Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Séptimo informe periódico que Belarús debía presentar en 2019 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto * **

[Fecha de recepción: 26 de diciembre de 2019]

Introducción

1.De conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la República de Belarús presenta su séptimo informe periódico sobre la aplicación de las disposiciones del Pacto.

2.El informe se ha redactado en forma de respuestas a una lista de cuestiones dirigidas a Belarús por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales antes de la presentación del séptimo informe periódico (E/C.12/BLR/QPR/7), y también teniendo en cuenta las observaciones finales del Comité.

3.El presente documento contiene información sobre las medidas legislativas, organizativas, administrativas y de otra índole adoptadas en la República de Belarús para aplicar las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

А.Cuestiones de interés particular

4.De conformidad con su Constitución, Belarús reconoce la prioridad de los principios universalmente reconocidos del derecho internacional y garantiza la conformidad de su legislación con dichos principios.

5.Los instrumentos legislativos están sujetos a un examen jurídico obligatorio en lo que respecta a su conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en los que Belarús es parte. El Tribunal Constitucional adopta, con arreglo al procedimiento de control preliminar obligatorio, decisiones sobre la conformidad de las leyes aprobadas por el Parlamento, antes de que sean firmadas por el Jefe de Estado, con la Constitución y con los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por el país.

6.El Tribunal Constitucional recurrió al Pacto al revisar las leyes siguientes:

Ley de Pensiones.

Ley de Prevención de la Propagación de Enfermedades que Suponen un Peligro para la Salud Pública y el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Ley de Servicios Sociales.

Ley de Prestaciones del Estado a las Familias con Niños.

Ley de Garantías de Protección Social de los Niños y Jóvenes Huérfanos o Privados del Cuidado de sus Padres.

Ley de Bienestar Sanitario y Epidemiológico de la Población, y otras.

7.La legislación belarusa a todos los niveles está en consonancia con las normas pertinentes del derecho internacional de los derechos humanos. Las principales disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se han incorporado a las normas de la legislación nacional, lo que explica la ausencia de referencias directas al Pacto en las decisiones de los tribunales.

8.La Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto de los Jueces está en vigor en una nueva versión desde el 24 de enero de 2017. En virtud del artículo 127 de la Ley, se ha creado un nuevo órgano de la comunidad judicial, la Conferencia Nacional de Magistrados, para fortalecer el poder judicial y garantizar su independencia y autonomía. La Conferencia está integrada por los jueces del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y jueces de tribunales ordinarios, a razón de 20 magistrados por provincia y por la ciudad de Minsk, elegidos por las correspondientes conferencias de magistrados de los tribunales provinciales y de la ciudad de Minsk y los tribunales económicos provinciales y de la ciudad de Minsk. El Consejo Nacional de Magistrados, elegido por la Conferencia, es competente para debatir las cuestiones de la práctica judicial y el perfeccionamiento de la legislación, estudiar y difundir la experiencia positiva de los órganos de la comunidad judicial, y elaborar recomendaciones para mejorar su actividad.

9.Belarús es un firme y coherente defensor de la prohibición y la erradicación del trabajo forzoso y es parte en los convenios fundamentales de la OIT sobre la eliminación del trabajo forzoso.

10.El artículo 41 de la Constitución prohíbe el trabajo forzoso, excepto el trabajo o servicio determinado por una sentencia judicial o de conformidad con la ley sobre el estado de excepción y la ley marcial. El Código de Trabajo, en su artículo 13, define como trabajo forzoso aquel que se exige a un trabajador bajo la amenaza de someterlo a cualquier coacción violenta como medio, entre otras cosas, de presión política o como medida de castigo por albergar o expresar opiniones políticas o convicciones ideológicas contrarias al sistema político, social o económico establecido; como método de movilización y utilización de la fuerza de trabajo para las necesidades del desarrollo económico; como forma de apoyar la disciplina laboral, y como castigo por la participación en huelgas.

11.No se considera trabajo forzoso: el trabajo realizado en virtud de una sentencia judicial firme bajo la supervisión de los organismos penitenciarios; o el trabajo cuyo cumplimiento está estipulado por la legislación sobre el servicio militar o circunstancias excepcionales.

12.El Decreto Legislativo Presidencial núm. 3 de Prevención de la Dependencia Social, de 2 de abril de 2015 , ha sido objeto de importantes modificaciones de fondo en virtud del Decreto Legislativo Presidencial núm. 1, de 25 de enero de 2018, que entró en vigor el 27 de enero de 2018. De la versión actual del Decreto Legislativo núm. 3, que tiene por título “de Promoción del Empleo”, se han eliminado por completo las disposiciones relativas al pago de la tasa para la financiación de los gastos públicos por los ciudadanos desempleados aptos para trabajar y, en consecuencia, también las disposiciones relativas a la exigencia de responsabilidades administrativas por el impago de dicha tasa. De conformidad con el Decreto Legislativo Presidencial núm. 1 y la Directriz Presidencial núm. 111, de 5 de julio de 2017, se reembolsará la tasa a los ciudadanos que la hayan abonado y soliciten su devolución. A fecha de hoy, se han reembolsado con cargo al presupuesto casi el 80% de las tasas pagadas.

13.Las disposiciones que prevén el pago, por los ciudadanos desempleados sanos, de una serie de servicios públicos (suministro de agua caliente, de gas y de calefacción) a tarifas no subvencionadas por el Estado con cargo al presupuesto no son contrarias a las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

14.Estas normas tienen por objeto crear las condiciones que alienten a los ciudadanos que puedan estar empleados en el sector informal y no quieran trabajar legalmente, así como a los ciudadanos que llevan un tipo de vida asocial, a buscarse una colocación o un empleo por cuenta propia legales, asumiendo el pago de impuestos, algo que permitirá a estos ciudadanos aprovechar al máximo los mecanismos de protección proporcionados por el Estado de acuerdo con la legislación laboral y social.

15.De la categoría de ciudadanos desempleados que están sujetos a las disposiciones sobre el pago de los servicios a tarifa completa se excluyen totalmente los colectivos de personas que no trabajan por razones objetivas o por circunstancias especiales: los desempleados registrados, las personas con discapacidad, las personas incapacitadas legalmente, los pensionistas, los cónyuges del personal militar y diplomático, las personas con niños a su cargo menores de 7 años (o un niño con discapacidad menor de 18 años, o tres o más hijos menores de edad), los estudiantes a tiempo completo, los ciudadanos cuyos contratos han sido rescindidos (entre 3 y 6 meses desde la fecha de despido, dependiendo de la causa de este), los estudiantes que han terminado sus estudios (hasta el final del año natural), los ciudadanos que están sometidos a observación médica y clínica, las personas que están trabajando o estudiando en el extranjero, y otras personas.

16.El objetivo principal de la aplicación del Decreto Legislativo núm. 3 es proporcionar, a todos los ciudadanos en condiciones de trabajar que deseen hacerlo, la máxima asistencia para encontrar un trabajo legal adecuado. Los ciudadanos que no trabajan por razones objetivas o debido a circunstancias especiales, así como los que se encuentran en situaciones difíciles, reciben apoyo del Estado y pagan los servicios de vivienda y los servicios públicos a tarifas subvencionadas.

17.Para el programa de energía nuclear de Belarús, las cuestiones de seguridad nuclear y transparencia tienen prioridad absoluta. El país hace todo lo necesario para ello, aprovechando al máximo los conocimientos de los expertos internacionales. Belarús ha acogido varias misiones importantes de evaluación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en la esfera de la seguridad nuclear y se propone continuar con esta labor. Se han publicado los informes de todas las misiones de evaluación del OIEA.

18.La misión del Servicio Integrado de Examen de la Situación Reglamentaria (IRRS), de octubre de 2016, llegó a la conclusión de que Belarús ha establecido plenamente la infraestructura de regulación de la seguridad nuclear y radiológica y ha demostrado su compromiso con la aplicación de los principios de dicha seguridad. Se ha elaborado y se está aplicando un Plan de acción nacional aprobado por el Gobierno para aplicar las recomendaciones y propuestas de la misión del OIEA sobre el examen de la situación reglamentaria nacional.

19.La misión del Servicio de Examen del Diseño del Emplazamiento y los Sucesos Externos (SEED), de enero de 2017, confirmó que se habían adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la central nuclear de Belarús en caso de que tuviese lugar el peor suceso externo posible.

20.La misión del Servicio de Examen de la Preparación para Emergencias (EPREV), de octubre de 2018, llegó a la conclusión de que el país cuenta con mecanismos eficaces y fiables en materia de preparación y respuesta ante emergencias. Durante la misión se observaron buenas prácticas, se identificaron los puntos fuertes y se determinaron las esferas en las que se podía seguir mejorando. La misión dio lugar a la elaboración y aplicación de un Plan de acción para aplicar las recomendaciones y propuestas de la misión del OIEA sobre el examen de la preparación y respuesta del país ante emergencias nucleares y radiológicas, aprobado por el Consejo de Ministros de la República de Belarús (en adelante, el Gobierno) el 18 de marzo de 2019.

21.Belarús ha llevado a cabo voluntariamente una evaluación exhaustiva de los riesgos y la seguridad (pruebas de esfuerzo) de su central nuclear de conformidad con la metodología de la Unión Europea y se ha sometido a un examen entre homólogos de los resultados de las pruebas de esfuerzo por parte de los organismos reguladores europeos de seguridad nuclear. De conformidad con la práctica europea y sobre la base del principio de “propiedad intelectual” recomendado para el examen entre homólogos, se ha preparado el Plan de acción nacional sobre los resultados de las pruebas de esfuerzo de la central nuclear de Belarús, que se ha publicado en la página web del Departamento de Vigilancia Atómica y Radiactiva del Ministerio de Situaciones de Emergencia de la República de Belarús (https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/).

В.Aplicación del Pacto

Máximo de los recursos disponibles

22.Entre 2009 y 2018, nadie en Belarús vivía por debajo del umbral internacional de pobreza. En el anexo estadístico del informe pueden consultarse datos correspondientes a los últimos 10 años sobre la evolución de los demás indicadores solicitados.

23.Las ayudas sociales focalizadas (para destinatarios específicos) son parte integrante del sistema público de seguridad social. Estas ayudas se condicen con los planes de asistencia social destinados a determinados beneficiarios que recomienda el Comité en su observación general núm. 19. El objetivo de las ayudas focalizadas es proporcionar asistencia social a las familias y las personas de bajos ingresos y que atraviesan dificultades.

24.En virtud del Decreto Presidencial núm. 41 de Ayuda Social Focalizada, de 19 de enero de 2012, tienen derecho a recibir esa asistencia los ciudadanos de Belarús y los extranjeros y los apátridas que residen permanentemente en el país.

25.Para determinar las familias y personas de bajos ingresos se utiliza el mínimo de subsistencia per cápita.

26.Las decisiones sobre la concesión o la negativa a conceder ayudas sociales focalizadas, sus tipos, formas, cuantías y plazos están a cargo de comisiones permanentes dependientes de las administraciones locales.

27.El sistema de ayudas sociales focalizadas comprende cuatro prestaciones, entre ellas el subsidio mensual para las familias y personas de bajos ingresos y el suministro de alimentos a los niños en sus dos primeros años de vida. Las personas que atraviesan dificultades reciben una prestación social única.

28.El subsidio mensual para los ciudadanos y familias de bajos ingresos se otorga durante un período de 1 a 12 meses, en función de las medidas adoptadas por los interesados para mejorar su situación económica. El monto del subsidio es la diferencia entre el criterio de necesidad y el ingreso medio de la familia. Un aumento del criterio de necesidad durante la concesión del subsidio mensual da lugar a un ajuste de la cuantía del subsidio, lo que permite mantener los ingresos de los destinatarios al nivel de la garantía social mínima.

29.La prestación social única se otorga a las familias y personas que afrontan dificultades que perturban objetivamente la vida normal, siempre que su ingreso no supere el 150 % del criterio de necesidad. Esta se otorga una vez al año y puede llegar hasta 10 veces el monto del mínimo de subsistencia, en función de las dificultades que atraviesen los interesados.

30.Los alimentos para los niños de hasta dos años de edad se proporcionan a las familias que, por razones objetivas, tienen un ingreso medio inferior al criterio de necesidad, y a aquellas en las que nacen gemelos o más niños, con independencia de su nivel de ingresos.

31.Estos alimentos se proporcionan en especie cada seis meses hasta que el niño cumple los 2 años de edad.

32.El subsidio destinado al rembolso de la compra de pañales se concede a los niños con discapacidad de grado IV menores de 18 años de edad y a las personas con discapacidad del grupo I, sobre la base de un informe médico acerca de la necesidad de los pañales y una prueba de compra, con independencia del ingreso medio de la familia.

33.El subsidio, de un monto máximo de 1,5 veces el mínimo de subsistencia, se abona cuatro veces por año calendario, por lo que suma un total anual de 6 mínimos de subsistencia.

34.Beneficiarios de las ayudas sociales focalizadas, en miles de personas:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
205,9	165,4	220,2	281,9	200,7	217,8	251,3	290,4	310,2	302,3

35.En 2018, 302.300 personas recibieron ayudas focalizadas por un total de 92,5 millones de rublos belarusos.

36.En 2018, 87.700 personas recibieron subsidios mensuales por un valor de 23,8 millones de rublos; 43.900, prestaciones sociales únicas por 5,1 millones; y 146.700, subsidios para pañales, por 42 millones; Se proporcionó alimentos a más de 24.000 niños, por una suma de 21,5 millones de rublos.

37.El sistema de ayudas focalizadas se mejora continuamente para tener en cuenta la evolución de la economía y las necesidades de la población. El Decreto Presidencial núm. 211 de Mejora de la Prestación de las Ayudas Focalizadas, de 15 de junio de 2017, reforzó, a partir del 1 de julio de 2017, las medidas de asistencia social a las familias con hijos menores edad en las que ambos padres (o el progenitor a cargo en el caso de las familias monoparentales) son personas con discapacidad del grupo I o II, o en las que uno de ellos es una persona con discapacidad del grupo I y el otro se ocupa de su cuidado. El plazo de concesión del subsidio mensual a esas familias pasó de 6 a 12 meses.

38.A fin de aumentar los ingresos de esas familias, del cálculo de su ingreso medio para determinar el derecho a cada ayuda focalizada se excluyen los subsidios mensuales ya percibidos, así como el equivalente en efectivo de las prestaciones proporcionadas con arreglo a la legislación, y no se utilizan coeficientes de ajuste.

39.En Belarús se han establecido y se están aplicando eficazmente mecanismos para identificar, eliminar y prevenir la corrupción, sus causas y las condiciones la facilitan. Se ha aprobado legislación integral de lucha contra la corrupción y se han establecido prácticas de los órganos estatales y organizaciones y de cooperación internacional en esa esfera.

40.Se está ejecutando un Programa de Lucha contra la Delincuencia y la Corrupción (2017-2019) y se están adoptando medidas para mejorar la labor de los agentes de prevención del delito e intensificar las actividades públicas para combatir la corrupción.

41.En el marco de los planes de estudios de diversas instituciones de enseñanza se capacita a funcionarios de varios niveles y otros ciudadanos en la lucha contra la corrupción. Esta formación tiene por objeto no solo desarrollar sus cualidades morales, sino también mejorar su rendimiento profesional.

42.En el sistema de lucha contra la corrupción, las sanciones y prohibiciones se combinan con incentivos para adoptar un comportamiento lícito y cooperar en esa lucha. Estos incluyen una recompensa y otros pagos para las personas físicas que denuncien la corrupción.

43.Un importante mecanismo preventivo es la firma, por los funcionarios y candidatos a funcionarios públicos, del compromiso de respetar las restricciones legales, cuyo cumplimiento se supervisa.

44.Los funcionarios públicos y las demás personas enumeradas en la Ley núm. 305-Z de Lucha contra la Corrupción, de 15 de julio de 2015, deben declarar sus ingresos y patrimonio.

45.La infracción del procedimiento de declaración conlleva las sanciones previstas en el artículo 23.9 del Código de Infracciones Administrativas. En 2018, fueron sancionadas 748 personas.

46.La detección oportuna de los conflictos de intereses es uno de los elementos esenciales para prevenir la corrupción. En caso de incumplimiento del procedimiento de prevención y resolución de conflictos de intereses, la legislación anticorrupción establece sanciones disciplinarias, que puede llegar a la destitución. En 2018, la fiscalía detectó 37 infracciones en esta esfera. Los culpables fueron sancionados.

47.En 2018 se registraron en Belarús 2.469 delitos de corrupción:

1.168 por cohecho pasivo.

574 por malversación.

124 por abuso de autoridad.

355 por cohecho activo.

11 por omisión.

5 por intermediación en delitos de cohecho.

2 por blanqueo de dinero.

48.En 2018, se iniciaron procedimientos penales por actos de corrupción contra 1.089 personas, 433 de las cuales fueron condenadas a penas de privación de libertad.

49.De los procesados, 29 ocupaban puestos de responsabilidad. Entre ellos cabe mencionar el Viceministro de Situaciones de Emergencia, el Viceministro de Salud y la Directora del Fondo de Protección Social del Ministerio de Trabajo y Protección Social, que fueron condenados a penas de prisión por cohecho y abuso de autoridad.

No discriminación

50.El artículo 22 de la Constitución garantiza a los ciudadanos de Belarús la igual protección de sus derechos e intereses legítimos, sin discriminación alguna.

51.Las disposiciones jurídicas que prohíben la discriminación y garantizan el principio constitucional de igualdad se desarrollan en numerosas leyes sectoriales que regulan esferas específicas de las relaciones sociales (relaciones laborales, protección social, mantenimiento del orden público, protección de los derechos del niño, labor de los medios de comunicación, actividad publicitaria, función pública y ejercicio del derecho a la protección judicial, entre otros). El conjunto de las normas mencionadas configura, junto con la Constitución, una legislación integral de lucha contra la discriminación.

52.La legislación de lucha contra todas las formas de discriminación se mejora constantemente mediante la modificación de los instrumentos jurídicos y normativos vigentes.

53.La aprobación de una ley independiente de lucha contra la discriminación no se condice con la lógica sectorial del sistema jurídico de Belarús y reduciría considerablemente el alcance de las normas antidiscriminación.

54.Toda persona que considere que ha sido objeto de discriminación laboral podrá acudir a los tribunales para que se subsane dicha discriminación.

55.Podrán someter una controversia laboral a los tribunales tanto empleados como empleadores, así como los fiscales y los sindicatos —en defensa de los derechos e intereses legítimos de sus miembros— y, en los casos estipulados en la legislación, otras organizaciones y ciudadanos.

56.En los conflictos laborales individuales, los empleados están exentos de las costas.

57.En 2018, los tribunales ordinarios de Belarús conocieron de 9.162 litigios laborales (10.619 en 2017 y 12.843 en 2016).

58.Se resolvieron favorablemente más del 80 % de las reclamaciones por salarios adeudados, el 30 % de las demandas de reincorporación, más del 93 % de las demandas de indemnización por daños causados por los empleados durante su trabajo y el 60 % de las demás demandas laborales.

59.Sobre la base de la generalización de la práctica judicial y del examen de las cuestiones relacionadas con la aplicación de las normas que prohíben la discriminación laboral y con el cumplimiento de las garantías para los trabajadores con responsabilidades familiares, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo adoptó la Resolución núm. 7, de Aplicación por los Tribunales de las Leyes sobre el Trabajo de las Mujeres y los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, de 5 de diciembre de 2017.

60.La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo indicó a los tribunales la necesidad de examinar a fondo en las audiencias todos los argumentos de los trabajadores acerca de actos de discriminación cometidos por los empleadores. Les recomendó que tuvieran en cuenta todos los derechos y las garantías que ofrecen a las trabajadoras y otros trabajadores con responsabilidades familiares la legislación laboral y los instrumentos jurídicos y normativos locales que obliguen al empleador.

61.La Ley núm. 345-Z de Prevención de la Propagación de Enfermedades que Suponen un Peligro para la Salud Pública y el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), de 7 de enero de 2012, tiene por objeto garantizar el acceso universal al diagnóstico, el tratamiento, la atención y la asistencia social a las personas con enfermedades que constituyen un peligro para la sociedad y el VIH, así como reducir su propagación entre las poblaciones de alto riesgo.

62.El estudio de la experiencia de las instituciones nacionales de derechos humanos muestra que su creación debe acompañarse de la asignación de importantes recursos, para que puedan cumplir plenamente sus funciones.

63.Belarús cuenta con un amplio sistema de instituciones que reúnen al sector público y la sociedad civil en la protección y promoción de diversas categorías de derechos humanos, entre ellas:

La Comisión Nacional de los Derechos del Niño.

El Consejo Nacional de Política de Género.

El Consejo Consultivo Interétnico.

El Consejo Consultivo Interreligioso.

El Consejo Nacional Interinstitucional sobre los Problemas de las Personas con Discapacidad.

64.El país seguirá estudiando la experiencia internacional y considerará la posibilidad y conveniencia de complementar las instituciones nacionales existentes de protección y promoción de los derechos humanos con una institución de derechos humanos que se ajuste a los Principios de París.

65.Los derechos de las personas que viven con el VIH están protegidos por la aplicabilidad directa de las normas constitucionales (art. 22) sobre la igualdad de derechos y de sus restricciones. La condición jurídica de las personas que viven con el VIH tiene el mismo alcance y contenido que la de los demás ciudadanos.

66.La lista de indicaciones y contraindicaciones médicas para la educación figura en la Resolución del Ministerio de Salud núm. 128, de 22 de diciembre de 2011. El VIH no está incluido en la lista. Por consiguiente, no hay restricciones para que los niños infectados con el VIH reciban enseñanza preescolar, primaria y secundaria general y especializada.

67.La Ley núm. 2435-XII de Salud Pública, de 18 de junio de 1993, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a servicios de salud asequibles, esto es a:

La atención médica gratuita en los centros de salud pública con arreglo a las normas sociales mínimas en la materia.

La atención médica en los centros de salud pública, los centros sanitarios privados y con profesionales independientes que prestan servicios conforme a la legislación de Belarús, pagada por sus propios medios o con recursos de entidades jurídicas y de otras fuentes que no estén prohibidas por la ley.

La disponibilidad de medicamentos.

La aplicación de medidas en favor del bienestar sanitario y epidemiológico de la población.

La realización de exámenes médicos.

68.La legislación laboral no contiene ninguna norma que dé lugar a la discriminación de las personas seropositivas o que prohíba su empleo.

69.El artículo 14 del Código de Trabajo prohíbe la discriminación, es decir, la restricción de los derechos laborales o la obtención de cualquier ventaja en función del sexo, la raza, el origen étnico y social, el idioma, las creencias religiosas o políticas, la afiliación o no a sindicatos u otro tipo de asociaciones civiles, la situación patrimonial o profesional, la edad, el lugar de residencia, las discapacidades físicas o psíquicas que no impidan el cumplimiento de las obligaciones laborales, y otras circunstancias no relacionadas con las aptitudes profesionales ni con las funciones que haya de desempeñar el empleado.

70.La decisión de contratar a una persona para una determinada ocupación o puesto recae en el empleador, quien debe tener en cuenta los requisitos de cualificación establecidos en la ley para el candidato.

71.El Código de Trabajo no incluye ninguna disposición específica sobre los empleados seropositivos quienes, por lo tanto, pueden trabajar sin ninguna restricción.

72.En consecuencia, los empleadores no tienen motivos para rescindir el contrato de trabajo de un empleado debido a su infección por el VIH.

73.Al 1 de enero de 2019, había en Belarús 26.979 casos de infección por el VIH y 20.953 personas que vivían con el virus, lo que correspondía a una prevalencia de 220,7 por cada 100.000 habitantes.

74.El 1 de junio de 2017, el Ministerio de Salud aprobó el Protocolo Clínico para el Diagnóstico y Tratamiento de los Pacientes con VIH, que tiene plenamente en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2018 se dispuso el acceso universal al tratamiento del VIH y el uso de pruebas rápidas de sangre como primera fase del diagnóstico, lo que reduce las etapas desde que el interesado se dirige al centro de salud hasta que se hace el diagnóstico.

75.Se está ejecutando el subprograma 5, Prevención de la Infección por el VIH, del programa estatal Salud Pública y Seguridad Demográfica (2016-2020), en cuyo marco se han adquirido medicamentos antirretrovíricos y kits de pruebas diagnósticas para garantizar el acceso universal al tratamiento.

76.Los programas de tratamiento abarcan a 15.530 pacientes, entre ellos 1.167 que se encuentran recluidos en instituciones penitenciarias. Los diagnósticos de VIH y el tratamiento antirretrovírico de estos pacientes se hacen con cargo al presupuesto estatal. Al 1 de enero de 2019, la cobertura de la terapia antirretrovírica de combinación para los pacientes seropositivos que necesitaban tratamiento era del 74,1 %.

77.Para eliminar la transmisión vertical del VIH de madres a hijos y los casos de transmisión del VIH en el marco de la atención médica, todos los bebés nacidos de madres infectadas por el VIH son alimentados con preparación para lactantes adaptada.

78.Para reducir la propagación del VIH entre las poblaciones de alto riesgo, se están aplicando en el país todos los programas de prevención recomendados por la OMS. Hay en Belarús 19 centros de terapia de sustitución con metadona y 7 unidades móviles de prevención para consumidores de drogas, 3 centros de apoyo social para personas que viven con el VIH y consumidores de drogas y 48 centros de consulta anónima para los grupos de riesgo. Gracias a la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios relacionados con el VIH, las actividades de prevención alcanzan al 44,5 % de los integrantes de los grupos de riesgo.

79.A fin de cambiar la actitud negativa de la sociedad ante el problema del VIH/sida, Belarús está aplicando la Estrategia Unificada de Información sobre el VIH/Sida, que representa un enfoque innovador de la sensibilización en el marco de las campañas de prevención. Con miras a desarrollar la tolerancia hacia las personas seropositivas y de mejorar la calidad de vida y estimular la participación de las personas que viven con el VIH en los programas de prevención y adhesión al tratamiento antirretrovírico, se celebran mesas redondas, cursos, seminarios y conferencias sobre cuestiones médicas, sociopsicológicas, jurídicas y de otro tipo.

80.El derecho de asociación es un derecho constitucional garantizado a todos.

81.Al 1 de julio de 2019, se habían registrado en el país 15 partidos políticos, 25 sindicatos, 2.955 asociaciones civiles, 39 uniones de asociaciones civiles, 213 fundaciones y 7 asociaciones que reunían al sector público y la sociedad civil.

82.El número de las entidades que integran las organizaciones de la sociedad civil crece año tras año. En 2018, se inscribieron e ingresaron al registro, 6 entidades dependientes de partidos políticos, 731 de asociaciones civiles, y 1.256 de sindicatos. Al 1 de julio de 2019, había en total 1.180 entidades partidarias, 25.295 sindicales y 43.063 de asociaciones civiles.

83.La mayoría de las asociaciones civiles se establecen para resolver problemas vinculados con la juventud, la educación, la seguridad social o la atención de la salud, entre otras cuestiones.

84.Se han registrado asociaciones deportivas; benéficas dedicadas a la juventud y a la infancia; educativas, culturales y de esparcimiento; de minorías étnicas; de veteranos y personas discapacitadas a causa de la guerra o de accidentes de trabajo; científico-técnicas; ambientalistas y de conservación del patrimonio histórico y cultural; artísticas; y de mujeres, entre otras.

85.Belarús, en su calidad de moderno Estado de derecho, garantiza la oportunidad de crear todo tipo de asociaciones civiles: no hay ventajas ni excepciones para aquellas que se ocupan de los derechos económicos, sociales o culturales de los ciudadanos. El procedimiento para su creación está regulado por la Ley núm. 3254-XII de Asociaciones Civiles, de 4 de octubre de 1994.

86.La actual prioridad en términos de desarrollo nacional es el establecimiento de una sociedad civil y un Estado democrático y de derecho.

87.El país se encuentra en una etapa radicalmente nueva del desarrollo de la legislación sobre asociaciones civiles.

88.En febrero de 2014 entraron en vigor las modificaciones de la Ley de Asociaciones Civiles, que simplificaron las condiciones para la creación y el registro estatal de asociaciones civiles y partidos políticos.

89.Antes, para establecer una asociación civil nacional se necesitaban 50 fundadores: 10 de cuatro provincias y 10 de la ciudad de Minsk. Las modificaciones redujeron la cantidad de fundadores de las provincias y la ciudad de Minsk. Además, simplificaron el procedimiento para la inscripción estatal de las modificaciones de los estatutos de las asociaciones civiles y los partidos políticos, su liquidación y la inscripción de sus entidades dependientes.

90.No hay en la legislación de Belarús normas que impidan la presentación de los documentos para el registro estatal de una asociación civil cuya inscripción se denegó anteriormente. Los fundadores de la asociación, tras subsanar las infracciones y deficiencias, pueden volver a presentar los documentos ante el registro. La inscripción solo podrá denegarse por los motivos recogidos en la Ley de Asociaciones Civiles.

91.En 2019 se redactó el proyecto de ley por el que se modifican las leyes relativas a las actividades de los partidos políticos y otras asociaciones civiles. El proyecto apunta a mejorar la legislación sobre el establecimiento y las actividades de las asociaciones civiles y los partidos políticos, e incluye una serie de modificaciones para simplificar la creación y labor de estas organizaciones sin fines de lucro. Entre ellas se encuentran la reducción del número requerido de fundadores y la posibilidad de celebrar en línea las reuniones de sus órganos, de presentar los documentos en forma electrónica, y de que su domicilio legal coincida con el lugar de trabajo de sus dirigentes. Durante la redacción del proyecto de ley, todas sus disposiciones se examinaron con representantes de asociaciones civiles y partidos políticos, en un grupo de trabajo especialmente creado con tal fin. Además, se organizó un debate público sobre el proyecto de ley en el Foro Jurídico de Belarús: todos pudieron hacer llegar sugerencias y observaciones sobre su contenido. Hubo un total de 30 sugerencias y comentarios. Tanto el contenido del proyecto de ley como el hecho de que se preparara en estrecha cooperación con representantes de asociaciones civiles y partidos políticos fueron valorados por la sociedad civil de Belarús.

92.La elaboración de una legislación que permita simplificar todo lo posible las relaciones mutuas entre las organizaciones de la sociedad civil y los organismos públicos es característica del enfoque moderno de la regulación jurídica de la labor de estas organizaciones.

Igualdad de derechos de hombres y mujeres

93.El artículo 262 del Código de Trabajo prohíbe el empleo de mujeres en trabajos pesados o en condiciones insalubres y/o peligrosas, trabajos subterráneos (excepto trabajos no físicos o sanitarios y domésticos), y cualquier tipo de labor que implique el levantamiento y el desplazamiento manual de cargas que superen la carga máxima permitida para la mujer. Esta disposición tiene por objeto proteger la salud de la mujer en el desempeño de sus funciones laborales.

94.La Resolución núm. 35 del Ministerio de Trabajo y Protección Social, de 12 de junio de 2014, estableció una lista de trabajos pesados y en condiciones insalubres y/o peligrosas en los que se prohíbe trabajar a las mujeres (Lista núm. 35).

95.La Lista núm. 35 contiene actualmente 181 entradas, incluidos los trabajos pesados y en condiciones insalubres y/o peligrosas, y los nombres de las ocupaciones en las que se prohíbe el trabajo de la mujer. Anteriormente contenía 252 entradas.

96.Las modificaciones de las condiciones de trabajo en determinados sectores, tipos de trabajo y ocupaciones, relacionadas sobre todo con la mejora de los procesos tecnológicos y la introducción de nuevos equipos, ha reducido el número total de empleos en condiciones insalubres y/o peligrosas en los que se prohíbe contratar a mujeres.

97.Las prohibiciones previstas en la Lista núm. 35 se aplican únicamente cuando el trabajo realizado en una instalación determinada constituye trabajo en condiciones insalubres y/o peligrosas con arreglo a una certificación (evaluación) de las condiciones en el puesto de trabajo.

98.Para utilizar la mano de obra femenina en las actividades y trabajos enumerados en la Lista núm. 35, el empleador debe adoptar medidas sanitarias y eliminar los factores que impiden la contratación de mujeres.

99.Desde 2016, el número de puestos de trabajo caracterizados por condiciones insalubres y/o peligrosas disminuyó en 108.900 (de 656.000 en 2016 a 547.100 en 2018).

100.En Belarús, la situación social y económica de la mujer mejora de año en año. Las mujeres constituyen más del 53,4 % de la población del país y el 49,8 % de las personas empleadas en la economía, en prácticamente todas las esferas de actividad. Hay 1.146 mujeres por cada 1.000 hombres y estas son 2.061 por cada 1.000 hombres en el grupo de edad de 65 años y más.

101.Las mujeres tienen éxito en actividades empresariales, crean puestos de trabajo y son gerentes de nivel medio y superior. La proporción de mujeres en puestos de responsabilidad (legisladoras y jefas de la administración pública, las asociaciones civiles y las organizaciones comerciales y sin fines de lucro) es del 47,3 %, y del 71,2 % en el caso de los especialistas.

102.El mercado de trabajo de Belarús se caracteriza por un nivel educativo más elevado de las mujeres con respecto a los hombres. El 38,2 % de las mujeres que trabajan tiene educación superior y el 26,7 %, educación secundaria especializada, en comparación con el 27,4 % y el 18 %, respectivamente, de los hombres.

103.Las mujeres están muy presentes en la administración pública, con el 67,4 % de los funcionarios públicos de todos los niveles y el 56,2 % de los jefes y sus adjuntos.

104.Al 1 de enero de 2019, en la VI legislatura de la Asamblea Nacional, las mujeres ocupaban el 32,5 % de los escaños de la Cámara de Representantes y el Consejo de la República. Al 1 de enero de 2015, en la legislatura anterior, esta cifra era del 29,2 %. En los Consejos de Diputados locales, el 48,2 % del total de los representantes son mujeres.

105.A fin de difundir las cuestiones relativas a la participación de la mujer en la gestión y la adopción de decisiones, en octubre de 2018 se celebró en Minsk el Segundo Foro Internacional de Mujeres Líderes. El Primer Foro tuvo lugar en 2016.

106.Se está ejecutando el Plan de Acción Nacional para la Igualdad de Género (2017‑2020), que es el quinto documento programático en la materia. Su aplicación contribuye directamente al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. El Plan se centra en los problemas más urgentes en lo que respecta a la situación de las mujeres.

107.Uno de los ejes de las actividades destinadas a lograr la igualdad entre los géneros es reducir el “doble empleo” de las mujeres, para permitirles desarrollar su potencial.

108.La introducción de la licencia de paternidad en el Código de Trabajo, que entró en vigor en enero de 2020, la celebración del concurso nacional Familia del Año, las iniciativas públicas como el foro Papá PRO, los proyectos de Escuela para Padres y la cobertura mediática del tema de la igualdad en la familia son medidas concretas para promover la igualdad entre los géneros en ese ámbito.

109.Está cambiando la percepción social acerca del papel de ambos padres en la crianza y el cuidado de los hijos y de la distribución de las funciones en la familia.

110.Según los datos del estudio sociológico Composición de la familia, estabilidad de las relaciones familiares y tasa de natalidad ante la evolución de las condiciones socioeconómicas, realizada en el marco del programa internacional Generación y Género (en el que se encuestó a 10.000 personas de 18 a 79 años de edad), la mayoría de la población (el 56 % de los encuestados) consideró que la familia y los niños son igualmente importantes para los hombres y las mujeres. A la pregunta de ¿Quién debe encargarse de las tareas domésticas y el cuidado de los niños, el hombre o la mujer? la mayoría de los encuestados (el 58 %) respondió que estas tareas correspondían por igual a hombres y mujeres. El 84 % de los hombres y el 78 % de las mujeres también indicaron que adoptaban las decisiones sobre la crianza de los hijos en pie de igualdad con sus parejas.

Derecho a trabajar

111.En 2018, la tasa de desempleo según la metodología de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (de las personas de 15 a 74 años de edad) fue del 4,8 %, y disminuyó en 0,8 puntos porcentuales en comparación con 2017 (año en que el desempleo fue del 5,6 %).

112.Al 1 de enero de 2019, el índice de desempleo registrado del país era del 0,3 % —un 0,2 % menor al de la misma fecha de 2018 (0,5 %).

113.También al 1 de enero de 2019, había 12.500 personas inscritas como desempleadas, un 45,4 % menos que las 22.900 inscritas un año antes. Del total de desempleados inscritos en los organismos de trabajo, empleo y protección social, el 37,9 % eran mujeres, el 62,1 % hombres y el 20,3 % vivían en zonas rurales. La edad media de estas personas a fines de 2018 era de 42 años. En el anexo estadístico del informe pueden consultarse más datos sobre este tema.

114.El empleo de los jóvenes se aborda en las políticas públicas de empleo y juventud.

115.El principal conjunto de medidas para garantizar el empleo de los jóvenes desempleados y los recursos financieros necesarios para ello forman parte del subprograma 1, Promoción del Empleo, del Programa Estatal de Protección Social y Promoción del Empleo (2016-2020), aprobado por el Gobierno.

116.Se presta especial atención a la formación profesional de los jóvenes desempleados, especialmente de los menores de edad que carecen de experiencia laboral y, a menudo, de capacitación. Aproximadamente el 40 % de las personas que el servicio de empleo deriva a formación son jóvenes.

117.Se prioriza la orientación profesional. Los organismos de trabajo, empleo y protección social están alentando a los empleadores a contratar a graduados sin experiencia, para que adquieran conocimientos prácticos.

118.La Resolución núm. 58 del Ministerio de Trabajo y Protección Social, de 10 de octubre de 2016, estableció el procedimiento y las condiciones para la contratación de desempleados a fin de que adquieran experiencia laboral, que incluye un rembolso parcial de los costos salariales a los empleadores.

119.Los desempleados que hayan cumplido los 18 años de edad y decidan emprender una actividad por cuenta propia, establecer una sociedad unipersonal o una explotación agrícola, o dedicarse al agroecoturismo o a la artesanía reciben un subsidio del fondo estatal extrapresupuestario de protección social. En promedio, alrededor del 35 % de los desempleados que recibieron subsidios para iniciar su propio negocio eran jóvenes.

120.Con miras a reducir el desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, la Resolución núm. 1016 del Consejo de Ministros de Previsión de la Demanda de Mano de Obra en la Economía, de fecha 26 de diciembre de 2017, estableció un mecanismo encargado de proyectar dicha demanda en los cinco años venideros, en cada grupo profesional, y coordinar la labor de la administración pública en ese ámbito.

121.Las medidas adoptadas han permitido reducir la tasa de desempleo de los jóvenes. Según una encuesta de hogares por muestreo, el desempleo de los jóvenes de 16 a 30 años de edad disminuyó del 8,6 % en 2012 al 6,6 % en 2018.

122.Al 1 de enero de 2019, 568.000 personas con discapacidad estaban inscritas en los organismos de trabajo, empleo y de protección social, incluidos 31.700 niños menores de 18 años.

123.En 2018, el número de personas con discapacidad aumentó en 3.100. Su proporción en la población total era del 5,9 %.

124.Al 1 de enero de 2019, había unas 190.000 personas con discapacidad en edad de trabajar, de las cuales casi el 60 % tenía referencias profesionales y laborales. Más de 67.000 personas con discapacidad están empleadas, lo que representa el 56,2 % de las personas que cuentan con esas referencias.

125.Se han creado las condiciones jurídicas para que las personas con discapacidad puedan gozar de su derecho al trabajo. El Estado ofrece garantías adicionales para favorecer el empleo de estas personas.

126.Las personas con discapacidad que se dirigen a los organismos de trabajo, empleo y de protección social tienen derecho a más medidas de asistencia para encontrar empleo, a saber:

Información sobre los puestos vacantes.

Remisión para su contratación por un empleador determinado en una profesión o especialidad específica, incluidos puestos de trabajo adicionales creados en organizaciones especializadas.

Empleo en puestos reservados.

Oferta prioritaria de formación profesional, para adquirir una profesión o especialidad, con cargo a fondos destinados a financiar actividades de inserción laboral.

Remisión a actividades de adaptación laboral.

Apoyo (incluido apoyo financiero) para organizar y llevar a cabo un trabajo por cuenta propia.

127.Las personas con discapacidad pueden acceder, de conformidad con sus programas de rehabilitación individual, a todos los servicios que los organismos de empleo prestan a los desempleados.

128.A fin de aumentar al máximo el empleo de las personas con discapacidad, se está elaborando un proyecto de ley que prevé una serie de medidas para mejorar su inserción laboral, entre otras:

Cuotas para la contratación de personas con discapacidad por las organizaciones.

La ayuda de un asistente personal para la búsqueda de empleo.

La financiación y el reembolso de los gastos de todas las empresas, con independencia de su forma de propiedad, que creen puestos para personas con discapacidad, incluidos puestos especializados.

Derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

129.Con el fin de dar una solución integral al problema de la mejora de las condiciones laborales y la seguridad y salud ocupacionales, se aplican las medidas previstas en el programa estatal conexo. Este programa establece el objetivo y las principales orientaciones en la materia, por lo general, con un plazo de 5 años. Actualmente se está ejecutando el Programa Estatal de Protección Social y Promoción del Empleo (2016-2020), que incluye cinco subprogramas, entre ellos el subprograma 2, de Seguridad y Salud Ocupacionales. Los objetivos del subprograma 2 son mejorar la seguridad y salud de los trabajadores y reducir las lesiones y enfermedades profesionales.

130.En 2018, la proporción de puestos de trabajo con condiciones insalubres y/o peligrosas fue del 25,8 % (28,6 % en 2016), la tasa de enfermedades profesionales fue de 0,19 por cada 10.000 trabajadores (0,24 en 2016) y la tasa de lesiones profesionales fue de 51,26 por cada 100.000 trabajadores (52,26 en 2016).

131.Se ha establecido un sistema de inspección para vigilar el cumplimiento de la legislación laboral y sobre seguridad y salud ocupacionales, que incluye un control público. La labor de supervisión y control se llevará a cabo por conducto de medidas preventivas aplicadas por los órganos competentes en cooperación con los interesados, como:

La vigilancia y el envío de recomendaciones para subsanar las deficiencias detectadas.

La concienciación sobre el cumplimiento y la aplicación práctica de los requisitos legales.

La difusión de información (por Internet y los medios de comunicación, entre otros) sobre las infracciones que con mayor frecuencia se constatan en las inspecciones de los órganos de supervisión y control.

La celebración de seminarios y mesas redondas, etc.

132.El control de las condiciones reales de trabajo y la procedencia de la compensación por el trabajo en condiciones insalubres y/o peligrosas se lleva a cabo, entre otras cosas, mediante la constitución de una base de datos de los resultados de la certificación de las condiciones en el lugar de trabajo.

133.En 2018, el Departamento de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Protección Social llevó a cabo, en el marco de su vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral y sobre seguridad y salud ocupacionales, 1.676 controles, 2.101 investigaciones solicitadas por las empresas, 90 inspecciones no programadas y 927 investigaciones especiales de accidentes laborales; estudió alrededor de 1.800 notificaciones de incumplimiento de los plazos para el pago de salarios recibidas de los organismos estatales y examinó casi 1.200 comunicaciones de los ciudadanos.

134.Como resultado de estas medidas, los inspectores estatales constataron (y emitieron órdenes de subsanación de) 67.000 infracciones de la legislación laboral y sobre seguridad y salud ocupacionales, de las cuales más de 2.600 correspondían al incumplimiento de los plazos para el pago de los salarios y 197, del salario mínimo. Para prevenir muertes y lesiones, se ordenó a los empleadores detener la operación de 13 empresas, 26 obras, 208 talleres y unidades de producción y más de 2.900 máquinas-herramienta, maquinaria y equipos de producción que suponían un riesgo para la vida y la salud de los trabajadores, así como de suspender a 11.000 empleados de conformidad con el artículo 49 del Código de Trabajo. Sobre la base de los expedientes elaborados por los inspectores, se tomaron medidas disciplinarias contra 2.306 funcionarios que infringieron la legislación laboral y sobre seguridad y salud ocupacionales.

135.En 2018, el Departamento de Inspección del Trabajo envió 7.202 constataciones de infracciones a la administración pública y las instancias jerárquicas.

136.En 2018, el Departamento siguió aplicando un conjunto de medidas encaminadas a mejorar el nivel de conocimientos e información de los ciudadanos en la esfera de la legislación laboral y sobre seguridad y salud ocupacionales, utilizando ampliamente los medios de comunicación y las tecnologías de la información modernas. Los inspectores hablaron 2.953 veces en los medios de comunicación, participaron en 5.635 reuniones y seminarios, 557 reuniones de los órganos ejecutivos y administrativos locales y de sus dependencias, 1.092 reuniones de las comisiones de prevención de accidentes laborales y otras comisiones, en las que se trataron los temas de la seguridad en el trabajo y los accidentes y el respeto de los derechos laborales de los trabajadores. Asimismo, tomaron parte en la verificación de los conocimientos de sobre seguridad y salud en el trabajo de 52.300 jefes de organizaciones y sus adjuntos con responsabilidades en esa esfera, importantes especialistas, jefes y especialistas de los servicios de seguridad y salud ocupacionales, miembros de comisiones y órganos administrativos de organizaciones competentes en ese ámbito y otros funcionarios.

137.Número de trabajadores que sufrieron accidentes laborales:

Año	Total	Accidentes mortales
1991	21 628	402
1995	13 027	345
2000	8 218	258
2005	4 530	244
2010	2 612	234
2015	2 102	123
2017	1 689	115
2018	2 020	144

138.Tasa de lesiones laborales por cada 100.000 personas (2018):

	Entre ellos:
General	Accidentes graves	Accidentes mortales
51,3	17,8	3,7

139.El Decreto Legislativo Presidencial núm. 18 de Medidas Adicionales de Protección Estatal de los Niños de Familias Disfuncionales, de 24 de noviembre de 2006, tiene por objeto garantizar la protección de los derechos e intereses legítimos de esos niños y endurecer las sanciones a los padres que no cumplan su obligación de criar y mantener a sus hijos.

140.La obligación de reembolsar los gastos de manutención de un hijo bajo la tutela del Estado surge el día en que el niño queda bajo esa tutela y cesa cuando los gastos se abonan por completo.

141.La colocación laboral de los padres desempleados obligados a reembolsar esos gastos garantiza el cumplimiento de su obligación de mantener y criar a sus hijos. La decisión de su colocación está a cargo de los tribunales, que emiten la orden judicial de empleo y la remiten al organismo de trabajo, empleo y protección social correspondiente.

142.El organismo coloca al interesado de modo que su salario garantice el pleno cumplimiento de la obligación mensual de reembolsar los gastos de la crianza de sus hijos; de dicho salario se retiene por lo menos el 30 %.

143.En 2018, los tribunales municipales y de distrito se remitieron a los organismos de trabajo, empleo y protección social a 4.057 personas en esa situación. De ellas, 3.567 recibieron un empleo permanente.

144.La rehabilitación médico-social de los ciudadanos internados en centros de rehabilitación mediante el trabajo tiene por cometido crear la motivación para que los interesados abandonen el consumo de sustancias psicoactivas y se dispongan a cumplir sus funciones sociales, incluido el empleo, una vez que salgan del centro. Los principales elementos del proceso son la formación profesional, la recualificación o el perfeccionamiento, destinados a incorporarlos al mercado laboral.

145.Las condiciones de internamiento en los centros se rigen por el capítulo 5 de la Ley núm. 104-Z por la que se regula la remisión de los ciudadanos a los centros de rehabilitación mediante el trabajo y las condiciones de permanencia en ellos, de 4 de enero de 2010.

146.El trabajo de los internos se ajusta a su edad, capacidad de trabajo, estado de salud, especialidad y cualificaciones. Su remuneración y licencias se rigen por la legislación laboral.

Derechos sindicales

147.Al 1 de enero de 2019, se habían inscrito y registrado un total de 24.952 organizaciones sindicales y 42.877 entidades dependientes de asociaciones civiles.

148.El número de sindicatos ha disminuido de 33 a 28 desde 2010. Esto se debe a la fusión de sindicatos individuales con miras a su consolidación y la optimización de su labor.

149.Según el artículo 41 de la Constitución, los ciudadanos tienen derecho a la protección de sus intereses económicos y sociales, incluido el derecho a asociarse en sindicatos.

150.De conformidad con esa norma, la actividad de los sindicatos se rige por la Ley núm. 1605-XII de Sindicatos, de 22 de abril de 1992, y el Decreto Legislativo Presidencial núm. 2 de Medidas para Regular las Actividades de los Partidos Políticos, los Sindicatos y otras Asociaciones Civiles, de 26 de enero de 1999.

151.Los ciudadanos tienen derecho a constituir voluntariamente los sindicatos que estimen convenientes y a afiliarse a ellos, acatando sus estatutos. La actividad de los sindicatos solo puede limitarse en los casos previstos por las leyes en interés de la seguridad nacional, el orden público o los derechos y libertades de los demás. Los sindicatos elaboran y aprueban autónomamente sus estatutos, determinan su estructura organizativa, eligen sus órganos de dirección, organizan sus actividades y celebran reuniones de sus órganos electivos.

152.A fin de mejorar la creación y el funcionamiento de los sindicatos, el Decreto Legislativo Presidencial núm. 4, de 2 de junio de 2015, eliminó el requisito de la participación de al menos el 10 % de los trabajadores o estudiantes de una organización para establecer y mantener un sindicato. En cambio, sigue vigente el requisito de que el sindicato tenga, por lo menos, diez fundadores o miembros.

153.La modificación, destinada a seguir mejorando la protección de los derechos e intereses sociolaborales de los trabajadores, contribuyó al ejercicio de su derecho a afiliarse a sindicatos.

154.En virtud del artículo 14 de la Constitución, las relaciones sociolaborales entre la administración pública, las asociaciones de empleadores y los sindicatos se basan en los principios de la concertación social.

155.El Consejo Nacional de Asuntos Laborales y Sociales se creó con el fin de fomentar la colaboración entre el Gobierno, las asociaciones nacionales de empleadores y los sindicatos en la aplicación de la política socioeconómica y la protección de los derechos laborales y los intereses económicos y sociales de los ciudadanos. Este órgano colegiado participa de manera permanente en la elaboración y aplicación de una política socioeconómica coordinada, destinada a proteger los derechos laborales y los intereses económicos y sociales de los trabajadores y a mejorar el nivel de vida de la población.

156.Belarús es miembro de la OIT desde 1954 y ha ratificado los siguientes convenios de la Organización que afectan a los derechos sindicales: el Convenio sobre el Derecho de Asociación (Agricultura), 1921 (núm. 11); el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 87); el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98); el Convenio sobre la Consulta Tripartita (Normas Internacionales del Trabajo), 1976 (núm. 144); y el Convenio sobre la Negociación Colectiva, 1981 (núm. 154). En el marco del mecanismo de control de la OIT, Belarús presenta puntualmente a la Oficina Internacional del Trabajo sus informes sobre la aplicación de esos convenios.

Derecho a la seguridad social

157.Una de las formas de seguridad social en Belarús son las pensiones estatales.

158.El derecho a percibir pensiones estatales por razón de vejez, por discapacidad y de supérstite está garantizado por la Constitución y un conjunto de instrumentos legislativos y normativos.

159.En virtud de la Ley núm. 1596-XII de Pensiones, de 17 de abril de 1992, los ciudadanos tienen derecho a una pensión contributiva: al alcanzar una edad o antigüedad laboral determinadas, por incapacidad laboral o en calidad de supérstite. Los ciudadanos que no tienen derecho a una pensión contributiva reciben una pensión social (que no requiere el pago previo de contribuciones): al cumplir la edad de 60 años en el caso de las mujeres y 65 en el de los hombres (sin ningún requisito adicional), por discapacidad (adultos y niños con discapacidad), y de supérstite, en el caso de los niños.

160.Las pensiones estatales (contributivas y sociales) cubren prácticamente a todas las personas con incapacidad laboral que las necesitan.

161.El sistema nacional de indicadores de trabajo decente (capítulo 9, Protección social) incluye la proporción de la población que ha superado la edad de trabajar inscrita en los organismos de trabajo, empleo y protección social y que recibe pensiones contributivas, con respecto al total de ese grupo de edad. En 2017, esta cifra era del 94,6 %.

162.Proporción de la población que ha superado la edad de trabajar inscrita en los organismos de trabajo, empleo y protección social y que recibe pensiones contributivas, con respecto al total de ese grupo de edad (en porcentajes):

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
95,2	95,1	95,0	95,1	95,0	94,5	94,3	94,0	94,6

163.Pensionistas inscritos en los organismos de trabajo, empleo y protección social (a finales de año), en miles de personas:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2 454,3	2 468,9	2 486,9	2 512,2	2 537,3	2 559,7	2 592,8	2 619,3	2 593,7

164.La cobertura real de las pensiones estatales entre las personas de edad es aún mayor, ya que el cálculo del indicador no tiene en cuenta a quienes reciben pensiones sociales, ni a quienes reciben pensiones de otros organismos estatales (personal militar y afines).

165.A partir de 2019, se hace el seguimiento del indicador de proporción de la población que ha alcanzado la edad de jubilación y recibe una pensión respecto del total de ese grupo de edad, en el marco del logro de la meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (indicador nacional 1.3.1.1). Este indicador reflejará de manera más objetiva la cobertura de las pensiones estatales entre los ciudadanos de edad, ya que incluirá a aquellos que reciben pensiones sociales y de otros organismos estatales (personal militar y afines).

166.El funcionamiento estable del sistema de pensiones y el pago de pensiones de un nivel socialmente aceptable es una prioridad del Estado.

167.El ajuste de las pensiones contributivas en función del aumento del salario medio se realiza al menos una vez al año. En 2018, se hicieron tres de estos ajustes por decreto del Jefe de Estado.

168.Las pensiones contributivas mínimas se ajustan también en función del mínimo de subsistencia per cápita (generalmente, en forma trimestral), al igual que las pensiones sociales.

169.Las pensiones mínimas, contributivas y sociales, se aumentan periódicamente en función de la evolución del costo de la vida.

170.Número de ajustes anuales de las pensiones en función del aumento del mínimo de subsistencia per cápita:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pensiones contributivas mínimas	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
Pensiones sociales	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4

171. El monto de las pensiones contributivas se mantiene en torno al 40 % del salario medio.

172.Prácticamente, no hay jubilados en el grupo de bajos ingresos: la proporción personas que perciben pensiones inferiores al mínimo de subsistencia es inferior al 1 % desde 2011. En el anexo estadístico del informe pueden consultarse las estadísticas pertinentes.

173.En los últimos años, los gastos en pensiones han sido de alrededor del 9 % del producto interno bruto (PIB).

174.El período mínimo de contribución a efectos de la pensión se está incrementando gradualmente para que alcance los 20 años en 2025 (hasta el 1 de enero de 2014 era de 5 años); así como la edad de jubilación, que será de 58 años para las mujeres y de 63 para los hombres en 2022. Las personas de categorías socialmente vulnerables (como las madres con muchos hijos, las personas con discapacidad desde la infancia y sus padres) y aquellas que trabajan en condiciones insalubres deben cumplir requisitos menores de antigüedad y edad de jubilación. Las condiciones para adquirir el derecho a percibir una pensión contributiva siguen siendo accesibles.

175.Las prestaciones por desempleo se pagan con cargo al fondo estatal extrapresupuestario de protección social, que se alimenta de las contribuciones obligatorias al seguro social de los empleadores.

176.De conformidad con la Ley núm. 125-Z de Empleo, de 15 de junio de 2006, el Estado garantiza a los desempleados:

El pago de la prestación por desempleo.

Becas durante la formación prescrita por los organismos de trabajo, empleo y protección social.

Ayuda material para ellos y a sus familiares.

177.El monto de la prestación por desempleo y de la beca se fijan en relación con una unidad de cálculo.

178.La prestación mínima por desempleo es el 70 % de la unidad de cálculo y la máxima es de dos.

179.La prestación de los desempleados que tienen un hijo a cargo menor de 14 años o un hijo con discapacidad menor de 18 años se aumenta en un 10 %, y la de aquellos que tienen tres o más hijos, o dos o más hijos con discapacidad, en un 20 %.

180.El subsidio de desempleo se paga durante un máximo de 26 semanas naturales cada 12 meses, a partir de la fecha de inscripción en los organismos de trabajo, empleo y protección social.

181.Los desempleados con una antigüedad laboral superior a los 25 años en el caso de los hombres y 20 años en el de las mujeres perciben el subsidio durante 2 semanas naturales adicionales por año de servicio.

182.Al 1 de enero de 2019, 5.800 personas (el 46,2 % del total de los desempleados inscritos) recibían prestaciones por desempleo. En diciembre de 2018, el monto medio de la prestación por desempleo era de 26,4 rublos belarusos.

183.Los ciudadanos inscritos como desempleados de conformidad con el procedimiento establecido por la ley y que se encuentran en una situación precaria pueden recibir ayudas focalizadas (subsidios mensuales para los ciudadanos de bajos ingresos o prestaciones sociales únicas para aquellos que afrontan dificultades y tienen ingresos inferiores al 150 % del mínimo de subsistencia).

184.El apoyo a los desempleados no se limita a las prestaciones por desempleo, sino que abarca también ayudas materiales y oportunidades de empleo temporal y de participación en trabajos comunitarios remunerados mientras buscan un empleo permanente, para que cuenten con un ingreso suplementario.

185.El Estado está aplicando una política específica de regulación del mercado de trabajo para resolver cuestiones vinculadas con la protección social de los desempleados. Son prioritarias las medidas activas de empleo destinadas a fomentar las capacidades de los trabajadores y su eficaz recualificación, así como el readiestramiento avanzado en profesiones demandadas en el mercado laboral de aquellos que corren riesgo de perder su empleo, para adaptarlos a las necesidades reales de la economía.

Protección de la familia y los niños

186.El Código de Trabajo contiene una serie de artículos encaminados a garantizar el igual ejercicio de los derechos de mujeres y hombres, también en lo que respecta a la crianza de los hijos. Las particularidades de la regulación del trabajo de las mujeres y los empleados con responsabilidades familiares se tratan en el capítulo 19 del Código.

187.El artículo 185 del Código establece una norma imperativa según la cual la licencia parental para el cuidado de un niño menor de 3 años se concederá, a discreción de la familia, a un padre u otro pariente del niño, en caso de que la madre del niño se reintegre a su puesto, trabaje por cuenta propia, sea notaria, abogada, artista, o se dedique a la artesanía o el agroecoturismo.

188.La legislación otorga a la familia el derecho a determinar por sí misma cuál de los padres que trabajan se ocupará del hijo y, en consecuencia, hará uso de la licencia parental hasta que este cumpla los 3 años de edad.

189.Los padres que tomen esta licencia recibirán los mismos beneficios que las madres. Mientras estén de baja podrán, si así lo desean, trabajar en su ocupación o puesto principal o en otro, a tiempo parcial, sin superar la mitad de la carga horaria mensual.

190.La Ley núm. 219-Z por la que se modifican una serie de leyes, de 18 de julio de 2019 y en vigor desde el 28 de enero de 2020, aprobada con el fin de mejorar la legislación en lo que respecta a la igualdad de derechos y oportunidades laborales, dispone:

El derecho a una licencia de paternidad de hasta 14 días de duración, dentro de los 6 meses siguientes al nacimiento de un hijo.

La ampliación a los padres o padrastros a cargo de un niño con discapacidad menor de 18 años de edad de la posibilidad de elegir un empleo de verano.

La ampliación de las garantías previstas para las madres que trabajan a los padres solos que trabajan y crían a sus hijos.

La eliminación de la prohibición a las mujeres con hijos menores de 3 años de trabajar horas extras y en días festivos o fines de semana, así como de realizar viajes de trabajo.

191.En 2018 se realizó un estudio sobre papel asignado a cada género en las familias belarusas y se elaboraron propuestas para mejorar el marco institucional y jurídico destinado a garantizar la igual participación de ambos padres en la vida del niño, incluso después de la disolución del matrimonio o cuando los padres no están casados.

192.El Estado garantiza una educación preescolar accesible y gratuita, y el sistema de educación preescolar se está desarrollando rápidamente.

193.Al 5 de septiembre de 2018, había 3.803 centros que brindaban educación preescolar a más de 435.000 alumnos, incluidos 72.400 niños pequeños (de 2 meses a 3 años de edad). En las zonas rurales había 1.713 de estos centros, a los que asistían más de 59.000 preescolares, incluidos unos 7.000 niños pequeños.

194.Teniendo en cuenta las necesidades de los padres, los niños, incluidos los de corta edad, reciben educación preescolar en diversos centros (guarderías, guarderías-parvularios, jardines de infantes, guarderías-sanatorios, jardines-sanatorios y centros preescolares de desarrollo infantil), públicos y privados, en diferentes horarios (durante 2 a 7 horas, 10 horas y media, 12 horas o 24 horas). Los centros de enseñanza preescolar reciben a los niños de diferentes grupos sociales.

195.Según las peticiones de los padres, se abren grupos de horario reducido (de 2 a 7 horas): escuelas de madres, grupos de adaptación, de recreo, vespertinos, de fin de semana, estacionales y espacios de juego. El número de estos grupos ha aumentado en 2.477 desde 2014 y el número de niños que asisten a ellos, en 19.400, hasta llegar a un total de 5.376 grupos y 45.400 participantes en 2018 (en comparación con 2.899 grupos y 25.986 niños en 2014). En 2018, había en las zonas rurales 1.313 grupos de horario reducido (de 2 a 7 horas) para 8.060 niños pequeños.

196.Las medidas adoptadas han permitido aumentar la cobertura de los centros de enseñanza preescolar al 44,3 % de los niños de 1 a 3 años de edad en 2018 (22,9 % en las zonas rurales).

197.Belarús ha fortalecido su posición de liderazgo entre los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) en lo que respecta a la cobertura de los centros de enseñanza preescolar. La proporción de niños de 3 a 6 años de edad que reciben educación preescolar aumentó del 95,4 % en 2015 al 96,4 % en 2018. En las zonas rurales, esta cobertura fue del 68,3 % en 2015 y 2018.

198.En los últimos tres años, ha crecido la proporción de niños de 1 a 6 años de edad que reciben educación preescolar, que fue del 74,8 % en 2016, el 75,8 % en 2017 y el 79,4 % en 2018. En las zonas rurales este indicador fue del 49,4 % en 2016, el 49,8 % en 2017 y el 51,7 % en 2018.

199.Se mantiene la cobertura universal, alcanzada en años anteriores, de la preparación para la escuela de los niños de 5 años de edad, lo que asegura la igualdad de oportunidades desde un primer momento a los integrantes de todos los grupos sociales.

200.Entre 2013 y 2018, las fuerzas del orden detectaron 615 delitos relacionados con la trata de personas (tipificados con arreglo al Protocolo de Palermo), 15 de los cuales eran delitos de trata. Se clausuraron 95 rutas de salida y 1 ruta de entrada al país de personas con fines de explotación. En el marco de la represión de la prostitución (uno de los principales motores de la explotación sexual) se han impuesto sanciones administrativas a 8.011 personas por la prestación de servicios sexuales remunerados.

201.Durante el período objeto de examen, no se registró un aumento significativo de los delitos vinculados con la trata de personas, lo que demuestra la eficacia de las medidas, preventivas y de otra índole, que se han adoptado.

202.Belarús está tomando medidas integrales para luchar contra la trata de personas, muchas de las cuales tienen carácter preventivo.

203.Se están ejecutando programas en esta esfera, en los que participan activamente no solo los organismos públicos sino también organizaciones no gubernamentales (ONG). Si bien los programas se basaron en un principio en el enjuiciamiento penal de los tratantes, la atención se centró luego en la prevención, los teléfonos de asistencia, los anuncios de interés público, la protección y la rehabilitación de las víctimas, en estrecha cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones y asociaciones civiles.

204.Con arreglo a la Ley núm. 350-Z, de Lucha contra la Trata de Personas, de 7 de enero de 2012, el Consejo de Ministros dictó su Resolución núm. 485 por la que se aprueba la Disposición sobre la identificación de las víctimas de la trata, el modelo de formulario destinado a las presuntas víctimas de la trata o delitos conexos, su cumplimentación y la presentación de la información contenida en este, de 11 de junio de 2015. De conformidad con esa Resolución, se creó y se está poniendo en marcha el Mecanismo Nacional de Identificación y Rehabilitación de las Víctimas de la Trata.

205.Entre 2013 y 2018, las fuerzas del orden identificaron a 824 víctimas de la trata, 173 de las cuales eran menores de edad. Entre ellas, había 770 víctimas de explotación sexual y 54 víctimas de explotación laboral.

206.De las víctimas, 264 fueron remitidas a servicios de rehabilitación (el resto no necesitaba asistencia en ese momento).

207.La legislación dispone que, al identificar a una presunta víctima de la trata o delitos conexos, los organismos públicos competentes la informarán de su derecho a beneficiarse de medidas de protección y rehabilitación, determinarán qué tipo de asistencia necesita y las organizaciones —públicas o no— que prestan esa asistencia, y la remitirán y, de ser necesario, la acompañarán a esas organizaciones para que reciban dicha protección y rehabilitación.

208.La prestación de servicios de rehabilitación recae en los 146 centros territoriales de servicios sociales y en los centros municipales de servicios sociales para la familia y la infancia de Gómel y Minsk, que dependen del Ministerio de Trabajo y Protección Social. Estos centros también prestan asistencia a las víctimas de la violencia doméstica.

209.Existe una red de salas de crisis que funcionan las 24 horas del día y aumentan la disponibilidad de alojamiento temporal. Al 1 de enero de 2019, había 132 de estas salas.

210.El Ministerio de Trabajo y Protección Social supervisa constantemente la mejora de la asistencia a las víctimas de la trata de seres humanos y que sufren violencia doméstica.

211.En 2018, 679 personas vivían en las salas de crisis, entre ellas cuatro víctimas de la trata de personas.

212.Las personas que acuden a las salas reciben asistencia social en forma de albergue, servicios sociopsicológicos, información y asesoramiento y ayuda humanitaria. También se las deriva a formación profesional y se les brinda asistencia para encontrar trabajo.

213.Las víctimas de la trata reciben alojamiento temporal en forma gratuita.

Derecho a un nivel de vida adecuado

214.El derecho a la vivienda de los ciudadanos belarusos está garantizado por el artículo 21 de la Constitución.

215.El ejercicio de ese derecho se rige por el Código de Vivienda, que garantiza:

La libre elección por los ciudadanos de los medios de mejorar su vivienda.

La provisión por el Estado de viviendas sociales de alquiler a los ciudadanos con incapacidad laboral de bajos ingresos.

La ayuda estatal para construcción o compra de una vivienda a los ciudadanos de bajos ingresos que necesiten mejorar su alojamiento.

La transición hacia la provisión y el pago de la vivienda en función de su superficie total.

El derecho de los ciudadanos a disponer libremente de la vivienda de la que son legalmente propietarios.

La protección judicial del derecho a la vivienda de los ciudadanos.

La ampliación del control público del cumplimiento de la legislación en materia de vivienda.

216.Para llevar a cabo estas tareas, el Gobierno ha aprobado el Marco de Mejoramiento y Desarrollo de la Vivienda y los Servicios Públicos hasta 2025, el Programa Estatal de Vivienda Confortable y Entorno Propicio (2016-2020) y el Programa Estatal de Construcción de Viviendas (2016-2020).

217.El Programa Estatal de Construcción de Viviendas prevé un aumento de la superficie del parque de viviendas, de 26,36 m2 por habitante en 2015 a 27,3 m2 en 2020.

218.La legislación en la materia prevé el derecho a inscribirse en el registro de personas que necesitan mejorar su vivienda, la inclusión de ciertas categorías de ciudadanos en las listas para recibir una vivienda social, y la construcción de viviendas con ayuda estatal. En el anexo estadístico del informe pueden consultarse más datos sobre este tema.

219.La Disposición sobre el registro de personas que necesitan mejorar sus condiciones de vivienda y por la que se regula la atribución de las viviendas del parque público, aprobadas mediante el Decreto Presidencial núm. 563 de Aspectos de la Regulación Jurídica de la Vivienda, de 16 de diciembre de 2013, establecen 12 motivos que habilitan a los ciudadanos a inscribirse en dicho registro, a saber:

Disponer de una superficie de vivienda menor a 15 m2 por persona, o a 10 m2 en la ciudad de Minsk.

Convivir con terceros en una única habitación o en un apartamento de una habitación, cuando se sufre una enfermedad que impide la convivencia (según la lista aprobada por la Resolución núm. 202 del Ministerio de Salud, de 22 de diciembre de 2012).

Convivir con terceros en un apartamento de una habitación, con independencia de que se trate o no de parientes cercanos, excepto en el caso de los cónyuges.

Estar alojado en hogares especiales para veteranos o residenciales para ancianos y personas con discapacidad, con una discapacidad del grupo III o cuando la discapacidad ha desaparecido, y no haber conservado la vivienda anterior.

Residir en una vivienda declarada no conforme a las normas sanitarias y técnicas vigentes; y residir en una vivienda privada alquilada, entre otros.

220.La inscripción en el registro de las personas que necesitan mejorar sus condiciones de vivienda y tienen derecho a una vivienda social no solo comprende su inclusión en la lista general, en la que al 1 de enero de 2019 figuraban unos 663.800 ciudadanos de todo el país, sino también en las elaboradas por los comités ejecutivos.

221.Al 1 de enero de 2019, había 3.990 personas con discapacidad inscritas en el registro:

	Personas inscritas	Personas incluidas en las categorías que tienen derecho a una vivienda social	Personas con discapacidad que tienen derecho a una vivienda social
Provincia de Brest	88 684	1 897	530
Provincia de Vítebsk	66 484	3 018	317
Provincia de Gómel	89 260	2 837	567
Provincia de Grodno	69 125	2 346	369
Provincia de Moguilyov	63 192	3 284	558
Provincia de Minsk	88 434	4 857	1 095
Ciudad de Minsk	198 664	1 126	464
Total	663 843	19 365	3 990

222.En el plano legislativo, se ha identificado un número considerable de personas (18 categorías) que tiene derecho a recibir una vivienda social. Las disposiciones sobre el registro de personas que necesitan mejorar sus condiciones de vivienda otorgan este derecho a:

Los Héroes de Belarús, los Héroes de la Unión Soviética, los Héroes del Trabajo Socialista, y los titulares de la Orden de la Gloria y la Orden de la Gloria del Trabajo.

Los veteranos y los discapacitados de guerra de la Segunda Guerra Mundial.

Los veteranos y los discapacitados de guerra en el territorio de otros Estados.

Las personas con discapacidad desde la infancia como resultado de lesiones, contusiones o mutilaciones causadas por operaciones de combate durante la Segunda Guerra Mundial o por las consecuencias de las hostilidades.

Quienes enfermaron o padecieron radiotoxemia a raíz del desastre de Chernóbil y otros accidentes radiactivos.

Las familias que crían niños con discapacidad, etc.

Las demás categorías de personas que tienen derecho a una vivienda social:

Los ciudadanos cuyas viviendas se han vuelto inhabitables debido a desastres naturales o provocados por el hombre, hostilidades y actos de terrorismo.

Los ciudadanos que sufren una enfermedad que impide la convivencia (según la lista aprobada por la Resolución núm. 202 del Ministerio de Salud, de 22 de diciembre de 2012) y aquellos en cuya familia hay niños que sufren una de estas enfermedades.

Los niños huérfanos o privados del cuidado de sus padres, emancipados o que han contraído matrimonio, o que han alcanzado la mayoría de edad (hasta los 23 años).

Los militares, incluidos los militares retirados, discapacitados como consecuencia de lesiones, contusiones, mutilaciones o enfermedades sufridas en el desempeño de sus funciones durante su servicio o carrera militar.

Los desempleados con discapacidad de los grupos I y II que viven solos.

Los pensionistas que no trabajan y viven solos.

Las personas de bajos ingresos entre:

Las personas con discapacidad de los grupos I y II, excepto los desempleados y las víctimas del desastre de Chernóbil y otros accidentes radiactivos.

Los pensionistas.

Las familias numerosas.

Los ciudadanos que han acogido a tres o más niños huérfanos y/o privados del cuidado de sus padres.

223.Las viviendas sociales son gratuitas y solo se pagan los servicios públicos domiciliarios.

224.Los principios fundamentales de la política estatal de protección del medio ambiente son los siguientes:

El respeto del derecho de los ciudadanos a un entorno propicio.

La garantía de condiciones favorables para la vida y la salud de los ciudadanos y la reducción del impacto perjudicial en el medio ambiente de las actividades económicas y de otro tipo, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales.

La transparencia de la labor de protección del medio ambiente de los organismos estatales y las asociaciones civiles, y la difusión entre los ciudadanos de información ambiental completa, fidedigna y oportuna.

La participación obligatoria de los organismos estatales, las asociaciones civiles, otras personas jurídicas y los ciudadanos en las actividades de protección del medio ambiente.

225.La legislación prevé la evaluación obligatoria del impacto ambiental de los proyectos económicos y de políticas cuya ejecución tenga repercusiones en el medio ambiente y/o esté relacionada con la utilización de los recursos naturales, y establece el derecho a la participación pública en la toma de decisiones importantes desde el punto de vista ambiental, y el derecho de acceso a la información sobre el medio ambiente. La vulneración de estas normas conlleva sanciones.

226.Como resultado de la labor de desarrollo del sistema de áreas naturales especialmente protegidas realizada en 2018, la superficie total de estas zonas alcanzó el 8,9 % del territorio del país (el indicador nacional de seguridad ambiental prevé un mínimo del 8,0 %). Al 1 de enero de 2019 había 1.289 áreas naturales especialmente protegidas.

227.En el marco de los compromisos asumidos por Belarús en virtud del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, la cantidad total de equipos y desechos que contienen bifenilos policlorados se ha reducido en más del 15 % desde 2015.

228.Como resultado de las medidas adoptadas, en 2019 disminuyó un 35 % el número de instalaciones de almacenamiento de plaguicidas inutilizables y los desechos acumulados en ellos. Entre 2015 y 2017 bajó un 12 % la acumulación de desechos peligrosos (de las clases 1 a 3).

229.Tras la introducción de normas internacionales y de exigencias ambientales contra la generación y el tráfico de residuos de producción, la cantidad de desechos enterrados ha disminuido en un 41 % en los últimos 5 años.

230.Se ha establecido un Consejo Público Permanente de Coordinación Ambiental dependiente del Ministerio de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente, para cooperar con las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. El Consejo reúne a 23 organizaciones de la sociedad civil.

231.Este Consejo celebró tres reuniones en 2018, durante las cuales se examinaron cuestiones relacionadas con la redacción del proyecto de ley destinado a modificar el artículo 100 de la Ley núm. 1982-XII de Protección del Medio Ambiente, de 26 de noviembre de 1992, y el proyecto de estrategia de ordenación de los recursos hídricos en el marco del cambio climático hasta 2030, así como la preparación de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

232.El plan de trabajo anual, el programa y las actas de las reuniones del Consejo pueden consultarse libremente en el sitio web oficial del Ministerio en la sección Cooperación con la ciudadanía y la comunidad empresarial.

233.Los instrumentos jurídicos y normativos que se someten a la opinión pública, entre ellos los que examina el Comité, se publican en dicho sitio web, en la sección Debate público.

234.Como parte de su labor con la ciudadanía y para garantizar el acceso de la opinión pública a información de importancia ambiental, en 2018 se respondió, dentro de los plazos legales, a 488 comunicaciones de los ciudadanos, incluidas las relacionadas con auditorías ambientales, evaluaciones ambientales estratégicas y evaluaciones de impacto ambiental y de seguridad radiológica.

235.Se prestó particular atención a los proyectos de construcción de una planta para la producción de pasta blanqueada al sulfato de la sociedad anónima Fábrica de Pulpa y Cartón de Svetlogorsk, con una capacidad productiva de 400.000 toneladas anuales; de establecimiento de la fábrica de baterías de la sociedad de responsabilidad limitada IPower, dotada de su propia sala de calderas de gas natural en la zona franca de Brest, en el distrito aeroportuario; y de construcción de una fábrica para la producción de máquinas especiales y de renovación de instalaciones existentes en el centro industrial de Kolodischi, en el distrito de Minsk.

236.Durante las reuniones se llevó a cabo una labor de sensibilización a gran escala, manteniendo una correspondencia sobre las cuestiones ambientales relacionadas con esos proyectos, que en cierta medida contribuyó a aliviar la presión social de los ciudadanos que se oponían a ellos. Los especialistas del Ministerio de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente realizaron visitas a esas instalaciones.

237.A fin de informar a la población sobre las modificaciones de la legislación ambiental, así como sobre la aplicación de las disposiciones sobre exigencias ambientales del Decreto Legislativo Presidencial núm. 7 de Desarrollo de la Iniciativa Empresarial, de 23 de noviembre de 2017, los especialistas del Ministerio llevaron a cabo una labor de concienciación a lo largo del año, participando en actos con la prensa, conferencias, seminarios y reuniones. Se celebraron 2.842 actos: reuniones, seminarios, cursos, visitas y debates con la población y representantes de empresarios y trabajadores.

238.El Ministerio y las autoridades territoriales se han dedicado a informar a la población sobre las actividades ambientales en las redes sociales.

239.Con el fin de promover la responsabilidad ambiental de la población, se ha redactado y está aplicando la Hoja de Ruta para Mejorar la Información de la Población (2018-2020), aprobada por el Ministro de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente el 18 de julio de 2018 en el marco del Plan núm. 16. Se han elaborado recomendaciones metodológicas para que los comités territoriales del Ministerio hagan un seguimiento de la opinión pública sobre módulos temáticos vinculados con la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales.

240.Las consecuencias del desastre de Chernóbil son objeto de programas estatales destinados a mitigar el riesgo de repercusiones adversas en la salud de los ciudadanos afectados y a facilitar la transición de la rehabilitación de los territorios a su desarrollo socioeconómico sostenible, con el cumplimiento incondicional de los requisitos de seguridad radiológica.

241.Se está ejecutando un Programa Estatal de Gestión de las Consecuencias del Desastre de Chernóbil (2011-2015 y hasta 2020), más de la mitad de cuyos fondos se destinan a la protección social, la atención médica y la rehabilitación de la población afectada. En el anexo estadístico del informe puede consultarse más información sobre este tema.

242.Las medidas del Programa Estatal se financian con cargo a partidas específicas de los presupuestos nacional y locales y otras fuentes previstas en la legislación, con arreglo a los listados de bienes, suministros, obras y servicios preparados por los adjudicadores estatales.

243.El Programa Estatal prevé:

La protección social, la atención médica, el tratamiento en sanatorios y balnearios y la rehabilitación de la población afectada.

La protección contra las radiaciones y la aplicación focalizada de medidas de protección.

La vigilancia de la radiación y el control de la contaminación radiactiva.

El desarrollo socioeconómico de las regiones afectadas.

244.La legislación vigente establece un sistema de prestaciones, derechos y garantías para los ciudadanos que participaron en la gestión de las consecuencias del desastre de Chernóbil, así como para los que fueron evacuados y reasentados en un nuevo lugar de residencia desde las zonas de contaminación radiactiva, y los que viven y trabajan en zonas contaminadas con radionúclidos.

245.El sistema de vigilancia y reconocimiento médicos, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y la recuperación y atención en sanatorios y balnearios permiten compensar los daños a la salud causados por el desastre.

246.Se ha creado una red de 12 centros balnearios y sanatorios especializados en la rehabilitación y promoción de la salud infantil, que reciben grupos organizados de niños todo a lo largo del año. Desde 1990, ha habido más de un millón de viajes al extranjero de niños belarusos para recibir tratamiento.

247.Se organizan anualmente comidas gratuitas para los menores de edad que viven o estudian en la zona de contaminación radiactiva.

248.Las medidas integrales de protección aplicadas en la agricultura, junto con un servicio eficaz de vigilancia de la radiación en la agroindustria, garantizan a los consumidores alimentos conformes a las normas sanitarias.

249.La política estatal de gestión de las consecuencias del desastre de Chernóbil se basa en la transición de las medidas de rehabilitación posteriores al accidente al desarrollo del potencial socioeconómico de las regiones afectadas. Se están adoptando medidas para reducir la dosis de radiación, con la mejora de los asentamientos humanos, el suministro de agua potable de calidad y la reducción del uso de combustibles locales. Se están ejecutando proyectos de inversión destinados al desarrollo socioeconómico de las zonas afectadas y a la creación de empleo.

250.Desde 1986, han mejorado las condiciones sociales y sanitarias de las personas que viven en esas zonas, como resultado de la construcción de más de 68.800 apartamentos y casas, incluidos 239 asentamientos dotados de la infraestructura necesaria. También se acondicionaron los asentamientos de las personas desplazadas. Se construyeron 157 centros de enseñanza general para 48.000 alumnos, 116 jardines de infancia y guarderías para 18.600 alumnos, policlínicos y centros de tratamiento ambulatorio con capacidad para 21.500 pacientes por turno y hospitales con una capacidad de 5.000 camas.

251.Con el fin de mejorar la situación ambiental en las zonas afectadas, se han tendido 3.800 km de gasoductos, que abastecen a más de 22.000 viviendas individuales, y más de 2.200 km de tuberías de agua, y se han construido centros de desferrización de agua y pozos artesianos, para proporcionar agua potable a la población.

252.Se construyeron 113,5 km de carreteras y se hicieron mejoras en los asentamientos.

253.Se están construyendo y renovando instalaciones recreativas, deportivas y culturales.

Derecho a la salud física y mental

254.El sistema de salud de Belarús ha mantenido su carácter público y proporciona una atención médica gratuita de alta calidad, contribuyendo así al goce del derecho constitucional a la salud. El principal objetivo del ulterior desarrollo del sistema es consolidar estos procesos y mejorar los indicadores de salud.

255.Ello se rige por la Estrategia de Desarrollo de la Salud hasta 2020. Además, se ha elaborado una Estrategia de Desarrollo de la Industria Farmacéutica (2019-2025).

256.La atención médica se presta en los centros de salud:

A nivel de distrito: en centros de obstetricia, hospitales locales, residencias geriátricas, centros de atención ambulatoria, consultorios de medicina general y hospitales centrales de distrito.

A nivel interdistrital y provincial: en policlínicas, hospitales, dispensarios, hospitales de urgencias y centros de rehabilitación.

A nivel nacional: en policlínicas, hospitales, dispensarios, centros nacionales de investigación aplicada, el hospital nacional de rehabilitación y centros de rehabilitación.

257.Se están desarrollando activamente técnicas para reducir la hospitalización en la prestación de asistencia médica, como servicios de atención diurna y hospitalización domiciliaria. En 2018, más de 686.000 pacientes fueron atendidos en estas modalidades.

258.El país cuenta con 103 residencias geriátricas atendidas por enfermeras, dotadas de 2.709 camas, que proporcionan la asistencia médica y social debidas a los ciudadanos de edad; hay un total de 4.677 camas con servicios de enfermería, en las que en 2018 recibieron tratamiento 18.900 personas.

259.Más de 55.400 médicos y 126.900 auxiliares de salud atienden a la población en 612 hospitales y 1.443 policlínicas.

260.El sistema de salud de Belarús abarca prácticamente todo el abanico de servicios médicos, lo que ha eliminado la necesidad de los tratamientos en el extranjero y permite prestar a la población servicios médicos, de rehabilitación y convalecencia de tecnología avanzada, al más alto nivel, dentro del país.

261.La tasa de mortalidad en niños menores de un año se redujo de 4,0 por cada 1.000 nacidos vivos en 2010 a 2,5 en 2018, incluidos los niños de peso bajo (a partir de 500 gramos) al nacer, y sigue siendo la menor de la CEI.

262.La tasa de mortalidad infantil (niños menores de 5 años) se redujo de 5,4 por cada 1.000 nacidos vivos a 3,4, entre los mismos años.

263.No se registran sino casos aislados de mortalidad materna. En 2018 hubo tres casos y la tasa de mortalidad materna fue de 3,4 por cada 100.000 nacidos vivos. Esta tasa es uno de los indicadores de la estabilidad del sistema de salud de Belarús, y es comparable a la que registran países como Israel, Polonia y Finlandia.

264.Se ha reducido el número de muertes por enfermedades respiratorias (37,2 % con respecto a 2010), ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (42,0 %), enfermedades cardiovasculares (en un 7,9 %), y causas externas (43,9 %). Ha aumentado la mortalidad por enfermedades del sistema nervioso, del sistema musculoesquelético y del tejido conjuntivo.

265.El aumento de la calidad de vida se refleja en el incremento de la esperanza de vida, que ha pasado de 70,4 años en 2010 a 74,5 en 2018. En el caso de los hombres, la cifra ha pasado de 64,6 a 69,2 años, y en el de las mujeres, de 76,5 a 79,4.

266.El establecimiento de centros nacionales de investigación aplicada ha contribuido considerablemente al desarrollo de la alta tecnología en Belarús, y a que esta adquiriera un nivel internacional. En dichos centros hay un estrecho vínculo entre la ciencia y la práctica, lo que permite una rápida introducción de los progresos científicos en la atención médica. Belarús cuenta con 16 de estos centros repartidos en el país y 1 centro en Minsk.

267.La atención médica de alta tecnología no se limita a los centros especializados nacionales, sino que también está disponible en las regiones. Todos los hospitales provinciales cuentan con servicios de cirugía cardíaca con capacidad de diagnóstico por coronariografía, cirugía de implante de marcapasos, implantación de stents, entre ellos coronarios, y bypass coronario. En 2018, se realizaron 2.203,5 cirugías cardíacas, 447,4 cirugías a corazón abierto y 4,3 trasplantes por millón de habitantes.

268.En todos los servicios de traumatología de los hospitales provinciales y en los hospitales de urgencias se realizan intervenciones de alta tecnología y complejidad del sistema musculoesquelético, y modernas operaciones de cirugía reconstructiva. Se han desarrollado y se utilizan tecnologías de planificación tridimensional por computadora de operaciones de cadera y de osteosíntesis mínimamente invasiva en fracturas graves de los huesos largos de las extremidades inferiores, entre otras.

269.En la neurocirugía se han introducido métodos quirúrgicos de alta tecnología: —endoscopía transcraneal en tumores benignos de la base del cráneo (fosa craneal anterior y región selar) y descompresión y estabilización mínimamente invasivas para el tratamiento de la espondiloartropatía— y un protocolo de seguimiento dinámico y ajuste del tratamiento de los pacientes con epilepsia farmacorresistente después la cirugía, entre otros.

270.Las operaciones de cardiocirugía infantil se están ampliando gracias a la labor del Centro Nacional de Investigación Aplicada en Cirugía Pediátrica.

271.Ha habido avances significativos, al nivel de los principales centros mundiales, en el tratamiento de enfermedades oncohematológicas pediátricas. La tasa de supervivencia general a largo plazo de los niños afectados por estas enfermedades es del 74 % y, en algunas de sus formas (enfermedad de Hodgkin, tumor de Wilms), supera el 90 %. Belarús ocupa el segundo lugar en Europa con arreglo a este indicado, y el octavo lugar en el mundo según los resultados del tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda en niños, por delante de países como los Estados Unidos, Israel, el Japón y Finlandia, entre otros (Lancet, 2017).

272.Entre los logros del sistema de salud cabe mencionar las tecnologías de reproducción asistida, cuya eficacia alcanza el 43,1 %, una cifra que corresponde al promedio mundial.

273.Ello ha sido posible gracias a la adquisición y gestión racional de costosos equipos de avanzada, la formación en las mejores clínicas europeas de especialistas médicos altamente calificados y la creación de condiciones propicias al desarrollo de la ciencia médica.

274.En las operaciones de alta tecnología se utilizan numerosos artículos desechables y componentes de producción nacional.

275.La legislación establece las categorías de personas que tienen derecho a obtener, con prescripción médica, medicamentos con descuento o gratuitos del listado de fármacos esenciales.

276.La Resolución núm. 1650 del Consejo de Ministros, de Cuestiones relativas al Suministro Gratuito o con Descuento de Medicamentos y Vendas a Ciertas Categorías de Ciudadanos, de 30 de noviembre de 2007, enumeran las dolencias por las que pueden obtenerse gratuitamente los medicamentos del listado de fármacos esenciales aprobado por la Resolución núm. 65 del Ministerio de Salud, de 16 de julio de 2007.

277.Los laboratorios farmacéuticos nacionales permiten abastecer a la población de medicamentos de calidad asequibles.

278.El modelo de financiación del sistema de salud garantiza plenamente la igualdad de acceso de la población a atención médica de calidad. En este momento, los esfuerzos se dirigen a aumentar la eficiencia del gasto en salud, pasar de una red sobredimensionada de centros hospitalarios a un sistema de atención primaria de la salud adaptado al control de las enfermedades no transmisibles, promover estilos de vida saludables entre la población, y fomentar una vida activa y saludable en la vejez, reduciendo así los costos médicos y orientando los recursos disponibles a resolver las cuestiones prioritarias, a la luz del previsible envejecimiento de la población.

279.La legislación reglamenta la atención psiquiátrica, psicoterapéutica, psicológica y para el tratamiento de la toxicomanía. Una serie de instrumentos legislativos y normativos regulan sus principales aspectos: el reconocimiento médico, la aplicación de medidas obligatorias de seguridad y tratamiento, la prestación de asistencia psicoterapéutica y psicológica, la supervisión de los centros de internación de los servicios sociales y la prevención del comportamiento suicida, entre otros.

280.Ello garantiza una labor estable y sostenible de los centros médicos que integran los servicios de psiquiatría de todos los niveles territoriales (distrital, municipal, provincial y nacional).

281.Belarús fue uno de los primeros países de la CEI que aprobó, en 1999, una Ley de Atención Psiquiátrica y Derechos de los Pacientes. Con arreglo a la Ley, el principio fundamental del desarrollo de la atención psiquiátrica fue garantizar a todos los ciudadanos una atención accesible y gratuita, con independencia de su condición social, nivel de ingresos y lugar de residencia, en un entorno lo menos restrictivo posible, evitando la discriminación y el menoscabo de los derechos de las personas que sufren trastornos mentales y de la conducta.

282.En la actualidad, la atención psiquiátrica se rige por la Ley núm. 2/1901 de prestación de dicha atención, de 12 de enero de 2012. Esa Ley se modificó en noviembre de 2019 para ampliar la atención a los pacientes con trastorno límite de la personalidad.

283.Se ha elaborado un proyecto de protocolo clínico para el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos mentales y de la conducta destinado a los especialistas que prestan atención primaria.

284.La atención psicológica se rige por la Ley núm. 2/1708 de prestación de dicha atención, de 1 de julio de 2010.

285.Se ha redactado y aprobado la Orden núm. 1421 del Ministerio de Salud de Recomendaciones Metodológicas para la Atención Psicológica y Psicoterapéutica de las Víctimas de la Violencia Doméstica y la Corrección de las Conductas Agresivas, de 28 de diciembre de 2018.

286.También se han redactado y aprobado el Listado Orientativo de Métodos y Técnicas de Atención Psicológica Recomendados para su Uso en los Centros de Salud Pública (Orden núm. 662 del Ministerio de Salud, de 29 de junio de 2018) y una Instrucción sobre la Atención Psicológica en los Centros de Salud (Orden núm. 663 del Ministerio de Salud, de 29 de junio de 2018).

287.Varios instrumentos jurídicos y normativos del Ministerio de Salud prevén la intensificación de la cooperación interinstitucional con el Ministerio de Trabajo y Protección Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior.

288.La ejecución de los documentos de política sobre el desarrollo de la atención psiquiátrica —el Marco de Desarrollo de la Atención Psiquiátrica (2007-2010) y el Plan de Acción para su aplicación— permitió crear un nuevo modelo sostenible, equilibrado y eficaz de prestación de atención psiquiátrica sin aumentar sustancialmente el presupuesto de la salud, e iniciar la transición de la atención basada en la internación prolongada a un sistema de atención psiquiátrica predominantemente integrado en la red de atención de medicina general, en el que se reduce al mínimo la internación de los pacientes.

289.El actual Marco de Desarrollo de la Atención Psiquiátrica (2016-2020) y el Plan de Acción para su aplicación permitirán pasar de una atención centrada en las instituciones psiquiátricas a una basada en los centros de medicina general, y minimizar el estigma conexo.

290.Se puso en marcha un Plan Integral de Prevención del Suicidio (2009-2012), que permitió establecer un sistema de prevención de las conductas suicidas.

291.Cada provincia y la ciudad de Minsk cuentan con un servicio de asistencia psicológica telefónica de emergencia. Todos los centros de salud ofrecen información sobre el servicio de asistencia psicológica de emergencia, incluido el número de teléfono correspondiente a cada región, las consultas de orientación psicológica anónima, los consultorios de psicoterapia de las policlínicas y el teléfono nacional único de asistencia a los niños (8-801-100 1611).

292.La aplicación de las actuales Medidas Integrales de Prevención del Suicidio (2015‑2019) ha permitido seguir reduciendo las tasas de suicidio, de 20,5 casos por cada 100.000 habitantes en 2017 a 19,0 en 2018, y que Belarús se reintegrara a la categoría de los países con una tasa de suicidio media (hasta 20,0 casos por cada 100.000 habitantes).

293.El país cuenta con 5.705 camas en hospitales psiquiátricos, lo que corresponde a 6,0 camas por cada 10.000 habitantes. En comparación con 2008, el número total de camas en los hospitales psiquiátricos disminuyó en un 14,8 %, a raíz de la aplicación de técnicas terapéuticas intensivas en los hospitales y al desarrollo de la atención psiquiátrica ambulatoria y en servicios de atención diurna.

294.La disponibilidad de plazas en los servicios de atención diurna para pacientes con trastornos mentales y de la conducta es de 1,54 plazas por cada 10.000 habitantes (1.459 plazas en total). Ello corresponde a un aumento del 23,4 % en comparación con 2008.

295.El número de médicos psiquiatras especialistas en el tratamiento de la toxicomanía por habitante se ha incrementado en comparación con 2008 y es de 0,99 doctores cada 10.000 personas (en 2008 esta cifra era de 0,75).

296.Entre 2008 y 2018, la tasa de incidencia primaria de los trastornos mentales y de la conducta aumentó en un 2,6 %, hasta alcanzar los 718,1 casos por cada 100.000 habitantes (68.162 casos) en 2018. La tasa media de crecimiento anual ha sido del 0,26 %.

297.En virtud de los artículos 16, 17 y 34 de la Ley de Prestación de Atención Psiquiátrica, la hospitalización con fines de evaluación y tratamiento es de carácter voluntario, y se lleva a cabo con el consentimiento del paciente o de su representante legal. La atención psiquiátrica en régimen hospitalario se administra de la manera que resulte menos restrictiva para el paciente, garantizando su seguridad y el respeto por los profesionales médicos de sus derechos e intereses legítimos (artículo 35 de la Ley).

298.Existe un sistema de control judicial permanente del ingreso forzoso en hospitales psiquiátricos. El internamiento y el tratamiento hospitalario de una persona con trastornos mentales sin su consentimiento (tratamiento forzoso) solo puede tener lugar según el procedimiento establecido por la legislación, conforme a los artículos 36 a 39 de la Ley, lo que permite proteger los derechos y libertades legales del interesado. Solo podrá procederse a dicha hospitalización y tratamiento sobre la base de una decisión judicial con arreglo al artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.

299.El internamiento psiquiátrico involuntario como medida coercitiva de seguridad se impone únicamente en virtud de la correspondiente resolución judicial, de conformidad con los artículos 101 a 106 del Código Penal.

300.Se está ejecutando en el país el Programa Estatal de Salud y Seguridad Demográfica (2016-2020), aprobado por la Resolución núm. 200 del Consejo de Ministros, de 14 de marzo de 2016.

301.Los indicadores de la labor de los centros de salud reflejan una evolución positiva de la prestación de asistencia médica a las personas dependientes de sustancias psicoactivas.

302.En los primeros 11 meses de 2019, los centros de salud registraron por primera vez trastornos por consumo de sustancias en 15.598 personas, esto es, 164,6 casos por cada 100.000 habitantes (en 2018, estas cifras fueron de 16.411 personas o 172,9 casos por cada 100.000 habitantes). De ellas, 14.325 personas (151,2 por cada 100.000 habitantes) eran adictas al alcohol, en comparación con 15.109 (159,2 por cada 100.000 habitantes) en 2018. Presentaban psicosis alcohólica 875 personas (9,2 por cada 100.000 habitantes), en comparación con 861 (9,1 por cada 100.000 habitantes) en 2018. De los pacientes, 3.103 eran mujeres (74,7 por cada 100.000 habitantes), en comparación con 3.288 (145,1 por cada 100.000 habitantes) en 2018.

303.En los primeros 11 meses de 2019 disminuyó en un 25,0 % en comparación con el mismo período de 2018 el número total de menores de edad registrados por primera vez en los centros de salud por trastornos mentales y de la conducta relacionados con el consumo de sustancias.

304.Se han creado 446 puestos de plantilla de médicos psiquiatras especialistas en el tratamiento de la toxicomanía para atender a la población adulta y 85,5 para la población infantil. De ellos, 350,5 están dedicados a la atención ambulatoria de adultos y 84,25 a la de niños.

305.A fin de sensibilizar a la opinión pública sobre los daños del tabaco y prevenir las enfermedades relacionadas con su consumo, se celebra dos veces al año (en noviembre y mayo) la campaña nacional de información y educación “Belarús contra el tabaco”.

306.Todos los años, en el marco de los Días Generales de la Salud, Belarús celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (1 de marzo), el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo (2 de abril), el Día Mundial de la Salud (7 de abril), el Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo), el Día para la Prevención del Alcoholismo (7 de julio), el Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre), el Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre) y el Día Mundial Sin Fumar para Prevenir el Cáncer (cada tercer jueves de noviembre).

307.Las medidas de prevención adoptadas por los organismos y departamentos interesados se centran en aumentar la motivación de la población para seguir un estilo de vida saludable y en corregir los factores de riesgo existentes, así como en informar sobre las consecuencias negativas del uso de sustancias psicoactivas. Se utilizan tanto las formas tradicionales como las nuevas de la labor de difusión preventiva: mesas redondas y conferencias de prensa, sesiones de cine y vídeo, concursos, exposiciones y veladas temáticas, discursos públicos, consultas individuales, teléfonos de asistencia y la sensibilización en las “escuelas de salud”. Se recurre activamente a los recursos de Internet, que constituyen una de las fuentes de información más utilizadas y eficaces para llegar al mayor número de personas de diferentes grupos destinatarios.

308.Se ha establecido, en el Centro Nacional de Investigación Aplicada en Salud Mental, un centro experimental de rehabilitación médico-social para personas con síndrome de dependencia de sustancias psicoactivas.

309.Hasta 2015, se registró en Belarús un considerable aumento de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, así como del número de personas involucradas en ellos. Este aumento alcanzó su punto máximo en 2014, con un 46,1 %.

310.La situación en este período estuvo directamente relacionada con la difusión masiva en el país de las “mezclas para fumar” (Spice, entre otras).

311.Las modificaciones legislativas, unidas a la adopción de medidas prácticas, constituyeron un avance oportuno y necesario en la lucha contra el tráfico de drogas. Como resultado de las medidas adoptadas, han disminuido el número total de delitos relacionados con drogas, incluidos los cometidos por menores de edad, y de intoxicaciones por sustancias psicoactivas.

312.Los ingresos a centros de salud debidos a sobredosis se dividieron por 4 (de 1.351 a 327), y por 20 (de 223 a 11) en el caso de los menores de edad.

313.El Plan integral para la adopción de medidas eficaces de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, prevención del consumo de drogas, en particular entre los niños y jóvenes, y rehabilitación social de los drogadictos, elaborado por primera vez en 2015, adquirió importancia estratégica.

314.El Plan se basa en una serie de actividades analíticas, prácticas, institucionales y preventivas. En su ejecución participan las fuerzas del orden y otros organismos estatales, así como organizaciones de la sociedad civil y religiosas.

315.La prevención de la drogodependencia concita la atención de todos los órganos de los poderes del Estado.

316.En Belarús, al igual que en otros países, existe una drogadicción latente. El índice de drogadicción latente y el número total de consumidores de drogas en el país se correlacionan con los datos de los expertos internacionales. A fin de reducir esa drogadicción latente, el Ministerio de Salud está aplicando una serie de medidas destinadas a aumentar la motivación de los consumidores para buscar rápidamente un tratamiento especializado, a saber:

La ampliación de los programas de bajo umbral para el acceso al tratamiento.

La ampliación de la gama de servicios de rehabilitación para las personas con síndrome de dependencia de sustancias psicoactivas.

La revisión de los protocolos clínicos de la terapia de sustitución y el desarrollo de un procedimiento unificado para esa terapia.

317.Un avance importante fue el establecimiento en el país del recurso de información y orientación social pomogut.by. Este se creó para mejorar la labor de prevención de la drogadicción y prestar asistencia a los drogadictos y a las personas codependientes, así como a otros ciudadanos que se han enfrentado al problema de la drogodependencia. El 18 de octubre de 2018 comenzó a funcionar el centro único de consulta pomogut.by.

318.En Belarús se presta gran atención a la rehabilitación de los toxicómanos, que se dirige a su socialización y reincorporación plena a la vida en sociedad.

319.Las fuerzas del orden llevan a cabo actividades de información para prevenir y combatir la embriaguez y el alcoholismo y promover un estilo de vida saludable. En 2018, difundieron 3.400 mensajes sobre la prevención de los delitos relacionados con la embriaguez y el alcoholismo en los medios de comunicación, a saber, 605 en la televisión, 1.400 en la radio y 1.500 en los periódicos. Se celebraron 187 actividades para la prensa sobre la lucha contra el alcoholismo.

320.Los medios de comunicación difundieron 788 notas temáticas sobre la promoción de estilos de vida saludables, la prevención de la embriaguez y el alcoholismo, y los efectos nocivos de la ingesta de aguardientes caseros y alcoholes no aptos para el consumo.

321.A fin de evitar que los jóvenes consuman bebidas alcohólicas y con bajo contenido de alcohol, en los centros de enseñanza se celebran seminarios de formación para los docentes sobre la detección temprana y la prevención del consumo de esas bebidas.

322.Los agentes del orden utilizan ampliamente las tecnologías de realidad aumentada para atraer la atención de los niños a la información exhibida en los rincones didácticos de los centros de enseñanza dedicados a los conocimientos jurídicos, así como códigos QR que remiten a información.

323.Las medidas aplicadas permitieron reducir un 5,8 % (de 16.018 a 15.091) el número de delitos cometidos en estado de ebriedad.

324.Disminuyó el número de personas que no estudian ni trabajan (un 4,0 %, de 8.650 a 8.306) y de personas con antecedentes penales (un 3,8 %, de 4.650 a 4.472) que cometieron delitos bajo los efectos del alcohol.

325.Además, en 2018 también se redujo un 19,9 % (de 361 a 289) la cantidad de accidentes de tráfico causados por conductores ebrios, y su saldo de muertes (un 18,4 %, de 87 a 71) y heridos (un 17,9 %, de 396 a 325).

326.En el período sobre el que se informa también se ha registrado una tendencia positiva en cuanto a la disminución del número (en un 3,5 %, de 257 a 248) de menores de edad que intervinieron en actos delictivos en estado de embriaguez.

327.En los últimos años se ha mejorado y endurecido la legislación para limitar la propagación del tabaquismo. El Decreto Legislativo Presidencial núm. 28 de Regulación Estatal de la Producción, el Comercio y el Consumo de Tabaco y sus Productos Derivados, de 17 de diciembre de 2002 (en su versión enmendada en virtud del Decreto Legislativo Presidencial núm. 2 por el que se modifican decretos legislativos presidenciales, de 24 de noviembre de 2019, que entró en vigor el 27 de julio de 2019), reglamenta los cigarrillos electrónicos, sus líquidos y otros sistemas para el consumo de tabaco, y el comercio y el consumo de productos derivados del tabaco. También se han introducido restricciones con respecto a los lugares de venta y uso de los cigarrillos electrónicos, sus líquidos y otros sistemas para el consumo de tabaco. La venta de esos líquidos se ha prohibido.

328.Según la encuesta STEPS (sobre la prevalencia de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles entre la población de 18 a 69 años de edad), realizada en los años 2016 y 2017, fumaban el 29,6 % de los encuestados (en 2010, según la investigación sociológica sobre factores de riesgo conductuales, la proporción de fumadores de 16 años de edad o más era del 30,6 %, y el 27,1 % fumaba a diario). Eran fumadores el 48,4 % de los hombres (47,1 % en 2010) y el 12,6 % de las mujeres (17,0 % en 2010).

329.En 2018, con el fin de popularizar un estilo de vida saludable, los especialistas de los organismos e instituciones estatales de control sanitario hablaron en más de 8.000 oportunidades en la televisión y más 10.000 en la radio, publicaron más de 10.000 artículos en la prensa, y celebraron 453 mesas redondas y 227 conferencias de prensa sobre el desarrollo de comportamientos responsables y la prevención de la adicción y las enfermedades. Los recursos de Internet son una fuente eficaz de información, que permite llegar al mayor número de personas de diferentes grupos destinatarios. En lo que va del año se han publicado en Internet más de 35.000 notas informativas sobre la preservación y promoción de la salud.

330.Belarús ha elaborado un modelo nacional de servicios de planificación familiar y salud masculina.

331.El país cuenta con un sistema bien desarrollado de seguimiento médico de las niñas y las adolescentes.

332.Las niñas y jóvenes son objeto de un examen ginecológico entre los 2 y 3 años de edad, cuando se matriculan en la enseñanza preescolar; entre los 5 y 6 años de edad, si no han sido examinadas con anterioridad; y con una frecuencia anual, entre los 15 y los 17 años de edad.

333.La proporción de parejas infértiles es de alrededor del 14,0 %. Todos los centros provinciales y la ciudad de Minsk cuentan con clínicas dedicadas al matrimonio y la familia y servicios de reproducción asistida. El número de abortos se reduce año tras año, y disminuyó 1,3 veces entre 2010 y 2018.

334.Las embarazadas y los recién nacidos son objeto de seguimiento y reciben todo tipo de asistencia médica, en forma ambulatoria o con hospitalización, durante la gestación, el parto y el puerperio. El 99,8 % de los nacimientos se producen en centros hospitalarios.

335.Los centros médicos del país cuentan con 2.635 ginecólogos y obstetras (que corresponden al 5,4 % de todo el personal médico).

336.Existe un sistema de atención perinatal de varios niveles, basado en el principio de la igualdad de acceso a la atención médica especializada, y de su pertinencia y eficacia.

337.Hay 1 centro perinatal de nivel IV (el Centro Nacional de Investigación Aplicada en Salud Maternoinfantil), 17 centros de nivel III y 27 centros de nivel II.

338.Los métodos anticonceptivos están a disposición de la población, incluidos los hombres. La elección del método queda a discreción de los interesados.

339.El Estado ha creado las condiciones que garantizan la disponibilidad y accesibilidad de diversos tipos de anticonceptivos. La red nacional de farmacias ofrece una amplia gama de anticonceptivos, incluyendo métodos de barrera, mecánicos y hormonales, y su costo medio no excede los 10 dólares mensuales. La anticoncepción hormonal, excepto la de emergencia, se dispensa con receta médica.

340.En Belarús, la mujer tiene derecho a decidir por sí sola acerca de la maternidad.

341.Se ha introducido una consulta psicológica previa al aborto, que tiene por objeto reducir la carga psicológica de las mujeres y las parejas. Se han creado, en los centros de salud, las condiciones para prestar este asesoramiento psicológico previo a las mujeres que solicitan la interrupción del embarazo. Con tal fin, se ha incorporado un psicólogo de plantilla a las clínicas para mujeres.

342.Dicha consulta permitió que más del 20 % de las mujeres decidieran dar a luz.

343.Durante la consulta, la mujer (y su pareja, si ella lo desea) recibe información completa sobre los daños que provoca el aborto y sus posibles complicaciones.

344.En 2018, la tasa de abortos de las mujeres en edad de procrear se redujo a 10,5 por cada 1.000 mujeres (en 2010 era del 13,5 %) y la de las adolescentes, al 0,48 % (1,8 % en 2010).

Derecho a la educación

345.En Belarús, la enseñanza superior es accesible a todos en función de sus capacidades. Toda persona puede, por concurso, recibir educación gratuita en las instituciones públicas de enseñanza. Este derecho está garantizado por el artículo 49 de la Constitución.

346.Los ciudadanos de Belarús y los extranjeros y los apátridas que residen permanentemente en el país, o a los que se ha reconocido la condición de refugiado o concedido asilo en este, tienen derecho a participar en el concurso para recibir enseñanza superior gratuita en las instituciones públicas, con cargo al presupuesto nacional —en caso de que sea la primera vez que se dispongan a cursar ese nivel de enseñanza con financiación pública— o de pago, en las instituciones públicas o privadas.

347.Según los datos estadísticos, en el año académico 2018/19:

Asistían a las instituciones de enseñanza superior 268.102 estudiantes, incluidos 142.447 mujeres (el 53,1 %) y 845 personas con discapacidad.

14.705 personas cursaban una maestría, de las cuales 5.919 (el 40,3 %) eran mujeres y 23, personas con discapacidad.

348.Estaban matriculados en la enseñanza secundaria especializada 113.297 alumnos, a saber, 57.439 varones (el 50,7 %) y 55.858 mujeres (el 49,3 %). De ellos, 771 (el 0,7 %) eran personas con discapacidad.

349.Había 65.705 alumnos inscritos en la formación profesional, a saber 44.145 varones (el 67,2 %) y 21.560 mujeres (el 32,8 %). De ellos, 557 (el 0,85 %) eran personas con discapacidad.

350.Al 1 de septiembre de 2018, 996.018 alumnos estaban matriculados en la enseñanza secundaria general, a saber, 503.774 varones (el 50,6 %) y 492.244 mujeres (el 49,4 %).

351.Se lleva un registro de los niños de 0 a 18 años de edad con miras a hacer realidad el derecho constitucional de los ciudadanos a la educación; garantizar la universalidad y obligatoriedad de la enseñanza básica general; efectuar la transición hacia la obligatoriedad de la enseñanza secundaria posobligatoria; detectar a los niños que no están escolarizados y tomar medidas para que reciban una educación, y crear las condiciones indispensables para el funcionamiento y desarrollo eficaces del sistema de enseñanza primaria y secundaria general (incluida la enseñanza secundaria posobligatoria).

352.El procedimiento de inscripción se establece en la Disposición por la que se regula el registro de los niños que han de cursar la enseñanza primaria y secundaria general, aprobada mediante Resolución núm. 1493 del Consejo de Ministros, de 8 de noviembre de 2006.

353.Al 15 de septiembre de 2018, había 161.694 inscritos en la base de datos sobre niños con necesidades especiales, de los cuales 12.646 eran niños con discapacidad. Esta cifra representaba el 8,67 % de los niños menores de 18 años de edad.

354.Se están adoptando las siguientes medidas para aumentar las oportunidades educativas de los niños con necesidades especiales:

El proyecto de nuevo Código de Educación centra la política pública de educación en el principio de inclusión, garantizando el acceso a la enseñanza en condiciones de igualdad de todos los alumnos, teniendo en cuenta las diversas necesidades y posibilidades individuales (alumnos superdotados, talentosos y con necesidades derivadas de su situación o estado de salud, entre otras circunstancias).

Se están ejecutando proyectos piloto destinados a promover procesos inclusivos en la educación.

Se está procurando crear un entorno educativo adaptable, entre otras cosas sin barreras, en los centros de enseñanza.

Se están optimizando las escuelas especiales (internados especiales); en los últimos 10 años, su número ha disminuido en un 38,7 %.

Se ha establecido el Instituto de Educación Inclusiva en la Facultad de Educación Especial de la Universidad Pedagógica Estatal Maksim Tank, que forma al personal docente para trabajar con niños con necesidades especiales.

Con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se ha abierto un centro nacional de recursos sobre educación inclusiva, y se están estableciendo centros regionales de recursos.

Se presta apoyo personal en el proceso educativo a los alumnos con trastornos autistas en los centros de enseñanza preescolar, primaria y secundaria general y especializada y a los alumnos con trastornos del aparato locomotor y con ceguera en los centros de enseñanza primaria y secundaria general y especializada.

Se lleva a cabo una activa labor de sensibilización para promover una cultura de inclusión y tolerancia hacia la discapacidad en todos los niveles del sistema educativo.

Se celebran actos nacionales, provinciales y regionales en los que participan niños con necesidades especiales, incluidos niños con discapacidad, junto con otros niños de su misma edad.

355.Todos los niños tienen acceso a la educación, independientemente del tipo y grado del trastorno que tengan.

356.El enfoque inclusivo de la educación está consagrado en la legislación y en los documentos de planificación estratégica, como la Estrategia Nacional de Desarrollo Socioeconómico Sostenible hasta 2030 y el Programa Estatal de Educación y Política de Juventud (2016-2020).

357.El Programa de Desarrollo Socioeconómico (2016-2020) enumera la educación inclusiva entre los principales ejes del desarrollo. Con ese fin, se prevé la creación de una red óptima de instituciones de enseñanza que apliquen la educación inclusiva, instituciones educativas de apoyo para la formación y educación integradas y centros de recursos en las instituciones de educación especial.

358.El Ministerio de Educación ha aprobado varios documentos destinados a desarrollar la educación inclusiva, incluido el Marco de Desarrollo de la Educación Inclusiva para las Personas con Necesidades Especiales y un Plan de Acción (2016-2020) para su aplicación. Se han aprobado enfoques conceptuales para el desarrollo del sistema educativo hasta 2020 y hasta 2030; la perspectiva de este último se centra en el desarrollo de los procesos inclusivos en la educación y la preparación de todos los sujetos del proceso educativo a la aplicación del concepto de inclusión.

359.El tema Relaciones de género en la sociedad moderna está incluido en el primer módulo —Esfera social— del plan de estudios de la asignatura Sociología II, de los alumnos de décimo grado de la enseñanza secundaria general, aprobado por Resolución del Ministerio de Educación de 27 de julio de 2017.

360.Las recomendaciones metodológicas para los docentes respecto de la enseñanza de ese tema pueden consultarse en el portal nacional de educación (https://adu.by/).

361.La enseñanza mixta en los centros de enseñanza secundaria general está dirigida a superar los estereotipos de género, ya que permite a los alumnos aprender a relacionarse con el sexo opuesto y desarrollarse en presencia de otra manera de pensar, fomenta la colaboración entre los sexos y los educa en un espíritu de tolerancia. También hay en el país centros de enseñanza exclusivamente para niñas (por ejemplo, el Instituto Femenino de Enseñanza Secundaria de Zhо́dino) o varones (por ejemplo, la Escuela de Cadetes de la Ciudad de Minsk).

362.En la enseñanza primaria secundaria general, las cuestiones relacionadas con la salud reproductiva y sexual se tratan de manera adecuada a la edad de los alumnos.

363.En noveno grado se asignan cinco horas al estudio del tema Sistema reproductivo: desarrollo individual, de la asignatura Biología. El tema abarca los conceptos de reproducción y desarrollo individual; los órganos sexuales masculinos y femeninos; la fertilización, el embarazo y el parto; la pubertad; la planificación familiar; las enfermedades de transmisión sexual; y los factores que perjudican el desarrollo individual (alcohol, nicotina y sustancias tóxicas).

364.En el décimo grado se asignan ocho horas al estudio del módulo Aspectos médicos y biológicos de la educación sexual, en el marco de la asignatura Instrucción premilitar y médica. El módulo abarca los siguientes temas: problemas de las relaciones entre jóvenes de ambos sexos; salud reproductiva; métodos anticonceptivos, embarazo; aborto y sus consecuencias; prevención de las enfermedades de transmisión sexual; y prevención del sida.

365.Las cuestiones relativas a la salud reproductiva y sexual se tratan en el curso Bases para una vida segura; en el quinto grado, dentro del módulo Estilo de vida saludable, se dedican tres horas al estudio de los temas Alcoholismo: consecuencias sociales y en la salud reproductiva, y Drogadicción: consecuencias sociales y en la salud reproductiva.

366.En la enseñanza secundaria general, en los grados décimo y undécimo, se imparten programas de clases optativas sobre la educación familiar y de género, aprobadas conforme al procedimiento establecido, a saber, Preparación a la Vida Familiar y Fundamentos de los Conocimientos de Género.

367.Ningún instrumento jurídico o normativo restringe la asistencia de las adolescentes embarazadas a los centros de enseñanza general.

368.De conformidad con el párrafo 56.3 de las Normas de Certificación de los Conocimientos de los Alumnos con arreglo a los Planes de Estudios de la Enseñanza Primaria y Secundaria General, aprobadas por Resolución del Ministerio de Educación, de 20 de julio de 2011, se eximirá de todos los exámenes finales a las alumnas con hijos menores de 3 años que así lo soliciten, siempre que sus calificaciones sean satisfactorias.

Derechos culturales

369.La condición jurídica de las minorías étnicas, incluida la posibilidad de que sus miembros elijan el idioma de enseñanza, está regulada por varios instrumentos legislativos, incluidos el artículo 50 de la Constitución, el artículo 6 de la Ley núm. 260-Z de Minorías Étnicas, de 1 de enero de 2004, y el artículo 90 del Código de Educación.

370.Los principios fundamentales de la política pública de cultura se establecen en el Código de Cultura.

371.Los residentes de Belarús pertenecientes a comunidades étnicas o que proceden de otro entorno cultural tienen derecho a practicar y desarrollar su cultura, educar a sus hijos en sus tradiciones culturales, utilizar su idioma materno y establecer contactos culturales con otros miembros de las mismas comunidades en el extranjero.

372.Los ciudadanos belarusos tienen derecho a formar asociaciones civiles culturales, incluidas asociaciones dedicadas a las actividades artísticas, y a afiliarse a las existentes. El presupuesto nacional incluye constantemente partidas destinadas a apoyar a las asociaciones etnoculturales.

373.Hay en Belarús más de 140 pueblos y grupos étnicos y 193 asociaciones civiles etnoculturales, incluidas: 9 de azerbaiyanos; 4 de armenios; 2 de afganos; 2 de griegos; 3 de georgianos; 1 de daguestanos; 43 de judíos; 1 de iraníes; 2 de kazajos; 1 de coreanos; 10 de lituanos; 1 de moldavos; 2 de alemanes; 1 de palestinos; 69 de polacos; 15 de rusos; 1 de sirios; 2 de tártaros; 2 de tartarobashkirios; 1 de turcomanos; 1 de turcos; 12 de ucranianos; 5 de romaníes; 2 de chuvasios; y 1 de estonios.

374.Del Centro Nacional de Culturas Étnicas dependen 21 asociaciones civiles etnoculturales nacionales. En 2018, estas celebraron 371 eventos. En Belarús es tradicional la celebración del Festival Nacional de Culturas Étnicas, que reúne a todas las minorías del país. El Festival promueve el entendimiento y el enriquecimiento mutuos entre culturas. En 2018, participaron en los actos finales del XII Festival Nacional más de 800 miembros de 35 grupos étnicos, y en la Ciudad Alta de Minsk se celebraron 14 fiestas de las culturas georgiana, coreana, moldava, polaca, rusa, ucraniana, sueca y estonia, entre otras. Se realizaron una serie de eventos sobre las particularidades de los idiomas, los alfabetos, los ornamentos y los símbolos nacionales y étnicos, los aniversarios de figuras de la cultura y la historia y las fiestas y los ritos populares.

375.El Consejo Consultivo Interétnico, adscrito al Comisionado de Asuntos Religiosos y Étnicos e integrado por miembros de más de 20 etnias del país, sigue dedicado a formular recomendaciones relacionadas con la elaboración de la política estatal de apoyo a las minorías étnicas.

376.Los miembros de las minorías étnicas tienen los mismos derechos que todos los ciudadanos de Belarús a recibir educación, también en la esfera de la cultura. A petición de los ciudadanos de diferentes grupos étnicos, las autoridades locales pueden establecer libremente jardines de infancia y centros de enseñanza primaria y secundaria general, o grupos o cursos en estos, en los que las clases se dicten en el idioma de una minoría. El establecimiento de esas instituciones educativas cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación.

377.En la actualidad, hay en Belarús escuelas y clases en las que la enseñanza se imparte enteramente en polaco, lituano y hebreo.

378.Las asociaciones etnoculturales han creado más de 60 escuelas de fin de semana en las que unas 5.000 personas de 14 etnias estudian su lengua materna, historia y cultura.

379.En las universidades de Brest, Grodno y Minsk se forman profesores de lituano, polaco y ucraniano. También se publican, con apoyo del Estado, periódicos en esos idiomas.

380.En la provincia de Gómel se está ejecutando desde 2016 el primer proyecto nacional para la diáspora romaní titulado Educación de los Romaníes – Nueva Mirada al Futuro. En 2018 se celebró en Gómel el Primer Festival de la Cultura Romaní de Belarús.

381.En Minsk, el Instituto Polaco se dedica activamente a la difusión de la cultura y el idioma polacos y a la promoción de los contactos entre figuras de la ciencia, la literatura y la cultura de Polonia y Belarús.

382.El ruso es el segundo idioma oficial de Belarús y su estudio está generalizado.

383.Las maestrías se dictan en ruso y en inglés a elección del alumno, lo que refleja la multiculturalidad que caracteriza a la educación y el desarrollo de los jóvenes estudiantes.

C.Buenas prácticas

Coordinación de los esfuerzos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible

384.Belarús se ha comprometido a aplicar la Agenda 2030 y está adoptando medidas concretas para su ejecución a nivel nacional. Con miras a establecer el marco institucional para la implementación de la Agenda 2030 y la coordinación general de las actividades para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Presidente de la República nombró a la Vicepresidenta del Consejo de la República de la Asamblea Nacional de Belarús, M. A. Schetkina, Coordinadora Nacional para el Logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bajo su dirección, se creó el Consejo de Desarrollo Sostenible, integrado por jefes adjuntos de órganos y organismos del Estado. El Consejo se reunió en tres ocasiones, el 4 de septiembre de 2017, 1 de junio de 2018 y 26 de junio de 2019.

385.En todas las provincias se han constituido grupos regionales de desarrollo sostenible. El 28 de junio de 2019 se celebró en Moguilyov el primer foro de desarrollo regional sostenible del país.

386.A fin de que la población en general participe en la labor sobre los ODS, el Consejo de Desarrollo Sostenible coopera con el Grupo de Asociados para el Desarrollo Sostenible, en cuya labor intervienen representantes del sector empresarial, las asociaciones civiles y el mundo académico.

387.En la Asamblea Nacional se ha establecido un grupo parlamentario sobre los ODS. El 19 de diciembre de 2017, el Consejo de la República celebró una audiencia parlamentaria abierta, dedicada a la asociación de los poderes del Estado como requisito para el logro de los ODS. Las recomendaciones aprobadas en la audiencia se remitieron al Gobierno para su ejecución. El 17 de diciembre de 2018, el grupo parlamentario celebró una sesión ampliada para examinar la aplicación de las recomendaciones.

388.Los indicadores mundiales de los ODS se están incorporando en el sistema estadístico nacional. El país ha establecido una lista nacional de indicadores para los ODS, que incluye 255 indicadores. A finales de 2018 se puso en marcha la Plataforma Nacional para la Presentación de Informes sobre los Indicadores de los ODS, que es el principal instrumento para el seguimiento de los progresos realizados en este ámbito.

389.Los principales documentos de política que regulan las cuestiones del desarrollo futuro son la Estrategia Nacional de Desarrollo Socioeconómico Sostenible hasta 2030 y el Programa de Desarrollo Socioeconómico (2016-2020). En 2018, Belarús comenzó a elaborar su Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible hasta 2035, que incorporará los ODS. Se prevé que el proyecto de la Estrategia esté listo a finales de 2019.

390.El 24 de enero de 2019, Minsk acogió el primer Foro Nacional de Desarrollo Sostenible, al que asistieron más de 450 personas, entre ellas autoridades del Gobierno, el Parlamento y la administración pública.

391.Para que los ciudadanos puedan consultar la información sobre los ODS, se ha creado un sitio web sobre el tema (www.sdgs.by) También se lleva a cabo una labor en las redes sociales: se ha establecido y se está promoviendo activamente una cuenta en Twitter sobre el logro de los ODS.