Naciones Unidas

CERD/C/THA/CO/1-3/Add.1

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial

Distr. general

14 de enero de 2014

Español

Original: inglés

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Observaciones finales sobre los informes periódicos primero a tercero combinados de Tailandia

Adición

Información recibida de Tailandia sobre el seguimiento de las observaciones finales *

[24 de diciembre de 2013]

1.El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial publicó en su 81º período de sesiones sus recomendaciones relativas a los informes periódicos primero a tercero combinados de Tailandia sobre la aplicación de la Convención y pidió al país que elaborara un informe adicional sobre tres cuestiones que figuraban en las recomendaciones del Comité: 1) la situación de las mujeres tailandesas de origen étnico malayo (párr. 20); 2) la aplicación de leyes especiales en las provincias fronterizas meridionales (párr. 21); y 3) solicitantes de asilo y refugiados (párr. 25).

I.La situación de las mujeres tailandesas de origen étnico malayo (párrafo 20)

Medidas necesarias y medidas legislativas relativas a la igualad de trato y la no discriminación de las mujeres tailandesas de origen étnico malayo

2.La Constitución del Reino de Tailandia garantiza la igualdad de derechos para hombres y mujeres y prohíbe la discriminación ilegal de personas por razón de su origen, raza, idioma, sexo, edad, discapacidad, condición física o salud, situación personal, posición económica o social, creencias religiosas, educación y capacitación, o afiliación política que no infrinja la Constitución (art. 30).

Aplicación

3.Las mujeres tailandesas de origen étnico malayo de las provincias fronterizas meridionales gozan de un trato igual al de sus homólogas tailandesas en otras partes del país. Desde que estalló la violencia en sus localidades en 2004, su bienestar ha sido una prioridad para todas las partes implicadas, ya sean entidades públicas y privadas, instituciones educativas, la sociedad civil, grupos que se ocupan de cuestiones relacionadas con la mujer en todas las regiones del país u organizaciones internacionales. Esos organismos y organizaciones han centrado su labor en mejorar la calidad de vida de dichas mujeres. Han contribuido a empoderarlas en muchos ámbitos como la sensibilización acerca de su propio potencial, el desarrollo profesional para generar ingresos, la promoción del liderazgo y la intensificación de su participación en la sociedad para restablecer unos medios de vida normales y dignos basados en la dignidad humana. Esas actividades también tienen en cuenta, como su elemento fundamental, los principios culturales. A continuación se indica la aplicación específica de esas políticas.

1.Legislación y medidas

4.Se ha presentado un proyecto de ley de promoción de oportunidades e igualdad de género destinado a eliminar la discriminación por motivos de género o de orientación sexual. Dicha discriminación se define como: una acción u omisión encaminada a diferenciar, discriminar, no admitir, restringir derechos o privar a personas de algún derecho específico o de prestaciones, directa o indirectamente, por razón de su género u orientación sexual, así como la realización de actos violentos y la formulación de amenazas sexuales, todos los cuales constituyen actos ilegales. Conforme a ese proyecto de ley, está prohibido el establecimiento de cualquier normativa que pueda considerarse discriminatoria en las organizaciones públicas o privadas. La aplicación efectiva de esa legislación se llevará a cabo mediante la creación de un comité que tendrá la facultad de determinar políticas y medidas, orientar sobre su aplicación a los organismos correspondientes y deliberar sobre los actos incluidos en el ámbito de las disposiciones del proyecto de ley. Se estipulan específicamente las sanciones a imponer a los responsables de vulnerar los derechos de las personas o a las personas que discriminen a otras. Cuando se cometa una vulneración de los derechos de personas que se encuentren bajo la responsabilidad del autor de los hechos o bajo su autoridad o supervisión, se impondrá al culpable una sanción más severa que la que se impondría en otro caso, de forma que el castigo más riguroso sirva para prevenir los abusos de poder por parte de aquellos que ostentan una mayor autoridad. La legislación propuesta también establece un fondo destinado a financiar actividades que brinden oportunidades de tener en cuenta las cuestiones de género y la igualdad entre los géneros.

5.Además, se ha presentado el proyecto de ley de organizaciones administrativas locales, que contiene medidas específicas para eliminar los obstáculos y promover la capacidad de las personas de ejercer sus derechos en pie de igualdad con los otros (en virtud del artículo 30). Todos los agentes pertinentes han procurado asegurar un sistema de cuotas para hombres y mujeres que regule la participación y el empleo teniendo en cuenta las cuestiones de género, a partir del nivel de la administración local. En las organizaciones administrativas de los subdistritos se ha fijado el objetivo de la paridad de géneros entre los miembros de los consejos.

2.Actividades y proyectos

6.El Gobierno Real de Tailandia ha realizado campañas y actividades de capacitación para que se conozca y comprenda mejor la discriminación sexista. Esos programas tienen por objetivo permitir que las mujeres participen en política: por ejemplo, se alienta a los partidos políticos a que establezcan cuotas para los hombres y las mujeres que se presentan como candidatos en las elecciones. En cuanto a la aplicación respecto de las mujeres en las provincias fronterizas meridionales, el Gobierno, junto con diversas organizaciones internacionales, ha promovido el papel de la mujer e incrementado la igualdad. Sirva de ejemplo el proyecto de desarrollo del potencial de la mujer basado en el islam en las 14 provincias meridionales, llevado a cabo por la Oficina para los Asuntos de la Mujer y el Desarrollo de la Familia y el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana, en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este proyecto abarca el período comprendido entre septiembre de 2012 y junio de 2015. La Oficina para los Asuntos de la Mujer y el Desarrollo de la Familia aportó un presupuesto total de 1.200.000 bath (38.700 dólares de los Estados Unidos) y el PNUD asignó un monto de 242.763 dólares de los Estados Unidos para apoyar el desarrollo del potencial de la mujer con miras a lograr su participación en actividades públicas. El objetivo es contribuir a que la mujer desempeñe un papel notorio en el desarrollo de la comunidad, así como en diferentes niveles administrativos, gubernamentales y de adopción de decisiones políticas. El proyecto también pretende recabar el apoyo de los dirigentes religiosos y comunitarios, así como de los organismos pertinentes, para incrementar las oportunidades de la mujer y su participación en el desarrollo económico y social dentro del contexto islámico. Además, contribuye a promover las funciones de la mujer en su comunidad con el objetivo de que, en algún momento, se elija a mujeres para ocupar cargos locales y nacionales. El proyecto recibió un fuerte apoyo político y el Primer Ministro presidió la ceremonia de firma del marco de cooperación del programa entre el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana, el PNUD y la red de musulmanes en las 14 provincias meridionales, que tuvo lugar el 11 de diciembre de 2012. Tras la puesta en marcha del programa, se han realizado las siguientes actividades:

i)El Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana y el PNUD, junto con dirigentes religiosos y comunitarios y organismos interesados, deliberaron sobre formas de lograr la igualdad de género en el desarrollo de sociedades musulmanas en Tailandia. Ello incluye capacitación sobre las funciones de cada género en la familia así como en el desarrollo socioeconómico y político. El objetivo es que se produzca un ajuste en las actitudes entre las mujeres musulmanas, los dirigentes comunitarios, los miembros de los comités islámicos provinciales y el personal de las Oficinas Provinciales de Desarrollo Social y Seguridad Humana de las 14 provincias meridionales.

ii)En cooperación con representantes de distintos grupos como mujeres musulmanas, dirigentes comunitarios, miembros del Comité Islámico Central Provincial y miembros del Comité Islámico Central de Tailandia, así como representantes del Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana, se organizó un seminario sobre desarrollo de liderazgo para mujeres musulmanas en las 14 provincias meridionales. A fin de seguir impartiendo cursos de liderazgo a las mujeres musulmanas, los participantes en el seminario estudiaron los requisitos, las necesidades y la experiencia adquirida tanto dentro como fuera del país.

iii)Se organizó un curso de formación de cuatro días de duración sobre el desarrollo del potencial de las mujeres musulmanas como dirigentes de desarrollo comunitario a nivel local, con el objetivo de abarcar una serie de conocimientos especializados relativos al incremento de la participación política de la mujer en las 14 provincias meridionales. Dichos conocimientos especializados incluían el pensamiento analítico, la capacidad de hablar en público y la redacción de propuestas de proyectos para solicitar apoyo financiero. Se pidió a los participantes que aplicaran lo que habían aprendido en el curso a las actividades que realizaban en sus comunidades locales. Debían compartir la experiencia adquirida e intercambiar las experiencias de trabajo práctico entre las redes de mujeres musulmanas, además de aportar material para la preparación de futuros cursos.

iv)El proyecto de desarrollo del potencial de la mujer basado en el islam en las 14 provincias meridionales dio lugar a asociaciones y reuniones de mujeres musulmanas a nivel regional. A este respecto, se creó el 15 de mayo de 2013 la Asociación de Mujeres Musulmanas para coordinar la prestación de asistencia a dichas mujeres en la red de las 14 provincias meridionales. Asimismo, el proyecto se ha llevado a cabo para mejorar el potencial de la Asociación de Mujeres Musulmanas en la promoción de la participación socioeconómica y política de dichas mujeres. El proyecto se ha presentado para recabar apoyo financiero del Comité Nacional del Fondo para el Desarrollo de la Mujer, creado por el Gobierno a fin de promover el papel de la mujer en las actividades económicas y su participación política.

7.Desde una perspectiva académica, se han organizado seminarios y conferencias para promover los estudios sobre las repercusiones de la violencia en las mujeres en las provincias fronterizas meridionales, a fin de reunir datos sobre las situaciones, las condiciones relacionadas con los problemas y las funciones que desempeñan las mujeres en las localidades, desde diferentes puntos de vista, en relación con la situación de la violencia en la zona. Otros temas de estudio incluyen las repercusiones en la mujer, los criterios para promover el papel de los grupos de mujeres y las redes de consolidación de la paz. Se han creado Deep South Watch, en la Universidad Príncipe de Songkla, y centros de noticias independientes dirigidos por grupos de periodistas para reunir datos e información, recomendar soluciones a los problemas y concienciar en mayor medida a la opinión pública sobre distintos problemas. Su trabajo también contribuye a alentar la acción colectiva para reparar los efectos de los incidentes violentos que están teniendo lugar en las zonas afectadas.

Prestación de asistencia en relación con la situación de violencia en las provincias fronterizas meridionales

8.Tailandia concede especial importancia a otorgar reparación y recursos a las víctimas de la situación de violencia en las provincias fronterizas meridionales, especialmente a las mujeres. La Constitución del Reino de Tailandia, B.E. 2540 (1997), en su artículo 245, párrafo 2, y la Constitución del Reino de Tailandia, B.E. 2550 (2007), en su artículo 40, estipulan los derechos de las personas a recibir asistencia del Estado por los perjuicios causados por actos delictivos cometidos, sin su participación, por terceras personas, y en relación con los cuales no hayan recibido otro tipo de indemnización para mitigar dichos perjuicios.

9.En la presente sección figura información sobre distintos programas de asistencia en las provincias meridionales de Tailandia. Muchos programas redundan en beneficio de las mujeres tailandesas de origen étnico malayo específicamente.

1.Mecanismos operacionales

10.El Gobierno estableció el Comité sobre políticas y recursos para las personas afectadas por los incidentes en las provincias fronterizas meridionales como entidad coordinadora principal encargada de determinar el presupuesto y fijar los criterios para la prestación de asistencia. Dicho Comité está integrado por representantes de todos los organismos interesados: el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Justicia. Es obligatorio otorgar indemnización y prestar asistencia en casos de muerte o lesiones, así como rehabilitación para las personas heridas o con discapacidad, una remuneración mensual para sustento, una remuneración a las personas con discapacidad, una remuneración para los hijos de las personas afectadas y apoyo financiero para las familias de acogida.

11.Se creó el Consejo Asesor para la Promoción de la Paz en las Provincias Fronterizas Meridionales con el objetivo de estudiar y solucionar los problemas relativos a las cuestiones religiosas, recibir opiniones, intercambiar ideas, promover la igualdad, los derechos y las libertades, y proponer soluciones. El Consejo estableció también una institución financiera islámica. Al mismo tiempo estudia, analiza y corrige la situación económica de las localidades. Además, el Consejo mejora las prácticas de la administración pública en las provincias en cuestión. Posteriormente, el Consejo se transformó en el Consejo Asesor para la Administración y el Desarrollo de las Provincias Fronterizas Meridionales. A fin de velar por que se incorpore una perspectiva de género, un representante de los grupos de mujeres de cada provincia formará parte del Consejo.

2.Diferentes acuerdos para la asistencia financiera

Reparación para las personas que sufran daños y se vean afectadas por la situación de violencia en las provincias fronterizas meridionales, de conformidad con la resolución del Consejo de Ministros

12.En 2012 el Consejo de Ministros aprobó una resolución (de fecha 24 de abril de 2012) por la que aprobaba criterios adicionales y métodos para otorgar reparación a las personas que sufran daños y se vean afectadas por los incidentes ocurridos en las provincias fronterizas meridionales, y establecía un crédito de 2.080 millones de bath (67.100.000 dólares de los Estados Unidos) para cuatro grupos de personas: 1) población en general; 2) funcionarios públicos; 3) personas que fueran víctimas de actos cometidos por funcionarios públicos; y 4) responsables de incidentes violentos específicos, personas que se encuentren bajo custodia o privadas de libertad, personas acusadas judicialmente y personas acusadas que se encuentren bajo custodia o privadas de libertad sin haber cometido ningún acto ilícito.

13.Se destinó un presupuesto de 1.000 millones de baht (32.260.000 dólares de los Estados Unidos) para ayudar a esos grupos de personas. Aproximadamente la mitad de ese importe se destinó a gastos de indemnización a personas que hubieran sido víctimas de actos cometidos por funcionarios públicos y a otros casos específicos. Esta reparación inicial proporciona una asistencia de 500.000 baht (16.130 dólares) por persona. Si el Comité sobre políticas y recursos para las personas afectadas por los incidentes en las provincias fronterizas meridionales considera que un incidente es atribuible a un acto cometido por funcionarios públicos o a una vulneración de los derechos humanos, puede aprobar una reparación adicional que no exceda de 7 millones de baht (225.810 dólares). Esos dos tipos de reparaciones pueden combinarse pero no exceder de 7,5 millones de baht (241.940 dólares). Para la población en general que se ha visto afectada por la violencia, se ha destinado un total de 500 millones de baht (16.130.000 dólares) a modo de indemnización. De esa cantidad, 200 millones de baht (6.451.615 dólares) se han asignado a los funcionarios públicos que sufran perjuicios y 300 millones de baht (9.677.420 dólares) están destinados a las personas bajo custodia o privadas de libertad, a personas enjuiciadas de las que se haya demostrado posteriormente que no habían participado en el acto ilícito o a aquellas cuyas acusaciones sean retiradas o las causas sobreseídas.

14.Las personas afectadas pertenecientes a los grupos 2 a 4 mencionados anteriormente ya han obtenido la reparación durante el ejercicio fiscal de 2012. Los restantes afectados, pertenecientes al grupo 1 (población en general), tienen derecho actualmente a una reparación adicional en los casos de muerte y discapacidad por valor de 500.000 baht (16.130 dólares), según se aprobó en la resolución citada del Consejo de Ministros. Este pago adicional se divide en cuatro plazos de 100.000 baht (3.225 dólares) cada uno pagaderos a lo largo de cuatro ejercicios fiscales, lo que representa un aumento hasta alcanzar una reparación de 500.000 baht (16.125 dólares) por caso si se ha producido la muerte, en comparación con la reparación original de 100.000 baht (3.225 dólares) por caso.

Indemnización en virtud de la Ley de daños y perjuicios para la persona lesionada y reparación y costas a cargo del acusado, B.E. 2544 (2001)

15.Esta Ley dispone los daños infligidos a las partes perjudicadas a fin de determinar la indemnización y las costas a cargo de los demandados en casos penales. Respecto de las tres provincias fronterizas meridionales, que se enfrentan a múltiples dificultades, el Gobierno ha prestado asistencia gracias a esta Ley por un importe total de 34 millones de baht (1.096.775 dólares). En 2012-2013, aproximadamente 4.000 personas recibieron asistencia financiera, de las que 191 eran mujeres.

Asistencia económica para imprevistos con arreglo a las medidas especiales destinadas a huérfanos y viudas

16.Según un informe del Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana, a 5 de agosto de 2013 el número de personas afectadas por la situación de violencia en las provincias fronterizas meridionales incluía a 5.385 huérfanos y 2.698 viudas. En el período comprendido entre 2004 y 2012, esas personas habían recibido asistencia en forma de reparación gracias a medidas especiales adoptadas por el Ministerio de conformidad con dos resoluciones del Consejo de Ministros (de fechas 31 de mayo de 2005 y 1 de agosto de 2007) y por el Comité sobre políticas y recursos para las personas afectadas por los incidentes en las provincias fronterizas meridionales. Aproximadamente 8.500 personas recibieron 183.215.300 baht (5.910.170 dólares) en pagos de distintos tipos: asistencia económica para imprevistos en casos de muerte y lesiones; pagos en concepto de consolación y para la rehabilitación física tras las lesiones; pagos mensuales continuados para estudios de primer ciclo universitario destinados a huérfanos; pagos mensuales para el sustento de víctimas con discapacidad; y apoyo financiero para familias de acogida. En 2013 se proporcionó a 8.638 personas una asistencia adicional por valor de 171.148.200 baht (5.520.910 dólares). Por lo tanto, se proporcionó una suma total de 354,3 millones de baht (11,4 millones de dólares) con arreglo a las medidas especiales (a 5 de agosto de 2013).

Asistencia ocupacional y de generación de ingresos procedente de la sociedad civil y el sector privado

17.El apoyo prestado en esta categoría, destinado en gran medida a mujeres de las provincias fronterizas meridionales, incluye lo siguiente.

18.La Asociación de Mujeres por la Paz de las Provincias Fronterizas Meridionales ha proporcionado apoyo psicológico, asesoramiento, materiales y otras formas de ayuda a las personas afectadas, entre lo que se cuenta:

i)Una medida de reparación para los huérfanos que han sufrido la pérdida de un ser querido tras los incidentes violentos.

ii)Asistencia a las viudas.

iii)Medidas de reparación para las personas afectadas cuyos medios de vida se hubieran visto amenazados por la pérdida de los cabezas de familia. La Asociación proporcionó asesoramiento psicológico fundamental y apoyo moral desde la perspectiva y los valores de las mujeres. Además, difundió información sobre el modo de presentar una solicitud de apoyo ante el sistema de justicia. Posteriormente, promovió oportunidades de generación de ingresos entre las personas afectadas que hubieran sufrido pérdidas de ingresos por su falta de conocimientos especializados adecuados o su desconocimiento del ámbito jurídico y de los procedimientos judiciales para hacer valer sus derechos. Se crearon nuevas oportunidades ocupacionales y de generación de ingresos al aprovechar los recursos y conocimientos locales y agrupar las líneas de producción. Ese planteamiento dio resultados positivos y sirvió de ejemplo para grupos de mujeres en otras localidades. Entre los grupos que sirvieron de modelo figuran el Grupo de procesamiento de alimentos del distrito de Yaha y el Grupo de manufacturas textiles del subdistrito de Basai, en la provincia de Yala.

19.Además, los grupos de mujeres que resultaron más castigados por los incidentes violentos en las provincias fronterizas meridionales se reunieron para realizar actividades de reparación a fin de apoyar a otros grupos de personas afectadas. Entre ellos figuran el Grupo de Mujeres en Conexión por la Paz (Sor Six), el Grupo Mujeres y Paz, el Grupo de Redes de Mujeres para poner fin a la violencia y promover la consolidación de la paz en las provincias fronterizas meridionales, el Luk Riang (Tree Bean) Group, etc.

20.En cuanto al sector privado, se han puesto en marcha proyectos destinados a promover y desarrollar la calidad de vida a través de la promoción ocupacional. Un ejemplo a destacar es el Taeng Mo Samannachan (Conexión Reparadora Sandía) Group, que empezó a funcionar en 2005-2006 en la comunidad Ban Bokoh, subdistrito de Sako, distrito de Sungai Padi, provincia de Narathiwat. Ya había existido en la zona un grupo profesional de confección a máquina, pero Siam Hand (Taeng Mo) Co., Ltd., una empresa privada, valoró las funciones que desempeñaban las personas para hacer frente a las dificultades de las mujeres, por lo que empezó a colaborar con la 4ª Región del Ejército para promover grupos de amas de casa que cosieran a máquina, admitiendo a 12 miembros del grupo ya existente en un curso de formación de 60 días en la fábrica de la empresa, situada en la provincia de Nakhon Pathom. El curso constó tanto de conocimientos especializados como de formación para la gestión. Puesto que los miembros del grupo ya conocían relativamente bien las técnicas de costura, pudieron adquirir técnicas avanzadas en 30 días y volvieron a la comunidad de Ban Bokoh con un fondo inicial destinado a construir un centro de formación profesional para el Taeng Mo Samannachan Group. Otras formas de apoyo incluyeron el suministro de máquinas de coser, capital y trabajos. Ese fue un tipo de apoyo adecuado para que el grupo experimentara una renovación dinámica. En la actualidad el grupo ha crecido hasta convertirse en una empresa comunitaria con una base firme y sostenible, integrada por más de 50 miembros. Como consecuencia de la promoción del potencial y el papel de la mujer en las provincias fronterizas meridionales, las mujeres están participando cada vez más en el mundo laboral y el empleo. Las estadísticas recientes indican que las oportunidades de empleo centradas en las localidades de las tres provincias, Yala, Narathiwat y Pattani, mostraban en 2008 una tendencia admirable. Se ha empoderado a las mujeres para tener acceso a sistemas destinados a inscribirse para solicitar empleo y a servicios de contratación. Hasta ahora, se han incorporado a la fuerza de trabajo local un total de 3.541 mujeres, en comparación con 2.209 hombres.

3.Reparación y rehabilitación psíquicas

21.El Ministerio de Salud Pública ha desarrollado programas y prácticas de rehabilitación en el ámbito de la salud psíquica para personas afectadas por la situación en las provincias fronterizas meridionales. El Ministerio incorpora sistemas de atención de la salud psíquica en esas localidades. Esa política ha creado un corpus de conocimientos sobre las personas afectadas por la situación de violencia. Al mismo tiempo, ha reforzado las redes comunitarias para asegurar la capacidad de los miembros de cuidar de sus hijos y para confiar en sí mismos a largo plazo. El Ministerio también ha desarrollado mecanismos rectores de las políticas a nivel tanto nacional como ministerial. Las medidas y los patrones necesarios para el cuidado infantil se han institucionalizado sistemáticamente por medio de comunicaciones, difusión de datos basada en los medios de comunicación, organización de distintos foros públicos en las provincias fronterizas meridionales, así como el desarrollo de la capacidad del personal y el establecimiento en las localidades de centros de reparación. Además, hay entidades privadas que han participado en esa labor, como la Asociación de Mujeres por la Paz de las Provincias Fronterizas Meridionales, como ya se ha indicado en los párrafos 18 a 20 supra.

4.Promoción del potencial y la función de la mujer en las provincias fronterizas meridionales

22.Las mujeres de las provincias fronterizas meridionales desempeñan funciones activas en la administración y el desarrollo de sus localidades, como miembros del Consejo Asesor para la administración y el desarrollo de las provincias fronterizas meridionales, dependiente del Centro Administrativo de las Provincias Fronterizas Meridionales. En dichas provincias hay 5 mujeres representantes, de un total de 49 consejeros, procedentes de todos los sectores de la sociedad. Cada una de esas 5 mujeres representa a 1 de las 5 provincias y su mandato dura tres años. Además, el Consejo Asesor incluye también a unos diez miembros cualificados que conocen a fondo las cuestiones relativas a las mujeres, los niños, los jóvenes, las personas de edad y las personas con discapacidad.

23.En lo que concierne a las organizaciones no gubernamentales, la Fundación Red de Mujeres por la Paz se fundó en 2012 con distintos objetivos: crear una red de poder de mujeres en relación con la paz y la transmisión de nociones basadas en la paz; alentar a la sociedad en general a promover la consolidación de la paz mediante acciones colectivas de todos los grupos sociales. En particular, la red contribuye a incrementar la participación de la mujer en los ámbitos político, económico, social y cultural, y a crear un corpus de conocimientos relativo a la paz y a los procesos de establecimiento de la paz. A continuación se citan ejemplos de proyectos concretos para mejorar la capacidad de las mujeres en los procesos de establecimiento de la paz mediante la realización de actividades en febrero de 2013 destinadas a desarrollar su potencial y sus funciones en las provincias fronterizas meridionales. Esos proyectos se ejecutan en cooperación con el Instituto de Estudios para la Paz de la Universidad Príncipe de Songkhla:

i)Se organizó un foro para recabar las aportaciones de representantes de las estudiantes en la Escuela Superior de Estudios Islámicos de la Universidad Príncipe de Songkhla, Campus de Pattani, en el que participaron 20 personas de instituciones educativas, incluidos profesores, investigadores y estudiantes. Se alentó a las estudiantes a manifestar su punto de vista respecto del concepto de paz que deseaban, lo que incluía la felicidad, el equilibrio físico y psíquico, las obligaciones para con la sociedad, la racionalidad, la equidad, la justicia, etc. El ejercicio contribuyó a recabar enfoques de procedimiento para lograr la paz en las localidades. Todos los participantes se interesaron con entusiasmo en el debate y mostraron su deseo de introducir elementos para reforzar la posición de las mujeres en la consolidación de la paz, a fin de asegurar que estas se sientan orgullosas de encontrar su propio lugar en la sociedad. Los participantes convinieron en que los enfoques sobre la paz requieren comprensión, paciencia, perdón, apertura de mente y valoración de las diferencias, así como espíritu de cuerpo, ayuda mutua y unidad. Además, hubo un intercambio de ideas y de información para determinar las características más prominentes de cada localidad a fin de crear una mayor concienciación, lo que se esperaba culminara en etapas posteriores en la promoción de una sabiduría local orientada al desarrollo.

ii)Se alentó a la celebración de debates entre grupos de mujeres en las provincias fronterizas meridionales para centrarse en la paz, como el de la Asociación de Mujeres por la Paz de las Provincias Fronterizas Meridionales, en la provincia de Yala. La presidenta, coordinadores de la asociación, investigadores y coordinadores de proyectos participaron en el debate para buscar colectivamente enfoques concretos y permanentes de la consolidación de la paz en las provincias fronterizas meridionales.

iii)Se organizaron actividades para reunir información relativa a las redes de mujeres en las localidades, a fin de promover la cooperación y alentar a la consolidación de la paz in situ de forma concreta y práctica.

II.Aplicación de leyes especiales en las provincias fronterizasmeridionales (párrafo 21)

24.El Gobierno Real de Tailandia ha promovido y protegido los derechos de las personas contemplados en la Constitución, por lo que la aplicación de leyes especiales en las tres provincias fronterizas meridionales se basa en los principios de derechos humanos y se realiza haciendo hincapié en la transparencia y la rendición de cuentas.

Aplicación de la legislación especial en las provincias fronterizas meridionales

25.En vista de la intensidad cada vez mayor de las situaciones violentas en las provincias fronterizas meridionales desde 2004, Tailandia ha aplicado una legislación de seguridad especial para lidiar con la situación de manera puntual, velando por la seguridad de la población en general. La legislación especial también era necesaria para abordar los problemas diversos y complicados, así como los actos de violencia cometidos contra la población y los funcionarios públicos. La simple aplicación del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal normales no basta porque sus disposiciones son limitadas respecto de la reunión de pruebas, las facultades para determinar la reclusión, las investigaciones y averiguaciones, y las vistas y procedimientos judiciales. Además, se necesitaba legislación especial para facilitar a los funcionarios la realización de sus funciones.

26.Se promulgaron tres leyes de seguridad especiales para ser aplicadas en las provincias fronterizas meridionales: la Ley de declaración de la ley marcial B.E. 2457 (1914), el Decreto de emergencia sobre la administración pública en situaciones de imprevistas B.E. 2548 (2005) y la Ley de seguridad interior B.E. 2551 (2008). La decisión sobre la aplicación de la legislación de seguridad especial viene determinada por situaciones específicas y por la intensidad de incidentes concretos, que pueden variar de una localidad a otra. En la actualidad, la legislación constituye solo una serie de medidas jurídicas suplementarias, más que sustituir el procedimiento de justicia penal. Además, en la práctica, los organismos de seguridad han publicado normativas, procedimientos y directrices que sirven de guía práctica a los funcionarios para actuar de manera efectiva y eficiente. El objetivo de esas disposiciones detalladas es reducir al mínimo las posibles consecuencias negativas entre la población y promover el respeto de los derechos humanos. Esas directrices se aplican a las prácticas que requiere el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios, como los registros y las detenciones, y se presta especial atención a los principios religiosos y la cultura locales.

Leyes especiales en las tres provincias fronterizas meridionales

1.Ley de declaración de la ley marcial B.E. 2457 (1914)

27.La Ley de declaración de la ley marcial B.E. 2457 (1914) autoriza al ejército a proclamar la ley marcial cuando lo exijan los problemas relativos al orden público y la seguridad del Estado tanto dentro como fuera del país. Tras la promulgación de la ley marcial, el ejército está autorizado a ejercer sus funciones en las localidades correspondientes, en virtud de las condiciones estipuladas, a fin de garantizar el orden público en la localidad.

2.Decreto de emergencia sobre la administración pública en situacionesimprevistas B.E. 2548 (2005)

28.El Decreto de emergencia sobre la administración pública en situaciones imprevistas B.E. 2548 (2005) puede aplicarse por períodos de tres meses. En general, la Oficina del Consejo de Seguridad Nacional debe proponer la promulgación, por un estado de emergencia inminente, al Consejo de Ministros, que decidirá su prórroga periódica en caso necesario. El Consejo de Ministros aprobó una resolución el 29 de diciembre de 2010 para anular la aplicación del Decreto en determinadas localidades, incluido el distrito de Mae Lan, en la provincia de Pattani. También se anuló la aplicación de la Ley de declaración de la ley marcial B.E. 2457 (1914) en cuatro distritos de la provincia de Songkhla.

29.Cabe destacar que el Decreto de emergencia no permite la detención de sospechosos ni la privación de libertad a capricho sin límite de tiempo, procedimiento judicial ni orden de citación. Los familiares de los sospechosos detenidos pueden visitarlos diariamente. Asimismo se permite que los sospechosos tengan acceso a un abogado y puedan solicitar la libertad bajo fianza. Además, para asegurar la transparencia del sistema, se ha invitado a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, así a como a miembros del cuerpo diplomático, a que visiten los lugares de detención de los sospechosos.

30.Se garantiza igualmente la rendición de cuentas y el estado de derecho. El 1 de marzo de 2011 se publicó en el Boletín Oficial una advertencia del Excmo. Sr. Sobchoke Sukharom, Presidente del Tribunal Supremo, relativa a la consideración de los requisitos para la detención y la privación de libertad en virtud del Decreto de emergencia sobre la administración pública en situaciones imprevistas B.E. 2548 (2005), a modo de guía de referencia para respetar la rendición de cuentas y el estado de derecho. En ella se destaca la importancia de proteger los derechos y las libertades de la población y el estado de derecho. El anuncio también recomendaba directrices para los funcionarios cuando emitan órdenes de detención y privación de libertad, directrices para los tribunales de segunda instancia cuando examinen dichas órdenes y consideraciones relativas a la justificación de toda detención y privación de libertad.

31.Por ejemplo, los funcionarios autorizados para emitir una orden de detención o de privación de libertad tendrán que presentar un informe al tribunal en las 48 horas siguientes a la ejecución de la orden. Hay que facilitar fotos del detenido, así como la información sobre el lugar de la detención y otros requisitos, para asegurar la legalidad de la detención y garantizar los derechos y libertades sin discriminación. Esta advertencia del Presidente del Tribunal Supremo ha ocasionado una revisión y una mejora sustanciales de la forma en que los funcionarios desempeñan sus funciones, de manera que los derechos de los sospechosos y de los acusados estén protegidos adecuadamente.

32.Cuando se considere necesario incoar actuaciones penales contra el responsable de un incidente violento, los funcionarios correspondientes no aplicarán medidas de detención y privación de libertad, sino que deben entablar una acción penal contra la persona en cuestión inmediatamente, con arreglo al Código de Procedimiento Penal, así como a la legislación relativa al establecimiento de tribunales en los subdistritos y la legislación de procedimiento penal aplicable en dichos tribunales. Se exige a las autoridades que notifiquen claramente al acusado sus cargos y sus derechos y que inicien las actuaciones adecuadas: solicitar que se aplacen las actuaciones procesales o solicitar que se acuerde un período de detención, o proceder, en su caso, con las actuaciones. Cuando se trate de un niño o un joven, el caso se tramitará con arreglo a la Ley de procedimiento de los tribunales de menores y de familia.

33.El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial muestra preocupación por la prevención de las torturas que pudieran infligir los funcionarios de seguridad durante el desempeño de sus funciones. A este respecto, Tailandia ha prestado especial atención a los derechos y libertades de las personas respecto de su vida y de su cuerpo, tal como se dispone en la Constitución. En ninguna circunstancia se infligirán torturas ni tormentos, ni se impondrán castigos crueles o inhumanos. No se practicarán detenciones, privaciones de libertad, registros físicos ni actos que afecten a los derechos y libertades de las personas, a excepción de aquellos ejecutados en virtud de la ley. Además, existen distintos instrumentos de apoyo, como un manual sobre la aplicación de la legislación especial para ocuparse de las cuestiones relativas a la seguridad en las provincias fronterizas meridionales y la mencionada advertencia del Presidente del Tribunal Supremo, así como distintas normas y reglamentos para prevenir la vulneración de los derechos humanos. También se han instaurado diversos mecanismos de denuncia a través de organizaciones públicas y de la sociedad civil. Por ejemplo, en el sector público, existen organizaciones encargadas de vigilar, verificar e investigar de conformidad con la Constitución, como el Ombudsman y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A este respecto, el poder judicial comprende el Tribunal Constitucional, los Tribunales de Justicia y el Tribunal Administrativo, y el Ministerio de Justicia ejerce de coordinador en el sector administrativo, especialmente a través de sus Oficinas Provinciales de Justicia y el Departamento de Protección de los Derechos y las Libertades. Son igualmente importantes diversas organizaciones de la sociedad civil que han vigilado y supervisado estrechamente la actuación de las autoridades públicas para velar por que estas se ajusten a las leyes y respeten los derechos humanos.

3.Ley de seguridad interior B.E. 2551 (2008)

34.La Ley de seguridad interior B.E. 2551 (2008), en su artículo 21, establece que los tribunales están autorizados a tomar en consideración las solicitudes presentadas por los fiscales para adoptar las disposiciones necesarias a fin de que un acusado pueda asistir a cursos de orientación y formación en lugar de verse sometido a un procedimiento penal. Dicha alternativa se permite para las personas que se encuentren en las circunstancias siguientes: una persona acusada de haber cometido un delito relacionado con la seguridad del Reino que ha decidido entregarse o que ha cometido dicho delito por error o inconscientemente. A ese respecto, y a fin de asegurar la uniformidad de las prácticas, el Presidente del Tribunal Supremo (Excmo. Sr. Sobchoke Sukharom) hizo pública una nota el 16 de febrero de 2011 para establecer el modo de permitir que un acusado asista a un curso de orientación y formación en lugar de ser acusado de un delito con arreglo a la Ley de seguridad interior B.E. 2551 (2008). Se deben seguir ciertos procedimientos. Antes de aceptar la solicitud, los tribunales deben averiguar si el acusado conviene en asistir a un curso de orientación y formación y cumplir las condiciones establecidas por el tribunal. Se deben especificar claramente la fecha y los métodos de formación. Por último, el período de formación no debe exceder de seis meses, a partir de la fecha en la que el tribunal emite la orden.

35.La aplicación de leyes especiales en las provincias fronterizas meridionales se caracteriza por la labor que se ha realizado para mitigar progresivamente la situación, utilizando enfoques más indulgentes y flexibles. Esto ha quedado claramente patente en el cambio que se ha producido de la Ley de declaración de la ley marcial al Decreto de emergencia sobre la administración pública en situaciones imprevistas, y finalmente al mecanismo de la Ley de seguridad interior. En el primer marco, los militares estaban autorizados a promulgar la ley marcial y a adoptar medidas en las localidades sometidas a esa ley a fin de restablecer el orden público durante un período de tiempo sin especificar. Sin embargo, con arreglo al segundo marco, el Decreto de emergencia sobre la administración pública en situaciones imprevistas se aplicará durante un período de tres meses y puede solicitarse su renovación. En virtud de la Ley de seguridad interior, existe la posibilidad de adoptar medidas más indulgentes. Por ejemplo, las personas acusadas tienen la opción de asistir a un curso de orientación y formación impuesto por el tribunal en lugar de enfrentar un procedimiento penal.

Además, recientemente Tailandia ha procurado en mayor medida reparar esa cuestión utilizando métodos pacíficos y recurriendo especialmente a negociaciones con los responsables de los disturbios; la primera ronda de negociaciones empezó en febrero de 2013. Esa labor negociadora se ha visto progresivamente coronada por el éxito, como demuestra la mejora de la situación que se produjo durante los meses del Ramadán.

Capacitación para los oficiales de seguridad

36.Con miras a aplicar leyes especiales, se debe asegurar que los oficiales que ejercen sus funciones en esos ámbitos entiendan los instrumentos legislativos vigentes. A ese respecto, el Comando de Vanguardia de la Región 4, del Comando de Operaciones de Seguridad Interior (ISOC), creó una división de derechos humanos y ha impartido capacitación previa a la realización de operaciones sobre el terreno. Asimismo, se ha creado un Centro de Evaluación de las Operaciones del Comando de Vanguardia de la Región 4 del ISOC, junto con un equipo de tareas especiales, para regular el ejercicio de las funciones de los oficiales.

37.Respecto de las detenciones y los registros, los oficiales trabajan en función de las pruebas y los datos reunidos sin prejuicios. Para proceder a una detención, se necesita una aprobación triple, de los oficiales administrativos, policiales y militares, y se deben respetar estrictamente los requisitos legales. Cuando se requiera el uso de la fuerza, la operación debe llevarse a cabo de conformidad con los procedimientos de funcionamiento establecidos por las autoridades de seguridad. Para ayudar a dicha operación, la Dirección de Inteligencia, la Sede de las Fuerzas Armadas Reales de Tailandia, elaboró un manual para los oficiales de seguridad que ejerzan funciones relacionadas con las obligaciones en materia de derechos humanos, el cual contiene legislación básica y referencias específicas a las operaciones en las provincias fronterizas meridionales, y un libro sobre los derechos humanos y la legislación básica para los oficiales de seguridad. Además, se han publicado directrices destinadas a regular las operaciones de las autoridades de seguridad respecto de los acusados o sospechosos detenidos para asegurar que esas prácticas se lleven a cabo respetando las leyes pertinentes. Las directrices forman parte de la política para mejorar el conocimiento que los oficiales de todos lo niveles tienen de los principios de derechos humanos, las normas de derechos humanos y la legislación pertinente. Toda esa labor constituye un mecanismo adicional para prevenir y reducir las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos.

III.Solicitantes de asilo y refugiados (párrafo 25)

38.La información relativa a la presente recomendación puede dividirse en dos partes: 1) personas desplazadas, y 2) migrantes irregulares, que en este caso se refiere a los migrantes irregulares rohingya.

1.Personas desplazadas

39.Tailandia ha aplicado sus políticas respecto de las personas desplazadas durante muchos decenios basándose en principios humanitarios. En el marco del sistema vigente actualmente en el país para resolver la cuestión de los desplazados procedentes de países vecinos, el Subcomité para la Gestión de los Desplazados ejerce de mecanismo normativo de coordinación, presidido por el Secretario General del Consejo de Seguridad Nacional e integrado por representantes de los organismos interesados. Además, se ha creado un mecanismo operativo local, la Junta de Admisión Provincial, que en cada provincia está presidida por el Gobernador Provincial e integrada por representantes de los organismos situados en las localidades correspondientes y representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

40.Cuando los desplazados cruzan la frontera hacia Tailandia, las fuerzas militares deben ser el primer punto de contacto y dirigirse a las personas que llegan para cumplir la reglamentación y evaluar la situación en el país de origen. Si no se ha detectado ninguna situación de violencia, los oficiales militares facilitarán el regreso de esos desplazados. Si se ha determinado que la situación en el país de origen es todavía insegura, las autoridades tailandesas deliberarán, desde el punto de vista del procedimiento, sobre las posibles medidas de protección para dichos desplazados. La Junta de Admisión Provincial examinará la situación de cada ciudadano de Myanmar que solicite protección con arreglo a las condiciones estipuladas por las autoridades tailandesas. El ACNUR puede recurrir ante la Junta de Apelaciones y solicitar que se vuelva a examinar el proceso.

41.La Junta de Admisión Provincial examina la situación de los desplazados y ha desarrollado un conjunto de procedimientos y criterios a tal efecto. Además, el ACNUR ha colaborado estrechamente con la Junta para velar por que dicha tarea se ajuste a las normas internacionales. Al deliberar sobre la posibilidad de admitir o no a los desplazados en albergues provisionales, las partes afectadas deben tener en cuenta la situación en el país de origen así como los principios humanitarios. La Junta de Admisión Provincial también puede considerar la posibilidad de instalar a las personas en un tercer país mediante un acuerdo acelerado especial en los casos en que se vean afectados miembros de la misma familia, personas con problemas de salud y otras que necesiten especial protección. Solo las personas debidamente inscritas en el Ministerio del Interior y el ACNUR tienen derecho a esos acuerdos especiales. Por otro lado, el Ministerio del Interior ha elaborado un manual de funcionamiento para distribuirlo entre las autoridades competentes. El ACNUR también ha proporcionado a los funcionarios encargados de la clasificación de los desplazados una lista de las personas desplazadas pendientes de inscribir que se encuentran en nueve albergues provisionales y desean reunirse con sus familiares (1.129 familias a 5 de julio de 2012), a fin de facilitar los procedimientos de los funcionarios de manera que esas personas puedan vivir con sus familiares en los albergues provisionales, según proceda.

42.La asistencia humanitaria prestada a los desplazados muestra claramente que Tailandia cumple sus obligaciones relativas a los derechos humanos en las relaciones que mantiene actualmente el país con este grupo particular de seres humanos. Tailandia ha mejorado y adaptado sus enfoques operacionales en respuesta a las necesidades y exigencias de los desplazados. El país ha revisado periódicamente sus posibilidades para adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951. En cada revisión, las partes interesadas tienen en cuenta los acontecimientos pertinentes que se han producido en el país y fuera de él, así como las informaciones procedentes de otros sectores para asegurar que cada revisión incluya el marco normativo y las mejoras introducidas en la prestación de asistencia.

2.Rohingya

43.Tailandia ha ampliado la prestación de asistencia a las personas de diferentes nacionalidades y grupos étnicos que entran en el país y necesitan protección, a la espera de las soluciones adecuadas en cumplimiento de las leyes internacionales aplicables y las obligaciones contraídas, junto con los principios humanitarios y de derechos humanos. Asimismo, el país ha revisado y mejorado sus políticas y medidas para responder de manera más eficaz y apropiada a los cambios de situación que se han producido.

En enero de 2013, más de 2.000 rohingyas viajaron de manera irregular a Tailandia. Si bien su entrada en el país es ilegal con arreglo a la Ley de inmigración B.E. 2522 (1979), Tailandia encargó a determinados organismos que supervisaran e hicieran los trámites necesarios para prestar asistencia sistemáticamente a esos rohingyas.

44.Tailandia ha adoptado medidas a corto y largo plazo para velar por que se trate la cuestión de los rohingyas con arreglo a los principios humanitarios. La aplicación de las medidas a largo plazo corre a cargo de la Oficina del Consejo de Seguridad Nacional, el organismo coordinador de las operaciones relativas a los rohingyas en virtud de la estrategia para solucionar la cuestión de la migración irregular con arreglo a la resolución del Consejo de Ministros de fecha 24 de abril de 2012. A este respecto, la información sobre este asunto se presentó al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en Ginebra con ocasión de la presentación oral del último informe de Tailandia, en agosto de 2012, durante la cual se consideró y subrayó que la mencionada estrategia para supervisar la migración irregular se basaba en principios humanitarios. El país ha tratado a los inmigrantes rohingyas del mismo modo que a los desplazados procedentes de los países vecinos, relajando determinadas normas para permitir que permanezcan en Tailandia provisionalmente y, con posterioridad, alentando y facilitando sus viajes de regreso a sus países de origen o a un tercer país, según proceda, de manera voluntaria. En este sentido, Tailandia ha adoptado medidas en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a fin de garantizar la seguridad de los inmigrantes rohingyas.

45.En cuanto a las medidas a corto plazo, todos los organismos públicos afectados han desempeñado su función a fin de supervisar y prestar los medios necesarios para alojar a los inmigrantes rohingyas. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana ha aplicado distintas medidas a corto plazo, como la provisión de alojamiento a los niños y las mujeres, la Oficina de Inmigración ha incluido a los inmigrantes rohingyas varones en su lista de supervisión obligatoria y el Ministerio de Salud Pública se ha encargado de la salud de dichos inmigrantes. Esas disposiciones oficiales de apoyo se han complementado con la asistencia adicional prestada en todo el país por miembros de la población, que han donado gran cantidad de suministros y alimentos básicos. En el mismo orden de cosas, las redes musulmanas de Tailandia manifestaron su disponibilidad a ayudar a los rohingyas y también han prestado apoyo. La expulsión de esos inmigrantes a sus zonas de origen, donde quizás existan todavía peligros y condiciones inseguras, no se considera viable, teniendo en cuenta también la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la que Tailandia es parte. Entretanto, se ha encargado al Ministerio de Relaciones Exteriores que difunda información y negocie con los países afectados, así como con las organizaciones internacionales pertinentes, para solucionar la cuestión de los rohingyas.