Naciones Unidas

E/C.12/2010/SR.9

Consejo Económico y Social

Distr. general

18 de enero de 2011

Español

Original: inglés

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

44º período de sesiones

Acta resumida de la novena sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 7 de mayo de 2010, a las 10.00 horas

Presidente:Sr. Marchán Romero

Sumario

Examen de los informes

a)Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Informes periódicos segundo a cuarto de Mauricio

Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.

Examen de los informes

a)Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Informes periódicos segundo a cuarto de Mauricio(E/C.12/MUS/4; E/C.12/MUS/Q/4 y Add.1; HRI/CORE/MUS/2008)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Mauricio toma asiento a la Mesa del Comité.

2.El Sr. Servansing (Mauricio), al presentar los informes periódicos combinados segundo a cuarto de Mauricio (E/C.12/MUS/4) dice que Mauricio es una democracia multirracial y multicultural en funcionamiento, basada en los principios de la promoción y protección de los derechos humanos que están consagrados en la Constitución. Tiene un poder judicial dinámico e independiente y sólidas instituciones para garantizar los derechos de los ciudadanos, en particular la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Oficina del Defensor del Pueblo y la Oficina del Defensor de la Infancia. Se han aprobado leyes que corresponden a los instrumentos internacionales de derechos humanos en que Mauricio es parte, en particular leyes que permitieron el establecimiento de la Comisión de la Verdad y la Justicia. La Comisión empezó a funcionar el 1º de febrero de 2009, día en que se conmemora en Mauricio la abolición de la esclavitud. El mandato de la Comisión consiste en evaluar las consecuencias de la esclavitud y del trabajo mediante contratos de servidumbre desde el período colonial hasta el presente y recomendar la adopción de medidas para lograr la justicia social y la unidad nacional.

3.La Ley de igualdad de oportunidades se aprobó en 2008 y dispuso la creación de una división de igualdad de oportunidades dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de un tribunal de igualdad de oportunidades. Se están adoptando medidas para ofrecer apoyo financiero a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en pro del bienestar de los miembros desfavorecidos de la sociedad. Se ha establecido una serie de programas de apoyo para los grupos vulnerables, que se centran en la dotación de capacidad económica, la erradicación de la pobreza y la protección de las mujeres.

4.Mauricio es un Estado benefactor que ofrece servicios educativos y sanitarios gratuitos, pensiones de vejez universales, seguridad social y prestaciones para las viudas, los huérfanos y las personas con discapacidad, así como transporte público gratuito para los estudiantes y las personas de edad y programas de asistencia financiera para los necesitados. En los últimos cinco años el crecimiento económico ha sido constante, y Mauricio ya ha logrado la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La dedicación del Gobierno a la promoción y protección de los derechos humanos ha sido reconocida por una serie de instituciones regionales e internacionales.

5.Los informes periódicos segundo a cuarto combinados de Mauricio se han retractado después de la celebración de amplias consultas con todos los departamentos gubernamentales competentes, con las instituciones nacionales de derechos humanos y una serie de ONG que despliegan actividades en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales. Además de la información contenida en las respuestas del Estado parte a la lista de cuestiones del Comité (E/C.12/MUS/Q/4/Add.1), el orador señala a la atención del Comité el establecimiento de un programa de dotación de capacidad destinado a abordar los retos de preservar el bienestar al mismo tiempo que se realizan reformas, y que permite al Gobierno convertir la privación en una oportunidad de ajuste. El programa está dirigido a asegurar el ofrecimiento de formación y apoyo apropiados a las personas que han perdido el trabajo debido al cambio y la innovación, con el fin de reintegrarlos en el mercado laboral.

6.Mauricio ha ratificado la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y se han puesto en marcha un documento normativo nacional y un plan de acción para asegurar la integración socioeconómica de las personas con discapacidad. La política está destinada a garantizar que no haya discriminación contra las personas con discapacidad y empoderarlos para que puedan acceder al mercado de trabajo. En cuanto a los niños con discapacidad, se está formulando una política nacional en consulta con las ONG y otras organizaciones, y se están celebrando campañas de concienciación para informar a los padres y los niños por igual de los derechos de los niños con discapacidad. Se alienta a esos niños a que asistan a la escuela, y aquellos que no se pueden integrar en las escuelas generales son educados por ONG con la asistencia del Gobierno. Además, el Gobierno reembolsa los gastos de taxi para los estudiantes universitarios con discapacidad.

7.En el actual clima de crisis económica y financiera, Mauricio considera la protección y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales un proceso continuo, y no se siente satisfecho por sus avances. El Gobierno se ha comprometido a mantener el nivel más alto de los derechos humanos para lograr un cambio cualitativo de las vidas de todos los ciudadanos de Mauricio.

8.El Presidente invita a los miembros del Comité a formular preguntas relacionadas con los artículos 1 a 5 del Pacto.

9.El Sr. Kerdoun pregunta si los recursos naturales en Mauricio son propiedad del Estado o de los ciudadanos que poseen la tierra donde se encuentran esos recursos. Se pregunta qué medidas están adoptando para permitir al público beneficiarse directa o indirectamente de los recursos naturales del país. Quiere saber de qué forma el establecimiento de una zona económica exclusiva se ha visto afectado por la cercanía de las islas que se encuentran bajo la soberanía de otros Estados y qué ocurriría en caso de que decidieran también ampliar sus zonas económicas exclusivas. Pregunta también qué medidas se están adoptando para asegurar la protección de las zonas costeras.

10.El orador celebra el reconocimiento por el Estado parte de la necesidad de revisar su política de medio ambiente para lograr el desarrollo sostenible. Refiriéndose al plan de ocho puntos para fortalecer la política ambiental descrito en el párrafo 110 del informe del Estado parte, pregunta qué medidas se están adoptando para permitir al público participar en los procesos de adopción de decisiones en la esfera de la política ambiental y qué forma va a adoptar esa participación. Le interesa especialmente de qué manera funciona el sistema del Estado parte de quejas en línea sobre el medio ambiente, cómo se tramitan esas quejas y si existe un sistema de que criba para determinar las quejas falsas. Pregunta también cómo se propone el Gobierno fortalecer la aplicación de la política ambiental, y si las medidas de aplicación requieren la aprobación previa de los tribunales. La delegación debería aclarar quién se beneficiaría de la mejora del acceso a la justicia en ese ámbito.

11.Refiriéndose al artículo 2 del Pacto, observa que de acuerdo con el artículo 166 del informe del Estado parte, la ley prevé la distinción entre ciudadanos y no ciudadanos relacionada con la inmigración, los derechos de propiedad y el trabajo. Pregunta en qué consisten esas diferencias y qué medidas se están adoptando para impedir y superar la discriminación contra los trabajadores migrantes. Quiere saber si hay pruebas de inmigración ilegal y, de ser así, qué medidas se están adoptando para abordarla y cuántos inmigrantes indocumentados hay en Mauricio. Pregunta si el Estado parte tiene la intención de firmar y ratificar la Convención internacional sobre los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Tras observar que las condiciones de concesión de permisos de residencia y de trabajo a las personas que no son nacionales de Mauricio, según se describe en el párrafo 171 del informe, son discriminatorias, pregunta si están previstas medidas para superar ese tipo de discriminación.

12.El Sr. Riedel encomia al Estado parte por haber ratificado la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y pregunta si está dispuesto a considerar la posibilidad de retirar su reserva al artículo 11 de la Convención. Pregunta además si el Estado parte tiene previsto ratificar el Protocolo Facultativo de esa Convención y firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

13.Quiere saber si el Gobierno ha respondido a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hecha en 2007 de que la futura Constitución debería establecer explícitamente la protección y la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales. Inquiere en particular sobre si la Comisión de la Reforma Legislativa se ha ocupado de esa recomendación, dado que parte de su mandato consiste en mantener la Constitución constantemente bajo examen. Si bien los objetivos del plan estratégico de la Comisión de la Reforma Legislativa para 2010-2012 son loables, parece que la legislación nacional no hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en el Pacto. Aunque el artículo 16 de la Constitución contiene una cláusula sobre la no discriminación, ésta no es derecho aislado y no puede abordarse por la Comisión ni otro órgano junto con los derechos económicos, sociales y culturales, dado que esos derechos no tienen base jurídica en la legislación nacional. Pregunta si no ha llegado el momento de que el Estado parte modifique su legislación, en particular la Constitución, para incluir esos derechos.

14.El Sr. Atangana dice que el Comité agradecería contar con información actualizada sobre el número y el contenido de las peticiones recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos alegando violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, como se solicita en la pregunta 4 de la lista de cuestiones. Resulta difícil entender de qué forma las denuncias sobre violaciones de esos derechos se pueden llevar a los tribunales, dado que no están consagrados en la legislación nacional. Pregunta si tienen base los informes de que el Estado parte tiene previsto volver a introducir la pena de muerte y, de ser así, por qué razón.

15.El Sr. Sadi encomia al Estado parte por sus muchos logros, aunque pregunta si no se ven socavados por el aumento de los problemas relacionados con las drogas. El turismo está floreciendo y, sin duda alguna, es la raíz de esos problemas, pero resulta difícil comprender por qué el Estado parte no adopta más medidas para luchar contra el flagelo de las drogas.

16.Pregunta si existe una clara delimitación entre los mandatos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Defensor del Pueblo. Sería interesante saber hasta qué punto hay educación en materia de derechos humanos en las escuelas, el sector público y la judicatura, y cuál es el enfoque del Gobierno a la educación de derechos humanos en general. Se pregunta si la falta de atribuciones específicas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales indica que esos derechos no ocupan un lugar prioritario en el Estado parte.

17.Pregunta si algunas leyes sobre la condición jurídica de la persona están eximidas de la cláusula sobre la no discriminación de la Constitución a causa de la sensibilidad religiosa. De ser así, quiere saber si en el Estado parte la sensibilidad religiosa prevalece sobre las normas internacionales de derechos humanos.

18.La Sra. Bras Gomes dice que, puesto que sólo una parte del proyecto de plan nacional de acción sobre derechos humanos se ha dedicado a los derechos civiles y políticos, es motivo de decepción que el documento parezca asignarle tan poca importancia a los derechos económicos, sociales y culturales. Invita a la delegación a pronunciarse sobre los informes de que la comunidad criolla padece trato injusto y discriminación a causa de la pobreza.

19.Felicita al Estado parte por haber desarrollado y aplicado el programa "Los hombres como compañeros" y pregunta de qué forma ha contribuido a aumentar la igualdad entre hombres y mujeres. Agradecería recibir información sobre las disposiciones acerca del permiso de paternidad y quisiera saber si el permiso parental se comparte entre los hombres y las mujeres. También quisiera saber si el programa "Los hombres como compañeros" y otras medidas en pro de la igualdad de género han aumentado el porcentaje de mujeres en puestos de alto nivel. En general, sería útil disponer de ejemplos de la manera en que las diversas medidas para la igualdad de género han desembocado en una mayor igualdad.

20.El Sr. Abashidze pide más información sobre las medidas adoptadas para aplicar el Pacto en el Estado parte. Agradecería una explicación sobre el estatuto de los tratados internacionales en la legislación del país y dice que sería útil saber si el Estado parte tiene previsto incorporar los derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución.

21.Dado que el Tribunal Supremo es responsable por garantizar el cumplimiento de la legislación nacional, aunque no de las obligaciones internacionales del Estado parte, no comprende cómo puede dictaminar sobre las presuntas violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. De la misma manera, pregunta cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede recibir denuncias relacionadas con esos derechos. Cabe preguntarse qué obstáculos tiene el Estado parte en la incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución. Sería útil saber qué organismo es responsable de garantizar que la legislación nacional corresponda a las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado parte. Pregunta si el Tribunal Supremo ha adoptado una decisión o emitido una declaración sobre la necesidad de enmendar la legislación nacional para armonizarla con las obligaciones internacionales del Estado parte. ¿De qué forma el Estado parte garantiza que todos los ciudadanos tengan conocimiento de todos los recursos legales internos de que disponen, en particular a través de la Oficina del Defensor del Pueblo? Por último, pregunta qué pasos se están dando para aumentar la conciencia pública de los derechos económicos, sociales y culturales.

22.El Sr. Kedzia (Relator para el país) pide aclaraciones sobre el significado de la expresión "no se ha incorporado expresamente" en el párrafo 4 de las respuestas a la lista de cuestiones. ¿Significa esto que las disposiciones del Pacto se han incorporado de hecho en la legislación de Mauricio? También sería útil saber qué significa la oración "principios generalmente aceptados" del Pacto que figura en el mismo párrafo. Pide aclaraciones sobre el párrafo 29 del informe periódico; ¿debe deducirse que los tribunales tienen la facultad de interpretar los derechos que no están reconocidos en la legislación nacional?

23.Observa que la legislación nacional del Estado parte se ha desarrollado a partir de una mezcla de sistemas de derecho civil y derecho consuetudinario, y que los derechos a que se hace referencia en las frecuentes menciones de la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Defensor del Pueblo están relacionados con los derechos consagrados en la Constitución o los derechos protegidos por leyes del Parlamento. Por tanto, parece que los derechos económicos, sociales y culturales no están abarcados por la legislación ni otra forma de protección institucional, con la excepción de los derechos en la Constitución que son pertinentes para los ámbitos económico, social y cultural. Esta cuestión es motivo de gran preocupación para el Comité. Pregunta si los tribunales o el Defensor del Pueblo pueden pronunciar fallos sobre las infracciones de los derechos económicos, sociales y culturales, o si se necesitaría una ley del Parlamento para autorizarles a que lo hagan.

24.Sería útil conocer si la relación de motivos de discriminación prohibidos en los artículos 3 y 16 de la Constitución es abierta. En ese caso, pregunta si la discriminación por otros motivos, tales como la orientación sexual, ha sido prohibida. Pregunta también si es verdad que hay graves tensiones entre la mayoría hindú y la minoría musulmana, como se afirma en algunos informes que tiene ante sí el Comité. En ese caso, el Comité agradecería disponer de información sobre las medidas que se han adoptado para facilitar el entendimiento entre esos grupos.

25.La Sra. Barahona Riera solicita información adicional sobre la interpretación que se da al derecho a la vida en los fallos constitucionales y las decisiones de los tribunales. Pregunta si el Estado parte tiene la intención de reformar la Constitución para introducir los derechos económicos, sociales y culturales y para eliminar las disposiciones que parecen discriminar a las mujeres en cuanto a la herencia, el divorcio y la adopción. Por último, pregunta si la violencia en el hogar es un delito y, en caso afirmativo, qué sanciones se imponen a los autores de ese delito.

Se suspende la sesión a las 11.25 horas y se reanuda a las 11.55 horas.

26.El Sr. Servansing (Mauricio) dice que, en cuanto a la pena capital, el Primer Ministro siempre ha propugnado un enfoque estricto del delito y, presuntamente, ha hecho declaraciones a favor de volver a introducir la pena de muerte. Gracias a sus reformas, la delincuencia ha estado disminuyendo constantemente, aunque recientemente ha habido una serie de casos aislados de delitos graves que han causado indignación. La reciente campaña electoral se ha centrado en el orden público, y no es ningún secreto que el Primer Ministro desee adoptar medidas más firmes. Sin embargo, actualmente no hay ningún proceso legislativo que se esté desarrollando ni se prevé alguno. Si se introduce una medida semejante, será objeto de votaciones libres en la Asamblea Nacional, en que cada miembro vota de acuerdo con su conciencia.

27.Mauricio no se ha librado del problema mundial del aumento del uso indebido de drogas. Las pequeñas islas hacen frente a problemas especiales de salud y seguridad a ese respecto. La incidencia del uso indebido de drogas se ha extendido de pequeñas bolsas en el campo y se ha hecho más común, aunque sigue siendo un problema marginal. Sin embargo, los traficantes internacionales de drogas explotan cada vez más la vulnerabilidad geográfica de los Estados insulares, aprovechándose de la facilidad del suministro y del tránsito. Es imposible controlar todos los buques que entran ni, teniendo en cuenta la estrategia del país de incrementar el número de turistas a 2 millones al año, controlar a todos los pasajeros. Es cierto que a veces las tripulaciones de los aviones se han visto involucradas en el tráfico de drogas. El Gobierno está adoptando una estrategia triple para hacer frente al problema: en primer lugar, está celebrando campañas educativas, informativas y de sensibilización, apoyadas por el Organismo nacional para el tratamiento y rehabilitación de los toxicómanos; en segundo lugar, el Organismo administra cuatro centros residenciales y de rehabilitación y seis centros diurnos para toxicómanos; y en tercer lugar, la policía está tomando medidas enérgicas contra los traficantes de drogas, utilizando la tecnología más avanzada. Hay cooperación entre los departamentos gubernamentales y con otros países, en particular Madagascar, Francia y Seychelles, así como las organizaciones internacionales para el intercambio de información.

28.En cuanto a la incorporación de los derechos humanos en las leyes del país, recuerda que Mauricio es una sociedad multicultural, multirreligiosa y multiétnica. Ello significa que hay que buscar siempre un equilibrio entre las susceptibilidades de los diversos sectores de la población. Por consiguiente, el Gobierno ha adoptado un enfoque pragmático: no quiere crear problemas donde no existen por miedo a crear problemas más graves. La cuestión de los derechos tiene que equilibrarse con la armonía social.

29.A ese respecto, insiste en que en general en Mauricio predomina la armonía social, ya que no hay poblaciones indígenas al ser una creación colonial. Es cierto que siempre hay algunas personas menos favorecidas que otras. En el pasado, los antiguos esclavos estaban excluidos de la corriente principal y sigue habiendo algunos problemas con su integración. No obstante, la discriminación no es una política deliberada, sino un producto de la historia. El Gobierno ha adoptado una política positiva para ayudar a los criollos y a otros sectores más pobres estableciendo "zonas prioritarias de educación". La política de vivienda también está dirigida a proporcionar vivienda a los que no están plenamente integrados en la sociedad. La política gubernamental de desarrollo económico del país, el programa de apoderamiento y la acción afirmativa han conseguido evitar conflictos de envergadura y mitigar tensiones menores.

30.La Sra. Narain (Mauricio) dice que es cierto que los derechos económicos, sociales y culturales no están incorporados en la legislación interna del país ni en la Constitución, pero no porque no se les tengan respeto. Recuerda que la Constitución se introdujo en 1968 y desde entonces Mauricio ha atravesado épocas económicas difíciles. Además, para modificar la Constitución se requieren tres cuartas partes de los votos de la Asamblea Nacional. Aún así, tiene la satisfacción de informar al Comité de que se ha producido un acontecimiento importante en enero de 2010, cuando la Comisión de la Reforma Legislativa aprobó la preparación de un informe, con proyectos de ley, sobre reformas de la Constitución, en que se recomendaría que a la luz de la experiencia de otros países del Commonwealth, tales como la India, Sudáfrica y Trinidad y Tabago, se garanticen en la Constitución los derechos económicos, sociales y culturales. En estos momentos la Comisión está examinando la forma de incorporar en la Constitución el derecho a la educación, a la lengua y la cultura, a la vivienda y a los servicios básicos y al medio ambiente saludable y sostenible. Añade que en el pasado casi todas las recomendaciones de la Comisión se han llevado a la práctica. Además, en estos momentos hay un impulso político considerable, ya que el Gobierno saliente —que ha vuelto a ser votado— ha hablado de revisar la Constitución y establecer una Segunda República. Por tanto, existe la posibilidad de una reforma de gran alcance. Expresa la esperanza de que de esta forma sea posible que Mauricio acceda al Protocolo Facultativo del Pacto, dado que, después de las reformas, deberán existir los recursos internos que han de agotar los autores de las denuncias. Otra posibilidad es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda emitir fallos directos. La Comisión ha interpretado su mandato de forma que puede escuchar peticiones, pero no ha podido pronunciar fallos sobre las infracciones de los derechos económicos, sociales o culturales por falta de jurisdicción. Podría modificarse la ley que rige las actividades de la Comisión para aclarar su mandato. En cuanto al derecho a la vida, todavía no hay jurisprudencia alguna a este respecto, pero la Comisión interpreta su mandato de forma que ha de combatir la extrema pobreza y garantizar que se otorgue a los mauricianos más pobres un nivel de vida decoroso.

31.La oradora confirma que existe una zona económica exclusiva, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y una ley de Mauricio, la Ley de zonas marítimas, en torno a todas las islas de Mauricio, incluidas Rodrigues, Agalega, Cargados Carajos, el archipiélago de Chagos y Tromelin, que siempre estuvieron bajo la soberanía de Mauricio, a pesar de que actualmente el Gobierno no pueda ejercer su soberanía. El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha declarado unilateralmente la zona en torno al archipiélago de Chagos, que denomina territorio británico del océano Índico, una zona marina protegida. Mauricio ha rechazado esa declaración, ya que ha estado celebrando negociaciones bilaterales con el Reino Unido sobre la administración conjunta del archipiélago, y en estos momentos está tratando de obtener una reparación. El Estado parte también está negociando un plan de administración conjunta con Francia para la zona marítima en torno a la isla de Tromelin administrada por Francia. El plan incluiría la gestión compartida de sus recursos, en particular las poblaciones de peces. Las conversaciones no modifican la reclamación de Mauricio en cuanto a su soberanía sobre la isla. Se han firmado acuerdos de delimitación con Seychelles y Reunión de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Mauricio patrulla sus costas con buques y helicópteros. Las personas sorprendidas pescando de forma ilegal en las aguas territoriales de Mauricio son procesadas y pagan cuantiosas multas.

32.Los "permisos de ocupación" tienen por lo objeto atraer a inversores que traigan fondos a Mauricio y permitir que sus titulares trabajen y adquieran bienes. Otros extranjeros que quieran residir en Mauricio pueden solicitar un permiso de residencia. No obstante, deben responder a los requisitos de inmigración.

33.La ausencia de una mención específica de los derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución no significa que no se apliquen. Con arreglo al derecho consuetudinario, los ciudadanos pueden argumentar de forma razonable en el Tribunal Supremo que el Pacto, que ha sido ratificado por el Estado, debe aplicarse. La oradora está de acuerdo con que los derechos económicos, sociales y culturales deben aparecer en el Plan nacional de acción sobre derechos humanos del Estado parte.

34.Refiriéndose a las funciones de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice que el Defensor del Pueblo trata sobre todo de asuntos de mala administración, mientras que la Comisión tiene un mandato más amplio. La Comisión examina las violaciones de los derechos y libertades fundamentales en virtud del capítulo II de la Constitución e investiga ámbitos tales como las condiciones penitenciarias y el trato de las personas detenidas por la policía.

35.Las personas condenadas por haber agredido a sus cónyuges o parejas reciben duras sentencias. Sin embargo, la clave para combatir ese problema está en modificar la forma en que las personas, en particular los hombres, conciben los roles de género. El programa "Los hombres como compañeros" contribuye a cambiar esas actitudes. Las mujeres ocupan muchos puestos importantes en la administración pública, que se cubren sobre la base de los méritos. No obstante, no se ha logrado el equilibrio de género en todos los sectores de la economía porque no existe un plan concreto para lograr ese objetivo. Los hombres que hayan trabajado al menos 12 meses consecutivos tienen derecho a 5 días remunerados de permiso de paternidad con arreglo a la Ley de derechos laborales. La Ley de igualdad de oportunidades prohíbe la discriminación por motivos de condición, lo cual incluye la orientación sexual.

36.Las excepciones del artículo 16 de la Constitución, sobre la protección contra la discriminación, tienen en cuenta el derecho musulmán de las personas, en particular el divorcio y la sucesión. Un comité ha examinado todas las leyes para determinar las que se podrían considerar discriminatorias y ha presentado sus conclusiones al Gobierno con el fin de derogarlas.

37.El Sr. Mownah , respondiendo a las preguntas sobre la tramitación de las quejas acerca de los problemas ambientales, dice que también existe una línea telefónica directa para presentar esas quejas. En 2008, el Gobierno puso en marcha su programa Mauricio Sostenible para ocuparse de los problemas de sostenibilidad mediante proyectos de conservación y campañas de concienciación. Se ofrecen a los ciudadanos equipos de energía solar para calentar agua y de esta forma contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

38.El Ministerio de Educación, Cultura y Recursos Humanos está trabajando para incluir los derechos humanos en el programa escolar. Algunos conceptos ya se han incluido en los materiales de la escuela primaria, y se están preparando manuales para la escuela secundaria, aunque todavía queda por formar al personal para que pueda preparar el programa de derechos humanos e impartir la materia. Iniciativas tales como competiciones de poesía y canciones y debates públicos tienen por objeto aumentar la conciencia de los problemas de derechos humanos.

39.Refiriéndose a la cuestión de los trabajadores migrantes, el orador dice que la Ley de derechos laborales y la Ley de relaciones laborales garantizan el derecho de los trabajadores a presentar quejas contra los empleadores. Mauricio ha ratificado el Convenio relativo a los trabajadores migrantes (Nº 97) de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y, en ese contexto, fomenta la migración circular. Por ejemplo, un grupo de trabajadores enviados al Canadá volverá a Mauricio con nuevos conocimientos especializados y ahorros para empezar su propio negocio. El Ministerio de Trabajo inspecciona periódicamente los lugares de trabajo en que se emplea a migrantes para asegurar el cumplimiento de las condiciones de empleo. De los 30.000 trabajadores migrantes en Mauricio, hay aproximadamente 900 migrantes indocumentados cuyos casos están examinando las autoridades.

40.Las personas que tienen una grave discapacidad reciben una pensión básica de invalidez y, según proceda, una prestación para el cuidador. Tras la ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Gobierno puso en marcha un plan nacional de acción y una campaña de concienciación pública sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entre las medidas concretas figuran la formación y la creación de puestos en el sector de las tecnologías de la información para los jóvenes con discapacidad.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.