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Proceso de preparación del informe

5.El proceso de preparación del presente informe estuvo a cargo del Comité Nacional para la Promoción de la Aplicación de la Convención, que depende del Departamento de Protección de Derechos y Libertades del Ministerio de Justicia y tiene el mandato de promover la aplicación nacional de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención.

6.El proceso de preparación del informe se llevó a cabo entre 2014 y 2018, con la participación de todos los sectores, incluidos el sector público, el sector privado, la sociedad civil, grupos étnicos y todas las personas interesadas del país. Se organizaron nueve foros consultivos en Bangkok y otras regiones a fin de divulgar información sobre el informe inicial y las observaciones finales del Comité, intercambiar opiniones sobre los logros y retos de la aplicación de la Convención por Tailandia y hacer el seguimiento de las preocupaciones expresadas por el Comité en sus observaciones finales y darles respuesta.

7.El borrador preliminar del informe se presentó en cinco talleres celebrados en Bangkok y en cuatro regiones diferentes para que se formularan observaciones y se procediera a la consiguiente revisión . El proyecto de informe fue aprobado por el Comité Nacional para la Promoción de la Aplicación de la Convención y el Consejo de Ministros. De conformidad con la resolución del Consejo de Ministros de 4 de diciembre de 2018, se encomendó al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Relaciones Exteriores la labor de incorporar las observaciones de los organismos interesados y ultimar la traducción al inglés del informe.

II.Respuestas a las observaciones finales(CERD/C/THA/CO/1-3)

A.Preocupaciones y recomendaciones del Comité

Aplicación interna de la Convención (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 7)

8.Como se refleja en el informe inicial e informes periódicos segundo y tercero combinados de Tailandia, aunque la Convención no es directamente aplicable en el ordenamiento jurídico interno, los derechos garantizados en esta ya figuran en gran medida en la Constitución de Tailandia y en la legislación pertinente.

9.Desde 1997, la Constitución del Reino de Tailandia ha adoptado y establecido las normas básicas de un sistema más propicio para satisfacer las necesidades de una sociedad pluralista y unida, concretamente en virtud de la cláusula sobre la prohibición de todas las formas de discriminación (artículo 30 de la Constitución de 1997) y ha otorgado un firme reconocimiento jurídico a garantizar la coexistencia armoniosa de los distintos grupos étnicos en Tailandia (artículo 46 de la Constitución de 1997). Las Constituciones posteriores, incluida la actual Constitución de Tailandia (de 2017) promulgada el 6 de abril de 2017, reafirman y consolidan estas doctrinas, que son las claves que permiten hacer efectivas todas las disposiciones de la Convención (véanse el capítulo III, relativo a los derechos y las libertades de la población tailandesa, arts. 25 a 49; el capítulo V sobre los deberes del Estado, arts. 51 a 63; y el capítulo VI, relativo a los principios rectores de la política estatal, arts. 64 a 78 de la Constitución de Tailandia de 2017).

10.Concretamente, en el artículo 27 de la Constitución de 2017 se garantiza la igualdad de todas las personas ante la ley y se prohíbe “la discriminación contra una persona por motivos de diferencias de origen, raza, idioma, sexo, edad, discapacidad, condición física o estado de salud, situación personal, posición económica o social, religión, educación u opinión política”. Por otra parte, el artículo 70 de la Constitución de 2017 dispone claramente que el Estado, por medio de la legislación y la determinación de políticas para la gestión de los asuntos del Estado, “ha de promover y proteger a los distintos grupos étnicos a fin de salvaguardar su derecho a vivir en la sociedad de acuerdo con la cultura, las costumbres y las formas de vida tradicionales en forma voluntaria, pacífica y sin injerencias, en la medida en que ello no sea contrario al orden público o a las buenas costumbres ni ponga en peligro la seguridad del Estado, la salud o el saneamiento”.

11.Además, la Constitución de 2017 dio lugar a la promulgación, el 6 de abril de 2018, de Planes Nacionales de Reforma, que abarcan 11 esferas, a saber: la política, la administración pública, la legislación, el sistema de justicia, la economía, los recursos naturales y el medio ambiente, la salud pública, los medios de comunicación y la tecnología de la información, las cuestiones sociales, la energía y la lucha contra la corrupción. Los Planes ofrecen directrices para que el país avance en consonancia con la Agenda Tailandia 4.0, así como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Son jurídicamente vinculantes y los organismos estatales deben cumplirlos. En particular, el Plan Nacional de Reforma de Cuestiones Sociales se centra en la eliminación de las barreras y los obstáculos que enfrentan los grupos desfavorecidos en todos los aspectos, a fin de fomentar la inclusión social. Entre los grupos destinatarios cabe mencionar a los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de edad, las personas de bajos ingresos, las personas desamparadas y las personas sin nacionalidad o condición jurídica en virtud de la legislación sobre el registro civil, los exreclusos y las personas que viven con el VIH/sida.

12.La Constitución de 2017 también dio lugar, el 13 de octubre de 2018, a la aprobación de las Estrategias Nacionales de los 20 Años (2018-2037). Una de las principales estrategias en relación con la igualdad de oportunidades y la igualdad social es la promoción de un desarrollo basado en el capital social y cultural que valora la diversidad, de etnias, religiones y culturas y la no discriminación, así como la promoción de la igualdad de derechos y la dignidad de los grupos étnicos, dando importancia a los conocimientos locales y la sabiduría de los pueblos y las comunidades, promoviendo el orgullo de las raíces, preservando la identidad y el modo de vida tradicional, fomentando las bases comunes y valorando la diversidad. La estrategia también ofrece un marco para que los políticos y los encargados de la formulación de políticas apoyen el papel de las instituciones educativas en la promoción de los valores de la diversidad social y cultural y su transformación en valores económicos a fin de reforzar las bases económicas, y el fomento de la cooperación con los países vecinos que comparten el mismo patrimonio cultural con Tailandia. Las Estrategias se revisarán cada cinco años y su cumplimiento será supervisado por la Cámara de Representantes y el Senado, así como el Comité Encargado de la Preparación de las Estrategias Nacionales. Los casos de incumplimiento podrán remitirse a la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción para la adopción de medidas ulteriores.

13.Todas las leyes y medidas adoptadas por los gobiernos, los tribunales y los organismos administrativos deben ajustarse a la Constitución, los Planes Nacionales de Reforma y las Estrategias Nacionales de los 20 Años (2018-2037), en consonancia con los derechos enunciados en la Convención. Entre los ejemplos de leyes que prohíben los actos de discriminación cabe mencionar el artículo 22 de la Ley de Protección de la Infancia de 2546 de la era budista (2003) y el artículo 7 de la Ley de Promoción de la Infancia y la Juventud de 2550 de la era budista (2007). Más adelante en el presente informe periódico se examinan otras políticas y leyes relativas a la protección y promoción de los derechos de los grupos étnicos.

La declaración interpretativa (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 8)

14.Tailandia está comprometida con la plena aplicación de la Convención y tiene un enfoque práctico para la realización de los derechos consagrados en esta. La Constitución garantiza que la igualdad entre las distintas razas sea una parte integral de la identidad colectiva de Tailandia y prohíbe toda discriminación por motivos de diferencias de origen, raza, idioma, sexo, edad, discapacidad, condición física o estado de salud, situación personal, posición económica o social, religión, educación u opinión política, que son, de hecho, más amplios que los mencionados en la Convención. Aunque los términos “color”, “ascendencia” o “nacional” no se utilizan en el artículo 25 de la Constitución, se consideran incluidos en los términos “origen” “raza”, “idioma” y “situación personal”. Además, la compatibilidad de la declaración interpretativa con la Convención debe considerarse junto con las prácticas de Tailandia en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención. Como se menciona en el párrafo 13, todas las leyes y medidas adoptadas por los gobiernos, los tribunales y los organismos administrativos deben cumplir con la Constitución, los Planes Nacionales de Reforma y las Estrategias Nacionales de los 20 Años (2018-2037).

Definición y tipificación penal de la discriminación racial(CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 9)

15.El artículo 25 de la Constitución sobre la prohibición de la discriminación prevé las leyes, medidas y acciones para luchar contra la discriminación directa e indirecta en todas las esferas de la vida pública, como el empleo y el nombramiento en el ámbito de la administración pública, la aplicación de toda ley relativa a la adquisición, posesión o disposición de bienes, y el establecimiento o ejercicio de actividades comerciales, negocios, profesiones, ocupaciones o empleos. Ante la falta de disposiciones jurídicas que permitan el enjuiciamiento de actos de discriminación racial y la solicitud de reparación por vulneraciones, el artículo 25 de la Constitución dispone que toda persona “cuyos derechos o libertades protegidos por la Constitución hayan sido vulnerados, puede invocar las disposiciones de la Constitución para ejercer su derecho a interponer una demanda o defenderse en un tribunal”. Si bien Tailandia aún no ha aprobado una ley independiente sobre discriminación racial, la incitación al odio racial y el discurso de odio pueden ser sancionados como sedición, difamación o insulto, con arreglo al Código Penal y otras leyes. Entretanto, se han interpuesto ante el Tribunal Administrativo numerosos litigios relacionados con la discriminación racial, que se detallan en el párrafo 22.

16.La obligación impuesta en el artículo 2, párrafo 1 d) de la Convención puede aplicarse por medios distintos a la legislación, si dichos medios son adecuados y si las circunstancias no exigen la aplicación de la legislación, por lo que Tailandia aborda la cuestión de la discriminación racial por medio de leyes, políticas, instituciones y programas, según proceda.

Examen sistemático de las políticas nacionales y locales (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 10)

17.Según el informe sobre el estado de preparación de Tailandia para retirar la reserva prevista en la Convención titulado “Thailand’s Preparedness regarding the Withdrawal of the Reservation under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (2014)”, varias leyes vigentes se basan en principios de derechos humanos y contienen disposiciones explícitas relativas a estos. Entre ellas cabe mencionar las leyes relativas a la nacionalidad, la infancia, la mujer, el trabajo, la trata de personas y los medios de comunicación. Las políticas y leyes nacionales y locales no tienen efectos discriminatorios sobre ningún grupo étnico en particular.

18.En tanto que la incitación al odio racial y al discurso de odio pueden ser sancionados como sedición, difamación o insulto con arreglo al Código Penal, el artículo 37 de la Ley de Empresas de Radiodifusión y Televisión de 2551 de la era budista (2008) prohíbe que un licenciatario emita un programa que pueda afectar a la seguridad nacional, el orden público o las buenas costumbres de la población, que sea de carácter obsceno o que cause un grave daño a la mente o la salud. El licenciatario que viole la Ley podrá ser sancionado con una multa administrativa de categoría 2, no inferior a los 50.000 baht (1.562 dólares de los Estados Unidos) pero no superior a 500.000 baht (15.620 dólares) (arts. 57 y 59). Además, el artículo 22 de la Ley de Protección al Consumidor de 2522 de la era budista (1979) tipifica como delito todo anuncio publicitario que contenga una declaración que directa o indirectamente apoye la vulneración de la ley o las buenas costumbres, favorezca el menoscabo cultural de la nación, promueva la discordia o socave la unidad del pueblo, y lo sanciona con una pena de prisión por un período no superior a tres meses, una multa de hasta 30.000 baht, o ambas cosas (art. 48).

19.Además, la Comisión Nacional de Radiodifusión y Telecomunicaciones, establecida por la Ley de Asignación de Frecuencias de Radio y Regulación de los Servicios de Radiodifusión y Telecomunicaciones de 2553 de la era budista (2010), tiene la obligación, entre otras, de otorgar la aprobación a un operador que desee gestionar una empresa de telecomunicaciones y proteger los derechos y libertades de las personas de la explotación por los operadores; de proteger el derecho de las personas a la privacidad y la libertad de informar por medio de las telecomunicaciones; y de promover los derechos, la libertad y la igualdad de las personas en lo que respecta al acceso a las frecuencias de radiodifusión y televisión y los servicios de telecomunicaciones, y el uso de estos.

Reserva al artículo 4 (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 11)

20.Tras un cuidadoso examen, las diversas leyes y prácticas vigentes, en especial las mencionadas en los párrafos 15 a 19, son compatibles con las obligaciones establecidas en el artículo 4, teniendo debidamente en cuenta los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los derechos enunciados en el artículo 5 de la Convención. La retirada de la reserva formulada por Tailandia al artículo 4 de la Convención entró en vigor el 7 de octubre de 2016.

Causas judiciales sobre discriminación racial (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 12)

21.En todos los tribunales, como el Tribunal de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso‑Administrativo, el Tribunal Militar y el Tribunal Constitucional, el principio de igualdad de trato e igualdad ante la ley se aborda con suma seriedad. En Tailandia, todas las personas que consideren que sus derechos fundamentales han sido violados pueden hacer valer las reclamaciones de violaciones de este tipo en procedimientos civiles y penales de los tribunales y solicitar reparación por medio de recursos judiciales y no judiciales. Además, se dispone de una gran variedad de servicios, asistencia y representación jurídicos. Esto se aplica también a las víctimas de discriminación racial, como se indica a continuación:

El Departamento de Protección de Derechos y Libertades del Ministerio de Justicia, ha establecido: 1) 86 centros de asistencia jurídica en todo el país para prestar asesoramiento letrado, divulgar conocimientos jurídicos, recibir reclamaciones, prestar servicios de gestión de denuncias, prestar asistencia a personas damnificadas y acusadas en causas penales y facilitar la coordinación entre las personas y los organismos pertinentes, en forma gratuita; 2) servicios de intérpretes profesionales a las personas entrevistadas, detenidas o acusadas en actuaciones penales, así como asistencia mediante servicios de interpretación durante procesos penales; 3) protección de testigos en causas penales a fin de velar por la seguridad de estos o de las personas estrechamente vinculadas con estos y que corren el riesgo de ser amenazadas u hostigadas por ser testigos o posibles testigos, de conformidad con la Ley de Protección de Testigos de 2546 de la era budista (2003); 4) asistencia a las personas damnificadas o acusadas en causas penales mediante la prestación de asistencia financiera a dos grupos de personas, a saber, las damnificadas y las acusadas, de conformidad con la Ley de Daños y Perjuicios para Personas Damnificadas y de Indemnizaciones y Gastos para Personas Acusadas en Causas Penales de 2544 de la era budista (2001); 5) un fondo de justicia para proporcionar asistencia jurídica a todas las personas, tanto las acusadas como las que se han visto afectadas por un juicio o han sido objeto de vulneraciones de sus derechos humanos. Sufraga la asistencia para el pago de fianzas, la contratación de abogados, las costas judiciales y otros gastos relacionados con el enjuiciamiento.

El Ministerio de Trabajo ofrece una amplia gama de servicios y asistencia jurídica en relación con los derechos laborales a todos los empleados, independientemente de su condición jurídica, como se garantiza en la Ley de Protección Laboral de 2541 de la era budista (1998). Los aspectos más destacados de esos servicios son: 1) el acceso a la asistencia jurídica y las vías de recurso para los trabajadores migrantes, incluidos los que se hallan en situación irregular, por medio de mecanismos de reparación con arreglo a la legislación; 2) la posibilidad de que organizaciones no gubernamentales (ONG) presenten propuestas de proyectos o planes de trabajo para solicitar asistencia financiera del Fondo de Gestión del Empleo de Trabajadores Extranjeros en el marco del Decreto de Emergencia sobre la Gestión del Trabajo de Extranjeros de 2560 de la era budista (2017) y de las disposiciones publicadas el 14 de septiembre de 2017 por el Comité del Fondo de Gestión del Empleo de Trabajadores Extranjeros sobre los criterios, los medios y las condiciones para la utilización del Fondo. El Ministerio de Trabajo ha dado amplia divulgación a la disponibilidad del Fondo, así como a las condiciones y los procedimientos de las solicitudes de financiación entre los organismos públicos competentes, el sector privado y las ONG del NGOs’ Line Group (una aplicación de mensajería instantánea utilizada ampliamente en Tailandia) así como en el sitio web del Departamento de Empleo (https://www.doe.go.th/fund); 3) servicios de líneas telefónicas directas con interpretación las 24 horas para trabajadores migrantes en todo el país. Se contrataron unos 100 intérpretes para las líneas directas de los números 1546 y 1694, centros posteriores a la llegada y de reintegración, centros de asistencia para trabajadores migrantes, oficinas provinciales de protección laboral y bienestar social y oficinas provinciales de empleo. Se nombraron 60 coordinadores de idiomas en los centros de control de entrada y salida; 4) el establecimiento del Centro Stella Maris para Gente de Mar, una iniciativa de cooperación tripartita entre el Ministerio de Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Stella Maris para mejorar el nivel de vida de los trabajadores de la pesca y garantizar el acceso a la asistencia y los mecanismos de denuncia para trabajadores y víctimas en causas laborales; 5) el establecimiento de centros posteriores a la llegada y de reintegración en las provincias de Tak, Nong Khai, Sa Kaeo, Mukdahan y Ranong a fin de proporcionar información sobre los derechos de los trabajadores migrantes, someterlos a una inspección y verificación de antecedentes para reducir el riesgo de mala práctica por las agencias de contratación y prepararlos para el empleo. Estos centros también proveen alojamiento a los trabajadores migrantes que regresan a sus países de origen. Hasta la fecha 867.547 trabajadores migrantes han asistido a cursos de capacitación en esos centros; 6) la creación de centros de asistencia para trabajadores migrantes a fin de prestarles ayuda y apoyo, incluidas consultas sobre indemnización. Los centros también colaboran con los organismos y ONG pertinentes en diez provincias (Samut Sakhon, Surat Thani, Songkhla, Samutprakan, Chonburi, Ranong, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, Khon Kaen y Tak); y 7) la iniciativa DOE Help ME (http//www.DOE Help Me), disponible en seis idiomas (tailandés, inglés, birmano, lao, camboyano y vietnamita) tiene por objeto recibir denuncias de trabajadores migrantes y facilitar consultas de trabajadores y empresas en forma permanente.

La Oficina del Secretario Permanente de la Oficina del Primer Ministro creó el Centro de la Función Pública para recibir denuncias y solicitudes de reparación del público, proporcionar asesoramiento jurídico, servir de enlace con los organismos conexos y colaborar en investigaciones en casos urgentes. Todos los servicios del Centro son gratuitos.

El Ministerio del Interior fundó el Centro Damrongdhama encargado de recibir denuncias, peticiones de justicia, solicitudes de asistencia, incluidas reclamaciones, en todo el país y servir de enlace con otros organismos pertinentes y remitirles casos para la adopción de nuevas medidas.

La Fiscalía General estableció 112 oficinas en todo el país dependientes del Departamento de Asistencia Jurídica y Protección de los Derechos Civiles y la Fiscalía Provincial para la Protección de los Derechos, la Asistencia Jurídica y la Ejecución Legal para la protección de los derechos, las libertades y los intereses de la población de Tailandia. Esto tiene por objeto reducir los conflictos y hacer frente a las disparidades dentro de la sociedad, especialmente para aquellos que viven en la pobreza. Los servicios de las oficinas incluyen asesoramiento jurídico, asistencia para la redacción de acuerdos y vías alternativas de solución de controversias, la provisión de una lista de abogados voluntarios y la prestación de asistencia en procedimientos de derecho civil y laboral, todos en forma gratuita. También se ha establecido la Oficina de Protección Internacional de los Derechos de las Personas, que presta servicios jurídicos a los ciudadanos tailandeses en Tailandia o en el extranjero en relación con cuestiones relativas a la legislación de dos o más países.

El Colegio de Abogados de Tailandia bajo el Patrocinio Real creó la Oficina de Asistencia Jurídica del Colegio de Abogados de Tailandia que presta asistencia y asesoramiento jurídicos por abogados voluntarios y oficiales jurídicos al público de forma gratuita.

El Consejo de Abogados de Tailandia presta asistencia durante los procedimientos judiciales y divulga conocimientos jurídicos al público. Las personas pueden solicitar asistencia jurídica en persona o presentar solicitudes por escrito al Consejo de Abogados o sus representaciones en todas las provincias. Se ha creado el Subcomité de Derechos Humanos sobre Trabajadores de Minorías Étnicas, Apátridas y Migrantes para proporcionar asistencia jurídica a los trabajadores de esas categorías.

Varias universidades públicas de Tailandia establecieron centros de asistencia jurídica para proporcionar asesoramiento letrado a la población, incluidos estudiantes y sus progenitores, de forma gratuita.

Otras instituciones privadas como el Departamento de Asistencia Jurídica de la Women Lawyers’Association of Thailand, la Cross-Cultural Foundation, la Muslim Attorney Centre Foundation y centros de asistencia jurídica de diversas universidades privadas ofrecen asistencia letrada al público de conformidad con sus principios y directrices internos. Suele ofrecerse a las partes demandadas o acusadas que no han sido tratadas equitativamente o no están en condiciones de defenderse por sí solas la posibilidad de contratar abogados. También pueden solicitar asistencia jurídica las personas que están en dificultades financieras y no pueden costearse los honorarios de abogados. Además, algunas instituciones privadas también divulgan publicaciones jurídicas al público por conducto de medios sociales y sus sitios web. Algunas instituciones ofrecen programas de voluntarios sobre cuestiones concretas, como los derechos de las mujeres, los menores, las minorías o las personas que viven en las provincias de la frontera meridional.

22.A continuación se citan algunas decisiones judiciales por las que se otorga protección jurídica eficaz contra medidas de discriminación racial:

a)La decisión núm. 720/2505 (1962) del Tribunal Supremo sentó el precedente de garantizar el derecho a contraer matrimonio con un extranjero que ingresa en forma temporal al país sin un certificado de residencia, siempre y cuando la persona reúna las condiciones para contraer matrimonio en virtud del Código Civil y Comercial;

b)La decisión núm. 2755/2545 (2002) del Tribunal Supremo afirmó el principio de la igualdad ante la ley y el derecho de acceso a la justicia de los extranjeros, así como el principio de legalidad de las decisiones y acciones administrativas. Estos principios y derechos se reafirmaron y aplicaron en decisiones posteriores del Tribunal Administrativo, establecido en 2001;

c)El Tribunal Administrativo Supremo, en su sentencia núm. 117/2548 (2005), falló a favor de los habitantes de la aldea de Mae Aye en una causa interpuesta contra el Departamento de Administración Local de Chiangmai y el Jefe del distrito de Mae Aye por vulnerar la Ley sobre Procedimientos Administrativos de 2539 de la era budista (1996). La sentencia dio lugar a la inclusión de los nombres de 1.243 habitantes de Mae Aye en el registro del hogar (Thor Ror 14), el registro de los nacionales tailandeses y los residentes permanentes. Dicho registro entraña el reconocimiento de la nacionalidad tailandesa;

d)El Tribunal Administrativo Supremo, en la sentencia núm. 25/2547 (2004) falló a favor de una persona extranjera al revocar las órdenes administrativas injustas y discriminatorias del entonces Ministro del Interior;

e)El Tribunal Administrativo Supremo, en su sentencia núm. 743/2555 (2012) falló en el histórico caso del arroyo Klity, en que los demandantes eran residentes de etnia karén de la comunidad forestal de la aldea Klity Inferior en la provincia de Kanchanburi. Según el fallo judicial, el Departamento de Lucha contra la Contaminación del Ministerio de Recursos Naturales y Ecología debía encargarse del restablecimiento de los recursos hídricos y el medio ambiente del arroyo hasta que la contaminación con plomo no superara los niveles establecidos. Además, el Tribunal dispuso que el Departamento indemnizara a las partes demandantes por daños y perjuicios:

El Tribunal Administrativo Supremo, en su sentencia núm. 660/2559 (2016) condenó al Departamento de Parques Nacionales y Conservación de Fauna y Flora Silvestres, del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, al pago de 300.987 baht (9.120 dólares) en concepto de indemnización a seis karenes que vivían en el Parque Nacional Kaeng Krachan, provincia de Phetchaburi. El Tribunal describió la acción de las autoridades de quemar las viviendas y bienes de las partes demandantes en el Parque como “abuso de poder” y contraria a las principales directrices que figuraban en el manual del Ministerio sobre la aplicación del artículo 22 de la Ley de Parques Nacionales, así como en virtud de la Ley de Procedimientos Administrativos de 2539 de la era budista (1996). El Tribunal también dictaminó que la acción de los funcionarios del Parque era incompatible con la resolución del Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2010 sobre el restablecimiento del modo de vida de los karenes, en la que se ordenaba a los funcionarios del Parque no detener a los karenes y a proteger a la comunidad tradicional karén en lo referente a la utilización de las tierras tradicionales en las zonas en litigio. Este fallo confirmó el derecho de las personas pertenecientes a grupos étnicos a ocupar y proteger sus tierras. Si bien el Tribunal no accedió a la solicitud de los demandantes de regresar a las zonas en litigio debido a la falta de pruebas legales de la propiedad o la tenencia de las tierras, la nueva Ley de Parques Nacionales, promulgada por la Asamblea Legislativa Nacional el 7 de marzo de 2019, para sustituir la Ley de Parques Nacionales de 2504 de la era budista (1961), contribuiría a reducir los conflictos sobre la tierra en las zonas protegidas, especialmente para las personas que habían ocupado esas zonas antes del decreto real por el que se declaraba dicha tierra parque nacional. Para más información sobre el proyecto de ley, véase el párrafo 35 del presente documento.

23.La Ley de Reforma del Código de Procedimiento Civil (núm. 26) de 2558 de la era budista (2015) contiene 49 párrafos (art. 222, párrs. 1 a 49) que rigen el mecanismo de acción colectiva en Tailandia, según el cual un tribunal puede permitir la interposición de una acción colectiva ante un tribunal y dictar una sentencia sobre los derechos de la parte demandante y “los miembros de la acción colectiva”. Puede utilizarse para promover los derechos de las víctimas a la solicitud de daños y perjuicios a los infractores en los casos de responsabilidad extracontractual, incumplimiento de contrato y reclamaciones relativas a diversos derechos jurídicos.

Igualdad en el disfrute de los derechos civiles y políticos (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 13)

24.En virtud del artículo 95 de la Constitución, para poder votar en una elección general una persona debe poseer la nacionalidad tailandesa. Las personas que adquirieron la nacionalidad tailandesa por naturalización, deberán poseerla por lo menos durante cinco años, con independencia de su raza u origen étnico. El artículo 97 de la Constitución dispone que para que una persona pueda presentarse como candidato a las elecciones generales, deberá poseer la nacionalidad tailandesa por nacimiento. Las mismas condiciones que rigen para que las personas tengan derecho a votar y a presentarse como candidatos en las elecciones generales también se aplican a la elección de los miembros de los consejos locales y jefes locales en virtud de la Ley de Elección de los Miembros de los Consejos Locales de las Administraciones Locales de 2545 de la era budista (2002). De las 488.105 personas apátridas en Tailandia, la mayoría pertenece a grupos étnicos a los que se concedió la nacionalidad tailandesa o están en vías de solicitarla en virtud de la Ley de Nacionalidad de 2508 de la era budista (1965), modificada por la Ley núm. 4 de 2551 de la era budista, y la Ley núm. 5 de 2555 de la era budista (2012). Una vez aprobada, adquirirán la nacionalidad tailandesa por nacimiento, lo que les confiere en forma automática y plena el derecho a votar y a presentarse como candidatas en las elecciones en todos los niveles.

Adquisición de la nacionalidad (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 14)

25.Tras una serie de políticas y medidas legislativas para abordar el problema de la apatridia, Tailandia ha adoptado una solución amplia y sistemática mediante la enérgica aplicación de la Estrategia Nacional de 2005 sobre la Administración de la Condición Jurídica y los Derechos de las Personas con el fin de acelerar la determinación de la condición jurídica de las personas y resolver de manera sostenible los problemas conexos. Esto conduce a la coherencia de las políticas, la revisión y la promulgación de las leyes necesarias, así como la colaboración entre los organismos interesados (informe inicial, párrs. 49 y 79 a 86), lo que da lugar a una disminución drástica y constante del número de personas sin condición jurídica o nacionalidad.

26.Entre las principales novedades cabe mencionar la promulgación de la Ley por la que se Enmienda la Ley de Nacionalidad núm. 5 de 2555 de la era budista (2012), que concede la nacionalidad tailandesa a los desplazados tailandeses, y la cooperación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública en la elaboración de un sistema integrado de registro de los nacimientos para ayudar a la secretaría del registro a identificar y hacer el seguimiento de los niños. Entre 2008 y 2018 había 116.825 hijos de personas pertenecientes a grupos étnicos o no registradas, 230.534 hijos de residentes permanentes o extranjeros que habían entrado legalmente en Tailandia, 152.261 hijos de trabajadores migrantes y 23.612 de personas desplazadas de Myanmar, en total 523.232 niños registrados al nacer.

27.El 7 de diciembre de 2016, el Consejo de Ministros aprobó dos resoluciones en las que siguió ocupándose de la cuestión de la apatridia y promoviendo los derechos de las personas apátridas en Tailandia, propuestas por el Ministerio del Interior: 1) el Consejo de Ministros aprobó en principio el proyecto de reglamento ministerial a fin de establecer el estatuto y las condiciones para que las personas nacidas en Tailandia pero que no poseen la nacionalidad tailandesa puedan residir en Tailandia. En virtud del Reglamento Ministerial que entró en vigor el 17 de agosto de 2017, se concede a las personas nacidas en Tailandia de progenitores extranjeros el derecho a residir legalmente en Tailandia, conforme al derecho de sus progenitores y a no ser detenidas como inmigrantes ilegales; y 2) el Consejo de Ministros aprobó las orientaciones y medidas para abordar las cuestiones de la nacionalidad y la condición jurídica de estudiantes apátridas y otras personas apátridas que habían nacido en Tailandia. Esta resolución llevó a la Proclamación del Ministerio del Interior sobre la adquisición de la nacionalidad tailandesa en general de las personas nacidas en el Reino de progenitores extranjeros que no han adquirido la nacionalidad tailandesa, y la adquisición de dicha nacionalidad según el caso, que entró en vigor el 14 de marzo de 2017, por la cual pueden solicitar la nacionalidad tailandesa los niños u otras personas nacidas en Tailandia, siempre que uno de los progenitores pertenezca a un grupo étnico minoritario, inscripto en el Ministerio del Interior y cuyo nombre y datos personales consten en el Registro del Perfil y hayan residido en Tailandia durante un período no inferior a 15 años consecutivos, o los niños u otras personas que cursan estudios o que ya han obtenido el título de licenciado o equivalente y hayan nacido en Tailandia de progenitores de otros grupos extranjeros. Los niños y las personas abandonadas en la primera infancia o de progenitores desconocidos también pueden solicitar la nacionalidad mediante la presentación de un documento en el que cualquier organismo pertinente del Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana certifique esa circunstancia, si han residido en Tailandia durante un período no inferior a diez años consecutivos. Esta política permitiría a unos 110.000 niños adquirir la nacionalidad en Tailandia.

28.Tailandia sigue intensificando sus esfuerzos por mejorar la accesibilidad y los conocimientos para la presentación de solicitudes de nacionalidad y la documentación pertinente, así como para sensibilizar a los beneficiarios. El Departamento de Administración Provincial del Ministerio del Interior estableció el centro de asistencia jurídica sobre la nacionalidad y la condición jurídica, con el objeto de promover y divulgar conocimientos, ofrecer información, responder a preguntas y solicitudes de información, y recibir denuncias a través de un servicio de consulta telefónica directa y un sitio web especial. Además, se han enviado equipos de operaciones de los principales organismos gubernamentales a nivel central en Bangkok para prestar apoyo, vigilar y resolver problemas operacionales de las autoridades locales.

29.Se toman muestras de ADN para demostrar el derecho a la nacionalidad tailandesa, especialmente de personas que viven en las provincias fronterizas o en zonas remotas. El Gobierno ha colaborado con académicos y el sector privado para hacer frente a los problemas de la falta de la inscripción de los nacimientos y de los documentos necesarios. Por ejemplo, el Instituto Central de Ciencias Forenses, en cooperación con el Departamento de Protección de Derechos y Libertades utilizó este método para recoger muestras de ADN de 114 personas apátridas en 9 de los 13 distritos de la provincia de Kanchanaburi. El Instituto y el Departamento también cooperan con la Universidad Thammasat prestando servicios de pruebas de ADN a los grupos étnicos mani que viven en las provincias meridionales de Tailandia para permitirles adquirir la nacionalidad tailandesa.

30.La Enmienda núm. 3 de la Ley de Registro Civil, que entró en vigor el 15 de abril de 2019, introduce disposiciones jurídicas fundamentales relativas a las personas o los niños apátridas, abandonados o desarraigados en Tailandia, entre otras cosas encargando a la secretaría del registro que examine el lugar de nacimiento y la nacionalidad de un niño en un plazo de 90 días a partir de la fecha de notificación del nacimiento del niño. Si la secretaría del registro no está en condiciones de hacerlo, debe emitir un registro del perfil y un documento de identificación del niño. Esto permitirá a los niños solicitar la nacionalidad tailandesa si pueden demostrar un período de residencia de diez años consecutivos en Tailandia antes de la fecha de notificación del nacimiento, o a partir de ese momento, y cumplen las condiciones establecidas por el Ministerio del Interior. La nueva legislación también se aplicará a todos los niños apátridas, abandonados o desarraigados o a las personas que no hayan notificado su nacimiento. Los mayores de 15 años podrán notificar su nacimiento en la secretaría del registro y seguir los mismos procedimientos.

Autoidentificación (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 15)

31.Desde la aprobación de la Constitución de 1997 y las Constituciones subsiguientes, así como la Estrategia para Resolver el Problema de la Condición y los Derechos de las Personas de 2005 y las leyes y políticas pertinentes se ha reconocido a 62 grupos étnicos (informe inicial, párr. 6). La categorización de grupos específicos, como los desarraigados, los extranjeros, las personas no identificadas, las personas con problemas de condición jurídica, como en la Estrategia para Resolver el Problema de la Condición y los Derechos de las Personas de 2005, cumple una función técnica y es de carácter temporal. Utiliza un enfoque específico, no discriminatorio y sumamente eficaz respecto de cada grupo; por ejemplo, se han sustituido algunos nombres por los nombres preferidos por los grupos interesados en aras de su derecho a la libre determinación. La sociedad tailandesa también ha respondido con sensibilidad y respeto y en general utiliza a conciencia la identificación correcta. Así pues, el grupo étnico mani ya no es llamado “sakai”, el grupo étnico akhar ya no recibe la denominación “e-gaw” y el grupo étnico mong ya no se designa como “meo”.

32.Tailandia aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007. Por “pueblos indígenas” se entiende a los que han vivido en la zona antes de los colonos o antes del período colonial; sin embargo, los pueblos tailandeses que viven allí hoy han vivido en el país desde el principio. Cabe señalar que Tailandia ha otorgado la igualdad de derechos a todos los grupos étnicos, entre ellos los karenes, los mong, los lahu y los mien, y han promovido activamente su identidad cultural y sus medios de vida. Tailandia entiende que los artículos relativos al derecho a la libre determinación y otros derechos conexos que figuran en la Declaración han de interpretarse de conformidad con los principios de la integridad territorial o la unidad política, como se señala en la Declaración y Programa de Acción de Viena.

Grupos étnicos que viven en los bosques (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 16)

33.Desde hace varios decenios, el pensamiento y la práctica de Tailandia sobre la conservación sostenible y a largo plazo de la diversidad biológica y la integridad de los bosques se basan en su compromiso de promover y proteger los derechos de la población, las comunidades y los grupos étnicos locales y fomentar sus relaciones económicas y culturales con la tierra y los recursos naturales mediante la transparencia y la participación.

34.En 2017 una superficie aproximada de 15 millones de rai (2,4 millones de hectáreas) de bosques era ocupada o utilizada por personas. Si bien algunas lo hacían en virtud de medidas ejecutivas, otras todavía carecían de autorización o reclamaban tierras. Alrededor de 9 millones de rai (1,44 millones de hectáreas) estaban en zonas forestales reservadas y unos 6 millones de rai (0,96 millones de hectáreas) en “zonas protegidas”, incluidos parques nacionales, refugios de especies silvestres y zonas de caza vedada. La ocupación no autorizada o provisional en las zonas protegidas podía dividirse en la anterior a 2002, de unos 3,6 millones de rai (0,576 millones de hectáreas), y la nueva ocupación, posterior a 2002, de unos 2.3 millones rai (0,368 millones de hectáreas).

35.Para hacer frente a los problemas prácticos de la gestión de los recursos naturales, en particular en los casos en que los derechos de las comunidades locales o tradicionales parecen contraponerse a los derechos ambientales, Tailandia revisa en forma permanente y sistemática sus leyes, políticas, medidas y prácticas a fin de que las personas puedan vivir en armonía en los bosques, incluidos los protegidos. Entre estas cabe citar el Plan Nacional de Reforma sobre Recursos Naturales y Medio Ambiente, mencionado en el párrafo 11, que tiene por objeto proteger el medio ambiente y promover la eficacia de la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente a fin de reducir al mínimo los posibles conflictos y las desigualdades en el ámbito de las tierras forestales. Se trata de un amplio plan de reforma sistemática con mecanismos para abordar las cuestiones de la asignación del uso de la tierra, los derechos de residencia en bosques protegidos y reservados y su utilización, los derechos de las comunidades y grupos étnicos, y la ordenación sostenible de los bosques y la vida silvestre. El plan ha dado lugar a la modificación de la Ley de Parques Nacionales de 2504 de la era budista (1961), la Ley de Bosques de 2484 de la era budista (1941) y la Ley de Conservación y Protección de la Vida Silvestre de 2535 de la era budista (1992), así como la aprobación por la Asamblea Legislativa Nacional de la Ley de Bosques Comunitarios, entre otras:

La Ley de Parques Nacionales, aprobada por la Asamblea Legislativa Nacional el 7 de marzo de 2019 para sustituir la Ley de Parques Nacionales de 2504 de la era budista (1961), dispone que las personas sin tierras y que han residido en parques nacionales o los han utilizado dentro del plazo establecido en la resolución del Consejo de Ministros de 30 de junio de 2541 de la era budista (1998) o dentro del plazo establecido por el Consejo Nacional para la Paz y el Orden en la Ordenanza núm. 66/2557, de 17 de junio de 2557 de la era budista (2014), pueden obtener un permiso para residir en el parque nacional o utilizarlo durante un período de tenencia de hasta 20 años caso por caso, con sujeción a determinadas condiciones y de conformidad con los objetivos de preservar, restablecer y mantener en buenas condiciones los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad de las zonas designadas en virtud del Proyecto de Conservación y Mantenimiento de los Recursos Naturales de los Parques Nacionales aprobado por el Consejo de Ministros. La Ley exige que la evaluación de la ocupación de tierras en las zonas protegidas anterior a la aprobación del proyecto de ley se lleve a cabo en un plazo de 240 días a partir de la fecha de la entrada en vigor de la Ley. Gracias a esta Ley, por primera vez las comunidades étnicas, incluidos los karenes, tienen la oportunidad no solo de obtener la tenencia de tierras, mantener su modo de vida tradicional, incluido un sistema de agricultura rotatorio, y preservar su integridad cultural, sino también de reducir los conflictos relacionados con la tierra en las zonas protegidas, pues prohíbe estrictamente la usurpación de tierras y el ingreso sin autorización en propiedades ajenas. Se prevé que la Ley permitirá que unas 2.700 comunidades permanezcan en zonas protegidas que abarcan unos 5,9 millones de rai (0,944 millones de hectáreas), incluidos los parques nacionales y las zonas de refugio de especies silvestres.

La Ley de Conservación y Protección de la Vida Silvestre, aprobada por la Asamblea Legislativa Nacional el 7 de marzo de 2019 para sustituir la Ley de Conservación y Protección de la Vida Silvestre de 2535 de la era budista (1992), permitirá a las personas sin tierras que han residido en una zona de conservación de la fauna y la flora silvestres o de caza vedada, o la han utilizado, dentro del plazo establecido en la resolución del Consejo de Ministros de 30 de junio de 1998 o en el plazo previsto por el Consejo Nacional para la Paz y el Orden en virtud de la Ordenanza núm. 66/2557 de fecha 17 de junio de 2014, en las mismas condiciones que las aplicadas en el proyecto de la Ley de Parques Nacionales, residir en la zona de refugio de especies silvestres o de caza vedada, o utilizarla, durante un período de tenencia de hasta 20 años por permiso.

La Ley de Bosques Comunitarios, aprobada por la Asamblea Legislativa Nacional el 15 de febrero de 2019, permitirá a los residentes locales que viven cerca de los bosques no protegidos como parques nacionales o zonas de propiedad del Gobierno y tienen potencial para convertirse en un bosque, presentar a las autoridades competentes una propuesta que incluya un plan renovable de cinco años sobre la utilización y conservación del bosque en su comunidad. El permiso será otorgado directamente por un comité comunitario, a diferencia de la práctica actual, en que la autoridad es titular del permiso y el comité comunitario es auxiliar de la autoridad. Esta Ley no solo permitirá abordar los intereses nacionales para la conservación y rehabilitación de las zonas forestales, sino que también facilitará la labor de los residentes locales con el Estado sobre la gestión sostenible de los recursos naturales.

36.El Gobierno ha establecido el Comité de Política Territorial Nacional para formular una política sobre la asignación de tierras a personas que carecen de titularidad de la tierra. Tras la adopción de dicha política y un conjunto de criterios y condiciones, el Consejo de Ministros aprobó en principio la asignación de tierras como lote comunitario permitiendo el acceso a estas para su utilización, pero sin otorgar la propiedad de la tierra. La comunidad de que se trata tiene que constituirse en una cooperativa u otra modalidad adecuada. El Gobierno ha propuesto un plan de 20 años sobre la asignación de tierras a la comunidad con fines de residencia, por una superficie de 5,6 millones de rai (895.999,6 ha) en 3 años. Desde marzo de 2019, se han asignado 860 zonas de tierras en 70 provincias, que representaron 1.294.197 rai (207.071 ha). Se ha autorizado la utilización de 151 zonas en 58 provincias, que abarcan una superficie total de 504.644 rai (80.743 ha).

Grupos étnicos vulnerables (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 17)

37.El Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana ha creado la División de Desarrollo Social de Grupos Especiales, que depende del Departamento de Desarrollo y Bienestar Social, para promover, apoyar y coordinar la labor relacionada con grupos especiales, entre ellos la población de las tribus de las colinas. La División también supervisa y proporciona apoyo y seguimiento a 16 centros para el desarrollo de la población de las tribus de las colinas en 20 provincias.

38.El Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana aprobó y ejecutó el Plan Maestro para el Desarrollo de las Minorías Étnicas en Tailandia de 2558-2560 de la era budista (2015-2017). Ahora la labor prosigue en el marco del Plan de Promoción de la Coexistencia en una Sociedad Multicultural de 2561-2564 de la era budista (2018-2021), elaborado por la Oficina del Consejo de Seguridad Nacional. Las directrices fundamentales del Plan son: 1) promoción de la coexistencia en una sociedad multicultural; 2) participación inclusiva en el desarrollo nacional y resolución de problemas; 3) promoción de una vida con dignidad y honor y disfrute de los derechos y el desarrollo de conformidad con el modo de vida, la cultura, los conocimientos tradicionales y el contexto específico de la zona; 4) promoción del conocimiento y la comprensión de todos los sectores, en los planos nacional e internacional, sobre una sociedad multicultural en Tailandia y la acción gubernamental conexa; y 5) promoción de la ejecución y gestión eficaces del Gobierno en aras de una sociedad multicultural. El Plan y los planes de acción posteriores estarán dirigidos por un comité de formulación de políticas y subcomités de ejecución en vías de establecimiento en el marco del proyecto de reglamento sobre la promoción de la coexistencia en una sociedad multicultural de la Oficina del Primer Ministro. El Plan promoverá de manera integral el disfrute de todos los aspectos de los derechos humanos de los grupos étnicos en Tailandia.

39.En 2010 el Ministerio de Cultura prosiguió sus actividades dirigidas a reactivar el modo de vida de los grupos étnicos en cinco esferas principales, a saber: 1) identidad y cultura; 2) gestión de los recursos naturales; 3) derecho a la nacionalidad; 4) preservación del patrimonio cultural; y 5) investigación del restablecimiento de los medios de subsistencia de corto y de largo plazo. Como proyecto piloto, dos grupos étnicos, los gitanos del mar y los karenes, recibieron apoyo, por conducto de las resoluciones del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2010 sobre el restablecimiento del modo de vida de los gitanos del mar y de 3 de agosto de 2010 sobre el restablecimiento del modo de vida de los karenes. Las medidas para la aplicación de las resoluciones del Consejo de Ministros incluyen la promoción del acceso a la nacionalidad tailandesa, la prestación de apoyo para la agricultura sostenible, la educación, la atención de la salud, la promoción de la identidad, los valores étnicos, el modo de vida, las tradiciones, el arte y la cultura, y la búsqueda de soluciones adecuadas sobre las reclamaciones territoriales relativas a las tierras tradicionales.

40.La reactivación de los modos de vida de los grupos étnicos está respaldada además por un proyecto del Centro de Antropología Princesa Chakri Sirindhorn, una organización pública supervisada por el Ministerio de Cultura. El Centro tiene un presupuesto del Gobierno de 70 millones de baht (2,1 millones de dólares) para llevar a cabo las actividades previstas en las esferas de la documentación, la investigación y la educación y divulgación públicas durante un período de tres años entre 2019 y 2021. El proyecto tiene por objeto promover la comprensión y el conocimiento públicos de los grupos étnicos en Tailandia, entre otras cosas mediante la creación de una base de datos nacional y directrices para el restablecimiento de los modos de vida de los grupos étnicos, la realización de investigaciones académicas y seminarios, así como la elaboración de un borrador preliminar de una ley sobre la promoción y conservación de los modos de vida de los grupos étnicos, y la celebración de audiencias públicas al respecto entre estos grupos. Se espera también que el proyecto promueva los derechos culturales y las tradiciones de los grupos étnicos y elabore mecanismos para mejorar las capacidades de estos grupos, de manera que puedan administrarse a sí mismos basándose en sus culturas y modos de vida y participar en el desarrollo nacional con otras partes interesadas. Así pues, el proyecto apoya el plan del Gobierno encaminado a promover una sociedad multicultural, proporcionando una base para mejorar la seguridad nacional, combatir los prejuicios y reducir los enfrentamientos culturales. El apéndice contiene más información sobre la labor del Centro.

41.Las medidas especiales adoptadas en favor de las mujeres tailandesas de origen étnico malayo se detallan en los párrafos 46 a 58.

Peligro de desaparición de determinados idiomas étnicos (CERD/C/THA/CO/1‑3, párr. 18)

42.En 2012 Tailandia tenía 27 idiomas locales registrados, incluidos los pertenecientes a grupos étnicos. Tailandia promulgó la Ley de Promoción y Conservación del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2559 de la era budista (2016) y es parte en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003. Estos idiomas constituyen una parte vital del patrimonio cultural nacional. En la actualidad, la Oficina de la Real Sociedad está preparando un proyecto de plan estratégico para impulsar la política nacional de idiomas a fin de mantener y promover los idiomas locales y étnicos utilizados en Tailandia, así como el tailandés, para mejorar las capacidades y los idiomas extranjeros y los niveles de interpretación, también de la lengua de señas. Sobre la base del concepto del “Idioma para una Paz Sostenible”, el plan estratégico tiene tres principios, a saber: 1) el idioma para mantener la identidad de la comunidad y la cohesión nacional; 2) el idioma para fomentar el conocimiento, la comprensión y la garantía del acceso a los derechos básicos; y 3) el idioma para el desarrollo económico. El plan estratégico alentaría a los niños de minorías étnicas a estudiar sus propias lenguas y utilizarlas como base para estudiar otros idiomas, incluido el tailandés, y así mejorar la eficiencia de su aprendizaje y promover el acceso equitativo a la educación superior mediante un sistema bilingüe.

43.En un sistema de educación formal, varias escuelas primarias de zonas fronterizas y marginadas han recibido asistencia especial del Ministerio de Educación, en cooperación con el Instituto de Idiomas de la Universidad Mahidol, para ofrecer una enseñanza bilingüe en la lengua materna y el tailandés, a niños de grupos étnicos que no tienen el tailandés como lengua materna. El Instituto de Idiomas de la Universidad Mahidol también ha llevado a cabo encuestas e investigaciones de apoyo sobre los idiomas en Tailandia.

Estereotipos negativos y prejuicios (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 19)

44.La ética y las normas de la profesión periodística se rigen en gran medida por un régimen de autorregulación y autodisciplina de conformidad con las leyes, los códigos de responsabilidad profesional y las normas internacionales. Los miembros de la prensa y los medios de comunicación de Tailandia están protegidos por la Constitución en lo que respecta a sus derechos y libertad de expresión. Son también objeto de sanciones penales en virtud del Código Penal y la prohibición prevista en la Ley de Radiodifusión.

45.Las directrices para la promoción de la ética y las normas profesionales de los medios de comunicación establecidos en el marco del Plan Nacional de Reforma de los Medios de Comunicación y la Tecnología de la Información incluyen: 1) la promoción del establecimiento de un consejo nacional del sector de los medios de comunicación y los periodistas para un sistema de autorregulación o de autodisciplina de conformidad con las normas internacionales, el estado de derecho y la responsabilidad profesional; 2) el apoyo y la promoción del desarrollo y el fortalecimiento de la capacidad de los periodistas; 3) el apoyo al establecimiento de una Defensoría del Pueblo para la tramitación de denuncias y la supervisión de las normas y la ética profesionales a nivel de las organizaciones, un grupo profesional y un consejo nacional, y la promoción de la participación pública; y 4) el apoyo a la elaboración de un manual de normas de ética profesional para los medios de comunicación. Además, Tailandia está redactando actualmente la ley de ética de los medios de comunicación y la promoción de la profesión, de conformidad con el Plan Nacional de Reforma mencionado.

Situación de las mujeres tailandesas de origen étnico malayo en las provincias de la frontera meridional (seguimiento de la carta del Comité de fecha 29 de agosto de 2014)

46.Tailandia ha adoptado un enfoque integrado e inclusivo que incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los ODS 5 (igualdad de género) y 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), y los derechos humanos para las mujeres tailandesas de origen étnico malayo.

47.En aras de la promoción socioeconómica de las mujeres, incluidas las mujeres tailandesas de origen étnico malayo en las provincias de la frontera meridional, el Centro Administrativo de las Provincias de la frontera meridional —en estrecha consulta con todos los interesados— ha aprobado el Plan Estratégico para la Infancia, las Mujeres y las Familias en las Provincias de la frontera meridional de 2562-2564 de la era budista (2019‑2021), que complementa la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Mujer (2017‑2021) y la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer por Tailandia. El Plan Estratégico hace hincapié en: 1) la protección y la igualdad de acceso a servicios públicos de calidad; 2) el fomento de la capacidad y la participación inclusiva en una sociedad multicultural; 3) la innovación para el desarrollo eficaz; 4) la promoción de una actitud positiva hacia la igualdad de género; y 5) la reunión y el análisis de datos. Los planes de acción del Plan Estratégico incluyen un proyecto sobre capacitación profesional y comercialización para las mujeres afectadas por la violencia, especialmente las viudas. La aplicación del Plan Estratégico se reforzará y respaldará mediante la labor del Centro para la Coordinación de Asuntos de la Mujer y la Infancia en las Provincias de la frontera meridional, que el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana y el Centro Administrativo de las Provincias de la frontera meridional están en vías de establecer, en colaboración con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), como plataforma de coordinación para que los organismos públicos y las organizaciones de la sociedad civil avancen hacia la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y la infancia en las provincias de la frontera meridional.

48.En 2018 el Departamento de Desarrollo de Aptitudes del Ministerio de Trabajo impartió cursos de capacitación en materia de competencias a un total de 788 mujeres tailandesas de origen étnico malayo en las provincias de la frontera meridional. La mayoría de los cursos tienen por objeto mejorar las competencias para la elaboración de productos para sus hogares y los mercados locales utilizando materiales locales. Se informó de que las mujeres que asistieron a los cursos de capacitación obtuvieron más ingresos para mantener a sus familias.

49.En el marco del proyecto de fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la solución de conflictos y el desarrollo en las provincias de la frontera meridional, desde 2017 el Centro Administrativo de las Provincias de la frontera meridional ha prestado apoyo financiero a iniciativas y proyectos de comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil, incluidas las redes de mujeres de las provincias de la frontera meridional, y su labor encaminada a mejorar la calidad de vida de esas mujeres. Tan solo en 2017 se aprobaron y ejecutaron 223 proyectos por un valor total de unos 63 millones de baht (2 millones de dólares).

50.El Gobierno también tiene proyectos de empoderamiento de la mujer en las provincias de la frontera meridional. El Fondo para el Empoderamiento de las Mujeres Tailandesas, establecido en 2013, ha proporcionado más de 250 millones de dólares para apoyar las actividades de las mujeres en todo el país, incluido su empoderamiento económico. El Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana ha establecido ocho centros de aprendizaje en todas las regiones de Tailandia que ofrecen cursos de capacitación laboral para mujeres, incluidas las mujeres y niñas de minorías étnicas de bajos ingresos que viven en zonas remotas y las víctimas de la trata y la prostitución. Los centros colaboran con las comunidades locales y las escuelas para concienciar sobre la lucha contra la violencia, la estigmatización, la igualdad de género y los derechos de las mujeres de grupos desfavorecidos y las ayudan a buscar empleo, incluso en empresas privadas, o a crear sus propias empresas.

51.En el período 2012-2015, el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llevó a cabo un proyecto de cuatro años de duración destinado a empoderar a mujeres musulmanas para que participen en el desarrollo de la comunidad en 14 provincias del sur de Tailandia. Gracias a este proyecto, la Red de Mujeres Musulmanas se ha ampliado y se ha establecido una asociación de mujeres musulmanas en 7 provincias de Tailandia para prestar la asistencia necesaria a las mujeres musulmanas en el sur de Tailandia.

52.La Ley de Igualdad de Género de Tailandia, que entró en vigor el 9 de septiembre de 2015, promueve la igualdad entre los géneros en diversos aspectos de los derechos sociales, económicos y políticos. El mecanismo nacional para garantizar la eficacia de la Ley de Igualdad de Género de 2015 es el Comité para la Promoción de la Igualdad de Género, dirigido por el Primer Ministro. En virtud de esa Ley, también se ha establecido el Comité para el Examen de Casos relativos a la Igualdad de Género. Si este Comité determina que un acto es discriminatorio, está facultado para dictar una orden a fin de que los organismos o las personas de que se trata pongan fin a esos actos y ofrezcan reparación a las personas damnificadas mediante una indemnización por los daños infligidos. Estas tienen derecho a recibir una indemnización mediante la presentación de solicitudes al Departamento de Asuntos de la Mujer y Desarrollo de la Familia del Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana. Además, en virtud de la Ley también se ha establecido el Fondo de Promoción de la Igualdad de Género administrado por el Fondo de Gestión del Comité de Igualdad de Género que otorga indemnizaciones, reparaciones y medidas preventivas contra la discriminación de género. La sanción máxima es de hasta seis meses de prisión, una multa de hasta 20.000 baht, o ambas cosas.

53.En el Gobierno, aproximadamente una cuarta parte de los jefes y jefes adjuntos de los organismos, departamentos y ministerios son mujeres. Esta proporción está aumentando. La Ley de la Administración Pública de 2551 de la era budista no establece ninguna distinción entre funcionarios civiles hombres y mujeres; por lo tanto el trato de todos los funcionarios civiles es el mismo, inclusive en lo que respecta a los sueldos (art. 37), prestaciones suplementarias (art. 38) y horario de trabajo (art. 39). En la actualidad, una mujer musulmana ocupa el cargo de Vicegobernadora de una de las provincias de la frontera meridional, Narathiwat.

54.La Constitución otorga prioridad a la incorporación de la perspectiva de género en la formulación de políticas en todos los niveles. Por primera vez la Constitución ha adoptado el principio de la presupuestación con perspectiva de género para todos los organismos públicos.

55.Para las personas que se han visto afectadas por la situación en el sur del país, el Centro Administrativo de las Provincias de la frontera meridional dispone de un amplio manual de recursos para brindar asistencia y reparación a las víctimas o a sus familiares por la pérdida de vidas, lesiones o discapacidad (física o mental) y la pérdida de bienes (viviendas, efectos personales y vehículos, entre otras cosas) debido a las vulneraciones cometidas en las provincias de la frontera meridional o para indemnizar a las personas damnificadas y sus familias que se han visto afectadas por actos de los funcionarios públicos. El manual ofrece directrices claras y detalladas, también para realizar evaluaciones individualizadas del grado de los daños (como la gravedad de las lesiones, la intensidad de dolor y sufrimiento, la repercusión en la vida cotidiana, el nivel de dependencia de otros, los efectos secundarios, la capacidad para trabajar y el valor de mercado de los bienes perdidos o dañados), y un calendario y recursos o indemnización, o una combinación de ambos provistos por los organismos competentes (como el Centro Administrativo de las Provincias de la Frontera Meridional, el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana, el Departamento de Protección de Derechos y Libertades, el Ministerio de Educación y el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres que depende del Ministerio del Interior), así como el acceso a recursos o indemnización y la documentación y los formularios necesarios. Además, el Centro Administrativo de las Provincias de la frontera meridional también ha establecido una línea telefónica de ayuda y una aplicación en línea de “ayuda y apoyo”. Las víctimas también tienen la opción de recurrir al sistema de justicia ordinaria, como se indica en el párrafo 21.

56.Se estableció la Asociación de Mujeres Musulmanas para prestar la asistencia necesaria a las mujeres musulmanas de las provincias de la frontera meridional. El Gobierno de Tailandia también facilita oportunidades y vías para que las mujeres participen y colaboren con todos los sectores interesados, como el Centro Administrativo de las Provincias de la Frontera Meridional.

57.Además, el Gobierno de Tailandia colabora con las organizaciones de la sociedad civil en las provincias de la frontera meridional para impulsar el desarrollo y la seguridad pública sostenibles reuniendo a todas las partes a fin de iniciar proyectos experimentales en determinadas comunidades, en particular mediante el turismo cultural y la gestión del mercado. Un buen ejemplo de este tipo de organizaciones de la sociedad civil es la Asociación de Mujeres en Pro de la Paz, que ha trabajado para ayudar a las mujeres y los niños afectados por la situación en el sur de Tailandia y plantear sus necesidades a los encargados de la adopción de decisiones.

58.Desde 2015 el Ministerio de Justicia viene ejecutando el Proyecto de Acceso a la Justicia, de conformidad con el modo de vida de los habitantes de las provincias de la frontera meridional con objeto de mejorar un sistema de mediación para la aplicación del derecho islámico en cuestiones relativas a la familia y la herencia. Ha alentado la participación de la mujer en el proceso de mediación mediante el nombramiento de mujeres musulmanas para desempeñarse como auxiliares de mediación en consejos islámicos provinciales de cinco provincias, a saber, Narathiwat, Yala, Pattani, Songkla y Satun.

Aplicación de leyes especiales en las provincias de la frontera meridional (seguimiento de la carta del Comité de fecha 29 de agosto de 2014)

59.La Comisión Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel importante en la vigilancia de la aplicación de las leyes especiales en las provincias de la frontera meridional. El Comando de Vanguardia de la Región 4 del Comando de Operaciones de Seguridad Interior (ISOC4) está examinando la situación y evaluando la posibilidad de sustituir el uso del Decreto de Emergencia sobre la Administración Pública en Situaciones Imprevistas de 2548 de la era budista (2005) por la Ley de Seguridad Interior de 2551 de la era budista (2008) en ciertas zonas de las provincias de la frontera meridional. Entretanto, el Comando de Operaciones de Seguridad Interior ha elaborado un plan de acción para derogar el Decreto de Emergencia como marco para que los organismos pertinentes apoyen el proceso en esas provincias. Esto se ha hecho recientemente en los cuatro distritos siguientes: 1) el distrito de Mae Lan en la provincia de Pattani; 2) el distrito de Betong en la provincia de Yala; 3) el distrito de Su-ngai Kolok en la provincia de Narathiwat; y 4) el distrito de Sukhirin, en la provincia de Narathiwat, el último en que se derogó el Decreto, el 20 de diciembre de 2018.

60.El Gobierno promueve la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos en las provincias de la frontera meridional. Los organismos tailandeses, incluidos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Centro Administrativo de las Provincias de la frontera meridional y el ISOC4, han seguido colaborando con los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil pertinentes en la aplicación de medidas e iniciativas y la realización de actividades para promover y proteger los derechos humanos de las personas, prestando especial atención a los niños y las mujeres en esas provincias. El Centro para la Coordinación de Asuntos de la Mujer y la Infancia en las Provincias de la Frontera Meridional, mencionado en el párrafo 47, es un ejemplo de estos esfuerzos del Gobierno.

61.No se practica el perfilado racial. Tailandia mantiene su convicción en la idoneidad de sus políticas y leyes, así como en el enfoque de “comprender, tender la mano y desarrollar” para construir un entorno pacífico sostenible y una sociedad multicultural en las provincias de la frontera meridional. Desde 2013, el ISOC4 ha ejecutado el proyecto Regreso al Hogar para ayudar a las personas acusadas de instigar la violencia en esas provincias o de participar en actos de violencia, incluidas las que son objeto de acusaciones penales, mediante la organización de actividades de reintegración social, formación profesional, y medidas necesarias de asistencia jurídica y de otra índole. Más de 2.000 personas han mostrado interés en el proyecto o se han sumado a este. El proyecto se está revisando para establecer grupos destinatarios adecuados y directrices claras. Se trata de una de las actividades clave del Plan de Integración para la Prevención y Solución de los Problemas en las Provincias de la Frontera Meridional de 2561-2565 de la era budista (2018-2023).

62.En 2017 Tailandia promulgó la Ley Orgánica relativa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para fortalecer la vigilancia de las violaciones de los derechos humanos y la promoción de los derechos humanos en el país por la Comisión, de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales (Principios de París). La Ley Orgánica aborda una serie de deficiencias de la ley anterior, en particular en lo que respecta a la composición y las garantías de independencia y pluralismo de la Comisión. También protege a los miembros de la Comisión de la responsabilidad legal (civil, penal y administrativa) por las acciones emprendidas de buena fe en el desempeño de sus funciones oficiales (art. 30) y les otorga la facultad de investigar y solicitar u ordenar a cualquier funcionario público o a cualquier persona que presente información, documentos de aclaración y pruebas (arts. 33 a 38). La Comisión también puede presentar al Consejo de Ministros recomendaciones relacionadas con cuestiones o problemas de derechos humanos para que adopte nuevas medidas. Quienes se nieguen a cooperar pueden ser sancionados penalmente con sentencias de hasta seis meses de prisión, una multa de hasta 10.000 baht, o ambas cosas (art. 59).

63.Para hacer frente a presuntos casos de tortura y desaparición forzada y evitar futuros casos de esta índole, el Primer Ministro emitió la Orden núm. 131/2560, de 23 de mayo de 2017, por la que estableció el Comité Nacional para la Gestión de los Casos de Tortura y Desaparición Forzada, presidido por el Ministro de Justicia e integrado por 13 representantes de organismos competentes. El Comité cuenta con el apoyo de cuatro subcomités especializados en los ámbitos siguientes: 1) seguimiento y vigilancia; 2) asistencia y reparación; 3) prevención y capacitación; y 4) detección de casos. Si se demuestra que un funcionario público ha participado en actos de tortura o desaparición forzada se lo procesará de conformidad con la ley.

Trabajadores migrantes (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 22)

64.En los últimos años, Tailandia ha regularizado la situación de más de 2 millones de trabajadores migrantes indocumentados, lo que les ha permitido estar legalmente protegidos y acceder a servicios sociales básicos, como la atención de la salud y la educación. Los memorandos de entendimiento en materia de trabajo entre Tailandia y los países del CLMV (Myanmar, República Democrática Popular Lao, Camboya y Viet Nam) han ampliado las vías para la migración laboral legal. En febrero de 2019 había 922.169 trabajadores migrantes en Tailandia en virtud de memorandos de entendimiento.

65.En febrero de 2019 había 3.293.819 trabajadores extranjeros en Tailandia, de los cuales, 1) 163.644 eran trabajadores extranjeros calificados (118.234 personas que desempeñaban actividades comerciales generales y 45.410 personas autorizadas por la Ley del Consejo de Inversiones); 2) 241 tenían permisos de residencia permanentes y de migrantes de por vida; 3) 65.480 eran trabajadores de minorías étnicas; y 4) 3.064.454 eran trabajadores migrantes de Myanmar, la República Democrática Popular Lao, Camboya y Viet Nam (1.830.136 personas autorizadas en virtud de los mecanismos de verificación de la nacionalidad y el memorando de entendimiento, 1.198.269 contaban con permisos otorgados en virtud de medidas de carácter temporal y 36.049 eran trabajadores fronterizos). El Gobierno de Tailandia ha estado trabajando diligentemente para eliminar las vulnerabilidades de los trabajadores migrantes con medidas como: 1) la realización de inspecciones del trabajo más rigurosas; 2) la mejora del mecanismo de examen y supervisión de las agencias de contratación de trabajadores; y 3) la eliminación de medidas políticas y jurídicas para ajustarse a las normas internacionales (por ejemplo, el pago de los salarios mensualmente a los empleados a través de una cuenta bancaria y el pago de los honorarios de contratación de mano de obra con cargo a los empleadores).

66.La promulgación de la Real Ordenanza relativa a la Gestión del Empleo de los Trabajadores Migrantes de 2560 de la era budista (2017) es uno de los principales ejemplos de los esfuerzos de Tailandia no solo para administrar de manera sistemática y eficaz la migración laboral, sino también para mejorar las normas laborales tailandesas y garantizar su coherencia con las internacionales.

67.Todos los trabajadores migrantes, incluidos los que están en situación irregular, tienen acceso a asistencia jurídica con arreglo a las vías de recurso previstas en la Ley de Protección Laboral de 2541 de la era budista (1998). En virtud de la Ley, los trabajadores disfrutan de los derechos o prestaciones que se especifican en ella, por ejemplo, salarios, indemnización por despido, vacaciones pagadas y horas extraordinarias. En caso de que un empleador no cumpla con las disposiciones de la Ley, como la falta de pago de salarios, indemnización por despido o vacaciones, el empleador estará sujeto a la sanción prevista en el capítulo 16 de la Ley.

68.Además, la Ley también dispone el nombramiento de inspectores del trabajo para proteger y ofrecer reparación a los empleados cuyos derechos han sido vulnerados por su empleador. Una de las facultades y obligaciones de un inspector del trabajo en virtud del artículo 124 es recibir denuncias, investigar los hechos y ordenar al empleador que pague las sumas de dinero que le correspondan en virtud de la Ley. La función del inspector del trabajo es, por lo tanto, crucial para la aplicación de la ley y para ayudar a un empleado que podría no entender la ley o no tener recursos financieros suficientes para interponer una demanda laboral. El Ministerio de Trabajo también ofrece a los empleados una amplia gama de servicios y asistencia jurídica relacionados con los derechos laborales, entre otras cosas, asistencia de los oficiales jurídicos que trabajan en el Departamento de Protección del Trabajo y Bienestar Social. Más concretamente, los oficiales jurídicos pueden actuar como representantes legales de los empleados en todas las acciones judiciales, con arreglo a las directrices y reglamentos del Ministerio de Trabajo.

69.Durante los ejercicios económicos del período 2013-2018, se realizaron inspecciones del trabajo relativas al empleo de 337.317 trabajadores migrantes de Myanmar, la República Democrática Popular Lao y Camboya, y se llevaron a cabo 9.037 exámenes de denuncias relativas a la remuneración de los trabajadores: en 2013, de 1.193 trabajadores migrantes por un valor de 5,77 millones de baht (180.000 dólares); en 2014, de 1.231 trabajadores migrantes por un valor de 12,42 millones de baht (388.000 dólares); en 2015, de 1.698 trabajadores migrantes por un valor de 7,83 millones de baht (245.000 dólares); en 2016, de 1.897 trabajadores migrantes por un valor de 25,03 millones de baht (782.000 dólares); en 2017, de 1.635 trabajadores migrantes por un valor de 20,82 millones de baht (651.000 dólares); en 2018 (octubre de 2017 a 30 de junio de 2018), de 1.383 trabajadores migrantes por un valor de 46,50 millones de baht (1.488.640 dólares).

70.Además de los servicios y la asistencia jurídica relacionados con los derechos laborales de los trabajadores migrantes mencionados en el párrafo 21, entre las medidas de protección y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes en Tailandia cabe señalar las siguientes: 1) la mejora de las condiciones de alojamiento en el sector de la construcción y en las fábricas; 2) el tratamiento y la prevención del VIH/sida y la tuberculosis en el lugar de trabajo; 3) actividades para promover el bienestar laboral de grupos específicos (trabajadores migrantes, de edad o con discapacidad), incluidas las unidades móviles de atención sanitaria y los programas de preparación para una jubilación de calidad; 4) espacios, instalaciones y tiempo permitido para el amamantamiento en el lugar de trabajo para mujeres lactantes; 5) apoyo técnico para el establecimiento de centros y guarderías infantiles en el lugar de trabajo; y 6) acceso a la seguridad social. En febrero de 2019, 1.135.855 trabajadores migrantes figuraban en el registro de la seguridad social tailandesa. Los trabajadores migrantes asegurados por el Fondo de Seguridad Social o el Fondo de Indemnización por Accidentes de Trabajo reciben prestaciones o indemnizaciones relacionadas o no con el trabajo, incluidas prestaciones por enfermedad y atención de la salud. Los que no están asegurados por el Fondo de Seguridad Social están protegidos por el sistema de seguro médico del Ministerio de Salud Pública. Para aquellos que no están cubiertos por el Fondo de Indemnización por Accidentes de Trabajo, los empleadores están obligados a pagar indemnizaciones con arreglo a la Ley de Indemnización por Accidentes del Trabajo.

71.El 4 de junio de 2018, Tailandia depositó el instrumento de ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930, de la OIT. La ratificación reafirma los compromisos de Tailandia en materia de prevención y eliminación del trabajo forzoso, así como de protección y reparación para las víctimas del trabajo forzoso en Tailandia. También refleja la intención de Tailandia de mejorar las normas laborales. El 30 de enero de 2019, Tailandia depositó el instrumento de ratificación del Convenio sobre el Trabajo en la Pesca, 2007 (núm. 188), de la OIT, que ha convertido a Tailandia en el 14º Estado miembro de la OIT y el 1er país de Asia en depositar el instrumento de ratificación de dicho Convenio. El Ministerio también ha redactado la Ley de Trabajo en la Pesca, que ha incorporado plenamente las opiniones de todas las partes interesadas obtenidas en seis rondas de audiencias públicas, en las que la mayoría de los participantes convinieron en que la ratificación del Convenio beneficiaría tanto a los empleadores como a los trabajadores, mejorando al mismo tiempo las normas del sector de la pesca y los productos pesqueros de Tailandia.

Mujeres migrantes (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 23)

72.Las trabajadoras migrantes embarazadas gozan del respeto y de los mismos derechos que las trabajadoras tailandesas. El Ministerio de Trabajo no tiene ninguna política para repatriar a estas trabajadoras a sus países de origen. Por el contrario, el Ministerio ha aprobado una política de atención de los trabajadores migrantes, incluidas las trabajadoras extranjeras embarazadas, independientemente de su nacionalidad, mediante conjuntos de medidas de bienestar social, como se menciona en el párrafo 70.

Trata de personas (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 24)

73.Tailandia aplica un enfoque integral que tiene por objeto racionalizar el proceso de lucha contra la trata de personas, promoviendo al mismo tiempo la coordinación y la cooperación efectivas entre los organismos competentes, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y todas las partes interesadas. Los esfuerzos de Tailandia utilizan un enfoque basado en cinco elementos, a saber: 1) marco político y jurídico; 2) enjuiciamiento; 3) protección; 4) prevención; y 5) asociación, a fin de abordar los problemas de la trata de personas de manera sistemática y sostenible.

74.El Gobierno de Tailandia se ha comprometido a aplicar permanentemente las leyes y medidas para luchar contra la trata de personas, entre otras cosas por medio de la promulgación de la Ley contra la Trata de Personas de 2008 y la ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930. En 2015, el Gobierno de Tailandia anunció la lucha contra la trata de personas como programa nacional y la integración de todos los organismos pertinentes para combatir la trata. Tailandia ha pasado del “nivel 2 en observación” al “nivel 2” en el Informe sobre la trata de personas de los Estados Unidos de 2018.

75.Se ha aprobado una serie de leyes y órdenes ministeriales enmendadas para intensificar las penas de los delincuentes condenados y proporcionar una mejor protección a las víctimas; por ejemplo:

La segunda enmienda de la Ley de Prevención y Represión de la Trata de Personas de 2558 de la era budista (2015).

La creación por el Gobierno del Comité de Prevención y Represión de la Trata de Personas, facultado para cerrar organismos o fábricas, suspender el permiso a los infractores, cancelar el permiso de conducir y aplicar todas las medidas necesarias para prevenir nuevos delitos relacionados con la trata de personas.

La tercera enmienda de la Ley de Prevención y Represión de la Trata de Personas por la que se modifican los artículos 4 y 6, incluida la definición de “explotación ilícita”, a fin de que estén más en consonancia con el artículo 3 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

La Ley de Procedimiento Penal en Casos de Trata de Personas de 2559 de la era budista (2016), que prevé una serie de medidas judiciales fundamentales a fin de que el proceso de sentencia sea menos oneroso para las víctimas, entre ellas la posibilidad de que las declaraciones previas al juicio se efectúen por videoconferencia fuera de la sala de audiencias.

La Real Ordenanza sobre la Pesca de 2558 de la era budista (2015) y su Segunda Enmienda de 2560 de la era budista (2017).

La Ley contra el Blanqueo de Dinero de 2558 de la era budista (2015).

La Ley de Lucha contra la Mendicidad de 2559 de la era budista (2016).

76.Tailandia ha establecido dependencias especiales de lucha contra la trata de personas en los tres principales órganos de enjuiciamiento penal para mejorar la eficacia y agilizar el enjuiciamiento de los casos de trata, a saber, la Real Policía Tailandesa, la Fiscalía General y el Tribunal de Justicia. El Gobierno sigue aumentando el presupuesto para la lucha contra la trata de personas, que asciende a 116 millones de dólares para el ejercicio económico de 2018, lo que representa un aumento del 13,5 % con respecto a 2017.

77.El Gobierno ha cambiado su enfoque de investigación y enjuiciamiento por un modelo proactivo basado en la información de inteligencia y una mayor coordinación con los asociados nacionales e internacionales. En 2017 se registraron 302 casos de trata de personas, con 427 sospechosos y 455 víctimas identificadas. En cuanto a los tipos de explotación, la trata de personas con fines de explotación sexual siguió representando la mayoría de los casos en 2017 (255), mientras que hubo 21 casos de trabajo o servicio forzoso y 26 de mendicidad forzosa. Desde 2016, los tribunales de justicia han juzgado los casos de trata de personas con mayor eficacia. De los 732 casos de trata de personas enjuiciados en 2017, se concluyeron 536. La duración necesaria para llegar a un veredicto variaba según la complejidad del caso. Las estadísticas sobre el tiempo necesario para dictar una sentencia indican que 339 casos (el 63,25 % de los casos finalizados) llevaron menos de 6 meses; 153 casos (el 28,54 %), de 6 a 12 meses; 43 casos (el 8,02 %), de 12 a 24 meses; y 1 caso (el 0,19 %), más de 24 meses. Casi todos los casos (el 92 %) se finalizaron en el plazo de un año.

78.El tiempo que los fiscales necesitaron para decidir si procesar o no un caso fue menor en 2017 que en años anteriores. Ese año la Fiscalía General dedicó un promedio de 28,81 días a tomar una decisión de este tipo respecto de los 307 casos de trata de personas registrados. Esta disminución obedeció principalmente a las medidas adoptadas por la Fiscalía General para que los fiscales aceleraran el examen de sus casos de trata de personas y se opusieran a las solicitudes de libertad bajo fianza si ello podía afectar a los casos (riesgo de que los sospechosos huyeran o que alteraran las pruebas) y al aplazamiento de ciertos traslados de sospechosos.

79.Hasta 2017 se encontraron 44 funcionarios públicos que habían estado involucrados en la trata de personas, 16 de los cuales fueron expulsados posteriormente de la administración pública. Con los 11 casos de funcionarios cómplices descubiertos en 2017, el número total aumentó a 55. El Gobierno no solo ha acelerado las audiencias, sino que también ha impuesto sanciones disciplinarias más severas. Otros 10 funcionarios fueron expulsados de la administración pública, con lo que el número de expulsiones ascendió a 26. En el caso de los otros 29 funcionarios, 21 fueron suspendidos de la función pública o trasladados a otros puestos. Con respecto a los 8 funcionarios restantes, se están tomando medidas disciplinarias contra 3, mientras que otros 4 están siendo investigados por la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción. Un exagente de policía no pudo ser objeto de sanciones disciplinarias, ya que su conducta indebida se reveló después de su jubilación.

80.En 2017 el Gobierno prestó asistencia a 360 víctimas de la trata que optaron por recibir protección en los refugios del Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana. De estas, 149 víctimas trabajaban fuera de los refugios y 138 estaban empleadas en estos. Las víctimas de la trata pueden recibir una indemnización por medio de cuatro vías, a saber: el Fondo para la Prevención y Represión de la Trata de Personas, la indemnización laboral, la indemnización para las víctimas de lesiones y la indemnización de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2551 de la era budista. El Fondo para la Prevención y Represión de la Trata de Personas y la indemnización para las víctimas de lesiones son subvenciones del Gobierno, mientras que la indemnización laboral y la indemnización de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2551 de la era budista son reclamaciones a los empleadores o los autores.

81.En 2017, 20 víctimas de la trata recibieron la indemnización para las víctimas de lesiones del Departamento de Protección de Derechos y Libertades, por un valor de 340.000 baht (10.811 dólares). El Fondo para la Prevención y Represión de la Trata de Personas del Ministerio de Salud y Seguridad Social indemnizó a 760 víctimas en el mismo período por un total de 5.641.579 baht (179.382 dólares).

82.La Real Policía Tailandesa ha establecido el Equipo de Tareas sobre Delitos contra Menores por Internet para investigar la trata de niños con fines de explotación sexual facilitada por Internet. En 2018 también estableció el Equipo de Tareas de Lucha contra la Trata de Personas, integrado por agentes del orden, trabajadores sociales y ONG, para aumentar la coordinación de los esfuerzos de aplicación de la legislación contra la trata de personas con fines sexuales y laborales. Además, se han establecido dependencias especializadas en el Tribunal Penal y la Fiscalía General para acelerar y seguir mejorando la eficacia del sistema de justicia penal del país, convirtiendo a Tailandia en el primer país de Asia Sudoriental que cuenta con organismos especializados en la lucha contra la trata de personas en todas las etapas del proceso de justicia penal.

83.Además de sus esfuerzos a lo largo de los años para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, Tailandia ha promulgado nuevas leyes y medidas para mejorar las inspecciones del trabajo, aumentar las sanciones por incumplimiento de la legislación laboral y de pesca y erradicar el trabajo forzoso en la industria pesquera y de elaboración de mariscos. Según las estadísticas, hay más de 400.000 trabajadores empleados en esta industria, de los cuales alrededor de la mitad son extranjeros. Una de las leyes fundamentales del sector es la Real Ordenanza relativa a la Gestión del Empleo de los Trabajadores Migrantes de 2560 de la era budista (2017), como se menciona en el párrafo 66. Este marco jurídico amplio que rige todo el sector de la pesca ha permitido al Gobierno ejercer un control total sobre las actividades pesqueras y detectar cualquier presunta actividad de trata, al tiempo que proporciona los instrumentos para sancionar a los infractores.

84.El sistema de supervisión, control y vigilancia implementado a través de los 31 llamados “centros de control de entrada y salida” es la clave del éxito en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y la trata de personas en la industria pesquera. Estos centros de control están situados en 22 provincias costeras y están equipados con instrumentos de avanzada en aeronaves, vehículos aéreos no tripulados y patrullas marítimas, incluidos buques de vigilancia encubierta. Además, se ha creado la unidad móvil “Equipo de Inspección Aéreo” facultado para realizar inspecciones aleatorias de buques simultáneamente con los centros de control, como medida para comprobar la eficacia del sistema. Gracias a las enérgicas medidas de aplicación de la ley y el proceso de enjuiciamiento acelerado en el país, desde mayo de 2015 se han llevado ante los tribunales penales 4.448 casos de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada o trata de personas.

85.Para fortalecer aún más las actividades de prevención y protección de la mano de obra de la industria transformadora de productos pesqueros y mariscos, Tailandia ha ejecutado el proyecto trilateral sobre los derechos de los trabajadores en altamar y en tierra denominado Ship to Shore Rights con la OIT y la Unión Europea. Según el informe de referencia del proyecto, puesto en marcha en febrero de 2018, la situación laboral general en Tailandia ha mejorado considerablemente debido a una notable reducción de las lesiones y el trabajo infantil. Además, en 2018, el Ministerio de Trabajo nombró otros 275 inspectores del trabajo y, en virtud de la Orden núm. 138/2561 del Ministerio, de 3 de abril de 2018, reforzó su mandato en el sector de la pesca. El Equipo de Tareas sobre Mariscos es otro ejemplo de la colaboración entre los elaboradores, productores, mayoristas y minoristas de mariscos tailandeses, así como con ONG y organismos gubernamentales, con miras a abordar las cuestiones laborales y la pesca ilegal a lo largo de sus cadenas de suministro. El Equipo de Tareas refleja el compromiso de Tailandia de abordar estas cuestiones de manera sostenible y mediante la cooperación entre múltiples interesados.

86.El Gobierno de Tailandia, en colaboración con la OIT, organizaciones de trabajadores y organizaciones de empleadores, está ultimando el Programa de Trabajo Decente por País (PTDP) con objeto de promover el trabajo decente para todos. El memorando de entendimiento sobre el PTDP de Tailandia 2019-2021, cuya firma por las cuatro partes está prevista para abril de 2019, proporcionará una mejor protección a los trabajadores, tailandeses y migrantes por igual, y beneficiará a los empleadores gracias al consiguiente aumento de la productividad y la conducción más sostenible de los negocios.

87.El Gobierno de Tailandia cursó una invitación al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas para que realizara una visita a Tailandia entre el 26 de marzo y el 4 de abril de 2018. En su declaración al término de la misión, el Grupo de Trabajo consideró particularmente útiles las medidas adoptadas por el Gobierno y las asociaciones sectoriales dirigidas por la Asociación Tailandesa de la Industria del Atún, incluida la aprobación de un código de conducta sobre prácticas laborales éticas como requisito para ser miembro de la Asociación y el compromiso de supervisar el cumplimiento de las normas internacionales por los proveedores.

88.Tailandia se ha esforzado por promover la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. El Comité para Prescribir, Preparar, Supervisar y Analizar la Aplicación del Plan de Acción Nacional está preparando desde noviembre de 2016 un proyecto de plan de acción nacional sobre las empresas y los derechos humanos, que ha sido objeto de amplias rondas de consultas públicas y con múltiples interesados en Bangkok y todas las regiones del país. Ha incorporado los contextos, desafíos y necesidades específicos en materia de empresas y derechos humanos de cada región. El actual proyecto de plan de acción nacional tiene cuatro esferas prioritarias: 1) trabajo; 2) tierras, medio ambiente y recursos naturales; 3) defensores de los derechos humanos; y 4) inversiones transfronterizas y empresas multinacionales. Su finalización está prevista a más tardar en 2019. Además, la aplicación del plan de acción nacional contará con el apoyo, entre otros, del Gobierno y el programa de cooperación de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para promover y facilitar una conducta empresarial responsable. Se está elaborando un plan de trabajo de dos años para la cooperación en materia de conducta empresarial responsable.

89.Tailandia ratificó el Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (núm. 111), el 13 de junio de 2017 y el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930, el 4 de junio de 2018, ambos de la OIT. El 4 de diciembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Decreto Real por el que se aclara la definición de “trabajo forzoso” que figura en la Ley de Prevención y Represión de la Trata de Personas, a fin de que se ajuste en mayor grado a las disposiciones del Protocolo. El Decreto Real entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Real. Además, como se menciona en el párrafo 71, el 30 de enero de 2019 Tailandia ratificó el Convenio núm. 188 de la OIT y actualmente se está elaborando el proyecto de ley sobre el trabajo en la pesca.

90.El Gobierno adoptó medidas para reducir la demanda de servicios sexuales con fines comerciales, entre otras cosas investigando y enjuiciando a los delincuentes que compraban niños para que participaran en esos servicios sexuales. El Gobierno elaboró y presentó un vídeo que desalentaba el turismo sexual para que se exhibiera en los vuelos operados por Thai Airways International. El Ministerio de Turismo distribuyó más de 315.000 folletos a profesionales y empresas de turismo y organizó cursos de capacitación para 800 funcionarios públicos locales, trabajadores del sector del turismo, estudiantes, jóvenes y organizaciones de la sociedad civil sobre la prevención de la explotación sexual de los niños en la industria del turismo.

Solicitantes de asilo y refugiados (seguimiento de la carta del Comité de fecha 29 de agosto de 2014)

91.Tailandia ha realizado progresos notables para proteger sistemáticamente a las personas que necesitan protección internacional y las personas desplazadas, así como para encontrar medidas alternativas de largo plazo a la detención de niños.

92.En cuanto a la cuestión de los desplazados de Myanmar, en enero de 2019 había 97.613 desplazados que residían en Tailandia desde 1985 en nueve refugios temporales en cuatro provincias, a saber, Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi y Ratchaburi. Desde 2016, Tailandia y Myanmar han colaborado estrechamente con miras al retorno seguro, voluntario, digno y sostenible de estos desplazados. El Grupo de Trabajo Conjunto sobre la Preparación del Retorno de los Desplazados, presidido por los Secretarios Permanentes de los Ministerios de Relaciones Exteriores de Tailandia y Myanmar, se creó en 2018 con el fin de proporcionar políticas y directrices para el retorno sistemático de los desplazados en un plazo determinado. El Grupo de Trabajo Conjunto se reunió tres veces y regresaron a Myanmar tres grupos, cuyo total ascendió a 729 desplazados. Este éxito ha contribuido a consolidar el impulso y la confianza entre las personas desplazadas respecto de su retorno a Myanmar en condiciones de seguridad, como lo demuestra el creciente número de desplazados que han expresado su interés en regresar a su país. Tailandia también ejecuta programas de asistencia para el desarrollo a fin de promover los medios de subsistencia de las personas desplazadas en las zonas de retorno en Myanmar.

93.Durante 2013 y 2014, Tailandia experimentó una gran afluencia de migrantes ilegales que llegaron al país por el océano Índico, pero desde 2015 ya no se han producido esos movimientos irregulares. Con el fin de encontrar soluciones duraderas para las personas que llegaron a Tailandia, el país coopera con Bangladesh, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tanto en la verificación de la nacionalidad y el retorno al país de origen como en el reasentamiento en un tercer país.

94.En cuanto a la cuestión de los niños migrantes, el 21 de enero de 2019 los siete organismos gubernamentales principales, a saber, la Real Policía Tailandesa, el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, firmaron un memorando de entendimiento sobre la determinación de medidas y enfoques alternativos a la privación de libertad de niños en centros de detención de inmigrantes. El memorando de entendimiento establece las responsabilidades de todos los organismos competentes y les proporciona directrices comunes para integrar los procedimientos destinados a no detener a niños migrantes menores de 18 años. En lugar de permanecer en los centros de detención de inmigrantes, el cuidado de los niños y sus madres o tutores se encomendará al Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana, organizaciones privadas u organizaciones de la sociedad civil a la espera de soluciones de largo plazo. El memorando de entendimiento reafirma el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de los principios humanitarios, conforme a lo prometido por el Excmo. General Prayut Chan-o-cha, Primer Ministro de Tailandia, en la Cumbre de Líderes sobre Refugiados celebrada en Nueva York el 20 de septiembre de 2016.

95.Aunque Tailandia no es parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobada en 1951, ha mostrado una tradición y un compromiso humanitarios de larga data. Como uno de los principales países de tránsito y de destino, Tailandia se ha visto afectada por la afluencia masiva de migrantes en situación regular o irregular procedentes de diversas partes del mundo. En diciembre de 2018, Tailandia se sumó a muchos otros países para aprobar el pacto mundial sobre los refugiados y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en la sesión plenaria del septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General celebrado en Nueva York, demostrando así su voluntad de promover la cooperación internacional y esforzarse en pos de la observancia del principio de la carga y la responsabilidad en la solución de los problemas relacionados con los refugiados y los migrantes a nivel mundial. Actualmente Tailandia también está explorando la posibilidad de adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

B.Otras recomendaciones

Ratificación de otros tratados (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 26)

96.Desde 2012, Tailandia ha firmado los siguientes tratados fundamentales de derechos humanos y sus protocolos facultativos o ha pasado a ser parte en ellos:

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, que entró en vigor para Tailandia el 14 de abril de 2014.

Tailandia firmó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas el 9 de enero de 2012.

El Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2006 (núm. 187), de la OIT, que entró en vigor para Tailandia el 23 de marzo de 2017.

El Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, que entró en vigor para Tailandia el 7 de junio de 2017.

El Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (núm. 111), que entró en vigor para Tailandia el 13 de junio de 2018.

El Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930, que entrará en vigor para Tailandia el 4 de junio de 2019.

El Convenio sobre el Trabajo en la Pesca, 2007 (núm. 188), que entrará en vigor para Tailandia el 30 de enero de 2020.

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, que entró en vigor para Tailandia el 10 de junio de 2016.

Seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 27)

97.Si bien no se ha formulado un plan de acción integral separado, como recomendó el Comité en sus observaciones finales, numerosos planes, reformas y proyectos legislativos, administrativos, educativos y culturales que se detallan en el presente informe periódico se inspiraron en parte en la aplicación de la Declaración de Durban con miras a promover los derechos humanos y prevenir la discriminación contra los extranjeros, incluidos los grupos étnicos y los trabajadores migrantes. Asimismo, como se ha explicado anteriormente, se han adoptado medidas para prevenir la discriminación racial y proteger a las víctimas de conformidad con las leyes y los reglamentos pertinentes.

Declaración relativa al artículo 14 (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 28)

98.Tailandia ha realizado un estudio sobre la declaración relativa al artículo 14 sobre su reconocimiento de la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de su jurisdicción, que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos estipulados en la Convención y ha llegado a la conclusión de que los mecanismos nacionales de reparación existentes están en condiciones de tratar eficazmente las cuestiones de discriminación racial y las violaciones conexas.

Enmienda al artículo 8 (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 29)

99.Pendiente de examen.

Divulgación (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 30)

100.La divulgación del informe inicial de Tailandia y de las observaciones finales del Comité se ha realizado a través de diversos medios, entre ellos el sitio web del Ministerio de Justicia y los talleres celebrados en cinco regiones, incluida Bangkok, con organismos gubernamentales competentes, organizaciones de la sociedad civil y el público en general. Los detalles de las actividades realizadas figuran en el apéndice sobre medidas para prevenir y combatir los prejuicios y promover la comprensión entre las razas y los derechos humanos para todos.

Diálogo con la sociedad civil (CERD/C/THA/CO/1-3, párr. 31)

101.Los organismos competentes han organizado periódicamente y en forma individual o conjunta un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, en particular para luchar contra la discriminación racial en relación con la aplicación de las recomendaciones y la preparación del presente informe periódico.

III.Aplicación de las disposiciones de los artículos 2 a 7 de la Convención

Artículo 1. Definición de discriminación racial

102.La definición de discriminación racial y las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado adelanto de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas se tratan en los párrafos 8 a 13, 15, 16, 31 a 36 y 91 a 95 del presente informe.

Artículo 2. Políticas públicas encaminadas a eliminar la discriminación racial

103.Se tratan en los párrafos 14 a 20, 31 a 36, 46 a 63 y 91 a 95 del presente informe.

Artículo 3. Condena, prevención, prohibición y eliminación de prácticas que constituyan segregación racial y apartheid

104.Tailandia tiene una política firme de fomento del multiculturalismo y las sociedades plurales, así como de prevención de la segregación racial y la discriminación en todas sus formas.

Artículo 4. Contramedidas activas para eliminar los actos de propaganda o de incitación a promover la superioridad, el odio y la discriminación raciales

105.Tailandia retiró la reserva a este artículo, como se menciona en el párrafo 20 del presente informe, y seguirá examinando políticas, leyes y medidas apropiadas y necesarias para promover la erradicación de los actos basados en la superioridad, el odio y la discriminación raciales.

Artículo 5. Igualdad y prohibición de la discriminación en el goce de los derechos

106.Se tratan en los párrafos 15, 16, 21 a 30, 33 a 43 y 46 a 90 del presente informe.

Artículo 6. Recursos efectivos e indemnización para todas las víctimas de la discriminación racial en Tailandia

107.Los recursos efectivos disponibles y el acceso a la justicia para todas las víctimas de la discriminación racial en Tailandia se describen en los párrafos 21 a 23 del presente informe.

Artículo 7. Educación, cultura y divulgación de información para combatir los prejuicios que conducen a la discriminación racial

108.Se tratan en los párrafos 44 y 45 del presente informe. Las actividades detalladas sobre la educación, la cultura y la divulgación de la información para combatir los prejuicios que conducen a la discriminación racial y la promoción de los derechos humanos en Tailandia figuran en el apéndice sobre medidas para prevenir y combatir los prejuicios y promover la comprensión entre las razas y los derechos humanos para todos.

Apéndice

Medidas para prevenir y combatir los prejuicios y promover la comprensión entre las razas y los derechos humanos para todos

Los organismos competentes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones multilaterales han puesto en práctica una amplia gama de medidas para prevenir y combatir los prejuicios y promover la comprensión entre las razas y los derechos humanos para todos en Tailandia, como se indica a continuación:

El Ministerio de Educación desempeña un papel fundamental en la promoción y el fomento de los valores sociales, como el cuidado, el respeto, la responsabilidad, la paz, la armonía y la convivencia en las escuelas. Sus políticas educativas hacen hincapié en la importancia de conservar, restablecer y divulgar el patrimonio cultural, el idioma tailandés y los idiomas locales, la sabiduría y las artes y culturas tradicionales locales, entre otras cosas. Esas políticas se reflejan en los planes de estudios académicos de las escuelas, en particular los relativos a los estudios sociales. Para prevenir el desarrollo de prejuicios y estereotipos dañinos, se enseña a los estudiantes a respetar y promover una sociedad multicultural y multirracial, entre otras cosas mediante plataformas de aprendizaje como juegos, proyectos estudiantiles, campamentos escolares y excursiones a museos y sitios del patrimonio. Además, el Ministerio de Educación ha puesto en práctica estrategias, planes y proyectos específicos para atender las necesidades específicas de los niños y personas de origen étnico en Tailandia de manera integral, por ejemplo: 1) el Plan de Desarrollo Educativo en la Zona Fronteriza (2017-2021), que tiene por objeto mejorar la educación y la calidad de vida de los estudiantes, incluidos los universitarios, y las personas que viven en las zonas fronterizas con Myanmar, la República Democrática Popular Lao y Camboya; y 2) el Proyecto Escolar en Régimen de Asociación Público-Privada en las Provincias de la Frontera Meridional, que utiliza un enfoque amplio e integrado para los niños de esas provincias que aborda la seguridad y la educación, reduce los riesgos y la exposición a estos, y encara las necesidades básicas de los niños, especialmente de familias de bajos ingresos, desfavorecidas y vulnerables, incluidos los huérfanos.

Como se menciona en el informe periódico, el Ministerio de Cultura ha puesto en marcha planes generales de restablecimiento de los modos de vida de los grupos étnicos, como los aplicados en virtud de las resoluciones del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2010 sobre el restablecimiento del modo de vida de los gitanos del mar y de 3 de agosto de 2010 sobre el restablecimiento del modo de vida de los karenes. Ha asignado fondos para que los grupos étnicos organicen actividades, incluidos actos festivos de carácter étnico, para promover y celebrar su tradición y cultura. Ha prestado apoyo financiero a instituciones académicas, como el Centro de Antropología Princesa Maha Chakri Sirindhorn, para la realización de actividades de investigación, divulgación de conocimientos y promoción de la comprensión ciudadana de los grupos étnicos en Tailandia. El objetivo del Centro es fomentar la tolerancia y la conciencia intercultural mediante la investigación antropológica y la educación pública, como el Proyecto de Investigación y Desarrollo de Museos Locales, iniciado conjuntamente con esos museos. Además, se ha emprendido el Proyecto de Apoyo al Proceso de Restablecimiento de los Modos de Vida de los Grupos Étnicos para promover la comprensión y el conocimiento públicos de los grupos étnicos en Tailandia, entre otras cosas mediante la creación de una base de datos nacional y directrices para el restablecimiento de sus modos de vida, la realización de investigaciones académicas y seminarios, y la elaboración del anteproyecto de ley sobre la promoción y conservación de los modos de vida de los grupos étnicos y la celebración de audiencias públicas con esos grupos. Se espera que en virtud del proyecto se promuevan los derechos culturales y las tradiciones de los grupos étnicos y se establezcan mecanismos para mejorar las capacidades de los grupos étnicos, de manera que puedan administrarse por sí solos sobre la base de sus culturas y modos de vida y participar en el desarrollo nacional con otras partes interesadas. Así pues, el proyecto apoya el plan del Gobierno encaminado a promover una sociedad multicultural, proporcionando una base para mejorar la seguridad nacional, combatiendo los prejuicios y reduciendo los enfrentamientos culturales.

El Departamento de Protección de Derechos y Libertades del Ministerio de Justicia, ha puesto en marcha una serie de programas de capacitación y talleres para divulgar y mejorar el conocimiento y la comprensión de los derechos humanos entre los funcionarios públicos, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la ciudadanía en general, con miras a fortalecer la cohesión social y la participación de la comunidad y sentar las bases para crear una sociedad multicultural:

Desde 2014, se han organizado más de 20 talleres interinstitucionales en todas las regiones de Tailandia, incluida Bangkok, para divulgar las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y hacer un seguimiento de los progresos y las dificultades de su aplicación. Asistieron a esos talleres, así como a otros sobre derechos humanos relacionados con el Comité, organismos públicos competentes, organizaciones de la sociedad civil e interesados.

Entre 2015 y 2019, se han organizado cursos de capacitación sobre los principios de derechos humanos para las fuerzas del orden en las provincias de la frontera meridional para al menos 5.371 funcionarios públicos interesados, incluido el personal de seguridad desplegado en esas provincias, a fin de promover su comprensión de los derechos humanos y reducir al mínimo el riesgo de violaciones de esos derechos en el desempeño de sus funciones oficiales.

Desde 2017, se han organizado al menos ocho talleres para promover los principios de los derechos humanos entre los jóvenes de las provincias de la frontera meridional, a los que asistieron 518 jóvenes. Los talleres se centraron en los principios de igualdad, no discriminación, diversidad cultural y multiculturalismo, y entre otras estrategias didácticas se emplearon debates con moderadores, diálogos interactivos, actividades artísticas, música y juegos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha colaborado activamente con los organismos tailandeses competentes y las organizaciones internacionales pertinentes en la promoción de las normas internacionales de derechos humanos y otras normas entre los organismos públicos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los círculos académicos y los medios de comunicación, y el público en general, en particular mediante talleres, cursos de capacitación, seminarios, conferencias y publicaciones. A continuación se consignan las principales actividades:

Con motivo del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores organizó una serie de conferencias sobre derechos humanos a lo largo de 2018. Una de las conferencias incluyó una presentación de la Sra. Tuenjai Deetes, Comisionada Nacional de Derechos Humanos y finalista para Asia del Premio Nansen para los Refugiados 2018, sobre el tema de su experiencia de toda una vida trabajando sobre la apatridia y sus reflexiones sobre los adelantos y los desafíos en la eliminación de la apatridia en Tailandia, realizada en octubre de2018. Asistieron a la actividad más de 100 representantes de organismos públicos, el cuerpo diplomático y organizaciones internacionales en Bangkok, el mundo académico y el público en general.

Se presentaron dos libros infantiles Little Chick and Little Duck. We are different, we are friends y Konmek’s Dream, que tienen por objeto sensibilizar a la infancia y la juventud sobre los principios de derechos humanos y promover el respeto y la aceptación de las diferencias, la no discriminación, la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, la inclusión de las personas vulnerables y la coexistencia pacífica en una sociedad pluralista, como parte de la Serie de Educación en Derechos Humanos del Ministerio.

El 14 de diciembre de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina Regional para Asia Sudoriental y el ACNUR organizaron conjuntamente en el Centro de Arte y Cultura de Bangkok un acto titulado “El 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el primer aniversario del Programa Nacional de Derechos Humanos de Tailandia: hacia una sociedad comprensiva y solidaria”. Asistieron al acto más de 200 representantes de organismos públicos, el cuerpo diplomático, organizaciones internacionales, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y el público en general, incluidos jóvenes. El objetivo del acto fue aumentar la conciencia y la comprensión acerca de los derechos humanos en la sociedad tailandesa, apoyar los esfuerzos en curso para mejorar la labor en materia de derechos humanos en los planos nacional e internacional y reafirmar el compromiso del Gobierno de promover y proteger los derechos humanos en Tailandia y fuera de sus fronteras. El acto se realizó en el marco del Mes de los Derechos Humanos en Tailandia, organizado conjuntamente por organismos públicos, organizaciones internacionales, embajadas extranjeras en Tailandia y organizaciones de la sociedad civil.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en colaboración con el ACNUDH, ha organizado durante dos años consecutivos desde 2018 un taller anual de fomento de la capacidad para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos dirigido a funcionarios gubernamentales que se ocupan de la redacción de esos informes. El primer taller, celebrado en febrero de 2018, se centró en la presentación de informes nacionales al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y el segundo, en marzo de 2019, trató de la presentación de informes nacionales al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha encargado a la Facultad de Artes de la Comunicación de la Universidad de Chulalongkorn que realice un proyecto de investigación titulado “Los medios de comunicación y la promoción y protección de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad”. Los grupos destinatarios de la investigación son las minorías étnicas y las personas con discapacidad, las personas de edad y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). La publicación de los resultados de los estudios está prevista para la primera mitad de 2019.

La Oficina de la Comisión de Administración Pública ofrece un curso de autoaprendizaje sobre derechos humanos básicos de dos meses de duración a través de una plataforma de aprendizaje electrónico para funcionarios públicos y miembros del personal. Todos los años, unos 600 participantes toman este curso de formación.

Las instituciones de enseñanza superior, incluidas las universidades, de Bangkok y otras provincias ofrecen cada vez más cursos sobre derechos humanos para sus estudiantes en diversos niveles, así como para el público en general. Por ejemplo, la Universidad Mahidol ofrece cursos de derechos humanos en las licenciaturas, las maestrías y los doctorados. La Universidad Chulalongkorn organiza un curso de capacitación de tres semanas sobre derechos humanos, justicia en la sociedad y estado de derecho. La Universidad Thammasat tiene un programa de capacitación de siete semanas sobre derechos humanos y legislación de derechos civiles. Otras universidades, como la Universidad Sukhothai Thammathirat, la Universidad de Ubon Ratchathani, la Universidad de Maha Sarakham, la Universidad de Chiang Mai, la Universidad de Mae Fa Luang y la Universidad Payap, así como varias sedes de la Universidad Rajabhat, también ofrecen cursos sobre derechos humanos o cuentan con un departamento de derechos humanos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha ejecutado una serie de programas de formación de formadores sobre educación en derechos humanos y temas conexos para instructores y personal docente a nivel universitario. Desde 2016 ha celebrado memorandos de entendimiento con más de 50 instituciones de enseñanza superior del país. Mediante estos programas, la Comisión se propone, por conducto de los instructores y el personal docente que ha asistido a ellos, divulgar conocimientos y crear conciencia sobre los derechos humanos entre la infancia y la juventud a fin de que impulsen la promoción y protección de los derechos humanos en la sociedad.