37° período de sesiones

Acta resumida de la 769ª sesión (Sala B)

Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 25 de enero de 2007, a las 10.00 horas

President a :Sra. Gaspard

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes deconformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)

Quinto y sexto informes periódicos combinados de Colombia

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)

Quinto y sexto informes periódicos combinados de Colombia (CEDAW/C/COL/6; CEDAW/C/COL/Q/6 y Add.1)

1.Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Colombia toman asiento a la mesa del Comité.

2.La Sra. Blum (Colombia) dice que los derechos de la mujer, la igualdad de oportunidades, la participación de la mujer y la diversidad son objetivos prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo. El poder ejecutivo ha formulado políticas y programas destinados específicamente a la mujer y se ha comprometido a incorporar la perspectiva de género en todas las actividades sectoriales. El Congreso Nacional ha aprobado leyes para eliminar las deficiencias del sistema y fortalecer la estructura institucional, económica y social en beneficio de la mujer. Los tribunales han realizado progresos en la mejora de la jurisprudencia para asegurar la conformidad con las normas internacionales y garantizar los derechos de las mujeres como personas. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo realizan un seguimiento para garantizar que el Estado cumpla sus obligaciones para con la mujer. La sociedad civil ha hecho importantes progresos en la aplicación de programas de promoción en favor de la mujer.

3.Reconociendo la importante función que desempeñan las normas, los objetivos y las estrategias acordados internacionalmente en la promoción y la protección de los derechos de la mujer, el Gobierno firmó la Convención en 1980 y la ratificó en 1982. El Congreso Nacional ratificó el Protocolo Facultativo en 2005 y el instrumento de ratificación se depositó en enero de 2007. Su delegación espera con interés poder entablar un diálogo constructivo con el Comité sobre la situación de la mujer en Colombia.

4.La Sra. Vázquez Zawadzky (Colombia), presentando el quinto y sexto informes periódicos combinados de Colombia, dice que, a la vista de las serias amenazas para sus instituciones democráticas, el Gobierno está decidido a fortalecer el imperio de la ley, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos y preservando la gobernabilidad democrática. En consecuencia, se está aplicando una política de seguridad democrática formulada para promover la seguridad, la equidad social y el desarrollo humano. Para lograr la equidad de género, el Gobierno está aplicando programas de acción afirmativa, una política de recuperación social y la incorporación de la perspectiva de género. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación se ocupan de la supervisión a fin de garantizar la aplicación de las políticas formuladas para proteger a la mujer, en particular en casos de violencia. La Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) prestan asistencia a las víctimas de la violencia mediante centros de atención integral. La Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar (Haz Paz) se ha formulado específicamente para abordar el problema de la violencia intrafamiliar. Otras políticas destinadas a promover la incorporación de la perspectiva de género son el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanosy Derecho Internacional Humanitario y el Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres, que promueven la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en todas las esferas de la sociedad.

5.El Gobierno ha fortalecido la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM), mecanismo nacional para el adelanto de la mujer, con objeto de que pueda asumir sus responsabilidades en la formulación y aplicación de políticas afirmativas en favor de la mujer y coordinar el proceso de transversalidad del enfoque de género con las entidades interesadas a nivel central, departamental y local.

6.En relación con la aplicación del artículo 5 de la Convención, dice que el Gobierno está trabajando para eliminar los estereotipos sexistas. El Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Comunicaciones y la CPEM han preparado una política sectorial sobre la radiodifusión en Colombia que aborda la cuestión de los estereotipos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está utilizando los medios de comunicación para aumentar la sensibilización con respecto al problema de la violencia intrafamiliar.

7.Volviendo al artículo 6, dice que el Gobierno ha ratificado el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y promueve la aprobación de la Ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma. En relación con los artículos 7 y 8, dice que en las recientes elecciones han votado más mujeres que hombres. Gracias a la Ley de Cuotas, la proporción de mujeres que ocupan puestos elevados en la administración ha aumentado tanto a nivel central como local. También se han aplicado programas para garantizar la participación de la mujer en la formulación de políticas y en las ONG. A nivel internacional, las mujeres representan a su país en condiciones de igualdad con los hombres en 131 puestos diplomáticos; hay 35 mujeres que son jefas de misiones diplomáticas. También hay mujeres representando a Colombia en varias organizaciones internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Mujeres.

8.Refiriéndose al artículo 10 de la Convención, dice que las mujeres y los hombres tienen igualdad de acceso a la educación y que la tasa de analfabetismo entre las mujeres ha disminuido. Como consecuencia de la reforma educativa, que incorpora la perspectiva de género, ha aumentado el porcentaje de mujeres en la enseñanza básica, secundaria y superior. En relación con el artículo 11, dice que la situación del empleo mejoró de manera significativa en 2002, puesto que disminuyeron el desempleo y el subempleo. No obstante, entre 2001 y 2004 la diferencia salarial media entre mujeres y hombres era de alrededor del 31% en el sector informal y del 17% en el formal. Mediante la CPEM se han llevado a cabo iniciativas de acción afirmativa para promover el empleo y el desarrollo empresarial de la mujer y permitir a las mujeres el acceso al sector financiero.

9.En el ámbito de la salud, que se aborda en el artículo 12 de la Convención, se han realizado importantes progresos en la promoción de la salud sexual y reproductiva. El porcentaje de mujeres embarazadas que no reciben atención prenatal en una institución sanitaria ha disminuido y el porcentaje de partos en ellas ha aumentado. Con respecto al artículo 14, dice que la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia (ANMUCIC) está representada en las Juntas Directivas del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha aplicado la perspectiva de género a la compilación de datos sobre diferentes aspectos de la vida rural, como las actividades generadoras de ingresos y las condiciones de vida. La política sobre manejo social del campo que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural alienta a las mujeres a participar en la formulación y ejecución de proyectos. Con respecto a los artículos 15 y 16, dice que las mujeres tienen la misma capacidad jurídica que los hombres, incluido el derecho a concertar contratos y administrar propiedades, a moverse libremente, a elegir su lugar de residencia y a contraer matrimonio.

10.Sobre otras cuestiones, señala que en mayo de 2006 la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias: cuando la vida o la salud de la mujer está en peligro, cuando el embarazo es fruto de una violación y/o cuando el feto está tan gravemente deformado que no sería viable la vida extrauterina.

11.Los mecanismos en vigor para el seguimiento y la supervisión de la legislación vigente y la aplicación de las decisiones judiciales son el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública (SINERGIA), el Sistema de Programación y Seguimiento de las Metas Presidenciales (SIGOB) en el ámbito de la política social y el Observatorio de Asuntos de Género (OAG). El Observatorio promueve la incorporación de la perspectiva de género y aporta información para la preparación de informes. Uno de los objetivos del Gobierno para el período de 2006-2010 es incluir la perspectiva de género en su agenda de política exterior y sus programas de cooperación internacional, con especial atención al desarrollo social. Los problemas que actualmente afronta Colombia son los de garantizar la continuidad de las políticas existentes, mejorar la calidad de la educación y su importancia para el mercado laboral, promover la división de responsabilidades en las tareas domésticas, aplicar una acción afirmativa para la mujer a nivel local, fortalecer ulteriormente el mecanismo nacional para la mujer, reducir todas las formas de violencia contra las mujeres, unificar la estrategia de incorporación de la perspectiva de género y aumentar la participación de mujeres en puestos electivos.

Artículos 1 a 6

12.La Sra. Šimonović pregunta qué medidas se han adoptado para asegurar que la Convención prevalezca sobre la legislación nacional y que se utilice para proteger los derechos de la mujer. ¿Hay algún mecanismo para vigilar la armonización de las leyes nacionales con la Convención? También desea saber si hay algún programa específico para dar a conocer a los miembros de la magistratura la Convención y el Protocolo Facultativo.

13.La Sra. Tavares da Silva, refiriéndose a la recomendación especial Nº 7, Programas de protección para los/as defensores/as y promotores/as de derechos humanos, señala que en el informe se describe la asistencia que presta el Gobierno a dos organizaciones de mujeres. Ha conocido por otras fuentes que algunas mujeres pertenecientes a una de esas organizaciones han sido objeto de ataques por motivos de género, y también sus hijos. Ellas se quejan de que la respuesta del Gobierno es inadecuada. Desea saber si el Gobierno tiene prevista alguna actuación ulterior para impedir tales situaciones y proporcionar protección cuando se produzcan. Agradecería recibir información sobre el resultado de la investigación realizada por el Fiscal General de la Nación en el segundo caso mencionado en el informe.

14.Muestra su preocupación por el uso que se hace en el informe de los términos “igualdad” y “equidad”. Aunque es consciente de que en español se utiliza mucho la palabra equidad, desea señalar que las dos palabras tienen significados diferentes. El concepto de igualdad es más preciso y objetivo, mientras que el de equidad es subjetivo y flexible; la Convención habla de igualdad. Desearía tener más información sobre el contenido de la decisión T-610, sobre el concepto de igualdad entre hombres y mujeres y de igualdad ante la ley.

15.La Sra. Chutikul dice que en el informe hay algunas discrepancias entre la descripción del mecanismo nacional para las cuestiones de la mujer, en la sección sobre la recomendación especial Nº 4, y la descripción de los mecanismos de seguimiento en la sección relativa a la recomendación especial Nº 2. En el primer caso parece que todo está funcionando muy bien, pero en el segundo da la impresión de que las cosas después de todo no son satisfactorias. Agradecería que se le diera información sobre el contenido del Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres, en particular si se abordan en él sobre todo asuntos de procedimiento o cuestiones sustantivas. También tiene interés en saber por qué, como se reconoce en el informe, el Acuerdo y la labor de la CPEM no han tenido repercusiones significativas en la estructura y los procesos del Gobierno.

16.Recibiría de buen grado información adicional sobre la labor y los logros de la Mesa Institucional de Enlaces de Género. No está claro si se trata del mismo órgano que el comité interinstitucional mencionado en las respuestas a la lista de cuestiones y preguntas. Por último, desea saber si los particulares pueden presentar reclamaciones relativas a las infracciones del principio de igualdad entre mujeres y hombres. ¿Utilizan con frecuencia las mujeres este servicio y es ampliamente conocido?

17.La Sra. Arocha, refiriéndose al plan del Gobierno de presentar al Congreso un proyecto de ley para fortalecer la CPEM, pide información sobre los principales cambios estructurales y funcionales que se proponen. Aunque el Gobierno declara en sus respuestas a la lista de cuestiones y preguntas que la CPEM puede mantener una interacción bastante significativa con el Presidente, el Gobierno y otras autoridades y organismos públicos, el informe no contiene suficiente información que justifique esa afirmación. Se refiere solamente a la coordinación de actividades específicas para las cuales no se necesita un órgano permanente. ¿Cuál es el mandato de la CPEM en cuanto al suministro de coordinación con otras entidades del Estado y cuáles son las actividades estratégicas que ha realizado y coordinado? Desea saber cómo se consigue la coordinación con los numerosos órganos administrativos departamentales y locales, de qué manera desempeña sus funciones en esos niveles y cuáles son las estructuras existentes para garantizar que las políticas del Gobierno central se apliquen a nivel local.

18.Por último, desea saber si las acciones afirmativas previstas en el capítulo del Plan Nacional de Desarrollo dedicado a la equidad de género son medidas especiales de carácter temporal, en virtud del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general Nº 25. Agradecería recibir información sobre la manera en que se llevan a cabo esas medidas especiales o acciones afirmativas para tener una idea de en qué medida se está aplicando el artículo 4.

19.La Sra. Gumede Shelton, refiriéndose a la aplicación del artículo 5, dice que sería útil tener algún tipo de análisis global que ponga de manifiesto en qué manera las actividades que tienen por objeto abordar los estereotipos han contribuido a reducir la violencia contra la mujer, cómo ha cambiado la mentalidad de los hombres con respecto a las funciones en el hogar y en qué medida se ha reducido la trata de personas y la explotación de prostitutas. Desea saber si se ha realizado algún estudio para evaluar las repercusiones de las iniciativas puestas en marcha por la CPEM para promover cambios en las prácticas y los estereotipos sexistas. Con respecto a la propuesta del Ministerio de Educación Nacional de incorporar la educación de género, “como alternativa”, desde el nivel 1 hasta el 11, pregunta por qué esa educación sería opcional y no obligatoria. Desea saber cuántas escuelas y sectores de la educación han recurrido realmente a esa alternativa.

20.Hay que felicitar al Gobierno por su aplicación del Plan de Educación. Sin embargo, la respuesta a la petición de información del Comité sobre las medidas para eliminar los estereotipos de los libros de texto de las escuelas no incluye información sobre las medidas específicas que se han adoptado a ese respecto. Agradecería recibir una aclaración ulterior. También desearía que se facilitase más información sobre el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y en qué medida se ajustan a la cuestión de los derechos relativos al género y la mujer y la eliminación de los estereotipos. Agradecería recibir una indicación de las repercusiones del proyecto piloto en el ejercicio de los derechos humanos.

21.La Sra. Vázquez Zawadzky (Colombia) dice que la Corte Constitucional se ha referido repetidamente en sus decisiones a los tratados internacionales, y lo mismo ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Se está realizando un estudio de las decisiones dictadas por la Corte Suprema de Justicia durante los cinco últimos años, desde el punto de vista del género, para determinar si se ha hecho referencia a la Convención. La Corte ha establecido la constitucionalidad de la Convención con respecto a la ley mediante la cual se ratificó. La CPEM ha llevado a cabo actividades educativas sobre la Convención para las organizaciones de mujeres de todo el país, así como para funcionarios públicos, en particular de los ámbitos jurídico y militar.

22.La Sra. Ruiz (Colombia) dice que la CPEM está llevando a cabo un Programa de Promoción de Derechos y Redes Constructoras de Paz en el marco de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Se imparte capacitación sobre cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva a militares, entre otras cosas con el fin de reducir la mortalidad materna, prevenir los embarazos de adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual, promover la planificación familiar y prevenir los abusos sexuales y la violencia doméstica y relacionada con el género. El personal encargado del cumplimiento de la ley ha recibido capacitación mediante el proyecto sobre salud sexual y reproductiva, equidad de género y derechos sexuales y reproductivos. Hay programas semejantes para la Policía Nacional y las fuerzas aéreas y pronto se pondrán en marcha para el ejército.

23.La Sra. Vázquez Zawadzky (Colombia), respondiendo a la pregunta sobre los mecanismos para la vigilancia del cumplimiento de la Convención, dice que hay varias medidas correctoras para proteger los derechos fundamentales de las mujeres, incluido el derecho a solicitar un examen de la Constitución, pedir un resarcimiento directo por los daños causados por leyes del Estado, solicitar protección e interponer querellas por delitos relativos a la violencia de género. También pueden entablar una acción judicial organizaciones y grupos locales. Cualquier persona puede iniciar una solicitud de examen de la Constitución, incluso para la eliminación de cualquier norma de la legislación nacional que sea contraria a un tratado internacional.

24.El Sr. Concha (Colombia), refiriéndose a las repercusiones del conflicto armado en el goce de los derechos humanos, dice que la política de negociación y paz del Gobierno con los grupos armados que actúan al margen de la ley tiene por objeto crear unas condiciones que lleven al final de las hostilidades. En la práctica, el Gobierno ha logrado la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo que ha violado los derechos humanos de un gran número de ciudadanos. Se están manteniendo conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Gobierno también ha entablado conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con objeto de conseguir la liberación de las víctimas secuestradas que están en manos de esa organización.

25.La Sra. Nieto Jaramillo (Colombia), respondiendo a la pregunta sobre los programas de protección para los/as defensores/as y promotores/as de derechos humanos, dice que la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia es la encargada de proporcionar protección especial a los dirigentes de las ONG que intervienen en la promoción de los derechos humanos, así como a periodistas, líderes sindicales, ex alcaldes y alcaldes presentes y parlamentarios, entre otros grupos que se encuentran en una situación de riesgo. Se ha establecido un comité de evaluación del riesgo para valorar el nivel de riesgo y el grado de amenazas de las personas bajo protección y para recomendar medidas de protección apropiadas. Hasta el momento se han invertido casi 35 millones de dólares EE.UU. en el programa del Ministerio, que ha beneficiado a más de 23.000 personas; en 2006, el 30% de los beneficiarios fueron mujeres.

26.Se han tomado medidas especiales en el caso de las dos ONG mencionadas en el informe; se les han proporcionado teléfonos celulares, ayuda para la reubicación, transporte terrestre, billetes de avión y gastos para la movilización. El Ministerio ha ofrecido también cursos de autodefensa para todos los que se sienten amenazados, sean defensores de los derechos humanos o no. Se está investigando el caso de Nelly Velandia y sus hijos, que son un objetivo de los adversarios de los defensores de los derechos humanos. Mientras tanto, se están adoptando medidas para proporcionar protección individual, así como ayuda de la policía y las fuerzas armadas. La Policía Nacional trabaja con el Ministerio del Interior y de Justicia, las autoridades civiles y la sociedad civil para mejorar la seguridad en los departamentos y a nivel local.

27.La Sra. Vázquez Zawadzky (Colombia), respondiendo a la pregunta sobre la decisión T-610, dice que esa decisión concreta se refiere en realidad a la protección para hombres; sin embargo, hay otras muchas decisiones que se ocupan de la igualdad de la mujer. Sobre la cuestión relativa a los conceptos de equidad, igualdad y acción afirmativa, dice que en las estrategias del Gobierno de acción afirmativa, igualdad de oportunidades e incorporación de la perspectiva de género el concepto de equidad está relacionado con el ofrecimiento de un trato diferente a las personas o grupos desfavorecidos. Supone la aplicación de medidas especiales, como programas de acción afirmativa o discriminación positiva para contrarrestar los efectos negativos de las desventajas que afrontan esos grupos. El concepto de igualdad supone el reconocimiento de todos los grupos como iguales sin adoptar medidas para neutralizar las diferencias existentes. La Corte Constitucional ha perfeccionado este concepto, y también ha autorizado acciones afirmativas como elementos indispensables para la consecución de una verdadera igualdad.

28. Con respecto a la preocupación expresada acerca de la función de la CPEM, dice que, en el contexto de la reestructuración del aparato del Estado que puso en marcha el Presidente Uribe al comienzo de su primer mandato, la decisión se adoptó para mantener la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) como mecanismo para las cuestiones de la mujer. Se han asignado a la Consejería funciones adicionales como consecuencia de la promulgación de nueva legislación y se ha realizado un examen de sus obligaciones, su cometido y sus objetivos a largo plazo. Sus principales mandatos en el momento presente consisten en formular y aplicar políticas sobre cuestiones de la mujer y coordinar el proceso de creación de consenso sobre la incorporación de la perspectiva de género entre las entidades en los niveles central, departamental y local. Este doble mandato se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo para 2003. El Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres permite a la CPEM establecer asociaciones interinstitucionales y firmar acuerdos con distintas universidades, en particular las que tienen programas especiales sobre cuestiones de género. Desempeña una función importante en la sensibilización sobre las cuestiones de género en toda la sociedad y abre el camino a la incorporación de la perspectiva de género en diferentes entidades. Los resultados de las actividades llevadas a cabo por la CPEM, tanto de manera directa como en asociación con entidades de los sectores público y privado, se describen en su informe anual al Congreso.

29.Con respecto a la pregunta sobre el plan del Gobierno de presentar al Congreso un proyecto de ley para fortalecer la CPEM, dice que el informe periódico al Comité se refiere, en efecto, a un proyecto de ley, pero en reuniones posteriores entre la CPEM y los distintos órganos y autoridades gubernamentales se llegó a la conclusión de que el objetivo de fortalecer la CPEM se podía lograr mediante una decisión administrativa. En consecuencia, las funciones y el ámbito de la CPEM se determinarán basándose en sus actividades presentes y en una evaluación de los ajustes que sean necesarios. Se ha decidido que la CPEM siga siendo el mecanismo para las cuestiones de la mujer y que se mantenga como una oficina dentro del departamento administrativo de la Presidencia de la República. Su situación como parte de la Presidencia es una característica importante que le permite mantener una interacción con los ministros del Gobierno y las entidades territoriales.

30.Sobre la cuestión de la coordinación entre la CPEM y las entidades territoriales, dice que, aunque sólo un pequeño número de oficinas se ocupan específicamente de las cuestiones de la mujer, todas las oficinas de los gobernadores de los departamentos tienen una secretaría de desarrollo social o integración social encargada de los asuntos de la mujer. Esas oficinas mantienen una interacción con la CPEM, que coordina la aplicación de los programas y las estrategias nacionales.

31.Con respecto a la pregunta de si los programas de acción afirmativa constituyen medidas especiales de carácter temporal, dice que en la política para la mujer se asigna prioridad a ciertas esferas de intervención en las que se considera necesaria la acción afirmativa. La Corte Constitucional ha establecido que las medidas de acción afirmativa deben ser de carácter temporal. El problema radica en establecer un calendario para esas medidas, que sólo se pueden aplicar a lo largo del tiempo y tomando como base de una evaluación de los efectos.

32.La Sra. Ortiz Karam (Colombia), respondiendo a la pregunta sobre la eliminación de los estereotipos en la educación, dice que en 2003 el Ministerio de Educación Nacional elaboró normas para las competencias ciudadanas, con objeto de reformar el sistema educativo de manera que la educación cambiase verdaderamente a las personas, sin limitarse a trasmitirles conocimientos. Las nuevas normas, que se aplicarán en todas las instituciones educativas, incluyen una sección sobre pluralismo y diversidad e incorporan el enfoque de género. El plan ha sido objeto de una publicidad amplia en todo el país.

33.Además, se han puesto en marcha dos proyectos piloto — sobre derechos humanos y sobre derechos sexuales y reproductivos — que a la larga se incorporarán a la estructura educativa. Los dos proyectos se han formulado para cambiar los métodos de enseñanza y transformar con el tiempo las propias instituciones educativas. El proyecto sobre los derechos humanos comenzó en 2006 y el relativo a los derechos sexuales y reproductivos lleva ya en funcionamiento un año. Los resultados de los proyectos no se pueden determinar en un período tan breve, puesto que los hábitos culturales sólo se pueden cambiar a medio y largo plazo. A mediados de 2007 estará lista una propuesta para la aplicación del programa sobre derechos sexuales y reproductivos en todo el país; el proyecto piloto sobre derechos humanos concluirá en 2008. Los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos con una perspectiva de género ya forman parte integrante del programa de educación ambiental desde hace 10 años. El Ministerio está trabajando en asociación con las instituciones de educación que participan en los programas piloto.

34.El Sr. Concha (Colombia) dice que el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario incorpora la perspectiva de género. Se ha elaborado con la participación de las organizaciones de mujeres y de otras que se ocupan de cuestiones relativas a los derechos humanos. El documento básico del Plan, que se concluirá y aprobará en el curso de 2007, prevé cinco esferas principales de acción: acciones y estrategias en el ámbito de la cultura; estrategias para garantizar el respeto de la vida, la libertad y la integridad personal; estrategias y acciones para eliminar distintos tipos de discriminación; acciones y estrategias para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales; y estrategias y acciones para garantizar el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad. El Plan se debatirá con diferentes sectores de la sociedad civil en 2007 y se introducirá en 2008.

35.La Sra. Chutikul pide información sobre dónde pueden buscar ayuda las mujeres cuando se han violado sus derechos. Sobre la cuestión de la trata de personas, pregunta si la trata interna es un problema y si Colombia es un país de tránsito y de destino. También desea saber si ha habido casos de víctimas de la trata que se utilicen en ocupaciones distintas de la prostitución. Agradecería que se le diera información sobre la aplicación del acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y si los organismos pertinentes de Colombia, incluidas las ONG, tienen conocimiento del acuerdo. Tiene interés asimismo en saber qué tipos de servicios de recuperación y reintegración se ofrecen a las mujeres colombianas rescatadas y que han regresado de países como los Países Bajos, los Estados Unidos, España y el Japón. Por último, desea saber qué se ha hecho para impedir y combatir el turismo sexual infantil.

36.La Sra. Begum pregunta qué medidas jurídicas e institucionales ha adoptado el Gobierno para abordar la cuestión de la violencia contra la mujer en casos de conflicto armado, desplazamiento interno y violencia en el ámbito familiar. Desea saber si hay alguna ley específica para combatir la violencia contra la mujer y cuál es el presupuesto total para la lucha contra ese delito. Agradecería recibir información sobre la cobertura de los centros de atención en todo el país. ¿Hay alguna política uniforme de prestación de cuidados? ¿Cuáles son los criterios de admisibilidad? ¿Tienen las víctimas de la violencia un acceso fácil a los centros de atención? Desea saber si se han impartido cursos de capacitación en relación con las cuestiones de la violencia basada en el género y los derechos humanos de la mujer, como prescribe la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. ¿Se ha nombrado un asesor jurídico de alto nivel sobre la violencia sexual basada en el género? ¿Tiene el Gobierno programas de intervención para prestar ayuda jurídica y médica y garantizar la justicia a las mujeres desplazadas y hay alguna estadística a ese respecto?

37.Agradecería recibir información sobre cualquier medida específica que se haya adoptado para revisar la legislación relativa al consentimiento de la víctima en la investigación de los casos de violación. También recibiría con agrado información relativa al enjuiciamiento por tráfico de drogas y los factores que llevan a la mujer a involucrarse en ese delito. Se pregunta qué alcance tiene el problema y qué medidas correctoras ha adoptado el Gobierno.

38.La Sra. Gumede Shelton pregunta si se ha realizado algún estudio sobre la situación de las prostitutas en Colombia y si la propia legislación ha sido eficaz en la prestación de ayuda a las prostitutas. Desea conocer las opiniones de las ONG y de las mujeres con respecto a la eficacia de la propia ley y la medida en que la no penalización de la prostitución ha facilitado la prestación de asistencia práctica a las prostitutas, en particular mediante servicios de salud y estrategias de salida para las mujeres que desean abandonar esa actividad. Agradecería que se dieran estadísticas a ese respecto, así como información sobre estudios relativos a la aplicación de la legislación. También tiene interés en recibir información sobre cualquier estudio que se haya podido hacer de las iniciativas de la CPEM sobre los estereotipos y los medios de comunicación.

39.Con respecto a la trata de personas, pide información específica sobre la colaboración directa entre Colombia y otros países de América Latina en la lucha contra ese delito. Le gustaría ver las estadísticas elaboradas en Colombia, no las publicadas por la Interpol, sobre el grado de reducción de la trata de personas y las repercusiones de la trata en los grupos étnicos y las mujeres migrantes. También acogería con satisfacción estadísticas de las ONG, especialmente las organizaciones de mujeres. En relación con la respuesta a la pregunta 13 de la lista de cuestiones y preguntas, dice que le gustaría saber si hay estadísticas sobre el número de mujeres que han recibido ayuda de los programas de reintegración y otros semejantes.

40.La Sra. Vázquez Zawadzky (Colombia), respondiendo a una pregunta sobre la asistencia a las mujeres víctimas de la violencia, dice que pueden pedir ayuda a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Las mujeres pueden presentar una solicitud de protección, pedir resarcimientos directos por leyes del Estado o presentar una petición como ciudadanas. Todos los órganos del Estado tienen la obligación de responder a dichas peticiones; si no lo hacen, la persona puede presentar una solicitud de protección. Los tribunales deben conceder prioridad a las solicitudes de protección por encima de cualquier otra acción judicial.

41.La Sra. Nieto Jaramillo (Colombia), refiriéndose a las preguntas relativas a la cuestión de la trata de personas, dice que mediante la Ley 800 de 2003 el Gobierno aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. Con la aprobación de la Ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma, el Estado colombiano ha logrado importantes avances en materia de lucha contra la trata de personas, tanto a nivel nacional como internacional.

42.En la Ley 985 se define la trata de personas como delito, se elimina el consentimiento como causal de exoneración de la responsabilidad y se incluye todo el ciclo de la trata de personas. Se establece la estrategia nacional sobre la trata de personas y se crea el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, integrado por 14 entidades del Estado responsables de la lucha contra ese problema. El Comité tiene su propio presupuesto, que en 2006 ascendió a casi 500.000 dólares EE.UU. y que es semejante en 2007. La estrategia, que incorpora el acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se puso en marcha en agosto de 2006. Uno de los proyectos fundamentales realizados por el Comité Interinstitucional es el centro de operaciones y observación contra la trata de personas, que se acaba de establecer. El centro, que servirá como modelo que se podrá reproducir en otras ciudades, permitirá estudiar todos los aspectos del proceso de la trata, en orden a elaborar programas sobre prevención y enjuiciamiento, junto con la atención de las víctimas y su reintegración. Estará en funcionamiento para la segunda mitad de 2007 y contará con un presupuesto inicial de 235.000 dólares EE.UU., que suministrarán organismos internacionales y el Gobierno.

43.Volviendo a la pregunta sobre las estadísticas, dice que en el nuevo centro contra la trata se establecerá un sistema nacional de información sobre este problema. Las estadísticas disponibles ponen de manifiesto que en 2005 se entablaron acciones judiciales en 12 casos relativos a mujeres y tres con hombres, y en 2006 se llevaron ante los tribunales ocho casos que afectaban a mujeres. Las edades de las víctimas van de 9 a 36 años. Las cifras sobre el país de destino revelan que el mayor número de víctimas se envía a Venezuela, incluidos una muchacha y un muchacho menores de edad. Por desgracia, las estadísticas sobre la trata de personas son todavía insuficientes, debido a la falta de instrumentos para la recopilación de datos y al hecho de que a menudo los fiscales interponen denuncias por otros tipos de delitos, por ejemplo secuestro o delitos sexuales, en lugar de la trata de personas. Otra fuente de información, la línea 1-800 (línea telefónica gratuita), ha estado a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones, pero puede volver al Gobierno en un futuro próximo.

44.La trata interna de personas también es un problema. La trata externa es una operación muy compleja, porque los traficantes de personas utilizan las mismas redes que los traficantes de drogas. Las mujeres “mulas”, que transportan la droga dentro de su organismo, a menudo se venden una vez que han completado su trabajo. También son víctimas de trata hombres, mujeres y niños con fines de esclavitud, obligando muchas veces a las mujeres a trabajar en el servicio doméstico. Además de la esclavitud sexual, también se realiza trata de personas en conexión con los matrimonios serviles y las adopciones ilegales. Se ha reconocido que el proyecto contra la trata de personas realizado con el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es el mejor proyecto de las Naciones Unidas en el mundo, gracias a sus repercusiones en cuanto a solidaridad de la sociedad civil y sensibilización sobre la importancia de la denuncia del delito.

45.La Sra. Vázquez Zawadzky (Colombia), refiriéndose a la cuestión de los estereotipos, dice que un estudio de la CPEM sobre las decisiones dictadas durante los últimos años por la Corte Suprema de Justicia ha confirmado que los estereotipos se están eliminando progresivamente. La CPEM ha llevado a cabo programas de alfabetización jurídica para mujeres a nivel local con objeto de facultarlas para ejercer sus derechos y presentar reclamaciones cuando se consideren víctimas. Un plan estratégico preparado recientemente sobre la protección de los derechos de la mujer en el sistema judicial se concentra en la protección de las mujeres en casos de violencia doméstica, ruptura matrimonial y discriminación en el lugar de trabajo. Se está elaborando un plan de trabajo con los medios de comunicación para eliminar los estereotipos. Se ha publicado un folleto sobre violencia doméstica, que se ha distribuido ampliamente para aumentar la sensibilización entre las mujeres y los funcionarios encargados de combatir la violencia.

46.La Sra. Borrero (Colombia) dice que el Programa Presidencial para la Acción Social se encarga de los programas para la población desplazada. La Ley 387 de 1997 establece las responsabilidades del Estado en cuanto a la prestación de una atención amplia a las personas desplazadas por motivos de violencia, la formulación de una política para el sector público y la aplicación de medidas de prevención y estabilización. El Consejo Nacional para la Población Desplazada se encarga de la adopción de políticas y los comités locales proporcionan atención a la población desplazada. Mediante el Decreto 250 de 2005, se estableció el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia (SNAIPDV), que se concentra específicamente en grupos definidos en función del género y la edad. El problema de la población desplazada es cada vez mayor, dada la insuficiencia de la estructura institucional y la falta de financiación. Entre 1995 y 2002, el Gobierno sólo pudo disponer de 500.000 pesos para afrontar el problema, que llegó a ser abrumador en 2002. Entre 2002 y 2006 se asignaron alrededor de 1.400 millones de pesos, y entre 2006 y 2010 hay previsto un presupuesto de más de 4.000 millones de pesos, de manera que se podrán introducir mejoras en el programa.

47.En 2004, la Corte Constitucional dictó la decisión 3025, declarando la situación inconstitucional. La Corte también emitió órdenes a varios organismos con respecto a los requisitos que no habían podido cumplir debido a la falta de fondos. El programa para las personas desplazadas tiene un enfoque integral, en lugar de limitarse a prestar asistencia, como en el pasado. En este momento, en el registro único de personas desplazadas figuran alrededor de 450.000 familias, y las mujeres representan el 47% de esa población. Las madres con hijos menores de 18 años reciben subvenciones para cubrir la atención sanitaria y la educación de sus hijos.

48.La Sra. Vázquez Zawadzky (Colombia), observando que hay distintas categorías de violencia de las que se ocupan diversos órganos, dice que el problema de la violencia debida a grupos armados que actúan al margen de la ley se aborda en el marco de la política de seguridad democrática, que se describe en el informe. En la página web de la Presidencia de la República se puede encontrar información adicional sobre la cuestión de la trata de personas. La legislación sobre la violencia sexual y doméstica se ha modificado para ajustarla a las nuevas circunstancias. Las congresistas han presentado recientemente un proyecto de ley por el que se modifica la legislación vigente. El Ministerio del Interior y de Justicia ha presentado también un proyecto de ley que tiene por objeto, entre otras cosas, cambiar el sistema de conciliación, debido a que, en el marco del presente sistema, cuando se producen daños personales o abuso sexual el caso no se enjuicia como violencia sexual o doméstica, sino como algún otro tipo de delito. Si ha cometido el abuso algún miembro de la familia, será un factor agravante. La idea es eliminar el requisito de la conciliación en los casos de violencia en el hogar.

49.Hay varias instituciones diferentes que prestan asistencia a las mujeres que son víctimas de violencia. El problema está en mejorar la coordinación entre todos esos organismos. La oradora no está alarmada por el aumento del número de reclamaciones, porque lo considera una indicación positiva de que se está facultando a las mujeres para ejercer sus derechos.

50.La Sra. Navarro Ordóñez (Colombia) dice que la Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar (Haz Paz) del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), que se estableció para abordar el problema de la violencia, se concentra en su prevención y en la atención a las víctimas. Se ha preparado una metodología para evitar la violencia en el hogar y se aplicará a nivel nacional, departamental y local. No hay una política de admisibilidad para las víctimas, sino más bien una política para ofrecerles atención. Todas las víctimas reciben el mismo trato. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) está aplicando un plan bien estructurado para prestar asistencia y protección a las mujeres y los niños en todo el país.

51.La Sra. Gutiérrez Méndez (Colombia) señala que en la población desplazada están incluidos algunos de los grupos de edad más vulnerables, entre ellos los adolescentes. La tasa de embarazo de adolescentes ha aumentado en los últimos años y en una encuesta de Profamilia se ha puesto de manifiesto que es más elevada en la población desplazada que en la población general. No obstante, la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que es relativamente nueva, está comenzando a llegar a todas las zonas del país y sus efectos son ya evidentes en la disminución de las tasas de fecundidad y la mayor utilización del control de la natalidad y los servicios de atención prenatal y materna.

52.La Presidenta invita a los miembrosa plantear preguntas complementarias sobre los artículos examinados.

53.La Sra. Šimonović, refiriéndose a la explicación dada por la representante de Colombia con respecto a la utilización de los términos “equidad” e “igualdad”, señala que todos los artículos sustantivos de la Convención hablan de igualdad de género, lo que significa que mujeres y hombres tienen los mismos derechos. Por este motivo señaló el punto. La Convención da instrucciones a los Estados partes para que mantengan el principio de la igualdad de género, tanto de facto como de jure. La Corte Constitucional de Colombia ha mantenido la misma posición.

54.La Sra. Gumede Shelton dice que tiene interés en recibir alguna información adicional sobre la cuestión de la prostitución. Desea saber hasta qué punto han sido eficaces la política del Gobierno y la actuación de las ONG y otras organizaciones de mujeres.

55.La Sra. Nieto Jaramillo (Colombia) dice que la prostitución de adultos como tal no es un delito en Colombia. Sin embargo, se imponen sanciones a la prostitución infantil, el proxenetismo y la trata de personas. Los sistemas de seguridad social y atención sanitaria prestan atención psicológica y social a las prostitutas, y algunas ciudades cuentan con programas de ayuda a las mujeres que desean abandonar la prostitución. No se dispone de estadísticas sobre el número de mujeres que practican la prostitución a nivel nacional.

56.La prostitución de niños en el turismo sexual es un problema grave. El Ministerio del Interior y de Justicia y los ministerios encargados de la protección social, el comercio y el turismo, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) están trabajando con el sector del turismo para impedir la utilización de niños en el turismo sexual. La Fiscalía, laDefensoría del Pueblo y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses han unido sus fuerzas a las de la policía y las administraciones locales para prestar atención integral a las víctimas de la violencia sexual. La Iglesia Católica también ofrece servicios a los niños menores de seis años y sus familias.

57.La Sra. Vázquez Zawadzky (Colombia), refiriéndose a las diferencias conceptuales entre equidad e igualdad, dice que la posición del Gobierno es que la equidad no es dar a cada uno lo mismo, sino más bien dar más a quienes necesitan más. Así pues, supone dar trato preferente a los grupos desfavorecidos. Ese enfoque, que engloba el concepto de justicia, constituye la base de las acciones afirmativas y preventivas en favor de las mujeres o los grupos desfavorecidos. El concepto de igualdad se refiere a las oportunidades y los resultados, en otras palabras, a permitir que los hombres y las mujeres indistintamente ejerzan plenamente sus derechos como ciudadanos. Por consiguiente, el Gobierno considera el concepto de equidad como una política afirmativa y el concepto de igualdad como una política social encaminada a garantizar la igualdad de oportunidades a hombres y mujeres.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.