I.Introducción
El Iraq presentó sus informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados en un único documento, de conformidad con el artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinó el informe en sus sesiones 1197ª y 1198ª, celebradas el 18 de febrero de 2014, y formuló una serie de recomendaciones y observaciones finales.
De conformidad con CEDAW/C/IRQ/CO/4‑6/Add.1, el Iraq presentó un informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer el 9 de marzo de 2016, en el que facilitó información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los párrafos 12 y 18 de las observaciones finales.
En virtud del párrafo 1.b) del artículo 18 de la Convención, la República del Iraq presenta su séptimo informe periódico sobre la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer para hacer un seguimiento de los progresos logrados en la aplicación de la Convención y de las observaciones finales del Comité.
A.Proceso de preparación del informe
El proceso de preparación del informe consistió en una serie de etapas, como se indica a continuación:
a)Fase preparatoria: esta etapa se centró en la creación de un subcomité ministerial, el 10 de enero de 2017, presidido por el Subsecretario del Ministerio de Justicia e integrado por miembros de varios ministerios. El subcomité se creó para elaborar el séptimo informe periódico y divulgar las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer entre los ministerios y organismos pertinentes. El subcomité participó en un taller organizado por el Departamento de Empoderamiento de la Mujer de la Secretaría del Gabinete, en coordinación con la Al‑AmalAssociation, una organización de la sociedad civil, con el fin de definir el mecanismo destinado a redactar el informe nacional, aplicar las recomendaciones y elaborar el informe.
b)Reunión de información: se reunió la información necesaria para el informe y el subcomité celebró varias reuniones para revisarla. Cabe señalar que la etapa de reunión de información se prolongó hasta la fecha de presentación del informe para disponer de información actualizada.
c)Redacción: la información se estructuró por temas y se elaboró el proyecto inicial. La etapa concluyó con la preparación de un proyecto de informe del subcomité y su presentación al comité central.
d)Examen y aprobación: el comité central celebró una reunión para examinar y aprobar el proyecto de informe, que, a continuación, fue presentado al Gabinete para su aprobación y, por último, al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
En el presente informe se exponen las medidas adoptadas por la República del Iraq para aplicar las observaciones finales y los artículos de la Convención.
En 2014, se celebraron en el Iraq elecciones para el Consejo de Representantes. Con una participación del 62%, los 12.619.599 votantes eligieron a 328 diputados del Parlamento de entre los 9.037 candidatos, de los cuales 6.434 eran hombres y 2.604, mujeres. Las mujeres obtuvieron el 25% de los escaños parlamentarios.
En el anexo I, se presenta información detallada sobre el proceso electoral del Consejo de Representantes que tuvo lugar en 2014.
B.Delitos cometidos en el Iraq por el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) después del 9 de junio de 2014
En junio de 2014, el Iraq fue objeto de ataques violentos de las bandas terroristas del EIIL. Estas bandas cometieron diversas atrocidades contra el pueblo iraquí en general y contra determinados grupos étnicos y religiosos en particular.
Las bandas fueron responsables de diferentes asesinatos, torturas, secuestros, violaciones, actos de esclavitud sexual y conversiones religiosas forzadas. Reclutaron a niños como soldados y utilizaron a mujeres y niños como atacantes suicidas y escudos humanos. Llevaron a cabo una política de tierra quemada y realizaron ejecuciones públicas. Estos constituyen delitos penados por la ley.
Esas bandas delictivas cometieron atrocidades contra grupos étnicos como los cristianos, los turcomanos, los sabeos/mandeos y los yazidíes, entre ellas las siguientes:
•delitos contra la vida y la integridad física (asesinatos y torturas);
•migraciones y desplazamientos forzados;
•ataques contra las minorías;
•destrucción de antigüedades, patrimonio cultural y sitios religiosos;
•restricción de las libertades públicas;
•violaciones económicas y relacionadas con la salud;
•esclavitud sexual;
•esclavitud y tráfico de esclavos (trata);
•comercio y contrabando de recursos naturales (petróleo) y antigüedades.
Entre sus crímenes se incluyen el asesinato de 450 reclusos de la cárcel de Badush, la ejecución de cientos de soldados en la provincia de Nínive, la ejecución de 1.700 cadetes en Camp Speicher, en la provincia de Saladino, y la ejecución de 175 cadetes de la fuerza aérea iraquí en una base aérea en Tikrit, con el lanzamiento de algunos de los cuerpos al río Tigris. Perpetraron los crímenes más atroces contra las minorías, en particular los yazidíes, los cristianos y los shabak, como la esclavitud sexual de miles de mujeres de la comunidad yazidí y de otros grupos minoritarios. Durante la liberación, esas bandas terroristas utilizaron a civiles como escudos humanos para obstaculizar el avance de las fuerzas del Gobierno, que a menudo se vieron obligadas a combatir a pie a fin de proteger la vida de los civiles.
Las mujeres en las zonas controladas por las bandas terroristas del EIIL fueron víctimas de diversas formas de barbarie, como asesinatos, secuestros, conversiones religiosas forzadas y su venta como botín de guerra. Muchas mujeres fueron víctimas de violaciones y de otros actos de violencia sexual.
En las zonas bajo su control, las bandas terroristas del EIIL fueron responsables de la esclavitud y el secuestro sistemáticos de mujeres y niñas yazidíes, turcomanas, cristianas y shabak. Alrededor de 950 mujeres y niñas yazidíes que permanecían cautivas pudieron escapar, pero el terrible sufrimiento psicológico que padecieron como resultado de las violaciones, los abusos sexuales, los matrimonios forzados y los consiguientes embarazos y abortos perjudicaron su salud y llevaron a varias de ellas al suicidio.
Unas 400 mujeres fueron torturadas y ejecutadas por negarse a obedecer las órdenes de las bandas del EIIL de participar en la yihad sexual (yihad al ‑ nikah). Algunas de esas mujeres eran doctoras, profesoras, abogadas y periodistas.
El trato que el EIIL dio a los civiles se caracterizó por su brutalidad. Sin distinguir entre hombres y mujeres ni entre niños y ancianos, los utilizó a todos como escudos humanos. Los francotiradores del EIIL dispararon contra las mujeres y los niños que intentaron llegar a zonas seguras bajo el control del Gobierno, al mismo tiempo que las zonas liberadas de civiles fueron objeto de ataques conmortero.
La victoria final sobre el EIIL se logró cuando las fuerzas armadas iraquíes los expulsaron de Mosul, Al-Qaim, Rawa y Hawiya, lo que puso fin a la oscuridad en la que vivió la población de esas y otras áreas mientras estuvieron controladas por las bandas terroristas delictivas. La victoria fue producto de la unidad del Iraq y la sabia dirección del Gobierno. Fue posible gracias a las fuerzas armadas iraquíes, elogiadas por la comunidad internacional por su misión declarada de liberar a las personas antes de lograr la liberación de la tierra.
II.Información sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención y las observaciones finales del Comité
Recomendación 8
Entre 2014 y el momento en que se redactó el presente informe, se redactaron varias leyes relativas a los derechos humanos y de otra índole. Pueden consultarse en el anexo II.
Recomendación 10
Se puso en marcha la Estrategia Nacional de Seguridad del Iraq sobre la base de la visión de un Iraq seguro y estable en el que los iraquíes puedan vivir en condiciones de seguridad y comodidad en un Estado federal y democrático que respete los derechos humanos y las identidades culturales, religiosas y nacionales, y que promueva la paz y la seguridad internacionales. La Estrategia tiene por objeto garantizar los intereses nacionales vitales en las esferas de la seguridad, la defensa, la política exterior, la economía, la seguridad de la información, las telecomunicaciones, la energía y los recursos naturales; también comprende varios objetivos administrativos, culturales y sociales.
La Estrategia Nacional de Seguridad del Iraq contiene políticas encaminadas a reformar los organismos de seguridad y defensa, y completar el desarrollo de la capacidad, a saber:
•la reforma, el desarrollo, la reestructuración, el reequipamiento y la capacitación de las formaciones de combate para que puedan emprender la defensa y la liberación de las ciudades y las zonas ocupadas, para velar por su profesionalidad, su eficacia y el uso óptimo de los recursos disponibles, y para fomentar la confianza de la población en las fuerzas armadas;
•la revisión general del sistema de formación sobre liderazgo y la reforma de los sistemas de capacitación, mejora, suministro, promoción, planificación y trato de los civiles, respetando al mismo tiempo los derechos humanos;
•la reforma y el desarrollo de la seguridad interna;
•el aumento de las competencias de todos los organismos que luchan contra la delincuencia organizada.
•el nombramiento de organismos de investigación y aplicación de la ley en el Ministerio del Interior; el examen y el desarrollo de las calificaciones requeridas por los agentes de la policía judicial; la protección de los derechos humanos.
El Ministerio del Interior, a través de la Oficina del Inspector General, organiza cursos para erradicar la corrupción financiera y administrativa. Entre otras cosas, estos cursos ofrecieron orientación sobre cómo respetar el contenido relativo a los derechos humanos que figura en las cartas internacionales y en la legislación iraquí. En 2015, se impartieron 20 cursos en Bagdad para unos 700 funcionarios y funcionarias, mientras que se impartieron 110 cursos para 5.500 miembros del personal en las provincias. En 2016, el Ministerio del Interior organizó 36 cursos, a los que asistieron 1.229 funcionarios y funcionarias. También se organizaron dos cursos sobre género a los que asistieron 96 funcionarios y funcionarias.
Las estadísticas que figuran a continuación muestran el número de mujeres que trabajaban en el Ministerio del Interior en 2016:
•Oficiales: 273
•Suboficiales: 853
•Categorías inferiores: 6.352
•Cadetes: 44
•Empleados civiles: 2.516
•Personal por contrata: 11
•Total: 10.049
El Ministerio de Defensa es una entidad independiente sin ninguna parcialidad política ni sectaria. Lucha contra todos los grupos terroristas ilegales que ponen en riesgo las vidas y los bienes de los civiles en sus áreas de responsabilidad. Todos los candidatos deben someterse a un examen médico y un control de seguridad antes de incorporarse al Ministerio.
El Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, en coordinación con diferentes organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, trabaja para sensibilizar al personal sobre cómo tratar a los civiles desarmados de un modo humano y civilizado.
El ejército iraquí protege a los civiles en sus zonas de operaciones sin ningún tipo de discriminación y asigna unidades para salvaguardar los lugares de culto, las escuelas, los hospitales y las instalaciones del Gobierno frente a los ataques terroristas.
El Gobierno del Iraq dio prioridad a los marcos de derechos humanos y al estado de derecho en su programa de 2014, haciendo grandes esfuerzos por instaurar la seguridad y el estado de derecho en el territorio iraquí mediante la realización de operaciones destinadas a liberar las zonas que se encuentran bajo el control de las bandas terroristas del EIIL y velar por la seguridad de la población. Dichas operaciones incluyeron la liberación de zonas de las provincias de Diyala, Saladino y Al‑Anbar, además de Nínive. El Gobierno estableció campamentos para los desplazados internos de esas zonas y atendió sus necesidades básicas sin discriminación. Además, todas las fuerzas iraquíes reciben un alto nivel de capacitación acerca del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y están capacitadas para hacer frente a las situaciones de emergencia respetando las libertades y los derechos contemplados en las convenciones internacionales de derechos humanos. Todos los oficiales y la tropa respetaron los aspectos humanitarios durante la reciente guerra contra las organizaciones terroristas en lo que respecta a los horarios de las operaciones en las zonas urbanas, las tácticas empleadas y la preocupación por evitar bajas civiles, en la medida de lo posible. Al avanzar sobre el terreno, las fuerzas de seguridad se preocuparon enormemente por evitar que el EIIL tuviera la oportunidad de utilizar a civiles como instrumentos de guerra o escudos humanos, aunque esto los obligara con frecuencia a retrasar los ataques a los bastiones terroristas a fin de proteger la vida de los civiles. Además, las fuerzas iraquíes crearon corredores humanitarios para permitir que los civiles abandonaran la zona de combate y les ofrecieron cobijo. En su exposición informativa sobre la situación en el Iraq ante el Consejo de Seguridad el 2 de febrero de 2017, el Sr.JánKubiš, Representante Especial del Secretario General para el Iraq, celebró la valentía de las fuerzas de seguridad iraquíes, en concreto de las unidades de lucha contra el terrorismo, el ejército, la policía, las fuerzas de movilización populares, los pesmergas y los voluntarios locales. Por otra parte, instó a la comunidad internacional, incluidos los asociados regionales del Iraq, a ayudar al país tras su victoria militar sobre los grupos terroristas. El Representante Especial también señaló que el Iraq había adoptado un enfoque humanitario para las operaciones en la lucha contra el EIIL, dando prioridad a la protección de los civiles. Además, instó a los bloques políticos del Parlamento, a la sociedad civil y a otras partes interesadas a cooperar con el Primer Ministro para acelerar el programa de reforma.
El sistema judicial iraquí es el tercer poder de los órganos constitucionales del país. Se trata de un sistema independiente con arreglo a la Constitución, cuyo artículo 87 establece lo siguiente: “la autoridad judicial es independiente. Los diferentes tipos y niveles de tribunales asumirán esta autoridad y emitirán sus fallos de conformidad con la ley”. El artículo 88 precisa que “los jueces son independientes y no habrá ninguna autoridad sobre ellos, salvo la ley. Ninguna autoridad tendrá derecho a interferir en el poder judicial ni en los asuntos dejusticia”.
En virtud del artículo 89, el sistema judicial federal está integrado por el Consejo Judicial Superior, el Tribunal Supremo Federal, el Tribunal Federal de Casación, el Ministerio Público, la Comisión de Control Judicial y otros tribunales federales regulados de conformidad con la ley.
En los artículos 90 y 91 de la Constitución se establece que el Consejo Judicial Superior se encargará de supervisar los asuntos de los órganos judiciales, como se indica a continuación:
1.Administrar los asuntos del poder judicial y supervisar el sistema judicial federal.
2.Nombrar al presidente y a los miembros del Tribunal Federal de Casación, al Fiscal General y al director de la Comisión de Control Judicial, y presentar esas candidaturas al Consejo de Representantes para su aprobación.
3.Proponer el proyecto de presupuesto anual del sistema judicial federal y presentarlo al Consejo de Representantes para su aprobación.
El artículo 19 (primero) de la Constitución dispone lo siguiente: “el poder judicial es independiente y ninguna autoridad está por encima de él, a excepción de la ley”. Este principio se aplica a todos los asuntos judiciales, incluida la investigación de las denuncias de corrupción, y constituye la base de las leyes en vigor, entre ellas, la Ley del Consejo Judicial Superior y la Ley del Ministerio Público. Además, la Constitución afirma la igualdad de los iraquíes ante la ley y garantiza el derecho a un juicio celebrado en el Iraq, de acuerdo con los principios de la Constitución y el Código de Procedimiento Penal.
Se promulgó la Ley núm. 71 (2017) del Consejo de Estado para garantizar la independencia del poder judicial administrativo respecto al poder ejecutivo. El poder judicial administrativo, un órgano independiente que goza de personalidad jurídica, comprende los tribunales judiciales administrativos, los tribunales judiciales de empleados y el Tribunal Administrativo Supremo. El poder judicial administrativo, que se encarga también de formular y proporcionar opiniones en la sharia islámica, toma decisiones respecto a las causas presentadas ante él de forma imparcial e independiente.
Se promulgo la Ley núm. 70 (2017) para promover la independencia del poder judicial y el respeto del estado de derecho. La Ley exige una separación oficial entre el Instituto Judicial y el Ministerio de Justicia, de forma que vincula el Instituto, en cambio, al Consejo Judicial Superior, en su calidad de órgano responsable de la capacitación y el nombramiento de los jueces y los miembros del Ministerio Público, a fin de resolver el problema de la duplicación.
El poder judicial aborda con eficacia las cuestiones de la impunidad, la reparación a las víctimas y la reforma del sistema judicial a fin de garantizar la neutralidad y la independencia y lograr el acceso a la justicia para todos, incluidas las clases inferiores. En los casos de violaciones de los derechos humanos y abusos contra dichos derechos, se toman las medidas adecuadas para llevar a cabo una investigación confidencial e integral. Los sistemas judiciales gozan de independencia e imparcialidad y se rigen por las leyes iraquíes, garantizando el acceso a la justicia para todos sin impedimentos ni obstáculos. Las investigaciones llevadas a cabo por el poder judicial acerca de los delitos de violación de los derechos humanos y los abusos contra estos se consideran únicas y constituyen una buena muestra del poder judicial iraquí en acción.
El Departamento de Protección de la Familia y el Niño del Ministerio del Interior recibe reclamaciones y denuncias de mujeres maltratadas durante las 24horas del día a través de las siguientes vías:
a)el registro de denuncias presentadas por las víctimas;
b)los informes de hospitales, escuelas y otros órganos gubernamentales que atestiguan que tienen conocimiento de actos de violencia en el hogar;
c)las entrevistas realizadas con las víctimas; teniendo en cuenta el sexo de la víctima, las mujeres víctimas son entrevistadas por una funcionaria en una sala especial;
d)las víctimas derivadas para exámenes y tratamientos médicos; los informes médicos que corroboran las denuncias de abusos se adjuntan al expediente de la investigación.
La Sección de Derechos Humanos del Departamento del Asesor Jurídico (Ministerio de Defensa) sensibiliza al personal ministerial respecto a los derechos humanos mediante la organización de talleres, cursos y conferencias, así como mediante la publicación de folletos y panfletos referentes a aspectos específicos de los derechos humanos, en particular con relación al derecho internacional humanitario, que exige que los órganos que participan en conflictos protejan a los civiles en las zonas de conflicto. La Sección también tiene por objeto aumentar la sensibilización respecto a los derechos de la mujer y su papel en el desarrollo de la sociedad mediante conferencias sobre las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, en particular la resolución 1325 (2000)del Consejo de Seguridad, relativa a las mujeres, la paz y la seguridad.
Además de sus funciones ordinarias, los asesores jurídicos de las fuerzas armadas actúan como oficiales de derechos humanos, de modo que dan conferencias sobre derechos humanos para los soldados combatientes y alertan sobre la perpetración de abusos, bajo pena de sanción legal. En el anexo III, figuran los programas de las actividades educativas de la Sección de Derechos Humanos del Ministerio en 2015 y 2016, en particular en lo que se refiere a los derechos de lamujer.
Los teléfonos de asistencia de la Sección de Derechos Humanos reciben quejas y denuncias relativas a abusos contra los derechos humanos, entre los que se incluyen violaciones de los derechos de la mujer. La Sección examina y comprueba la veracidad de la información y, si se confirma que se ha producido un abuso, remite el caso a los órganos jurídicos y judiciales correspondientes.
El Servicio Penitenciario del Iraq proporciona capacitación en materia de derechos humanos a su personal sobre la base de un plan de estudios sistemático establecido en el plan anual. La formación incluye cursos sobre derechos humanos, enseñanza sobre las normas internacionales para tratar a los reclusos y una introducción a las leyes, las reglamentaciones y las convenciones internacionales. Dentro de la estructura orgánica del Servicio, la Sección de Desarrollo Penitenciario funciona bajo la supervisión del subdirector general de capacitación. La Sección cuenta con una plantilla de administradores especializados y formadores profesionales, y dispone de salas de conferencias para capacitar a los guardias de prisiones y a otros empleados. Los cursos se imparten con arreglo a planes anuales cuidadosamente elaborados con el objeto de satisfacer las necesidades del Servicio. En el anexo IV, se indican los talleres y los cursos sobre derechos humanos que llevó a cabo el Servicio Penitenciario del Iraq.
Recomendación 14
En vista de las exigencias relativas a la gestión de los desplazados internos en el Iraq con arreglo al Programa del Gobierno (2014‑2018) y de la importancia de aunar esfuerzos para coordinar la labor de las organizaciones de ayuda en el país, se creó un grupo de trabajo con el objeto de elaborar una política nacional para la gestión de los desplazados en el Iraq sobre la base de una visión, unos objetivos y unos mecanismos específicos. El grupo estuvo integrado por representantes de las partes interesadas y trabajó en coordinación directa con el Asesor de Seguridad Nacional. La legislación y las normas nacionales establecieron el punto de partida, con la orientación de los principios de las Naciones Unidas. En el proceso participaron representantes del Consejo de Representantes, además de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las provincias y diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y locales. Se aprobó la política en virtud de la Decisión núm.414 (2015) del Gabinete.
Se aprobó una estrategia para prestar servicios médicos de prevención y tratamiento a las personas desplazadas y los repatriados a las zonas liberadas desde2014.
El Gobierno del Iraq, por conducto del Ministerio de Migraciones y Desplazamientos, se ha unido a otras partes interesadas a fin de garantizar los derechos de los refugiados en el Iraq en virtud de las leyes e instrucciones pertinentes, en particular la Ley de los Refugiados de 1971 (ley núm. 51) y la Ley del Ministerio de Migraciones y Desplazamientos y las instrucciones conexas, sin entrar en conflicto con los principios de derechos humanos y las normas internacionales que garantizan los derechos de los refugiados. El Ministerio prestó servicios y asistencia a nuestros hermanos sirios que entraron en el Iraq después de 2012 y no ha habido ninguna discriminación en la ley ni en la práctica entre los repatriados, los desplazados y losrefugiados.
El Departamento de Protección Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha abierto varios servicios de asistencia en las provincias para recibir a las personas desplazadas y facilitar los procedimientos, como se indica a continuación:
•Departamento de Nínive: tres emplazamientos alternativos (Dahuk, Erbil yKirkuk).
•Servicio de asistencia de Tal Afar: emplazamiento alternativo (Karbala).
•Servicio de asistencia de Al-Hamdaniya: emplazamientos alternativos (Karbala y Al-Hindiya).
•Departamento de Al-Anbar: emplazamientos alternativos (Amiriyat al-Faluyay Erbil).
•Departamento de Saladino: emplazamientos alternativos (Balad y Al-Duyail).
•Se abrió un nuevo servicio de asistencia adscrito a la sede del departamento en Erbil (Aynkawa) para facilitar la prestación de servicios a las personas desplazadas.
Los equipos del Ministerio de Salud en todo el país hacen visitas sobre el terreno a campamentos de desplazados para prestar servicios de salud y otros servicios esenciales, llevar a cabo campañas sanitarias y realizar radiografías, acompañados de una unidad de radiología, un laboratorio y una farmacia móviles. Llevan a cabo campañas de vacunación, prestan servicios de salud reproductiva, realizan exámenes médicos y ofrecen tratamiento y seguimiento a enfermos de tuberculosis. Los patólogos clínicos llevan a cabo ensayos de laboratorio para detectar casos de VIH/sida y enfermedades de transmisión sexual. También se ofrecen servicios de prevención y control de las enfermedades no transmisibles.
El Ministerio de Salud elaboró un plan nacional en torno a cuatro temas: la prestación de servicios de seguridad y relativos a las necesidades básicas, la prestación de apoyo psicosocial, la prestación de servicios psicológicos no especializados y la prestación de servicios psicológicos especializados. El plan se divulgó entre los departamentos de salud, incluidos los de la región del Kurdistán. El plan se centra en la prestación de servicios de salud psicológica y apoyo psicosocial en situaciones de emergencia humanitaria para impulsar la capacidad de recuperación de las personas que sufren traumas psicológicos y problemas psicosociales, y para rehabilitar a las personas traumatizadas y a aquellas que padecen enfermedades preexistentes.
Como parte de un estudio sobre la salud psicológica realizado como parte de los preparativos destinados a elaborar un plan nacional para el retorno seguro y la salud sostenible de los desplazados, el Ministerio de Salud redactó el primer proyecto de plan de rehabilitación comunitario para las zonas inestables tras su liberación del terror.
En un documento normativo sobre la protección infantil, se incluyeron programas para la rehabilitación de los niños en las zonas liberadas y su reintegración en la sociedad. Además, se diseñaron programas para rehabilitar a los niños, incluidos los huérfanos, y a las viudas, así como para reintegrarlos en la comunidad en las zonas liberadas que anteriormente estaban bajo el control del EIIL. Se aumentó el presupuesto del Ministerio de Salud y Asuntos Sociales en el presupuesto federal de 2017 a fin de financiar esos programas, en los que participaron los Ministerios del Interior, de la Juventud y los Deportes, de Salud, de Educación, de Planificación y de Cultura, así como la Comisión de Bienestar del Niño y diferentes organizaciones de la sociedad civil, con miras a promover los valores nacionales entre los niños, erradicar las ideas extremistas implantadas en su mentalidad por el EIIL y examinar los programas escolares en consonancia con los principios modernos de rechazo a la violencia y el extremismo, y promoción de la paz y la tolerancia.
El Departamento de Viviendas Públicas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales garantiza la ayuda humanitaria y la protección a los desplazados internos, de conformidad con las normas del derecho internacional. Los departamentos de asuntos sociales de todas las provincias han recibido órdenes de admitir a niños (huérfanos, niños separados de sus padres y casos humanitarios).
El Departamento de Ancianos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales gestiona las viviendas de las personas de edad para cuidar de los ancianos y de las personas cuyas familias se han visto fragmentadas por las guerras que han asolado el país. Ofrece alojamiento y servicios básicos, como alimentos, ropa y atención médica, así como programas culturales y de ocio y dinero de bolsillo.
La Dependencia de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales supervisa la situación humanitaria de las personas de todas las edades y de ambos sexos, las ingresa en centros de asistencia y les proporciona los medios esenciales para vivir. En algunos casos, se ofrece un subsidio de asistencia social o un asistente a tiempo completo. En otros casos, la Dependencia trabaja en coordinación con el Ministerio de Salud a fin de garantizar el traslado de los enfermos a los hospitales del Ministerio para su tratamiento; una vez completado el tratamiento, son ingresados en centros de asistencia.
Las personas que se han quedado sin hogar debido a los conflictos internos reciben el mismo trato que las personas con discapacidad, y la Comisión para las Personas con Discapacidad y Necesidades Especiales ha garantizado que estarán amparadas por la Ley núm. 38 (2013) y que se les proporcionarán servicios y prestaciones. En el cuadro siguiente se presentan los datos estadísticos de las provincias de Nínive, Saladino y Al‑Anbar:
|
Actividad |
Nínive |
Saladino |
Al ‑ Anbar |
Total |
|
Asistente a tiempo completo designado (integrante del personal) |
6 |
92 |
28 |
126 |
|
Asistente a tiempo completo designado (no integrante del personal) |
712 |
2 . 066 |
1 . 204 |
3 . 982 |
|
Subsidio recibido para asistente a tiempo completo |
629 |
1 . 097 |
835 |
2 . 561 |
Se promulgó la Ley núm. 81 (2017) a fin de lograr un nivel de vida digno para las personas a cargo de miembros de las fuerzas armadas de cualquier rango que sean mártires o heridos de operaciones de lucha contra el terrorismo, y de proteger los derechos de sus familias. La Ley tiene por objeto inmortalizar los sacrificios de los mártires de la guerra librada contra las bandas terroristas del EIIL, acelerar la tramitación de sus casos y proporcionar a los heridos una atención de primera clase. Se garantizará el acceso a las pensiones y al tratamiento para los heridos, se condonarán las deudas de los mártires y heridos, y se velará por que sus familias tengan acceso a la educación y a una vivienda digna. La Ley prevé la construcción de un monumento a su sacrificio.
A pesar de la situación actual, el Gobierno del Iraq ha organizado una serie de actividades destinadas a proporcionar un entorno sano a los desplazados de ambos sexos, además de las iniciativas de la sociedad civil y los organismos internacionales.
Se han adoptado diferentes medidas para estabilizar la situación de seguridad y posibilitar el regreso de los desplazados. Entre ellas, figuran las siguientes:
•el desminado, la desactivación de explosivos y la retirada de los restos de material de guerra de los pueblos y las ciudades a fin de que las zonas liberadas sean seguras para los repatriados;
•la reapertura de las comisarías de policía en las zonas liberadas;
•el despliegue de tropas en torno a las zonas liberadas y en los puntos de acceso para salvaguardar la seguridad de la población;
•la cooperación con la población local para descubrir incursores y células terroristas, y obtener información.
El Ministerio de Migraciones y Desplazamientos trabaja en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Salud, el Departamento de Empoderamiento de la Mujer y las organizaciones de la sociedad civil para mejorar la situación de los hogares encabezados por mujeres, velar por que estén cubiertas por los programas de estabilización y seguridad del Ministerio, y permitirles poner en marcha empresas generadoras de ingresos. Los hogares encabezados por mujeres también tienen derecho a subvenciones que posibilitan la reintegración de las familias de repatriados.
El Ministerio de Salud, en colaboración con los equipos en las provincias, ha incrementado el número de visitas sobre el terreno coordinadas a nivel central que se llevan a cabo en los campamentos de desplazados a lo largo de la semana, incluidos los fines de semana y los días feriados, a fin de garantizar la continuidad de los servicios de salud para las personas desplazadas. El Ministerio supervisa también la provisión de medicamentos y suministros médicos en los campamentos de desplazados y los emplazamientos donde se concentran los desplazados.
El Ministerio de Salud trata de promover una acción conjunta con su homólogo en la región del Kurdistán y dotarla de un apoyo logístico acorde al número de personas desplazadas en cada provincia.
El Ministerio de Salud ofrece servicios de asistencia maternoinfantil, evaluaciones nutricionales y diagnósticos y tratamientos tempranos de las enfermedades crónicas. También mantiene un registro sobre el cáncer y supervisa los casos.
El Ministerio de Salud ha dotado los campamentos y los emplazamientos habilitados para los desplazados de un servicio central de ambulancias, el cual trabaja con las ambulancias proporcionadas por los departamentos de salud provinciales y aquellas donadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones internacionales. Además, los campamentos reciben los servicios de clínicas móviles en asociación con la OMS y otros órganos de apoyo.
Unos 925.755 niños menores de cinco años que viven en los campamentos de desplazados y los emplazamientos donde se concentran los desplazados han sido vacunados en un total de 18 campañas del Ministerio de Salud, mientras que 205.389 niños menores de un año han sido vacunados en el marco de la cobertura normal. Se han producido 214.121 nacimientos. El número de personas atendidas por los centros de salud, las clínicas móviles, los servicios de ambulancia y los equipos de salud móviles asciende a 4.588.740. La cantidad de personas atendidas en el hospital, así como también en las unidades de accidentes y emergencias, asciende a 2.041.184 personas.
Alrededor de 1.528 mujeres yazidíes maltratadas por las bandas terroristas del EIIL están cubiertas por el plan de asistencia social. El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ha eximido a estas mujeres de las comprobaciones habituales. Asimismo, 88 mujeres de la comunidad shabak que fueron rescatadas de las garras de los malhechores del EIIL reciben la cobertura de la asistencia social.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha mejorado el centro para las víctimas de la trata en Bagdad, de modo que acoge a los niños maltratados rescatados de la actividad delictiva de las bandas del EIIL. El centro está abierto a todos los niños que necesitan ayuda, sin discriminación ni excepción.
La adhesión del Iraq a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo (1967) sigue pendiente debido a las difíciles condiciones económicas y de seguridad que atraviesa el país en la actualidad, habida cuenta de la presencia de decenas de miles de refugiados, incluidos los kurdos de Turquía, la República Árabe Siria y la República Islámica del Irán, los árabes ahwazíes, los kuwaitíes (los llamados “bidunes”) y los palestinos, además de los desplazados internos y los migrantes que regresan.
La Ley núm. 26 (2006) sobre la Nacionalidad Iraquí aborda adecuadamente el tema de la apatridia, de manera que la adhesión a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia (1961) no añadiría nada.
El proyecto de ley sobre los refugiados fue aprobado en virtud de la Decisión núm. 304 (2017) del Gabinete y fue remitido al Consejo de Estado para el debido análisis. A continuación, fue reenviado a la Secretaría del Gabinete y remitido directamente al Consejo de Representantes, de conformidad con los artículos 61 (primero) y 80 (segundo) de la Constitución. La ley, cuyo objeto consiste en regular el asilo, abarca todos los casos de asilo político y humanitario, así como de asilo por motivos de raza, religión, nacionalidad, afiliación social, intimidación o persecución, en consonancia con la Constitución, las convenciones internacionales y la legislación.
Recomendación 12: resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad relativa a las mujeres, la paz y la seguridad
En abril de 2014, el Gabinete aprobó la Estrategia Nacional para el Adelanto de la Mujer Iraquí. La Estrategia incluye el Plan Nacional para la Aplicación de la Resolución 1325 (2000)del Consejo de Seguridad, lo que convierte al Iraq, según el entonces Enviado de las Naciones Unidas, en el primer país de la región del Oriente Medio y África del Norte en formular un plan para aplicar la resolución. El plan se basa en seis pilares: la participación, la protección y la prevención, la promoción de la resolución, la movilización de recursos, la supervisión y la evaluación. Varias organizaciones de la sociedad civil participaron en la elaboración, entre las que destaca la Alianza para la Aplicación del Plan Nacional para la Aplicación de la Resolución 1325 (2000).
El plan se aprobó en un momento en que el Iraq estaba disfrutando de un período de seguridad y estabilidad económica. Dos meses más tarde, el EIIL entró en el país, tomó el control de varias zonas y comenzó a cometer sus crímenes. Los precios del petróleo cayeron y el país se encontró frente a numerosos problemas económicos y de seguridad. En respuesta a la evolución de la situación de la seguridad, el Ministerio de Estado para Asuntos de la Mujer por aquel entonces, en consulta con distintas organizaciones de la sociedad civil, presentó un plan de contingencia al Gabinete que se aprobó en mayo de 2015. El objetivo general del plan, que comprendía tres temas principales (la participación, la protección y la prevención), era atender las necesidades básicas de las mujeres desplazadas y supervisar los casos de mujeres secuestradas y maltratadas por las bandas terroristas del EIIL.
En el plan de contingencia, se preveía la creación de una sala de operaciones para supervisar la aplicación. Sin embargo, dos meses después de la aprobación del plan, se suprimió el Ministerio de Estado para Asuntos de la Mujer, que había sido el órgano responsable de la aplicación. En enero de 2016, tras una demora, la Oficina del Primer Ministro ordenó reabrir la sala de operaciones para que los ministerios competentes pudieran supervisar la aplicación del plan. Tras una intensa ronda de reuniones y debates, y en consulta con ciertas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo con aquellas que componen la Alianza, se formularon distintos planes para que todas las partes interesadas aplicasen el plan sobre el terreno. En el marco de la sala de operaciones para la resolución 1325 (2000), adscrita a la Secretaría del Gabinete, se anunció la celebración de una conferencia en Erbil a fin de poner en marcha los planes nacionales para la aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad por parte de los ministerios, los organismos del Gobierno federal y el Gobierno de la región del Kurdistán. También se puso en marcha un sistema de evaluación institucional para los equipos sectoriales y se crearon equipos ministeriales para el seguimiento y la evaluación. Se introdujo un curso de formación de formadores para los equipos sectoriales en relación con la resolución 1325 (2000) y las resoluciones conexas posteriores.
Se está supervisando el plan de aplicación de la resolución 1325 (2000), se está llevando a cabo una nueva evaluación de los equipos sectoriales en las instituciones encargadas de la ejecución y se está trabajando para aunar esfuerzos; se ha formulado una declaración conjunta sobre la violencia sexual basada en los conocimientos especializados de los equipos.
El 23 de septiembre de 2016, en la Sede de las Naciones Unidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Iraq firmó una declaración conjunta con la Sra.ZainabBangura, Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos. Se trata de la primera acción conjunta del Iraq y las Naciones Unidas encaminada a abordar la amenaza de la violencia sexual contra las mujeres y varias de las dificultades a las que se enfrenta el Iraq a la hora de garantizar la rendición de cuentas por esos delitos y de llevar a los autores de estos ante la justicia con arreglo a la legislación del país. En virtud de este acuerdo, el Iraq recibirá asistencia internacional para documentar esos delitos y reunir pruebas sobre ellos, fortalecer el marco jurídico para que el poder judicial haga frente a la violencia sexual de una manera más eficaz y establecer formas de indemnizar y empoderar a las víctimas, y prestarles servicios esenciales. El acuerdo contiene seis esferas de aplicación en el marco de un plan de acción conjunto. Estas esferas son las siguientes:
•apoyar la reforma legislativa, normativa y de servicios para abordar y fortalecer la protección contra la violencia sexual;
•garantizar la rendición de cuentas por los delitos de violencia sexual mediante el desarrollo de la capacidad de las autoridades nacionales y regionales;
•velar por la prestación de servicios de apoyo y la indemnización de las víctimas y los niños nacidos como consecuencia de violaciones;
•lograr la participación de los dirigentes tribales y religiosos, la sociedad civil y los activistas de los derechos de la mujer en la prevención de los delitos de violencia sexual, y facilitar el retorno de las víctimas a la comunidad y su reintegración en ella;
•garantizar que las consideraciones relativas a la violencia sexual se reflejen adecuadamente en la labor del Comité contra el terrorismo del Iraq;
•aumentar la sensibilización y los conocimientos respecto a la violencia sexual en los conflictos.
El Departamento de Empoderamiento de la Mujer ha elaborado un plan para aplicar la declaración conjunta realizada por el Iraq y la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, en colaboración con diferentes partes interesadas, organizaciones locales e internacionales, y otrosasociados.
El Departamento de Empoderamiento de la Mujer supervisa la promulgación de leyes favorables a la causa de la mujer iraquí, en particular la Ley contra el Terrorismo, en colaboración con el Consejo de Representantes y el Comité Parlamentario para la Mujer, la Familia y la Infancia.
La dirección del Departamento de Empoderamiento de la Mujer llevó a cabo una visita programada con la Sra.ZainabBangura a centros de desplazados en la provincia de Dahuk para evaluar sus necesidades. También visitó la ciudad de Mosul con una delegación neerlandesa para inspeccionar la situación de los desplazados sobre el terreno y la magnitud de los daños causados por la guerra contra el EIIL. Una vez allí, visitó el Departamento de Medicina Forense, en particular las secciones encargadas de examinar los casos de violencia y abusos sexuales, y de determinar la paternidad; se formuló una declaración conjunta sobre la violencia sexual que refleja la magnitud de los daños causados sobre el terreno.
El Departamento de Empoderamiento de la Mujer organizó un taller de capacitación para el equipo nacional encargado de la aplicación de la resolución1325(2000)del Consejo de Seguridad a fin de fortalecer sus capacidades de redacción de informes. Además, se celebró un seminario titulado “Eliminar el estigma social de la violación”, en colaboración con el SunniEndowmentDiwan y los organismos de las Naciones Unidas. El Departamento también participó en un seminario sobre la reconciliación inclusiva, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El Departamento de Empoderamiento de la Mujer formuló normas para los centros que acogen a personas supervivientes de la violencia doméstica, incluida la violencia sexual, en colaboración con el Consejo Judicial Superior, los Ministerios de Justicia, del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, una serie de organizaciones de la sociedad civil y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
El Departamento de Empoderamiento de la Mujer formuló un conjunto de normas clínicas para las personas que sobreviven a actos de violencia, incluida la violencia sexual, en colaboración con el Consejo Judicial Superior, los Ministerios de Justicia, del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, una serie de organizaciones de la sociedad civil y el UNFPA.
El Ministerio de Salud elaboró un plan sobre género de conformidad con la resolución 1325 (2000)y firmó un protocolo relativo a las personas que sobreviven a abusos sexuales, en coordinación con el UNFPA.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales organiza cursos de capacitación y talleres sobre derechos humanos. Entre ellos se incluyen conferencias sobre la resolución 1325 (2000)y sobre cómo tratar a las personas supervivientes de actos de violencia y proporcionarles servicios y protección jurídica. También se realizan conferencias sobre las convenciones de derechos humanos y derechos de la mujer (incluida la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), y las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre el informe del Iraq, que se debatió en 2014.
Parte I, artículos 1 a 6Artículos 1 y 2 y recomendaciones 16, 18, 30 y 51
El Gobierno de la República del Iraq y otras autoridades han tratado de adoptar estas recomendaciones para garantizar una auténtica igualdad, combatir todas las formas de discriminación en la legislación, las medidas y las políticas, y poner fin a los estereotipos basados en costumbres y tradiciones sociales que no tienen fundamento jurídico.
Aunque el artículo 14 de la Constitución afirma explícitamente los principios de la igualdad y la no discriminación en el disfrute de los derechos y las libertades en el Iraq, el país fue uno de los primeros en adherirse a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y a otras convenciones internacionales de derechos humanos. No existe ninguna disposición jurídica en la legislación iraquí que consagre alguna forma de discriminación. Por lo tanto, todas las personas gozan de los derechos y las libertades en pie de igualdad y sin discriminación.
Algunas leyes discriminan positivamente en favor de las mujeres, lo que representa un verdadero progreso. Las mujeres tienen derecho a participar en la vida política y las elecciones, a votar y a presentarse como candidatas. Distintas mujeres yazidíes, sabeas y cristinas ocupan escaños en el Consejo de Representantes y los consejos provinciales. Además, las leyes, las reglamentaciones y las instrucciones garantizan su participación en la vida laboral, el disfrute de igualdad de oportunidades en la educación y la ocupación de puestos de categoría superior.
A fin de mejorar la legislación nacional en consonancia con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, aunque no existe ningún conflicto entre la legislación iraquí y los preceptos internacionales de derechos humanos, el Consejo Judicial Superior formó un comité de magistrados jubilados con una amplia experiencia para examinar toda la legislación, de conformidad con la Orden núm.477/Oficina/2017 (12 de junio de 2017).
El artículo 14 de la Constitución establece lo siguiente: “Los iraquíes son iguales ante la ley sin discriminación por motivos de género, raza, etnia, nacionalidad, origen, color, religión, culto, creencias u opiniones, o condición económica o social”.
El artículo 2 (primero) de la Constitución dispone lo siguiente: “El islam es la religión oficial del Estado y una fuente básica de legislación”. Esto sirve de marco para las obligaciones del país en virtud de la legislación nacional y las convenciones internacionales a las que se ha adherido, incluidas las reservas expresadas por el Iraq en el momento de la adhesión.
En la sesión anterior del Consejo de Representantes, se creó un comité para la realización de enmiendas de conformidad con el artículo 142 (primero) de la Constitución. En el programa del comité se incluyeron todos los artículos identificados por expertos constitucionales como discriminatorios o en conflicto con otros artículos de la Constitución, por ejemplo, los artículos 14, 41 y 45. El comité celebró una serie de productivas reuniones para elaborar las enmiendas. Sin embargo, la tarea se complicó por el hecho de que, en virtud del artículo 142 (segundo), las enmiendas propuestas deben presentarse al Consejo de Representantes todas a la vez para ser sometidas a votación y aprobadas por mayoría absoluta. La existencia de contenidos polémicos entre los artículos objeto de votación, como el artículo 140, relativo a las controversias territoriales entre el Gobierno federal y la región del Kurdistán, entró en conflicto con ese requisito.
Actualmente, el Consejo de Representantes está reformando el comité y completando la labor del comité anterior desde el punto en que la dejó.
No existe ningún proyecto de ley sobre el estatuto personal yaafari. Los miembros del Parlamento presentaron un proyecto de propuesta, pero fue retirado y no está previsto volver a introducirlo.
Si bien no existe ningún conflicto entre la legislación iraquí y los preceptos internacionales de derechos humanos, el Consejo Judicial Superior tiene sumo interés en mejorar la legislación nacional y ajustarla plenamente a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Para ello, se creó un comité de magistrados jubilados con amplia experiencia en el Consejo Judicial Superior a fin de examinar toda la legislación.
Para aplicar esta recomendación, el 10 de abril de 2014, el Consejo Judicial Superior creó un comité conjunto de alto nivel con el objeto de estudiar las propuestas de enmienda (al Código Penal y a diversas leyes conexas) presentadas por el entonces Ministerio de Estado para Asuntos de la Mujer. Los directores de la Comisión de Control Judicial y del Ministerio Público, dos importantes órganos dentro del sistema judicial, y dos representantes del Ministerio de Asuntos de la Mujer y del Ministerio de Derechos Humanos, respectivamente, formaron parte del comité. Sin embargo, actualmente el comité está suspendido, ya que se han suprimido los cargos de Ministro de Estado para Asuntos de la Mujer y Ministro de Derechos Humanos. En la actualidad, el Gobierno está trabajando en la reactivación del comité.
El director del Consejo Judicial nombró a un oficial de enlace con la categoría de director general como miembro del Comité Superior para el Adelanto de la Mujer Iraquí bajo su supervisión directa. Este Comité estaba presidido por la entonces Ministra de Estado para Asuntos de la Mujer y su trabajo consistía en coordinar la aplicación de la estrategia para el adelanto de la mujer iraquí y la estrategia encaminada a combatir la violencia contra la mujer, especialmente en la esfera de lalegislación.
En la reunión del 13 de enero de 2015, el Gabinete promulgó la Decisión núm.27 (2015), por la que se aprobó el proyecto de ley relativo a la protección contra la violencia doméstica. El proyecto de ley, una vez examinado por el Consejo de Estado, fue enviado al Consejo de Representantes para completar el proceso depromulgación.
El 1 de marzo de 2015, el Comité Parlamentario para la Mujer, la Familia y la Infancia pidió a la Presidencia que incluyese el proyecto de ley en el orden del día del Consejo de Representantes. La Presidencia accedió y la primera lectura del proyecto de ley tuvo lugar el 12 de marzo de 2015.
A fin de preparar el proyecto de ley para su segunda lectura, el Comité para la Mujer, la Familia y la Infancia celebró una reunión conjunta con el Comité de Derechos Humanos el 23 de mayo de 2015, con el objeto de examinar el proyecto de ley cuidadosamente y abordar sus puntos débiles. En la reunión se formuló un plan para la aprobación del proyecto de ley que incluyó la organización de reuniones y audiencias con el Ministerio de Asuntos de la Mujer, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, expertos jurídicos, círculos académicos y organizaciones de la sociedad civil.
El 2 de abril de 2015, el Comité celebró su reunión periódica con las organizaciones de la sociedad civil para examinar el proyecto de ley y sus propuestas de enmienda a la luz de la resolución 1325 (2000)del Consejo de Seguridad. El 15 de abril de 2015, el Comité invitó a la Ministra de Estado para Asuntos de la Mujer para debatir todas las observaciones formuladas sobre el proyecto de ley y presentar la posición del Gobierno.
Los días 14 y 15 de marzo, el Comité para la Mujer, la Familia y la Infancia celebró una serie de reuniones con la Westminster FoundationforDemocracy para examinar el proyecto de ley; también se llevó a cabo un taller de capacitación para los miembros de dicho Comité.
El 16 de agosto de 2015, el Comité convocó un foro legislativo en colaboración con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU‑Mujeres) al que asistieron diferentes organizaciones de la sociedad civil para formular una visión nacional respecto al proyecto de ley.
El 9 de septiembre de 2015, el Comité invitó al Director del Departamento de Protección de la Familia y el Niño del Ministerio del Interior para que expresase su opinión sobre el grado de coherencia de la actividad del Departamento con la ley y las dificultades halladas ante la ausencia de legislación.
La segunda lectura del proyecto de ley tuvo lugar el 17 de enero de 2017, y se espera que pronto se promulgue.
En el artículo 1.3) del proyecto de ley sobre la violencia doméstica, se define el delito de violencia doméstica como “todo acto de agresión física, sexual, psicológica, mental o económica que un miembro de una familia comete o amenaza con cometer contra otro. Según la legislación, esos actos pueden constituir un delito leve, grave o muy grave”. El proyecto de ley contiene disposiciones para la construcción de albergues y la creación de mecanismos encaminados a proteger a las víctimas, denunciar los delitos de violencia doméstica y emprender acciones legales con independencia de la jurisdicción geográfica. En cuanto a las penas, el proyecto de ley hace referencia al Código Penal (Ley núm. 111, 1969) y a otras leyespertinentes.
La Ley núm. 126 (1980) sobre Asistencia Social fue modificada por la Ley núm. 28 (2013), relativa a la violencia doméstica, por la que se establece, en el artículo 29 (primero), que los centros de asistencia están concebidos para cuidar de lactantes, niños, jóvenes y jóvenes adultos que han sufrido dificultades en la familia, incluida la violencia en el hogar, o que han perdido a uno o a ambos progenitores, para proporcionarles un entorno seguro que compense el afecto y los cuidados familiares de los que carecen, y los ayude a evitar sentimientos deinferioridad.
La Ley núm. 32 (2015) sobre el Pasaporte Iraquí no contiene ninguna medida discriminatoria con respecto a la expedición de pasaportes a las mujeres, y tampoco ninguna restricción en cuanto a la libertad de las mujeres para viajar. Solo se podrá restringir el derecho a viajar por orden judicial.
Se ha establecido un tribunal especial para combatir la violencia contra la mujer en tres provincias de la región del Kurdistán.
Se han creado comités de reconciliación en esos tribunales especializados en violencia doméstica.
Se han instaurado comités superiores para combatir la violencia contra la mujer en Erbil, Al‑Sulaymaniya y Dahuk.
En el artículo 2 (primero) de la Ley núm. 8 (2011) sobre la Violencia Doméstica en la Región del Kurdistán, se definen los siguientes actos de violencia en el hogar:
•el matrimonio forzado;
•el matrimonio infantil y el matrimonio arreglado de menores;
•el matrimonio en lugar de pagar el dinero de sangre;
•el divorcio bajo coacción;
•la ruptura de los vínculos familiares;
•el ejercicio de la prostitución por parte de una esposa forzada por su marido;
•la mutilación genital femenina;
•el hecho de obligar a familiares a que renuncien a trabajar contra su voluntad;
•el hecho de obligar a los niños a que abandonen la escuela para trabajar o mendigar;
•el suicidio como consecuencia de la violencia doméstica;
•el aborto como resultado de la violencia doméstica;
•el hecho de golpear a familiares y niños con cualquier pretexto.
El Gabinete promulgó la Decisión núm. 92 (2014), por la que se califica de genocidio el sufrimiento infligido a los yazidíes, los turcomanos, los cristianos, los shabak y otros grupos minoritarios del Iraq por las bandas terroristas del EIIL.
El Consejo de Representantes dictó la Decisión núm. 27 (2016), por la que se exhorta al Gabinete a formar, con carácter de urgencia, un comité destinado a calcular las pérdidas de vidas y propiedades privadas entre los ciudadanos del distrito de Tuz Jurmatu, en la provincia de Saladino, como resultado de los dos incidentes que se produjeron el 12 de noviembre de 2015 y el 24 de abril de 2016. Se pidió al comité que proporcionase una estimación de las indemnizaciones, que determinase la elegibilidad al respecto y que elaborase un método de distribución. En la Decisión se pidió al Gabinete que asignase fondos con cargo al presupuesto para imprevistos de 2016 para las indemnizaciones y que tratase a las víctimas civiles de esos días y los días posteriores al último incidente en el distrito de Tuz Jurmatucomo mártires en lo que a los derechos y privilegios se refiere.
El Consejo de Representantes promulgó el Decreto núm. 43 de 2016, donde se establece lo siguiente: “El Gobierno adoptará las medidas necesarias para liberar a las mujeres yazidíes secuestradas; para reconstruir el distrito de Sinyar y restablecer los servicios y la infraestructura; para considerar mártires a las víctimas de actos de terrorismo perpetrados por las bandas terroristas del EIIL en la provincia de Sinyar, de modo que gocen de todos los derechos y prerrogativas de esa categoría; y para crear un comité de los órganos competentes destinado a investigar el genocidio sufrido por los yazidíes a manos de las bandas terroristas del EIIL, conel objeto de presentar el caso para su investigación por la Corte PenalInternacional”.
Se promulgó la Ley núm. 2 (2016) relativa a la Fundación de los Mártires, por la que se derogó la Ley núm. 3 (2006).
El poder judicial del Iraq ha tomado medidas para restablecer el sistema judicial y reanudar la actividad en las zonas habitadas por minorías. Los órganos judiciales están llevando a cabo investigaciones de los ataques sufridos por esas comunidades con miras a llevar a los autores ante la justicia y ordenar una indemnización adecuada para las víctimas siempre que sea necesario.
El poder judicial es accesible para todos y los órganos del poder judicial están preparados para responder inmediatamente a cualquier ataque contra la sociedad. Esto incluye los ataques contra las minorías étnicas y religiosas, sus lugares de culto y sus negocios. El poder judicial está preparado para proteger los intereses de esos grupos siempre que sea necesario y garantizar que se apliquen las penas correspondientes a los delincuentes.
Cuando tiene lugar un delito definido en la legislación interna, no existe impunidad en el Iraq. Además, el Gobierno del Iraq cumple las normas internacionales de derechos humanos.
La protección de las zonas residenciales se ha intensificado, con una mayor presencia militar y más patrullas motorizadas y a pie. Se ha hecho hincapié en la protección de las zonas residenciales cuando se realizan operaciones militares.
Las instalaciones y los servicios de protección personal en los departamentos de policía locales y de Bagdad proporcionan la debida protección a las iglesias y los lugares de culto de las minorías religiosas y étnicas sobre la base de la planificación anticipada. Se intensificaron las medidas de seguridad en Navidad y Año Nuevo para impedir que los terroristas atacasen a los ciudadanos, provocasen muertes y perturbasen las ceremonias religiosas.
En la provincia de Bagdad (Karjy Al-Rusafa), 64 posibles objetivos pertenecientes al Christian EndowmentDiwan y otras religiones están protegidos por 351 miembros del personal de seguridad, incluidos oficiales, soldados einspectoras.
Se han organizado foros y conferencias bajo los auspicios del Gobierno del Iraq para fomentar el diálogo interconfesional, la coexistencia pacífica y la reconciliación nacional.
Recomendación 20
La Estrategia Nacional para el Adelanto de la Mujer Iraquí fue aprobada en virtud de la Decisión núm. 164 (2 de abril de 2014) del Gabinete y se han puesto en práctica varios de sus productos. El Departamento de Empoderamiento de la Mujer de la Secretaría del Gabinete está trabajando actualmente en la reformulación de laEstrategia.
Como parte de las reformas llevadas a cabo por el Primer Ministro con la aprobación del Parlamento, varios ministerios se han fusionado y otros han sido suprimidos. Uno de los ministerios suprimidos fue el Ministerio de Estado para Asuntos de la Mujer. Sin embargo, esto no implica que el Gobierno no tenga ningún interés en las cuestiones relacionadas con la mujer. En su lugar, se ha creado el Departamento de Empoderamiento de la Mujer en el nivel más alto del Gobierno, a saber, la Secretaría del Gabinete, para llevar a cabo varias de las funciones anteriormente a cargo del Ministerio de Estado. Además, el Departamento recibe el apoyo del Primer Ministro y del Secretario del Gabinete. Por otra parte, se han constituido dos comités de gran importancia con el mandato de abordar las cuestiones relativas a la mujer: el Comité Superior para el Adelanto de la Mujer Iraquí y el Comité Superior para el Adelanto de la Mujer Rural. Entre los miembros de estos comités se encuentran altos funcionarios gubernamentales de los ministerios pertinentes, como los Ministerios de Salud, Educación y Trabajo, además de diputados del Parlamento. El Gobierno está muy interesado en involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de políticas sobre cuestiones relativas a la mujer y, para garantizar la equidad y la imparcialidad, entre los miembros de estos comités se incluyen varias ONG, con carácter rotativo. Los comités redactarán una política gubernamental superior sobre las cuestiones relativas a la mujer, mientras que el Departamento de Empoderamiento de la Mujer será el responsable de su aplicación en coordinación con los ministerios competentes.
El Departamento de Empoderamiento de la Mujer se financia con cargo al presupuesto de la Secretaría del Gabinete.
Desde su creación en virtud del Decreto núm. 333 (2016), el Departamento de Empoderamiento de la Mujer se ha hecho cargo de la cartera del desaparecido Ministerio de Estado para Asuntos de la Mujer. El Departamento, que trabaja sobre la base de su visión estratégica y su posición y autoridad como una rama de la Secretaría del Gabinete, ha procurado elaborar un modus operandi apropiado para los dos Comités Superiores con el fin de mejorar la situación de las mujeres iraquíes. El Departamento también ha procurado:
•abrir unidades dedicadas a la mujer en todos los organismos y las instituciones del Estado en todo el país para prestar atención a todas las cuestiones relativas a la mujer (equipo para la resolución 1325 (2000)del Consejo de Seguridad, declaración conjunta sobre la violencia sexual y otras cuestiones conexas); las unidades presentarán planes al Departamento para velar por la incorporación de la perspectiva de género en sus respectivas instituciones, reducir la brecha entre los géneros y reactivar los subcomités provinciales que apoyan la labor del Comité Superior para el Adelanto de la Mujer Rural;
•mejorar las capacidades de los equipos ministeriales que se ocupan de los asuntos de la mujer mediante la realización de talleres de capacitación para el desarrollo de la capacidad en colaboración con los asociados;
•poner en práctica una campaña de 40 días de duración bajo el lema “Las mujeres contra la corrupción”, en colaboración con la Comisión de Integridad, destinada a aumentar la sensibilización acerca de la importante función que pueden desempeñar las mujeres iraquíes en la lucha contra la corrupción; y poner en marcha una campaña de 16 días de duración para combatir la violencia contra la mujer, titulada “La ley sobre la violencia doméstica vela por una familia cohesionada”, en colaboración con distintas organizaciones locales e internacionales;
•abrir canales de comunicación con las instituciones gubernamentales y los asociados locales e internacionales, como muestra del interés del Gobierno por las cuestiones relacionadas con la mujer; y elevar el perfil internacional de los retos y los logros de las mujeres iraquíes, velando por que el Departamento esté representado en los foros internacionales (en particular, el Comité de Emergencia para la Protección de las Mujeres en los Conflictos Armados y laComisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las NacionesUnidas);
•supervisar la redacción de informes sobre los tratados internacionales acerca de cuestiones relativas a la mujer y desarrollar las capacidades del equipo de redacción de informes acerca de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer mediante la organización de talleres para ellos en colaboración con asociados internacionales y locales; mejorar la respuesta para los supervivientes de la violencia por razón degénero;
•coordinarse con el Banco Mundial para poner en marcha una serie de planes centrados en la mujer (como programas de efectivo por trabajo y de apoyo social) como parte del Proyecto de Estabilización y Resiliencia Sociales para Emergencias del Iraq, teniendo en cuenta la importancia de esos planes para hacer frente a las repercusiones de los conflictos para la población y mitigar sus efectos psicológicos y sociales en las mujeres y los niños; y coordinarse con el Banco Agrícola para proporcionar financiación en condiciones favorables a las mujeres de las zonas rurales a fin de permitirles crear pequeñas empresas y elevar el nivel de empoderamiento económico de las mujeres rurales en el Iraq.
Recomendación 22
La Ley núm. 53 (2008) estableció la Alta Comisión Independiente de Derechos Humanos como una institución nacional independiente con un amplio mandato. Sus miembros deben ser aprobados por votación en el Parlamento. Los objetivos de la Alta Comisión incluyen: coordinarse con las partes interesadas para preparar estrategias, mecanismos de acción conjunta, estudios e investigaciones; presentar recomendaciones y expresar su opinión sobre cuestiones relativas a la promoción y el desarrollo de los derechos humanos; estudiar la legislación para evaluar su conformidad con la Constitución; presentar recomendaciones al Consejo de Representantes; presentar propuestas y recomendaciones sobre la adhesión del Iraq a las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos; colaborar y coordinarse con instituciones de derechos humanos independientes, no gubernamentales e internacionales para lograr los objetivos de la Alta Comisión; difundir la cultura de los derechos humanos; presentar propuestas sobre la manera de impulsar las capacidades en materia de derechos humanos; presentar un informe anual al Consejo de Representantes donde figure una evaluación general de la situación de los derechos humanos en el Iraq; y velar por que este informe reciba la atención de los medios de comunicación. La Ley define los objetivos y el modus operandi de la Alta Comisión de la siguiente manera:
•recibir denuncias de particulares, grupos y organizaciones de la sociedad civil sobre abusos contra los derechos humanos;
•llevar a cabo investigaciones preliminares acerca de los abusos contra los derechos humanos sobre la base de la información recibida;
•comprobar la veracidad de las denuncias recibidas por la Alta Comisión y llevar a cabo las investigaciones iniciales, si es necesario;
•presentar las demandas relacionadas con los derechos humanos, remitirlas a la Fiscalía para que se adopten las medidas jurídicas adecuadas y mantenerse al tanto de los resultados.
Se realizan visitas a prisiones, centros penitenciarios, centros de detención preventiva y otros lugares de esa índole sin autorización previa de las autoridades; se celebran reuniones con los presos y detenidos, se identifican los casos de violación de los derechos humanos y se informa a las autoridades acerca de las medidas pertinentes que deben adoptarse.
La Alta Comisión tuvo una asignación de 20.000 millones de dinares en el presupuesto federal de 2013 y de 29.000 millones de dinares en el presupuesto de 2014; en 2012, se designaron alrededor de 110 categorías profesionales.
Tras la supresión del Ministerio de Derechos Humanos, el Gobierno impulsó la Alta Comisión en 2016 al transferir a esta a 525 empleados del antiguo Ministerio en las mismas categorías salariales. Además, el Gobierno proporcionó a la Alta Comisión dos edificios en Bagdad y 14 en las provincias, sin incluir la región del Kurdistán, para prestar apoyo a su labor.
En 2015, la Alta Comisión recibió la condición de observador de categoría b) del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
Artículo 4 y recomendación 24
En 2017, fueron elegidos los 15 miembros de la Alta Comisión: 4 mujeres y 11hombres.
El Gobierno iraquí tiene gran interés en reforzar la legislación para el adelanto de la mujer, de modo que ha dictado diferentes decisiones y ha aprobado planes nacionales encaminados a promover las causas de la mujer. Los más importantes son los siguientes:
La aprobación de la Estrategia para el Adelanto de la Mujer y el Plan Nacional para la Aplicación de la Resolución 1325 (2000)del Consejo de Seguridad.
La Decisión núm. 175 (2015) del Gabinete, por la que se excluyó a las viudas del despido de personal burocrático.
La Decisión núm. 429 (2012) del Gabinete, por la que se condona la deuda (el principal y los intereses) de los mártires a partir del 9 de abril de 2003, lo que engloba el personal de los ministerios, las provincias, los órganos que no están vinculados a ningún ministerio y las instituciones de seguridad, los titulares de categorías especiales y el personal de las tres presidencias y sus empleados.
Una decisión del Consejo Nacional de la Vivienda, aprobada por la Secretaría del Gabinete en 2012, redujo el costo de las unidades de vivienda en los complejos residenciales que ya se han asignado o se asignarán en un 75% para los grupos necesitados, incluidas las viudas. En una carta de la Secretaría del Gabinete, el 10de julio de 2013, el ex Primer Ministro ordenó a todas las instituciones del Gobierno que seleccionasen a viudas, les concediesen financiación en condiciones favorables y asignasen unidades de vivienda con un descuento del 75%, con el cómodo pago a plazos del resto.
Mediante la Decisión núm. 99 (2015) del Gabinete, se encargó a los ministerios que designasen a una proporción de mujeres a puestos de categoría superior (nivel de dirección general y superiores).
Por medio de la Decisión núm. 178 (2014) del Gabinete, se eximió a las viudas que reciben una cuantía superior a la prestación de apoyo de la obligación de reembolsar la diferencia.
La Decisión núm. 254 (2016) del Gabinete discrimina positivamente en favor de la mujer con respecto a la prestación mínima de apoyo mensual, que es de 225.000dinares para las mujeres, frente a los 175.000dinares que reciben loshombres.
Se llevó a cabo un estudio detallado sobre las dos cuestiones de la salud y la educación de la mujer, y se incorporaron los resultados a la Estrategia Nacional para el Adelanto de la Mujer Iraquí.
El Departamento de Empoderamiento de la Mujer está trabajando en coordinación con el Ministerio de Planificación para incorporar las cuestiones relativas a la mujer, sus necesidades y las modalidades de empoderamiento de la mujer en el plan nacional de desarrollo que el Iraq presentará en breve. Además, el Gobierno se ha esforzado por integrar el empoderamiento de la mujer en su Estrategia de Lucha contra la Pobreza, que actualmente está siendo actualizado.
Las dependencias de género de los ministerios y otros órganos que no están vinculados a ningún ministerio tratan de incluir las cuestiones de género en las políticas de sus instituciones.
En un momento en que su presencia en la esfera pública está creciendo y en que están participando activamente en la política, la economía y los movimientos sociales, las mujeres son cada vez más visibles, también, en la fuerza de trabajo. Se trata de un reflejo objetivo del aumento de la cantidad de mujeres que se matriculan en el sistema educativo y constituye un verdadero triunfo para el empoderamiento de la mujer en el Iraq. Cabe señalar que los planes nacionales de desarrollo, las estrategias basadas en los sectores y las políticas aprobadas por el Ministerio de Planificación afirman la disposición de la Constitución de 2005 relativa a la provisión de oportunidades educativas, laborales y sanitarias en condiciones de igualdad para hombres y mujeres sin discriminación como un derecho para todos, con especial hincapié en los grupos vulnerables, en particular las viudas, las divorciadas y los huérfanos. En el marco de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza, el Departamento de Protección Social de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) concedió 11.090 préstamos entre el 1 de diciembre de 2012 y el 27 de diciembre de 2016; se concedieron 24.033 préstamos a pequeñas empresas generadoras de ingresos entre el 24 de noviembre de 2013 y el 30 de junio de 2017; se concedieron 370 préstamos de servicios industriales entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de junio de 2017; y se concedieron 388 préstamos para proyectos de rehabilitación comunitaria entre 2007 y el 30 de junio de 2017.
El Departamento de Protección Social de la Mujer brinda atención a mujeres que han perdido su sostén económico, como viudas, divorciadas y huérfanas, esposas de desaparecidos y enfermas, mediante una serie de programas de empoderamiento:
Empoderamiento económico:
•El pago de prestaciones periódicamente cada dos meses en lugar de cada tres, dirigido en particular a familias pobres.
•El apoyo a los ingresos familiares al hacer que los beneficiarios impartan formación sobre las aptitudes en que hayan sido capacitados y al proporcionarles los recursos necesarios para hacerlo, en colaboración con diferentes organizaciones locales e internacionales y organismos donantes.
Empoderamiento social:
Programas de apoyo psicológico a cargo de la Sección de Investigación Social, en coordinación con el UNFPA; estos incluyeron lo siguiente:
•la creación de centros de apoyo psicológico en seis provincias (Bagdad, Karbala, Al‑Nayaf, Babel, Saladino y Diyala);
•la organización de sesiones de apoyo psicológico en esos centros coincidentes con la campaña de 16 días contra la violencia por razón de género;
•la prestación de servicios de apoyo psicológico en los campamentos de personas desplazadas desde el principio;
•la acogida de las mujeres víctimas, a quienes se escucha, y la puesta en práctica de programas de apoyo psicológico destinados a restablecer su equilibrio social y aliviar sus traumas psicológicos;
•la matriculación de las personas beneficiarias en cursos de capacitación y talleres para mejorar sus capacidades y alentarlas a participar en el mercado detrabajo.
Los centros del Ministerio de Trabajo han prestado servicios de apoyo psicológico en varias provincias (Bagdad, Karbala, Al‑Nayaf, Babel, Saladino y Diyala) desde febrero de 2016. Se ha abierto una sección especial para las mujeres maltratadas y se han realizado intentos de encontrar soluciones a los problemas a los que se enfrentan estas mujeres.
I.La salud de la mujer y su función en el desarrollo sostenible
Habida cuenta de la gran importancia de la salud a la hora de impulsar el papel de la mujer en el proceso de desarrollo y promover su participación en la vida de la comunidad, presentamos a continuación algunos indicadores clave sobre la salud que reflejan la situación sanitaria de las mujeres iraquíes en el período comprendido entre 2009 y 2015, sobre la base de los datos del Ministerio de Salud (véase el anexo IV).
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, relativo a la buena salud y al bienestar, incluye 2 indicadores con perspectiva de género entre sus 13 indicadores; se trata de la tasa de mortalidad materna y la tasa de uso de anticonceptivos. Según Mapping Poverty in Iraq (2015), la tasa de mortalidad materna fue de 35 por cada 1.000nacidos vivos, mientras que la tasa de uso de anticonceptivos entre las mujeres casadas de 15 a 45 años fue del 52,5%, con un 47,5% que no utilizaba ningún método anticonceptivo; el uso de anticonceptivos fue más común en las zonas urbanas que en las zonas rurales.
II.La educación de la mujer
Además de promover la posición de la mujer y la sociedad en su conjunto, sobre la base del principio de que “las mujeres cultas y cualificadas contribuyen al desarrollo”, la educación proporciona a las mujeres oportunidades de acceder a un empleo digno. A continuación, se presenta un examen de la situación educativa de las mujeres en el Iraq sobre la base de las tasas de matriculación en el jardín de infancia y la enseñanza primaria, intermedia y secundaria. Las tasas de matriculación de los niños generalmente son más altas que las de las niñas en la enseñanza primaria, intermedia y secundaria (anexo VI).
Aparte de la menor tasa de matriculación de las niñas en la enseñanza primaria, intermedia y secundaria, las cifras muestran mayores tasas de deserción escolar en el caso de las niñas, de un modo directamente proporcional al nivel de enseñanza (anexo VII).
Al examinar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, sobre la educación de calidad, se definieron seis indicadores que tienen en cuenta las cuestiones de género, junto con un “indicador de la tasa de matriculación preescolar”, es decir, un indicador sobre los niños del primer curso de la enseñanza primaria que antes estaban matriculados en la enseñanza preescolar. La tasa fue del 4,9 en el caso de los niños y del 6,1% en el de las niñas. En el marco de un programa educativo estructurado, la educación preescolar (el jardín de infancia) tiene un importante papel que desempeñar en la preparación de los niños para la escuela. Cabe destacar que el 84,4% de los niños en edad escolar están matriculados en la escuela primaria. En cuanto al índice de finalización de la enseñanza primaria, la cifra asciende al 69,7% (un 72% de los niños y un 67,2% de las niñas), según los informes del Departamento de Estadísticas Sociales y Educativas. En este sentido, el Iraq está retrocediendo. El indicador de la igualdad en la educación superior es de 0,88. En 2014‑2015, había aproximadamente 154.950 maestras de enseñanza primaria, 74.205 maestras de enseñanza secundaria, 35.319 profesoras universitarias, 4.919instructoras profesionales y 6.373 maestras de jardín de infancia.
El artículo 8 (tercero) de la Ley del Trabajo (Ley núm. 37, 2017) establece lo siguiente: “Toda distinción, exclusión o preferencia en relación con determinados empleos, si se basa en las calificaciones exigidas por la naturaleza del trabajo, no se considerará discriminación”.
El Comité de Reconciliación Nacional, que presenta sus informes a la Oficina del Primer Ministro y está presidido por un asesor, ha creado la Oficina de la Mujer, compuesta íntegramente por mujeres, la cual se encarga de supervisar las cuestiones relativas a las mujeres iraquíes y trata de promover su situación para que desempeñen un papel destacado en la reconciliación nacional. También ejerce una supervisión directa de las oficinas de representación y los comités de apoyo a la mujer adscritos al Comité de Reconciliación Nacional. La Oficina de la Mujer se ha esforzado por:
•divulgar la necesidad de que las mujeres participen en la construcción de la unidad nacional y la solidaridad en masa a través de foros y conferencias dirigidos a todas las provincias del país;
•celebrar cursos para aumentar la sensibilización en materia de seguridad y proporcionar información sobre los diferentes tipos de explosivos, en colaboración con el Ministerio del Interior y los organismos nacionales de seguridad;
•aumentar la sensibilización acerca de la importancia de la paz mediante la participación en festivales y actividades encaminados a promover y difundir el espíritu de reconciliación nacional, como los viajes realizados por grupos de mujeres a lugares sagrados (por ejemplo, Al‑Nayaf, Karbala y Samarra) ymuseos;
•organizar diversos festivales destinados a difundir una cultura de paz; entre ellos se incluyen festivales de arte, por ejemplo, de pintura, y concursos de recitación del Corán para mujeres;
•mantener el contacto con las ONG a fin de contribuir al logro de sus objetivos de reconciliación nacional entre las mujeres iraquíes de cualquier clase;
•organizar celebraciones en determinadas ocasiones, como el Día de la Mujer Iraquí, para homenajear a las mujeres que defienden los derechos humanos y a las mejores estudiantes y alumnas;
•abrir oficinas de representación en Bagdad (Karjy Al-Rusafa) y otras provincias para ofrecer cursos destinados a divulgar los conceptos de la paz y la unidad nacional; ejercer la supervisión directa de las oficinas de representación y los comités de apoyo a la mujer adscritos al Comité de Reconciliación Nacional en Bagdad y en las provincias;
•coordinarse con el Ministerio de Asuntos de la Mujer, a fin de organizar cursos de alfabetización para mujeres, y con el Ministerio de Salud, a fin de celebrar seminarios educativos sobre la salud; coordinarse con el Departamento de Protección Social de la Mujer para atender las necesidades de una gran cantidad de viudas, divorciadas y mujeres con necesidades especiales;
•organizar seminarios sobre el desarrollo humano, con la convicción de que el desarrollo nacional tiene una importancia decisiva y sustenta el proceso de consolidación de la paz;
•ofrecer cursos para mejorar las aptitudes de las mujeres en esferas tales como la confección de prendas de vestir y la informática con el objeto de ayudarlas a conseguir empleo;
•participar en los programas destinados a eliminar las fuentes del terrorismo.
El artículo 9.1) del Código del Estatuto Personal (Ley núm. 188, 1959) aborda las cuestiones del matrimonio precoz y forzado, y dispone lo siguiente: “Ningún pariente ni ninguna otra persona tiene derecho a obligar a nadie, ya sea hombre o mujer, a contraer matrimonio sin su consentimiento. El contrato de un matrimonio forzado se considerará nulo y sin efecto si el matrimonio no se ha consumado. Ningún pariente ni ninguna otra persona tiene derecho a impedir el matrimonio de alguien con derecho a casarse en virtud de las disposiciones de la presente ley sobre el matrimonio”. En el artículo 9.2) se establece que “los familiares de primer grado que infrinjan las disposiciones del párrafo 1) del presente artículo serán condenados a una pena máxima de tres años de prisión y/o una multa. Si la persona que incumple esta disposición no es un familiar de primer grado, será condenada a una pena de prisión de entre tres y diez años.
Los tribunales islámicos o los tribunales de estatuto personal deberán notificar a las autoridades investigadoras cualquier violación de las disposiciones del párrafo1) de este artículo a fin de que puedan emprender medidas legales contra el autor del delito. El tribunal tiene derecho a retener al autor del delito en custodia para asegurar su comparecencia ante dichas autoridades. Además, las personas cuyo matrimonio haya sido forzado o impedido tendrán derecho a presentarse directamente ante las autoridades investigadoras.
El Gobierno del Iraq cuenta con las dependencias de género de los Ministerios de Planificación, Salud, Trabajo y Asuntos Sociales, Educación, Seguridad y Justicia para elaborar políticas departamentales encaminadas a satisfacer las necesidades de las mujeres. Si estas se aplican correctamente, las mujeres podrán hacer frente a cualquier forma de dominación y tendrán la capacidad de defender sus derechos humanos, tal y como se garantiza en la Constitución.
Los artículos 128, 130 y 131 del Código Penal (Ley núm. 111, 1969), por los que se permite a los autores de delitos alegar la defensa del honor como circunstancia atenuante, son disposiciones generales que figuran en la sección 5 (“Excusas jurídicas y circunstancias jurídicamente atenuantes”) de dicha Ley y que se aplican a todos los tipos de delitos, y no a un delito en particular. La legislación faculta al juez para que aplique esos artículos en función de los hechos del caso. En la región del Kurdistán, se han modificado los artículos anteriores para que la defensa del “asesinato por honor” no justifique la atenuación de la condena.
En cuanto a las disposiciones del Código Penal que sostienen que la atenuación está justificada cuando existen motivos relativos al honor, cabe señalar que el artículo en cuestión abarca todos los motivos de honor y no hace referencia exclusivamente a “limpiar una deshonra”, por ejemplo, cuando las víctimas son siempre mujeres. Sin embargo, en ningún caso se puede considerar como una discriminación contra las mujeres como tal. Se trata de algo que se deriva de la noble sharia islámica y las costumbres y tradiciones de la sociedad oriental, y es coherente con las disposiciones de la Constitución y las convenciones de una sociedad conservadora. Lo mismo ocurre con el artículo 409 del Código Penal, que otorga circunstancias atenuantes a los hombres que sorprenden a su mujer o una pariente cercana en acto de adulterio o que la encuentran en la cama con su amante y la matan a ella o a ambos.
Se enmendó el artículo 377.2) del Código Penal (Ley núm. 111, 1969) para que los adúlteros y las adúlteras estén sujetos a las mismas penas.
Se modificaron los artículos 128, 130 y 131 del Código Penal (Ley núm. 111, 1969) para que los asesinatos por honor no sirvan de justificación para la atenuación de las condenas.
Se enmendó el artículo 41.1) del Código Penal (Ley núm. 111, 1969) para que la cuestión del castigo disciplinario por hombres no se aplique a las mujeres.
La Ley de Amnistía General en la región del Kurdistán no engloba a los autores de asesinatos por honor.
Cabe señalar que la mutilación genital femenina se limita a las aldeas y zonas rurales de la región del Kurdistán, y que este fenómeno no existe en el centro ni en el sur del Iraq.
En el artículo 2 (primero) de la Ley núm. 8 (2011) contra la Violencia Doméstica en la Región del Kurdistán, se prohíbe a toda persona con un vínculo familiar cometer actos de violencia doméstica, incluida la violencia física, sexual y psicológica, en el seno de la familia. Por ejemplo, los siguientes actos se considerará actos de violencia doméstica: las mutilaciones genitales femeninas.
En el artículo 6 de la Ley núm. 8 (2011) contra la Violencia Doméstica en la Región del Kurdistán, se establece lo siguiente:
1.Toda persona que incite a la realización de la mutilación genital femenina será condenada a una multa de 1 millón de dinares como mínimo y 5 millones de dinares como máximo.
2.Toda persona que lleve a cabo una operación de mutilación genital de una mujer o participe en esta será condenada a una pena de prisión de 6meses como mínimo y 2 años como máximo, y/o una multa de entre 2y 5millones de dinares.
3.Toda persona que lleve a cabo una operación de mutilación genital de una mujer o participe en esta será condenada, si la víctima es menor, a una pena de prisión de 1 año como mínimo y 3 años como máximo, y/o una multa de entre 5 y 10 millones de dinares.
4.Existirán circunstancias agravantes si el autor es un médico, un farmacéutico, un químico o un matrón, o un auxiliar de estos, en cuyo caso el tribunal ordenará la exclusión de dicha persona del registro profesional durante un período máximo de tres años.
Los resultados de un estudio sobre la prevalencia de la mutilación genital femenina en la región del Kurdistán realizado por el Consejo Supremo de Asuntos de la Mujer y el Ministerio de Planificación en la región del Kurdistán, en colaboración con Heartland Alliance International y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), indican que ha habido una pronunciada reducción de esta práctica.
La Ley núm. 126 (1980) sobre Asistencia Social fue modificada por la Ley núm. 28 (2013), relativa a la violencia doméstica, y, en el artículo 29 (primero), se establece que los centros de asistencia están concebidos para cuidar de lactantes, niños, jóvenes y jóvenes adultos que sufren dificultades en la familia, incluida la violencia en el hogar, o que han perdido a uno o a ambos progenitores, y para proporcionarles un entorno seguro que compense el afecto y los cuidados familiares de los que carecen, y los ayude a evitar sentimientos de inferioridad.
En 2012, se aprobó una estrategia para combatir la violencia doméstica contra la mujer en la región del Kurdistán.
El Gabinete aprobó la Estrategia Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer en 2013. La Estrategia tiene por objeto promover los derechos de las mujeres iraquíes de todas las edades, protegerlas contra todo tipo de discriminación negativa y contra la violencia, y limitar los efectos conexos. La Estrategia engloba cuatro temas, la prevención, la atención y la protección, las políticas y su aplicación, y se basa en diversas fuentes, como las convenciones sobre los derechos de la mujer y los derechos humanos, y la Constitución, que en numerosos artículos prevé la igualdad de género y la igualdad ante la ley. También se basa en ciertos instrumentos nacionales, sobre todo el plan quinquenal, la Estrategia de Lucha contra la Pobreza, el Plan Nacional de Derechos Humanos y el estudio social de la mujer iraquí. La Estrategia es fruto de la determinación del Gobierno y tiene por objeto sacar a la sociedad iraquí de su actual estado abyecto, causado por las políticas del pasado y la inestable situación de la seguridad, las cuales dieron lugar a la ideología extremista que resultó tan perjudicial para la posición de la mujer en elIraq.
A fin de proteger su dignidad y su integridad, en el proyecto de ley sobre la violencia doméstica se tipifica como delito la perpetración de actos de violencia contra la mujer y se fijan multas de entre 500.000 dinares y 1 millón de dinares, o una detención de seis meses en caso de que no se abone la multa. La condena se aumenta a una multa de entre 3 y 5 millones de dinares, o a una pena de prisión de un año, en caso de reincidencia.
Se ha incrementado el número de mujeres nombradas para los servicios de seguridad, incluida la policía de protección comunitaria, la policía de protección de la familia y el Instituto de Capacitación de la Mujer del Ministerio del Interior. Además, hay una sección de seguridad femenina en el Servicio Nacional de Seguridad y dependencias de género en los ministerios encargados de la seguridad. Todos estos órganos tratan de incorporar la perspectiva de género en el sistema de seguridad. Cabe destacar lo siguiente:
•Se ha creado un departamento policial para la protección de la familia y elniño.
•Se han incluido los principios de la protección contra la violencia doméstica en el plan de estudios del quinto curso de la enseñanza secundaria.
•Se ha observado un aumento de la contratación de mujeres en el ejército y la policía, con la graduación en 2013 de la primera mujer del curso de protección personal.
•Se han organizado cursos de capacitación para el personal de la policía de protección de la familia, en particular para las agentes y otros rangos.
Se han incluido los derechos humanos y la violencia doméstica en el plan de estudios de la academia de policía.
El proyecto de ley sobre la violencia doméstica prevé la creación de albergues para proteger a las personas que sobrevivan a actos de violencia; estarán disponibles cuando se apruebe el proyecto de ley. Además, la Ley sobre la Trata de Personas aprueba la creación de albergues para las víctimas de la trata de personas, y se han adoptado varias medidas con miras a la apertura de esos albergues.
Actualmente, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está trabajando en la posibilidad de abrir refugios para las mujeres supervivientes de la violencia antes de que se apruebe la Ley.
Se ha celebrado una serie de talleres de capacitación sobre cómo tratar a las mujeres supervivientes de la violencia dentro y fuera del Iraq para el personal de los Ministerios del Interior, de Defensa, de Salud y de Trabajo y Asuntos Sociales.
En el cuadro que figura a continuación se muestran las estadísticas sobre los tipos de violencia doméstica registrados en los departamentos de protección de la familia y el niño durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 1 de mayo de 2017:
|
Tipo de violencia |
Total |
|
|
1 |
Violencia infligida contra la esposa por el esposo |
2 . 645 |
|
2 |
Violencia infligida contra el esposo por la esposa |
562 |
|
3 |
Violencia entre hermanos |
435 |
|
4 |
Violencia infligida contra los niños por los padres |
123 |
|
5 |
Violencia infligida contra los padres por los niños |
688 |
|
6 |
Otros |
446 |
|
Total |
4 . 899 |
El Ministerio de Planificación realiza encuestas periódicas que proporcionan indicadores sobre las mujeres expuestas a la violencia doméstica en general, como la encuesta integrada sobre la esfera social y sanitaria de la mujer en el Iraq (I‑WISH) y la encuesta de indicadores múltiples por conglomerados (MICS). También elabora análisis detallados de la violencia por razón de género. Estos indicadores se incluyen en los planes y las estrategias nacionales, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo (2010‑2014), que se centra en la perspectiva de género y en las estrategias de incorporación de la perspectiva de género, como la Estrategia Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer (2013‑2017), la Estrategia Nacional para el Adelanto de la Mujer Iraquí (2014‑2018) y el Plan de Emergencia Nacional sobre la Resolución 1325 (2000)del Consejo de Seguridad, relativa a la mujer, la paz y la seguridad.
Artículo 6 y recomendación 32
El Ministerio del Interior ha completado el proyecto de instrucciones para la aplicación de la Ley núm. 28 (2012) y este ha sido presentado al Comité Central de Lucha contra la Trata de Personas.
Se han creado diferentes comités con la responsabilidad de investigar la trata de personas en Bagdad (Karjy Al-Rusafa) y 13 subdivisiones en las provincias. Estas instituciones tienen la tarea de investigar los delitos de trata de personas y desplegar equipos en su zona de responsabilidad para reunir información y datos en coordinación con otros organismos de seguridad, controlar las violaciones y detener a los autores. El personal civil contratado por el Ministerio del Interior (Departamento de Lucha contra la Trata de Personas) en calidad de trabajadores sociales crea estudios de casos, analiza el estado psicológico de las víctimas y presenta informes, en coordinación con el Consejo Judicial Superior, al tiempo que mantiene la confidencialidad de las fuentes y la protección de los testigos.
Las investigaciones llevadas a cabo en virtud de la Ley núm. 28 (2012) sobre la Trata de Personas en 2016 arrojaron los siguientes datos: se registró un total de 314 casos y hubo 347 personas acusadas. De ellas, 83 fueron remitidas a juicio, 17fueron condenadas, 73 fueron liberadas, 95 fueron derivadas a otros órganos, 19se encuentran en espera de nuevas investigaciones y 60 fueron puestas en libertad bajo fianza. En virtud de esta Ley, las condenas varían según el tipo de acto delictivo y las disposiciones sobre la tipificación y el procesamiento, desde una pena de prisión y una multa de al menos 5 millones de dinares hasta la reclusión a perpetuidad e incluso la pena de muerte si el delito cometido ocasiona la muerte de la víctima.
Las vistas de los casos de trata de personas se llevan a cabo ante jueces competentes en tribunales especiales creados en virtud de la ley.
Se contrata a trabajadores sociales en los albergues para que contribuyan a la rehabilitación de las víctimas de la trata de personas. En Bagdad, también hay 15trabajadores sociales contratados en el Ministerio del Interior.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha terminado su labor en lo que al albergue se refiere, que ya está listo para recibir a las víctimas de la trata depersonas.
Se ha creado una base de datos sobre la trata de personas.
En vista de la importancia de su labor, el Departamento contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior elabora un plan anual sobre la aplicación de sus objetivos declarados.
El Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Salud, asigna equipos especiales a los centros especializados que realizan ensayos de tipaje tisular para operaciones de trasplante de órganos humanos. Esos equipos se encargan, de conformidad con la ley, de comprobar que los formularios y la documentación de los donantes y los receptores cumplen con la legislación.
Los casos relacionados con trabajadores extranjeros son objeto de seguimiento en colaboración con el Departamento de Asuntos relativos a la Residencia y la Organización Internacional para las Migraciones, y se presta apoyo jurídico a las víctimas árabes y extranjeras.
Los testigos, los expertos y las víctimas están protegidos en virtud de la Ley núm. 58 (2017).
Tras el examen realizado por el Consejo de Estado, el Gabinete aprobó el Reglamento núm. 7 (2017), por el que se regulan los albergues para las víctimas de la trata de personas, de conformidad con el artículo 80 (tercero) de la Constitución y el artículo 11 (octavo) de la Ley núm. 28 (2012) sobre la Trata de Personas.
El Ministerio del Interior lleva a cabo campañas para informar a la población acerca de la Ley sobre la Trata de Personas y advertirla de los peligros de la trata. Organiza conferencias y seminarios, y lleva a cabo conferencias en universidades, escuelas superiores y colegios, en cooperación con diferentes organizaciones de la sociedad civil. Además, realiza entrevistas en la radio y la televisión, y coloca carteles y vallas publicitarias en lugares públicos, como aeropuertos y otros puntos de entrada, para alertar acerca de la trata de personas. También organiza cursos de capacitación para el personal.
Se han firmado distintas convenciones que prevén la cooperación con la comunidad internacional en relación con el intercambio de experiencias y conocimientos especializados. Entre ellas figuran las siguientes: la Convención Árabe sobre la Lucha contra la Trata de Personas, la Convención Árabe sobre Trasplante de Órganos Humanos, la Convención Árabe para la Prevención de la Clonación Humana y el Protocolo Árabe relativo a la Lucha contra la Trata de Personas. El Iraq se ha adherido al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (el Protocolo de Palermo).
El Ministerio del Interior ha organizado un programa conjunto, en colaboración con la Oficina Internacional para las Migraciones, con el objeto de formar al personal que trabaja en la lucha contra la trata de seres humanos. En el marco de este programa, se han llevado a cabo más de 25 talleres y cursos dentro y fuera del Iraq, lo que ayudó a formar al personal para lidiar con las cuestiones relativas a la trata de personas y a desarrollar su capacidad en consonancia con las normas internacionales mediante el intercambio de información y experiencias.
En colaboración con la Unión Europea, se ha desarrollado un programa integrado por cursos y talleres sobre las leyes y convenciones internacionales que combaten la trata de personas.
En la Ley sobre la Trata de Personas se distingue claramente entre los delitos de trata de personas y otros delitos para garantizar que las víctimas no sufren ninguna injusticia jurídica. Las víctimas son víctimas y necesitan ayuda, comenzando por la asistencia jurídica en forma de investigación y otros servicios que prestan el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en virtud de la legislación.
Si se comprueba que se ha producido un delito de trata, en virtud de la Ley núm. 28 (2012) sobre la Trata de Personas, las víctimas que se hayan visto sometidas a la explotación de la prostitución, el vicio y el comercio sexual serán consideradas víctimas de la trata de personas y no serán enjuiciadas por los delitos conexos, como la prostitución y el ultraje al pudor.
Artículos 7 a 9Con respecto al artículo 7 y al párrafo 35 de las observaciones finales
El 9 de septiembre de 2014, el Consejo de Representantes mostró su respaldo al Gobierno de 33 miembros constituido tras las elecciones generales de 2014. El nuevo Gobierno estaba muy interesado en que todas las comunidades del Iraq, así como las mujeres, estuviesen representadas. Con el 25% de los escaños ocupados por mujeres en el Consejo de Representantes, estas pueden hacer una contribución eficaz en el ejercicio de sus derechos políticos, de conformidad con el artículo 49 (cuarto) de la Constitución. La representación de la mujer se ve reflejada en el poder ejecutivo, donde las mujeres ocupan altos cargos como ministras, subsecretarias, titulares de puestos de categoría especial y directoras generales.
El Gabinete actual cuenta con una Ministra de Salud y una Ministra de Reconstrucción y Vivienda. También han sido nombradas mujeres para puestos de nivel ministerial, en particular la Alcaldesa de Bagdad y la Presidenta del Consejo de Estado.
El 3 de marzo de 2015, el Primer Ministro emitió una instrucción dirigida a los ministerios, exigiéndoles que nombrasen a un determinado porcentaje de mujeres a puestos directivos de la categoría de dirección general y superiores.
Como parte del conjunto de reformas del Gobierno, se creó un comité de reorganización ministerial para seleccionar a tecnócratas como ministros. El comité se compuso de 13 expertos, entre ellos 2 mujeres.
En el apartado a) del artículo 11 (primero) de la Ley núm. 36 (2015) de Partidos Políticos, se establece que las mujeres deben estar representadas en el comité fundador y el comité general de los partidos. Se dispone que las solicitudes para fundar un partido político se formularán por escrito, estarán firmadas por un representante del partido y se presentarán por escrito al Departamento de Organizaciones y Partidos Políticos para su inscripción, acompañadas de una lista de al menos siete nombres del comité fundador y una lista de 2.000 nombres, como mínimo, de miembros en todo el país, prestando la debida atención a la representación de la mujer.
La Alta Comisión Electoral Independiente procura aumentar la sensibilización acerca de la necesidad de que la mujer participe en todas las esferas y los departamentos. Afirma que es necesario que las mujeres participen en las instituciones legislativas a fin de asegurar la equidad de las leyes. También afirma la necesidad de aplicar leyes relativas a la participación de la mujer en las elecciones y en la actividad de los partidos políticos. Esto ayudará a incorporar la perspectiva de género de manera efectiva y positiva, poner fin a los estereotipos sociales y permitir que las mujeres desempeñen plenamente su función natural.
La Alta Comisión Electoral Independiente también tiene mucho interés en que por lo menos 2 de los 7miembros del comité fundador y general de los partidos sean mujeres.
Varios partidos políticos han sido fundados y dirigidos por mujeres políticamente activas. Fueron algunos de los primeros partidos en recibir una licencia de la Comisión.
De conformidad con los artículos 61 (primero) y 73 (tercero) de la Constitución, la Ley núm. 36 (2015) de Partidos Políticos fue promulgada por el Presidente de la República el 17 de septiembre de 2015. La Ley se promulgó con el objeto de armonizar las exigencias de la vida política moderna y la transformación democrática, regular el marco jurídico de la actividad de las organizaciones y los partidos políticos de manera democrática a nivel nacional, promover la pluralidad política y lograr una mayor participación de la mujer en la vida pública.
A fin de garantizar la participación efectiva de la mujer en la vida política, la cuota de representación femenina en el Consejo de Representantes no podrá ser inferior al 25%. Esta cuota se reflejará en el poder ejecutivo y en los altos cargos del Estado a nivel de la subsecretaría y la categoría especial.
En los distintos niveles del poder judicial, el papel de la mujer reviste una gran importancia. Según las estadísticas elaboradas por el poder judicial, hubo 93 juezas en el período comprendido entre 2003 y 2014, en comparación con el máximo de 7 que hubo los años anteriores.
Con respecto al artículo 8, véase el informe anterior, al que se añade lo siguiente:
El Gobierno del Iraq está deseoso de garantizar la participación de la mujer en los círculos internacionales y de lograr el equilibrio de género en las delegaciones ministeriales y de otra índole que asisten a conferencias y talleres de capacitación y desarrollo. La delegación del Iraq enviada para debatir el informe del país relativo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 2014 constituye la mejor prueba de ello, encabezada por la Ministra de Estado para Asuntos de la Mujer en ese momento. La Ministra estuvo acompañada de un grupo de mujeres en representación de las instituciones del Gobierno, que constituyeron el grueso de la delegación participante. Además, en lo que respecta al equilibrio entre los géneros, las misiones permanentes del Iraq en el extranjero cuentan con un gran número de mujeres. Las mujeres iraquíes ocupan cargos en todas las oficinas de las Naciones Unidas que se encargan de asuntos iraquíes. No existe ninguna restricción impuesta por el Estado que impida a las mujeres iraquíes participar en la esfera internacional. De hecho, ha habido mujeres embajadoras, al mismo tiempo que numerosas mujeres trabajan en el cuerpo diplomático, en las embajadas, las oficinas de representación y los consulados del Iraq en el extranjero a diversos niveles, por ejemplo, con puestos como asesora, primera y segunda secretaria, y cónsul.
Con la incorporación del artículo 4 en la Ley núm. 26 (2006) sobre la Nacionalidad Iraquí, la cámara legislativa procuró asegurar la lealtad y el sentimiento de pertenencia a la nación de las personas nacidas fuera del Iraq de padre desconocido o apátrida. Se confiere al Ministro el derecho a conceder la nacionalidad a estas personas en el plazo de un año después de alcanzar la mayoría de edad. Cabe señalar, sin embargo, que el Ministerio del Interior y el Consejo de Estado están debatiendo y estudiando este artículo con vistas a su modificación o derogación. No se ha registrado ningún caso de solicitud ni concesión de la nacionalidad con arreglo al presente artículo desde la entrada en vigor de la Ley. Según la Ley sobre la Nacionalidad, las personas nacidas de una madre iraquí y un padre extranjero (es decir, no iraquí) son iraquíes, independientemente de si han nacido dentro o fuera del país. Esto significa que la filiación de la madre se tiene en cuenta en la concesión de la nacionalidad iraquí, a diferencia de las leyes anteriores, que hacían caso omiso de ella.
Con respecto a los artículos 7 y 11 de la Ley sobre la Nacionalidad, no existe ninguna diferencia sustantiva ni jurídica en los procedimientos referentes a la solicitud, el período de residencia y la continuidad del vínculo matrimonial. El artículo 7 añade que los hombres extranjeros casados con mujeres iraquíes no deberán haber sido condenados por ningún delito grave ni leve en violación del honor, y que deberán tener los medios adecuados de subsistencia. El texto del artículo no se ha visto afectado.
Existe en la actualidad un proyecto de enmienda a la Ley núm. 26 (2006) sobre la Nacionalidad.
Artículos 10 a 14Artículo 10 y recomendación 39
El Ministerio de Educación, a través de la División de Derechos Humanos (Sección Curricular), ha incorporado los principios de derechos humanos en los libros de texto para difundir la cultura de los derechos humanos, como el derecho a la educación, el derecho a la atención de la salud, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de la correspondencia y las comunicaciones, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad y el derecho a la vida, así como los derechos del niño y los derechos de la mujer. También se han incluido extractos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución del Iraq. Tras la aprobación de la nueva política educativa del país y por recomendación de la Comisión Nacional de los Planes de Estudios sobre Derechos Humanos, ahora todos los planes de estudio escolares incorporan los conceptos y principios de los derechos humanos, en consonancia con la naturaleza del tema y su relación con él. Además de los planes de estudios, muchos proyectos escolares están concebidos para inculcar en los estudiantes y el personal los principios de los derechos humanos. Los principales libros de texto en que aparecen estos conceptos son los de árabe, inglés, educación religiosa, educación social, sociología, economía aplicada y bioeconomía.
Los planes de estudios escolares incorporan la imagen de las mujeres como madres, hermanas, encargadas virtuosas de la crianza de los niños y compañeras de los hombres en el desarrollo de la sociedad. En los ámbitos de humanidades, como la historia, el árabe, la educación religiosa y el inglés, se estudia la vida de mujeres destacadas y, en las obras literarias, la mujer iraquí se describe como el símbolo de la virtud.
Los libros de texto se someten a un extenso proceso de revisión antes de su incorporación a las escuelas.
El proceso de revisión de los planes de estudios es prolongado y debe llevarse a cabo por etapas. Cada plan de estudios se examina sobre la base de un programa elaborado con antelación. Se han eliminado los estereotipos de género de la mayoría de los libros de texto y se está llevando a cabo de forma gradual el proceso de seguimiento de la eliminación de estereotipos de los materiales restantes.
Los libros de texto contienen temas relacionados con la participación de la mujer en la autoridad, en la vida social y profesional y, también de gran importancia, en el hogar y la vida familiar. Presentan una imagen positiva de la participación de la mujer.
La Constitución obliga al Estado a ocuparse de la educación. Así, en el artículo 34 (primero) de la Constitución se establece que la “educación es un factor fundamental para el progreso de la sociedad y un derecho garantizado por el Estado. La enseñanza primaria es obligatoria y el Estado velará por luchar contra el analfabetismo”. El artículo 34 (segundo) dispone que “la educación gratuita en todas las etapas es un derecho de todos los iraquíes”.
No existe ninguna ley que discrimine entre hombres y mujeres en la educación, desde el jardín de infancia hasta la universidad. El Ministerio de Educación ofrece enseñanza gratuita para los niños de ambos sexos en la enseñanza primaria.
El Gobierno aprobó la Estrategia Nacional para la Educación y la Enseñanza Superior (2012‑2022), elaborada en colaboración y coordinación con diferentes organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el UNICEF y el Banco Mundial. La Estrategia tiene por objeto crear un sistema que ofrezca oportunidades educativas para todos a fin de satisfacer las exigencias de una sociedad avanzada, contribuir al desarrollo de la población iraquí y afianzar los principios de la buena ciudadanía, la democracia y los derechos humanos. La Estrategia está destinada a reformar y desarrollar los sistemas educativos y de enseñanza superior sobre la base de la naturaleza y las necesidades de la sociedad iraquí, incluidos los kurdos, a fin de posibilitar su avance, respetando al mismo tiempo las características especiales de las comunidades minoritarias. La Estrategia pretende convertir a la sociedad iraquí en un centro neurálgico de conocimientos al hacer un uso óptimo de los recursos humanos, naturales, materiales y financieros necesarios para garantizar el desarrollo sostenible, la vida digna, la igualdad de oportunidades y la paz. En el marco de la Estrategia, se revisaron los programas de estudios (árabe, matemáticas y conocimientos generales incluidos) y se ajustaron con el apoyo técnico de la Oficina de la UNESCO en el Iraq. También se han publicado cursos de alfabetización para las comunidades minoritarias en sus propios idiomas.
A fin de promover el empoderamiento y detener la propagación del analfabetismo, el Gobierno, en colaboración con la Oficina de la UNESCO en el Iraq, puso en marcha una iniciativa destinada a reducir el analfabetismo en todo el país en un 50% para 2015. Algunos de los objetivos del plan fueron erradicar el analfabetismo en el grupo de edad de 15 a 45 años, que ascendía a 1.804.676personas, y lograr una proporción de alumnos por profesor de 20 a 1 para finales de 2014.
La Ley núm. 23 (2011) de Alfabetización tiene por objeto erradicar el analfabetismo mediante la ejecución de un proyecto consistente en un período de estudio en las aulas de dos etapas: una etapa básica de 7 meses y una fase de capacitación de otros 7 meses, con un descanso de 15 días entre ambas.
En el año escolar 2014‑2015, había 1.177 centros de alfabetización activos en las zonas rurales y 1.837 en las zonas urbanas de todo el Iraq, sin incluir la región del Kurdistán. Había un total de 102.253 jóvenes estudiantes (tanto hombres como mujeres) en las zonas rurales y 117.185 en las zonas urbanas. Este año, se suspendieron las clases en las provincias de Al‑Anbar y Nínive debido a la situación de la seguridad.
En el año escolar 2015‑2016, había 434 centros de alfabetización en las zonas rurales y 715 en las zonas urbanas de todo el Iraq, sin incluir la región del Kurdistán. Había 30.517 estudiantes en las zonas rurales (7.260 hombres y 23.257mujeres) y 44.492 en las zonas urbanas (8.891 hombres y 35.601 mujeres). Cabe señalar que, este año, se suspendieron las clases en la provincia de Nínive debido a la situación de la seguridad.
En el año escolar 2016‑2017, había 336 centros de alfabetización en las zonas rurales y 408 en las zonas urbanas de todo el Iraq, sin incluir la región del Kurdistán, y un total de 53.415 estudiantes (16.141 hombres y 37.274 mujeres).
Los centros de alfabetización para las minorías en Bagdad, Kirkuk, Basora y Nínive (oficinas de representación en Erbil y Dahuk) desde su fundación en 2014‑2015 figuran en el anexo VIII.
El Programa del Gobierno para 2014‑2018 tiene por objeto desarrollar la eficiencia de las instituciones educativas y de investigación sobre la premisa de que la educación es el motor fundamental del progreso social, de que todos los iraquíes tienen derecho a la educación y la enseñanza superior, y de que el Iraq debe esforzarse por desarrollar la capacidad de sus ciudadanos, restablecer la confianza de la población en el sistema educativo y asegurar que los graduados estén calificados para desempeñar un papel activo en la sociedad. Por tanto, el objetivo consiste en mejorar el nivel de las instituciones educativas y el personal docente, introducir tecnologías educativas modernas, hacer frente a la escasez de escuelas y avanzar hacia la formación profesional, técnica y basada en el conocimiento a fin de satisfacer las necesidades del mercado de trabajo.
El sistema de doble turno en las escuelas debe finalizar. Es posible absorber el aumento natural del número de estudiantes y lograr un entorno saludable por medio de la construcción de escuelas nuevas y la mejora de otros centros en todo el país, y también por medio de lo siguiente:
a)desarrollar una infraestructura de enseñanza superior e investigación científica que absorba el aumento de la demanda en las provincias, determinar la capacidad de admisión de cada institución y respetar el plan de diseño;
b)finalizar la construcción de edificios dentro de los plazos previstos, introducir tecnologías de próxima generación y mejorar la eficiencia del sistema de enseñanza superior e investigación científica en beneficio de todos;
c)fomentar la investigación científica mediante la creación de una base material y de laboratorios especializados;
d)proporcionar a los estudiantes y al personal docente los recursos necesarios para la enseñanza y el aprendizaje científicos; crear una biblioteca virtual;
e) mantenerse al corriente de los adelantos en línea y tecnológicos en la educación e incluir la informática en el programa de estudios;
f)promover las instituciones educativas privadas y estimular las inversiones a fin de garantizar niveles mejores;
g)reestructurar las instituciones de formación de docentes para garantizar lacalidad;
h)modificar la Ley de Educación Obligatoria a fin de ampliar su alcance a la escolarización intermedia;
i)promover la alfabetización para la iniciativa de empoderamiento;
j)proseguir con el programa de la iniciativa educativa.
El Gobierno del Iraq, por conducto del Ministerio de Educación, está decidido a reducir la tasa oficial de deserción escolar en la enseñanza primaria y secundaria por medio de la educación paralela. De esta forma, la tasa de deserción escolar en la enseñanza primaria se redujo del 36% en el año escolar 2004‑2005 al 1,8% en 2012‑2013, y ascendió al 2,2% en 2015‑2016. La tasa de abandono escolar en la enseñanza secundaria disminuyó del 3,1% en 2004‑2005 al 2,4% en 2012‑2013, y ascendió al 3,4% en 2015‑2016.
El Ministerio de Educación encargó a los departamentos educativos que normalizasen el tamaño de las clases a fin de frenar la deserción escolar mediante la reducción del hacinamiento en las aulas y la indisciplina entre los alumnos.
El Ministerio de Educación pidió a las administraciones escolares que supervisasen a los alumnos para mejorar su nivel académico y evitar el fracaso, que es una de las causas del abandono escolar.
A fin de evitar que los alumnos con problemas psicológicos y sociales abandonen la escuela, el Ministerio de Educación ha dado instrucciones a los departamentos de educación para que proporcionen servicios de asesoramiento destinados a apoyar a las familias, los docentes y los alumnos.
Se ha puesto en práctica un proyecto de educación positiva para determinar lascausas de la violencia y cambiar los comportamientos que dan lugar a la deserción escolar.
Se abrieron los centros “Tu derecho a la educación” para matricular a estudiantes varones y mujeres de entre 10 y 18 años de edad; hubo un total de 827alumnas.
Se está realizando un seguimiento de la aplicación de la Ley de Educación Obligatoria.
Se promueve el papel de los medios de comunicación en el aumento de los niveles de matriculación.
Se han abierto escuelas especiales para atraer a los adolescentes no matriculados del grupo de edad de 10 a 15 años que hayan abandonado la escuela; hubo un total de 777 alumnas.
Se han abierto escuelas de aprendizaje acelerado para atraer a los adolescentes no matriculados del grupo de edad de 12 a 18 años que hayan abandonado la escuela; hubo un total de 649 alumnas.
El Departamento de Formación Profesional del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ofrece capacitación a las niñas con el objeto de que estén calificadas y de motivarlas para que ingresen en el mercado de trabajo.
A pesar de los limitados recursos materiales del país debido a la austeridad, se aprobó y se puso en práctica la Ley núm. 11 (2014) sobre Protección Social, que presta especial atención a las mujeres que han perdido a su sostén económico. Se han beneficiado de esto unas 503.292 mujeres.
El Departamento de Formación Profesional ha puesto en marcha cursos de capacitación y se han abonado diferentes prestaciones como incentivo a las mujeres que asisten a la capacitación. Por otra parte, 200 personas han recibido empleos en el Ministerio de Educación, proceso en el que se ha prestado la debida atención a las cuestiones de género y se ha dado prioridad a las mujeres que han perdido a susostén económico. Las medidas para encontrar trabajo se coordinan con otrosministerios.
Artículo 11 y recomendación 41
La Ley del Trabajo (Ley núm. 37, 2015), que entró en vigor el 7 de febrero de 2016, define la discriminación directa en el artículo 1.25) como “toda distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, culto, opinión o convicción política, origen o nacionalidad”. En el artículo 1.26) se define la discriminación indirecta como “toda exclusión, distinción o preferencia basada en el sexo, la edad o la situación de la salud, la condición económica o social, o la afiliación o actividad sindical que tenga por efecto la anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o la igualdad de trato en el empleo y la ocupación”.
El objeto del artículo 2 de la Ley consiste en garantizar el trabajo decente para todos sin discriminación alguna, mientras que el artículo 4 establece que “el trabajo es un derecho de todos los ciudadanos en condiciones de trabajar” y que “el Estado se esforzará por proporcionar empleo sobre la base de la igualdad de oportunidades, sin ningún tipo de discriminación”. El artículo 6.4) hace referencia a la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. Por medio del artículo 8.1), queda prohibida toda infracción o violación de los principios de la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato por cualquier motivo, en particular la discriminación entre los trabajadores, con independencia de si se trata de discriminación directa o indirecta, en todas las cuestiones relativas a la formación profesional, la contratación o las condiciones de empleo. El artículo 10 prohíbe el acoso sexual en el empleo y la ocupación, así como cualquier otro comportamiento que genere un entorno de trabajo hostil, intimidatorio o degradante para las personas que son objeto de dicho comportamiento. El artículo incluye una definición del acoso sexual. El artículo 11.2) contempla penas para quienes infrinjan las disposiciones relativas al acoso sexual. El apartado c) del artículo 42.1) establece que todo trabajador tiene derecho a disfrutar de igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, en ausencia de cualquier forma de discriminación. De conformidad con el apartado e) del artículo 48.1), un contrato de trabajo no podrá rescindirse en caso de discriminación directa o indirecta en el empleo o la ocupación.
En el artículo 10 de la Ley, se hace referencia a la tipificación como delito del acoso sexual en el lugar de trabajo, de modo que lo convierte en un delito punible.
El artículo 11 de la Ley dispone lo siguiente: 1) todo trabajador sometido a cualquier tipo de trabajo forzoso, discriminación o acoso en el empleo y la ocupación tiene derecho a recurrir al Tribunal del Trabajo para presentar una denuncia; 2) la violación de las disposiciones de la presente sección en relación con el trabajo infantil, la discriminación, el trabajo forzoso y el acoso sexual se castigará con una pena de prisión no superior a seis meses y/o una multa de 1 millón de dinares como máximo, según corresponda.
La encuesta socioeconómica de los hogares (2014) reveló que la proporción de mujeres económicamente activas en el trabajo era del 78%, frente al 77% registrado en 2012. En el anexo IX se presentan las cifras de personas empleadas y desempleadas según la encuesta.
La proporción de mujeres económicamente activas empleadas en el sector privado en 2014 fue del 29%, por debajo del 32% registrado en 2012. La proporción de mujeres económicamente activas empleadas en el sector público en 2014 fue del 46%, una subida respecto al 41% registrado en 2012. En otras palabras, se produjo un aumento del 5% en la cantidad de mujeres empleadas en el sector público y una caída del 3% en las del sector privado. Esto indica una tendencia de las mujeres hacia el empleo en el sector público.
Al examinar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, relativo al trabajo decente y el crecimiento económico, y pese al aumento de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo del Iraq, en particular en los sectores de la educación y la salud, y a la mejora en su acceso a la educación, la participación de la mujer en todos los sectores sigue siendo baja en comparación con las mujeres de otros países, según los indicadores del desarrollo internacional. De este modo, la tasa de actividad económica de las mujeres se sitúa en el 14%, en comparación con el 72,1% para los hombres. Además, las mujeres tienen una tasa más alta de desempleo (22,2%) en comparación con los hombres (8,5%). La tasa de participación de la mujer en el sector de los servicios es de un 52,4%, frente al 33,9% del sector manufacturero.
Artículo 12 y recomendación 43
Se ha registrado un aumento en la cantidad de mujeres que se someten a exploraciones de detección temprana de un 10% a un 20% de entre todas aquellas que se presentan en los centros de atención primaria de la salud.
Se ha incorporado un sistema de remisión de los casos sospechosos a clínicas de detección del cáncer de mama, utilizando un formulario de remisión especial que contiene información completa sobre la mujer (edad, empleo, antecedentes familiares, etc.).
Las mujeres tienen acceso a las mamografías en más de 40 clínicas de detección en todo el país sin ningún tipo de remisión.
Ha aumentado la cantidad de clínicas de detección del cáncer de mama en Bagdad para cubrir las necesidades de la ciudad durante los próximos cinco años; se está trabajando para aumentar el número de clínicas de detección a dos o más en cada provincia.
Se ha incrementado el número de seminarios y conferencias sobre el cáncer de mama que tienen lugar en los centros de atención primaria de la salud y en las clínicas de detección.
El personal de enfermería recibe capacitación para enseñar a las mujeres a autoexplorarse a fin de detectar la enfermedad en sus etapas iniciales.
La labor se realiza en colaboración con diferentes organizaciones de la sociedad civil a fin de prestar apoyo psicológico a las pacientes para ayudarlas a adaptarse a su situación, a no aislarse y a llevar una vida normal.
Los medios de comunicación difunden boletines informativos sobre la manera de prevenir el cáncer de mama, donde se describen los principales síntomas y la importancia de la detección temprana.
Se ha llegado a un acuerdo con la Asociación Iraquí contra el Cáncer de Mama para la elaboración de un folleto sobre la nutrición de las pacientes con cáncer de mama durante la quimioterapia y después de ella. Además, se ha actualizado un curso especial para las escuelas intermedias de grado tres sobre la detección temprana, el cual se encuentra en proceso de preparación para su envío al Departamento Curricular del Ministerio de Educación con miras a su inclusión en los libros de texto.
Los centros de salud ofrecen servicios de planificación familiar como parte del conjunto de servicios de atención primaria de la salud y el personal médico recibe una capacitación sólida sobre la base de las directrices de la OMS, que promueven la sensibilización de la sociedad respecto a la importancia de la planificación familiar. En el marco de la Estrategia Nacional para la Salud Reproductiva y Maternoinfantil (2013‑2017), el número de clínicas que prestan servicios de planificación familiar ha aumentado gradualmente en un 20% cada año, hasta el punto de que, en 2016, el 60% de las clínicas de salud ofrecían este tipo de servicios. El objetivo es implantar el acceso en todo el país.
Actualmente, el Ministerio de Salud está realizando un estudio sobre la incidencia del aborto, el cual se encuentra en la etapa de registro y análisis de datos.
Como parte de un plan de acción para la promoción de la salud de las mujeres embarazadas, el Ministerio de Salud lleva a cabo campañas de advertencia sobre los riesgos del aborto.
La Estrategia Nacional para la Salud Reproductiva y Maternoinfantil (2013‑2017) se deriva de la visión de un sistema de asistencia sanitaria basado en la atención primaria y que garantice, en la medida de lo posible, a través de un liderazgo eficaz, la prestación de servicios sanitarios conforme a las normas internacionales a fin de responder a las necesidades de las personas y la sociedad, que desarrolle y apoye la prestación de servicios sanitarios de calidad en la atención primaria, secundaria y terciaria, y que vele por la integración de los servicios públicos y privados. Uno de los objetivos de la Estrategia es reducir la mortalidad y la morbilidad maternas.
En cuanto al artículo 13, véase el informe anterior y se añade lo siguiente:
El segundo tema del Programa del Gobierno para 2014‑2018, sobre la mejora de los niveles de vida y la prestación de servicios a los ciudadanos, incluye implícitamente el empoderamiento de la mujer. Sin embargo, debido a la situación económica y de la seguridad en el Iraq y a las dificultades sociales que atraviesa el país, que solo pueden calificarse de excepcionales, el Programa no entra en detalles acerca de las medidas concretas que deben adoptarse para abordar la posición de la mujer, la familia y las cuestiones conexas. En lugar de ello, recomienda “centrarse en preservar el tejido cultural de todos los elementos de la sociedad iraquí, difundir la cultura del Iraq, apoyar a los jóvenes, que son el punto fuerte de la nación, el pilar de su renacimiento y la fuente de su dignidad, afirmar la posición de la mujer y su papel en la sociedad, y promover programas de género”. Por consiguiente, somos nosotros quienes debemos considerar los planes y las medidas relevantes que se podrían adoptar para apoyar el empoderamiento de la mujer, habida cuenta de todas las observaciones e informes sobre los aspectos prácticos del Programa del Gobierno en relación con esta cuestión. No obstante, la labor del Comité Superior para el Adelanto de la Mujer Rural da pie a cierto optimismo. Al mismo tiempo, es necesario trabajar de forma paralela para apoyar la posición de la mujer en todos los entornos y sectores sociales, no solo en las zonas rurales.
En el segundo tema del Programa del Gobierno para 2014‑2018, sobre la mejora de los niveles de vida y la prestación de servicios a los ciudadanos, se señalan una serie de puntos básicos, en particular, la mejora del nivel de los servicios de salud, el aumento de la eficiencia de las instituciones educativas y de investigación, la prestación de servicios esenciales para todos los ciudadanos, la implantación de un sistema de seguridad social eficaz y eficiente, el establecimiento de un medio ambiente limpio y saludable, la protección del patrimonio cultural de toda la comunidad, de conformidad con los intereses de los jóvenes, las mujeres y los niños, y el logro del crecimiento económico, junto con la protección delconsumidor.
El índice de pobreza ascendió del 18,9% en 2012 al 22,5% en 2014. El promedio de ingreso familiar mensual ascendía a 1.875.400 dinares en 2014, en comparación con los 1.597.100 dinares de 2012, lo que representa un incremento del 17,4%. El tamaño medio de las familias disminuyó un 1,5% entre 2012 y 2014. La tasa de desempleo descendió un 10,9% entre 2012 y 2014. El cuadro siguiente indica las tasas de desempleo en el período comprendido entre 2011 y 2015:
|
Indicadores |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Cambio de porcentaje |
|
Tasa de desempleo |
8,3 |
11,9 |
— |
10,6 |
— |
10,9 |
Los planes quinquenales nacionales (2010‑2014 y 2013‑2017) hicieron suyos los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los principios de la igualdad y la no discriminación entre todos los componentes de la sociedad iraquí, el alivio de la pobreza y la mitigación de los efectos de la situación socioeconómica en los grupos vulnerables. La Estrategia de Lucha contra la Pobreza (2010‑2014) se diseñó para ejecutarse al mismo tiempo que esos planes. La Estrategia abordó los males de la comunidad y las situaciones económica, educativa y sanitaria. Se determinó el umbral de la pobreza, las tasas de pobreza y los niveles de alfabetización en la sociedad iraquí a nivel de las provincias, los distritos, los condados, las aldeas y los entornos. La Estrategia no se centró en un determinado culto o grupo étnico a expensas de otro, sino que su objetivo fue brindar protección y atención a todos los grupos vulnerables.
En el marco de la política de reducción de la pobreza, se concedieron 11.090préstamos entre el 1 de diciembre de 2012 y el 27 de diciembre de 2016; se concedieron 24.033 préstamos a pequeñas empresas generadoras de ingresos entre el 24 de noviembre de 2013 y el 30 de junio de 2017; se concedieron alrededor de 370préstamos de servicios industriales entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de junio de 2017; y se concedieron 388 préstamos para proyectos de rehabilitación comunitaria entre 2007 y el 30 de junio de 2017.
El Comité Superior para las Políticas de Reducción de la Pobreza fue reestructurado por medio de la Decisión núm. 344 (2017) del Gabinete, que modificó el texto del punto 3.1) de la Decisión núm. 409 (2009) del Gabinete de la siguiente manera: (...) la creación del Comité Superior para las Políticas de Reducción de la Pobreza, presidido por el Primer Ministro e integrado por el Ministro de Finanzas, el Ministro de Comercio, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, el Ministro de Planificación, el Ministro de Reconstrucción, Vivienda, Municipios y Obras Públicas, el Ministro de Trabajo y el Ministro de Agricultura, además del Secretario del Gabinete, el Jefe de la Comisión Nacional de Inversiones, el Ministro de Planificación (Gobierno de la región del Kurdistán) y el Director Ejecutivo de la Estrategia de Lucha contra la pobreza.
En consonancia con la expansión de las actividades de divulgación dirigidas a las mujeres en la sociedad, se creó el Departamento para el Desarrollo de la Mujer Rural conforme a la estructura orgánica de la Junta Agrícola para la Divulgación y la Cooperación del Ministerio de Agricultura. En 2005, se crearon subdivisiones para las mujeres rurales en los departamentos de divulgación agrícola en todo el país.
Los objetivos generales del Departamento para el Desarrollo de la Mujer Rural consisten en desarrollar los conocimientos y las aptitudes de las mujeres rurales y alentarlas a adoptar métodos científicos de la agricultura a fin de contribuir al aumento de la producción y la mejora de la calidad, aprovechando los programas de divulgación y de desarrollo destinados a establecer proyectos de mujeres rurales a pequeña escala que se centren en las industrias alimentarias, las industrias domésticas y las artesanías con el objeto de aumentar los niveles de ingresos y la sensibilización de las mujeres de las zonas rurales en materia de medio ambiente y salud.
Las funciones del Departamento para el Desarrollo de la Mujer Rural son las siguientes:
•ayudar a establecer proyectos agrícolas (vegetales y ganaderos) para las mujeres de las zonas rurales;
•desarrollar los conocimientos y las aptitudes de las mujeres y las niñas rurales de forma que puedan rentabilizar los excedentes agrícolas;
•centrarse en las industrias artesanales, haciendo uso de los recursos agrícolas primarios disponibles y aplicando planes de productividad para aumentar el nivel de ingresos de las mujeres rurales;
•aumentar la sensibilización de las mujeres de las zonas rurales en lo tocante al medio ambiente y la salud, y subrayar la importancia de la educación de losniños;
•educar a las mujeres de las zonas rurales en diferentes aspectos del desarrollo social y humano;
•organizar exposiciones y ferias agrícolas centradas en las industrias artesanales y alimentarias;
•celebrar foros especiales sobre la agricultura, la salud y el medio ambiente;
•enseñar a las mujeres rurales la manera de adoptar métodos científicos modernos del ámbito agrícola utilizando materiales de divulgación impresos y audiovisuales;
•aumentar la eficiencia de las mujeres rurales mediante la elaboración y la ejecución de programas especiales de capacitación en coordinación con el Departamento de Desarrollo de la Fuerza de Trabajo y los centros de capacitación provinciales;
•preparar y distribuir folletos de divulgación sobre los temas mencionados.
El Departamento para el Desarrollo de la Mujer Rural consta de las secciones siguientes:
•sección de proyectos de aldeas agrícolas, encargada de poner en marcha proyectos de productividad agrícola e industrias a nivel de las aldeas, utilizando los recursos primarios disponibles (vegetales y ganaderos) para aumentar el nivel de ingresos de las mujeres rurales;
•sección de proyectos de industrias artesanales, responsable del desarrollo de los conocimientos y las aptitudes de las mujeres y las niñas rurales para que puedan rentabilizar el excedente de productos agrícolas, por ejemplo, elaborando mermeladas y conservas, salsa de tomate, queso y productos lácteos, frutas secas, jugos de frutas, etc.);
•sección de desarrollo de las niñas rurales, que se encarga de desarrollar los conocimientos y las aptitudes de las mujeres y las niñas de las zonas rurales a través de programas de capacitación y seminarios;
•sección de divulgación social sobre el medio ambiente, responsable de mejorar la sensibilización acerca de la salud y el medio ambiente de las mujeres rurales, así como sus competencias para la crianza de los niños;
•sección de supervisión y vigilancia, encargada de supervisar las actividades de divulgación destinadas a fomentar la capacidad de las mujeres y las niñas rurales, y de vigilar los proyectos de pequeña escala.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha puesto en marcha un plan de desarrollo para la mujer rural que comprende las siguientes actividades:
•trabajar en coordinación con el ahora extinto Ministerio de Estado para Asuntos de la Mujer y la Iniciativa Agrícola para obtener préstamos para las mujeres rurales con el fin de mejorar su situación económica y social;
•presidir el Comité de Préstamos Agrícolas para Mujeres, que recibe un préstamo de 5 millones de dinares del Banco Cooperativo Agrícola para cada proyecto de desarrollo de la mujer rural a pequeña escala;
•ayudar a las mujeres a obtener un préstamo del Rasheed Bank, de propiedad estatal, para proyectos pequeños o medianos; se presta asesoramiento acerca de la creación del proyecto y la obtención de un préstamo de entre 2 y 5millones de dinares, según el valor del proyecto, sobre la base de un estudio de viabilidad.
En el marco del proyecto de desarrollo de la mujer rural, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha dispuesto 4.500 préstamos de 5millones de dinares del Banco Cooperativo Agrícola para establecer proyectos de generación de ingresos en Bagdad y en las provincias.
El Comité Superior para el Adelanto de la Mujer Iraquí, constituido de conformidad con el Decreto núm. 481 (2011), ha puesto en marcha 54 cursos de capacitación en los que han participado 560 mujeres de las zonas rurales.
El Comité Superior participa en exposiciones locales e internacionales para comercializar los productos rurales.
El Ministerio de Salud proporciona a las mujeres rurales servicios de atención primaria de la salud en los centros sanitarios situados a nivel local. Los servicios incluyen la atención de la salud reproductiva y la sensibilización en el ámbito de la salud sobre cuestiones de interés para mujeres de todas las edades.
Las mujeres de las zonas rurales reciben ayuda para obtener préstamos del Banco Agrícola.
Se preparan cuadernos de salud y programas de capacitación para las mujeres de las zonas rurales.
Artículos 15 y 16Artículo 16 y recomendación 53
En cuanto al artículo 15, véase el informe anterior y el párrafo 271.
En lo que respecta al párrafo 271, véase el informe anterior.
En el párrafo 85, se mencionó la retirada de la propuesta del proyecto de ley sobre el estatuto personal yaafari.
En el artículo 3.1) del Código del Estatuto Personal, se define el matrimonio como “un contrato entre un hombre y una mujer legalmente válida para él a efectos de la creación de un vínculo para una vida en común y la procreación”. Para ello debe haber, según la legislación:
•una oferta, verbal o de la forma habitual, por una de las partes del contrato;
•una aceptación que indique el pleno acuerdo de la otra parte.
Ambas partes tendrán derecho a contraer matrimonio si se cumplen las condiciones jurídicas y ambos están cuerdos y han alcanzado la mayoría de edad (es decir, los 18 años). Si la mujer ha cumplido los 18 años de edad, la ley no exige el consentimiento del tutor de la mujer para celebrar el contrato matrimonial. Los testigos del matrimonio deben estar presentes para anunciar el casamiento.
La ley exige que ambas partes (hombre y mujer) sean jurídicamente competentes; la ceremonia del matrimonio comienza con cada una de las partes escuchando a la otra y entendiendo que lo que se pretende es el matrimonio.
La ley establece una excepción a los requisitos necesarios para las personas menores de 18 años (15 años o más). Esta excepción presenta varias condiciones, entre ellas, la comprobación de los requisitos jurídicos y la capacidad física de la persona en cuestión, y el consentimiento del tutor legal (aquí “tutor legal” hace referencia al padre o, en su ausencia, a la madre). Si el tutor legal no da su consentimiento en el plazo fijado por el juez ni plantea una objeción en ese período, o no hay cabida para la consideración de su objeción, el juez autorizará el matrimonio. Se aplican unas consideraciones similares al artículo 7.2) (en proceso de debate), relativo a la prevención del compromiso y el matrimonio de niños y al matrimonio de personas con enfermedades mentales. Si se confirma a través de un informe médico que el matrimonio de una persona con una enfermedad mental no entrañaría ningún daño a la sociedad y redundaría en el interés de la propia persona, siempre que la otra parte en el matrimonio acepte de forma inequívoca, el juez puede pasar por alto el requisito de la cordura y autorizar el matrimonio. Esta excepción no es en modo alguno discriminatoria, ya que se aplica tanto a los hombres como a las mujeres. Por consiguiente, en respuesta a la recomendación del Comité, el matrimonio de una persona menor de 18 años constituye una excepción jurídica con limitaciones estrictas. Se trata de una excepción aplicable a las dos partes en el vínculo matrimonial.
El artículo 3.4) del Código del Estatuto Personal, Ley núm. 188 (1959, en su forma enmendada), establece que el matrimonio con más de una mujer requiere el permiso de un juez, el cual depende de si se cumplen las dos condiciones siguientes: a) el marido tiene la capacidad financiera suficiente para mantener a más de una esposa y b) existe un interés legítimo.
El artículo 3.5) dispone que, si se teme que habrá un trato injusto entre las esposas, no se permitirá la poligamia; el asunto se dejará a la discreción del juez.
El artículo 3.6) establece que las personas que celebren un contrato de matrimonio con más de una esposa contraviniendo los párrafos 4) y 5) serán condenadas a una pena de prisión no superior a un año y/o una multa de 100 dinares como máximo.
El artículo 40 (sección 2: “La separación legal”) del Código del Estatuto Personal, Ley núm. 188 (1959, en su forma enmendada) dispone que ambos cónyuges tienen derecho a pedir la separación por alguna de las siguientes razones: (…) 5) “si el marido contrae matrimonio con otra mujer sin la autorización del tribunal”. En ese caso, la mujer no tendrá derecho a iniciar actuaciones penales en virtud del párrafo 1 del artículo 3.a) del Código de Procedimiento Penal, Ley núm.23 (1971), con arreglo al artículo 3.6) de esta Ley.
El Tribunal Supremo Federal desestimó un recurso de apelación interpuesto contra la obligación legal que tienen los maridos de obtener la autorización del tribunal para poder contraer matrimonio con otra mujer, aduciendo que esta disposición regula y protege la integridad de la sociedad. El Tribunal examinó el recurso de apelación contra la constitucionalidad del artículo 40.4) del Código del Estatuto Personal, por el que se exige que el marido obtenga la autorización del tribunal para contraer matrimonio con otra mujer, y llegó a la conclusión de que la disposición no entra en conflicto con los principios básicos del islam; se trata de una disposición reglamentaria que confiere al tribunal el derecho a comprobar que existe un interés legítimo y que el marido dispone de la capacidad financiera necesaria.
En virtud del artículo 10 del Código del Estatuto Personal, el contrato de matrimonio se inscribirá de forma gratuita en un registro especial ante el tribunal competente conforme a las condiciones siguientes:
•Se presentará una declaración donde figurará la identidad y la edad de las dos partes que contraen matrimonio, el monto de la dote y la ausencia de impedimentos legales para el matrimonio. Este documento deberá estar firmado por ambas partes y deberá contar con el certificado del alcalde del distrito o de la aldea, o por dos personas locales destacadas.
•La declaración debe ir acompañada de un informe médico que confirme que ambos cónyuges están libres de enfermedades contagiosas o impedimentos relativos a la salud; se adjuntarán los demás documentos exigidos por la ley.
•El contenido de la declaración se inscribirá en el registro y las dos partes en el contrato incluirán su firma o sus huellas dactilares en el documento en presencia de un juez, que deberá certificar el matrimonio y dar a los cónyuges el certificado de matrimonio.
•El contrato debidamente inscrito entrará en vigor sin más preámbulos y será aplicable con respecto a las cuestiones relacionadas con la dote, a menos que se formule una objeción ante el tribunal competente.
•Los hombres que celebren un contrato de matrimonio fuera del tribunal serán condenados a una pena de prisión no inferior a seis meses ni superior a un año, o a una multa de 300 dinares como mínimo y 1.000 dinares como máximo. Si un hombre contrae otro matrimonio fuera del tribunal cuando ya está casado, la pena de prisión será de entre 3 y 5años.
Recomendación 47
Por medio de la Decisión núm. 175 (2015) del Gabinete se excluyó a las viudas del despido de personal burocrático.
A través de una decisión del Consejo Nacional de la Vivienda, se redujeron en un 75% los costos de las unidades de vivienda en complejos residenciales que ya se han entregado o que se entregarán en el futuro a los grupos necesitados, incluidas las viudas, en virtud de una decisión de la Secretaría delGabinete.
El 5% de las viviendas construidas por el Ministerio de Reconstrucción, Vivienda, Municipios y Obras Públicas se destinan a las viudas que no están inscritas en el registro de la Fundación de los Mártires o que son parientes cercanas de víctimas del terrorismo; las viviendas se venderán a la mitad de precio y se abonarán a plazos a lo largo de 25 años.
Por medio de la Decisión 363 (2017) del Gabinete se aprobó la adopción de la base de datos de la pobreza diseñada por el Ministerio de Planificación, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, como pilar fundamental en la planificación y aplicación de políticas y programas sociales dirigidos a los pobres.
La Secretaría del Gabinete ha dado instrucciones a todas las instituciones del Gobierno de seleccionar a las viudas para la concesión de préstamos en condiciones favorables y la asignación de unidades de vivienda. Por consiguiente, ahora más de 500 viudas cuentan con un techo, con un descuento del 75% y un cómodo pago a plazos del importe restante.
Un total de 398 mujeres, incluidas 19 viudas, han recibido préstamos en el marco del programa de reducción de la pobreza.
La Sección de Mejora de la Comunidad del Departamento de Préstamos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales concede préstamos de explotación a hombres y a mujeres con un 50% de discapacidad como mínimo según un informe médico. Además, se otorgan préstamos de hasta 3 millones de dinares a las mujeres que son cabezas de familia (es decir, viudas). Aproximadamente 22 viudas se han beneficiado de estos préstamos de mejora comunitaria.
El Departamento de Formación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales enseña a las alumnas habilidades domésticas para ayudarlas a generar ingresos adicionales a la asistencia social que reciban. El objetivo es proporcionar un ingreso a las familias y lograr que las viudas y divorciadas puedan criar a sus hijos en elhogar.
Véase la respuesta a la recomendación 29.
El Departamento de Protección Social de la Mujer, dependiente del Organismo de Protección Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se creó específicamente para velar por el bienestar de las viudas y las divorciadas.
Véase el párrafo 68.
Recomendación 49
La pena de muerte solo se impone para los delitos más graves. Su carácter obligatorio depende de la ley, de las circunstancias del delito y del delincuente; no se absolverá ni se conmutará la pena, salvo de conformidad con la Constitución y la ley, aunque en la sección 5 del Código Penal (Ley núm. 111, 1969) se establecen varias justificaciones jurídicas y circunstancias atenuantes. En el artículo 130 del Código se dispone que, si existe una justificación atenuante por un delito que se castiga con la pena de muerte, la condena se reducirá a reclusión a perpetuidad, una pena de prisión inferior o un período de privación de libertad de un año como mínimo; si el delito se castiga con reclusión a perpetuidad o una pena de prisión inferior, la condena se reducirá a un período de privación de libertad de seis meses como mínimo, a menos que la ley disponga otra cosa.
En el artículo 132 se establece que, si el tribunal considera que las circunstancias de un delito grave o un delincuente exigen lenidad, podrá dictar una pena menor a la pena establecida para el delito, de la manera siguiente: 1) la pena de muerte podrá ser sustituida por la reclusión a perpetuidad o una pena de prisión de 15 años como mínimo; 2) la reclusión a perpetuidad podrá reemplazarse por una pena de prisión inferior; 3) la pena de prisión inferior podrá ser sustituida por un período de privación de libertad de seis meses como mínimo.
Las circunstancias en las que se exime al delincuente de la pena o se le aplica una pena reducida para los diferentes tipos de delitos se definen en otras partes del Código Penal, como los artículos 59, 199, 218, 229, 273, 258, 303 y 311. Esas disposiciones otorgan a los jueces amplias facultades discrecionales a la hora de determinar las sanciones apropiadas para los condenados, lo que les permite tener en cuenta las circunstancias del delito y del delincuente. En caso de que se violen las garantías procesales, las sentencias y las resoluciones dictadas por el tribunal puede ser recurridas por el representante del Ministerio Público, la parte acusada o su abogado, o la parte civil, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal (Ley núm. 23, 1971, en su forma enmendada). La sentencia o resolución también puede ser impugnada por casación ante el Tribunal Federal de Casación o el tribunal penal actuando como tribunal de casación. Es posible corregir la sentencia de casación y ordenar un nuevo juicio de conformidad con los artículos 249 a 279 del Código de Procedimiento Penal.
Se ha promulgado la Ley núm. 62 (2017), por la que se anula la Decisión núm.1631 (1980)del disuelto Consejo del Comando Revolucionario de la República del Iraq, ya que era incompatible con las penas por otros delitos de robo contemplados en el Código Penal (Ley núm. 111, 1969).
Procedimientos anteriores a la ejecución de la pena de muerte
Para que se ejecute la pena de muerte, deben cumplirse las condiciones siguientes:
a)El condenado solo podrán ser ejecutado una vez que la sentencia sea definitiva y que haya sido ratificada por el Tribunal Federal de Casación.
b)Las personas que hayan sido condenadas a muerte por algún tribunal iraquí solo podrán ser ejecutadas tras la emisión de un decreto de la República firmado por el Presidente de la República.
c)El condenado deberá permanecer en prisión, en el lugar designado para las personas en espera de ejecución.
d)Los familiares del condenado tienen derecho a visitar a la víctima en la cárcel en la víspera del día de su ejecución; las autoridades penitenciarias tienen la responsabilidad de informar a sus parientes en consecuencia.
Ejecución de la pena de muerte
Los artículos 285 y 293 del capítulo 2 del libro 5 del Código de Procedimiento Penal (Ley núm. 23, 1971) establecen la forma en que se llevará a cabo la pena de muerte dictada contra una persona declarada culpable de haber cometido un delito. Los artículos 288 y 289 del Código describen la forma en que se ejecutará la pena de muerte, según se indica a continuación:
1.La persona condenada deberá ser llevada al lugar de ejecución dentro de la prisión; el director de la prisión deberá leer el decreto de la República relativo a la ejecución de la sentencia en el lugar de la ejecución, en audiencia de todos los presentes. Si el condenado desea formular una declaración, el juez deberá llevar un registro de esta, con la firma del comité de ejecución.
2.La pena de muerte se ejecutará por ahorcamiento hasta el fallecimiento en el interior de la prisión o en cualquier otro lugar en virtud de la ley.
3.El comité de ejecución, integrado por un juez del Tribunal de Faltas, un miembro del Ministerio Público, un representante del Ministerio del Interior, el director de la prisión y el médico de la prisión u otro médico designado por el Ministerio de Salud, presenciará la ejecución; el abogado del condenado podrá asistir si así lo solicita.
4.Una vez ejecutada la sentencia, el director de la prisión hará el informe sobre la ejecución, en la que el médico confirmará el fallecimiento y la hora de la muerte; el comité de la ejecución deberá firmar el informe.
La pena de muerte se aplicará de este modo a las personas condenadas por determinados delitos.
Restricciones relativas a la ejecución de la pena de muerte
La pena capital no puede llevarse a cabo en días feriados ni en las festividades religiosas del condenado, ya que estos días son sagrados a nivel nacional y religioso. El artículo 290 del Código de Procedimiento Penal (Ley núm. 23, 1971) está en consonancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal Militar (Ley núm. 30, 2007) a este respecto.
El artículo 2 (primero) de la Constitución dispone que “el islam es una fuente básica de legislación”, al mismo tiempo que el párrafo a) de dicho artículo establece que “no puede promulgarse ninguna ley contraria a las disposiciones del islam”. La sharia islámica parte de la base del principio del derecho a la vida y de que la retribución es un elemento disuasorio contra la delincuencia. Aunque el islam tiende en todo momento hacia el indulto (ya que el indulto está más cerca de la piedad), la pena de muerte es necesaria para garantizar la protección y la seguridad de lacomunidad.
El artículo 150 del Código Penal (Ley núm. 111, 1969, en su forma enmendada) establece los motivos para la prescripción de un delito, incluida la amnistía general. La amnistía puede ser general o especial. La amnistía general se dicta por ley y da lugar a la prescripción del caso y a la anulación de la condena. Quedan prescritas todas las penas principales, incidentales y complementarias, así como las medidas cautelares, pero no tiene ningún efecto en las sanciones aplicadas previamente, a menos que la ley de amnistía disponga otra cosa. La amnistía especial se dicta por medio de un decreto de la República y conlleva la prescripción total o parcial de una sentencia en la que se ha llegado a un veredicto definitivo o su conmutación. Salvo que el decreto de amnistía indique lo contrario, la amnistía especial no conlleva la prescripción de las penas incidentales y complementarias, de otros efectos parciales ni de las medidas cautelares, y no tiene ningún efecto en las sanciones aplicadas previamente.
El artículo 73 (primero) de la Constitución confiere al Presidente de la República la facultad de otorgar un indulto especial por recomendación del Primer Ministro, excepto en el caso de las reclamaciones privadas o las personas condenadas por delitos internacionales, delitos de terrorismo o corrupción financiera y administrativa.
El artículo 287 del Código de Procedimiento Penal (Ley núm. 23, 1971) dispone lo siguiente: a) si se descubre que una mujer condenada está embarazada cuando llega la orden de ejecución, el director de la prisión deberá avisar al jefe del Ministerio Público, quien presentará un memorando al Ministro de Justicia para retrasar la ejecución de la sentencia o conmutarla. El Ministro de Justicia presentará el memorando al Presidente de la República. La ejecución de la sentencia se aplazará hasta que el Ministro de Justicia dicte una nueva orden de conformidad con la decisión del Presidente. Si la nueva orden exige la ejecución, la pena capital se llevará a cabo una vez transcurridos cuatro meses a partir de la fecha del parto, independientemente de que este se produzca antes o después de la llegada de la orden; b) el párrafo a) se aplicará a las condenadas que den a luz antes de la llegada de la orden de ejecución y cuando hayan transcurrido menos de cuatro meses desde el parto. La pena no se ejecutará hasta que hayan transcurrido cuatro meses desde la fecha del parto, incluso aunque llegue una orden que reafirme la ejecución.
El apartado c) del artículo 37 (primero) de la Constitución dispone que “todas las formas de tortura psicológica y física y de trato inhumano están prohibidas. Las confesiones obtenidas mediante coacción, amenazas o tortura no serán admitidas y la víctima tendrá derecho a solicitar una indemnización por los daños materiales y morales sufridos, de conformidad con la ley”.
La legislación iraquí contiene una serie de medidas destinadas a castigar a las personas implicadas en violaciones de los derechos humanos, como torturas y otros tipos de castigos o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o violaciones de las libertades fundamentales. Los artículos 333 y 421 del Código Penal (Ley núm. 111, 1969, en su forma enmendada) hacen una clara referencia al castigo de las personas que practican cualquier forma de tortura, ya sea directamente o mediante incitación. En la segunda sección del capítulo relativo a las libertades en la Constitución de 2005 figuran otras disposiciones pertinentes, mientras que las garantías de protección para las personas acusadas se presentan en los artículos 92, 123 a 128 y 156 del Código de Procedimiento Penal.
La cámara legislativa aborda el delito de tortura en el artículo 333 del Código Penal, donde se establece que cualquier agente o funcionario público que torture u ordene la tortura de un acusado, testigo o experto con el fin de obligarle a confesar un delito, formular una declaración, proporcionar información, ocultar información o dar una opinión al respecto será condenado a una pena de prisión o reclusión. En el Código se considera tortura el uso de la fuerza o la amenaza. Además, los legisladores iraquíes se toman muy en serio la tortura psicológica y la consideran equivalente a la tortura física. Esto se indica expresamente en el artículo 421 del Código Penal, relativo a la detención y la privación de libertad de manera ilegal, donde el párrafo b) dispone que habrá una circunstancia agravante “si el delito va acompañado de la amenaza de muerte o de torturas físicas o psicológicas”.
En el párrafo 2 de la sección 3 (sanciones) de la orden núm. 7 de la disuelta Autoridad Provisional de la Coalición, se establece que “la tortura y otros castigos o tratos crueles, degradantes o inhumanos están prohibidos”. La cámara legislativa también considera la tortura como un delito. Así, el artículo 332 del Código Penal establece lo siguiente: “todo funcionario o empleado público que utilice su cargo para infligir crueldad a otra persona, violando por tanto su dignidad y honor o causándole sufrimiento o lesiones, será castigado con una pena de prisión de un año como máximo y/o una multa no superior a 100 dinares, sin perjuicio de cualquier pena más grave que exista en la legislación”.
La cámara legislativa ha adoptado un enfoque amplio para hacer frente a los efectos de la tortura en todas sus formas. De hecho, el memorando núm. 3 de la Autoridad Provisional de la Coalición modificó el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal (Ley núm. 23, 1971), donde se prevé que las confesiones no podrán haber sido obtenidas mediante coacción.
El Servicio Penitenciario del Iraq cuenta con secciones especiales para las mujeres que se encuentran en prisión preventiva. Estas trabajan en coordinación con el Consejo Judicial Superior para completar la documentación legal de los casos. Una vez asignadas a la sección adecuada en función del grupo de edad, el tipo de delito y la duración, las mujeres pueden designar a un abogado para el seguimiento de sus casos ante los tribunales. Se las alienta a matricularse en los cursos de capacitación que prefieran, de conformidad con sus capacidades mentales y físicas. Se celebran cursos de talleres especiales, por ejemplo, de corte y confección, bordado y peluquería. Se permite a las mujeres beneficiarse de lo que aprenden en estos cursos a fin de ganarse unos ingresos modestos para satisfacer sus necesidades materiales. También asisten a clases sobre conocimientos generales, educativas y religiosas como parte de un programa de alfabetización, y tienen la oportunidad de completar sus estudios. Se ofrece orientación religiosa.
El Servicio Penitenciario del Iraq recibe a mujeres detenidas de las comisarías de policía durante todo el día para evitar que pasen más de 24 horas en un centro de detención. El proceso de admisión requiere una orden dictada por el juez de instrucción. Se comprueba el expediente de las mujeres detenidas, que engloba también la orden, el documento sobre el estatuto personal y el documento de identidad. El Instituto de Medicina Forense lleva a cabo un examen para comprobar si existen señales externas de violencia o tortura y, si la detenida está embarazada, se realiza una ecografía. Después, la detenida firma el informe médico y estampa en él su huella dactilar para confirmar que la información es correcta. Si se detectan señales externas de violencia o tortura, se informa de ello al Ministerio Público y se inician los procedimientos judiciales. La detenida recibe productos básicos, como mantas, materiales de limpieza y una cama, de conformidad con las normas. Todos los objetos de valor, como las joyas de oro, se custodian de forma segura; las detenidas tienen acceso a ellos. Las detenidas son llevadas ante el tribunal sobre la base de una orden dictada por un órgano judicial competente, junto con un equipo de la sección de traslado de personas detenidas y el tribunal. Una guardia del Servicio Penitenciario permanece con las detenidas hasta que se dicta una orden judicial para su puesta en libertad o su regreso al lugar de detención hasta que se tome una decisión sobre sucaso.
En el Servicio Penitenciario del Iraq ingresan las mujeres condenadas con arreglo a las mismas normas que las mujeres detenidas. Se abre un expediente para la reclusa y se emite una tarjeta especial. El Servicio se pone en contacto con el órgano que impone la pena y el registro penal para confirmar la exactitud de la información. Se aloja a las reclusas en función del tipo de causa y de la duración de la sentencia hasta la finalización de su condena y su puesta en libertad. Se ofrecen programas de capacitación y cualificación a las reclusas. La división jurídica presta apoyo jurídico pleno para facilitar los procesos de ingreso y puesta en libertad. Las reclusas son puestas en libertad el mismo día que el tribunal ordena su liberación. A menos que se solicite la suspensión de la puesta en libertad, son liberadas directamente sin contactar con el órgano que impone la pena. Las reclusas pueden recibir visitas periódicas de sus abogados, salvo los días feriados.
En cuanto las reclusas ingresan en prisión, se realizan los preparativos para alojarlas. Reciben atención psicológica y social, y se presta apoyo psicológico como parte del proceso de ingreso en prisión.
En virtud de la legislación, las reclusas pueden cuidar de sus hijos hasta la edad de tres años. Se proporciona una zona especial adecuada a las necesidades de las reclusas embarazadas, las madres lactantes y los niños, en lo que respecta al alojamiento, la alimentación y el tratamiento.
En la medida de lo posible, las reclusas se encuentran en las zonas donde viven o cerca de ellas para facilitar el contacto con la familia.
Se lleva un registro de la información personal y familiar de las reclusas y sus hijos a fin de proporcionar los medios de apoyo adecuados; dicha información es confidencial.
Se proporciona alojamiento a las reclusas con una iluminación, una ventilación, un aire acondicionado y unas instalaciones sanitarias adecuados a fin de lograr un entorno sano para las reclusas y los niños.
Las reclusas reciben atención sanitaria, incluso mediante reconocimientos, en los centros médicos penitenciarios supervisados por personal especializado. Se abre un expediente sanitario para cada reclusa, el cual contiene toda la información para que reciban el tratamiento apropiado.
Las familias reciben una notificación si las reclusas tienen un accidente o contraen una enfermedad crónica.
Las reclusas reciben las comidas pertinentes tres veces al día, prestando la debida atención a las pacientes de enfermedades crónicas y las reclusas con hijos.
Las reclusas pueden mantener contacto con el exterior por medio de visitas oficiales al menos dos veces al mes.
A fin de salvaguardar su salud, las reclusas reciben asesoramiento e instrucciones sobre la necesidad de evitar los peligros de las sustancias prohibidas, en particular los estupefacientes.
Para mantener el vínculo familiar, el contacto entre las reclusas y sus hijos, especialmente aquellos de una determinada edad, está garantizado a través de las visitas oficiales.
Si el diagnóstico médico así lo exige, las reclusas son trasladadas al hospital para someterse a una intervención quirúrgica. Las reclusas también son trasladadas al hospital para dar a luz. El lugar de nacimiento no se registra en el certificado denacimiento.
Las áreas, los cuartos y los efectos personales de las reclusas se inspeccionan de una manera que salvaguarda su dignidad y sus derechos.
Las reclusas se matriculan en cursos de capacitación y cualificación adecuados a sus capacidades mentales y físicas a fin de ocupar su tiempo libre y aprender las profesiones y los oficios que necesitarán tras su puesta en libertad.
Las reclusas que incumplen las normas reciben un trato acorde a los principios de derechos humanos y una sanción conforme al reglamento. El castigo es aprobado por un comité especial de investigación, habida cuenta del estado psicológico y social de la reclusa.
Existen buzones de quejas situados en el interior de las cárceles de mujeres, para que las reclusas puedan ejercer su derecho a presentar una denuncia si han sido objeto de malos tratos por parte de las autoridades penitenciarias. También hay buzones de quejas en las zonas de visita, donde las familias de las reclusas puedan presentar denuncias.
A fin de garantizar su bienestar, las medidas físicas de retención no se utilizan con las reclusas durante el parto ni inmediatamente después de este.
Las reclusas con necesidades especiales reciben los medios vitales necesarios durante su encarcelamiento; por ejemplo, sillas de ruedas, muletas, retretes accesibles y los tratamientos adecuados.
Se trabaja en coordinación con los órganos y las instituciones pertinentes por encontrar un alojamiento adecuado para las reclusas tras su puesta en libertad una vez cumplidas sus condenas, en particular las reclusas que no tienen ningún sostén económico ni ninguna familia, o aquellas que se tema que podrían ser asesinadas o volver a una vida de delincuencia.
El Ministerio de Educación proporciona a las reclusas las condiciones necesarias para que estudien y aprendan durante el encarcelamiento, ya sea a nivel de la alfabetización básica o en otros niveles de enseñanza.
La mayoría de las grandes cárceles modelo adscritas al Servicio Penitenciario del Iraq han sido objeto de ataques y actos de sabotaje por parte de los terroristas, en particular las bandas terroristas del EIIL. La solución adoptada por el Servicio es construir grandes cárceles modelo, como Al‑Hilla, y ampliar otras, como la prisión central de Al‑Nasiriya.
En lo que respecta a la prestación de cuidados de salud adecuados, en particular para las reclusas embarazadas, cada una de las secciones del Servicio Penitenciario del Iraq que alberga a reclusas cuenta con un centro de salud integrado por doctoras y enfermeras empleadas por el Ministerio de Salud, así como mujeres guardias. Para las intervenciones quirúrgicas o en caso de emergencia, las reclusas son trasladadas a hospitales externos. Los laboratorios de las prisiones cuenten con todos los equipos necesarios, incluidos los aparatos de ultrasonido. Un psiquiatra se encarga de realizar un reconocimiento médico a las reclusas que padecen enfermedades mentales. Esporádicamente, un dermatólogo también realiza un reconocimiento a las reclusas. Los reconocimientos se llevan a cabo en coordinación con el Ministerio de Salud.
Recomendación 54
El Iraq sigue estudiando la adhesión a determinadas convenciones internacionales, incluidas las convenciones de derechos humanos de las Naciones Unidas, y está formulando ideas para aplicarlas a nivel nacional, mientras espera el momento de seguir adelante. Cabe señalar que el Iraq ha concedido a la Alta Comisión Independiente de Derechos Humanos la facultad de recibir denuncias de particulares. Se trata de una de las medidas concebidas para preparar el terreno para la adhesión al Protocolo Facultativo.
La enmienda al artículo 201.1) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es uno de los temas que se están estudiando actualmente.
Recomendación 55
El Iraq ha adoptado la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing como marco de referencia para todas sus políticas destinadas a mejorar la posición de la mujer y erradicar la discriminación por razón de género.
Recomendación 56
El Iraq está a la vanguardia de las naciones que supervisan el avance de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las mujeres iraquíes se han enfrentado a muchas dificultades y han soportado las mayores cargas durante los últimos años debido a los problemas y los cambios ambientales, sociales y económicos, además de las responsabilidades que deben asumir respecto al cuidado de la familia. Esto ha llevado a los interesados deseosos de cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a proseguir con sus esfuerzos y formar comités y grupos de trabajo para incorporar la perspectiva de género y el empoderamiento de la mujer en todas las esferas de la actividad para el desarrollo con miras a lograr la Agenda. La Agenda contiene 17 Objetivos y 169 metas, de los cuales 12 Objetivos incluyen la perspectiva de género y el empoderamiento de la mujer de una forma u otra. Estos Objetivos engloban 47 indicadores mundiales que tienen en cuenta las cuestiones de género y 33 indicadores del empoderamiento de la mujer. En el anexoX figura una base de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, publicada por la Organización Central de Estadística en el informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Iraq en 2014, con una sinopsis de la situación después de 2015.
Cabe señalar que la perspectiva de género está integrada en los planes de desarrollo a corto y mediano plazo, con el objeto de alcanzar los Objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Se han creado dos equipos especializados (el Equipo de Desarrollo Humano y el Equipo de Población y Desarrollo) adscritos al Comité Nacional para el Desarrollo Sostenible y presididos por el Ministro de Planificación. Estos dos equipos están comprometidos a lograr la Agenda 2030, en particular el Objetivo 5 (igualdad de género).
Recomendación 57
Las recomendaciones y observaciones finales formuladas al Iraq tras el debate de su informe de 2014 se difundieron entre las instituciones del Estado a fin de que las examinaran y de que debatieran acerca de los métodos y los medios para su aplicación. El ahora extinto Ministerio de Derechos Humanos imprimió un folleto informativo donde figuraban las observaciones finales y el texto de la Convención, y se celebró un taller en colaboración con ONU‑Mujeres. Diferentes partes interesadas acudieron a dicho taller, entre ellas los órganos del poder legislativo, judicial y ejecutivo del Estado, los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. En el taller, se repartieron las observaciones finales y se distribuyó el folleto informativo entre los asistentes a fin de mantener a la sociedad iraquíinformada acerca de la Convención y las observaciones finales. Se adjunta unejemplar del folleto, que contiene el texto de la Convención y las observacionesfinales.
Recomendación 58
El Ministerio de Relaciones Exteriores busca incansablemente el apoyo de los órganos internacionales y ordena a las misiones iraquíes en el extranjero que se pongan en contacto y colaboren con ellos. De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, las recomendaciones de los comités creados en virtud de tratados y la resolución 28/32 del Consejo de Derechos Humanos, con relación a la asistencia técnica y el desarrollo de la capacidad para reforzar los derechos humanos en el Iraq a la luz de los abusos cometidos por las bandas terroristas del EIIL, la oficina de representación del Iraq en Ginebra ha formulado solicitudes periódicas a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra a fin de que preste la asistencia técnica en materia de derechos humanos solicitada por el Iraq. Como resultado de ello, la Oficina del Alto Comisionado, en colaboración con órganos iraquíes, ahora lleva a cabo cursos de capacitación sobre cuestiones relativas a los derechos humanos y la elaboración y redacción de los informes nacionales.
Los discursos de los diplomáticos iraquíes siguen mencionando la cuestión de la prestación de asistencia técnica al Iraq, en particular apoyo material y psicológico a las mujeres víctimas de la violencia sexual como consecuencia de los abusos cometidos por las bandas terroristas del EIIL después de 2014. Sus discursos también hacen referencia a la necesidad de que varios órganos de las Naciones Unidas presten apoyo a los programas del Gobierno iraquí en esta esfera.
El 26 de noviembre de 2016, el Secretario del Gabinete, en colaboración con la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI), organizó un grupo de debate titulado “El papel de la sociedad civil en la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas, y las medidas destinadas a protegerlas”.
En 2016, la Sra. Dina Zorba fue nombrada representante de ONU‑Mujeres en el Iraq.
El Iraq fue uno de los patrocinadores de la resolución A/C.3/71/L.15/REV.1, relativa a la intensificación de los esfuerzos mundiales para la eliminación de la mutilación genital femenina, aprobada por consenso el 7 de noviembre de 2016.
El Iraq votó a favor de la resolución A/C.3/71/L.21/REV.1, sobre la intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas deviolencia contra la mujer y la niña: prevención y eliminación de la violenciadoméstica.
El Iraq, representado por el Secretario del Gabinete, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la región del Kurdistán, participó en el 61er período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el 13 de marzo de 2017. Se formularon tres declaraciones en otros diálogos ministeriales interactivos sobre la condición de la mujer.
Recomendación 59
El tema de la posible adhesión del país a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares sigue siendo objeto de debate, ya que los criterios de la Convención son incompatibles con las disposiciones de la legislación vigente, por ejemplo, la Ley sobre las Pensiones y la Seguridad Social de los Trabajadores, la Ley del Trabajo, la Ley de Organización Sindical, la Ley de Protección Social y las instrucciones emitidas conforme a estas, en particular las relativas al empleo de los extranjeros en el Iraq; los criterios tampoco se ajustan a los mecanismos nacionales.
El comité central, creado por la Orden ministerial núm.11/11/496 (19 de junio de 2016), que es responsable de la elaboración y redacción de informes relativos a tratados, recomendó que el Iraq no ratificara la Convención en el momento actual por las razones explicadas en el párrafo 350.