Información suministrada por España en relación con el seguimiento de las observaciones finales sobre su noveno informe periódico *
* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.
[Fecha de recepción: 6 de marzo de 2026]
I.Información adicional relativa a las observaciones finales (CEDAW/C/ESP/CO/9)
A.Información relativa al párrafo 18 c)
Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer
La igualdad de género es uno de los cuatro ejes transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España. La dimensión de género se integra explícitamente en los componentes más relacionados con la transición ecológica: C1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos; C2. Plan de Rehabilitación de vivienda y regeneración Urbana; C4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad; C5. Preservación del litoral y recursos hídricos; C7. Reformas e inversiones para el despliegue e integración de energías renovables; C8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento; C9. Reformas e inversiones en Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial y C.10. Reformas e inversiones para la Estrategia de transición justa e inclusiva.
Una de las líneas prioritarias del acuerdo de Declaración del Gobierno ante la emergencia climática y ambiental es, precisamente, garantizar la reducción de la desigualdad y la participación activa y en igualdad de condiciones de las mujeres en la transición energética, teniendo en cuenta el diferente impacto en mujeres y hombres de la misma y abordando la integridad de los procesos desde la perspectiva de género. Coherente con ello, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, en su artículo 2.i, establece la igualdad entre mujeres y hombres como uno de sus principios rectores, y en el artículo 27.3 dispone que la Estrategia de Transición Justa, así como sus instrumentos de aplicación y desarrollo, se elaborarán teniendo en cuenta la perspectiva de género y velarán por los principios de inclusión social y accesibilidad universal. Asimismo, sus artículos 37.2 y 39.1 requieren una composición equilibrada de mujeres y hombres en el Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética y en la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático a nivel Nacional, respectivamente. Además, su Disposición final cuarta requiere desagregación por sexo de los datos sobre riesgos de mortalidad y morbilidad derivados de las altas temperaturas y, en particular, aquellos que afectan a poblaciones vulnerables.
De igual modo, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030(PNACC) ha incorporado la integración del enfoque de género como línea de acción transversal para dar respuesta al efecto desigual del cambio climático en mujeres y niñas, y promover su papel como agentes del cambio. Esta línea de acción se debe aplicar transversalmente a todos los ámbitos sectoriales del PNACC (agua, energía, etc.). Para ello, se establece que: 1) se recogerán datos sobre exposición, vulnerabilidad e impactos del cambio climático desagregados por sexo y se desarrollarán indicadores específicos para entender las desigualdades por razón de género y favorecer la adaptación con perspectiva de género; 2) se considerarán las diferencias de género en cuanto al acceso a la información y formación, la percepción del riesgo, los comportamientos ambientales y los estilos de vida; y 3) las mujeres serán consideradas como agentes activas de cambio, favoreciendo su acceso a posiciones de liderazgo, sus capacidades de resiliencia y decisión, su participación plena, igualitaria y significativa en los principales foros de toma de decisiones y la consideración de sus aportes sobre soluciones.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) recoge también el firme compromiso con la perspectiva de género y destaca la necesidad de atraer talento al sector de las energías renovables reforzará la participación de las mujeres en condiciones de igualdad. Coherente con ello, la posterior actualización del PNIEC al periodo 2023-2030 incluye una medida específica sobre perspectiva de género, y además integra el enfoque de género transversalmente en otras medidas y partes del Plan.
La Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP) Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050) incluye la igualdad de género como uno de los factores transversales en la neutralidad climática, con varias líneas de actuación para ello.
Por otra parte, la Estrategia de Almacenamiento Energético (EAE) reconoce entre sus retos sociales y ambientales la igualdad de género como factor transversal en la transición ecológica, y en ese sentido señala que se debe, por tanto, potenciar el impacto de género positivo en la transición hacia una economía climáticamente neutra, prestando especial atención a cuestiones como lograr una representación equilibrada entre mujeres y hombres y su participación plena, igualitaria y significativa a todos los niveles en la transición energética (un ejemplo de su aplicación es la Orden TED/1447/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).
En este mismo sentido, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2019-2024 señala que es necesario avanzar en la disponibilidad de datos estadísticos desagregados por sexo para mejorar el conocimiento de la situación y evolución de la pobreza energética con perspectiva de género.
Asimismo, la Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030) señala que su transversalidad se canalizará a través de la sostenibilidad económica y social (incluido el enfoque del género) y ambiental, en consonancia con un nuevo modelo que promueva la protección del medio ambiente y la transformación del sistema productivo y, al mismo tiempo, el progreso, el bienestar social y la igualdad de género. Por ello, las ayudas para el impulso de la Economía Circular en el ámbito de la empresa, derivadas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) en Economía Circular, valoran que las entidades solicitantes dispongan de distintivos de igualdad y de mujeres en puestos de alta dirección.
En el ámbito específico de la descarbonización del transporte y la movilidad, el Gobierno está desarrollando diversas medidas para promocionar la igualdad de género en la política de transportes, eliminando potenciales barreras e incrementando la presencia de la mujer en la fuerza laboral de este sector —el 22 % en la UE—; mejorando la seguridad en los medios de transporte y la accesibilidad de las mujeres embarazadas o acompañando a menores.
Así, la planificación estratégica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible —Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, aprobada por Consejo de Ministros el 10 de diciembre de 2021— incluye diversas medidas en las líneas de actuación 1.5 —accesibilidad universal—, 8.3 —condiciones de trabajo en el ámbito del transporte—, y 8.4 —la mujer en el sector del transporte y la movilidad—.
Este enfoque estratégico se complementa con el desarrollo legislativo del Proyecto de Ley de movilidad sostenible, que cuenta con un artículo específico para las perspectivas de género e igualdad de trato y no discriminación en la movilidad, pues a pesar de la progresiva incorporación de la mujer en el sector, su presencia sigue siendo menor, lo que requiere una mayor implicación de las instituciones en la identificación de las barreras y la creación de recursos y análisis que corrijan la situación y generen un aumento del interés y la participación de las mujeres.
En línea con todo lo anterior, es importante destacar que los tres compromisos del Gobierno de España al Foro Generación Igualdad (FGI) tienen como Coalición de Acción prioritaria la Acción Feminista para la Justicia Climática (AFJC): Igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas en la transición ecológica en España; Fomento del emprendimiento verde y/o rural de las mujeres; el impulso a la integración del enfoque de género en la gestión de los recursos hídricos.
En el micrositio de igualdad de género de la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico puede consultarse información actualizada sobre integración sistemática de la perspectiva de género en el diseño y la aplicación de las políticas de cambio climático en España.
B.Información relativa al párrafo 27 a)
Trata y explotación de la prostitución
Durante la XIV Legislatura se trabajó en un Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres hu El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.manos con el entonces Ministerio de Justicia como proponente y los Ministerios de Interior, Igualdad, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como co-proponentes. Este Anteproyecto tras ser aprobado en primera vuelta en Consejo de Ministros decayó por la convocatoria de Elecciones Generales que se celebraron en julio de 2023.
El 8 de marzo de 2024, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, el texto de este Anteproyecto se retomó y se aprobó, en primera vuelta, por el Consejo de Ministros extraordinario. En esta ocasión con el Ministerio de Igualdad como proponente y el resto de los ministerios anteriormente indicados como co-proponentes.
Tras el trámite de audiencia e información pública, el Ministerio de Igualdad recibió informes de los departamentos ministeriales y las comunidades autónomas, así como del Foro Social contra la Trata con fines de explotación sexual. Se celebraron reuniones con entidades especializadas, con un grupo de expertas constituido a tal efecto y con los ministerios co-proponentes.
En el ámbito de la prevención, detección y lucha contra la trata de niñas, niños y adolescentes, el Ministerio de Juventud e Infancia ha aprobado partidas presupuestarias para el refuerzo de los sistemas de protección a la infancia en los territorios de primera llegada de infancia y adolescencia migrante no acompañada (en 2024, 57 millones para Canarias, 10,5 millones para Ceuta, 6 millones para Melilla). Existe además un Plan Operativo firmado junto a la Agencia de Asilo de la Unión Europea para la formación de profesionales en contacto con los niños, niñas u adolescentes migrantes no acompañados en diferentes materias, incluyendo esta perspectiva.
Además de esto, el Ministerio de Juventud e Infancia actualmente está tramitando un Real Decreto sobre los sistemas de acogimiento de niños, niñas y adolescentes para cuya elaboración se ha contado con organizaciones de la sociedad civil especializadas en la lucha contra la trata, y que prevé que se ahonde en la formación de las y los profesionales en esta materia, además de garantizar la atención específica necesaria a niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo que hayan sido víctimas de trata.
C.Información relativa al párrafo 39 a)
Mujeres de grupos desfavorecidos
Si bien no está prevista la aprobación de una ley orgánica específica para la participación paritaria de la población gitana en consultas institucionales, España sí ha adoptado medidas normativas y políticas que promueven la representación equitativa y la igualdad de trato en los órganos consultivos y espacios de participación del movimiento asociativo gitano.
En este sentido, destaca la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación que establece los principios generales que deben guiar la actuación de los poderes públicos en materia de igualdad, incluyendo por extensión la representación equitativa de mujeres y hombres en los órganos consultivos y de representación.
Asimismo, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano (CEPG), órgano colegiado interministerial, consultivo y asesor, a través del cual se confiere un carácter institucional a la colaboración y cooperación del movimiento asociativo gitano con la Administración General del Estado, incorpora de forma explícita la representación de mujeres gitanas en su estructura. En particular, el Real Decreto 891/2005, de 22 de julio, por el que se crea y regula el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, en su artículo 7.b) establece que, dentro de las 20 vocalías representantes de las organizaciones del movimiento asociativo gitano, dos deben ser de organizaciones de mujeres. La aplicación efectiva del Real Decreto se materializa a través de la Orden DSA/79/2022, de 31 de enero, que convoca el proceso selectivo para la designación de vocales del CEPG en representación del movimiento asociativo gitano. Dando efecto a lo establecido en el Real Decreto, se reservan al menos dos vocalías para entidades cuyos estatutos especifiquen que la actividad fundamental de las mismas tiene como fin principal la promoción de mujeres gitanas. Por otro lado, el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento Interno de este órgano establece que en su Comisión Permanente debe estar presente al menos una organización de mujeres gitanas.
Además, en línea con las prioridades marcadas por la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del Pueblo Gitano (2021-2030), el Consejo ha establecido un grupo de trabajo específico sobre “Igualdad de Trato, No Discriminación e Igualdad de Género”. La labor que desarrolla este grupo permite avanzar en la integración transversal del enfoque de género en el desarrollo de las políticas dirigidas a la comunidad gitana.
Por otro lado, en el marco de la V Semana Antirracista, celebrada en marzo de 2025, tuvo lugar el encuentro de mujeres gitanas del que surgió la propuesta de crear e institucionalizar una Red de Mujeres Gitanas que se adscriba al Ministerio de Igualdad y que responda a la necesidad de articular las políticas públicas desde un enfoque interseccional y con perspectiva de género. Esta Red garantizará que las mujeres gitanas participen activamente en el diseño, implementación y evaluación de las políticas que les afectan, promoviendo la representación y la autoorganización, y permitirá reconocer a las mujeres gitanas como expertas en sus propias necesidades y desafíos. La Red responde a las prioridades que define la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del Pueblo Gitano (2021-2030), que son: promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres gitanas; reducir las brechas de desigualdad en educación, empleo y salud y combatir la discriminación y los estereotipos.
D.Información relativa al párrafo 41 d)
Mujeres refugiadas y migrantes
En primer lugar, es importante señalar que la gestión (instrucción y tramitación) de todas las solicitudes de protección internacional que se presentan en los distintos puntos de formalización deben ser gestionadas por la Dirección General de Protección Internacional, con una sede única en Madrid. Por tanto, cabe incidir que existe una única sede de la Dirección General de Protección Internacional, no existiendo otras “oficinas de protección internacional”.
En este contexto, destaca también la contribución de la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+ del Ministerio de Igualdad, que participa en la revisión de los expedientes de protección internacional relativos a mujeres lesbianas, bisexuales y trans que han sufrido persecución o violencia en sus países de origen, en el marco de los trabajos de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR).
De igual modo, es significativo detallar que dentro del marco de la atención de emergencia de llegadas a costas realizado por la entidad colaboradora Cruz Roja Española (CRE), el Gobierno de España toma una serie de medidas especiales para el colectivo de mujeres migrantes, que tienen de por sí la consideración de perfil vulnerable.
Más allá de la primera comprobación de atención sanitaria que se realiza a todos los migrantes llegados, las diferencias en el procedimiento para el perfil de mujer migrante comienzan desde el inicio.
Además, en la fase de recogida de datos básicos de la persona para realizar la filiación hay diferencias para el perfil de mujer migrante. En esta fase, que se suele realizar en la primera sala del recurso de atención, se les asigna una serie de pulseras que sirven para identificar posibles vulnerabilidades que posteriormente se comprueban en una entrevista individual.
Las mujeres, los menores y las unidades vinculadas pasan a la zona de entrevistas individuales, para que, en un espacio más privado, se pueda abordar la identificación y primera confirmación de las posibles vulnerabilidades.
Una vez que la CRE realiza la atención en costas envía al equipo de traslados del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un primer informe donde detallan las posibles vulnerabilidades detectadas, entre ellas, la definición del género femenino y se especifica si la mujer está embarazada o no.
Respecto a la apertura de Comisarías de Policía en Ceuta, existen en Ceuta y en Melilla puntos de acceso de protección internacional que llevan tiempo operativos (concretamente en Ceuta junto al Paso Fronterizo Terrestre del Tarajal). Estos puntos de acceso están gestionados por personal funcionario de la Policía Nacional destinado en la respectiva Jefatura Superior y puntualmente reforzado con personal funcionario de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Asimismo, la instrucción, tramitación, resolución y notificación en su caso de la solicitud de protección internacional (competencia de la Dirección General de Protección Internacional) comienza toda vez que se ha formalizado previamente la solicitud de protección internacional. Esta formalización previa se realiza en las comisarías de Policía Nacional y comprende dos acciones:
•La toma de datos personales y reseña dactilar (sistema Eurodac);
•La realización de entrevista personal (artículo 17.4 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria).
Para llevar a cabo esta formalización de la solicitud de protección internacional debe obtenerse una cita previa. Existe, para ello, un enlace web donde se indica la vía (redirigiendo a web Policía Nacional) para presentar la solicitud de protección internacional en cada provincia, que para el caso concreto de Ceuta se encuentra habilitada la cita vía telemática.
Por otro lado, en relación con la referencia a la “implantación del nuevo sistema digital de seguimiento de casos”, cabe señalar que se está trabajando en el desarrollo de una nueva aplicación informática denominad LARES, en sustitución de la actual base de datos ASILO que data del año 1996.
La aplicación LARES dotará de mayor interoperabilidad al sistema de protección internacional, permitirá la digitalización de numerosas acciones y la introducción del expediente electrónico en el procedimiento de protección internacional, agilización de los trámites, y potenciará una mayor adaptación a las necesidades y retos actuales.
La puesta en funcionamiento de esta nueva herramienta se encuentra en fases muy avanzadas, estando ya totalmente implantada y en producción en todo lo referente al ámbito de las solicitudes de estatuto de apatridia. Asimismo, existe previsión de puesta en producción de manera progresiva y programada de todos los módulos de protección internacional (frontera, territorio y recursos), con el fin de estar en plena producción con LARES antes de la fecha límite de implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), junio de 2026. I.Información adicional relativa a las observaciones finales (CEDAW/C/ESP/CO/9).