contra la Mujer

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención

Séptimo y octavo informes periódicos que los Estados partes debían presentar en 2012

Nota : El presente documento se distribuye únicament e en español, francés e inglés.

* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.

Honduras*

[Fecha de recepción: 27 de febrero de 2015]

1.Aspectos generales

Resumen del proceso realizado en la elaboración del informe de la CEDAW realizado por el INAM

Sírvanse proporcionar información sobre el proceso de preparación de los informes periódicos siete y ocho combinados sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). La información debe indicar los departamentos gubernamentales que participaron en esa tarea y el carácter y alcance de tal participación, si se celebraron consultas con organizaciones no gubernamentales .

Para la realización del informe se contrató una consultora para la búsqueda de la información requerida, no obstante se realizó un proceso de coordinación interinstitucional bajo la coordinación del INAM.

a.Se convocó a Secretarios/as de Estado y Directores/as de instituciones y se les informó sobre el proceso de elaboración del informe.

b.En la reunión se logra obtener un compromiso que cada institución nombre personal de enlace.

c.Se integra un equipo con cada una de las contrapartes.

d.Se realizó un taller de formación con las contrapartes para orientarlas en relación a la información solicitada por la CEDAW.

e.Consultas con la sociedad civil y el movimiento amplio de mujeres.

Las instituciones que participaron en el proceso fueron: Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA); Instituto Nacional Agrario (INA); Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Estado en el Despacho de Salud; Secretaría de Estado en el Despacho de Educación; Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (STSS); Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores; Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional; Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas; Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio (SIC); Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad; Ministerio Público; Corte Suprema de Justicia - Centro de Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ); Fondo de Naciones Unidas para la Infancia; Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC); Instituto Nacional de la Mujer (INAM); II Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género Honduras 2010-2020 (II PIEGH) Comité Interinstitucional contra la Explotación Sexual y Trata; Mesa Interagencial de Género (MIG).

El Estado Hondureño hace formal presentación del séptimo y octavo Informe conjunto, siguiendo las directrices del Comité para la preparación de los informes periódicos. El informe intenta ilustrar entre 2007 y primer semestre de 2012 los procesos, las medidas adoptadas y de los resultados obtenidos en seguimiento a las disposiciones de la CEDAW y las recomendaciones señaladas en las observaciones finales.

Cabe mencionar que este proceso ha sido liderado por el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), el mismo ha sido producto de un proceso medianamente participativo, pues se ha conformado el Comité Interinstitucional de Género, CIG-CEDAW con el fin de recopilar la mayor cantidad de información posible especializada de las distintas instancias para el período. Cabe mencionar que el acceso a datos de diferentes periodos presidenciales ha sido dificultoso.

En este informe se hace un esfuerzo por reflejar la situación y las medidas tomadas para beneficiar a la población de mujeres niñas, adultas y adultas mayores.

El Instituto Nacional de la Mujer (INAM), ha liderado el proceso de rendición de cuentas desde 1998. Desde entonces El Estado hondureño ha presentado seis informes.

El último proceso de construcción del documento informe anterior fue elaborado en el 2005 por el INAM que lideró el Comité Interinstitucional de Género que detalló sobre los esfuerzos estatales realizados para implementar las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer(CEDAW).

El Comité examinó los informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados de Honduras en sus sesiones 797ª y 798ª, celebradas el 26 de julio de 2007.

Ya han pasado 4 años y en este momento se propone iniciar el proceso de elaboración del informe oficial para el periodo 2007-2010.

2.Informe sobre Artículos 1 al 16 de CEDAW

2.1.Artículo 1

No Discriminación. El estado de Honduras informa que ha avanzado en la búsqueda de la igualdad de los derechos de las mujeres; asumiendo este que la desigualdad de las mujeres requiere no solo legislación sino una transversalización en todos los ámbitos estatales para el reconocimiento de sus derechos en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. La Constitución de la República especifica en su artículo 60 “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto.”

Para superar la situación de violaciones a los Derechos humanos, el Congreso Nacional de la República el 25 de febrero del corriente año, derogó el Decreto No. 6 emitido por la Asamblea Nacional Constituyente de fecha 03 de abril de 1936 relativo a la Ley de Estado de Sitio, que atentaba contra los derechos y las libertades fundamentales.

Se ha presentado ante el Congreso Nacional de la República el anteproyecto de reforma del Artículo 333 del Código Penal relativo al delito de desaparición forzada de personas (trasladado a la Comisión de Dictamen correspondiente). También se ha presentado ante el Congreso Nacional de la República el anteproyecto de Ley de Reparación a las Víctimas por Violación a los Derechos Humanos, la cual ha sido trasladado a la Comisión de Dictamen respectiva.

El Estado de Honduras ha adoptado un Protocolo de Protección con la sola alegación por parte del Defensor de que existe una situación de riesgo, estableciendo en consenso con la víctima las medidas de protección para garantizar la integridad y la seguridad personal del beneficiario y una investigación sobre el origen de las presuntas amenazas y asegurar el respeto pleno a los Derechos Humanos.

Reconocimiento de su responsabilidad internacional en un acto público celebrado en fecha 10 de junio del corriente 2011, por el asesinato de la ambientalista hondureña Blanca Jeannette Kawas Fernández el 6 de febrero de 1995, habiendo presentado el titular del Poder Ejecutivo las disculpas a los miembros de la familia Kawas y a la sociedad hondureña al reconocer la lucha inquebrantable realizada por la desaparecida ambientalista, destacando su permanente defensa por la protección y la conservación del ambiente y el desarrollo del Parque Nacional en Punta Sal, en la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida.

En 2011 la Secretaría de Derechos Humanos presentó ante el Congreso Nacional de la República el anteproyecto de reforma del Art. 117 del Código Penal relativo al delito de asesinato, adicionando como circunstancia calificada cometerlo “con odio o desprecio en razón de sexo, género, religión, origen nacional, pertenencia a pueblos indígenas y afro descendientes, orientación sexual o identidad de género, edad, estado civil o discapacidad, ideología, opinión política de la víctima"; y el anteproyecto de reforma del Art. 321 del Código Penal, que regula el delito de discriminación, adicionando la conducta realizada “por motivos de sexo, género, edad, orientación sexual, identidad de género, opinión política, estado civil, pertenencia a pueblos indígenas y afro descendientes, idioma, lengua, nacionalidad, religión, filiación familiar, condición económica o social, capacidades diferentes o discapacidad, condiciones de salud, apariencia física o cualquier otra que atente contra la dignidad humana de la víctima”. Los principales sistemas de información los manejan, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Poder Judicial a través del Centro Electrónico de Documentación e información del Poder Judicial.

2.2.Artículo 2

Medidas contra la discriminación. El Estado reporta que ha tomado medidas tanto legislativas y estructurales para reducir la discriminación contra las mujeres y las niñas.

Reporta laexistencia de la Mesa Interagencial de Género (MIG),integrada por representantes de las agencias de cooperación, con el objetivo de propiciar la consolidación de la cooperación, a fin de canalizar recursos orientados a la implementación de acciones de la Política Nacional de la Mujer – II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022- II PIEGH ,la cual es política de Estado y que deberá entenderse como el marco institucional de referencia para lograr avances en el Índice de Desarrollo Humano relativo al Género (IDG) y en el Índice de Potenciación de Género (IPG). Se hace especial énfasis en las acciones dirigidas a las mujeres en situación de pobreza. En este marco, el INAM, asume su rol de rector y de articulador para la inclusión del Enfoque de Equidad de Género en las políticas públicas. Una de las acciones concretas es el desarrollo de instrumentos y de mecanismos de coordinación e implementación entre las diferentes instituciones estatales, concretándose roles y funciones.

En las observaciones de 2007 el comité instó al Estado de Honduras a hacer análisis estadísticos sobre la situación de la mujer desagregada por sexo, edad, etnia, sector rural y urbano, que indiquen los efectos de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la consecución práctica de una igualdad sustantiva para la mujer.

Una representante del Instituto Nacional de Estadísticas - INE, del Instituto Nacional de la Mujer INAM y el Programa de la Agenda Económica de las Mujeres- AGEM, participó en esta actividad internacional, realizada del 5-7 de septiembre de 2007 en Aguas Calientes, México. Copatrocinado por INEGI, UNIFEM, el Instituto de las Mujeres de México y también por el UNFPA y la CEPAL. Conlleva el fin de dar cumplimiento a las conferencias internacionales en materia de estadísticas género. Se insta a los mecanismos de la mujer a establecer alianzas con los institutos de estadísticas. En este espacio se intercambian experiencias y se discuten los avances de orden conceptual y metodológico así como del análisis y el uso de las estadísticas e indicadores de género en las políticas públicas. Participan en este evento los Institutos de Estadísticas y mecanismos gubernamentales para la mujer de la región de América Latina y el Caribe. Por Honduras participaron Selma Estrada, Ministra INAM, Martha Leiva por el INE y Amparo Canales del INAM/AGEM.

En seguimiento, en julio 2007, en el marco del Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e Internacional 2007-2009, en la IV Reunión de la Conferencia.

Estadística de las Américas Honduras acuerda la creación de un grupo de trabajo sobre estadísticas de género, con el “propósito de alentar los esfuerzos para sistematizar la información estadística nacional con Enfoque de Género y promover la realización de la encuesta del uso del tiempo en todos los países para medir la contribución no remunerada de las mujeres y el envío sistemático y regular a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la información estadística correspondiente para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”; con el propósito de fortalecer las capacidades nacionales en la generación y producción de estadísticas con enfoque de género, se suscribió el convenio de cooperación entre el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con el objetivo de desarrollar capacidades para el funcionamiento de un sistema nacional de estadísticas con enfoque de género, a lo largo del año 2007, 2008 y 2009 para el seguimiento de dichos objetivos.

En 2008, se desarrolla el proceso de revisión y análisis de conceptos básicos de género en la producción de información estadística y su relevancia para las políticas públicas en el marco del Plan de Trabajo del INE-INAM. Se logra conocer los alcances y limitaciones de la información estadística tanto para mejorar su producción y uso, como parar ofrecer información relevante para la formulación y seguimiento de las políticas públicas. Se incluyó en el Diplomado de “Investigación y Análisis del Mercado Laboral”, coordinado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad (Dirección General de Empleo/Observatorio del Mercado Laboral, el Módulo sobre Estadísticas de Género en el Análisis del Mercado Laboral. Se comienza capacitación y trabajo con el Comité Interinstitucional del Sistema de Indicadores de Niñez, Mujer y Adolescencia, integrado por el Registro Nacional de las Personas, IHADFA, Secretaría de Educación, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Secretaría de Seguridad, Poder Judicial, Centro de Derechos de la Mujer, INFOP, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Medicina Forense, UNFPA, Banco Central de Honduras, COHEP, Asociación Hondureña de Maquiladores, Secretaría de Salud, INAM, INE.

En mayo 2009, en el marco de las acciones realizadas para la implementación del II Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022 (II PIEGH); el INAM desarrollo Indicadores con Enfoque de Género, con el propósito de poder dar cumplimiento a las directrices y traducir el II PIEGH en un sistema de indicadores acordes con la Gestión Basada en Resultados, incluidos en el Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la Unidad de Apoyo Técnico de la Secretaría de la Presidencia (UNAT). El apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina (FLACSO), con el apoyo financiero del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNIFEM), en el marco del Programa del Acuerdo de Asociación entre la Comisión Europea y Naciones Unidas sobre “Igualdad de Género para el Desarrollo y la Paz”.

En 2009, destaca como logro la construcción del set de 103 indicadores de género en el INE con el apoyo de CEPAL.

En 2009, como resultado de todas las acciones realizadas para lograr la incorporación del enfoque de género en la generación de estadísticas en Honduras, se ha revisado la boleta de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples y se han incorporado cambios y nuevas preguntas al cuestionario. Desde 2009, se publican en el sitio web del INE, los documentos generados, en coordinación con INAM (ver Anexo 1).

Las fuentes oficiales tomadas para este resumen son: 1/ INE, Encuesta Permanente de Hogares, Mayo 20112/ INE, ENDESA - Mujeres 2005-2006, Hombres 2005-2006; 3/ INE, Proyecciones de Población a partir del Censo de Población 2001 (2001-2015); 4/ Investigación sobre Mortalidad Materna y de Mujeres en Edad Reproductiva en Honduras (MER, 1997); 5/ INE, Encuesta Permanente de Hogares, Modulo de Migración y Remesas, Mayo 2011; 6/ Corte Suprema de Justicia, Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial. Juzgado de Letras con Competencia de Violencia Doméstica, 2007; 7/ Congreso Nacional, Página Web, 2007; 8/ PARLACEN, 2007.

En mayo 2009, se logra la incorporación de un Módulo sobre el Uso del Tiempo, en la XXXVIII Encuesta Permanente de Hogares, un avance importante en la generación de estadísticas de género incluyendo 5 preguntas que permitan dar visibilidad a la carga de trabajo que les corresponde específicamente a las mujeres por atender dos jornadas de trabajo. Las preguntas del módulo junto con las preguntas relativas a las horas dedicadas al trabajo remunerado, permitirán estimar la carga global de trabajo de mujeres y hombres (remunerado y no remunerado), hacer visible la división de esa carga de trabajo entre mujeres y hombres; conocer cómo se reparte, entre los integrantes del hogar el trabajo doméstico y de cuidados brindados a: niñas(os) ancianas(os), enfermas(os) según sexo, grupos de edad, estado civil, tipos de hogares, presencia de menores en el hogar, presencia de personas con limitaciones permanentes para realizar actividades cotidianas y nivel de ingreso de los hogares, así como analizar las interrelaciones entre el trabajo remunerado y no remunerado. Con ello se podrán sentar algunas bases para la elaboración futura de cuentas satélite del trabajo no remunerado (ver Anexo 2).

En la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples realizada en Septiembre del 2008, se incluyó una pregunta nueva para poder obtener información sobre las modalidades de trabajo doméstico remunerado con dormida afuera, ya que en la encuesta solo se obtenía información de trabajo doméstico remunerado con dormida adentro.

En la Primer Encuentro Regional de Estadísticas Económicas donde el Estado de Honduras se compromete con la generación de 6 indicadores de género para la Agenda.

Económica de las Mujeres para permitir el análisis económico con enfoque de género, a fin de favorecer la producción de conocimientos y aportar información para las políticas públicas en cinco países de Centroamérica (ver Anexo 3).

En 2008, se emite el REGLAMENTO DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER(LIOM )de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las mujeres: el Estado garantiza la formación integral e igualitaria de mujeres y hombres bajo el concepto de responsabilidad solidaria.

La Transversalización ha sido prioritaria en los últimos 5 años. La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (LIOM) establece: Todas las instituciones del Estado incluyendo a las municipalidades, los entes descentralizados, desconcentrados y autónomos, están obligados dentro del marco de sus respectivas competencias, a incorporar en sus planes, programas y proyectos, la Política Nacional de la Mujer (PNM), promoviendo el desarrollo integral de las mujeres, de forma tal que les garantice un trato apropiado a su dignidad, equitativo y no discriminatorio, debiendo propiciar la igualdad real de oportunidades para las mismas. La unidad de género deberá rendir al INAM, un informe mensual de sus actuaciones. Para el Cumplimiento de la presente disposición, las entidades y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas harán anualmente las correspondientes previsiones presupuestarias; al 2012 se han creado 18 Unidades de Género en diferentes instituciones del Estado.

Adicionalmente se aprueba la creación y apoyo para las Oficinas Municipalidades de las Mujeres (OMM) en la Ley de Municipalidades, que establece que cada municipio formulará y ejecutará las políticas públicas locales, orientados a atender las necesidades de las mujeres, la juventud, la niñez, el adulto mayor, los discapacitados, las etnias y otros grupos prioritarios, las cuales podrán concretarse con la creación de unidades, departamentos o gerencias de desarrollo social para lo cual la Corporación Municipal asignará los recursos financieros de su presupuesto anual de ingresos y egresos para la implementación de programas y proyectos específicos, de acuerdo a sus posibilidades financieras y a las necesidades de cada municipio. Las corporaciones municipales establecerán oficinas y programas de apoyo a la mujer, para canalizar sus iniciativas y proteger sus derechos. Las Municipales que ya cuentan con estas dependencias deberán fortalecerlas e incorporar a los grupos de mujeres organizadas o no de sus respectivas comunidades. Los Municipios que no tengan capacidad económica para el establecimiento de estos programas transferirán recursos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, con fondos propios y con fondos de la transferencia del Gobierno Central e incorporarán recursos voluntarios de la comunidad. En el año 2012 funcionan a nivel nacional 238 OMM equivalente al 80%.

Los principales desafíos son contar con un sistema de indicadores pertinentes, así como plantear una estrategia de medición y seguimiento a los indicadores de gestión en el marco de la Declaración de Paris y la adopción de una clasificación estandarizada para el definir y consignar la información sobre femicidio, entendido como la muerte violenta de mujeres por razón de género, así como la recopilación de indicadores de participación política debidamente sistematizados y difundidos como parte de las estadísticas oficiales.

2.3.Artículo 3

Desarrollo y adelanto de la mujer. Reconociendo la situación de las mujeres, sus vulneraciones y vulnerabilidades, así como su potencial en el desarrollo de País, el Estado de Honduras aprueba en 2009 sus planteamientos más ambicioso, la Ley para Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras , en el que se promueve que el proceso de desarrollo deberá orientarse a la reducción de las vulnerabilidades del país, su dependencia del financiamiento externo y la potenciación de las capacidades productivas de los diferentes agentes económicos de nuestra sociedad. Todas las Secretarías de Estado, instituciones y dependencias estatales quedan obligadas a adecuar sus sistemas de trabajo, programas y proyectos ejecutados mediante esquemas regionales, al establecido en esta ley. La Equidad de género como eje transversal es uno de los 17 principios rectores del desarrollo.

Evitar la doble discriminación. El Estado de Honduras enfocó esfuerzos en atender a la población de niñas y mujeres con condiciones de discapacidad o adultas mayores.

Adultas mayores. Los derechos de las Adultas Mayores están contemplados en la “Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados” aprobada en 2007 y cuyo Reglamento está en proceso de revisión. En el 2008 se creó la Dirección General del Adulto Mayor (DIGAM), adscrita a la Secretaría de Gobernación y Justicia, la que por mandato legal rectora la materia del adulto mayor, cuyo objetivo es la vigilancia en el cumplimiento de la Ley. Las instituciones que trabajan en la temática del adulto mayor son: La DIGAM, la Secretaría de Salud con el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor. Los Institutos de Previsión: IMPREMA, Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), IPM, INJUPEMP, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Instituto Nacional de Estadística (INE), Alcaldía Municipal del Distrito Central, Fiscalía del Consumidor y Tercera Edad, Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y el Programa de Asignación Nacional (PRAF).

Entre los beneficios a las personas de la tercera edad establecidos en la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados, se encuentran: descuentos en facturas por servicio de salud brindados en hospitales y clínicas privadas, compra de medicamentos y material quirúrgico, consultas médicas – odontológicas, actividades de recreación, descuentos en pasajes aéreos, terrestres y marítimos, así como los derechos que otorgan los institutos de previsión y seguridad social; es importante hacer notar que apenas 23,054 (7.7%) se benefician de algún sistema de jubilación y pensión del país. Por su parte el PRAF proporciona un bono semestral por seiscientos lempiras para una mínima cantidad de población de más de sesenta años de edad, en varios departamentos del país. En abril del 2010 se firmó un acta de compromiso entre el sector de transporte y la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, obligándose con el Estado a otorgar el beneficio a los adultos mayores de viajar en forma gratuita en el transporte urbano en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.

El Instituto Nacional de la Mujer y el adulto mayor ha alcanzado los siguientes logros (ver Anexo 4).

Niñas y mujeres con discapacidad. En el año 2007, Honduras suscribe la “Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad” Adoptada el 13 de diciembre del 2006, fue ratificado por Honduras el 18 de febrero del 2008 y su protocolo el 30 de junio del año 2010. Por lo que a partir del año 2008 Honduras es parte de la “Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad”.

En el año 2007, se creó el Programa Especial para la Atención de las Personas con Discapacidad del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y en el 2010 es creada la Unidad de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social, el Comisionado Especial de Discapacidad de la Secretaría del Despacho de la Presidencia y el cargo de Ministro Asesor Presidencial de Derechos Humanos. Se crea asimismo, la Comisión de enlace del Congreso Nacional con el sector de discapacidad, el cual forma parte a su vez de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional.

En el Proceso Electoral 2009, presidido por el Tribunal Supremo Electoral, en colaboración con la OEA y Mirador Electoral, se desarrollaron apoyos especiales para incrementar la participación de las personas con discapacidad a nivel nacional. En el 2009, la Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad y el Registro Nacional de las Personas con apoyo de UNICEF y el Fondo de Desarrollo y Asistencia Social FIDAS/FHIS, desarrollaron la Campaña de Registro de Niñez con Discapacidad “Las Niñas y Los Niños Tenemos Derecho a un Nombre y a una Nacionalidad”, la cual se ejecutó en los departamentos de Francisco Morazán, Intibucá y Santa Bárbara. Actualmente se trabaja en un mecanismo específico que facilite el acercamiento del servicio de identificación a la niñez con discapacidad, por parte del Registro Nacional de las Personas. En el 2009, con el apoyo de la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa (JICA), se funda el Movimiento de Vida Independiente Hondureño (MOVIH) y entre sus logros se firma el “Pacto por el Goce de Derechos y Mejora de las Condiciones de Vida de las Personas con Discapacidad”.

2.4.Artículo 4

Medidas encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer. El Comité recomienda que los Estados Partes hagan mayor uso de medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato preferencial o los sistemas para hacer que progrese la integración de la mujer en la educación, la economía, la política y el empleo.

El estado Hondureño durante el 2009-2011 gestionó proyectos y programas específicos en el marco de la Política de Igualdad de Género, los mismo son financiados a través de fondos nacionales 30% por un total de L. 5,155,843.46 (US$ 272,866), fondos externos 70% (préstamos, asistencias técnicas no rembolsables), donaciones en especies con un total de Lps.12,292.614.68 (US$ 650,571). El 15.2% se desarrolla en 4 proyectos del sector salud; un 13.6% en 14 proyectos del sector de Educación y Cultura, un 3.90% en 12 proyectos del sector Vivienda con distribuidos por todo el país y 5.6% en 8 proyectos del sector de Agua y Saneamiento, un 29.2% en el sector de Protección Social con 16 proyectos, un 27.7% en 2 proyectos de viabilidad, un 4.7% en el sector de Agricultura y ganadería con 9 proyectos, 1.9 en modernización del estado con un proyecto, y un 1.8% en un proyecto de defensa.

Desde 2006, la Secretaría de Seguridad promueve el Plan de Estudios del Programa de Seguridad Humana en el Grado de Maestría que aborda la problemática desde una perspectiva interdisciplinaria y multidimensional. De esta forma, en el marco de la carrera de Seguridad Humana en el grado de Maestría, se han identificado 5 dimensiones de Seguridad Humana, sobre las cuales se ha diseñado el Plan de Estudios: Población y Desarrollo, Equidad de Género, Derechos Humanos, Equidad y Educación, Criminología.

Desde 2007, la Secretaría de Seguridad ha logrado mejorar anualmente la inclusión de mujeres a las distintas ramas educativas de la Policía Nacional, hasta el momento se continúa con una relación de 12% de mujeres incluidas en áreas de estudio.

Inclusión de mujeres en procesos de estudio en la Secretaría de Seguridad por año (ver Anexo 5).

En Noviembre del año 2009, la Universidad Nacional de la Policía de Honduras aprueba reforma a sus estatutos, incluyendo dentro de sus atribuciones impulsar y articular la participación ciudadana en el contexto exterior, atención especial a la consecución de un desarrollo sostenido que tenga en cuenta el impacto ambiental, los temas de población, género y desarrollo social, gestión y desarrollo en comunicaciones, asesoría tecnológica en los distintos campos de la seguridad e investigación.

2.5.Artículo 5

Eliminación de los patrones socioculturales y estereotipos discriminatorios. El Estado garantiza la promoción de cambios culturales para eliminar los estereotipos de género que perpetúan valores y prácticas de discriminación, subordinación, opresión y violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas y fomenta el respeto a sus derechoshumanos, a vivir en paz y sin violencia. Se han diseñado y ejecutado programas coordinados entre las secretarías de Estado para erradicar las concepciones y prácticas de violencia basada en el género, en la sociedad y en la familia, y los roles y estereotipos sexistas, el autoritarismo, el machismo, las relaciones de poder de dominio masculino y subordinación femenina, tomando en cuenta la diversidad étnica y cultural, desde la perspectiva de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

Desde 2007, la Dirección de Educación Policial a través del Centro de Instrucción Policial que tiene como responsabilidad la Formación del Personal de la Escala Básica de la Policía Nacional, incluyó la asignatura de Equidad de Género con una duración de 14 horas y la asignatura Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes con 12 horas de duración dentro de su Curso de Administración Operativa Policial, en el área de Humanística. La primera asignatura tiene el fin de ofrecer una introducción a la violencia doméstica, introducción al género, construcción de la identidad de género, definición de la violencia doméstica o intrafamiliar, diferentes tipos de violencia doméstica y Ley contra la violencia doméstica. La segunda asignatura introduce los términos de Explotación Sexual Comercial de la Niñez y la Adolescencia, la trata, el Tráfico con Propósitos Sexuales, Turismo Sexual, Matrimonios Tempranos, Los explotadores, Las víctimas de la Explotación, Impactos en las Víctimas, Posibles Soluciones.

Desde 2009, la secretaría de Salud ha desarrollado material e información sobre masculinidades para mejorar la percepción de los hombres sobre el cuidado, la paternidad y promover la igualdad entre hombres y mujeres.

Las Fuerzas Armadas para eliminación de toda discriminación en contra de la mujer, ha adoptado medidas en la esfera de la educación dando la mismas oportunidad de ingreso tanto a mujeres como hombres en los centros de formación para oficiales en las diferentes academias militares, ejercito, aérea y naval asegurándoles igual trato y con ello eliminando el estereotipo de que solo los hombres son capaces de defender la soberanía nacional. Durante el desempeño de su carrera militar tanto los hombres como las mujeres tienen la misma oportunidad de ser promocionados al grado inmediato superior(ascenso),siempre y cuando cumplan con los requisitos tanto físicos, médicos psicológicos y de conocimientos requeridos por las leyes y reglamentos militares. En las Fuerzas Armadas hombres y mujeres tienen iguales posibilidades de optar a puestos de mando según los méritos alcanzados en toda su trayectoria. Las Fuerzas Armadas garantizan sin discriminación al personal tanto de oficiales, suboficiales, tropa y auxiliares femeninos las prestaciones de protección social, salud y seguridad que por ley les corresponden.

Entre 2008 y 2011 se implementaron los diferentes cursos de capacitación para oficiales en materia de equidad de género para lograr un cambio de actitud y eliminar los prejuicios que impidan la igualdad. En 2012 el personal de las Fuerzas Armadas (FFAA) cursa el diplomado de género que servirán como promotores y gestores de cambio en el ámbito laboral donde se desempeña en esa materia.

En 2011, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aprueba el Reglamento Especial para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso sexual en la alma máter.

A través del II PIEGH el Estado promueve y garantiza una educación laica, no sexista, no discriminatoria a través de la coeducación, la reforma del currículo y el uso de metodologías y materiales educativos fundamentados en los derechos humanos y la igualdad de género. Establece la obligatoriedad de incorporar el enfoque de género e interculturalidad en los planes, programas y políticas de todo el sistema educativo, asegurando el derecho a la educación laica de calidad, gratuita, obligatoria y regida bajo los principios de igualdad y no discriminación. Así como programas para implementar las medidas necesarias para la prevención y erradicación de todas las formas de violencia de género en el ámbito educativo. Promueve a su vez el desarrollo de programas y políticas de formación y capacitación especializada en género y derechos humanos para docentes de los niveles de educación pre-básica, básica, media y superior de obligatorio cumplimiento para la promoción profesional docente.

El mismo asegura las condiciones jurídicas e institucionales para que la comunidad, las madres y padres de familia participen activamente y realicen acciones de vigilancia ciudadana y auditoría social a los procesos educativos, a fin de garantizar condiciones de seguridad y bienestar estudiantil para mujeres y hombres bajo los principios de igualdad y no discriminación. Promueve además programas de capacitación y sensibilización para madres y padres de familia en derechos humanos, igualdad y equidad de género y violencia contra las mujeres, niñas/os y adolescentes.

En 2012 el personal de FFAA recibió el diplomado en género que servirán como promotores y gestores de cambio en el ámbito laboral donde se desempeña en esa materia. A través del II PIEGH el Estado promueve y garantiza una educación laica, no sexista, no discriminatoria a través de la coeducación, la reforma del currículo y el uso de metodologías y materiales educativos fundamentados en los derechos humanos y la igualdad de género. Establece la obligatoriedad de incorporar el enfoque de género e interculturalidad en los planes, programas y políticas de todo el sistema educativo, asegurando el derecho a la educación laica de calidad, gratuita, obligatoria y regida bajo los principios de igualdad y no discriminación. En 2011, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aprueba el Reglamento Especial para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso sexual en la alma máter.

2.6.Artículo 6

Supresión de la trata y la explotación sexual de las mujeres. El Estado de Honduras acatando las disposiciones y cumpliendo con la Recomendación General No. 19 Incisos g) y h) y acatando las recomendaciones Generales del Comité de la CEDAW al 5° Informe de Honduras (2006) donde el Comité exhorta al Estado de Honduras aplicar cabalmente el artículo 6 de la Convención. El Estado de Honduras en concordancia con la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y BEIJING+5 relativo a la violencia contra la mujer para la eliminación de la trata de mujeres y a prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la prostitución y trata de mujeres.

Entre 2008 y 2011 la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas (CICESCT) ha gestionado capacitaciones para los distintos actores con el fin de mejorar la atención de víctimas de trata, prevenir el abuso y la explotación sexual y evitar su victimización secundaria. Participaron 30 investigadores de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y Ministerio Público en el curso formación para la investigación del delito de trata; fueron capacitadas 262 personas del Estado en tres jornadas sobre Derechos de la Niñez abordando la Trata; 35 personas proveedores de servicio consular se capacitaron en “el Delito de la Trata de Personas y el Papel de los / las Funcionarias Consulares” realizada 22, 23, 24 y 25 de agosto 2011 y otras 20 personas de embajadas y consulados de países que forman parte de la Conferencia Regional sobre Migración – CRM.

En Octubre del año 2010, Honduras se integró al Marco de Acción Regional para el Combate, Prevención y Atención a Víctimas de la Trata de Personas en Centro América, es una iniciativa de los gobiernos de los cinco países de Centro América, Este proyecto regional cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo dando inicio a su ejecución en el año 2009, con el apoyo de ECPAT-Guatemala como Organismo Ejecutor y de los distintos Comités Ejecutivos Nacionales.

Entre 2010-2011, la Policía Nacional con la unidad de Trata y Policía de Fronteras, Dirección de Migración y Extranjería, Ministerio Público, Jueces, Directores de Justicia Municipal de la Zona Centro-Sur-Oriente del país, Tegucigalpa, la Ceiba, San Pedro Sula, Puerto Cortés y Personal de la Zona Occidental han desarrollado los Mapeos Geográficos y Sociales identificándose la ruta para la Trata dentro del país y hacia otros países de la región, lo que es fundamental para prevenir y combatir el delito de la trata y el tráfico de personas. Se integró posteriormente un Comité Técnico para la elaboración de un Protocolo Regional para la construcción, utilización, actualización y resguardo del Mapeo Geográfico y Social de Trata en Centroamérica.

En noviembre de 2010, Honduras suscribió un Memorándum de Entendimiento con el Gobierno de México para garantizar una repatriación digna, ordenada, ágil y segura de las niñas, niños y adolescentes no acompañados - repatriados vía terrestre, para tal fin en el mes de agosto de 2010, fue creada una Sub Dirección de Protección Consular.

En 2010-2011, en coordinación la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Casa Alianza y Save the Children se han desarrollado por 6 meses dos diplomados sobre “Violencia y Trata con énfasis en Niñez y Adolescencia”, participaron 55 mujeres y 14 hombres; y en coordinación con la Maestría de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se impartieron charlas sobre la Trata de Personas a alumnos de diferentes centros educativos, capacitando a un total de 1011 alumnas y alumnos. Se concluyeron los Lineamientos Nacionales para Fortalecimiento de la Coordinación Institucional y su socialización, se concluyó la investigación y revisión de la Estrategia para la atención integral a las víctimas de trata en la Región Centroamericana.

En el 2011, en la Unidad Especial de trata y Explotación sexual de niñas y niños con sede en Tegucigalpa y San Pedro Sula recibieron 57 denuncias sobre explotación sexual comercial y trata. En investigación incluyendo denuncias presentadas en otros años con un total de 211 denuncias. 17 casos se presentaron a los Tribunales de Justicia por delitos de explotación sexual comercial. De los 35 requerimientos fiscales presentados hay 17 personas procesadas judicialmente y 16 víctimas en protección. Las víctimas menores de 18 años generalmente han sido remitidas a Querubines y algunas de ellas reintegradas a su familia. Las víctimas adultas han regresado con su familia. En prisión hay seis imputados, 4 están con orden de captura, es decir el juez ha encontrado mérito para el proceso pero andan prófugos de la justicia y 3 fueron dejados en libertad porque el juez no encontró méritos pero esta decisión del juez ha sido recurrida ante el tribunal superior.

En mayo de 2012, según Decreto No. 59-2012 del 25 de abril de 2012, se aprueba la Ley de Trata. La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas (CICESCT), activa y presidida en este momento por el Ministerio Público, presentó ante el Congreso Nacional un ante-proyecto de Ley especial contra la Trata para tipificar y sancionar todas las modalidades de este delito y además tiene elementos muy sustanciales para la restitución de los derechos de las víctimas y la prevención del delito.

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha finalizado el informe de País sobre la aplicación del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el cual será presentado al Comité en 2012 y ha invitado en agosto de 2012 a la Relatoría especializada en el tema.

La Dirección de Migración y Extranjería, capacitó el 95% de su personal (200 personas) sobre Trata y Tráfico de Migrantes, enfocado en la identificación de víctimas; el 90% (180 personas) de su personal fue capacitado en uso del Manual de Procedimientos para el Combate, Prevención y Detección a Víctimas de Trata de Personas, con el cual se monitorea y evalúa al personal para mejorar los procedimientos en coordinación con IHNFA el 75% del personal (120 personas) participaron en Taller del Protocolo de Repatriación de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas o Vulnerables a la Trata de Personas y con apoyo de Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Migración de México (INM ), la Secretaría de Relaciones Exteriores y O.I.M. se recibieron dos Capacitaciones sobre los Oficiales de Protección de la Niñez Migrante No Acompañada (OPI´S). Además, 25 personas de instituciones gubernamentales y no gubernamentales participaron en taller sobre “Fortalecimiento de Capacidades para la Identificación de Poblaciones Migrantes Vulnerabilizadas”. Finalmente se reconocen características y tendencias de flujos migratorios, normativa regional y nacional sobre refugiados, población migrante en contexto de vulnerabilidad: identificación y trato a víctimas de trata, solicitantes de asilo y refugiados, mujeres, niños y niñas no acompañados; asistencia y protección a migrantes más vulnerables, protección de derechos humanos y lineamientos para la identificación y asistencia inmediata. La Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación de la Policía Nacional capacitó a 150 participantes de la Unidad contra la Trata de Personas y Policía de Fronteras en Seminarios especializados sobre Investigación del Delito de Trata de Personas, sobre Redes de Migrantes y Tráfico de Seres Humanos, impartido por personal de la Embajada de Francia en Honduras, sobre Tráfico de personas y delitos conexos, sobre información en la línea 101 contra la trata. Además recibieron el curso de Fortalecimiento en el proceso de asistencia y denuncia para personas víctimas de trata de personas. El Estado cuenta con dos guías de procedimientos para Fiscales e investigadores que tienen como objetivo establecer las diligencias de investigación prioritarias en los delitos de explotación sexual comercial y trata, el Protocolo de Actuación de la Línea Telefónica 101 “para la Atención a la Denuncia de los Delitos de Trata de Personas”, el Protocolo de Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas o vulnerables a la Trata de Personas, memorando de entendimiento la atención integral de víctimas identificadas en puntos fronterizos.

En 2011, el Instituto Nacional de la Mujer ha realizado esfuerzos en el tema de prevención de la trata de mujeres, para ello ha llevado a cabo cinco talleres para 164 representantes de Ministerio Público, Policía Nacional, DNIC, Oficinas Municipales de la Mujer y Movimientos de mujeres organizadas en las ciudades de Juticalpa, Olancho, Ocotepeque, Copán, Danlí, El Paraíso.

Entre 2010- 2011, para prevenir la explotación sexual y trata de mujeres y niñas, la CICEST lideró la Campaña “No Mas Trata de Personas” que incluyó la capacitación de 21 periodistas; una serie de foros en Universidades como UNITEC, UNIVERSIDAD METROPOLITANA para 150 estudiantes de las carreras de Derecho, Relaciones Internacionales, Comunicación Social, Gerencia de Desarrollo Social y Ecoturismo, jornada de sensibilización en el parque central de Tegucigalpa para cientos de personas y una amplia cobertura de la prensa, en la conmemoración del día mundial contra la trata de personas, se ofrecieron charlas informativas en escuelas y colegios urbanos donde participaron alrededor de 115 estudiantes. En coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se desarrolló el foro “Trata de Personas” dirigido a 77 pasantes de la carrera de Trabajo Social de la UNAH.

A niveles regionales, dentro de proyecto Reinserción Social y Económica en Choluteca se capacitaron 51 personas de instancias gubernamentales locales y ONG sobre Trata y Asistencia a Poblaciones Migrantes Vulnerables y Victimas.

2.7.Artículo 7

Mujeres en la Vida política y pública. En el marco de la Visión de País y Plan de Nación se ha aprobado el Decreto Ejecutivo No. PCM-051-2010, que establece la Política Nacional de la Juventud con la finalidad de articular el accionar del Estado y la sociedad civil para el logro de mejores condiciones de vida para las jóvenes mujeres y los jóvenes garantizando el ejercicio pleno de su ciudadanía, el desarrollo de capacidades y su compromiso solidario para construir una democracia participativa e inclusiva.

En el II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras establece la promoción, protección y garantía a la participación social, política y el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres, donde el Estado se compromete a garantizar a la mujer igualdad de acceso y plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones en el espacio público para fortalecer su liderazgo y derecho a las prácticas asociativas.

El Estado promueve y establece los mecanismos jurídicos e institucionales para garantizar la participación de las mujeres, fortaleciendo su actoría en la definición y ejecución de los planes, programas y políticas desarrolladas por el gobierno nacional y municipal, así como promover y apoyar la formación ciudadana de las mujeres organizadas y no organizadas, desde un enfoque de género e interculturalidad, para el fortalecimiento de su actoría social y política, garantizando una formación integral. Además crea los mecanismos legales e institucionales para garantizar la participación paritaria de las mujeres organizadas y no organizadas en los planes, programas y políticas a nivel nacional, departamental, municipal y local, incluyendo las políticas presupuestarias.

La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas en el artículo 104 establece que el Estado por medio del Tribunal Supremo Electoral, vigilará que en la estructura de gobierno de los partidos políticos y en la candidatura de cargos a elección popular, no exista discriminación por razones de género, credo, raza, religión y cualquier otra forma de discriminación. Adicionalmente el II PIEG obliga a los partidos políticos a aprobar internamente con la participación de las mujeres, una política de equidad de género cuyo cumplimiento será supervisado por el Tribunal Supremo Electoral. Los Partidos Políticos están obligados a presentar al Tribunal un informe de cumplimiento de la política de género (6) seis meses antes de la convocatoria a elecciones internas y primarias. La violación por parte de los partidos políticos de cumplir con la política de equidad de género será sancionada con una multa equivalente al (5%) cinco por ciento de la deuda política.

El Tribunal Supremo Electoral sobre las elecciones de noviembre de 2009, reporta que de 128diputaciones al Congreso Nacional, solamente 25 corresponden a mujeres diputadas propietarias y 31 a mujeres diputadas suplentes, es decir el 19.53% y 24.22% respectivamente (ver Anexo 6).

De los 298 municipios del país, sólo 17 de ellos tienen a una mujer como alcaldesa, es decir el 5.70% y 82 mujeres como vice alcaldesas.

De 1,954 regidurías distribuidas en los 298 municipios del país, 455 son mujeres, es decir el 23.28%. En los partidos no tradicionales sólo el Partido Unificación Democrática no cuenta con mujeres formando parte de las corporaciones municipales.

Comparando los resultados municipales de las elecciones 2009 con las del 2005, el número de alcaldesas bajó en un 2.35%, de 24 a 17; sin embargo, el número de vice alcaldesas subió un 5.37%, de 66 a 82. De este resultado se puede deducir que sigue predominando la idea de que es el hombre quien debe ocupar los cargos de mayor relevancia, aún con este análisis, es positivo que de manera progresiva vaya aumentando el número de mujeres en las corporaciones municipales (ver Anexo 7).

En el actual gobierno 2010-2014 han sido nombrada cinco (5) mujeres ministras, en las Secretaría de la Presidencia, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de la Mujer.

La Corte Suprema de Justicia 2009-2016 la conforman en la actualidad 12 magistrados y 3 magistradas, por su orden de precedencia les corresponden a las últimas las posiciones 3, 7 y 15 (ver Anexo 8).

Cuotas y Paridad. El 19 de abril de 2012, el Congreso Nacional aprueba la reforma a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas por mayoría calificada, para que en las elecciones primarias y generales de 2013-2014 las mujeres tengan una representación de 40 por ciento y el 50 por ciento en las elecciones, 2016-2017.

Esto a la luz del artículo 105 de la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas (LEOP), significa que no hubo cumplimiento, ya que además, el proceso de participación política de las mujeres se propone como progresivo y no regresivo, es más, está establecido un mínimo del 30%. En cuanto al número de mujeres diputadas suplentes, se subió de 27 a 31, o sea un 3% menor que el significativo 5% en diputadas propietarias.

2.8.Artículo 8 y 9

Representación y participación internacionales. Actualmente la representatividad en el plano internacional a nivel de embajadores corresponde a 12 embajadoras y 20 embajadores; la representación ante órganos de carácter internacional.

2.10.Artículo 10

Educación. El Estado de Honduras acatando las disposiciones y las Recomendaciones Generales No. 5, 18, 19 y 25, y observaciones Generales del Comité de la CEDAW al 5° Informe de Honduras (2006). Además en concordancia con la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y BEIJING+5 relativo a la Educación y Capacitación de la Mujer, así como los Objetivos y Metas de Desarrollo de las Naciones Unidas Para el Milenio (2000) relativo al Objetivo 2, Meta 3; Objetivo 3, Meta 4; informa al honorable Comité de los avances en el cumplimiento sobre la aplicación de la Convención.

La Secretaría de Educación, en cumplimiento a las observaciones de combatir en general todas formas de discriminación contra la mujer a través de sus diferentes direcciones, departamentos y unidades ha realizado diferentes acciones en relación a lo siguiente:

La Unidad de Tecnología Educativa ha capacitado a 217 bibliotecarios, quienes 197 son mujeres y 20 son hombres.

Se implementaron programas de educación que ayudan a eliminar los prejuicios que obstaculizan la igualdad de la mujer. Para fomentar la participación activa a través de la Unidad de Orientación Educativa y Vocacional se brindó fortalecimiento a los gobiernos escolares y estudiantiles, beneficiando a 5,330 Niñas y 4,787 Varones, igualmente, en el marco de los Proyectos: Abriendo Espacios Humanitarios se ha beneficiado a 900 Niñas y 518 Varones, Proyecto de Fortalecimiento de Educación en Valores se atienden a 517 Niñas y 315 Varones. Además se ha capacitado a 400 Docentes quienes 275 son mujeres y 125 son varones en la temática referente a la organización y funcionalidad de la Escuela para Padres.

La Unidad de Juventud, Población y Salud (JUPS) ha centrado sus esfuerzos en reproducir 12,000 set de guías metodológicas “Cuidando mi Salud y mi Vida,” beneficiando así a 2,240 docentes, lo cual fue desarrollado en conjunto con la Secretaria de Salud para mejorar la información de las niñas y niños, sus derechos sexuales y los derechos reproductivos.

El Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Educativa (INICE) ha capacitado a 36 mujeres y 14 hombres, quienes son participantes en el Diplomado de Formación de Formadores en Equidad de Género y Mediación de Conflictos, a través del apoyo de Instructores de EQUINSE, S.A. con el fin de replicar dentro del sistema educativo educación contra la discriminación.

La Unidad de Planeamiento y evaluación de la Gestión (UPEG) incorpora la base de datos de la Secretaría al Portal de la CECC/SICA y una serie de indicadores educativos, segregados por género, haciendo uso de la red interactiva de la página WEB de la Secretaría: www. se.gob.hn, con una de cobertura óptima.

Se emitió la Ley de los COMDE (Comité Municipal de Desarrollo Educativo) con el apoyo de la Fundación de Educación Ricardo Ernesto Maduro Andrew (FEREMA.) (Decreto N° 35 – 2011, La Gaceta).

Para atender a la población con Educación Especial, se desarrolló el Proyecto de Atención a la Diversidad, beneficiando a 360 Niñas y 75 Varones. En el Programa de Educación de Igualdad entre Género, se benefician a 632 Niñas y 141 Varones, la Campaña Global EFAVI para la atención de niñas, niños y jóvenes con discapacidad visual atiende a 360 Niñas y 75 Varones; en el Proyecto para Inclusión educativa de las personas con Discapacidad visual se benefició a 120 Niñas y 5 Varones; el Proyecto de Atención a la diversidad a niñas, niños y jóvenes con discapacidad auditiva apoya a 84 niñas y a 20 varones. Igualmente el Proyecto atención a la Diversidad con Educación Inclusiva atiende a 520 Niñas y 75 Varones.

Adicionalmente el Estado da el Servicio de Alimentación Escolar de Honduras (SAEH) como un elemento para garantizar la retención escolar, ofreciendo alimentación a estudiantes del nivel pre básico y básico, llegando a atender en los últimos años a (ver Anexo 9).

La Secretaría de Educación ha ofrecido bonos y becas a las poblaciones con mayores necesidades para promover mayor estímulo. El Bono de transporte se entregó a 97,165 Niñas y a 83,864 Varones en el 2010 y a 81,957 Niñas y 71,351 Varones en el 2011 y con las becas en el 2010 se les apoyó económicamente a 25,231 Niñas y 22,352 Varones y en el 2011 a 36,235 Niñas y 36,836 Varones.

En el 2011, a través del Departamento de Educación, Comunicación Ambiental y Salud (DECOAS), se dio formación a docentes en educación ambiental con las guías metodológicas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales las cuales fueron distribuidas en los municipios de Jutiapa, Ceiba, Trujillo, Tocoa, Arizona, Tela, Másica, beneficiando a 368 mujeres y 104 hombres. Se han ejecutado Talleres de Gestión y Mitigación del Riesgo a 518 mujeres y 242 hombres, docentes capacitados en el Plan Nacional sobre Gestión de Riesgo, 233 mujeres y 103 hombres, el cual fue lanzado el 24 de agosto del 2011 y socializado en 4 ciudades importantes del país.

A través del Sistema de Educación a Distancia (SEMED) se ha atendido 43,190 jóvenes y adultos, donde 26,442 son mujeres y 16,748 son hombres, quienes por razones diversas no pudieron terminar sus estudios en el sistema presencial, además constantemente se capacita y monitorea la labor docente y administrativa; también se hicieron las gestiones respectivas para agenciar de textos de Español y Matemáticas a 13,760 alumnas y a 10,239 alumnos así mismo se benefició a 2,095 docentes quienes son contratados para trabajar en el SEMED cada año. EDUCATODOS atiende a población de jóvenes y adultos para completar aceleradamente la educación básica, la población atendida es de 55,667 jóvenes y adultos, la cantidad de mujeres atendidas por Educatodos es de 24,515 equivalentes al 44% de la población total. Además con el Programa de Alfabetización de Adultos de Honduras (PRALEBAH) se ha atendido a 65,200 jóvenes y adultos, con una población de 37,476 mujeres, ejecutando el proyecto Aula Mentor en Francisco Morazán, con una matrícula de 7,050 jóvenes y adultos con la alianza estratégica de AHPROCAFE, ALFAZUCAR, ANDALUCIA y la OEI. Reconociendo la crisis educativa que pasa el sector, se ha priorizado la gestión de fondos de la Cooperación Externa, por lo que se han desarrollado convenios de colaboración con Japón, Colombia, Italia, España, Costa Rica, Estados Unidos y la Unión Europea, fortaleciendo 20 Proyectos, que favorezcan el recurso humano y el sistema educativo en general, promoviendo la igualdad de género. El Programa Nacional de Educación para las Etnias Afro- antillanas de Honduras (PRONEEAAH) centra sus esfuerzos y se actualiza la producción de material educativo atendiendo las necesidades propias de las etnias del país, así mismo ha capacitado a docentes en temas de EIB (Educación Intercultural Bilingüe). El Programa de apoyo a la calidad de la Educación Básica en el marco del Plan EFA-FTI (PROEFA) invierte sus esfuerzos en el componente de Fortalecimiento Institucional beneficiando a 33 hombres y 20 mujeres, en el componente de Formación de Docentes, ha beneficiado a 3 hombres y 13 mujeres y en el componente de Gestión Escolar a 102 hombres y 83 mujeres.

En general el Estado ha logrado ir reduciendo el analfabetismo en las personas mayores de 15 años (ver Anexo 10).

2.11.Artículo 11

En 2008, la secretaría de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Hondureño de Seguridad Social aprueban el Régimen Especial y de Afiliación Progresiva del sector de Trabajadores Domésticos. Consiste en afiliación voluntaria patronal para que gocen de los servicios de primer y segundo nivel de atención médica, así como el embarazo, parto y puerperio. Los beneficios del derecho habiente directo también se les cubrirán el I y II nivel de los hijos e hijas asistencia médica general y especializada y servicios médicos farmacéuticos hasta los 11 años.

En mayo de 2008, se aprueba el Listado de Trabajo Infantil Peligroso por Naturaleza y Peligroso por Condiciones. El segundo listado incluye las condiciones laborales presentes en las actividades laborales, que a partir de estudios nacionales e internacionales sobre riesgos o peligrosidad desarrolladas en Honduras (se adjuntan), se han considerado como peligrosas porque ocasionen o probablemente ocasionen daño a la salud, seguridad, moralidad y desarrollo integral de las personas menores de 18 años de edad, considerando los determinantes culturales y de género de cada pueblo o grupo de personas. Siguiendo las recomendaciones del comité se enlista el trabajo peligroso por condición lo cual protegería a las adolescentes mujeres menores de 18 años involucradas en trabajo infantil doméstico, pues según la encuesta de hogares, la mayor cantidad de mujeres se observa entre las edades entre 15 y 24 años, mientras que el trabajo por cuenta propia por edades, se observa que la mayor cantidad de mujeres trabajan de los 25 años en adelante. En cuanto al trabajo familiar no remunerado en las edades de 10 a 24 años es donde se concentra la mayor cantidad de mujeres trabajando (ver Anexo 2).

En el 2008, se reforma a consecuencia el artículo 8 del Reglamento de Trabajo Infantil para introducir el listado de trabajos peligrosos por naturaleza y condiciones. En Julio 2008, se aprueba el Procedimiento para la Atención Integral de la Niñez y

Adolescencia Trabajadora desde la Secretaría de Trabajo y Seguridad Socialpara desarrollar de forma sistemática y ordenada las medias de atención integral en los casos de niños (as) y adolescentes trabajadores, conocidos y recabados por la Secretaría de trabajo y Seguridad Social, para el establecimiento de medidas de protección mediante la aplicación de la normativa vigente y en coordinación con las instituciones e instancias de defensa de la niñez y la adolescencia en el país.

El estado hondureño aprueba el II Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2008- 2015 cuyopropósito es determinar que intervenciones corresponde efectuar por las instituciones del Estado, con el concurso de la sociedad civil y de la cooperación internacional, para prevenir y erradicar el calificado “trabajo infantil a eliminar”, así como las medidas de coordinación, financieras, organizativas de planificación o de otro tipo para ordenar estas actuaciones de forma que constituyan una respuesta efectiva. La vigencia coincide con el marco general de todos los procesos de gobierno en el país, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, dentro de la cual debe ir necesariamente articulada. Este Plan articula 9 componentes: Ingreso Familiar y Opciones Productivas, Educación, Salud, Legislación, Fortalecimiento Institucional e Investigación (ver Anexo 11).

En 2011, el Estado aprueba el Documento Hoja de Ruta para hacer de Honduras un país libre de trabajo infantil y sus peores formas . Este instrumento provee las bases para la programación estratégica y enlace entre las diferentes políticas públicas e intervenciones complementarias con incidencia directa e indirecta en la restitución de los derechos de los niños y niñas a no trabajar y tutela de los derechos laborales de las personas adolescentes trabajadoras. Comprende seis dimensiones lucha contra la pobreza; salud marco normativo e institucional-protección de derechos; sensibilización y movilización social; y generación de conocimientos y seguimientos- con sus respectivos objetivos, resultados, indicadores y metas y estrategias fundamentales para alcanzarlas.

Sobre la situación de empleabilidad de las mujeres, la información generada revela que la mujer en el mercado de trabajo del sector formal de la economía, muestra una baja participación respecto al hombre. Se observa en el periodo 2008 – 2011 que en materia de empleo la mujer participó con el 35.6% en promedio, en tanto el hombre participa con el 64.4%. En cuanto a la participación en la fuerza de trabajo en el mercado laboral la mujer manifiesta un porcentaje de participación similar al de la participación en la PEA de 35.6%, mientras que el hombre participa con el 70.6%. La tasa de desempleo por sexo indica que la mujer presenta una tasa de desempleo más alta que el hombre. En efecto, en el último año la mujer alcanzo 6.1% de desempleo, mientras que el hombre la tasa más alta fue de 3.3%.

El subempleo; en esta categoría, la mujer presenta una tasa más baja que el hombre. Según el cuadro 1, en 2008 la tasa de subempleo invisible en la mujer y el hombre fue de 21% y 33% respectivamente, en 2011 esta situación se había mantenido con porcentajes de 28.8% para la mujer y 40.2% para el hombre (ver Anexo 12).

Según registros de la Dirección General de Empleo de la STSS, los datos de intermediación laboral reflejan que la mujer presenta una oferta laboral por encima del hombre; sin embargo, la demanda estuvo dominada por los hombres, como puede apreciarse en el cuadro 2. En cuanto a los colocados según registros del SENAEH, predominó la participación de los hombres en el período 2008 a 2011. La relación indica que ha habido una relación en el período de 57% a 43% en 2008 y de 61% a 39% en 2011 a favor de los hombres.

En relación a la población que no trabaja se encontró que el grupo de beneficiarios del proyecto “Mi Primer Empleo” de la Secretaría de Trabajo y seguridad social, donde el 88% son mujeres y el 67% son hombres, lo cual evidencia la situación de la mujer en el mercado laboral (ver Anexo 13).

Reconociendo la situación de la mujer, la Secretaría de Trabajo desde Diciembre 2010 y hasta diciembre 2012 está ejecutando el Proyecto de Formación e Inserción Laboral para Mujeres y Personas con Discapacidad, con el fin de facilitar condiciones para que estos grupos vulnerabilizados generen sus ingresos para mejorar su calidad de vida. Actividades importantes desarrolladas incluyeron en talleres socio laboral. En el año 2010, se refleja 1533 mujeres y 657 hombres, siendo un total de 2190, para el año 2011, 1298 mujeres y 554 hombres un total de 2190 personas desempleadas inscritas en el SENAEH para mejorar sus posibilidades de obtener un empleo, con el apoyo del proyecto mujer y personas con discapacidad e INFOP recibieron cursos de capacitación sobre computación básica, diseño gráfico, Excel financiero, reparación de PC, inglés básico, cultura turística, cocina, manipulación de alimentos, bar y restaurante I y II, servicio de atención al cliente, técnicas de dirección y supervisión, técnicas de limpieza, técnicas en ventas, calidad total creación de microempresas, contabilidad, motivación al trabajo. Este proceso incluyó desarrollo de competencias laborales orientadas al emprendedurismo de mujeres organizadas desempleadas lo cual promovió la coordinación con la Asociación Hondureña de Mujeres Negras, CECAES, FEHMUN, Asociación Calidad de Vida, Project HOPE, Alcaldía de Cané, Red de Mujeres de la Colonia Amaya Amador, ASOHMUN, Mujeres de Santa Ana.

Fue promovida la inclusión laboral de mujeres privadas de libertad de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social PNFAS para el desarrollo de empleo o autoempleo como proceso de reintegración a la sociedad, a través del desarrollo de los cursos de Marroquinería y Sastrería con 51 Mujeres.

Para promover la cultura de empleabilidad, se realizaron los siguientes materiales: 5,000 Guías de Responsabilidad Social Empresarial y Discapacidad (RSE-D), 1,000 ejemplares Clasificador Internacional del Funcionamiento y Discapacidad CIF, Ley de Equidad y Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, Marco Jurídico de los Derechos Laborales de las Personas en Situación de Discapacidad, 3,000 Trifolios de Promoción de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad, Cuadernillo para Divulgación del Programa Nacional de Empleo por Horas y Proyecto Mujer y Discapacidad-AECID y Programa Empleo por Hora. El programa de inclusión laboral personas con discapacidad se fortaleció con la contratación del siguiente equipo técnico: Terapeuta Ocupacional, Promotor en Accesibilidad, Educadora Especial y se adecuaron 4 oficinas regionales para la intermediación laboral de Mujeres y personas con Discapacidad.

En el marco del Proyecto Cumple y Gana: fortalecimiento de los derechos laborales en Centroamérica, Panamá y República Dominicana para la Promoción y Protección de los Derechos Laborales de las Mujeres en el 2009 se realizó el estudio denominadoDiscriminación de género y derechos laborales de las mujeres. Una responsabilidad compartida que requiere un esfuerzo conjunto; “Estudio Nacional”. El mismo tiene el propósito de acercarnos a la situación de las mujeres con relación a la discriminación Laboral femenina por razones de género, con énfasis en la maquila textil de Honduras (discriminación laboral por género, protección de la maternidad, acoso sexual en el ámbito laboral, discriminación directa, trato diferenciado por sexo, discriminación indirecta o por resultado, trato igualitario a personas que están en situaciones diferentes y que resultan en una exclusión o restricción de derechos).

En septiembre de 2011 Honduras desarrolla Taller regional de Trabajo Decente y Equidad de Género para la capacitación de representantes de los Servicios de Colocación de Centroamérica, Panamá y República Dominicana en el marco de los Acuerdos del Foro de Directoras y Directores de Empleo de la Subregión.

En el año 2011, 1 de septiembre, la STSS logró colocar a través de la Bolsa Electrónica de Empleo a nivel nacional 3,237 colocados de los cuales 1,433 son del sexo femenino (44.2%) y 1,804 del sexo masculino (ver Anexo 14).

En el año 2008 con el propósito de fomentar una cultura de cumplimiento durante el período se han realizado 4,019 inspecciones generales beneficiando 42,575 trabajadores; 18,910 mujeres (44.4%) y 23,665 hombres (55.5%); así mismo se atendieron 5,460 inspecciones de casos especiales beneficiando a 12,933 mujeres (48.2%) y 13,867 hombres (51.7%). Además durante el período se realizaron un total de 78,792 cálculos de prestaciones e indemnizaciones laborales de los cuales 25,123 cálculos por renuncia beneficiándose a 15,960 hombres (63.5%) y 9,163 mujeres (36.4%) y 53,669 Cálculos por Despido beneficiándose 33,541 hombre (40%) y 20,128 mujeres (59.9%); lo cual nos reflejan gran medida un número mayor de mujeres expulsados del sector laboral durante el año 2007.

En lo referente al establecimiento de prácticas de igualdad de oportunidades, desde el año 2007 un total de 5,272 mujeres se incorporaran a tres (3) actividades no tradicionales, observándose una mayor afluencia en la actividad de construcción, seguido de electricidad gas y agua en menor proporción en la explotación de minas y canteras.

2.12.Artículo 12

Salud y Seguridad Social. El Estado de Honduras acatando las disposiciones de los Artículos 10, inciso h), Artículo 12, numerales 1 y 2 sobre la aplicación de la Convención, las recomendaciones del Comité al 4°, 5° y 6° Informe conjunto de Honduras (2006), en concordancia con la Plataforma De Acción De Beijing (1995) y BEIJING+5 relativo a la Mujer y la Salud, así como los Objetivos y Metas de Desarrollo de las Naciones Unidas Para el Milenio (2000)relativo a los Objetivos 4, Meta 5; Objetivo 5, Meta 6; Objetivo 6 Metas 7 y 8; informa al honorable Comité de los avances en el cumplimiento.

En el año 2007, la Secretaría de Salud Pública aprueba la Política de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y de la niñez Neonatal (RAMNIE),) que desarrolla una serie de Estrategias para mejorar la salud de la población Materno Infantil. Esta tiene como ejes transversales la Reforma del Sector Salud, Enfoque Sectorial y Promoción de la Salud, bajo este marco se desarrollan las siguientes Estrategias: Extensión de Cobertura; Mejora Continua de la Calidad; Supervisión; Monitoria y Evaluación; Sistema de Información en Salud; Estrategia DAIA (Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos); Vigilancia de la Mortalidad Materna y de los Menores de 5 años; Estrategia CONE (Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales); AIEPI Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia; Abordaje del Embarazo en Adolescente; Estrategia Metodológica de Planificación Familiar; Vacunación; Estrategias Hospitalarias; Provisión de Sangre Segura; Atención y Prevención de ITS/VIH Sida; Laboratorio; Estrategia IFC (Individuo Familia y Comunidad); Hogares Maternos; Estrategia Nacional de Comunicación Materno Infantil; AIN-C (Atención Integral de la Niñez en la Comunidad); Promoción de la Lactancia Materna; y Nutrición.

Desde al año 2007, una de las 19 intervenciones de RAMNI es la Estrategia para los Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales (CONE) implementada a nivel nacional y que busca mejorar la calidad de los servicios de atención a la mujer y al niño durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como la atención a los/las recién nacidos. Están incluidas las prácticas recomendadas por la OPS/OMS y los nuevos enfoques basados en la evidencia científica disponible a diciembre de 2009, para la atención de la mujer durante su embarazo, parto y post parto, así como del recién nacido.

En el 2008, la Secretaria de Salud, actualizó la Estrategia Metodológica de Planificación Familiar con el propósito de contribuir a disminuir las tasas de mortalidad materna y perinatal a través de la reducción de la demanda no satisfecha de planificación familiar. Paralelamente, se comenzó la aplicación del modelo de “Programación, Organización, Monitoreo y Evaluación de los Servicios de Planificación Familiar” que propone la sistematización, la concientización del personal, la definición de los compromisos institucionales necesarios y el respeto a la decisión de pareja de decidir de manera libre y responsable el número y el espaciamiento de sus hijos, brindándoles la información necesaria para hacerlo y la disponibilidad asegurada de toda la gama de métodos anticonceptivos para su elección.

En Agosto de 2010, la Secretaría de Salud por Decreto Ministerial No. 2472 del 25 de Agosto del 2010 desarrolló la Actualización de las Normas de Planificación Familiar, Climaterio, Menopausia e Infertilidad de Honduras, para Proporcionar los lineamientos técnicos en los servicios de salud públicos, descentralizados y privados; para garantizar a toda la población el acceso universal a la información, orientación y servicios de calidad de planificación familiar en el contexto amplio de la salud reproductiva con opciones múltiples a métodos anticonceptivos efectivos que permitan el libre ejercicio del derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos mediante una elección informada; incrementar el acceso a los servicios de planificación familiar de la población con necesidades insatisfechas expresadas en términos de baja cobertura de uso de métodos anticonceptivos; promocionar los servicios de climaterio/menopausia e infertilidad a las mujeres en el marco de atención integral a la mujer.

De 2010 al 2011 se capacitó sobre las Normas el 90% de las Regiones Departamentales de Salud y las mismas asumen el rol de Facilitadores para el seguimiento. En los Hospitales el proceso es más lento y solo se ha capacitado a 2 de los 25 Hospitales de nuestra Red Hospitalaria siendo ellos los dos Hospitales Nacionales (Hospital Escuela y Maternidad del General San Felipe en Tegucigalpa).

Como resultado de la implementación de la Estrategia que desde sus inicios se propone cubrir un 20% de las parejas potenciales en el 2011, lográndose cubrir el 17% de ellas (85%). Los informes de hospitales y regiones reflejan un incremento de 80.6% en el Número de Parejas Protegidas en los últimos 5 años (ver Anexo 15).

Con esta estrategia se disminuyó la demanda insatisfecha y se redujo la Mortalidad Materna con una razón de 108 por 100 mil nacidos vivos en 1997 a 74 muertes por cada 100 mil nacidos vivos en el 2011.

Con el propósito de disminuir la exclusión social, estos modelos se inician en el año 2005 con 17 unidades de salud (clínicas maternas infantiles y unidades de salud de atención primaria), distribuidas en 8 municipios de 6 departamentos del país, beneficiando a 60,130 habitantes. Ya para el año 2010, se cuenta con 115 unidades de salud descentralizadas que cubren 62 municipios en 13 de los 18 departamentos de la nación, beneficiando a 854,576 habitantes.

El Estado de Honduras continúa brindando atención a través del sistema institucional, por medio de sus 28 hospitales nacionales, asimismo el sistema primario de salud se brindó a nivel nacional a través de los 380 CESAMOS (Centro de Salud Medico-Odontológico), 1,029 CESARES (Centros de Salud Rural, atendidos por personal auxiliar de enfermería) y 58 clínicas materno infantil.

Como dato novedoso en la presente Norma se introduce un Capítulo para el cuidado y Atención Preconcepcional como un componente crítico en la atención sanitaria de las mujeres en edad reproductiva. Se define como un conjunto de intervenciones que tienen como propósito identificar y modificar factores de riesgo cuando sea posible. Los que corresponden a variables demográficas y médicas que directa o indirectamente están relacionados con factores causales de las malformaciones congénitas o con el mal resultado perinatal. La Atención Preconcepcional se enmarca en identificar factores: hábitos, conductas y patologías que condicionan un riesgo reproductivo para la mujer y su recién nacido procurando su atención en el nivel que corresponda, promocionar acciones para mejorar la salud de la mujer y el recién nacido y orientar a la pareja sobre opciones para postergar su embarazo mientras la mujer está en condiciones apropiadas para embarazarse.

El Comité insta al Estado a garantizar que sus políticas y decisiones públicas estén de conformidad con su Constitución, que establece el carácter laico del Estado. Por otra parte el Comité recomienda que el Estado Parte examine la posibilidad de reformar la normativa sobre el aborto con miras a determinar en qué circunstancias se puede autorizar, por ejemplo, el aborto terapéutico y el aborto en casos de embarazo resultante de violación o incesto y a derogar las disposiciones que penalizan a las mujeres que recurren al procedimiento, en consonancia con la recomendación general 24 del Comité, relativa a la mujer y la salud y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

Honduras como signatario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995), siguió su compromiso para mejorar la atención del aborto inseguro, brindando atención en caso de complicaciones y mejorando la asesoría en la anticoncepción, educación y servicios de salud. Honduras continúa tipificado el aborto como delito; sin embargo, basado en la incidencia nacional, en los últimos cinco años y en todos los hospitales del país la Secretaría de Salud dentro del marco para brindar atención calificada en el embarazo, parto y puerperio y en función de reducir la mortalidad materna ha impulsado la estrategia de atención integral a la mujer en el post aborto y sus complicaciones.

Honduras continúa tipificado el aborto como delito. Se reconoce el aborto terapéutico en las Normas Nacionales para la atención Materno Neonatal (2011), como parte del capítulo de complicaciones obstétricas que define el Aborto Terapéutico como la interrupción de un embarazo para preservar la salud o salvar la vida de una mujer en las siguientes situaciones: a) Cuando está en peligro la salud de la mujer; b) Cuando está en peligro la vida de la mujer; c) Cuando el producto tiene malformaciones congénitas incompatibles con la vida y d) Cuando el embarazo ha sido producto de una relación no consentida o una fertilización no consensuada.

En la expansión del proceso de Atención Post Aborto se pone a la disposición del personal de las unidades el protocolo de Atención Post Aborto (APA). La atención incluye información para la mujer, atender sus necesidades de salud, servicios complementarios de anticoncepción y cuando el caso lo amerita según los hallazgos clínicos el uso de la Aspiración Manual Endouterina (AMEU), como técnica de evacuación. La cantidad de procedimientos para el 2011 fueron 5,353 AMEU a nivel nacional. Las Normas Nacionales define los requerimientos mínimos para la atención post aborto, como, disponer de un equipo multidisciplinario de salud para brindar atención profesional eficiente a la mujer, su pareja y su familia, brindando apoyo psicológico, consejería, trato amable, prudente y respetuoso, que les permita tener la tranquilidad y seguridad durante el proceso de atención en nuestras Unidades de Salud.

Como parte de la atención integral a las mujeres de todas las edades y su pareja que acude para la atención post aborto se le brinda acceso a: 1) La educación/consejería sobre la prevención de las infecciones de trasmisión sexual incluyendo el VIH/Sida, 2) Diagnóstico y tratamiento de las infecciones de trasmisión sexual incluyendo el VIH/Sida; 3) La educación/consejería sobre anticoncepción post aborto, 4) La educación/consejería sobre la planificación familiar y facilitar el método de su elección, 5) Detección, tratamiento y referencia para sobrevivientes de la violencia basada en género, 6) Diagnóstico de esterilidad/infertilidad, orientación, consejería y tratamiento, 7) Diagnóstico y tratamiento de cáncer de cérvix y cáncer de mama, 8) Educación sobre nutrición e higiene y vacunación.

La Secretaría de Salud promueve Actividades Esenciales de la Atención Post aborto. (ver Anexo 16).

En el 2009, se crea la Estrategia de Servicios Amigables para Adolescentes en 32 unidades del país, haciéndose la respectiva revisión y publicación de la Guía de Consejería para Adolescentes utilizado en los centros hospitalarios y Unidades de Salud para evitar un posterior embarazo. Inmediatamente, se puso en marcha el sistema Informático de adolescentes (SIA), con información desagregada para conocer la situación de salud de este grupo poblacional, principales problemáticas, necesidades por sexo y procedencia.

En 2011, se elaboró un Plan de Prevención del Embarazo en Adolescentes 2012-2016, teniendo un enfoque de género, derechos humanos. Como parte de una alianza inter institucional se implementó un proceso de educación sexual en escuelas y colegios, en este momento se está impulsando la implementación de las Guía: cuidando mi salud y mi vida. La Secretaria de Educación ha puesto en marcha desde 2010 la guía Cuidando mi Salud y mi Vida, para lo cual ha capacitado 20,000 maestros de 14 Departamentos del país, quedando por capacitar a los orientadores y maestros guías de 4 Departamentos entre ellos, Santa Bárbara, Olancho, Gracias a Dios y El Paraíso, esta actividad se ha realizado con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA).

El Comité exhorta también al Estado a poner a disposición de las mujeres servicios de calidad para atender las complicaciones derivadas de los abortos peligrosos y a reducir la tasa de mortalidad materna. El Comité recomienda que el Estado incorpore una perspectiva de género en sus programas y políticas relativos al VIH/SIDA y que asegure que esos programas y políticas atiendan a las necesidades de las mujeres pertenecientes a minorías étnicas.

En diciembre de 2007, el Estado presenta el III Plan Estratégico Nacional de respuesta del VIH y SIDA 2008-2012 (PENSIDA III) con el compromiso de continuar enfrentando la problemática en Honduras, descrita a continuación (ver Anexo 17).

En Octubre del año 2009, se emiten las Normas de Atención Integral a la Embarazada para la Prevención de la Transmisión del VIH de Madre a Hijo/ Hija. Son el resultado de un amplio proceso de consultas y parte de un conjunto de normas de atención integral en VIH/SIDA. El documento constituye un apoyo para la prestación de servicios amigables con calidad y eficacia así como para la capacitación y formación de recursos humanos.

En Septiembre 2011, se publica la Guía para el manejo Sindrómico de las infecciones de Transmisión Sexual.

En octubre 2011, la Secretaría de Salud, pone a disposición de todo el personal de salud, corporaciones municipales, líderes religiosos, ONG`s, IHSS, empresa privada, organizaciones civiles y otras instituciones; las Normas para el Manejo Integral de la Sífilis Materna y Congénita, para que sea implementada en todo el país. Cuyo objetivo general fortalece la capacidad de respuesta a la información, acceso de los servicios integrales y de calidad en la prevención de la transmisión vertical del VIH y de Sífilis de madre a hijo (a) en Honduras en el período 2009-2012.

El propósito de esta norma es establecer los protocolos de atención de la sífilis materna y congénita de acuerdo a sus estadios clínicos, asimismo en lo que se refiere a la consejería, diagnóstico, tratamiento, incluyendo la definición de casos y los indicadores para el seguimiento y monitoreo de la sífilis. La presente norma pretende fortalecer las acciones para la detección, manejo y eliminación de la infección por sífilis con una atención integral diferenciada (ver Anexo 18).

La presente norma pretende fortalecer las acciones para la detección, manejo y eliminación de la infección por sífilis con una atención integral diferenciada.

En embarazadas a nivel nacional varía alrededor de 2.2% antes de 1994, descendiendo levemente en los últimos años. Mientras que la tendencia del número de casos de sífilis congénita reportado por las regiones ha sido variable en el transcurso del período 2006-2009. Únicamente cinco regiones reportaron casos de sífilis congénita en el 2009 y estas son: Metropolitana de Tegucigalpa (9), Atlántida (8), Cortés (4), Francisco Morazán (1) y Gracias a Dios (1), para una incidencia de 0.11 casos por mil nacidos vivos.

El número de mujeres embarazadas en control prenatal diagnosticadas con sífilis se redujo de 164 mujeres en 2008 a 125 en 2009, lo que representa una reducción de la tasa de positividad de 0.12% a 0.09%4.

La Dirección General de Vigilancia de la Salud presenta un informe preliminar elaborado por el equipo de Vigilancia de Mortalidad Materna. Este informe es alimentado por el Sub sistema de Vigilancia de la Mortalidad Materna del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2011; casos de muertes relacionadas con el Embarazo, Parto y Puerperio obtenido a través de los instrumentos definidos por este sub sistema, notificados e investigados por las Regiones Sanitarias de nuestro país durante dicho período; notificándose a través del Boletín Epidemiológico 139 defunciones relacionadas con embarazo, de las cuales 132 fueron notificadas a través del instrumento de vigilancia de la Mortalidad Materna, 120 fueron clasificadas como muertes maternas y 86 son muertes maternas Obstétricas directas y 34 muertes maternas obstétricas indirectas, en edades comprendidas entre 20 y 34 años, en unión libre y con un nivel educativo básico incompleto a nivel de primaria. En cuanto a la situación Gineco obstetra, la mayoría de las mujeres tenían más de cuatro embarazos y el 76% habían recibido un control prenatal la atención del parto fue a nivel institucional principalmente en Hospitales Públicos por médico. Las principales causas básicas de muerte materna obstétrica directas para el año 2011 fueron: Pre eclampsia, Eclampsia, y Retención Placentaria. En el caso de las muertes obstétricas indirectas la mayoría fallecieron por complicaciones de enfermedades del sistema circulatorio, respiratorio y digestivo.

En el 2006 la OMS/OPS lanzo para uso internacional los nuevos estándares de crecimiento nutricional los que fueron adoptados por la secretaría en el 2007. El programa de atención integral a la niñez retomo los estándares y formuló la norma de vigilancia nutricional para el menor de cinco años y como parte de esta vigilancia se los siguientes instrumentos: a) Tarjeta de Atención Integral de la Niña (uso de la madre o el padre); b) Tarjeta de Atención Integral del Niño (uso de la madre o el padre); c) Historia Clínica del Niño (Para uso en el expediente a nivel ambulatoria); d) Historia Clínica de la Niña ( (Para uso en el expediente a nivel ambulatoria).

Este conjunto de instrumentos son para el uso institucional y contienen las gráficas de crecimiento peso para edad, talla para la edad y talla peso, permitiendo abordar al niño y niñas de forma integral y diferenciada, ya que contiene información desde el nacimiento, Esquema de vacunación, Micronutrientes, Evaluación del Desarrollo y mantener la Vigilancia Nutricional. Debido a las estrategias existentes en el país donde el seguimiento del crecimiento es obligatorio, los estándares de la OMS/OPS se modificaron y son de los pocos en Latino América que se enfatiza en la vigilancia de la tendencia del crecimiento, todo este trabajo se realizó bajo la mirada atenta de OPS/OMS Washington ya que es el primero en el país.

2.13.Artículo 13 y 14

Vida económica y social. La encuesta de hogares y propósitos múltiples del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (mayo 2011) especifica que el país tiene una población total de 8,200,795 habitantes de los cuales 4,213,559 son mujeres y 3,987236 son hombres. La población urbana la conforman 3,733,876 habitantes y la rural 4,466,919 habitantes. Honduras posee 1,064,165 hogares pobres (61.9%del total de hogares) de los cuales 348,679 (20.3%)corresponden a hogares en pobreza relativa y 715,486 hogares en pobreza extrema (41.6%).

Mujeres en zonas rurales, indígenas, afro descendientes. El Estado de Honduras acatando tanto las disposiciones y cumpliendo con las Recomendaciones Generales No. 16, 19,23 y 25 de la CEDAW al 5° Informe de Honduras (2006) y en concordancia con la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y BEIJING+5 relativo a la Mujer y la Pobreza, así como los Objetivos y Metas de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio (2000) relativo al Objetivo 1, Meta 1, Meta 2; Objetivo 8, Meta 12, informa:

Entre 2007 y 2011, el Estado hondureño a través del INA sostuvo la participación y beneficios para las mujeres en un 30% en todos los procesos. Se brindó asistencia técnica a 915 mujeres (30%), y 2134 hombres, (70%) en empresas campesinas a través de demandas puntuales; y en la misma proporción porcentual se ofreció la asistencia técnica sistemática y continua para consolidarla de un estadio a otro en total 601, mujeres y 1402 hombres; se atendieron 162 Empresas Campesinas de Transformación y Servicios (EACTS) con una representación porcentual similar de 1564 mujeres, 3650 hombres.

En los procesos sobre desarrollo empresarial, 526 capacitaciones fueron específicamente sobre igualdad de género (8%), y 6,043 sobre otros temas, (92%). 1,726 (518 para mujeres, 30 %), (1,208 para hombres, 70%). Para desarrollo empresarial participaron 518 mujeres (30 %), 1,208 hombres (70%) en Diagnósticos, planes, EVI, proyectos, propiedad intelectual, comercialización. Sobre la constitución de 732 Cajas Rurales 220 Crac de mujeres (30%) y 512 Crac de hombres, (70%). Se constituyeron empresas campesinas legalmente, incluyendo 433 mujeres, (30%) y 966 hombres (70%).

Entre 2007-2011 fueron incorporadas 34 Empresas campesinas (17 de mujeres, 10 mixtas y 7 de hombres) al Centro de Negocios para comercializar sus productos (envasados, café, jabón, desinfectante de piso, miel, vinos, dulces, pan, frutas, bisutería, talabartería, artesanías de junco, barro, tule, yeso, tuza). Se desarrollan proyectos productivos con el Programa de Acceso a la Tierra, PACTA a 195 empresas, 59 de mujeres (30%) y 136 empresas de hombres (70%). y fueron incorporados 67 nuevas empresas campesinas a la producción con 17 proyectos y a la tenencia de la tierra, 20 empresas de mujeres (30%) y 47 empresas de hombres (70%). Actualmente se formularon 731 proyectos agropecuarios, agroindustriales, micro riego e inversión, 219 de mujeres (30%) y 512 de hombres (70%), de los cuales algunos se encuentran en ejecución y otros en gestión.

Actualmente se formularon 731 proyectos agropecuarios, agroindustriales, micro riego e inversión, 219 de mujeres (30%) y 512 de hombres (70%), de los cuales algunos se encuentran en ejecución y otros en gestión. De 2007 a 2011, para mejorar la estadística nacional y proyectos fueron censadas 2694 bases campesinas, en el sector reformado, identificándose una población de 17,830 mujeres (36%) y 31,170 hombres (64%). 980 bases eran de mujeres y 1,714 eran de hombres. El Instituto Nacional Agrario (INA) ha emitido 29,780.00 Títulos de Propiedad; 1,083 en el sector reformado, 28,653.23 en sector independiente y 44 en comunidades étnicas. Desde 2008, el Estado hondureño decidió avanzar en un proceso de respuesta estatal más efectivo contra la pobreza, para ello pasa por un proceso de estructuración que permite a finales de ese año la creación de la Secretaría de Desarrollo Social y Red Solidaria; esta instancia busca: formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas públicas en materia social y de reducción de la pobreza; establecer las prioridades de país en el ámbito del desarrollo social enmarcadas en la Visión de País, Plan de Nación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio; articular e integrar las políticas públicas sociales y de los programas y proyectos que se deriven de éstos esfuerzos.

Es importante mencionar que hasta el año 2009 se implementaron más de 45 programas en Seguridad Alimentaria y Nutricional financiados por el gobierno de Honduras, por países cooperantes y agencias internacionales como el Gobierno de España, Estados Unidos, Suiza, Unión Europea, FAO, PMA, AECI, USAID, OPS/INCAP y Banco Mundial; ejecutadas por instituciones gubernamentales como la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Salud, Secretaría del Despacho Presidencial, Secretaría de Finanzas, PRONADERS, DINADERS, INA, Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible, Instituto Hondureño de Turismo, Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), BANHPROVI, FHIS, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Industria y Comercio, Programa de Asignación Familiar (PRAF); y organizaciones no gubernamentales, entre otras, CARE, ADRA, Save The Children y Visión Mundial.

En abril de 2009, se emite el decreto 18-2008, aprobado como un instrumento jurídico que apoyará al gobierno a facilitar un proceso de expropiación de tierras con fines de reforma agraria, especialmente para campesinas y campesinos que tienen en posesión más de 30 años. En enero de 2011 la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente por inconstitucionalidad el decreto. Con ellos el Instituto Nacional Agrario aceleró la revisión de 408 expedientes incoados durante varios años y de 512 grupos. Se emitió resolución de expropiación y recuperación en 210 expedientes, que representan (20,190 hectáreas).

En 2010, comienza la estructuración, la articulación y adscripción de los programas de protección social y reducción de la pobreza. Se cuenta con la estructura organizacional (ver Anexo 4) con funciones de las dependencias y perfiles definidos en un manual de funciones. Desde un inició se contó con la adhesión de la oficina operativa de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) que tiene como finalidad el desarrollo de capacidades de descentralización de las municipalidades, a través de la transferencia de fondos descentralizados de la ERP en 18 Departamentos de 298 Municipios.

Enmarcada en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), se ha aprobado el Decreto Ejecutivo No. PCM-038-2010, que establece la Política Nacional y la Estrategia sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales de las y los ciudadanos hondureños particularmente respecto al derecho a la vida, por medio de esfuerzos para alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la seguridad en general de las personas. Dicha Política adopta y profundiza los lineamientos de las respectivas políticas sectoriales y sus planes de largo plazo en salud, educación, agroforestal, microempresa, protección social, agua y saneamiento, gobernación e infraestructura básica. Al mismo tiempo, define un Plan de Acción que identifica las tareas específicas que le corresponderá asumir a las distintas Secretarías de Estado a fin de generar una respuesta coordinada y rápida a las familias en extrema pobreza.

En 2010, se logra la adscripción a la SDS de los programas presidenciales como las Escuelas Saludables(PES) a través de las cuales se entregaron 202,500,000 meriendas a niños y niñas del sistema público de educación básica, lo que equivale a 150 meriendas por niña y niño en el año 2011, abarcando geográficamente 296 Municipios en los 18 Departamentos. Ese mismo año, para enfrentar los problemas de nutrición se aprueba el proyecto y ley de Vaso de Leche para el fortaleciendo de la Merienda Escolar (ver Anexo 3). 528,344 niñas y niños recibieron un vaso de leche diario, como complemento a su merienda escolar, en centros educativos públicos, focalizados en 132 Municipios de 16 Departamentos.

Desde 2010, a través de Unidades de Desarrollo Comunitario (UDECO) desarrollaron 76 microempresas de capital semilla supervisadas y 175 microempresas de capital semilla creadas y supervisadas, en 4 Municipios de 2 Departamentos. Además alrededor de 5,000 personas fueron beneficiadas con empleo masivo de proyectos de obra social comunitaria.

Ese mismo año aprobó e implementó la Ley de Ingreso Complementario en Zonas Rurales y Urbano Marginales (ver Anexo 4), beneficiando a 19,770 personas con el Programa Ingresos Complementarios en zonas urbano-marginales, en su mayoría mujeres de 102 Municipios en 13 Departamentos y ejecutada a través del Programa Desarrollemos Honduras, creado en la SDS. Además Se definió e implementó una Estrategia de Articulación, a través de la ejecución del Programa Vivir Mejor, (2,000 familias beneficiadas con programas de articulación interinstitucional de inversión entre el sector público y sociedad civil en 2 Departamentos y 6 Municipios). El Programa Vivir Mejor constituye el modelo de integralidad que impulsa la SDS.

El 14 de octubre del año 2010 mediante Decreto Legislativo No. 203-2010 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afro hondureños (SEDINAFROH), como un logro a la lucha de años de las organizaciones y federaciones representantes de los pueblos indígenas y afro hondureños, reconociendo que Honduras es un Estado Pluricultural, Multiétnico en el que habitan 9 pueblos indígenas y afro hondureños siendo estos Lencas, Pech, Tawahkas, Nahuas, Maya Chorti, Tolupan, Miskitu y Garífunas reconociéndoles su existencia y garantizándoles sus derechos contemplados en la constitución de la República, los tratados y convenios internacionales y demás leyes del país, asegurándoles así la participación activa en la vida nacional, la preservación de sus valores culturales, ancestrales y las condiciones que lo hacen posible, siendo la encargada de construir las políticas públicas orientadas a generar esas condiciones de desarrollo para los pueblos, dentro de la estructura organizativa de la SEDINAFROH se planteó la imperiosa necesidad de crear la Dirección de Inclusión Social y Equidad de Género (DISEG) de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños (SEDINAFROH) que tiene como objetivo general gestionar, promover y garantizar a los pueblos Indígenas y Afro hondureños la participación en forma igualitaria en todos los ámbitos que generan desarrollo ya sean estos políticos, económicos, sociales, culturales, académicos dando a conocer la situación real en la que viven los niños, jóvenes en riesgo social, las mujeres, madres solteras, personas con discapacidad y adultas y adultos mayores. Entre las diversas Direcciones cuenta sobre todo con la Dirección General de Inclusión Social y Equidad de Género y la Dirección de Política Públicas y Acciones Afirmativas. Esta Secretaría busca por medio de la Dirección General de Inclusión Social y Equidad de Género (DISEG) a) Concientizar a las mujeres indígenas y afro hondureñas la importancia de su participación en el desarrollo de sus respectivos pueblos; b) Proponer, gestionar y realizar proyectos de desarrollo, tales como proyectos productivos, proyectos de educación, de salud y de vivienda que beneficien a la población meta de esta Dirección mejorando sus condiciones de vida; c) Formar mujeres lideresas en cada pueblo para atender con responsabilidad la problemática de la mujer; d) Exigir una Aplicación Efectiva de las leyes; e) Promover un desarrollo económico, político y social; f) Dar a conocer los Derechos de que gozan las mujeres indígenas y afro hondureñas; g) Diseñar y promover una política de inclusión social de los pueblos indígenas y afro hondureños, creando un marco jurídico que les garanticé mejores condiciones de vida, generando un verdadero desarrollo.

Desde 2010, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial se aprueba y desarrolla el programa de BONO 10 MIL que es un nuevo esquema de asistencia social como mecanismo para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza donde las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) han jugado un papel preponderante. Es un apoyo directo de los servicios básicos de educación, salud y nutrición otorgándole dinero en efectivo a estos hogares extremadamente pobres condicionando las transferencias a que las niñas, niños y adolescentes asistan a los centros educativos; que las niñas, niños y las mujeres embarazadas y puérperas asistan a los centros de salud para su control pre y post natal y reciban su paquete nutricional. Las TMC persiguen dos objetivos primordiales: aumentar los ingresos y aliviar la pobreza en el corto plazo, además de romper el ciclo intergeneracional de la pobreza gracias al aumento del capital humano.

Los objetivos específicos son: 1. Otorgar Transferencias Monetarias Condicionadas a los hogares en extrema pobreza y pobreza, con niñas, niños y adolescentes incorporados al sistema educativo, con la condición de que estén matriculados en centros educativos del sistema público nacional (modalidad formal o no formal); con el fin de fomentar la matricula, permanencia y asistencia regular durante el año lectivo. Se dará prioridad a la población más vulnerable como son las niñas, niños menores de 5 años, así como a las mujeres embarazadas y puérperas; 3. Contribuir a la creación de una red de protección social, para evitar que la población más pobre y vulnerable sea afectada por la crisis económica interna y externa, promoviendo la creación de condiciones necesarias para salir de su situación de pobreza extrema y pobreza.

En 2011, la SDS en términos de contribución a las instituciones que forman parte del quehacer social, se crea el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), que constituye una instancia creada al interior de la Secretaría de Desarrollo Social, cuya responsabilidad es proporcionar a los diferentes actores del sector social, información oportuna para la toma de decisiones. El CENISS, está conformado por el Registro Único de Beneficiarios (RUB), el Registro de la Oferta Institucional (ROI) y el Centro Nacional de Documentación (CENAD), lo cual impacta directamente en las familias rurales y en pobreza, especialmente aquellas con mujeres solas como jefas de hogar.

Protección social. A mediados de 2011, la Secretaría de Desarrollo Social convoca a las instituciones de gobierno, sociedad civil, empresa privada, organizaciones privadas de desarrollo, academia, iglesias, cooperantes y otros actores, para formular un documento de política pública que cuente con la aceptación de la mayoría.- Después de haber efectuado una serie de consultas individuales, se llevaron a cabo varias actividades entre las cuales se destaca el taller realizado los días 5 y 6 de octubre, con una amplia representación de organizaciones e instituciones, tal es el caso de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, UNAH, CONEANFO, SEDINAFROH, SJDH, Grupo Sociedad Civil, CIARH, ANAMH, COMPAH, IHSS, Child Fund, FOPRIDEH, Secretaría de la Presidencia, Puente al Desarrollo, IHNFA, INAM, Banco Mundial, entre otros. En este taller se dio otro hito importante al crearse el Comité Técnico de Protección Social (CTPS), al cual se le otorgó la responsabilidad principal de consensuar y finalizar el documento de política de protección social que debiera ser presentado al Gabinete Social, quien lo eleva al Consejo de Ministros para su aprobación como política de gobierno y posteriormente al Congreso Nacional para darle la categoría de Política de Estado.

En 2012, se aprueba la Política de Protección Social que había pasado por cinco intentos de construcción desde 2005. La misma fue construida participativamente en distintos momentos y tiene un enfoque en derechos humanos, ciclo de vida y equidad de género, permitiendo identificar los riesgos que enfrentan las personas, para poder responder con acciones de políticas diferenciadas en un contexto socio cultural, familiar y comunitario determinado, visualizando éste como un enfoque continuo dinámico e inter-generacional.

Los sujetos de atención de la PPS incluyen: a) Etapa Prenatal: hombres y mujeres en edad reproductiva y/o mujeres embarazadas del área rural y urbano o pertenecientes a pueblos indígenas y/o afrodescendientes; b) Primera Infancia (0 a 6 años): niños y niñas del área rural y urbano o pertenecientes a pueblos indígenas y/o afrodescendientes; c) Niñez (7 a 11 años): niños y niñas del área rural y urbana o pertenecientes a pueblos indígenas y/o afrodescendientes; d) Adolescencia (12 a 18 años): adolescentes niños y niñas del área rural y urbana o pertenecientes a pueblos indígenas y/o afrodescendientes; e) Juventud (19 a 30 años): jóvenes hombres y mujeres del área rural y urbana o pertenecientes a pueblos indígenas y/o afrodescendientes; f) Adultez (31 a 50 años): hombres y mujeres del área rural y urbana o pertenecientes a pueblos indígenas y/o afrodescendientes; g) Adultez mayor (60 años en adelante): hombres y mujeres del área rural y urbana o pertenecientes a pueblos indígenas y/o afrodescendientes.

2.15.Artículo 15

Justicia e igualdad ante la ley. El Estado de Honduras acatando las disposiciones del articulo 15 sobre la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, igualmente cumpliendo con las Recomendaciones Generales No. 12, 19, 24, 25 y las recomendaciones Generales del Comité de la CEDAW al 5° Informe De Honduras (2006) de conformidad con su recomendación general 19 el Comité y en concordancia con la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y BEIJING+5 relativo a la violencia contra la Mujer y la Niña; Informa al honorable Comité de los avances en el cumplimiento:

En el 2007, Se firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, con el fin de capacitar en temas “Derechos de la Mujer y Niñez”, dirigidos a los pueblos indígenas y afro descendientes de Honduras, en las ciudades de Yoro, Olancho, Puerto Lempira, Gracias a Dios, la Esperanza, Comayagua, Tela, La Ceiba e Islas de la Bahía, hasta el momento se han capacitado más de 200 mujeres de los Grupos étnicos, Tolúpanes, Misquitos, Lencas y Nahuas.

En Agosto del 2007, se creó la Unidad de Femicidios, la cual depende de la Dirección General de Investigación Criminal y su competencia es a nivel del Distrito Central, la cual se crea para apoyar al Ministerio Público en la investigación de muertes violentas contra mujeres.

En la Dirección General de Investigación Criminal, se cuenta con oficinas de Atención a la Violencia Doméstica a nivel de todas las Jefaturas Departamentales.

En el 2007, se firmó un Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Seguridad y Plan de Honduras , con lo que se pretende lograr la creación y funcionamiento de Oficinas de Atención a la Mujer en los Departamentos de Choluteca, La Esperanza y Lempira.

Desde el Año 2007, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad promovieron campañas de sensibilización a través del Programa de Modernización de la Administración de la Justicia Etapa II mediante crédito No. 1115/SF-HO, en el cual se pueden apreciar actualmente anuncios televisivos, cuñas radiales, pancartas, pegatinas, vallas publicitarias y otros medios audiovisuales que fomentaban la cultura de denuncia de actos de violencia (ver Anexo No. 3).

Desde 2007, la Policía Nacional Preventiva viene reforzando sus estructuras de atención y creó la Oficina de Atención Integral a la Mujer “CLASE I DE POLICIA JUANA BLANDIN ALMENDARES”, Ocotepeque y la Oficina de Atención a la Mujer “POLICIA ALECI ZÚNIGA”, en la Jefatura Metropolitana No.1 en Tegucigalpa. (Dichas oficinas dependen de la Dirección General Policía Preventiva y cuentan con personal capacitado y sensibilizado en temas de derecho de la mujer y funcionan las 24 horas del día, todos los días del año). En 2008, se creó la Unidad de Femicidios en la Ciudad de San Pedro Sula, para apoyar en la investigación de muertes de mujeres en ese sector y la oficina de Atención Integral a Víctimas Sobrevivientes de Violencia Doméstica y Delitos Especiales. En Junio del 2009 se crea la Oficina de Atención Integral a Victimas Sobrevivientes de Violencia Doméstica y Delitos Especiales y en 2010 la Oficina de Atención Integral a la Mujer en Intibucá, con el apoyo de la Alcaldía Municipal de la Esperanza.

Desde enero del 2008 se han puesto en funcionamiento los Juzgados de Paz Móviles, los cuales pueden desplazarse a los diferentes barrios, colonias, caseríos, aldeas y lugares donde no se cuenta con éste apoyo que resulta accesible para hombres pero en especial a nuestras mujeres. En estos juzgados móviles no se necesita de un abogado/a para hacer la denuncia sobre temas de violencia, civiles, laborales, entre otros. El servicio es inmediato, transparente, con celeridad, ya que el mismo se encuentra debidamente acondicionado con todo el personal necesario, como un/a) Juez, receptor/a, Secretario/a, mandando a citar al denunciado de inmediato y a través de la policía Los resultados a la fecha son satisfactorios porque se resuelven en forma expedita, las diferentes problemáticas que allí se presentan. Estos juzgados prestan el servicio en forma gratuita, ágil, transparente y directa sin la necesidad de un abogado que lo represente. Se atienden demandas civiles verbales y denuncias de faltas; solicitudes de conciliación en materia de familia, laboral, recepción de denuncias y emisión de medidas de seguridad en conflicto de violencia doméstica. Funciona en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en lugares debidamente seleccionados. Actualmente se cuenta con los juzgados de paz móvil en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca.

Desde 2009 se están revisando reformas al Código Penal en relación a introducir el delito de Femicidio como una propuesta que logre tener un efecto disuasivo en la población y endurecer las penas. Concretamente con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos logró introducir la propuesta de no discriminación por reforma del artículo 321 del Código Penal, la Corte Suprema de Justicia emitió dictamen con oficio PCSJ N° 354/11 del 21 de junio del 2011sobre el primer anteproyecto orientando la reforma hacia una agravante del homicidio.

Se hizo revisión en 2010 el Código Penal y se sugirió reformar el delito de Violencia Intrafamiliar el Artículo 179-A y – B, en el cual también deberá ir incluida las medidas de seguridad establecidas en la Ley Contra la Violencia Domestica para proteger la integridad física de la mujer, así mismo marcar en ese tipo penal la diferencia entre los elementos normativos y descriptivos que conforman la definición de la violencia doméstica, para distinguir sin ninguna equivocación cuándo estamos frente a una violencia y cuándo estamos frente a una violencia intrafamiliar, o sea distinguir la acción civil de la acción penal.

En Mayo 2010, se crea la Atención de Línea Telefónica 111, de Atención de Denuncias de Maltrato y Abuso hacia niñas y niños, con el apoyo del Despacho de la Primera Dama y el IHNFA.

En el Año 2011, el Poder Judicial lanzó una campaña educativa sobre el acceso a la justicia enfocada a la Violencia Doméstica que consiste en un anuncio televisivo en dibujos animados con el fin de llegar a público de todas las edades. (Ver Anexo No.4) Dicho anuncio muestra las formas de violencia doméstica, quien puede interponer la denuncia y los lugares donde interponer la misma. Todas las campañas tuvieron una cobertura nacional gracias al apoyo de los medios de comunicación del país.

Se ha implementado el Modelo de Atención Integral a las Victimas en la ciudad de La Ceiba, Atlántida como ciudad piloto y este año en la ciudad de Tegucigalpa. Este modelo tiene como objetivo tener siempre presente que la víctima es una persona y por lo tanto merece todo nuestro respeto; debe ser tratada con dignidad, abordada con la sensibilidad necesaria de acuerdo a las circunstancias del caso.

La oficina de atención integral a la víctima está dotada de un trabajo interdisciplinario que comprende: las áreas de asistencia legal, trabajo social y psicología a fin de brindar una atención expedita y eficiente desde la toma de la denuncia aminorando el impacto causado por el delito y previniendo la victimización secundaria .- Se busca asegurar la presencia de la víctima durante el proceso judicial, reconociendo la importancia de su participación y articular redes de coordinación a fin de brindar la asistencia necesaria para orientar a la víctima en el desarrollo del proceso para que la víctima sea tratada con dignidad y respeto debido. Este modelo se está implementando en la ciudad capital Tegucigalpa con una atención personalizada a la víctima y se ha puesto a funcionar la unidad de imposición de medidas en los casos urgentes la que es apoyada por los analistas adscritos a la Fiscalía de la Mujer y los agentes de la DNIC adscritos a la misma.

El Estado de Honduras ha avanzado incorporando nuevas unidades dependientes de la estructura organizativa y funcional del Ministerio Público dentro de la Fiscalía Especial de la Mujer, la unidad de Unidad de Delitos Sexuales y la unidad de Muertes Violentas de Mujeres, con el fin de darle una atención especial a esta área de violencia por el alto índice que se ha incrementado en los últimos cinco años, también se implementó una guía práctica de atención a los delitos de abuso sexual, con el fin de capacitar al personal fiscal y supernumerario que trabaja en el tema, en todo el país.

El Poder Judicial cuenta con un Plan Estratégico 2011-2016, el cual tiene como eje transversal la Equidad de Género, para dar cumplimiento a dicho eje del plan se creó la Unidad de Género del Poder Judicial el 27 de enero de 2010, es la encargada de promover, orientar, fortalecer y monitorear los procesos de cambio tendentes a ejecutar un política de género asegurando el acceso equitativo y sin discriminación a la justicia para mujeres y hombres (ver Anexo No. 1).

Se firmó en San Salvador el 21 de septiembre de 2011, la Declaración sobre Acceso a la Salud y la Justicia ante la Violencia Sexual, con el fin de reafirmar los avances y seguimiento de la coordinación interinstitucional para el desarrollo e implementación de modelos Integrales en el área de salud y justicia.

En octubre de 2011, se firma el protocolo de Tegucigalpa y se aprueban por la Corte Centroamericana de Justicia y la Corte de Justicia de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana las Reglas Regionales de Atención integral a las Mujeres Víctimas de Violencias de Género con Énfasis en Violencia Sexual, que recogen los estándares mínimos de atención especial a mujeres víctimas de cualquier violencia, sobre todo sexual y que en su orden de condición niñas, indígenas, afro descendientes, mujeres con discapacidad y migrantes requieren de atención que evite la doble discriminación durante el proceso judicial.

Como país la opinión legal del Ministerio Público, referente al Protocolo Facultativo de la Convención sobre todas la sus Formas de Discriminación contra la Mujer, el Estado de Honduras se pronunció en cuanto a los convenios internaciones que ha suscrito, sobre todo que la Convección Interamericana sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer fue complementada por los países con la adopción de protocolo facultativo que establece la competencia del comité CEDAW, para conocer las comunicaciones individuales de personas que aleguen violaciones a los Derechos Humanos contenidos en la convención. Reconocemos que el protocolo facultativo es un mecanismo jurídico que no crea nuevos derechos sino; dos procedimientos que permiten a las mujeres plantear: a) quejas o comunicaciones, y b) Solicitar investigaciones sobre los derechos establecidos en dicha convención de los artículos del 1 al 11 en donde señalan los procedimientos.

Se ha implementado en el Ministerio Publico los mecanismos que nos llevan a darle una pronta respuesta a las víctimas y una efectiva aplicación de la justicia como ser las unidades de imposición de medidas, la ampliación de las Consejerías de Familia a nivel nacional con enfoque de género, siendo el pilar básico la atención a la víctima como lo establecemos anteriormente en el modelo de atención integral todo esto en coordinación con el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Instituto Nacional de la Mujer y Organizaciones Civiles.

Respecto a reducir la re victimización y victimización secundaria queremos mejorar el sistema de justicia, por lo que el Ministerio Publico identificó como necesidad prioritaria la instalación de una sala de entrevistas con cámaras de GESSEL, totalmente equipadas que permiten brindar una mejor atención de las víctimas de delitos sexuales en mujeres y niñas, especial y mayoritariamente. Contamos con tres salas de entrevistas, con cámaras de GESELL en las tres ciudades más importantes como ser La Ceiba, San Pedro Sula y Tegucigalpa. También fortaleciendo el programa de protección a testigos y niñas/os víctimas, se instaló la sala de entrevista remota y el equipo audiovisual móvil que permitirá movilizar el sistema a las víctimas, sobre todo a niñas y niños en procesos de protección.

La Corte Suprema de Justicia, reporta un incremento en las resoluciones emitidas en casos de violencia doméstica, a nivel nacional. En los Juzgados de Paz a nivel nacional se encuentra un incremento de 45% en las resoluciones emitidas desde el año 2007 al año 2011. En los Juzgados Mixtos a nivel nacional se encuentra un incremento de 34% en las resoluciones emitidas desde el año 2007 al año 2011 y en los Juzgados Especializados a nivel nacional se encuentra un incremento de 51% en las resoluciones emitidas desde el año 2007 al año 2011.

Desde la creación de los Juzgados de Paz Móvil, se ha brindado acceso a la justicia a mujeres de escasos recursos económicos y que por varias razones no pueden trasladarse a los juzgados en distintas materias, en el caso específico de violencia domestica los Juzgados de Paz Móvil solo reciben las demandas, imponen las medidas de seguridad y remiten los expedientes a los Juzgados Especializados.

Desde 2011, La Unidad de Delitos Especiales ha comenzado a registrar los delitos sexuales cometidos contra niñas y niños. Apartó el sistema de distribución de expedientes y ha mejorado la investigación de casos de abusadores en serie.

En 2011 con el propósito de fortalecer las capacidades del Estado para mejorar la situación de seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad y remover la impunidad, se han asignado recursos adicionales a los servicios de investigación que tiene la responsabilidad seguimiento de los delitos contra la vida en perjuicio de mujeres, niños y jóvenes, periodistas y miembros de la Comunidad Lesbiana Gay Bisexual y Transgénero – LGBTI.

Para mejorar la atención de las víctimas a través de líneas telefónicas 111 y 114 de violencias doméstica, en noviembre de 2011, se participó en la Quinta Consulta Regional para América y el Caribe, que se desarrolló en Lima Perú, por parte del proyecto Previsión, Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas y Niños, coordinada por Plan Honduras y ChildHelpline y se continua en proceso de capacitación para atención en crisis y toma de denuncias y el manejo de las Líneas de Emergencia.

2.16.Artículo 16

Matrimonio y familia

Artículo 16

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

El mismo derecho para contraer matrimonio;

El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento;

Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución;

Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;

Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos;

Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;

Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación;

Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso.

No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial.

La Constitución de 1982 y Código de Familia de 1984 se caracteriza por la referencia expresa de protección especial por parte del Estado hacia la familia, el matrimonio, la maternidad y la infancia, con un capítulo especial de protección a la niñez, se contempla como deber del Estado el proteger a la familia y las instituciones vinculadas a ella, así como garantizar la igualdad jurídica de los cónyuges y de los hijos entre sí. Entre las novedades jurídicas que introduce este Código aparecen, entre otras, la igualdad jurídica de ambos cónyuges y el ejercicio mancomunado de la patria potestad. Se establece por domicilio el hogar en que ambos cónyuges tengan su residencia habitual. Otro importante cambio es el desaparecimiento de la concepción del adulterio y en cambio, se registra el de infidelidad para ambos cónyuges. Con la puesta en vigencia del Código de Familia se crean los Juzgados de Familia, para el conocimiento específico en la materia.

Se identifican disposiciones discriminatorias, entre ellas lo relativo a la edad para contraer matrimonio y la revisión de los criterios biológicos en la legislación de niñez y adolescencia que desde el Congreso Nacional a través de la Comisión de Niñez y Familia ha desarrollado una propuesta de anteproyecto de integración y consolidación normativa que propone: 1) Reforma del artículo 16 del Código de Familia, en el sentido de unificar la edad para contraer matrimonio con autorización; específicamente, se sugiere aumentar la edad actual de las niñas para contraer matrimonio, que es de dieciséis años, a dieciocho años cumplidos, como medida de protección para evitar los matrimonios prematuros, y garantizar que gocen como niñas de los derechos fundamentales establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 3) Revisión y eliminación de los criterios biológicos de madurez de niños y niñas establecidos en el párrafo tercero del Artículo 1 del Código de la Niñez y la Adolescencia y 4) Derogación expresa de todas las disposiciones contenidas en el Código Civil discriminatorias contra la igualdad de los hijos entre sí, y contra la igualdad de la mujer y el hombre.

4.Temas de especial relevancia en el contexto hondureño

4.1.Muerte Violenta de Mujeres

El femicidio es la muerte violenta de una mujer por causas relacionadas al género. Es la forma más extrema de violencia y con frecuencia, la culminación de una larga secuencia de agresiones.

Una primera dificultad para medir la incidencia del femicidio, es la falta de datos debido a que no es una categoría todavía incorporada en los registros de las instituciones ni en el sistema jurídico de Honduras.

Si bien en el seno de la Comisión Interinstitucional sobre femicidios, a inicios de 2008 se llegó al consenso de que las muertes violentas producidas en las relaciones de pareja o intrafamiliar, son considerados femicidios (femicidio íntimo), no fue consensuada una conceptualización que abarque los femicidios producidos en el ámbito público o por actores no cercanos.

En el Primer Informe Regional: Situación y Análisis del Femicidio en la Región Centroamericana (Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, 2006), el Femicidio es entendido “… como las muertes intencionales y violentas de mujeres (asesinatos, homicidios y parricidios), por el hecho de ser mujeres, constituye la máxima violación a los derechos humanos de las mujeres por tratarse de la eliminación de la vida, principal bien jurídico protegido por los sistemas jurídicos nacionales y el internacional”.

De acuerdo a la información elaborada por las organizaciones de mujeres, tomando como base los datos de la DNIC y de periódicos, a partir de 1990 se produjo una escalada de femicidios, hasta el punto que se ha vuelto una noticia casi cotidiana el hallazgo de cuerpos de mujeres asesinadas con extremada saña y alevosía. De 2003 a 2007 se registraron 808 femicidios, habiéndose duplicado el número de casos en ese período. En el país ocurre un Femicidio cada 48 horas.

Datos para la serie de años 2003 al 2007, tomando como base la información de los periódicos y la DNIC, muestran que 40% de las víctimas de Femicidio fueron mujeres jóvenes entre 16 y 30 años, seguido por el grupo de 31 a 40 años, con un 16.4%. En un 10.2% de los casos se ignora la edad de la víctima. El 33% de las mujeres fueron asesinadas en su propia vivienda. Es de resaltar que un 69% de los femicidios fueron perpetrados con arma de fuego.

La zona norte es la región donde hay más casos de femicidios, ubicándose el departamento de Cortés en primer lugar, con un 29% del total, localizándose principalmente en San Pedro Sula, Choloma, Villanueva, Puerto Cortés, y La Lima, que son ciudades que concentran la actividad comercial.

En segundo lugar se encuentra Francisco Morazán, con un 26.2% del total. Estos dos departamentos reportan el 55.2% de las muertes violentas a nivel nacional. En la zona norte se concentraron el 42.8% del total de los femicidios registrados en el período señalado. En la región central, que incluye Francisco Morazán y Comayagua, se reportaron el 32.2% de los casos. Además de Cortés y Francisco Morazán, los departamentos que presentan una alta incidencia de femicidio son Atlántida (7.3%), Comayagua (6%), Copán (5.5%), Yoro (5%) y Olancho (4.4%).

Los meses de mayor frecuencia de muertes de mujeres fueron febrero y abril. Las cifras existentes sobre los femicidios ocurridos en el 2006 también muestran que en menos de la mitad de los casos (44%) se conoce la identidad del agresor (11% compañeros de hogar, 10% guardias de seguridad y policías y 23% maras y narcotraficantes) . Al analizar los datos para la serie de años, entre un 10 y 20% de los femicidios, no se conoce la identidad de la mujer, lo que muestra los problemas de registro y de la investigación criminal para obtener datos concretos sobre las circunstancias en las que se producen las muertes violentas.

Los femicidios se inscriben en un escenario donde los cambios recientes en el modelo económico, llevaron al aumento de la participación de las mujeres en los sectores punta de la economía, al crecimiento urbano, el surgimiento de polos de desarrollo transnacional, la apertura de fronteras y la migración internacional, entre otros. Esas condiciones favorecen el aumento de la violencia pública, la inseguridad ciudadana, el crimen organizado y todo tipo de redes y tráficos ilegales en la región.

La Fiscal Especial de la Mujer ha señalado que ante la disminución de recursos a los órganos de investigación, la criminalidad se moderniza, y cambia a modalidades de crimen más complejo por lo que se requiere de actualizaciones de técnicos y peritos especializados/as en la Violencia contra la mujer y más concretamente violencia femicida.

La falta de una adecuada investigación constituye una violación de Derechos Humanos de las mujeres, al debido proceso, a un juicio expedito y justo y a la condena del agresor, al crimen de Lesa Humanidad contra ellas que violentan el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, libertad, sumada a la impunidad cobijada por órganos Policiales, Fiscales y Jueces.

El Trámite Judicial existe mucho formalismo legal escrito: solicitud de la prueba anticipada, intervenciones telefónicas, allanamientos, testigos protegidos, etc. Que se resuelven con mucho retraso.

Los reportes de la Policía Nacional, establecen que en relación a los delitos sexuales, la violación sigue siendo el delito más denunciado, habiéndose incrementado también las denuncias de casos de Estupro y actos de lujuria.