Marco constitucional, legislativo e institucional
Pregunta 1
En agosto de 2011, el Comité Interministerial de Derechos Humanos (CIDU) publicó la traducción al italiano de las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (CO/6), de fecha 26 de julio de 2011, en línea. A principios de septiembre de 2011 se convocó una reunión especial para compartir la traducción anterior con las organizaciones de la sociedad civil (OSC). En esa ocasión, se llegó a un acuerdo entre todas las administraciones para traducir y publicar conjuntamente todos los materiales pertinentes del CEDAW, en línea. Se creó un equipo especial de tareas bajo la dirección del Ministerio de Justicia y se presentó el material en diciembre de 2011. El CIDU informó al Parlamento al respecto.
Desde hace unos años, la Escuela Superior de Judicatura realiza cursos de repaso específicos sobre la violencia por razón de género que comprenden el CEDAW y las obligaciones pertinentes (en 2015, el curso se centró en los delitos relacionados con los hogares; en 2016 la capacitación abordó la violencia contra las mujeres y en los niños; el curso de 2017 se centrará en la violencia contra las mujeres).
En 2014, el antiguo Instituto Superior de Estudios Penitenciarios firmó un memorando de entendimiento con la Asociación de Psicólogos de Lacio para llevar a cabo una investigación sobre los autores de actos de violencia doméstica. En 2016, la Dirección General de Capacitación del Departamento de Administración Penitenciaria (Ministerio de Justicia) asumió la responsabilidad de la investigación con el objeto de evaluar la peligrosidad social y desarrollar modalidades de reintegración de las personas violentas. El proyecto incluye: la capacitación; la recopilación de información sobre los autores de actos de violencia; la reunión con los autores de actos de violencia; los programas de tratamiento para reducir la reincidencia; la prueba de un proceso de grupo psicológico; la intervención y la verificación. En la actualidad, se está llevando a cabo una investigación experimental en algunas prisiones y dependencias de libertad condicional (las cárceles CR Spoleto, CC Terni, CC Frosinone, CC Roma Rebibbia, CC Chieti y CC Teramo, y las dependencias de libertad condicional de Frosinone, Roma, Pescara y Spoleto), con la participación de 70 personas. En algunas prisiones, se han llevado a cabo entrevistas para realizar una evaluación psicológica y psicodiagnóstica. Además, la Dirección General tiene prevista la planificación de la capacitación para 2017, tanto la ampliación del proyecto como la supervisión de los trabajadores penitenciarios pertinentes.
Pregunta 2
A modo de ejemplo, en lo que respecta a la práctica judicial relevante, se adjunta a la presente un memorando de entendimiento firmado por la Fiscalía General de Tívoli con otras partes interesadas clave, a fin de garantizar un sistema de protección integral para las víctimas (anexo 1).
En cuanto a la Consejería para la Igualdad de Oportunidades, recordando la información de los informes periódicos sexto y séptimo, la Consejería para la Igualdad de Oportunidades desempeña sus funciones en virtud de los artículos 12 a 20 del Decreto Legislativo 198/2006, en su forma enmendada. Las tareas consisten en detectar y examinar los casos de discriminación por razón de género en el lugar de trabajo a lo largo de la vida laboral. Con locus standi, la Consejería para la Igualdad colabora con los inspectores de trabajo a todos los niveles de las administraciones locales (se ha reformado recientemente el servicio de inspección de trabajo conforme al Decreto Legislativo 149/2015). La red de la Consejería para la Igualdad abarca todo el territorio italiano.
En cuanto a los casos de discriminación examinados por la Consejería para la Igualdad, los datos proceden de sus informes anuales en virtud del párrafo 6 del artículo 15 del Decreto Legislativo 198/2006. En lo que respecta a la discriminación por motivos de género, en 2015 se denunciaron 2.471 casos ante la Consejería Nacional para la Igualdad, de los cuales 2.051 (83%) se produjeron en el norte; 186 (7,5%), en el centro; y 234 (9,5%), en el sur. En 2016 hubo 1.585 casos, de los cuales 1.071 (67,9%) tuvieron lugar en el norte; 108 (6,9%), en el centro; y 400 (25,2%), en el sur de Italia.
Mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer
Pregunta 3
El presupuesto nacional asignado al mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer (Departamento de Igualdad de Oportunidades de la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia) fue de más de 32 millones de euros para 2014-2015, y de aproximadamente 47 millones de euros para 2015-2016. Para el período 2016-2017, el presupuesto asignado se duplicó, de manera que alcanzó los 91 millones de euros.
En cuanto a las políticas de transversalización de la perspectiva de género a través del Fondo Social Europeo durante el período de referencia, en estos momentos el Departamento de Igualdad de Oportunidades está llevando a cabo un proyecto denominado “Modalidades de trabajo flexible para el futuro de las administraciones públicas: prácticas innovadoras para el equilibrio entre el trabajo y la vida personal”. El proyecto prevé la aplicación de medidas encaminadas a facilitar la conciliación entre el trabajo y la vida familiar para los funcionarios de la administración pública, así como la realización de proyectos piloto para probar medidas de trabajo inteligentes en las administraciones públicas a nivel central, regional y local.
En relación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Departamento de Igualdad de Oportunidades ha elaborado medidas de asistencia técnica para prestar apoyo a las regiones de convergencia (Calabria, Campania, Apulia y Sicilia) en la aplicación de los principios de no discriminación y de igualdad de género dentro de la programación regional. El objetivo consiste en crear un sistema de gobernanza para la igualdad de género y consolidar las capacidades en materia de transversalización de la perspectiva de igualdad, equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel regional.
En 2016, el Decreto Legislativo 90/2016 modificó la Ley 196/2009 sobre la contabilidad y las finanzas públicas al introducir, en el artículo 38 septies, la adopción experimental de la presupuestación con perspectiva de género para la evaluación de las repercusiones de las políticas presupuestarias tanto para mujeres como para hombres en términos de dinero, servicios, trabajo y tiempo no remunerado. La medida tenía por objeto evaluar los diferentes efectos de las políticas presupuestarias en hombres y mujeres, respectivamente.
El presupuesto estatal con perspectiva de género se formulará con relación al informe presupuestario anual, de manera que la información sobre el año actual se presentará en el informe de 2016. Para ello, las administraciones están trabajando a fin de definir las partidas de gasto que se incluirán, reclasificándolas en función del objetivo que se pretenda lograr.
La financiación (asignada directamente a las autoridades locales) para la Consejería para la Igualdad se enmarca en el artículo 17 del Decreto Legislativo 198/2006, mientras que los recursos para la Consejería Nacional para la Igualdad se corresponden con el artículo siguiente, el artículo 18.
El 3 de agosto de 2016, gracias al Ministro de Políticas de la Familia, el Gobierno firmó un acuerdo con las regiones y las provincias autónomas de Trento y Bolzano con el propósito de difundir, a nivel nacional, la “auditoría familiar”: un “distintivo de calidad” dirigido a las empresas que prestan una atención especial al equilibrio entre el trabajo y la vida familiar.
Las empresas públicas y privadas que deseen reorganizarse y prestar así una atención especial a las necesidades familiares de sus empleados pueden obtener la certificación de “auditoría familiar”. Dicha certificación se expide tras un período de tres años y medio durante el cual dichas empresas, con el apoyo de consultores especializados, incorporan modelos de organización nuevos. Las regiones que se adhieren a la “auditoría familiar” elaboran memorandos de entendimiento con el objeto de definir los métodos de ejecución a nivel local.
Además, el Departamento de Políticas de la Familia promueve y financia anualmente las medidas pertinentes. En 2015 y 2016, se asignaron 5 millones de euros para la ejecución de actividades en apoyo a las familias y las responsabilidades parentales, y para la creación y el desarrollo de centros familiares; y 7,5 millones de euros para la financiación de las actividades previstas en los programas regionales de intervención, como la ayuda Bonus nido y el apoyo a los servicios para la primera infancia.
Por último, el Departamento de Políticas de la Familia firmó un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales a fin de poner en práctica un proyecto para familias con múltiples problemas y personas desfavorecidas o víctimas de discriminaciones basado en servicios sociales innovadores, como la difusión y el intercambio de las mejores prácticas en materia de tutoría y mediación familiar y cultural, centros locales para familias, abusos y malos tratos en el seno familiar, y violencia (Fondo Social Europeo 2014-2020).
En cuanto a la institución nacional de derechos humanos independiente, está teniendo lugar un importante debate en Italia a todos los niveles del sistema. En este sentido, cabe destacar el alto nivel de atención que recibe esta cuestión a nivel parlamentario, especialmente en el Senado, donde la Comisión de Asuntos Constitucionales está debatiendo el texto correspondiente.
Italia cuenta con una vasta experiencia en el campo del diálogo con las OSC. Con respecto a esto, cabe destacar el último Plan de Acción Nacional sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad para el período 2016-2019, de conformidad con la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se ha redactado con un enfoque interministerial, integrado y totalmente participativo (anexo 2), así como el Plan de Acción Extraordinario contra la Violencia Sexual y por Razón de Género, que se elaboró en colaboración con las OSC y cuyo Observatorio Nacional de la Violencia cuenta también con miembros de OSC (véase el párr. 23).
Medidas especiales de carácter temporal
Pregunta 4
Italia es plenamente consciente de la importancia de esta cuestión. El proceso cultural pertinente está en curso gracias también a las medidas recogidas en las preguntas 10 y 13.
Estereotipos y prácticas nocivas
Pregunta 5
En 2017, el Departamento de Igualdad de Oportunidades puso en marcha el proyecto CREATIVE (Evolución de las Relaciones mediante la Educación y la Sensibilización para Poner Fin a la Violencia contra la Mujer), financiado por la Comisión Europea y cofinanciado por el Departamento. El objetivo principal del proyecto consiste en diseñar, desarrollar, producir y difundir ampliamente, por primera vez en Italia, una campaña integral de sensibilización y educación dirigida a múltiples destinatarios sobre la eliminación de los estereotipos de género y la violencia contra las mujeres que tenga una gran repercusión en el público en general y permita, a través de medidas concretas, lograr y mejorar la sensibilización de las generaciones futuras de hombres y mujeres con respecto a este problema. Las medidas previstas en el marco del proyecto incluyen la realización de pruebas piloto de dos herramientas experimentales sobre los estereotipos de género (un juego de mesa y un libro de cuentos) en 40 jardines de infancia y escuelas primarias. En función de los resultados de las pruebas, este tipo de medidas podrían adoptarse en un futuro en todo el territorio nacional con fondos nacionales.
El 11 de noviembre de 2016, el Departamento de Igualdad de Oportunidades, en colaboración con el Ministerio de Educación, Universidades e Investigación (MIUR), presentó una convocatoria pública de propuestas de iniciativas en materia de educación escolar sobre la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia por razón de género y contra los estereotipos de género para todas las escuelas públicas del país. La convocatoria de propuestas también alentó la creación de colaboraciones entre las escuelas y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en este sector. El importe total asignado asciende a 5 millones de euros y los proyectos seleccionados iniciaron sus actividades el 1 de febrero de 2017.
Por su parte, el grupo de expertos en lenguaje y género se reunió tres veces durante el período de referencia y comenzó a trabajar en la redacción de las directrices para la promoción del uso correcto del idioma italiano desde la perspectiva de género en las administraciones públicas y los medios de comunicación, también con relación a los actos legislativos y administrativos. Debido al cambio de Gobierno, el mandato del grupo ha concluido, pero pronto se renovará en consonancia con la aplicación del Plan de Acción Extraordinario contra la Violencia Sexual y por Razón de Género.
En cuanto a los efectos de las medidas destinadas a combatir las actitudes estereotipadas y sexistas en los medios de comunicación y la industria publicitaria, como se subraya en el séptimo informe periódico de Italia (párr. 37), el Departamento de Igualdad de Oportunidades firmó un memorando de entendimiento con el Instituto de Autodisciplina Publicitaria (IAP) con miras a aumentar la cooperación para controlar y eliminar los anuncios ofensivos e indecentes. En 2015 se estudiaron 93 casos al respecto y el 38% de los anuncios en cuestión fueron eliminados. En 2016 se analizaron 68 casos y el 32% de los anuncios fueron retirados. A fecha de marzo de 2017, se han estudiado 8 casos y se ha retirado el 25% de los anuncios. A fin de fortalecer este instrumento, el IAP también firmó un memorando de entendimiento similar con la Asociación Nacional de Municipios Italianos (ANCI).
El MIUR participa en un grupo de trabajo del Observatorio Nacional de la Violencia contra la Mujer, orientado hacia la elaboración de un plan estratégico sobre la violencia por razón de género. Por otra parte, establecerá un grupo de trabajo, en colaboración con la Asociación Italiana de Editoriales, con el objeto de abordar el uso del idioma, la promoción de la igualdad de género en los libros de texto y la eliminación de las actitudes estereotipadas.
La salud y el bienestar físico, mental y social dependen de varios factores, entre ellos el género. La protección y la promoción de la salud de la mujer representan una inversión clave para mejorar la situación sanitaria general. En vista de la función esencial que desempeñan las mujeres en la familia como agentes clave para los estilos de vida sanos (factores impulsores de hábitos saludables), las propias mujeres deben gozar en primer lugar de una buena salud. Para promover la sensibilización acerca de la salud de la mujer en todas las etapas de la vida, el Gobierno creó, con la participación de las mujeres, el Día Nacional de la Salud de la Mujer, el 22 de abril (fecha de nacimiento de la nobel Rita Levi Montalcini).
a)Durante el primer Día Nacional de la Salud de la Mujer, celebrado en 2016, el Ministerio de Salud organizó un proyecto de información interactivo, con debates en línea y de estudio sobre diez temas relevantes en torno a la salud de la mujer: 1. Sexualidad, fecundidad y salud materna. 2. Violencia, derecho a asistencia sanitaria y mujeres inmigrantes. 3. Nutrición a lo largo de todo el ciclo vital. 4. Prevención y detección del cáncer. 5. Salud mental, trastornos de la alimentación y adicciones. 6. Tratamientos de belleza y medicina estética, como la cirugía plástica. 7. Salud en el lugar de trabajo. 8. Medicina con perspectiva de género e investigación para la mujer. 9. Envejecimiento saludable para las mujeres. 10. Comunicación dirigida a las mujeres, para sí mismas y como factores impulsores de la salud en sus familias.
b)Cada grupo de trabajo propuso el desarrollo de cinco medidas participativas prioritarias durante un período que comprende entre los tres y cinco años siguientes, lo que dio lugar al “Manifiesto para la salud de la mujer”, firmado por la Sra. Lorenzin, Ministra de Salud (anexo 3).
Se ha creado el Día de la Fertilidad para promover la atención y la información a nivel nacional con respecto a la fecundidad masculina y femenina, así como la protección de la salud en relación con esta, proporcionando herramientas útiles para la prevención, el diagnóstico precoz y el cuidado de las enfermedades que pueden afectar a la fecundidad. Esta jornada no se centra en las elecciones personales sobre tener o no tener hijos. Está dirigida principalmente a los jóvenes y a difundir información científica y sanitaria sobre los órganos reproductivos masculinos y femeninos, sus enfermedades, los tratamientos y los estilos de vida que pueden prevenir enfermedades.
En lo tocante a la mutilación genital femenina, existe una base de datos que recoge todos los servicios regionales en el sitio web www.salute.gov.it, en la sección sobre salud femenina. Con arreglo al artículo 4 de la Ley 7/2006, el Ministerio de Salud supervisa de manera anual la financiación de las regiones, asignada en función de diferentes criterios por la Conferencia del Estado y las Regiones. Además, el Instituto Nacional de la Salud, la Migración y la Pobreza (INMP) ha puesto en marcha capacitaciones específicas, modelos de conducta y proyectos ligados a evaluaciones con la participación de hospitales de todo el país, entre otros.
Violencia contra la mujer
Preguntas 6 y 7
El Plan de Acción Extraordinario contra la Violencia Sexual y por Razón de Género (en adelante, el Plan), que se aprobó en mayo de 2015, establece la aplicación de las siguientes medidas, que se llevaron a cabo a lo largo del período sobre el que se informa:
El 7 de julio de 2015, el Plan fue aprobado por Decreto del Presidente del Consejo de Ministros con el objetivo de crear un sistema de gobernanza de las políticas públicas a múltiples niveles a fin de luchar contra este tipo de fenómenos y apoyar a las víctimas, con una asignación presupuestaria total de 40 millones de euros para cuatro años. En este marco, en el Día Internacional de la Mujer de 2016, se presentó una convocatoria pública de propuestas por valor de 12 millones de euros para la financiación de proyectos encaminados a fortalecer los centros de acogida y los servicios de asistencia para las mujeres víctimas de la violencia y sus hijos, así como para la mejora de la red de servicios locales.
Mediante el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 2016, el Gobierno ha asignado otros 18 millones de euros para el período 2017-2018 a las regiones, con el objeto de financiar la apertura de nuevos centros contra la violencia y centros de acogida, y el fortalecimiento de los ya existentes.
Además, en el marco de la aplicación del párrafo 4 del Plan, a través de otro Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 25 de noviembre de 2016, el Gobierno ha asignado otros 13 millones de euros que se distribuirán entre las regiones y las provincias autónomas, con el fin de poner en práctica proyectos y medidas en relación con: la capacitación del personal sanitario de las salas de emergencia de los hospitales; la promoción de la entrada de las víctimas en el mercado laboral; el acceso a viviendas públicas para las víctimas; y la creación de sistemas de reunión de datos sobre el fenómeno a nivel local.
A fecha de abril de 2017, existen 501 centros de acogida seguros (centros contra la violencia y refugios para mujeres) en Italia.
En el contexto de dicho Plan, el 25 de julio de 2016 se creó un Comité Directivo Interinstitucional. Este Comité está dirigido por el Presidente del Consejo de Ministros o la autoridad política encargada de la igualdad de género, y está integrado por: la Ministra de Salud, el Ministro de Asuntos Regionales, Autonomías y Políticas de la Familia, y los representantes de los ministerios competentes (Interior; Justicia; Educación; Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; Desarrollo Económico; Defensa; Economía y Finanzas; Trabajo y Políticas Sociales; Simplificación y Administración Pública), así como de las regiones y las autoridades locales. El Comité se reunió en tres ocasiones (el 8 de septiembre de 2016, el 22 de noviembre de 2016 y el 2 de marzo de 2017) para hacer balance acerca de las iniciativas que está poniendo en práctica el Gobierno de Italia para combatir la violencia por razón de género.
Además, el 21 de noviembre de 2016, se convocó la primera reunión del Observatorio Nacional de la Violencia, en virtud del Plan anterior. La segunda reunión tuvo lugar el 23 de marzo de 2017. Se han creado los tres grupos de trabajo siguientes en el Observatorio:
a)Grupo de Trabajo 1 sobre la Legislación: destinado a proponer enmiendas al marco jurídico en materia de violencia por razón de género.
b)Grupo de Trabajo 2 sobre las Vías de Protección: orientado a la definición de directrices sobre nuevas vías de protección para las víctimas de la violencia por razón de género.
c)Grupo de Trabajo 3 sobre el Marco Estratégico: encaminado a definir el futuro marco estratégico del próximo plan de acción nacional pertinente contra la violencia por razón de género.
De conformidad con lo dispuesto en el Plan, el 15 de noviembre de 2016, se definió la estructura para la creación de una base de datos nacional específica sobre la violencia por razón de género, que se pondrá en práctica a través del memorando de entendimiento con el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) (véase más adelante). Establece, entre otras cosas, que el ISTAT será el órgano de coordinación de la base de datos nacional y la principal entidad responsable de ella. Durante su labor de coordinación, el ISTAT colaborará con expertos de las entidades y los ministerios que generen datos administrativos sobre este tema, por ejemplo, los centros de acogida. La base de datos nacional reunirá información procedente de encuestas por muestreo, además de datos administrativos e información recopilada en los centros de acogida.
Desde un punto de vista judicial, recordando el séptimo informe periódico, las medidas de expulsión del hogar se encuadran en los artículos 282-b y 342-b del Código de Procedimiento Penal; se garantiza asistencia jurídica gratuita para las mujeres víctimas de la violencia, independientemente de sus ingresos; y las víctimas de delitos violentos tienen derecho a una indemnización y acceso a un Fondo de Solidaridad concreto, en virtud de los artículos 7 a 11 de la Ley 122/2016.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 2016, a fin de desarrollar medidas específicas en apoyo de la aplicación del Plan de Acción Extraordinario contra la Violencia Sexual y por Razón de Género, el Departamento de Igualdad de Oportunidades y el ISTAT, el grupo Ferrovie dello Stato Italiane (la empresa nacional de ferrocarriles), Poste Italiane (la empresa nacional de correos), el cuerpo de Carabineros y la policía del Estado, respectivamente, firmaron cinco memorandos de entendimiento.
En particular, los memorandos de entendimiento firmados con los Carabineros y la policía del Estado tienen por objeto promover iniciativas de capacitación para el personal de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los miembros del Departamento de Igualdad de Oportunidades y los operadores de la línea telefónica de asistencia 1522, a fin de mejorar la eficacia de la identificación de la violencia sexual, la violencia por razón de género y el acoso criminal, así como de la lucha contra estos fenómenos.
El objetivo del memorando de entendimiento establecido con el ISTAT es la elaboración y aplicación de la base de datos nacional sobre la violencia por razón de género mencionada anteriormente, mientras que los memorandos de entendimiento firmados con Poste Italiane y Ferrovie dello Stato persiguen la oficialización de la colaboración que existe actualmente con el Departamento respecto a esta cuestión y, en especial, para la difusión de información sobre la línea telefónica de asistencia gratuita 1522.
En esa misma ocasión, el Departamento de Igualdad de Oportunidades presentó la nueva campaña de comunicación contra la violencia por razón de género, titulada “Ponte en su lugar”. El anuncio de televisión está disponible en www.youtube.com/watch?v=Sgf3BqgqLa0&feature=youtu.be.
Por último, aunque no por ello menos importante, el 11 de noviembre de 2016, el Departamento de Igualdad de Oportunidades, en colaboración con el MIUR, presentó una convocatoria pública de propuestas de iniciativas en materia de educación escolar sobre la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia por razón de género para todas las escuelas públicas del país. La convocatoria también alentó la creación de colaboraciones entre las escuelas y las ONG pertinentes, con una asignación presupuestaria total de 5 millones de euros, y los proyectos seleccionados ya están iniciando sus actividades.
Entre julio y diciembre de 2016, la policía estatal llevó a cabo el proyecto “TRÁILER: el tráiler policial contra la violencia por razón de género”, con la participación de 22 cuarteles generales (questure): Agrigento, Arezzo, Bari, Bolonia, Brescia, Cagliari, Campobasso, Cosenza, Crotone, L’Aquila, Macerata, Matera, Palermo, Rimini, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Siracusa, Sondrio y Verbania.
El objetivo consiste en facilitar la identificación de casos de violencia por razón de género a través del apoyo prestado por un equipo de especialistas que se encuentran a bordo del tráiler: un médico o psicólogo de la policía o los centros contra la violencia; un miembro de la unidad de investigación policial; un miembro de la división de lucha contra la delincuencia y/o de la oficina de denuncias del Departamento de Prevención General y de Socorro Público (UPGSP); un miembro de la red local de lucha contra la violencia; posiblemente, otras partes interesadas de los órganos locales y las OSC pertinentes; y agentes de las unidades de investigación para informar sin demora a las autoridades judiciales acerca de las denuncias que se han de presentar. Por otra parte, ofrece un enfoque proactivo a fin de facilitar el contacto inmediato con los usuarios, también en el contexto general de la transmisión de información correcta.
Esta iniciativa, junto con la campaña de sensibilización correspondiente, “Eso no es amor”, y gracias al papel dinámico que desempeñan los equipos de los cuarteles generales, ha dejado patente su alto nivel de efectividad: en seis meses, han acudido más de 18.600 personas (un 80% de ellas, mujeres) con miles de solicitudes de información. A principios de 2017, el proyecto se amplió a la totalidad de los 103 cuarteles generales a través de actividades similares, con motivo del Día de San Valentín y de la conmemoración del 8 de marzo.
Como se señaló anteriormente, el objetivo del memorando de entendimiento firmado en 2016 con el Departamento de Igualdad de Oportunidades (que se encuentra actualmente en proceso de definición de los modos de ejecución correspondientes) consiste en desarrollar métodos de prevención y evaluación de riesgos, además de poner en práctica capacitaciones para la policía y otras partes, y establecer formas de protección comunes para las vistas.
En lo que respecta a la capacitación, en enero de 2017 dieron comienzo diferentes cursos de repaso y especialización y, probablemente, se organizarán en 2018 para la policía judicial (técnicos científicos e investigadores), la policía estatal (incluidos los agentes) en los cuarteles generales (unidades de investigación y la División de Investigación General y Operaciones Especiales (DIGOS)), los gabinetes regionales e interregionales de la policía científica, y las patrullas de la policía ferroviaria o de tráfico. En este contexto, se llevarán a cabo determinados seminarios sobre la violencia por razón de género.
En consonancia con el enfoque global del Plan de Acción mencionado, también se han aprobado recientemente las siguientes medidas legislativas: el Decreto Legislativo 80/2015 sobre las medidas para la conciliación de los cuidados, el trabajo y la vida familiar, que prevé, entre otras cosas, la creación de una licencia pagada especial para las mujeres trabajadoras víctimas de la violencia que sigan programas de protección debidamente certificados; la Ley 124/2015 sobre la reorganización de las administraciones públicas, mediante la cual las mujeres trabajadoras que son víctimas de la violencia tienen derecho a solicitar un traslado a otra administración pública situada en un municipio distinto al de residencia; y la reforma del sistema nacional de educación y capacitación (Ley 107/2015), que establece, entre otros aspectos, la incorporación de la educación en materia de igualdad de género, prevención de la violencia por razón de género y discriminación en los programas de estudios escolares.
En este contexto (art. 1.16 de la Ley 107), el MIUR está trabajando en la elaboración de unas directrices para todos los niveles educativos, a fin de mejorar la reflexión y los estudios sobre igualdad de género para prevenir la violencia por razón de género. La idea consiste en elaborar un plan de acción incorporando la violencia por razón de género en los planes de estudios para la capacitación de los docentes. Por último, el 8 de marzo de 2017 se invitó a todas las escuelas a estudiar los temas ligados a la discriminación y la violencia por razón de género, de conformidad con el artículo 3 de la Constitución italiana. Además, la fecha del 8 de marzo ha marcado de manera simbólica el inicio del mes de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (“mes CTIM”).
En lo que respecta a las actividades de cooperación internacional previstas en el Plan, el Departamento de Igualdad de Oportunidades firmó dos memorandos de entendimiento en 2015 con la Argentina y el Paraguay, respectivamente, con el objeto de transmitir las mejores prácticas y mejorar la capacidad institucional de dichos países en materia de prevención y lucha contra la violencia por razón de género, y emprendimiento de la mujer.
Como se indicó en el séptimo informe periódico, en lo tocante a las mujeres migrantes en situación irregular que son víctimas de la violencia, la Ley 119/2013, obtenida a partir de la conversión del Decreto Ley 93/2013 sobre las disposiciones urgentes en materia de seguridad y para la lucha contra la violencia por razón de género, así como sobre protección civil y administración obligatoria de las provincias, establece la extensión de la protección a las víctimas extranjeras, para quienes se incorpora la posibilidad de obtener un permiso de residencia por razones humanitarias, según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 286/1998 (Texto Unificado sobre Inmigración) (anexo 4).
En consonancia con el Plan indicado, en el período 2015-2016, el Ministerio de Salud financió una medida clave: la “Capacitación mixta para proveedores de servicios de salud y otras personas, encaminada a fortalecer las redes territoriales para prevenir y combatir la violencia por razón de género”, a fin de difundir un modelo de ruta para las mujeres víctimas de la violencia que acuden a primeros auxilios. La capacitación está dirigida a médicos y enfermeros de al menos 28 servicios de primeros auxilios de cuatro regiones (Lombardía, Lacio, Campania y Sicilia), y tiene el objeto de mejorar la capacidad de gestionar, diagnosticar y tratar la violencia contra las mujeres, aparte de reforzar o crear las redes locales correspondientes contra la violencia. De manera paralela, se financió el proyecto “Control de la violencia contra las personas vulnerables y respuesta ante esta: modelo de intervención para mujeres y niños en hospitales y redes de atención sanitaria desde una perspectiva europea. REVAMP”, en colaboración con la región de Liguria y con la participación de otras seis regiones (Piedmont, Lombardía, Toscana, Lacio, Basilicata y Sicilia).
En 2016, se creó el Comité Directivo del Departamento de Administración Penitenciaria (Ministerio de Justicia) a nivel central para coordinar todas las iniciativas ligadas al tratamiento específico de los autores de este tipo de delitos. A principios de 2017, se llevó a cabo una capacitación especializada sobre igualdad de oportunidades para los miembros locales y nacionales del Comité de Igualdad de Oportunidades de la policía penitenciaria, en estrecha colaboración con la Dirección General de Capacitación del Departamento de Administración Penitenciaria. Se ha prestado especial atención al CEDAW, lo que engloba, entre otros aspectos, la discriminación por razón de género en el lugar de trabajo, el plan de acción nacional correspondiente, los observatorios regionales y los programas para la protección de las víctimas. Este curso se seguirá desarrollando con relación al tratamiento de los delincuentes. El Comité de Igualdad de Oportunidades ha propuesto la inclusión de este programa, con carácter permanente, en el plan anual de capacitación del Departamento de Administración Penitenciaria para todos sus funcionarios, incluidos directores penitenciarios, educadores, psicólogos, trabajadores sociales y voluntarios.
Trata y explotación de la prostitución
Pregunta 8
De conformidad con el Decreto Legislativo 24/2014, que transpone la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, el Consejo de Ministros aprobó, el 26 de febrero de 2016, el primer Plan de Acción Nacional contra la Trata y Explotación Grave de Personas. Su objetivo consiste en definir estrategias de intervención plurianuales para la prevención de estos fenómenos y la lucha contra ellos, además de medidas encaminadas a mejorar la sensibilización pública, la prevención social, la identificación y la integración social de las víctimas.
Con el fin de mejorar la respuesta nacional a la trata de personas a través de intervenciones de prevención, enjuiciamiento y protección y de medidas para la integración social de las víctimas, el Plan de Acción Nacional, en consonancia con la Estrategia de la Unión Europea (UE) para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016), prevé medidas encaminadas a:
a)mejorar la identificación del fenómeno y garantizar una respuesta efectiva y coordinada;
b)elaborar los mecanismos adecuados para identificar rápidamente a las víctimas de la trata de personas mediante la redacción de unas directrices concretas;
c)crear un mecanismo nacional de remisión;
d)actualizar las medidas de acogida existentes;
e)ofrecer capacitación interinstitucional;
f)adoptar directrices concretas para el cumplimiento de la obligación de informar a las víctimas acerca de su derecho a 1) obtener permiso para permanecer en el territorio (en virtud del artículo 18 del Decreto Legislativo 286/1998) y solicitar protección internacional; 2) la posibilidad de recibir asistencia psicológica por parte de una asociación con experiencia probada en este ámbito; 3) asistencia jurídica; 4) una vista protegida (de conformidad con el art. 498 del Código de Procedimiento Penal); 5) la presencia obligatoria de un experto en psicología y psiquiatría infantil para los menores durante el interrogatorio que realicen las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y las autoridades judiciales.
Además, el Plan establece la coordinación de las medidas relacionadas con la cooperación internacional, con miras a fortalecer y promover la colaboración entre Italia y las organizaciones internacionales pertinentes (la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), etc.), y entre los países de la Unión Europea y los países no pertenecientes a la Unión Europea afectados por este tipo de fenómenos.
La ejecución del Plan y los resultados alcanzados a nivel nacional, regional y local se supervisarán mediante un sistema de seguimiento y verificación.
En cuanto a los recursos asignados a la aplicación, el Plan no contempla la creación de ningún fondo exclusivo concreto. Sin embargo, el Departamento de Igualdad de Oportunidades asignó un total de 21 millones de euros aproximadamente en 2016-2017. El Departamento de Igualdad de Oportunidades asignará otros 24 millones de euros en 2017-2018.
De conformidad con el Plan, el 10 de junio de 2016, el Departamento de Igualdad de Oportunidades de la Presidencia del Consejo de Ministros publicó una convocatoria pública de propuestas para financiar proyectos de asistencia para las víctimas de la trata de personas, por un total de 14,5 millones de euros aproximadamente. El 4 de agosto, se publicó la lista de los proyectos ganadores y, el 1 de septiembre de 2016, comenzaron los proyectos con una duración de 15 meses.
El 18 de octubre de 2016, con motivo del Día de la UE contra la Trata de Personas, el Departamento de Igualdad de Oportunidades puso en marcha la nueva campaña de sensibilización (anuncio de televisión) con el fin de aumentar la difusión del número de teléfono gratuito contra la trata de personas del país: 800 290 290. La campaña se difundió en la principal red pública nacional y se elaboró en colaboración con las ONG, en el marco del Comité Directivo citado anteriormente. La campaña está disponible en www.youtube.com/watch?v=6GB0z_WlqKI&feature=youtu.be.
El Plan engloba a todas las administraciones competentes. Por consiguiente, el 2 de agosto de 2016, se creó un Comité Directivo político e institucional, dirigido por el Presidente del Consejo de Ministros o por la autoridad política encargada de la igualdad de género. El Comité está integrado por representantes políticos y técnicos del Ministerio de: Interior; Justicia; Educación; Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; Salud; Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales (Mipaaf); Defensa; Economía y Finanzas; y Trabajo y Políticas Sociales; así como por representantes de la Dirección Nacional de Lucha contra la Mafia, el cuerpo de Carabineros, la policía del Estado, la policía financiera, las regiones y las autoridades locales.
De conformidad con el Plan de Acción Nacional contra la Trata y Explotación Grave de Personas, el Comité Directivo político e institucional se reunió por primera vez el 24 de octubre de 2016.
En concreto, la labor se lleva a cabo mediante un enfoque de doble vía: la represión, donde las autoridades policiales y judiciales desempeñan un papel esencial; y la prevención y la protección, donde participa el Departamento para las Libertades Civiles y la Inmigración, también mediante su participación en el Comité Interministerial para las Víctimas de la Trata de Personas. El Ministerio del Interior participa plenamente en el Plan en términos de directrices y medidas, por ejemplo, a través de su Departamento de Seguridad Pública (es decir, la capacitación y los controles administrativos; la cooperación judicial interinstitucional; la presentación de informes; la identificación rápida de las víctimas; la creación del mecanismo nacional de remisión mediante la elaboración de “procedimientos operativos estándar”; y, en cuanto a la cooperación internacional relacionada con la policía, el Servicio para la Cooperación Policial Internacional, que recurre a la Solicitud de Información Complementaria en el Puesto Fronterizo de Entrada (SIRENE), la Oficina Europea de Policía (Europol) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) constituye el centro nacional de coordinación).
En lo que respecta a los menores no acompañados (MNA), el Decreto Legislativo 142/2015, en aplicación de la Directiva 2013/33/UE y la Directiva 2013/32/UE, establece determinadas “disposiciones sobre menores (art. 18)” y la “acogida de MNA (art. 19)”. En los puntos de desembarco, por lo general la policía garantiza el rescate inmediato y los primeros auxilios, en colaboración con los proveedores de servicios de salud y las OSC autorizadas por el Ministerio del Interior (es decir, el “proyecto Praesidium”). A continuación, se traslada a los MNA a centros gubernamentales de primeros auxilios para identificarlos y determinar su edad y su condición, al mismo tiempo que se alerta a las prefecturas y los servicios sociales. El segundo nivel de acogida corresponde al sistema de protección para solicitantes de asilo y refugiados (SPRAR), y no establece ninguna función para la policía. Por último, se ha creado una estructura de misión para los MNA en el Departamento para las Libertades Civiles y la Inmigración con el objeto de situarlos en los centros correspondientes.
Pregunta 9
Además de la información presentada en la pregunta 8, el Departamento de Igualdad de Oportunidades recibe datos sobre las víctimas de la trata de personas que están protegidas por determinados proyectos financiados de protección. Según estos datos, en 2015 el número de mujeres víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual que recibieron protección ascendió a 379 y, en 2016, a 623.
El Departamento para las Libertades Civiles y la Inmigración recuerda los siguientes avances: 1) en enero de 2017, la aprobación del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 234/2016, relativo a las formas de determinar la edad de los MNA extranjeros que son víctimas de la trata; 2) un proyecto conjunto de la Comisión Nacional para el Derecho de Asilo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con el objeto de redactar las “directrices para las víctimas de la trata que soliciten protección internacional”, de manera que las comisiones territoriales puedan identificar de forma temprana a las víctimas; 3) el proyecto ADITUS, puesto en marcha recientemente por la OIM con un objetivo triple: mejorar el servicio de información para los migrantes que llegan por mar, con una atención especial a los MNA y las víctimas de la trata de personas; mejorar la identificación temprana y la asistencia a las víctimas de la trata de personas en las zonas de desembarco o los puertos y las zonas críticas; y promover la sensibilización entre las instituciones locales y los servicios de primeros auxilios y acogida respecto a la trata de personas y las leyes y medidas pertinentes, por ejemplo, medidas psicosociales para migrantes expuestos a explotación laboral y otros abusos.
El Ministerio de Salud participó en la definición del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, y colabora también con los grupos de trabajo temáticos y de liderazgo en materia de prevención y protección o asistencia. Con la participación de las regiones, el Ministerio del Interior, el INMP, las OSC y el ACNUR, el Ministerio de Salud elaboró, por Decreto Ministerial de 3 de abril de 2017, las “directrices para solicitantes de asilo y refugiados víctimas de tortura, violación y otras formas de violencia, incluida la capacitación del personal sanitario y vías específicas para las mujeres y los niños”, las cuales ya está aplicando.
En cuanto a la verificación de la edad, además del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 234, el Decreto Legislativo 47/2017, que se aprobó recientemente, prevé, entre otras cosas, un enfoque interinstitucional y un personal con una capacitación específica para garantizar el pleno respeto de los MNA. En esta misma línea, el Ministerio de Salud ha elaborado un “Protocolo multidisciplinario para verificar la edad de los MNA” a fin de ampliar el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 234 anterior a los menores que no son víctimas de la trata de personas, garantizando así una aplicación uniforme y efectiva.
Participación en la vida política y pública
Pregunta 10
Se aprobó el proyecto de ley relativo a las disposiciones para superar el bicameralismo parlamentario perfecto, la reducción del número de parlamentarios, la contención de costos respecto al funcionamiento de las instituciones, la eliminación del Consejo Nacional de Economía y Trabajo (CNEL) y la revisión de la parte II del título V de la Constitución, en la segunda deliberación, por mayoría absoluta (y no por mayoría de dos tercios) en las dos cámaras del Parlamento y, por tanto, se publicó en el Boletín Oficial 88, de fecha 15 de abril de 2016. En él se estableció que el artículo 55 de la Constitución rezaría de la siguiente manera: “(Párr. 2) Las leyes que definen las formas de elegir a las cámaras promueven la igualdad entre las mujeres y los hombres en lo que respecta a la representación”. De conformidad con el artículo 138 de la Constitución, se celebró un referendo popular para confirmar o descartar dicha ley el 4 de diciembre de 2016 y, como es bien sabido, esta reforma general fue rechazada.
En cuanto a los resultados conseguidos tras la aprobación de la Ley 65/2014 sobre las elecciones al Parlamento Europeo, ha aumentado el número de mujeres en el Parlamento Europeo: antes de su entrada en vigor, había 18 mujeres parlamentarias (=25%); posteriormente y con las elecciones de 2014, este número aumentó a 29 (=39,73%).
En el Parlamento de la UE, la tasa de variación entre 2009 y 2016 indica un aumento general de la cantidad de mujeres parlamentarias, del 35% al 37%; Italia es uno de los países con mayor aumento.
A nivel nacional, en el marco de la cámara legislativa actual, las mujeres parlamentarias constituyen el 30,1% (mientras que el promedio de la UE es del 29%).
Desde la primera cámara legislativa italiana, la tasa de mujeres parlamentarias ha aumentado. En la legislatura actual (XVII), constituyen el 30,1% (en la legislatura XVI, representaban el 19,5%).
En cuanto a la aplicación de la Ley 215/2012, por la que se establecen disposiciones para promover el equilibrio de género en los gobiernos locales y los consejos regionales, el porcentaje de mujeres ha aumentado considerablemente:
a)En los consejos regionales, en 2010 el porcentaje ascendía al 11,9%, mientras que, en 2016, las mujeres representaban de media el 18% de los miembros a nivel regional.
b)En 2010, el 24,2% de los miembros de los gobiernos regionales eran mujeres. En 2016 este porcentaje ascendía al 35% y, además, dos mujeres ostentan el cargo de presidentas regionales (Umbría y Friuli Venecia Giulia).
c)En el plano local (municipios), las mujeres en las administraciones locales han aumentado en un 38,8% de 2012 a 2015. En particular, la proporción de mujeres en las asambleas locales de los municipios con más de 15.000 habitantes es de un 30,7%; en el caso de los municipios de menos de 15.000 habitantes, este porcentaje es de un 26%. Existe un total de 1.105 alcaldesas (=14,1%). En cuanto a las ciudades metropolitanas (Ley 56/2014), 43 mujeres de un total de 194 consejeros han sido elegidas como consejeras metropolitanas en diez ciudades (= 22,2%).
En cuanto a la aplicación del Decreto del Presidente de la República 251/2012 sobre la igualdad de acceso a los consejos de administración y las juntas de auditores legales, y las consiguientes sanciones que se aplican a las empresas en caso de incumplimiento, el Departamento de Igualdad de Oportunidades recibió 640 comunicaciones sobre la composición de las juntas tras su renovación o cambio parcial por parte de 430 empresas en el período 2012-2016. Tras recibir estas comunicaciones y otras notificaciones de terceros, se emitieron 37 amonestaciones iniciales y 22 amonestaciones por segunda vez en el caso de aquellas empresas que siguieron incumpliendo el Decreto del Presidente de la República incluso después de la primera amonestación. En este contexto, cabe destacar que 15 empresas adaptaron sus juntas tras la primera amonestación; 18, después de la segunda; y, por último, 1 empresa no cumplió los requisitos y, por consiguiente, su órgano electo fue eliminado.
Con respecto a los procedimientos de vigilancia iniciados directamente por el Departamento de Igualdad de Oportunidades, se emitieron 121 amonestaciones iniciales y 64 amonestaciones por segunda vez en el período 2012-2016. Tras recibir la primera amonestación, 57 empresas adaptaron sus juntas conforme al Decreto del Presidente de la República y 52, después de la segunda. Por último, 5 empresas no cumplieron los requisitos y, por consiguiente, se eliminaron sus órganos electos.
En 2015, 12 de los 129 embajadores eran mujeres (= 9%), al tiempo que había 11 mujeres consulesas o consulesas generales (=18%). En 2016, 246 de los 931 jefes policiales (funciones ordinarias) eran mujeres y, en el ámbito de las funciones técnicas, eran 8 de 77. En lo que atañe a las juezas con altos cargos, 105 de los 409 jueces son mujeres. En el Tribunal Constitucional, 3 de los 15 magistrados son mujeres. En cuanto a las autoridades administrativas independientes con arreglo a la Ley 114/2014, 12 de los 36 miembros son mujeres (33%). Por otra parte, una mujer dirige la Oficina del Ombudsman de los Derechos del Niño (anexo 5 sobre datos desglosados por género en relación con el personal de la administración pública).
Educación
Pregunta 11
En Italia, el porcentaje de mujeres que trabajan en el sector científico-técnico es uno de los más bajos de entre los Estados de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (31,71%) y solo el 5% de las niñas de 15 años de edad aspiran a puestos de trabajo del ámbito técnico o científico.
El “mes CTIM”, que comenzó el pasado 8 de marzo, es un proyecto conjunto del MIUR y el Departamento de Igualdad de Oportunidades para promover, en todos los niveles de la enseñanza y para todos los estudiantes, niños y niñas, el estudio de disciplinas relacionadas con los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Este proyecto pone de relieve las oportunidades que pueden brindar estas disciplinas y, al mismo tiempo, lucha contra los estereotipos de género. En el marco de este proyecto, la campaña “¡Las estudiantes cuentan!” permite a todas las estudiantes hacer un vídeo para explicar su pasión por las disciplinas de STEM y, además, las galardonadas asistirán a una capacitación con relación a dichas disciplinas.
Recientemente, se ha mejorado el portal web diseñado por el MIUR, “www.noisiamopari.it”, orientado al intercambio de buenas prácticas en las escuelas, la eliminación de la violencia por razón de género y la erradicación de los estereotipos patriarcales. El portal pone en contacto a las instituciones, las escuelas, los estudiantes y las empresas del país que están comprometidos con la igualdad de género. Las alumnas acogieron la campaña “¡Las estudiantes cuentan!” con beneplácito y muchas escuelas han participado en ella mediante el intercambio de buenas prácticas de enseñanza contra la violencia por razón de género.
El Ministerio de Salud, en el marco del memorando de entendimiento firmado con el MIUR el 2 de abril de 2015 para fortalecer la colaboración interinstitucional a fin de definir estrategias comunes para la salud y la escuela, está trabajando para finalizar las “directrices nacionales para la educación en materia de afectividad, sexualidad y salud reproductiva en las escuelas”, junto con las directrices sobre educación sexual de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adaptadas al sistema escolar y al contexto real de Italia, en especial en lo que respecta a la relación entre los grupos de edad y los ciclos escolares, y teniendo en cuenta también las directrices escolares nacionales.
Empleo y empoderamiento económico
Pregunta 12
Recordando el séptimo informe periódico de Italia, se desprende lo siguiente del informe general anual de 2016 de la Inspección Nacional del Trabajo: las actividades de supervisión encaminadas a garantizar la protección física y económica de las madres trabajadoras y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres han permitido identificar 711 casos de conductas delictivas y administrativas (un descenso del 35%, en comparación con los 1.097 casos de 2015). Las conductas en cuestión se concentran en el sector de los servicios (donde tradicionalmente el porcentaje de mujeres trabajadoras es más significativo), con 585 violaciones. Dentro de este sector, concretamente 180 actos ilícitos corresponden al comercio; 129, a los servicios de restauración y alojamiento; y 72, a la atención social y la asistencia sanitaria. También resulta significativa la cantidad de irregularidades registradas en relación con la fabricación, con 103 violaciones.
En cuanto a los datos sobre dimisiones en blanco en virtud del artículo 55 del Decreto Legislativo 151/2001, en el informe de 2015 (http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Convalida-dimissioni-relazione-2015.pdf) queda patente, entre otras cosas, lo siguiente: hubo un total de 11 validaciones incorrectas (0,03%) en todo el país, lo que contrasta con los datos de los últimos años (la cifra de 2014 marcó un incremento, con 98 casos, en comparación con los 52 casos del año 2013).
En cuanto a la racionalización de los órganos pertinentes en virtud del Decreto Legislativo 151/2015, que modifica el Código de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Decreto Legislativo 198/2006), el ajuste territorial de la Consejería para la Igualdad se deriva de la reforma de las autoridades locales con arreglo a la Ley 56/2014.
En el caso de las administraciones públicas, los planes trienales sobre medidas positivas son obligatorios conforme al artículo 48 del Decreto Legislativo 198/2006; de lo contrario, no pueden realizarse nuevas contrataciones (art. 6, párr. 6, Decreto Legislativo 165/2001). Además, la Consejería para la Igualdad territorial ofrece opiniones sobre los planes anteriores (art. 48, párr. 1, g, Decreto Legislativo 198/2006).
Además de los párrafos 103 a 105 del séptimo informe periódico y la página 10 del anexo 1 “Miscelánea” (donde se mencionan, entre otras cosas, los cupones para servicios de cuidado infantil, el bono bebé y las licencias parentales), el Gobierno ha modificado la normativa que rige la licencia parental. Así, se establece que dicha licencia englobará también los casos de adopción o acogimiento, se amplía la elegibilidad al incluir a los hijos de hasta 12 años de edad [artículo 7, párrafo 1, letra a) del Decreto Legislativo 80 de 2015] y, en determinados casos, se permite que el progenitor escoja un uso diario de la licencia parental, concretamente por horas, sin perjuicio del subsidio equivalente al 30% del salario hasta que el niño cumpla 6 años (en lugar de 3 años, como se había indicado anteriormente).
Con el mismo propósito, los párrafos 282 y 283 del artículo 1 de la Ley de estabilidad de 2016 reconocen a las mujeres trabajadoras (empleadas por las administraciones públicas o por empleadores privados, o inscritas en el plan de gestión separada (gestione separata)) la posibilidad de obtener, en lugar de la licencia parental, una contribución económica para servicios relacionados con el cuidado infantil o, de lo contrario, para cubrir los costos de los servicios públicos de guardería.
Para aumentar las responsabilidades parentales compartidas, el párrafo 205 del artículo 1 de la Ley de estabilidad de 2016 ha ampliado a dos días la licencia obligatoria para los padres empleados, que ya se introdujo en la Ley 92/2012. La Ley 232/2016 también ha ratificado la licencia obligatoria para los padres empleados, ya que prevé una licencia parental de dos días para 2017 y una de cuatro días para 2018 (que se podrá utilizar también de manera discontinua), a la que se podrá sumar un día adicional, con el acuerdo previo de la madre y solo en sustitución de esta, con respecto al período de licencia obligatorio de la madre. A continuación, figura un cuadro resumen:
Licencia de paternidad obligatoria
|
Años |
Días de licencia obligatoria |
Días de licencia voluntaria |
|
2013 a 2015 |
1 |
2 |
|
2016 |
2 |
2 |
|
2017 |
2 |
0 |
|
2018 |
4 |
1 |
Desde el 1 de enero de 2017, en caso de nacimiento o adopción de un hijo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) asigna una prima de 800 euros a petición de la madre.
Desde 2017, el INPS asigna a los nacidos a partir del 1 de enero de 2016 una bonificación anual de 1.000 euros (Bonus nido) para pagar los gastos de los jardines de infancia públicos y privados, y para apoyar las opciones en casa si se trata de niños de hasta 3 años de edad con enfermedades crónicas graves. El Estado ha aumentado la financiación asignada: desde 144 millones de euros para 2017 hasta 330 millones de euros a partir de 2020 (Ley de presupuestos de 2017).
Los servicios de guardería formarán parte del sistema educativo. Se ha establecido, por primera vez, un sistema educativo para niños de entre 0 y 6 años con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades educativas, la educación, la asistencia infantil, las relaciones y el ocio de todos los niños y niñas. El sistema educativo nacional para los niños aumentará, se ampliará y se preparará con la participación de varios representantes del Estado, las regiones, los gobiernos locales y las familias.
Debido a la brevedad del período de aplicación concreta, el procesamiento de los datos oficiales sobre las licencias de las mujeres trabajadoras víctimas de la violencia, incorporadas en la Ley sobre el empleo, está en curso.
Pregunta 13
Con respecto a los resultados obtenidos a través de la Sección Especial del Fondo Central de Garantía para Pymes, en 2015 esta registró aproximadamente 11.951 transacciones (+ 14,1% en comparación con 2014), con un importe total de financiación de 908,2 millones de euros (+ 9,6%) y un total garantizado de 600,6 millones de euros (+10,6%).
En 2016, la Sección Especial registró alrededor de 13.123 transacciones (+ 9,8% en comparación con 2015), con un importe total de financiación de 990,8 millones de euros (+ 9,1%) y un total garantizado de 672,6 millones de euros (+12%).
En el primer trimestre de 2017, la Sección Especial registró 3.515 transacciones aproximadamente (+ 11,9% en comparación con el primer trimestre de 2016), con un importe total de financiación de 270,6 millones de euros (+ 24,3%) y un total garantizado de 186,6 millones de euros (+29,8%); en el período sobre el que se informa (2015-2017), la cantidad total garantizada asciende a 1.459.783.000 euros.
Con respecto al memorando de entendimiento firmado el 4 de junio de 2014 entre el Departamento de Igualdad de Oportunidades de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Desarrollo Económico, la Asociación Bancaria Italiana (ABI), la Confederación General de la Industria Italiana (Confindustria), la Confederación Italiana de Pymes (Confapi), la Red Empresarial Italiana y la Alianza de Cooperativas Italianas, una cantidad significativa de bancos (55) (lo que representa el 37% del sector bancario nacional) se han sumado al acuerdo, con una asociación total de aproximadamente 1.500.000.000 para más de 1.400.000 mujeres empresarias y trabajadoras por cuenta propia.
Como se explicó en el séptimo informe periódico, el objetivo principal del proyecto “Women Mean Business and Economic Growth — Promoting Gender Balance in Company Boards” consistía en proporcionar información sobre el liderazgo femenino y las mejores prácticas para promoverlo en Italia, y en llevar a cabo un análisis de evaluación de los efectos de la legislación nueva y las medidas conjuntas.
Como resultado del proyecto, se creó una base de datos con los principales datos sociodemográficos de los miembros de los consejos de administración y las juntas de auditores legales, tanto hombres como mujeres, de las 241 empresas que cotizan en la bolsa de valores italiana. Estos datos revelan que:
a)La representación de las mujeres en las juntas es cada vez mayor: en el caso de los consejos de administración, el porcentaje de mujeres aumentó del 12,6% al 15% y, después, al 24,9% desde el grupo anterior a la reforma (aprobación de la Ley 251/2012) hasta los grupos de la fase de reforma y tras la reforma. El incremento es similar en el caso de las juntas de auditores legales.
b)Las cuotas propician la existencia de mujeres más jóvenes en las juntas.
c)Las cuotas conllevan un aumento de las presidentas, pero un menor número de directoras generales.
d)Las cuotas propician que los miembros tengan un mayor nivel educativo, en particular debido a que las empresas que han renovado sus juntas según la ley de cuotas en vigor cuentan con un mayor número de integrantes masculinos con estudios postsecundarios.
e)Los miembros que pertenecen a más de una junta disminuyen al adoptar el sistema de cuotas.
f)Las cuotas se asocian con un descenso de la cantidad de mujeres que son miembros de empresas familiares.
Estos resultados indican que las cuotas no están vinculadas a una disminución de la calidad de los representantes (una preocupación común con relación a la incorporación de las cuotas de género), sino más bien al contrario.
El proyecto también ha investigado de manera empírica si el caso italiano de las cuotas de género puede proporcionar otras pruebas nuevas acerca de la relación entre el empoderamiento de la mujer y el desempeño de las empresas.
Se concluyó que ninguno de los resultados considerados se vio afectado de manera significativa (y, por tanto, tampoco de manera negativa) por la proporción de mujeres en las juntas, con una excepción notable: la reforma que establece una proporción mayor de mujeres en las juntas ha disminuido, de media, la deuda a corto plazo de las empresas.
En general, esto implica una mejora del equilibrio entre ingresos y gastos, o de la capacidad de la empresa para obtener el pago de sus propios clientes, es decir, una posible mejora del desempeño empresarial.
Tras la introducción de la Ley 120/2011, aplicada por el Decreto del Presidente de la República 251/2012, el índice nacional de mujeres sigue aumentando al nivel de la UE.
Pregunta 14
Tanto el sistema jurídico como el sistema constitucional de Italia están basados en la universalidad de los derechos humanos y la igualdad de género. El Decreto Legislativo 216/2003 (en aplicación de la Directiva 2000/78/CE sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocupación) prohíbe la discriminación.
La Ley 2006/67 prevé medidas de protección judicial para las víctimas de la discriminación basada en la discapacidad, así como la eliminación de la discriminación en el acceso al empleo y al autoempleo, y durante la vida laboral. Las denuncias presentadas ante el sistema judicial permiten el cese de los actos de discriminación, mientras que los sindicatos y las organizaciones representativas tienen locus standi para casos de discriminación colectiva.
La Ley 1999/68 de disposiciones sobre el derecho a trabajar de las personas con discapacidad establece una normativa general sobre el derecho a trabajar de las personas con discapacidad: desde la evaluación de las capacidades de dichas personas y la colocación de empleo en el lugar de trabajo hasta medidas y servicios de apoyo. El sistema de empleo dirigido está disponible tanto para hombres como para mujeres con discapacidad (italianos y extranjeros) que estén desempleados y quieran conseguir un empleo adecuado. En el marco de esta legislación, los hombres y las mujeres con discapacidad son: personas que padecen deficiencias físicas, psíquicas o intelectuales, con una capacidad de trabajo reducida en más del 45%; personas con discapacidad por motivos laborales y con un grado de discapacidad superior al 33%; personas ciegas (que padezcan ceguera total o tengan una visión residual de 1/20 como máximo en ambos ojos con corrección) o sordas (con pérdida auditiva de nacimiento o antes del aprendizaje del lenguaje oral); personas con discapacidades de guerra, discapacidades legales y de servicio incluidas desde la primera hasta la octava categoría de conformidad con el Decreto del Presidente de la República 915/78. Según esta legislación, los empleadores públicos y privados tienen la obligación de contratar a personas con discapacidad en función del número de empleados de la siguiente forma: 1 persona con discapacidad si disponen de entre 15 y 35 empleados; 2 personas con discapacidad si cuentan con entre 36 y 50 empleados; el 7% de los trabajadores con discapacidad si tienen más de 50 empleados.
Los últimos datos de 2016 sobre mujeres trabajadoras con discapacidad de las regiones y provincias, que abarcan el período 2014-2015, indican que la cantidad de personas con discapacidad (tanto de Italia como de países no pertenecientes a la UE) registradas en las listas de colocación de los servicios de empleo asciende a: en el año 2014, 789.383; y en 2015, 775.095.
Con respecto a las mujeres con discapacidad: en 2014, en las listas figuraban 369.586; y en 2015, 358.044. Las personas extranjeras de países no pertenecientes a la UE constituyen aproximadamente el 2% de la cantidad total en ambos años. La cuota de hombres es mayor que la de las mujeres: el 2,1% frente al 1,4% en 2014, y el 2,4% frente al 1,6% en el año siguiente, respectivamente.
Salud
Pregunta 15
En lo que respecta a los programas de diagnóstico por mamografía, algunas regiones han ampliado la invitación a dichos programas (normalmente dirigidos a mujeres con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años) a mujeres de entre 45 y 49 años y 70 y 74 años, respectivamente. Existe una pronunciada tendencia a la baja en la cobertura de la invitación y la participación en los programas de detección del norte al sur. En las zonas metropolitanas, tanto la cobertura de invitación (relación de tasa de 0,35 a 0,96) como la participación (relación de 0,63 a 0,88) son menores. Existe una relación inversa entre la detección espontánea y la cobertura de la invitación para la detección (descenso de entre el 1% y el 3% en la cobertura de invitación por cada 1% de aumento de la cobertura espontánea) y la participación (descenso del 2% en la participación por cada 1% de aumento en la cobertura espontánea) para los tres programas. La elevada tasa de recordatorio repercute negativamente en la cobertura de invitación en la siguiente ronda para el cáncer de mama (descenso del 1% en la invitación por cada aumento del 1% en los recordatorios).
A fin de fomentar la cobertura y la calidad de los programas de detección, se están aplicando dos estrategias: 1) en el plano regional, se están estudiando de forma sistemática los factores determinantes variables de las barreras que obstaculizan la ampliación de las invitaciones a toda la población, diferentes de la falta de recursos, a través del modelo PRECEDE–PROCEED aplicado a los programas de detección, que se personalizará a fin de analizar las barreras concretas de cada territorio; 2) en el plano central, se aplica rutinariamente el seguimiento del desempeño y los impulsores financieros.
A lo largo de los años, la infección por el VIH ha cambiado enormemente en lo que respecta a la epidemiología y a las realidades de la asistencia social. Todavía existen cuestiones por resolver, en especial, la propagación continuada del VIH.
En los últimos años, el número de infecciones nuevas se ha mantenido estable.
La proporción de mujeres entre los nuevos diagnósticos ha disminuido en los últimos 15 años, del 33,7% en 2001 al 22,6% en 2015.
Pese a que ha disminuido a lo largo de los años, la incidencia de nuevos diagnósticos del VIH, ajustada por edad y género, es aproximadamente cuatro veces mayor entre los extranjeros; más del 60% contrajeron la infección a través de relaciones heterosexuales y dos tercios de estas personas son mujeres.
Italia ha decidido elaborar un nuevo plan de acción basado en el análisis de la situación actual de la epidemia y la evaluación con base empírica de los resultados obtenidos hasta la fecha. El Ministerio de Salud ha elaborado un Plan de Acción Nacional contra el VIH-SIDA (PNAIDS), en cooperación con el Comité de lucha contra el SIDA, las OSC y algunas sociedades científicas en virtud de la Ley 135/90. En él se prevé la aplicación de medidas plurianuales en materia de estrategias de prevención, información, investigación, diagnóstico e inclusión en la atención ininterrumpida, la vigilancia epidemiológica y el apoyo a las actividades de voluntariado. Su objetivo es describir la mejor vía posible para lograr las prioridades marcadas por las organizaciones internacionales (el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y la OMS), en consonancia con el Plan de Acción para la Respuesta del Sector Sanitario al VIH en la Región Europea de la OMS (Copenhague, septiembre de 2016). En particular, se centra en la lucha contra la estigmatización y la prevención de alta eficacia basada en pruebas científicas. El Plan incluye estrategias para grupos de población clave, como reclusos, migrantes, trabajadores sexuales, etc.
Pregunta 16
El Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 65/2017 actualiza los niveles esenciales de asistencia y es el resultado del trabajo conjunto del Estado, las regiones y las sociedades científicas. La Ley de estabilidad de 2016 asigna 800 millones de euros a la mejora de los niveles esenciales de asistencia.
En los últimos años, los servicios sociales y sanitarios para la protección de la salud de la mujer, que se prestan a nivel territorial principalmente en centros de orientación (consultori), no han atravesado ningún proceso de privatización o dependencia de terceros.
El Servicio Nacional de Salud de Italia (SSN) generalmente lleva a cabo sus actividades a través de instalaciones públicas o de instalaciones privadas acreditadas por contrato. Por lo tanto, las actividades de prevención y orientación que ya se llevaban a cabo en los consultori activos a nivel territorial no han corrido ningún riesgo, sino que han cobrado relevancia en los nuevos niveles esenciales de asistencia.
Los centros de orientación para familias, establecidos en la Ley 405/1975, siguen constituyendo un sólido servicio básico centrado en la prevención, la información y la educación sanitaria, y reservan para el diagnóstico y la atención una competencia de “primera instancia”, al incorporarse en los hospitales y los servicios de las autoridades locales.
El artículo 24 del anterior Decreto del Presidente del Consejo de Ministros trata de la asistencia social y sanitaria para los menores, las mujeres, las parejas y las familias. En este contexto, se incluye también la prevención, la detección temprana y la asistencia en casos de violencia sexual y por razón de género. Además, el Ministerio de Salud está considerando medidas clave para readaptar los centros de orientación para familias a las necesidades de la sociedad actual.
El Servicio Nacional de Salud, a fin de garantizar la actividad de los niveles esenciales de asistencia con respecto a la prevención colectiva y la salud pública, establece una financiación del 5% del Fondo Nacional de Salud. La definición de la organización de los servicios sanitarios, incluidas las actividades de orientación y otras actividades encaminadas a proteger la salud de la mujer, se lleva a cabo a nivel regional con la asignación de recursos; por otra parte, a nivel nacional se realiza el seguimiento y el control de los niveles esenciales de asistencia.
Pregunta 17
Desde la entrada en vigor de la Ley 194/78, el Ministerio de Salud presenta ante el Parlamento un informe anual sobre el estado de aplicación de la legislación (anexos 6.1, 6.2 y 6.3) con uno de los sistemas de supervisión y reunión de datos más fiables y completos del plano internacional. En todo momento se han reunido datos sobre la objeción de conciencia a nivel regional y, desde 2013, con la llegada de la Sra. Beatrice Lorenzin, Ministra de Salud, la reunión de datos se lleva a cabo en cada una de las instalaciones.
La gran cantidad de objetores de conciencia existentes en valores absolutos no constituye un factor significativo a la hora de evaluar la disponibilidad de los servicios de aborto: la cantidad de aquellos que no se niegan a practicar abortos se ha mantenido estable. Su número debe evaluarse en relación con la cantidad de abortos practicados. En este sentido, se practicaron 233.976 abortos en 1983: una cifra que se redujo a mucho menos de la mitad en 2014, con 96.578. Durante este período, la cantidad de médicos que no recurren a la objeción de conciencia se mantuvo prácticamente invariable: alrededor de 1600 en 1983 y de 1400 en 2014.
•Por lo tanto, en treinta años, el número de abortos que practican los ginecólogos que no recurren a la objeción de conciencia en todo el país se ha reducido a la mitad: en 1983, cada ginecólogo practicaba 3,3 abortos a la semana (en 44 semanas laborales) y, en 2014, solo 1,6. No está claro por qué ahora debería haber un problema respecto al exceso de objetores de conciencia en comparación con los años anteriores, cuando el volumen de trabajo era el doble. Al analizar los datos desde un punto de vista subregional, solo 3 de las 140 autoridades sanitarias locales (ASL) se apartan de la media nacional y regional, y con valores que no impiden a los no objetores desempeñar otras actividades.
Por otra parte, en el transcurso de este año, se ha planteado en las regiones la pregunta de si existen médicos que no recurran a la objeción de conciencia, pero no estén asignados al servicio de abortos, con el objeto de garantizar que los valores medios reflejan la situación real. Según los datos regionales correspondientes (salvo Liguria, Lacio y Sicilia), a nivel nacional, el 11% de dichos ginecólogos están asignados a otros servicios, y no al servicio de abortos. Esto significa que el 11% de los ginecólogos no realizan abortos, aunque no sean objetores de conciencia.
En Italia, la interrupción voluntaria del embarazo se lleva a cabo en instalaciones públicas utilizando métodos quirúrgicos y farmacológicos.
En cuanto a los anticonceptivos de emergencia, desde mayo de 2015 se ha eliminado la prescripción médica obligatoria para el acetato de ulipristal (ellaOne) para las mujeres mayores de 18 años.
Grupos de mujeres desfavorecidas
Pregunta 18
En 2015 había 22 de millones de mujeres en las zonas rurales, lo que constituye un 69% de las mujeres italianas. Existen numerosas iniciativas regionales (21 programas regionales rurales (PSR)) y locales (mediante un “enfoque de liderazgo” y proyectos integrados) para aumentar la participación de la mujer y el acceso a la agricultura.
Según el sexto censo del sector agrícola de 2012, había 500.000 explotaciones de mujeres, con un aumento progresivo desde el 26% en 1990 hasta el 31% en 2010. El 9% de las mujeres que dirigen explotaciones tienen menos de 40 años (=32% de los agricultores jóvenes). Los empresarios más jóvenes alcanzan, de media, mayores niveles de producción por explotación. Cuentan con educación superior, muestran una mayor inclinación hacia los mercados y una mayor diversificación de las actividades agrícolas.
Los migrantes representan el 25% de la fuerza de trabajo agrícola, de los cuales el 7% son mujeres, en su mayoría con empleo temporal (80%) por lo general con motivo de la cosecha de temporada. Además trabajan principalmente en el centro y sur de Italia (60%), con porcentajes más elevados en Calabria, Apulia y Campania. La mayoría de las mujeres migrantes que trabajan en la agricultura son jóvenes (un 47% menores de 40 años) y desean cambiar de trabajo debido, entre otras cosas, a los bajos salarios.
En 2015, para luchar contra las irregularidades existentes en el sector agrícola (que afectan principalmente a las mujeres y los migrantes), el Gobierno creó (art. 6 del Decreto Ley 91/2014 en su forma enmendada), entre otras cosas, la red para el trabajo agrícola de calidad, que certifica la calidad de las explotaciones agrícolas.
En octubre de 2016, el Parlamento aprobó la Ley 199/2016 para luchar contra el trabajo no declarado y la explotación laboral en la agricultura (Legge sul Caporalato), la cual amplía los objetivos del Fondo para las víctimas de la trata de personas en virtud de la Ley 228/2003 también a las víctimas de la contratación ilegal y la explotación laboral, como la prestación de asistencia y los programas de protección e integración social. Además, los trabajadores migrantes que presentan denuncias contra el empleador y colaboran con la justicia tienen derecho a un permiso de residencia por razones humanitarias. Los seis meses de permiso puede prorrogarse por un año o a lo largo de toda la actuación judicial, y les permiten trabajar.
En el marco de la política rural, la participación de la mujer en los programas rurales regionales representa alrededor del 32%. Esta política se centra en medidas que incrementan el capital humano mediante actividades educativas y de información, al tiempo que fortalece la competitividad y facilita el intercambio generacional o la aparición de nuevas explotaciones agrícolas.
El Mipaaf tiene el firme compromiso de supervisar esta situación, en parte gracias a sus instituciones de investigación (el Consejo para la Investigación Agrícola y el Análisis de la Economía Agrícola (CREA) y el Instituto de Servicios para el Mercado Agrícola Alimentario (ISMEA)). En líneas más generales, en el marco del Programa de Actividades de la Red Rural Nacional (2014-2020), promueve distintas medidas, como el proyecto “Empleo para la mujer y emprendimiento juvenil, primera consolidación en la agricultura”, con el fin de mejorar la sensibilización, la valoración y el intercambio de las mejores prácticas (CREA e ISMEA).
En 2016, el Centro de Contacto de la Oficina Nacional contra la Discriminación Racial (UNAR) se ocupó de 275 casos de discriminación contra la mujer, el 76% de los cuales están relacionados con la discriminación por motivos étnicos o raciales; a su vez, el blanco del 5% de estos casos son las comunidades romaní, sinti y caminanti. El enfoque basado en los derechos humanos, la no discriminación, la educación en materia de derechos humanos y la perspectiva de género constituyen las bases de la estrategia nacional respecto a los romaníes y de todas las demás iniciativas relevantes que se están analizando en los nuevos planes de financiación de la UE para 2014-2020.
En 2014 la UNAR presentó una publicación sobre las mujeres romaníes. A lo largo de los años, se han realizado numerosas actividades de sensibilización sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado y las prácticas tradicionales nocivas, así como algunas iniciativas relativas a la educación y la salud. En 2015, destacan también algunas misiones del país relacionadas con la trata de personas en Albania, en especial para las mujeres y los niños romaníes, y en Rumania, contra el matrimonio infantil, precoz y forzado.
También cabe destacar la primera red nacional de mujeres romaníes: Romania onlus. La UNAR ha apoyado numerosas iniciativas relacionadas con las mujeres romaníes, como la red Rowni, creada por una mujer romaní.
Por último, la UNAR participa cada vez más en las medidas internacionales y regionales pertinentes, como las misiones de asesoramiento, los estudios y las conferencias del Consejo de Europa (CE). En octubre de 2016, organizó el lanzamiento del proyecto JUSTROM, cofinanciado por la Comisión Europea y el CE, y gestionado en asociación con la UNAR. Su objetivo consiste en aumentar los conocimientos de las mujeres romaníes sobre la no discriminación y los derechos humanos.
Preguntas 19 y 20
El objetivo del nuevo proyecto de dos años “PASSIM”, dirigido por el Ministerio de Salud y con recursos del Fondo para el Asilo, la Migración y la Integración, es garantizar la eficacia y la continuidad de los controles sanitarios y los primeros auxilios durante las tareas de búsqueda y salvamento de las operaciones en el mar.
Desde el 1 de febrero de 2017, busca mejorar, entre otras cosas, el papel desempeñado por la autoridad nacional encargada de la gestión de los migrantes que llegan a las fronteras desde la perspectiva de la atención sanitaria individual, transfronteriza y pública, y la coordinación con las partes interesadas que participan en las operaciones anteriores. A fin de garantizar que se respetan totalmente los derechos humanos, la OIM y el ACNUR colaboran con los puntos de desembarco y todas las instalaciones de acogida, donde están siempre presentes, en virtud del Decreto Legislativo 142/2015.
Para proporcionar asistencia médica, atención especializada y apoyo psicológico a los migrantes que se alojan en centros de acogida de Lampedusa-Contrada Imbricola y de Trapani-Milo, el Departamento para las Libertades Civiles y la Inmigración firmó, el 19 de febrero de 2017, dos acuerdos con el INMP para promover la atención sanitaria de los migrantes y combatir las enfermedades relacionadas con la pobreza, además de la atención médica prestada por las autoridades sanitarias locales y los gerentes de los centros de acogida.
Pregunta 21
Las medidas relevantes se enmarcan en: la redacción del segundo plan bienal, cuya publicación está actualmente en curso por parte del Observatorio de las Personas con Discapacidad; la octava línea de intervención, es decir, el desarrollo del sistema estadístico y la aplicación de las políticas; y el ISTAT, que solicitará la cooperación de las administraciones pertinentes.
Entre las propuestas elaboradas, la primera de especial importancia prevé la intervención normativa para garantizar la integración de los archivos administrativos que contienen datos relacionados con la discapacidad, a fin de ampliar la información estadística pertinente: una estrategia que puede lograrse mediante el proceso de digitalización en vigor de las administraciones públicas.
Matrimonio y relaciones familiares
Pregunta 22
Como se indicó anteriormente, la Ley de presupuestos de 2017 ha introducido medidas adicionales de apoyo a los futuros padres y a los padres de niños de corta edad (es decir, Mamma domani, la prima de 800 euros; el Bonus nido, un paquete de medidas políticas de naturaleza estructural para todos con carácter permanente; y el Fondo di sostegno alla natalità, que facilita el acceso al crédito para las familias con uno o más hijos, biológicos o adoptados, desde 1 de enero de 2017, también a través de garantías directas a los bancos y los intermediarios financieros (artículo 1 de la Ley 232/2016)).
En los últimos años, Italia ha promovido políticas para apoyar y desarrollar los servicios educativos de la primera infancia. El Departamento de Políticas de la Familia contribuye a la aplicación efectiva del Plan Extraordinario para el Desarrollo de Servicios Socioeducativos en la Primera Infancia.
Como se desprende del último informe de seguimiento de 2015, las políticas relevantes y las inversiones recientes han dado lugar a resultados positivos y significativos. En el período comprendido entre el 31.12.08 y el 31.12.15, el correspondiente sistema de servicios ha aumentado de manera constante (de 234.703 a 331.600 puestos de trabajo, con una cobertura que va del 14,8% al 22,3%)
En este marco, las guarderías son de especial interés para las familias, al igual que el servicio de promoción del desarrollo de todo el sistema de servicios (los empleos relacionados con las guarderías han aumentado de 210.541 en 2008 a 314.741 en 2015, con un incremento de la cobertura del 12,5% al 21,1%; por el contrario, los servicios suplementarios presentaron un desarrollo limitado: los puestos de trabajo en la esfera de los servicios educativos suplementarios aumentaron de 24.162 a 30.966 (con una cobertura del 1,4% al 2,1%)).