Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Honduras*

Adición

Información suministrada por Honduras sobre el seguimiento de las observaciones finales *

[Fecha de recepción: 14 de diciembre de 2018]

Introducción

El Estado de Honduras compareció ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para sustentar su informe periódico referente a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). El Comité aprobó en el 65° periodo de sesiones, del 24 de octubre al 18 de noviembre del 2016 las observaciones finales y solicitó que el Estado de Honduras en el plazo de dos años, proporcione información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los párrafos 13 a) y d), y 29 a) y b.

En tal sentido, el Estado de Honduras en cumplimiento de sus compromisos internacionales, elaboró el presente informe de seguimiento sobre la implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité, a través de la Secretaría de Derechos Humanos como ente encargado de coordinar los informes en materia de derechos humanos.

La información contenida en el presente documento fue brindada por las instituciones estatales competentes que conforman el Grupo Especial de Respuesta en Derechos Humanos, que a su vez integran la Mesa Temática de Mujer del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Honduras.

Honduras reafirma su voluntad en el cumplimiento de sus compromisos internacionales y se compromete a presentar su próximo informe periódico.

Informe de Seguimiento a las Recomendaciones: 13, Inciso a) y d); 29, Inciso a) y b).

El Comité recuerda su recomendación anterior (CEDAW/C/HON/CO/6, párr. 13) y su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la justicia, y recomienda al Estado parte que:

Inciso a) Fortalezca el sistema judicial, en particular mediante mayores recursos financieros, técnicos y humanos especializados, con miras a la tramitación de casos de manera oportuna, no discriminatoria y competente, que tenga en cuenta las cuestiones de género.

En vinculación a la recomendación núm. 13 de las observaciones finales del Comité (2007), y el párrafo 33 de la recomendación general núm. 33 (2015), sobre las campañas sostenidas de divulgación jurídica focalizada en las mujeres, el Instituto Nacional de la Mujer publicó el documento que contiene las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, las cuales se socializan y distribuyen en los procesos de fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios públicos en materia de género y derechos humanos. Asimismo, se realizó una compilación de bolsillo de 9 instrumentos internacionales de derechos humanos, de los cuales Honduras rinde informe a los diversos mecanismos de seguimiento.

Igualmente, acorde con el párrafo núm. 29 de la recomendación general núm. 33, (2015) sobre el acceso a la justicia, como producto de la alianza estratégica del Instituto Nacional de la Mujer con Ayuda en Acción y la Escuela Judicial, en 2018 se implementó el “Curso de Género y Derechos Humanos”, el cual contempla en su formación curricular los instrumentos de derechos humanos de las mujeres, destacándose la CEDAW como la convención paradigmática en relación a los derechos humanos de las mujeres. El curso es impartido a Jueces, Magistrados y Fiscales del Ministerio Público. En este curso se incorporará como un módulo específico en la curricula del Poder Judicial a través de la Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro de manera permanente a partir del año 2019. En 2018 se capacitaron a 45 profesionales en la atención a la violencia contra las mujeres, de los municipios de Las Lajas, La libertad, Sulaco y Victoria.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos inició el “Curso Especializado en Derechos Humanos para servidoras/es Estatales”, el cual está dirigido a los funcionarios/as que integran la red de puntos focales de derechos humanos del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Honduras. El curso tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de los/las funcionarios/as del Estado de Honduras en el Sistema de Protección de Derechos Humanos. Dentro de la currícula se cuenta con el módulo específico sobre "Derechos de las mujeres y violencia de género: Estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres, la trata, violencia contra las mujeres y feminicidio".

Respecto al inciso a), vinculado con el párrafo 39 de la recomendación general núm. 33 (2015), sobre el fortalecimiento del sistema judicial, desde el 2015 se ha incorporado en las Disposiciones Generales del Presupuesto de la República la asignación de recursos para ejecutar acciones orientadas a reducir la brecha de género e impulsar de manera transversal el II Plan de Igualdad y Equidad de Género y el Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres en la planificación y presupuestación de la gestión públicsa.

Asimismo, a partir del 2018 se ha incorporado el mandato en los Lineamientos de Política Presupuestaria. Para el monitoreo de este mandato se aplica anualmente el mecanismo del Índice de Inversión en Género, a fin de medir con mayor claridad cuanto es el porcentaje que las instituciones invierten en los temas de mujer y equidad de género.

A continuación, se detalla el presupuesto del Poder Judicial y el Ministerio Público del periodo 2015 a2018:

Gráfica No 1

Fuente: Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República de Honduras

El Ministerio Público creó la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) la cual tiene como objetivo la defensa del interés social, el reconocimiento, promoción y protección de sus derechos; así como, de toda persona jurídica, dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos y a la libertad de expresión, en riesgo por su actividad.

Esta fiscalía cuenta con una Sección Especializada de Recepción de Denuncias; una Sección de Enjuiciamiento de Empleados, Servidores y Funcionarios Públicos; y una Sección de Enjuiciamiento a Personas Particulares. Por su parte, la Secretaría de Seguridad asignó 10 agentes de la Dirección Policial de Investigación para el fortalecimiento de la FEPRODDHH y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH).

Asimismo, se ha aumentado el número de fiscales de la FEDH, actualmente cuenta con 17 fiscales asignados a la cuidad de Tegucigalpa; 5 fiscales asignados en la ciudad de San Pedro Sula; 2 fiscales asignados a la cuidad de La Ceiba; 1 fiscal asignado en la cuidad de Choluteca; y 1 fiscal asignado en la cuidad de Tocoa, para un total de 26 fiscales a nivel nacional.

De octubre 2017 a marzo de 2018, se crearon: a) la Unidad de Trata de Personas, Explotación Sexual Comercial y Tráfico ilícito de personas; b) la Fiscalía Regional de Santa Bárbara; c) la Fiscalía Local de Quimistan; d) la Fiscalía Local de Villanueva; y e) la Fiscalía Regional del Bajo Aguán.

Inciso d) Vele por que las mujeres y las niñas tengan acceso a asistencia diferenciada para víctimas y testigos, y a programas de protección, y promueva la ampliación e institucionalización del modelo de atención integral a las víctimas, que actualmente es solo un programa piloto.

Con referencia a que las mujeres y las niñas tengan acceso a asistencia diferenciada para víctimas y testigos, el Ministerio Público dentro de su Plan Estratégico, contempla como objetivo asegurar la atención y protección a testigos y víctimas, a fin de generar una política que promueva y facilite su participación en el proceso mediante una efectiva prestación de servicios de orientación, protección y apoyo. Asimismo, mejorar los mecanismos y herramientas de evaluación de riesgo, para otorgar medidas de protección.

Actualmente, se implementan procesos de trabajo que permitirán detectar desde el inicio de la investigación, cuáles son las necesidades individuales de testigos y víctimas con el objetivo de orientarlas y apoyarlas efectivamente.

Respecto a la ampliación e institucionalización del Módulo de Atención Integral Especializada (MAIE) para mujeres y niñas, se informa que actualmente, el Estado de Honduras amplió su cobertura, creando en total 25 MAIE ubicados en las ciudades de Tegucigalpa (5), La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Bárbara, Choluteca, Comayagua, El Progreso, Santa Rosa de Copán, La Esperanza, La Paz, Danlí, Gracias Lempira, Tela, Siguatepeque, Márcala, Ocotepeque, Talanga, La Entrada, Juticalpa, Catacamas y Choloma.

De 2016 a diciembre de 2018, se han recibido 15,870 denuncias en perjuicio de mujeres por razones de género y otros grupos vulnerables de las cuales 7,896 son denuncias por violencia doméstica y 7,974 por otros delitos. Del total de denuncias recibidas por violencia doméstica, se impusieron 3,939 medidas de seguridad a los agresores, para evitar daños a la integridad física, psicológica de las víctimas.

Como parte de la atención brindada en los módulos, se remite a las mujeres y niñas en un lugar seguro, como casas refugio, encargándose del traslado de la víctima y sus hijos cuando se cuente con un centro de refugio en su comunidad. Asimismo, se brinda el respectivo acompañamiento cuando la víctima tenga que acudir a otras instituciones o instancias internas para el seguimiento durante el proceso para evitar que abandone el mismo. Igualmente, los módulos procuran en gran manera, garantizar los principios fundamentales como la no revictimización, debida diligencia, valoración de los casos con perspectiva de género, entre otros, a fin de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.

Referente a la institucionalización de los módulos, es importante mencionar que el mecanismo de coordinación del MAIE con otros sectores, constituyen un Equipo Técnico Operativo conformado por diferentes actores/as pertenecientes a la sociedad civil y al Estado, cuya misión es detectar las falencias, vacíos y necesidades observados en los procesos de atención, a fin de promover la implementación de medidas o procedimientos necesarios para subsanar dichas falencias, mejorar la calidad de respuesta y fortalecer las coordinaciones interinstitucionales.

Por su parte, el Instituto Nacional de la Mujer a través de los Módulos de Atención a la Violencia contra la Mujer, ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma, en los diversos Centros Ciudad Mujer, donde se facilita el acceso a la justicia a las mujeres y se brinda atención integral en sus comunidades mediante la articulación interinstitucional.

Siguiendo con las líneas de acción contenidas en el Plan Estratégico del Ministerio Público, se han instalado mesas de trabajo mediante las cuales la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer en Tegucigalpa, Fiscalías Regionales y Locales en conjunto con otras instituciones del Estado y Sociedad Civil, exponen a través de espacios de diálogo abierto, intercambio de opiniones y experiencias en torno a los problemas en los procesos motivados por razones de género.

Otra medida importante adoptada es la creación de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a la Muertes Violentas de Mujeres y los Femicidios, la cual fue instalada formalmente por el Presidente de la República en el mes de agosto del 2018. La Comisión está integrada por 1) Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC y la Fiscalía de Delitos Contra la Vida; 2) Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; 3) Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; 4) Instituto Nacional de la Mujer (INAM); Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH); y, 6) Tres (3) representantes de organizaciones de mujeres vinculadas al tema de femicidios en el país.

Igualmente, se destaca la elaboración del Protocolo de Atención a Víctimas y/o Sobrevivientes de Violencia Sexual, el cual se encuentra en fase de validación.

Finalmente, se informa que se remitió al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Casas Refugios, destinadas a proteger la integridad física de la mujer víctima de violencia y sus hijos.

El Comité recomienda al Estado parte que:

Inciso a) Adopte y aplique sin dilación medidas efectivas para proteger a las defensoras de los derechos humanos a fin de que puedan llevar a cabo libremente su importante labor, sin miedo y sin verse amenazadas de sufrir violencia y acoso.

En cuanto a las medidas adoptadas para proteger a las defensoras de los derechos humanos, se informa al Comité que, mediante la aplicación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, al 30 de septiembre del 2018, se encuentran bajo la responsabilidad de la Dirección General del Sistema de Protección (DGSP) un total de 52 medidas de protección a mujeres lo que representa el 33% del total de las medidas de protección individuales (158), las mismas se clasifican de la siguiente manera: 31corresponden a mujeres defensoras de derechos humanos; 12periodistas; 3 a comunicadores sociales; y 6 a operadores de justicia.

Las medidas brindadas son las siguientes:

a)Medidas policiales: Acompañamientos puntuales; patrullajes en el lugar de domicilio y trabajo de las y los beneficiarios; escolta policial y enlace policial; chaleco; reubicación temporal;

b)Medidas de infraestructura y tecnológicas: Instalación de cámaras de seguridad con circuito cerrado de televisión en casa y lugar de trabajo; la instalación de puertas de seguridad y llavines en puertas de acceso;

c)Medidas preventivas: curso de autoprotección; impulso a investigación de los hechos denunciados; llamado a autoridades; reconocimiento de sus acciones; capacitación a las autoridades locales sobre el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo;

d)Otras medidas: atención psicológica, emisión de carnet que identifica a las personas beneficiarias del mecanismo de protección, estipendio para cubrir combustible, salario mínimo para que el beneficiario pague una persona que le acompañe o motoristas, entre otros.

Otra medida adoptada es el reconocimiento público de la importante labor que realizan las defensoras de derechos humanos. El Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, emitió cuatro comunicados públicos instando el reconocimiento de la labor que realizan y que se colabore con las mismas en su ejercicio. Uno de los comunicados reconoce la labor de las defensoras, el cual se elaboró en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el marco de la visita oficial del Relator Michel Forst, entre el 29 de abril al 12 de mayo del 2018.

Por otra parte, la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Inmediata de la DGSP evalúa por medio del Formato de Estudio de Evaluación para la Acción Inmediata, variables que permiten ponderar las amenazas y vulnerabilidades del o la peticionaria. Dicho formato incluye entre las vulnerabilidades que se analizan factores diferenciales y de género tales como: sexo, orientación sexual, identidad de género, pertenencia a Pueblos Indígenas y Afrohondureños, desplazamientos forzados y discapacidad entre otras condiciones de especial vulnerabilidad.

Por otra parte, se desarrollaron 6 talleres y grupos focales con organizaciones de mujeres para la construcción de la Metodología de Análisis de Riesgo con Enfoque de Mujer, y su respectivo instrumento técnico de valoración objetiva de riesgo, con la asistencia técnica proporcionada por la Organización Freedom House.

Igualmente, se desarrollaron 3 talleres de capacitación dirigidas al personal de la Unidad de Análisis de Riesgo, para la aplicación de dicha metodología e instrumento, además se realizó un taller con el personal de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción, dando como resultado una prueba piloto.

Inciso b) Aplique la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, y elabore un protocolo con una perspectiva de género para investigar, enjuiciar y castigar las agresiones y otras formas de abuso cometidas contra defensoras de los derechos humanos.

En aplicación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, al 30 de septiembre del 2018, a nivel general se han atendido 370 solicitudes de medidas de protección, de las cuales, 206 se encuentran bajo la responsabilidad de la DGSP; de estas 158 son medidas de protección individuales y 48 colectivas, las mismas se clasifican de la siguiente manera:

a)127 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 86 medidas de protección son individuales, y 41 medidas de protección son colectivas.

b)32 periodistas, 29 son medidas de protección individuales y 3 son medidas de protección colectivas.

c)27 comunicadores sociales, 24 son medidas de protección individuales y 3 son colectivas, y

d)20 operadores de justicia, 19 medidas de protección individuales y 1 es una medida colectiva.

Asimismo, se han consensuado un total de 1,709 medidas de protección entre las personas beneficiarias, sus representantes y el Comité Técnico del Mecanismo de Protección. Las medidas de protección incluyen medidas de infraestructura y tecnología, emisión de comunicados, capacitaciones, así como medidas duras de seguridad con las cuales se garantiza el derecho a la vida e integridad de los defensores, y que a la vez les permite continuar ejerciendo su labor.

Es importante destacar que de las 1, 709 medidas consensuadas con los beneficiarios de abril del 2017 al 30 de septiembre del 2018, 441 son medidas de protección policiales, lo que representan un 26% del total.

En 2018 se logró estructurar la Unidad de Prevención y Análisis de Contexto de la DGSP, que realizará diagnósticos focalizados de riesgo, mapas de riesgo, contexto y patrones de agresión. A la fecha cuenta con 2 analistas de contexto.

Respecto a la elaboración de manuales y protocolos con perspectiva de género para investigar, enjuiciar y castigar las agresiones y otras formas de abuso cometidas contra defensoras de los derechos humanos, el Ministerio Público cuenta con una Guía de Investigación Única en general de los delitos, el cual incluye dentro de sus directrices los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión para defensoras de los derechos humanos a fin de garantizar a las mismas su labor desde la institucionalidad del Ministerio Público como representante de los intereses generales de la sociedad.

De igual forma, el Ministerio Público ha elaborado manuales de actuación sobre delitos contra la libertad de expresión, para funcionarios encargados de investigar y juzgar tales delitos, incluidos policías, fiscales y jueces.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos construyó con la cooperación externa y con la participación activa de Organizaciones de Derechos Humanos, un (1) instrumentos de evaluación de riesgo con enfoque de género, habiéndose realizado a la fecha una prueba piloto del instrumento. El mismo permitirá realizar las evaluaciones de riesgo de las personas beneficiarias aplicando el Principio Igualdad de Trato, No Discriminación y Enfoque Diferenciado en el cual se fundamenta la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

La FEDH conjuntamente con la Agencia Técnica Investigación Criminal y la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, han iniciado el proceso para la elaboración el protocolo para investigar, enjuiciar y castigar las agresiones contra defensoras de derechos humanos.