COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS,

SOCIALES Y CULTURALES

36° período de sesiones1-19 de mayo de 2006

APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

RESPUESTAS DEL GOBIERNO DE MEXiCO A LA LISTA DE CUESTIONES QUE DEBEN ABORDARSE AL EXAMINAR EL INFORME PRESENTADO POR MExICO SOBRE LOS ARTICULOS 1 A 15 DEL PACTO INTERNACIONAL DEL DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES ( E/C.12/MEX/Q/4)

GE.06-41106

MARCO GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PACTO

1.Provea información sobre los programas de capacitación en derechos humanos y “acceso a la justicia” conducidos por el Instituto de la Judicatura Federal, en especial con relación a la justiciabilidad de los derechos establecidos en el Pacto.

2. El Instituto de la Judicatura Federal ha impartido los siguientes cursos de capacitación dirigidos a Jueces y Magistrados, miembros del Poder Judicial de la Federación y de quienes aspiren a pertenecer a éste:

Especialidad en Administración de Justicia en Tribunales de Circuito, cuyo objetivo general es la formación de profesionales altamente capacitados para desempeñar las funciones propias de un magistrado de Circuito tanto en los Tribunales Unitarios como en los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación.

Especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito, cuyo objetivo es la formación de profesionales altamente capacitados para desempeñar las funciones propias de un Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Especialidad en Secretaría de Estudio y Cuenta, la cual es un curso de posgrado destinado a formar funcionarios aptos para formular los proyectos de resolución en los asuntos que corresponde conocer a los Juzgados de Distrito y a los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante la actualización y profundización del saber jurídico de legislación, doctrina y jurisprudencia en materias fundamentales para la labor del secretario de estudio y cuenta; el desarrollo de técnicas análisis, argumentación e interpretación que permitan valorar correctamente las pruebas y evidencias aportadas en los procedimientos, a fin de formular adecuadamente las resoluciones judiciales; y el desarrollo de la vocación de servicio y del ejercicio de los valores y principios éticos inherentes a la función judicial.

Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuyo objetivo es examinar los sistemas de protección de los derechos humanos en su ámbito universal y regional, además de reflexionar sobre la aplicación de los tratados en materia de derechos humanos celebrados por México. En este curso se analizan los siguientes temas: Jerarquía interna e internacional de los tratados, Tratados de los derechos humanos ratificados por México, Los tratados de los derechos humanos y la Administración de Justicia y La relación entre las jurisdicciones nacionales e internacionales de los derechos humanos.

Curso “Los derechos humanos en México (tratados internacionales, legislación nacional y jurisprudencia)”, dirigido a Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito con objeto de desarrollar su capacidad analítica y crítica indispensable para una mejor administración de justicia en la protección de los derechos fundamentales.

Primer curso de Especialización sobre los Derechos de la Niñez, cuyos objetivos son: difundir entre la comunidad jurídica los resultados de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y su aplicación en México; contribuir a generar una cultura de respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez en el ámbito jurídico; y reforzar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en concordancia con el respeto a los derechos humanos de la niñez.

Curso de Especialización sobre la Aplicación de los Tratados Internacionales en Resoluciones Judiciales. Caso especial: justicia penal juvenil. Este curso tuvo como objetivos: capacitar al sector jurídico en la aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez en la práctica de la administración de justicia; facilitar el contenido de los instrumentos jurídicos y su interpretación a los operadores del sistema jurisdiccional para defender y aplicar los Derechos de la Niñez, particularmente los de las y los adolescentes en conflicto con las leyes penales; proporcionar material didáctico para los operadores de justicia en materia de normas relativas a infancia y mujer y documentos de consulta útiles para el ejercicio de la justicia y la defensa de los derechos de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal; y compartir doctrina y experiencias de América Latina de modelos de justicia penal juvenil ya instituidos.

Seminario “Los pueblos indígenas: sistemas normativos, legislación nacional e internacional”, cuyo objetivo fue aportar a los participantes elementos socioculturales y técnicos jurídicos que les permitan conocer y comprender los retos que plantea el carácter pluricultural de la nación.

Diplomado “Proceso Contexto Social y Derecho Internacional”, en el que se abordaron los temas relativos a aspectos sociopolíticos del proceso, acceso a la justicia y derecho procesal y procesos e internacionalización de la justicia.

“Coloquio sobre Derechos Sociales” con la participación conjunta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República.

3.Provea información sobre el proyecto de reforma a ser adoptado por el Estado parte sobre la transferencia de poder para imponer sanciones en casos de corrupción de la Secretaría de la Función Pública a una corte, “la cual racionalizará el procedimiento para la imposición de sanciones a los servidores públicos, haciéndolas más equitativas”.

4. El 11 de diciembre de 2003, el Presidente de la República sometió a la consideración del Congreso de la Unión un paquete de reformas constitucionales y legales relativas a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Dichas iniciativas son:

Decreto de reforma del artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que facultaría al Congreso de la Unión para la expedición de leyes que constituyan Tribunales de lo Contencioso Administrativo, órganos jurisdiccionales a los que se les adicionaría la facultad para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa. La iniciativa se turnó para estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos Primera, donde continúa su análisis.

Decreto por el que se expediría la Ley Federal de Justicia Administrativa de los Servidores Públicos y se reformarían la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Defensoría Pública. Esta iniciativa pretende distribuir entre diversas autoridades las facultades para prevenir y detectar conductas indebidas de los servidores públicos así como aquellas por las que se imponen las sanciones disciplinarias. Dicho decreto se turnó para dictamen a las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos, donde continúa su análisis.

5.Indique los progresos que se han alcanzado con respecto a los retos y oportunidades referidos por el Estado parte en el contexto del combate a la corrupción en 2004, en particular en las siguientes áreas: a) Consolidar la base de datos para tener acceso a información, establecido obligatoriamente en La Ley Federal sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

6.El Gobierno Federal creó el Sistema de Solicitudes de Información (SISI), diseñado como una herramienta de operación para contribuir al logro del objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de proveer lo necesario paragarantizar el acceso de toda persona a la información del Estado, mediante procedimientos sencillos yexpeditos, en coordinación con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

7. Asimismo, el SISI se ha convertido, en muy corto tiempo, en un medio eficaz que permite a cualquier ciudadano obtener mediante internet información pública desde cualquier punto del país, e incluso del mundo, sin trasladarse a las oficinas gubernamentales.

8. Con base en lo dispuesto por el Artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las dependencias y entidades públicas están obligadas a presentar la información sobre estadísticas relativas a los resultados de su actividad sustantiva, su estructura orgánica, remuneraciones y la agenda de los servicios públicos en sus portales de internet, para que cualquier ciudadano pueda consultarla, sin que medie solicitud de acceso alguna.

9. Para apoyar a los usuarios de este sistema, funcionan en el país módulos de atención en las oficinas regionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a través de los cuales los ciudadanos pueden solicitar la información que requieran del gobierno.

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (www.ifai.org.mx)

b) Promover mayor participación civil en el reporte y demanda de funcionarios públicos cuyo comportamiento es impropio.

10. Por la importancia de la política de participación ciudadana, la Secretaría de la Función Pública (SFP), promovió la adición de atribucionespara los titulares de las Áreas de Quejas de los Órganos Internos de Control y de la propia DirecciónGeneral de Atención Ciudadana, que quedaron plasmadas en el Reglamento Interior de laSecretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de2003.

11. Estas acciones impulsan programas de carácter preventivo que instituyen un diálogo abierto con losciudadanos y están encaminados a incrementar la credibilidad y confianza de la ciudadanía en lasinstituciones de Gobierno, a partir de trámites y servicios públicos de mayor calidad.

12. En ese sentido, se instrumentaron tres tipos de programas de participación ciudadana:

Centro Integral de Servicios (CIS).-Consiste en un modelo de atención alpúblico establecido en áreas del Gobierno Federal que brindan trámites y servicios, mediante el que semejoran los procesos, adelantándose a las quejas y asegurando que la organización ponga al usuario enel centro de su atención.Los CIS mejoran los trámites yservicios públicos federales a partir de la opinión del usuario sobre la oportunidad, transparencia,eficacia, trato y honestidad con que se prestan. Durante 2005 se realizaron acciones parafortalecer la manera como operan y ampliar su cobertura.

En junio de 2005, y con el propósito de difundir su implementación y los resultados obtenidos en las dependencias y entidades que han adoptado este modelo de servicio, se estableció la página Web de los CIS en el Portal de la Secretaría de la Función Pública.

Evaluación Ciudadana del Servicio, mediante la cual losciudadanos califican los trámites y servicios que reciben de las instituciones de Gobierno y losprestadores del servicio, junto con el Órgano Interno de Control, emprenden mejoras continuas a partirde la voz del usuario.

Carta Compromiso al Ciudadano. Es un documento público, accesible, sencillo y claro que proporciona a la ciudadanía toda la información necesaria para realizar un trámite o solicitar un servicio y establece los estándares de atención que la institución gubernamental se compromete a cumplir.

13. Con estos tres programas se ha promovido que lasdependencias y entidades mejoren trámites y servicios públicos de alto impacto ciudadano, generandopaulatinamente una nueva cultura de servicio en la Administración Pública Federal.

Incrementar la efectividad de cuatro programas de apoyo social de alto impacto realzando y simplificando sus procesos de regulación, operación y funcionamiento.

14. La SFP contribuyó a mejorar algunos de los Programas de Apoyo Social más importantes del país, con la reducción en los tiempos de atención, en los costos internos de operación y en los requisitos para que los beneficiarios de dichos programas puedan acceder a los apoyos de manera sencilla y rápida. A la vez, estas acciones están orientadas a abatir la desigualdad y la corrupción, fomentando la transparencia y apoyando a los más necesitados.

15. Entre los Programas de Apoyo Social mejorados se encuentran:

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), cuyas reglas de operación se simplificaron y mejoraron.

OPORTUNIDADES, en sus vertientes de incorporación, re-certificación e inscripción de becarios y en el que se simplificaron y mejoraron las Reglas de Operación, se alineó la normatividad interna, se descentralizaron procesos y se alinearon sus rutas y procesos.

PROCAMPO en sus subprogramas Capitaliza, Registro Alterno y Apoyo Continuo, disminuyendo en 40% los tiempos de atención y logrando una mayor cobertura, la incorporación de nuevos productores y un sólo formato para reinscripción.

Programa de Apoyo al Empleo (PAE) en sus vertientes del Sistema de Capacitación a Trabajadores (SICAT), trabajadores agrícolas ychambatel-chambanet, con reducción de tiempos, mejoras en las Reglas de Operación y alineación de procesos.

¿El Estado parte garantiza que sus obligaciones bajo el Pacto sean tomadas totalmente en cuenta cuando entra en negociaciones concernientes a la asistencia internacional, cooperación técnica y otros acuerdos con organizaciones internacionales, en particular con instituciones financieras internacionales?

16. El Gobierno de México tiene programas de cooperación con el Sistema de Naciones Unidas, como es el caso del Acuerdo de Cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, firmado en diciembre de 2000, que dio lugar a la primera fase que se ejecutó durante 2001. En abril de 2002 se firmó el Acuerdo para la segunda fase cuyo objetivo prioritario fue la elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de Derechos Humanos en México y que a su vez sentó las bases para la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH).

17. Como resultado de la visita de la Misión de Expertos de la Comisión Europea que tuvo lugar en marzo de 2002, se acordó con la Comisión un proyecto de cooperación en el marco de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. El objetivo general del programa es la definición de acciones y políticas concretas para la incorporación de normas y estándares internacionales de derechos humanos en México, en el marco del diálogo que se lleva a cabo en la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos.

18. En febrero de 2005 se firmaron dos convenios de subvención entre la Comisión Europea, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Secretaría de Relaciones Exteriores para la promoción y protección de los derechos humanos en México. Uno de los proyectos de cooperación, “Promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas: componente México”, tiene por objeto atender las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, realizadas como producto de su visita a México en junio de 2003.

19. El segundo proyecto tiene como objetivo contribuir al cumplimiento de las recomendaciones derivadas del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, elaborado por la representación en México de la OACNUDH. Este proyecto se enfoca a dos áreas específicas: una en materia de combate a la tortura y otra que se refiere a un proyecto piloto para la administración y procuración de justicia a indígenas en el Estado de Oaxaca.

20. El 12 de marzo de 2002 se suscribió un Acuerdo para el Desarrollo de un Programa de Actividades sobre Derechos Humanos entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la UNESCO, así como un Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y la UNESCO. Los objetivos globales del Acuerdo son contribuir a la producción y difusión de conocimiento para sustentar políticas de mejoramiento de la situación de los derechos humanos en México y América Latina.

21. Dentro de este Acuerdo, del 28 al 30 de mayo de 2003, se llevó a cabo el tercer seminario internacional, sobre “Educación Superior en Derechos Humanos en América Latina y el Caribe”, con el objetivo de contribuir a la realización de un diagnóstico sobre el estado actual de la enseñanza y la investigación a nivel superior en derechos humanos en la región. El acuerdo contempla la publicación de los resultados de los tres seminarios.

22. Asimismo, el Gobierno mexicano tiene un convenio de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que destacan los siguientes proyectos:

Expansión de Microcrédito para Mujeres de Bajos Ingresos de la Región Central.

Eficiencia Económica y Distributiva del Mercado Laboral.

Migración Internacional, Remesas e Impacto en Comunidades Rurales de Zacatecas.

Programa de Prevención de Cáncer Cervical en Áreas Rurales de Extrema Pobreza.

Promoviendo la Inclusión en Servicios de Intermediación Laboral.

Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales II.

Competencia Laboral para el Sector de Ahorro y Crédito Popular.

Facilitación del Acceso de Receptores de Remesas al Financiamiento para Vivienda.

23. Se cuenta igualmente con un convenio de cooperación con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la cual realiza diversas actividades de cooperación técnica en México en áreas prioritarias para el desarrollo del país, entre las que destacan: salud pública, agricultura, educación tecnológica, medio ambiente, recursos naturales, fortalecimiento, de las capacidades de las pequeñas y medianas empresas, y formación de recursos humanos mexicanos. El monto de la cooperación técnica asciende cada año a alrededor de 25 millones de dólares americanos. Un ejemplo de esta cooperación es el Proyecto de Prevención del Cáncer Cérvico Uterino en los Estados de Chiapas, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Veracruz, el cual dio inicio en el mes de octubre 2004.

24. Por otra parte, el Banco Mundial lleva a cabo proyectos de cooperación con México, entre los que destacan:

Proyecto de Administración Escolar, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la educación medida por cobertura, participación social y resultados educativos. El proyecto tiene 3 componentes: becas escolares, monitoreo y supervisión del programa y desarrollo de políticas.

Proyecto de Préstamo para el Desarrollo Programático de Políticas Ambientales, cuyo objetivo es equilibrar el desarrollo socioeconómico con la protección y mejoramiento del medio ambiente. El programa se enfoca en colocar las preocupaciones ambientales en la agenda de desarrollo de sectores clave (turismo, energía, bosques y agua) y mejorar la efectividad y eficiencia de los procesos locales de administración ambiental en México.

25. En el tema indígena, es importante mencionar el Plan Puebla-Panamá, cuyo componente indígena está coordinado por el Grupo Asesor para la Participación Indígena y Étnica (GAPIE), el cual tiene como objetivo proponer la estrategia para definir los mecanismos de participación y representación regional y nacional, para impulsar los procesos de información, consulta y participación de la sociedad civil en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Mesoamericano Puebla-Panamá.

Provea información sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el disfrute en el Estado parte de los derechos reconocidos en el Pacto.

26. En el preámbulo del TLCAN se establece que una de las consideraciones que llevaron a su celebración fue el interés de las partes en mejorar las condiciones laborales y de vida en sus respectivos territorios. Asimismo, el Dictamen elaborado por el Senado de la República sobre el TLCAN para su aprobación, establece que “el objetivo de la reforma económica mexicana dará lugar a que, sobre bases firmes y que se sostengan en el largo plazo, mejore el bienestar de la gente.”

27. En términos generales, los resultados del TLCAN se reflejan en:

El fortalecimiento de la prosperidad en América del Norte. El libre comercio proporciona ventajas tanto para el sector privado como para los consumidores. Los productores en la región del TLCAN se benefician de un mayor acceso a materias primas a menores costos. Asimismo, para los consumidores en los tres países, el TLCAN ha proporcionado más opciones de productos a precios competitivos. La reducción de aranceles se traduce en menores costos para las familias y permite una mejor selección de bienes y servicios, lo cual ayuda a incrementar sus niveles de vida.

El fortalecimiento del medio ambiente. La integración económica promovida por el TLCAN ha derivado en un mejor escenario ambiental en toda la región, mediante la transferencia de tecnología ambiental y la identificación de soluciones a los problemas ambientales basadas en las fuerzas de mercado y en el incremento de la riqueza en la región. A través del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), los socios promueven la aplicación correcta de sus leyes ambientales.

El fortalecimiento del respeto de las normas laborales. A través del Acuerdo Paralelo en Materia Laboral (ACLAN), los socios buscan mejorar las condiciones laborales y los niveles de vida, comprometiéndose a promover once principios laborales para proteger, mejorar e implementar los derechos básicos de los trabajadores. Para alcanzar estas metas, el ACLAN cuenta con mecanismos de cooperación y consulta intergubernamental, así como para llevar a cabo evaluaciones independientes y resolver controversias relacionadas con la aplicación de las leyes laborales.

28.La aplicación de las leyes laborales en los países firmantes del ACLAN ha sido impulsada a través de un programa de actividades de cooperación en áreas como la seguridad y la salud laboral, la protección de los trabajadores migrantes y el desarrollo de la fuerza laboral. La participación tripartita de los sindicatos, empleados y funcionarios de gobierno en el diálogo continuo entre los países firmantes del ACLAN le ha brindado balance a las discusiones de las políticas y los programas.

29.Bajo el ACLAN se analizan asuntos como la libertad de asociación; el derecho a organizarse y pactar colectivamente; el derecho a huelga; trabajo infantil, estándares mínimos de empleo, discriminación en el empleo; seguridad laboral y salud; y la protección de los trabajadores migrantes.

30. No obstante, se reconoce que los beneficios del TLCAN no han alcanzado a todas las regiones de México y que, debido a problemas estructurales y no propiamente a la liberalización comercial, existen rezagos. En este sentido, las políticas para que los ciudadanos estén en condiciones de aprovechar la zona de libre comercio se deben dar tanto en el orden interno como en el externo.

31. En este último caso, los nuevos lineamientos (bajo la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, ASPAN), van en el sentido de profundizar los beneficios intangibles del tratado, como la armonización de estándares técnicos, agilización de cruces fronterizos, creación de infraestructura fronteriza para agilizar el comercio, revisión de reglas de origen, mejora del transporte, entre otros aspectos.

ASUNTOS RELATIVOS A LAS PREVISIONES GENERALES DEL PACTO

ART. 2.1 OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS PARTE

32.Indique las dificultades que el Estado parte, como economía emergente, enfrenta para garantizar el disfrute de los derechos establecidos en el Pacto para la población en el Estado parte.

33. El Gobierno de México ha fijado como uno de sus principales retos combatir la pobreza y las causas estructurales que la generan. Uno de los aspectos centrales de las estrategias de superación de la pobreza ha sido el reconocimiento de que se trata de un fenómeno multidimensional y de naturaleza muy diversa que rebasa lo estrictamente material. Es por ello que la superación de la pobreza no se lograráexclusivamente con el crecimiento de la economía. Es necesario un crecimiento económico sostenido y un entorno estable, así como una mejor distribución de la riqueza como condiciones necesarias para alcanzar mejores niveles de vida.

34. México ha establecido como objetivo primordial garantizar un nivel de vida digno a toda la población, generando condiciones que permitan a todos los y las mexicanos integrarse a las actividades productivas y sociales del país en igualdad de oportunidades. Por ello, considera a las personas como el origen y destino de las políticas públicas para el desarrollo integral e incluyente, que permita mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y abatir así las causas de la transmisión intergeneracional de la pobreza.

35. Los logros registrados en la reducción de la pobreza señalan que los avances alcanzados por nuestro país son alentadores, toda vez que de acuerdo al Informe del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza presentado en junio de 2005 se observa que entre 2000 y 2004 el 6.9% de mexicanos, equivalentes a 5.6 millones de personas, salieron de la pobreza alimentaria; 7.3% de la de capacidades y 6.7% de la de patrimonio.

36. Para 2005 el Gobierno federal autorizó recursos para la superación de la pobreza por 129,408 millones de pesos, presupuesto 13.8% superior al del año anterior. México dio prioridad al gasto social, en especial al dirigido a programas para combatir la pobreza como el de Oportunidades que coordina la SEDESOL y cuyo gasto creció 152.7%.

37. En el siguiente cuadro se presentan los tres umbrales de pobreza, calculados a partir de la ENIGH 2000 y los cálculos actualizados con la ENIGH 2002 y 2004.

Evolución de la Pobreza en México 2000-2004
Umbral de Clasificación	Área	Número de Personas en pobreza (millones)	Disminución de personas de 2000 a 2004 (millones)	Cambio porcentual 2000-2004
2000	2002	2004
Pobreza Alimentaria	Nacional	23.6	20.5	18.0	5.6	23.7
Rural	16.1	13.3	10.9	5.2	32.2
Urbano	7.5	7.2	7.1	0.4	5.3
Desarrollo de Capacidades	Nacional	31.1	27.8	25.6	5.5	17.6
Rural	19.1	16.8	14.1	5.0	26.1
Urbano	12.0	11.0	11.5	0.5	4.1
Desarrollo de Patrimonio	Nacional	52.4	51.3	48.9	3.5	6.6
Rural	26.4	25.1	22.5	3.9	14.7
Urbano	26.0	26.2	26.4	-0.4	-1.5
Fuente: Comité Técnico para la Medición de la Pobreza.

38. Por otra parte, frente a la creciente competencia internacional, México ha adoptado medidas para reducir los costos a los que produce bienes y suministra servicios, y de esta manera incrementar su competitividad. Una de las medidas para lograr lo anterior son los acuerdos comerciales internacionales.

39. En materia de negociaciones comerciales internacionales, se adoptó una estrategia que consiste, por un lado, en aprovechar al máximo y profundizar los acuerdos negociados hasta ahora y, por el otro, en continuar con las negociaciones a las que México se ha comprometido y que representan beneficios tangibles para el país.

40.Señale si el Estado parte intenta introducir indicadores y puntos de referencia que podrían indicar el grado de cumplimiento de sus obligaciones bajo el Pacto .

41. El Estado mexicano trabaja en la implementación del Sistema Nacional Estadístico y de Información Geográfica (SNEIG), conformado por todas las dependencias de la administración pública productoras de información y coordinado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

42. El Sistema tiene por objeto proveer información en tres niveles. En primer nivel está la información que permite el seguimiento de los Planes Nacional, Sectoriales y Regionales de Desarrollo; en segundo nivel está la información requerida por la planeación estratégica por parte de cada uno de los niveles de gobierno y en el tercero, los datos de la actividad de las diferentes dependencias y entidades del gobierno. Para satisfacer esta demanda de información, realiza el levantamiento de censos y encuestas y la explotación de los registros administrativos.

43. El INEGI además de coordinar el Sistema, tiene como obligación la generación de la estadística de interés nacional por medio de censos, encuestas y la explotación de registros administrativos. Para ello realiza censos económicos cada cinco años y agropecuarios y de población y vivienda cada diez años.

44. Los censos de población y vivienda permiten caracterizar a la población, los hogares y las viviendas del país.

Población total, 1950 a 2000.

FUENTE:INEGI.

45. Para la obtención de información con mayor frecuencia, se realizan encuestas en establecimientos y en hogares. Para lo cual en la parte de hogares se tiene conformado el Sistema Integrado de Encuestas en Hogares (SIEH) que a su interior está formado por subsistemas como el de trabajo, ocupación y empleo; violencia; salud; dinámica demográfica e ingresos y gastos de los hogares.

46.En el caso particular del subsistema de trabajo, ocupación y empleo se cuenta con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que se realiza de manera continua y a la cual se incorporan módulos de temas como trabajo infantil, agropecuario, sector informal, capacitación y seguridad social, entre otros. Ello permite caracterizar al mercado laboral del país.

Serie desestacionalizada de la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación Bimestral (TCCO) según sexo, segundo trimestre de 2000 al cuarto trimestre de 2005.

Fuente: INEGI. Dirección General de Contabilidad Nacional y Estadísticas Económicas.

Nota:Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO), en la que se reúne en un solo indicador a los individuos que no laboran jornadas completas por razones ajenas a su voluntad (menos de 35 horas en total a la semana), a los individuos que sí laboran jornadas completas pero percibiendo menos de un salario mínimo y a los individuos que ganan entre un salario mínimo y dos, pero laborando sobre jornadas (más de 48 horas a la semana).

47. El Subsistema de ingresos y gastos de los hogares cuenta con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la cual se realiza cada dos años y con la que es posible conocer la estructura del ingreso de la población y los principales rubros del gasto. Los datos también son utilizados por otras dependencias para la elaboración de políticas públicas, la medición del comportamiento de la pobreza que hace un grupo de especialistas en el tema y la conformación de la canasta básica utilizada para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor.

Comparación entre el decil I de los hogares con menor ingreso y el decil X de los hogares con

el mayor ingreso, 2002 y 2004.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2000 y 2004.

Nota:Los hogares son ordenados iniciando con el que tiene el menor ingreso en forma ascendente y se forman diez grupos con el mismo número de hogares, denominados deciles. El decil I está formado por los hogares con menores ingresos y el decil X tiene a los hogares que tiene el mayor ingreso.

48. Dentro del marco del Sistema Nacional de Estadística y de Información Geográfica (SNEIG), que coordina el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se genera la información que permite calcular los indicadores que cuantifican los avances en aspectos sociales y económicos del país.

ART. 2.2 NO DISCRIMINACIÓN

49.Provea información detallada sobre el contenido de programas de acción afirmativa, su alcance y la forma en la cual son implementados en la práctica en relación con las mujeres, indígenas, personas con discapacidad, niños y personas adultas mayores.

50. La creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), muestran las importantes reformas realizadas en México en materia de igualdad y para eliminar todas aquellas formas de discriminación.

51. Estos mecanismos, creados por leyes federales trabajan mediante el diseño y ejecución de políticas públicas de igualdad de oportunidades.

52. Por ejemplo, el CONAPRED creado en abril de 2004 como instancia rectora del Estado Mexicano encargado de aplicar la política antidiscriminatoria en todo el territorio nacional y velar por el cumplimiento de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, tiene como principal misión dar dirección al conjunto de estrategias del Estado para atender los problemas de discriminación, en particular de los colectivos sociales que han sido históricamente colocados en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, refugiados, migrantes, personas con diversas preferencias sexuales, y personas con distintas creencias religiosas.

53. Para ello ha desplegado una estrategia que le ha facilitado el logro de las atribuciones que le confiere la Ley y que se sustenta en la difusión de una nueva cultura de la igualdad aunada a la vinculación y coordinación interinstitucional; el diseño de políticas publicas concretas que incluyan medidas positivas y compensatorias; la atención de denuncias por presuntos actos discriminatorios y finalmente, el fomento y la generación de estudios y opiniones legislativas, lo que le permite contribuir al desarrollo integral, social y cultural, a fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato.

54. A la fecha, el CONAPRED ha venido desarrollando una serie de actividades encaminadas a combatir frontalmente la discriminación sin entrar en conflicto con alguna otra dependencia o por causa de ordenamiento legal alguno.

55.Parte de la acción afirmativa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), es la propia existencia de esta institución y su función de órgano generador de política pública. La CDI tiene por objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. Para lograr sus objetivos, la CDI coordina y opera los siguientes programas.

56. El Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades indígenas tiene como objetivo general, en su modalidad de Infraestructura Básica (PIBAI), impulsar el desarrollo social y económico de los pueblos indígenas, con pleno respeto a los recursos naturales de su entorno, a sus culturas y a sus derechos, mediante la ejecución de obras (a través de una política transversal de coordinación con los organismos de los gobiernos federal, estatal y municipal) preferentemente de electrificación de poblados, caminos rurales, carreteras alimentadoras, distribución y suministro de agua potable y alcantarillado. Tiene como criterios de elegibilidad, que la población beneficiada habite en localidades de muy alta o alta marginación, con 29% o más de hablantes de lengua indígena y con un tamaño de localidad entre 50 y 10,000 habitantes.

57. Por su parte, el Programa de Albergues Escolares Indígenas brinda alimentación y hospedaje a las niñas y niños beneficiados, a través de los albergues escolares.

58. El Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas consiste en impulsar y financiar la ejecución de proyectos de organización productiva para mujeres indígenas, mediante la promoción de procesos organizativos, alternativas de ocupación e ingresos que impacten favorablemente en sus condiciones de vida y posición social.

59. El Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas es un instrumento para concretar la política de reconocimiento de la composición pluricultural de la nación y el derecho de los pueblos indígenas de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad, así como su derecho a decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

60. El Programa de Promoción de Convenios en Materia de Justicia consiste en transferir recursos financieros de gestión directa a organizaciones sociales legalmente constituidas, que son parte o que trabajan para las comunidades indígenas a fin de crear mejores condiciones de acceso a la jurisdicción del Estado, a través de la promoción y defensa de los derechos indígenas, así como el apoyo económico para protocolización y gestión de permisos de uso de nombre.

61. El Programa de Fondos Regionales Indígenas proporciona y apoya la consolidación de proyectos productivos, técnica, económica y socialmente viables, de impacto local y/o regional, que contribuyan a incrementar el valor de los recursos económicos de las comunidades indígenas.

62. El Programa de Desarrollo de las Comunidades Mayas de la Península de Yucatán (FIDA-Península) hasta 2005 fue una estrategia de apoyo regional al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias indígenas pobres y al fortalecimiento de sus organizaciones de base.

63.El Fortalecimiento de Capacidades de los Indígenas consiste en impulsar acciones, proyectos y procesos dirigidos al desarrollo de capacidades de los indígenas que permitan su participación plena en las decisiones sobre su desarrollo, tanto en el ejercicio de su autonomía como en su relación con las instituciones y el Estado, bajo un marco de ejercicio pleno de derechos, equidad, multiculturalidad y sustentabilidad.

64. El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación (PROEQUIDAD), eje rector del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), establece que son políticas de equidad “la acción afirmativa que pone remedio a injusticias previas o sesgos excluyentes (…) Todas ellas tienden al empoderamiento de las personas o grupos que por una razón u otra han sido segregados”.

65. En este sentido, en el tema concreto de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, suelen presentarse conflictos por la percepción social generalizada respecto a que las acciones afirmativas favorecen ilegítimamente sólo a un determinado grupo de personas, o por el desconocimiento de las instituciones de Gobierno al momento de la planeación estratégica y presupuestación, al considerar que sólo los recursos etiquetados son los que benefician a las mujeres.

66. Así por ejemplo, el fomento de una imagen equilibrada de la mujer, respetuosa de las diferencias y sin estereotipos, ha sido uno de los principales objetivos de INMUJERES, para lo cual ha impulsado el mejoramiento de la imagen de la mujer en los medios de comunicación, a través de talleres sobre perspectiva de género a los medios y de varios encuentros con comunicadores, con el propósito de integrar una Red nacional de comunicadores, que coadyuve a la promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

67. Bajo este mismo esquema, en materia de salud destaca la iniciativa del Programa Mujer y Salud (PROMSA), a efectos de asegurar la incorporación de un mayor número de mujeres en el Seguro Popular de Salud (SPS), solicitando a cada familia que decida incorporarse al sistema, que incluya por lo menos a una adulta mayor, salvo excepciones. Además, las mujeres con ingresos más bajos están exentas de cuota.

68. En 2003 se instrumentó el Proceso de Certificación de Equidad de Género de las Unidades de Salud, mediante el cual se certificó al Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud por su trabajo de diagnóstico, diseño de programas con perspectiva de género y obtención de las primeras medidas en pro de la equidad.

69. En materia de educación, el otorgamiento de becas ha sido uno de los mecanismos más efectivos para promover la incorporación y permanencia de las niñas, adolescentes y mujeres en el sistema educativo. A través del Programa OPORTUNIDADES, la Secretaría de Educación Pública (SEP), incrementó el número de becas para alumnas de bajos recursos en 25%. También a través de dicho programa, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), canaliza apoyos a madres de familia e impulsa una política de becas que contrarresta las desventajas de las niñas para acceder a la educación.

70. La SEP creó, en septiembre de 2004, el Programa Becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas, con el propósito de apoyarlas para que concluyan la educación básica. Un programa similar es Una segunda oportunidad, que promueve la permanencia de las mujeres adolescentes embarazadas en la escuela. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta también con un sistema de becas, similar a la licencia laboral para mujeres embarazadas, licencia con goce de beca, para evitar que las mujeres dejen sus estudios de posgrado por causa de embarazo.

71. Desde 2003, el Programa equidad de género, medio ambiente y sustentabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), presta especial atención al otorgamiento de subsidios a proyectos productivos orientados a fortalecer las capacidades locales de los grupos de mujeres en los rubros de agricultura orgánica y gestión.

72. INMUJERES en su Proyecto Generosidad, financiado por el Banco Mundial, trabaja con el Modelo de Equidad de Género (MEG), sistema de gestión que adoptan las organizaciones para fomentar e impulsar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, disminuir la discriminación laboral que sufren las mujeres empleadas en instancias públicas y privadas que participan en el programa mediante la aplicación de acciones afirmativas que corrijan las desigualdades existentes y promuevan un ambiente de trabajo satisfactorio y un personal con mayor motivación.

73. Destaca también en este tema el Programa Reconocimiento Empresa Incluyente, por una nueva cultura laboral, que fomenta la participación de las empresas en la generación de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad.

74. Por su parte, el Programa Extraordinario de Crédito del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), cuenta con una línea de atención dirigida a trabajadores de ingresos medios, que destina el 10% de los créditos para atender a madres solteras.

75. Respecto de la atención a mujeres de zonas rurales, destacan las acciones tendientes al financiamiento de proyectos productivos y otorgamiento de créditos. El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), busca promover la integración económico-productiva de las mujeres del sector agrario mediante el apoyo a proyectos productivos, atendiendo a los requerimientos de organización y capacitación integral, fomentando la generación de la ocupación productiva y una mejoría en la calidad de vida de sus familias y comunidades.

76.El Fondo de microfinanciamiento a mujeres rurales (FOMMUR), establece mecanismos de micro crédito a favor de las mujeres de las comunidades de alta marginación del medio rural, a través de organismos intermediarios, con el fin de fomentar la inversión productiva e impulsar la cultura de ahorro y la capitalización de este sector. Un esquema similar se presenta a través del Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en Solidaridad (FONAES), que opera el instrumento Impulso Productivo de la Mujer, para impulsar políticas y acciones dirigidas a empresarias sociales.

77. Con relación a la atención a las personas adultas mayores, se cuenta con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) que es el órgano rector de las políticas públicas de atención a las personas de 60 años en adelante, con un enfoque de desarrollo humano integral en cada una de sus facultades y atribuciones.

78. El Instituto protege, atiende, apoya y orienta a las personas de la tercera edad, fomentando la asistencia médica, asesoría jurídica y opciones de ocupación. El INAPAM otorga los siguientes servicios: Afiliación, Desarrollo Social Comunitario, Capacitación para el Trabajo y Ocupación del Tiempo Libre, Educación para la Salud, Asesoría Jurídica, Tercera Llamada, Empleo y El INAPAM va a tu barrio.

79. Adicionalmente, en abril de 2002 el Gobierno de la República publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objeto garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas que conforman ese grupo de la sociedad.

Indique si los pueblos indígenas tienen garantizado el derecho a expresarse en sus propias lenguas durante procedimientos legales, de acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General sobre los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas del 13 de marzo de 2003. Provea información al Comité de cualquier caso sobre el uso de lenguas indígenas en procedimientos legales.

80. A partir de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena, han sido reformadas diversas leyes reglamentarias para garantizar el derecho de los pueblos indígenas de expresarse en su lengua de origen en todos los procedimientos jurisdiccionales. Estos ordenamientos contemplan la asistencia de un intérprete o traductor en todas las etapas del procedimiento en donde se encuentre involucrado un indígena y la participación de un defensor que hable su lengua y conozca su cultura. El Código de Procedimientos Penales los contempla en los artículos 15, 18, 124 bis, 128, fracción IV, 154 y 159; asimismo el Código de Procedimientos Civiles dispone la propio en los artículos 107, 180 y 271. De manera particular estos derechos se garantizan en la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores en los artículos 3º, 21 frac. VI, 32 frac. IV, 36 frac. IV. La Ley que Establece Normas Mínimas sobre Readaptación Social a Sentenciados contempla asimismo en el segundo párrafo del artículo 13, la entrega a cada interno indígena de un instructivo en el que aparezcan detallados sus derechos, deberes y el régimen general de vida en la institución traducido en su lengua.

81. Las constituciones locales y leyes específicas en materia indígena de 11 entidades federativas (Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco) contienen disposiciones al respecto. De ellas, el artículo 7 de la Constitución de Campeche permite que el juicio se lleve a cabo preferentemente en la lengua indígena correspondiente.

82. En anexo se encuentran las leyes que contienen las disposiciones relativas al derecho de los miembros de los pueblos indígenas a expresarse en sus propias lenguas durante los procedimientos legales.

83. Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ha colaborado con diferentes instancias en la implementación de acciones y promoción de estrategias que permitan que los indígenas puedan expresarse en sus lenguas en los procedimientos jurisdiccionales, por ejemplo:

Coordina acciones con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) en el proceso de certificación de intérpretes y traductores en lenguas indígenas, a través de la elaboración del Programa de formación de intérpretes y traductores.

Colabora con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el Proyecto de Cooperación Técnica “Implementación de las Recomendaciones del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México”, específicamente en el componente sobre Administración y Procuración de Justicia para los pueblos indígenas en el Estado de Oaxaca, que tiene como propósito formular estrategias para la acción pública en materia de procuración y administración de justicia penal para los indígenas y tiene como uno de sus temas de preocupación la vigencia y aplicabilidad del derecho a expresarse en su lengua.

Colabora con el Programa de Cooperación entre la Unión Europea y México, a través de la Procuraduría General de la República, en el proyecto denominado Fortalecimiento y Modernización de la Administración de Justicia, para mejorar el funcionamiento de Procuradurías y poderes judiciales tanto en el ámbito federal como estatal y de algunos órganos auxiliares, en especial de los servicios periciales y de la defensoría pública, a través del Programa de Formación de Abogados Bilingües (Castellano-Lenguas Indígenas).

Uno de los medios más eficaces para lograr que los jueces consideren la diversidad cultural de los indígenas en los procedimientos jurisdiccionales en que sean parte, es la capacitación de juzgadores, agentes del Ministerio Público y defensores de oficio. Por ello, la CDI ha participado en diversas acciones de sensibilización en materia de derechos indígenas para estos funcionarios de la justicia. Todavía no se cuenta con indicadores del impacto que estos trabajos han tenido. Sin embargo, se tiene conocimiento de 8 casos en los que por recomendaciones de la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la PGR, los agentes del Ministerio Público justificaron el no ejercicio de la acción penal fundamentándose en la diferencia cultural.

84.Concretamente en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, se encuentra adscrita la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas cuyas atribuciones se encuentran contempladas en el Acuerdo A/067/03 suscrito por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2003. Una de ellas es gestionar el apoyo de traductores durante el procedimiento penal cuando así lo requieran personas indígenas.

85. En el ámbito federal, con objeto de cumplir en la medida que los recursos humanos y materiales lo permiten, la exigencia legal de proporcionar a las personas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas defensores públicos que tengan conocimiento de su lengua y cultura, el Instituto Federal de Defensoría Pública integró un padrón nacional de 84 abogados, de los que 49 acreditaron fehacientemente esos conocimientos y 17 reúnen los requisitos de ley para ser defensor público.

86. Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, acordó la designación de defensores públicos federales conocedores de lenguas indígenas tzotzil, tzeltal, zapoteco del istmo y rarámuri, que fueron adscritos a partir del 1o. de diciembre de 2004 al Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en la ciudad de Cintalapa de Figueroa; al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Salina Cruz; y, en la sede de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Chihuahua, respectivamente. A partir del 16 de diciembre de 2005, se designó un defensor público federal adscrito en la Delegación del Instituto en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la defensa de indígenas de la lengua tzotzil y tzeltal.

87. En paralelo, con el objetivo de preparar a los profesionales que en el futuro sean defensores públicos, el Instituto Federal de Defensoría Pública lleva a cabo en coordinación con la Dirección General de Relaciones Nacionales e Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, un Programa de Formación de Defensores Públicos Bilingües con 17 estudiantes de Derecho de todo el país, que conocen la cultura y hablan las siguientes lenguas indígenas: 2 mixteco, 1 tzeltal, 6 náhuatl, 1 tlapaneco, 3 p’huurepecha, 1 triqui, 1 tének, 1 yaqui y 1 chontal, quienes son la primera generación de ese proyecto cuyo registro es de 210 estudiantes con esas características.

Indique qué medidas ha tomado el Estado parte para garantizar la implementación de programas de desarrollo y asistencia social en Chiapas con la participación activa de esa región, especialmente en relación con la necesidad de infraestructura de carreteras, caminos y puentes para permitir a la población de ese Estado comerciar sus productos agrícolas y comunicarse con las capitales municipales.

88. De acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, los recursos propuestos en el Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para el Estado de Chiapas ascienden a 16,287.1 millones de pesos; en términos nominales registra un aumento de 666.5 millones de pesos respecto al monto aprobado para el año 2005. Asimismo, en términos reales y a precios del 2006, estos recursos muestran un incremento de 0.8% con respecto al monto aprobado para el ejercicio 2005.

89.Asimismo, el Gobierno de México cuenta con la Estrategia Microrregiones, en la cual participan 14 dependencias del gobierno federal coordinadas por SEDESOL. Es una forma de trabajo que se fundamenta en la unión de esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno y la sociedad civil para abatir los rezagos de las localidades que presentan condiciones de marginación crónica en el país, con la participación activa y protagónica de las comunidades en su propio desarrollo.

90. La Estrategia de Micro-regiones prioriza el trabajo para el fortalecimiento de los territorios con mayor marginación del país, a través del desarrollo integral y sustentable de las comunidades. Hasta el momento se han realizado 8,411 acciones, representadas como Banderas Blancas, en 2,966 localidades estratégicamente seleccionadas, en 1,340 municipios que registran los indicadores de marginación más altos del país.

91. En Chiapas se han instaurado un total de 1,063 banderas blancas, en las 359 localidades Centros Estratégicos Comunitarios (CEC), identificadas en los 109 municipios con mayor marginación (de un total de 118 municipios), con lo que se han generado mejores condiciones de vida para una población beneficiaria cercana al 1.7 millones de habitantes en esa entidad del sureste mexicano.

92.Del total de Banderas instauradas en el Estado, 157 corresponden a la modalidad de Caminos, mediante las cuales fue posible construir o rehabilitar vías de acceso para las comunidades, cuya característica principal es que son transitables todo el año.

93. En cuanto a la población indígena de Chiapas, durante 2005, 9 dependencias de la Administración Pública Federal (APF) reportaron una inversión de 1,536.63 millones de pesos a través de 38 programas. La CDI, llevó a cabo acciones por un monto de 328.22 millones de pesos en esa entidad federativa.

Por lo que hace a la implementación de programas de desarrollo y asistencia social:

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) invirtió 386.85 millones de pesos en 2 programas.

La Secretaría de Economía (SE) llevó a cabo 6 programas con un monto de 163.96 millones de pesos.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) llevó a cabo 12 programas y destinó una inversión de 624.87 millones de pesos.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) invirtió 25.90 millones de pesos en la implementación de 9 programas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) destinó 24.83 millones de pesos en 3 programas.

La Secretaría de Salud (SSA) invirtió 141.62 millones de pesos en 3 programas.

La CDI, a través del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) realizó proyectos en Chiapas con una inversión 20.30 millones de pesos; con el Programa Fondos Regionales Indígenas (FRI) se financiaron 479 proyectos productivos en Chiapas con un monto de 56.20 millones de pesos, en beneficio de 10,310 personas.

Con un presupuesto de 180 millones de pesos, entre 2004 y 2005 el Gobierno del Estado de Chiapas en coordinación con la CDI y la CFE, llevó energía eléctrica a 146 localidades con más de 38 mil habitantes en el estado. En los últimos tres años se electrificó un área delimitada por los municipios de Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas en la región Selva.

También, para dar respuesta a la demanda de agua potable y saneamiento, el Gobierno del Estado de Chiapas invirtió 151.8 millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica, de los cuales el 63% se aplica en agua potable y el 37% en alcantarillado y saneamiento. Del total de la inversión se destinó el 85% a comunidades rurales e indígenas y el 15% a zonas urbanas.

En relación con los programas y acciones destinados a atender la necesidad de infraestructura de carreteras, caminos y puentes:

(i) La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) invirtió 168.62 millones de pesos a partir de 3 programas. Para la construcción de 75.4 kilómetros de caminos rurales destinó 129,82 millones de pesos.

De enero a junio del 2005, el Programa Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) de la CDI, invirtió 173.14 millones de pesos en carreteras alimentadoras en Chiapas, con lo cual se beneficiaron 158,832 personas. Asimismo, el PIBAI invirtió 488,341 pesos en caminos rurales en beneficio de 3,328 personas.

ART. 3 IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES

En el primer trimestre de 2004, la tasa de empleo en México fue de 65.2% para los hombres y apenas del 14.5% para las mujeres. Indique qué medidas ha tomado el Estado parte o intenta tomar para corregir esta disparidad en el acceso al mercado de trabajo paralas mujeres trabajadores, tomando en cuenta el hecho de que, como se reconoció en el informe, “cifras substanciales de mujeres en el trabajo se encuentran de hecho sub-empleadas”.

95.En el primer trimestre de 2005 se realizó la primera y nueva Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), coordinada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). De acuerdo con la ENOE, continuó la tendencia de crecimiento sostenido del empleo asalariado, a la vez que disminuyeron las ocupaciones por cuenta propia y los trabajadores sin pago, lo cual implica un moderado fortalecimiento del mercado laboral.

96.Para el primer trimestre de 2005 se tenía una tasa de participación económica femenina del 38.9% de la población económicamente activa (PEA). Las tasas netas de participación se reducen a medida que baja el grado de urbanización. Estas diferencias reflejan, por una parte, el hecho de que en las ciudades más grandes prevalecen condiciones más favorables al trabajo de la mujer, tanto en lo referente a los patrones culturales como en las oportunidades reales de obtener un empleo y en la disponibilidad de servicios que permiten trabajar, como las guarderías.

97. Por edades, los niveles de participación muestran diferencias notables por sexo. En el caso de los hombres se observa una alta frecuencia de incorporación temprana a la fuerza laboral. En cambio, las mujeres activas representan el 21.5% de este segmento y aumentan sus porcentajes de actividad de 43.8% en el grupo de 20-24 años, hasta alcanzar el 52.0% en el de 40 a 44. Ello permite inferir que su incorporación aumenta conforme los hijos crecen, circunstancia que les permite entrar, aunque sea tardíamente, al mercado del trabajo. Sin embargo, a partir del rango de 50-54 la participación disminuye sostenidamente.

98. La tasa neta de participación (TNP) femenina tendió a aumentar a lo largo de 2004 y 2005, situándose en el segundo nivel histórico más alto (38.9%), lo que resulta no sólo del creciente interés de la mujer por aumentar su autosuficiencia y aprovechar sus capacidades en el trabajo, sino también de la necesidad de mejorar el ingreso familiar, ante las dificultades inherentes al estancamiento económico. En cambio, la TNP de los hombres descendió hasta 78.2% en el primer trimestre de 2005.

TASA DE DESEMPLEO POR GRADO DE URBANIZACIÓN Y POR SEXO

(%)

	TOTAL	Áreas más urbanizadas 100,000 habitantes y más	Áreas urbanas medias 15,000-99,999 habitantes	Áreas urbanas bajas 2,500-14,999 habitantes.	Áreas rurales Menos de 2,500 habitantes
TOTAL	3.88	4.88	3.53	3.09	2.13
HOMBRES	3.62	4.59	3.48	3.00	1.97
MUJERES	4.36	5.32	3.62	3.26	2.55

99.Señale los resultados alcanzados bajo el programa “Más y mejores empleos para las mujeres en México”, conducido con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en términos de la participación de las mujeres en el mercado laboral, si existen las cifras de incremento de mujeres trabajando en el sector informal y la situación de las mujeres en la industria maquiladora, la cual es señalada por varias formas de discriminación.

100. En una primera etapa las acciones del Programa “Más y mejores empleos para las mujeres en México” se enfocaron a dos grupos específicos de mujeres: 2,214 trabajadoras asalariadas en la industria maquiladora del Estado de Coahuila y 428 mujeres que desarrollaban sus actividades en la economía informal en el Estado de Guerrero.

101. A partir de los resultados, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la OIT consideraron la conveniencia de llevar a cabo una segunda etapa, de enero de 2003 a octubre de 2005, en otros cuatro estados (Chiapas, Chihuahua, Veracruz y Yucatán), para que sus beneficios alcanzaran a un mayor número de mujeres y se ampliara la experiencia.

102. El Programa inició en Chihuahua con el objetivo de beneficiar a las trabajadoras de la industria maquiladora quienes mediante una capacitación integral, tuvieran mayor capacidad de gestión ante sus respectivas empresas, sensibilización sobre sus derechos laborales y mayor productividad. Se utilizó la figura de promotoras sociales, que tienen las siguientes características:

Actúan como personas que humanizan la línea de producción al ser receptoras de las problemáticas familiares y personales de las trabajadoras, para orientarlas hacia instituciones que pueden atenderlas.

Actúan como un foco preventivo, ya que captan los sentimientos de inconformidad de sus compañeros de línea.

Personifican los efectos positivos de la capacitación y generan un ambiente favorable para la capacitación en general.

Logros del proyecto

Estados donde se aplicó el programa	Mujeres beneficiadas	Total de proyectos realizados
Chiapas	271	9
Veracruz	219	16
Yucatán	334	16
TOTAL	824	41

Indique qué medidas han sido tomadas por el Estado parte para combatir la segregación ocupacional, la cual resulta en mujeres concentradas en empleos mal pagados en comparación con los hombres.

104. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social instrumenta acciones de sensibilización y campañas de difusión a fin de promover el respeto y la defensa de los derechos laborales para las mujeres trabajadoras.

105. En el marco de la campaña de coordinación con el INMUJERES “Vamos por Leyes Justas”, se llevó a cabo la integración y la difusión del spot de radio sobre Igualdad de Oportunidades Laborales, Igualdad de Salarios al de los Hombres y decir No al Certificado de No Gravidez, el cual fue difundido a nivel nacional. Igualmente se difundió una versión escrita en periódicos nacionales que circulan en el Distrito Federal en los meses de abril y mayo.

106. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos continúo fijando los salarios sin importar el sexo, de conformidad con lo establecido por la legislación nacional, el Convenio 100 de la OIT sobre Igualdad de Remuneraciones, así como la Recomendación General No. 13 del Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer.

107. En el marco de la dignificación y valoración del trabajo de la mujer, se han impartido diferentes foros, conferencias y talleres de sensibilización y difusión a fin de concienciar y generar un ambiente libre de discriminación en el ámbito laboral de la mujer en diferentes dependencias tanto públicas como privadas de la República Mexicana. Las conferencias versaron sobre los temas: Los retos de Ser Mujer, Los Desafíos de la Mujer en el mundo Laboral, Rol de la Mujer en el Siglo XXI, Derechos Humanos de la Mujer Trabajadora, Acoso y Hostigamiento, El mundo del Trabajo en la Equidad y Género, Género y Perspectiva de Género, Violencia Laboral, Conferencia Reconciliación Vida Laboral – Vida Familiar, Género en la Nueva Cultura Laboral, Hostigamiento Sexual, Mujer Embarazada y el Trabajo, Balance Vida Familiar – Vida Laboral.

108. Se realizaron Talleres de Género en la Nueva Cultura Laboral en donde se ha planteado la problemática actual de las mujeres en el ámbito laboral y este Taller se ha considerado un medio eficaz que puede ayudar en los esfuerzos para la eliminación de la discriminación hacia la mujer. Los temas vertidos han sido Mujer, Liderazgo y Política y Mujer y Trabajo, cuyo principal objetivo ha sido difundir el enfoque de género en la Nueva Cultura Laboral, como herramienta de análisis que permita establecer acciones que promueven la equidad en hombres y mujeres en el desarrollo laboral.

109.Por su parte, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (PROFEDET), ha brindado asesoría jurídica gratuita, conciliación de conflictos laborales y representación legal a 140,470 usuarias durante el período 2002 a septiembre de 2005.

110. Por su parte, el CONAPRED ha diseñado y está por poner en marcha un Modelo de Reconocimiento por la Cultura de la No Discriminación aplicado tanto a las instituciones públicas como a las empresas privadas que de acuerdo al artículo 85 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se distingan por llevar a cabo programas y medidas para prevenir la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos. Dicho reconocimiento es de carácter honorífico, con una vigencia de un año y puede servir de base para la obtención de beneficios que, en su caso, establezca el Estado, en los términos de la legislación aplicable. El Modelo de Reconocimiento entrará en vigor al finalizar el primer semestre de 2006.

111. AsImismo, INMUJERES, STPS y SEGOB, han trabajado de forma permanente en materia legislativa en materia laboral en favor de las mujeres, impulsando cuatro iniciativas de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuatro iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo propuestas por el Senado de la República y 20 iniciativas a esa Ley propuestas por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

112. El 25 de noviembre de 2002, la Cámara de Diputados recibió a través de la SEGOB, por parte de la STPS, la propuesta de los representantes mayoritarios de los sectores obrero y empresarial en la Mesa Central de Decisión para la modificación y actualización de la Ley Federal del Trabajo.

TEMAS RELATIVOS A PREVISIONES ESPECÍFICAS DEL PACTO (artículo 6-15)

ART. 6. DERECHO AL TRABAJO

Provea información sobre el estado de los proyectos de reforma introducidos por el Estado parte en relación con varias disposiciones de la Constitución sobre derechos laborales, la Ley de Seguridad Social y la Ley Federal del Trabajo con respecto a evitar que los patrones requieran que las mujeres que buscan empleo presenten certificados de no-embarazo como prerrequisito para el empleo.

114. El 12 de diciembre de 2002, el Senado de la República dictaminó y aprobó la reforma al artículo 133, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, mediante la cual se prohíbe expresamente a los patrones “I.- Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de sexo; así como exigir o solicitar a las mujeres la presentación de certificado médico de no embarazo, como condición indispensable para la contratación.” La Minuta fue enviada a la Cámara de Diputados y no se ha aprobado.

115. El 30 de marzo de 2004, el pleno de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su análisis, la propuesta de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para prohibir actos de discriminación laboral contra las mujeres, incluyendo la obligación de presentar certificados de no gravidez como requisito para obtener y/o mantener el empleo. Dicha propuesta continúa siendo analizada en la Comisión.

116. Por lo que se refiere a la propuesta de reformar la Ley del Seguro Social en sus artículos 102, 103 y 107 relativos a las obligaciones del seguro de maternidad, el Senado de la República consideró inconveniente dicha reforma debido a que el costo de realizar los cambios propuestos, significaría una erogación fiscal por parte del Gobierno Federal vía el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que tendría un impacto negativo en las finanzas públicas.

117. Dentro del PNDH se contempla como acción de la STPS, verificar que no se exija la prueba de embarazo a las mujeres que deseen acceder a un empleo. Al respecto, en el Informe de Ejecución del PNDH la STPS reportó en 2005 un cumplimiento del 100%.

ART. 7 EL DERECHO A CONDICIONES JUSTAS Y FAVORABLES DE TRABAJO

118.Provea información sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para aplicar la legislación laboral en las maquiladoras, especialmente con relación a: tiempo extra no pagado, acoso sexual, discriminación en el empleo, inexistentes precauciones de salud y seguridad, despidos injustificados y contratos temporales y no escritos impuestos a los trabajadores.

119. En el período de enero a diciembre de 2005, la STPS realizó un total de 26,122 inspecciones en 13,403 empresas de competencia federal, en donde se agrupó a un total de 947,612 trabajadores, dentro de los cuales se beneficiaron a 245,275 mujeres trabajadoras, detectándose violaciones en materia de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo. Por lo que se refiere a la industria maquiladora durante el último trimestre de 2005, fueron inspeccionadas 80 empresas maquiladoras de forma extraordinaria en materia de seguridad e higiene.

ART. 8 DERECHOS SINDICALES

120.México no ha ratificado un número de importantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo, incluyendo el Convenio sobre Desempleo, 1919 (No. 2), el Convenio de Inspección del Trabajo, 1947 (No.81), el Convenio sobre el Derecho a Organizarse y Negociar Colectivamente, 1949 (No. 98), el Convenio sobre Política Social (Principios y Estándares Básicos), 1962 (No. 117), el Convenio sobre Política de Empleo, 1964 (No.122), elConvenio sobre la Edad Mínima, 1973 (No, 138), y el Convenio sobre la Prevención de Accidentes Industriales Mayores, 1993 (No.174). Indique si el Estado parte pretende ratificar estos convenios.

121. El Gobierno de México no tiene contemplado, por el momento, ratificar dichos instrumentos internacionales, debido a lo siguiente:

a)Convenio No. 2 sobre Desempleo de 1919. En los dictámenes emitidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 2 de marzo de 1951 y el 21 de octubre de 1965, se señaló que el Gobierno mexicano tendría cierta dificultad en lo referente al seguro del trabajador extranjero y en la reciprocidad del trato con otros Estados, considerando el cambio de moneda que la mayoría de las veces es desfavorable para México. Este instrumento podría ratificarse, reservándose dar cumplimiento al artículo 3 del Convenio, en la forma que permita la Ley de Seguros Sociales. En virtud de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no acepta reservas en la práctica, no fue posible ratificarlo.

b)Convenio No. 81 de Inspección del Trabajo de 1947. En los dictámenes emitidos por la STPS el 29 de octubre de 1965, el 8 de mayo de 1974 y el 15 de noviembre de 1976, se señala que existen discrepancias entre la legislación nacional (Ley Federal del Trabajo y Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado) y los artículos 3, 6 y 12 del Convenio. Tales discrepancias radican en el carácter de empleado de confianza y su inestabilidad.

122.En México, los inspectores federales del trabajo son trabajadores de confianza y no de base. A la luz de la Ley Federal del Trabajo (Art. 9), un empleado de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. En virtud de lo anterior, es obvio que la estabilidad del trabajador, como lo pide el Convenio, se subordina a la confianza efectiva que en él deposite el patrón. Por otra parte, en el capítulo II, título sexto de la Ley Federal del Trabajo, art. 185 se señalan las causas de rescisión de las relaciones laborales si existe motivo razonable de pérdida de confianza, aún cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión (artículo 47 de la Ley).

Convenio No. 98 sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva. En los dictámenes emitidos por la STPS el 20 de abril de 1956, el 26 de abril de 1957, el 5 de noviembre de 1959, el 20 de agosto de 1976, el 24 de octubre de 1979 y el 21 de julio de 1998, se da el visto bueno para que dicho instrumento fuera ratificado. Sin embargo, el Senado de la República formuló una reserva, señalando que deben prevalecer los mandatos que establecen tanto el artículo 123 de nuestra Constitución, como en la Ley Federal del Trabajo en el campo de los derechos sindicales que no están sujetos a las limitaciones que contiene el citado instrumento.

123.En virtud de que, en la práctica, la OIT no acepta reservas, México no ha ratificado el Convenio.

a)Convenio No. 117 sobre Política Social (Principios y Estándares Básicos) de 1962. El 2 de abril de 1963, la STPS emitió un dictamen en el que se señalan los siguientes 3 géneros de causas que impiden la ratificación del citado Convenio:

“Artículos que resultan incompatibles con los establecido en la legislación nacional, tal es el caso del inciso b) del artículo 4, la fracción I del artículo 14 que se refiere a una cuestión que contradice nuestra legislación.

Artículos que traerían como consecuencia la necesidad de reformar o adicionar la legislación nacional. Este es el caso del artículo 11, fracciones 1 y 7; artículo 12, fracción 2; y artículo 16 fracción I.

Artículos que, una vez ratificados, harían necesario que se tomaran medidas de orden práctico que nuestro país, por su grado de desarrollo económico y social, no está aún en condiciones de llevar a la realidad. Así ocurre con los siguientes artículos: 3, fracción 2, inciso c; 7; 9 y 14 fracción 3.”

b)Convenio No. 122 sobre Política de Empleo de 1964. El dictamen emitido por la STPS el 15 de marzo de 1965, recomendó la no ratificación del mismo debido a que: “El artículo 12, fracción c, que dispone la obligación de garantizar que la política del empleo se puede aplicar sin tomar en cuanta la procedencia nacional, es contradictorio a las disposiciones de los artículos 9, 111 fracción 1 y 175 de la entonces Ley Federal del Trabajo y que actualmente corresponden a los artículos 7, 154 y 246 de la Ley, así como el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo que dispone que los trabajadores de base deberán ser de nacionalidad mexicana.”

124.Convenio No. 138 sobre la Edad Mínima de 1973. El 26 de marzo de 1975, la STPS señaló en su dictamen que no era conveniente ratificar el Convenio en virtud de que: “Contiene algunas disposiciones incompatibles o difícilmente conciliables con la legislación nacional, entre las que se encuentran los artículos 1, 2.3, 3.1, 4 y 5.3”. No obstante lo anterior, los objetivos que plantea el Convenio coinciden con el propósito frecuentemente reiterado por el Gobierno de México de abolir efectivamente el trabajo infantil y elevar de manera progresiva la edad mínima de admisión al empleo. En 2001, la STPS elaboró nuevamente un dictamen que resultó negativo, concluyendo que: “Subsisten las disposiciones de nuestra legislación que son incompatibles con el Convenio No. 138 de la OIT y que en su oportunidad impidieron la ratificación del mismo.” Cabe señalar que cada año la OIT invita al Gobierno de México a reflexionar sobre la posibilidad de ratificar el Convenio No. 138, en virtud de que se le considera, al igual que el Convenio No. 98, parte de los derechos fundamentales de los trabajadores y que, a raíz de la adopción de la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, dicho instrumento es de obligado cumplimiento.

Convenio No. 174 sobre la Prevención de Accidentes Industriales Mayores de 1974. la STPS emitió un dictamen desfavorable en 1994, señalando como causas para la no ratificación el hecho de que las disposiciones previstas en el Convenio no coinciden con la normatividad vigente en nuestro país, por lo que su aplicación causaría conflictos de interpretación.

125. Adicionalmente, se informa que México presenta memorias de seguimiento bajo el artículo 19 de la Constitución de la OIT sobre los Convenios no ratificados, en las cuales refleja las acciones que ha emprendido para dar cumplimiento al instrumento internacional.

Provea información sobre si el Estado parte intenta retirar la reserva al artículo 8 del Pacto de acuerdo con las previas observaciones finales del Comité.

126. El Gobierno de México se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 12 de mayo de 1981, con la siguiente Declaración Interpretativa:

“Al adherirse al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Gobierno de México lo hace en el entendimiento de que el Artículo 8 del aludido Pacto se aplicará en la República Mexicana dentro de las modalidades y conforme a los procedimientos previstos en las disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias”.

127. De conformidad con la práctica de Naciones Unidas se entiende que las declaraciones interpretativas, que no son jurídicamente vinculantes, no pueden retirarse.

Provea información sobre las medidas tomadas por el Estado parte para proteger el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y unirse a los sindicatos de su preferencia.

128. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 9 dispone que “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”. De la misma manera, la fracción XVI del Artículo 123, Apartado “A” de la propia Constitución, señala que tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, y asociaciones profesionales. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 354, señala que se reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones.

129. Por otra parte, los trabajadores y sindicatos, de estimar que sus derechos y garantías no se han respetado, pueden acudir ante los tribunales competentes a hacer valer sus derechos o dirimir las controversias.

Indique si el Estado parte intenta proceder con la reforma a la Ley Federal del Trabajo (proyecto de ley del 12 de diciembre de 2002), especialmente dado que se ha informado que dicha reforma, como está planteada, podría disminuir la libertad de asociación y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva.

130. En el marco de la “Nueva Cultura Laboral” del Gobierno mexicano, se trabaja en una reforma legislativa laboral que coadyuve a promover la capacitación, la participación y una justa remuneración de los trabajadores.Para ello, se creó la Mesa Central de Decisión para la Reforma de la Ley Federal del Trabajo, en la que las organizaciones de trabajadores y empleadores de México, teniendo al Gobierno como facilitador, culminaron un proyecto de reformas a dicha Ley que aborda el tema de la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

131. Este proyecto se convirtió en iniciativa de ley el 12 de diciembre de 2002.Actualmente, el H. Congreso de la Unión discute diversas iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, entre las que se incluye la mencionada anteriormente.

ART. 9 EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

132.Provea información así como el alcance y extensión del actual esquema de seguridad, “El esquema de Seguro de Salud de la Gente”, en el Estado parte, el cual será de aplicación universal en 2010.

133. El Seguro Popular de Salud fue iniciado como un instrumento para proveer de aseguramiento en salud a la población que no era cubierta por ninguna institución de seguridad social. El programa no sólo ha intentado financiar servicios de salud para estos grupos sino también protegerlos financieramente. Se estima que alrededor de 1.5 millones de familias en México se empobrecen anualmente a consecuencia de los gastos en que incurren para pagar servicios de salud.

134. Después de un proceso de negociaciones entre la Secretaría de Salud, el Congreso y los Gobiernos de los Estados, en febrero de 2005 se había logrado incorporar ya a 31 Estados. Cada Estado tiene la posibilidad de agregar intervenciones al paquete de acuerdo a su conveniencia y capacidad financiera.

135. Otro de los elementos innovadores del Seguro Popular es la reasignación a los Estados de fondos federales frescos. La estrategia fue movilizar fondos federales para subsidiar el costo de la prima y solicitar un pago fijo a cada familia de acuerdo a su ingreso. Así, la población paga una proporción de la prima de acuerdo a su ingreso y el resto es subsidiado por fondos públicos.

136. El Seguro Popular es un seguro médico, público y voluntario, que fomenta la atención oportuna a la salud, a través de un mecanismo de protección del patrimonio familiar. Además, ofrece atención médica, estudios y medicamentos sin costo al momento de utilizarlos. Garantiza el acceso a un paquete de servicios de salud, que cubre 249 padecimientos, y a los medicamentos asociados a dichos padecimientos. Estos últimos están clasificados en 9 conglomerados o grupos de servicios:

a) Acciones de detección y prevención para toda la familia

b) Medicina Ambulatoria

c) Odontología

d) Salud Reproductiva

e) Embarazo, parto y recién nacido

f) Rehabilitación

g) Hospitalización

h) Urgencias

i) Cirugía

137. Dicho paquete de servicios se irá ampliando gradualmente. Desde enero de 2006, el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud ha sido sustituido por el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) de modo que las intervenciones o enfermedades cubiertas por el Seguro Popular aumentaron de 154 a 249.

138. El Seguro Popular tiene una red de hospitales en cada Estado que son, básicamente, los centros de salud, dependientes de la Secretaría de Salud estatal. Al día de hoy, el Seguro Popular cubre a más de tres millones y medio de familias. El Seguro Popular está presente en 1,584 municipios y se espera poco a poco cubrir la totalidad del territorio mexicano.

139. Para la implementación y operación del SPSS están consideradas tres fuentes de aportación diferentes:

a)La Federación por medio de la Secretaría de Salud. Cubre anualmente una cuota social por cada familia beneficiaria del Sistema equivalente al 15% de un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. La cantidad resultante se actualiza trimestralmente de acuerdo a las variaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Adicionalmente, entrega una aportación solidaria mediante la distribución del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Persona, misma que representa al menos una y media veces el monto de la cuota social referida.

b)Gobiernos de los Estados y el Distrito Federal. Aportan una cuota equivalente a la mitad de la cuota social que destine la Federación.

c)Familias Afiliadas. Participan con una cuota familiar que será anticipada, anual y progresiva, la cual se determina por su condición socioeconómica y puede liquidarse de forma trimestral. La base para definir la cuota familiar es el nivel de ingreso o la carencia de éste; de acuerdo a su evaluación, existen familias exentas de la aportación. Las familias de deciles I y II de la distribución de ingreso, pertenecen al régimen no contributivo.

ART. 10 PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, LAS MADRES Y NIÑOS

140.Indique qué recursos financieros están disponibles en el Estado parte para el Programa sobre de Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia, y el Instituto Nacional de las Mujeres, con relación a la implementación de actividades que tienen la intención de crear y promover una cultura de igualdad, que también esté libre de violencia y discriminación.

141. El siguiente cuadro contiene la información sobre los montos otorgados a las dependencias e instituciones relacionadas con la atención a grupos específicos de población. Cabe destacar, que cada institución define anualmente los programas y proyectos a los que destinará dicho monto.

Dependencia	2006
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	1,232,046,933
INMUJERES	216,586,159
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Atender asuntos de la mujer, la niñez y la familia	1,301,794

142. El 26 de enero de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición de una fracción XIV Bis al artículo 6 de la Ley de la CNDH para que ésta se encargue de la observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Esta adición entró en vigor el día 27 de enero de 2006 y con motivo de ella se creó el Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, adscrito a la Segunda Visitaduría General.

Provea información sobre las medidas legislativas y de otro tipo, que el Estado parte ha tomado para proveer a las víctimas de violencia doméstica de apoyo y protección.

143. En el marco jurídico mexicano existen diversos ordenamientos en los rubros del derecho administrativo, penal y civil que regulan la violencia familiar y realizan una convocatoria a las instituciones públicas y privadas para brindar la protección que garantice el desarrollo integral de sus integrantes.

144. En este sentido es relevante el papel de la Nueva Ley de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004, que sienta las bases para la promoción de un Sistema Nacional de Asistencia Social, que fomente y coordine la prestación de servicios de asistencia social pública y privada e impulse la participación de la sociedad en la materia.

145. De las 32 entidades federativas, únicamente Chihuahua, Hidalgo y Nuevo León no cuentan con una ley especial en la materia. El resto tienen algún tipo de regulación sobre prevención, atención y corrección de los hechos de violencia familiar.

Aguascalientes	Ley en la materia y reforma a sus Códigos Civil y Penal
Baja California	Ha incorporado la figura en su Código Penal y cuenta con una Ley en la materia
Baja California Sur	Ley en la materia
Campeche	Ley en la materia
Coahuila	Ley en la materia. Código Penal
Colima	Ley en la materia y las reformas a sus Códigos Civil y Penal
Chiapas	Ley especial y reforma a su Código Penal
Chihuahua	Reforma a sus Códigos Civil y Penal
Durango	Ley en la materia y reforma a sus Códigos Civil y de Procedimientos Civiles
Distrito Federal	Ley especial, Reglamento y reforma de los Códigos Civil y Penal
Guanajuato	Ley especial y reformas a sus Códigos Civil y Penal
Guerrero	Ley en la materia y reforma al Código Penal
Hidalgo	Reforma al Código Penal y de Procedimientos Penales
Jalisco	Código de Asistencia Social, Libro VI y Código Penal
Estado de México	Ley en la materia y Códigos Civil y Penal
Michoacán	Códigos Civil y Penal, así como nueva Ley en la materia
Morelos	Ley especial
Nayarit	Ley especial
Nuevo León	Reforma a los Códigos Civil, de Procedimientos Civiles, Penal y Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, así como Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia
Oaxaca	Ley en la materia y en Códigos Civil y Penal
Puebla	Ley especial y reglamento y las reformas al Código Civil
Querétaro	Ley especial
Quintana Roo	Ley en la materia y reforma al Código Civil
San Luis Potosí	Ley especial y reforma al Código Civil y Penal
Sinaloa	Ley en la materia y reforma al Código Civil
Sonora	Ley especial con reglamento y reforma al Código Civil y Penal
Tabasco	Ley en la materia y reforma a los Códigos Civil y Penal
Tamaulipas	Ley especial y reforma al Código Civil
Tlaxcala	Ley en la materia
Veracruz	Ley especial y reforma a sus Códigos Civil y Penal
Yucatán	Ley en la materia y reforma al Código Penal
Zacatecas	Ley especial y Código Penal

146. En materia legislativa, la LIX Legislatura del Congreso Federal (Cámara de Diputados y Senadores) ha trabajado en las siguientes iniciativas:

Proyecto de decreto que expide la Ley General que para el Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y la Niñas.

Ley General de Acceso de la Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

Proyecto que reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Proyecto de decreto que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal.

Proyecto de decreto que reforma el Código Civil Federal, en materia de violencia familiar.

Proyecto de decreto que reforma los artículos 265 bis, 289 y 343 bis Código Penal Federal.

Proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones X, XII, XIII y XVIII del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de la Mujeres, en materia de políticas de atención y protección de los derechos de las mujeres que sufren algún tipo de violencia.

Proyecto que adiciona diversas disposiciones a los artículos 5 y 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Proyecto que adiciona un tercer párrafo al artículo 1916 del Código Civil Federal, para incorporar la obligatoriedad de la indemnización del daño material y moral causado en los casos de violencia intrafamiliar.

Proyecto que reforma diversas disposiciones de las leyes para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; General de Educación; de Asistencia Social y General de Salud, para prohibir, sancionar y eliminar la violencia intrafamiliar.

Proyecto que reforma diversos artículos de la Ley de Asistencia Social.

Proyecto que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Proyecto que reforma el artículo 323, párrafo tercero del Código Civil Federal, en materia de violencia familiar.

Proyecto que reforma el artículo 343 párrafo cuarto del Código Penal Federal, en materia de violencia familiar.

Proyecto que reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

Que reforma el artículo 8 de la Ley General de Educación.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de registro civil, alimentos y violencia familiar.

147. Por otro lado, se ha creado una Red de refugios temporales para atender a víctimas de la violencia familiar y se ha puesto en marcha un programa de fortalecimiento y profesionalización de los mismos. El Programa de atención a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres de la Secretaría de Salud, en sí mismo es una medida especial encaminada a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, en cuanto al derecho de acceso a la salud y al desarrollo humanos, pero aún más, entre sus líneas estratégicas se encuentra el impulso a proyectos dirigidos a poblaciones especialmente vulnerables, en coordinación con los diferentes actores sociales. Como resultado de lo anterior, se impulsa el desarrollo de servicios especializados para la atención de violencia en el sector salud y la consolidación de la Red nacional de refugios para mujeres y sus hijos, que viven situación de violencia.

148. Asimismo, el INMUJERES ejecuta el Programa Nacional por una Vida sin Violencia 2002-2006, producto de los trabajos de la mesa Institucional para Coordinar las Acciones de Prevención y Atención de la Violencia Familiar hacia las Mujeres, a fin de instituir un sistema integral, interdisciplinario, interinstitucional y concertado que trabaje en estrecha colaboración con la sociedad civil organizada y mediante el cual se logre la reducción de la violencia familiar.

149. El Programa impulsa la creación de un sistema nacional de políticas públicas de prevención, tratamiento, información y evaluación con enfoque de género, mediante ocho líneas estratégicas: Prevención; Atención; Detección; Normativo; Comunicación y Enlace institucional; Coordinación y enlace con la sociedad civil; Información y evaluación, y Seguimiento al cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Cada línea estratégica tiene objetivos específicos, líneas de acción y acciones sectoriales delimitadas para su cumplimiento por parte de los interlocutores de la Mesa Institucional.

150. En cuanto a la atención, protección, reparación, la Secretaría de Salud tiene a su cargo el proyecto Apoyo al fortalecimiento de una red de refugios temporales para atender a víctimas de la violencia familiar, a través del cual apoya el funcionamiento y la profesionalización a 22 refugios en 18 entidades federativas. Difunde la existencia de la Red nacional de refugios para víctimas de violencia, e impulsa la creación de nuevos albergues que incluyan servicios de atención psicológica, médica y legal; y opera el proyecto Casas de salud de las mujeres indígenas en los estados de Puebla, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas y Guerrero que incluye un modelo culturalmente adecuado para las mujeres indígenas.

151. La Secretaría de Salud elaboró también el Modelo integrado de atención a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, a través del cual impulsa programas de apoyo legal y terapéutico, así como de orientación a víctimas de violencia; se aplica en las entidades federativas e incluye la impartición de talleres interestatales en línea. En el año 2003, el presupuesto de violencia familiar, sexual y contra las mujeres se destinó directamente al fortalecimiento de los servicios de salud en los 13 Estados participantes en el proyecto piloto del Modelo (Coahuila, Monterrey, Distrito Federal, Michoacán, Morelos, Zacatecas, Baja California Sur, Hidalgo, Chihuahua, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas). En 2004 el número de entidades participantes aumentó a 21, logrando una cobertura de 12,646 servidores del sector salud.

152. SEDESOL apoyó, a través de dos convocatorias, 26 proyectos ejecutados por organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento de refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia.

153. El UNIFEM y el PNUD realizaron 6 congresos internacionales para apoyar la armonización de las legislaciones locales con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, cuyo objetivo fue exponer, a través de expertos internacionales, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o “Convención de Belem do Pará” y el Estatuto del Mecanismo de seguimiento, además del Protocolo para Prevenir, Reprimir, y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres, Adolescentes, Niños y Niñas en la Legislación Penal, de Salud y Asistencia Social, cuyas conclusiones sirvieron de base para realizar propuestas de reforma a la legislación antes referida de todas las Entidades Federativas y de la legislación federal.

154. En este orden de ideas se realizaron 33 Talleres de Armonización en las Entidades Federativas y en el Distrito Federal, con el propósito de analizar el estudio comparativo de la aplicación de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la Convención de Belem do Pará y del Protocolo sobre Trata de Personas, a efecto de elaborar igualmente propuestas de reforma a la legislación penal, de salud y de asistencia social

155. Las propuestas de reforma a las 99 legislaciones en materia Penal, de Salud y asistencia social en la República mexicana fueron remitidas en enero de 2006 a todos los Congresos ñocales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Congreso de la Unión para su estudio, análisis y en su caso aprobación.

156. INMUJERES apoya y promueve el fortalecimiento de la Red nacional de refugios para mujeres en situación de violencia extrema (RENARAC). Para octubre de 2004 el número de refugios ascendió a 34, ubicados en 24 de los 32 Estados. Las organizaciones civiles operan 25 refugios y los 9 restantes, los Gobiernos estatales. Asimismo, publicó el Manual de procedimientos para centros de atención y refugio para mujeres, sus hijos e hijas, víctimas de violencia familiar y sexual, el Manual refugio para mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencia familiar: Elementos a considerar para su creación y, en colaboración con la Universidad del Caribe de Quintana Roo, el Manual de las normas de funcionamiento y de los modelos de atención integral de la violencia.

157. Por otro lado, INMUJERES opera desde enero de 2003 la Línea telefónica Por una vida sin violencia que permite el monitoreo permanente de las necesidades de la población; proporciona atención a través de profesionales; integra una red nacional de servicios de apoyo; tiene acceso inmediato y directo a la orientación y a la canalización en un sólo servicio; evalúa el impacto de campañas de prevención de la violencia y de fomento de una política social.

158. En 2004 se atendieron 11,396 llamadas: 6,764 por violencia psicoemocional; 4,031 física; 1,704 financiera; 1,574 sexual; 722 laboral; y 285 institucional. El promedio mensual de 2005, hasta el mes de octubre, fue de 1,176 llamadas. En el marco de la Campaña contra la violencia hacia las mujeres, impulsada por INMUJERES en noviembre de 2005, se incrementaron las llamadas en un 540%.

159. El Instituto cuenta también con un Módulo de Gestión Social (MGS) para atender a las personas que buscan información y apoyo en asesoría psicológica, jurídica, laboral y de salud dirigidos a niñas y mujeres, canalizando las solicitudes a las instancias pertinentes.

160. La PGR opera el servicio de atención telefónica 01 800 MUJERTEL-PGR que brinda apoyo psicológico, asesoría legal, canalización y seguimiento de casos a mujeres y niñas en situación de violencia.

161. A nivel estatal Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Puebla y San Luis Potosí, cuentan con líneas de atención telefónica para mujeres víctimas de violencia.

Provea información sobre las medidas que el Estado parte ha tomado para investigar, perseguir y castigar a los perpetradores de desapariciones y asesinatos múltiples de mujeres en Ciudad Juárez, en las cuales hay manifestaciones de patrones de violencia basada en el género y discriminación.

162. La coordinación entre la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua y el Gobierno estatal ha generado importantes acciones como:

En materia de prevención: campañas contra la violencia familiar en radio y televisión; fortalecimiento del servicio nacional de 24 horas de orientación y canalización telefónica para personas en situación de violencia; establecimiento de cuatro Refugios y Centros de Atención Integral para mujeres.

En materia de desarrollo social: puesta en marcha de más de 22 proyectos productivos para mujeres, que suman más de 6 mil millones de pesos; 32 proyectos productivos individuales para madres de víctimas; ejecución del Programa Hábitat para mejorar la seguridad en zonas y barrios de Ciudad Juárez e inicio del Proyecto Acequia del Pueblo, para crear un sistema lineal de parques que atravesará la ciudad y beneficiará a más de 10 mil personas.

En materia de seguridad pública: fortalecimiento del Programa Integral para coordinar las acciones de la federación, estado y municipio en materia de seguridad pública. Incluye el Operativo Alba de vigilancia en zonas de riegos para mujeres, la elaboración de un diagnóstico urbano, social y delictivo de Ciudad Juárez y la capacitación en Derechos Humanos a policías preventivos.

163.Por lo que toca a las desapariciones de mujeres en esa entidad, se concluyó que 47 son efectivamente (mientras que algunos informes de diversas organizaciones llegaron a señalar cifras de hasta 4,000), de las cuales se ubicaron 13 en dos años de trabajo, una ya fallecida, 10 fueron encontradas con vida, se logró la identificación de 2 osamentas y 34 mujeres más están pendientes de localizar.

164. La Procuraduría estatal ha continuado el trabajo de investigación y, en su caso, ha reactivado expedientes que permanecían sin actividad procesal. Con el apoyo de la Procuraduría General de la República y de las Secretarías de Seguridad Pública estatal y municipal, se está avanzando en el procesamiento de información y en la localización y detención de los probables responsables de homicidios de mujeres.

165. En los casos en los que la investigación ha señalado a un presunto responsable y se ha logrado que un juez dicte una orden de aprehensión, la Procuraduría estatal se aboca a localizar al presunto responsable. Con objeto de concentrar esfuerzos para la localización de probables responsables de homicidios, se creó el Grupo Especial Antifugitivos, el cual se encarga de manera exclusiva de ejecutar (hasta ahora) 23 órdenes de aprehensión relativas a los casos de homicidios de mujeres. A la fecha, ha logrado la detención de 10 fugitivos.

166. Asimismo, se creó dentro de la Procuraduría General de la República la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres en México y, en el marco de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres en Ciudad Juárez.

Provea información y datos estadísticos sobre el problema de los niños en situación de calle así como las medidas tomadas por el Estado parte para tratar este problema. Provea información adicional sobre los progresos alcanzados por el “Programa Nacional de Cuidado y Prevención para Niñas, Niños y Adolescentes, de la calle a la vida”, para la rehabilitación y protección de los niños de la violencia, la explotación sexual, el tráfico de niños, el trabajo infantil y otros abusos.

167. Niños en situación de calle: Para la atención de este grupo, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) puso en marcha la Estrategia Matlapa que consiste en un modelo de atención dirigido a niñas, niños y adolescentes que viven en la calle o que están en riesgo de vivir en la calle. Los Centros Matlapa, coordinados y operados por organizaciones de la sociedad civil, ubican y desarrollan su trabajo en las zonas en donde existe mayor arraigo de niños en la calle y en donde éstas han desarrollado un trabajo de inserción comunitaria y de articulación interinstitucional.

168. Los Centros tienen el objetivo de construir espacios alternativos de desarrollo humano e inclusión social que permitan a los niños y niñas en condiciones de calle superar su situación de vulnerabilidad, ofreciendo atención especializada en salud, educación, alternativas laborales y capacitación en materia de derechos humanos; asimismo, representan una nueva visión y un nuevo procesamiento institucional donde los niños en situación de calle encuentran alternativas para su sobrevivencia y desarrollo.

169. El Programa para la Prevención y Atención de Niñas, Niños y Jóvenes en situación de Calle "De la Calle a la Vida" tiene como objetivo general impulsar el enlace y la coordinación de esfuerzos entre los sectores público, privado y social, que previenen y atienden el fenómeno de la niñez en situación de calle y sus familias, a fin de contribuir a dar solución y atención integral, a mediano y largo plazo a dicha problemática.

170. En un principio, el programa se estableció en las principales entidades con la mayor problemática de la niñez en situación de calle. Más tarde se amplió a:

Ciudades con mayor número de población en México

Ciudades con mayor número de población infantil

Ciudades con mayor número de niñas, niños y jóvenes en riesgo

171. A través de estos instrumentos fue posible estima la presencia de 128,819 menores en situación de calle, de los cuales 114,497 se encuentran en los 31 Estados de la República y 14,322 en el Distrito Federal. Para 2002, con la actualización del Segundo Estudio de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores, se determinó la presencia de 94,795 niñas, niños y adolescentes en esta condición.

172. Explotación sexual comercial infantil: Se ha desarrollado e instrumentado un Plan de Acción Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI) a través del cual se proporciona atención a las víctimas y sus familias con actividades interinstitucionales específicas, que van desde la revisión y adecuación del marco jurídico, hasta el diseño y operación de modelos de intervención individual, familiar y social.

173. Este Plan de Acción Nacional se ejecuta a través de la Coordinación Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la ESCI, que suma las acciones que realizan las diversas instancias gubernamentales dentro de sus competencias. En este marco, se han implementado diversas acciones, tales como:

La identificación y destrucción de comunidades que distribuyen pornografía infantil, así como sitios Web que se dedican a difundir imágenes de pornografía infantil (Policía Federal Preventiva).

Generación de estadísticas propias sobre: conductas de pedófilos que distribuyen imágenes en Internet; edades promedios de las niñas, niños y adolescentes mostrados en las imágenes; locaciones donde se realizan estas actividades; así como grupos raciales de los menores de edad (Policía Federal Preventiva).

Campañas de sensibilización y promoción de la denuncia (SNDIF, PGR, UNICEF, INMUJERES).

Publicación y distribución del boletín informativo NOTIESCI.

Elaboración de un manual de capacitación a los profesionales de la industria turística sobre la prevención y protección de niños, niñas y adolescentes contra la ESCI (STPS, OIT, Fundación Infantia).

Protocolo Operativo, para la Detección, Protección y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de Explotación Sexual Comercial Infantil (STPS, SNDIF, PGR, OIT).

Iniciativa de Reforma y Adiciones al Código Penal Federal; Código de Procedimientos Penales; Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y; la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; para subsanar las deficiencias de la Legislación Penal y establecer que los medios de comunicación masiva deberán difundir la información de las Leyes y Programas destinados a la Prevención de delitos que atentan contra los derechos de la niñez, así como para sensibilizar a la sociedad sobre las medidas preventivas y los efectos de estos delitos.

174. Trabajo infantil urbano marginal: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cuenta con el Programa para la Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano Marginal, cuyo objetivo es prevenir y atender este tipo de trabajo con la participación de los tres órdenes de Gobierno, organismos internacionales y la sociedad civil, por medio de la promoción de redes comunitarias, el fortalecimiento de las capacidades familiares e individuales y la revaloración de la escuela como generadora de capacidades.

175. Entre sus principales logros en el año 2005 destacan:

45,468 menores trabajadores atendidos

70,423 menores en riesgo atendidos

52,106 familias atendidas

59 Centros de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo

518 Municipios

92 Municipios que operan el Modelo de Educación no Formal

14,911 Becas Académicas y de capacitación

Se ha señalado en el informe del Estado parte que los menores de 16 años se encuentran exentos en algunos casos de la educación obligatoria y por tanto entran en el mercado laboral. Indique si el Estado parte intenta abolir estas excepciones a fin de combatir el trabajo infantil el cual va en detrimento de la educación y desarrollo de los niños.

177. El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación preescolar, primaria y secundaria que conforman la educación básica obligatoria.

178. Con respecto a la edad permisible para trabajar, la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 22 que queda prohibida la utilización de menores de catorce años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

179. Lo anterior no significa que los menores queden exentos de la educación obligatoria, sino que pueden desempeñar alguna labor remunerada, siempre y cuando ésta no sea incompatible con sus estudios y se enmarque en los límites que fija le Ley.

180. Por otra parte, dentro del Programa para la Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano Marginal, destaca como política el fortalecimiento familiar y escolar, lo que permite dar prioridad a la atención de menores trabajadores a fin de privilegiar el eje educativo como estrategia fundamental para impulsar la permanencia o reincorporación de este grupo de población a alguna modalidad educativa. Para ello, brinda apoyos compensatorios a niñas, niños y adolescentes trabajadores urbano marginales de 6 a 17 años 11 meses, que les permite concluir la educación básica y, una vez concluida, capacitarlos para incorporarse al desarrollo productivo del país.

ART. 11 EL DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO

Indique qué medidas legislativas o de otro tipo, ha tomado el Estado parte para elevar el salario mínimo sobre una base periódica a fin de que los trabajadores disfruten de un nivel de vida adecuado. Provea información sobre el actual mecanismo de revisión del salario mínimo a fin de permitir a los trabajadores disfrutar de los derechos protegidos bajo el Pacto.

182. El objeto de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM), consiste en dar pleno cumplimiento al ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, en particular, al Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado A, fracción VI, que establece en forma imperativa que los salarios mínimos se fijen por esta Comisión Nacional, así como los atributos que deben reunir dichos salarios mínimos. Asimismo, los artículos 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo recogen el señalamiento constitucional y la base periódica como garantía de disfrute de tales derechos.

183. De acuerdo con los artículos 570 al 574 de la Ley Federal del Trabajo se dispone que la fijación de los salarios mínimos se realizará cada año y comenzará a regir el primero de enero del año siguiente. Para este efecto, los trabajadores y patrones podrán presentar ante la CNSM en un término que vencerá el último de noviembre de cada año, los estudios económicos que crean necesarios que el Consejo de Representantes considere en dicho procedimiento.

184. Por su parte, la Dirección Técnica de la CNSM debe presentar a la consideración del Consejo de Representantes, a más tardar el último día de noviembre de cada año, un informe que contenga el movimiento de los precios y sus repercusiones en el poder adquisitivo de los salarios mínimos, así como los datos más significativos de la economía nacional. Asimismo, debe elaborar un informe de las investigaciones y estudios presentados por los trabajadores y los patrones.

185. Después de analizar la información presentada, el Consejo de Representantes dicta durante el mes de diciembre y antes del último día hábil del año, una resolución en la que fija los salarios mínimos generales y profesionales y la integración municipal de las áreas geográficas a efecto de aplicación de dichos salarios. Dicha resolución debe expresar los fundamentos que justifiquen la fijación de los nuevos salarios mínimos.

186. Adicionalmente al procedimiento legal señalado y con el fin de elevar el nivel de vida de los trabajadores, está previsto un mecanismo de revisión del salario mínimo en la Ley Federal del Trabajo, que establece que los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento en el curso de su vigencia, siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen.

187. De conformidad con los objetivos rectores del Programa Nacional de Política Laboral y del Plan Nacional de Desarrollo, la CNSM ha asumido dos compromisos fundamentales:

Mantener la recuperación real del poder adquisitivo de los salarios mínimos. Para lograr este objetivo, el Consejo de Representantes de la Comisión ha procurado establecer incrementos salariales por arriba de la inflación esperada, considerando, entre otros factores, las condiciones de la economía, el contexto internacional y las condiciones particulares de las empresas.

188.Cabe destacar que en lo que va de la actual administración, el poder adquisitivo del salario mínimo presentó una recuperación de 0.88%, avance que no se había logrado para igual lapso en las cuatro administraciones anteriores.

Administración Presidente de la República	Recuperación (%)
José López Portillo (1976-1982)	-21.31
Miguel de la Madrid Hurtado (1982 -1988)	-30.31
Carlos Salinas de Gortari (1988 -1994)	-22.83
Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000)	-24.81
Vicente Fox Quesada (2000-2006)	0.88

189.Avanzar hacia la convergencia de los salarios mínimos de las tres áreas geográficas. Con el propósito de permitir que los trabajadores perceptores de un salario mínimo en las áreas geográficas B y C cuenten con ingresos similares a los del área geográfica A para cubrir costos de vida cada vez más similares, la CNSM tiene como uno de sus principales retos el continuar con el proceso de homologación de los salarios, para que llegue a regir un solo salario mínimo general en todo el país. Para lograr este objetivo, se han venido cerrando de manera gradual las diferencias salariales entre las áreas geográficas del país. En lo que va del sexenio los avances en esta materia han sido los siguientes:

Diferencias salariales 2000-2005
Año	Diferencias salariales (puntos porcentuales)
Cierre anual	Cierre acumulado
A/B	A/C	A/B	A/C
2000	7.98	15.9
2001	6.32	12.55	1.653	3.35
2002	5.11	10.05	2.865	5.85
2003	4.3	8.31	3.676	7.589
2004	3.45	7.43	4.524	8.469
2005	3.2	6.24	4.78	9.659

190.Provea información estadística, desagregada por sector geográfico, económico y social, sobre la extensión de la pobreza en el Estado parte, especialmente entre los pueblos indígenas en los Estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, y entre los migrantes indígenas, personas adultas mayores y otros grupos en desventaja y marginados. Al respecto, provea información detallada sobre el Programa Oportunidades, así como el Programa de Coinversión Social, diseñados, respectivamente, para proveer apoyo a las familias que viven en condiciones de pobreza extrema.

191. La CDI ha venido trabajando en la construcción de un Sistema de Información e Indicadores (SII), sobre los pueblos indígenas, cuyo principal objetivo es lograr su visualización y la caracterización de sus condiciones de vida en los diferentes tipos de asentamientos en donde habitan.

192. El SII parte del principio de que la información sobre la diversidad étnica, lingüística y cultural necesariamente debe construirse con base en un enfoque de género, por lo cual se editó, conjuntamente con el Instituto Nacional de las Mujeres, el libro Indicadores con perspectiva de género para la población indígena y se está trabajando información desagregada para niñez y para adultos mayores.

193. En anexo se encontrarán las Cédulas de Información Básica de la Población Indígena de los Estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca.

194. El Programa OPORTUNIDADES tiene como objetivo general apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema con el fin de potenciar las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través del mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación, además de contribuir a la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que propicien el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y calidad de vida.

195. El Programa ha demostrado su eficiencia en el combate a la pobreza y la marginación incorporando nuevas acciones en beneficio de la población en pobreza. Además, ha mantenido un crecimiento sostenido tanto en el número de localidades, como en el de familias atendidas y presupuesto asignado.

196. OPORTUNIDADES atiende a 5 millones de familias, lo que significa que alrededor de 25 millones de mexicanos cuentan con los apoyos que les otorga el programa.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Familias (Miles)	300.7	1,596.5	2,306.3	2,476.4	3,237.7	4,240.0	4,240.0	5,000.0	5,000.0
Zonas rurales	300.7	1,596.5	2,306.3	2,129.8	2,524.5	3,090.8	3,010.6	3,452.5	3,452.5
Zonas semiurbanas				341.6	599.4	616.1	747.4	870.2	870.2
Zonas urbanas				5.0	113.8	533.1	428.0	677.3	677.3
Municipios	456	1,473	2,155	2,166	2,117	2,354	2,360	2,429	2,435
Localidades	10,769	40,906	53,055	53,232	67,737	70,520	70,436	82,973	82,993

197. El Programa de Coinversión Social busca impulsar la corresponsabilidad con los actores sociales para fomentar el desarrollo social integral de la población en situación de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad por género o vulnerabilidad social, por medio de la coinversión en proyectos.

198. El Programa de Coinversión Social otorga recursos federales a los actores sociales para el desarrollo de los proyectos a través de las convocatorias públicas emitidas por el Instituto Nacional de Desarrollo Social o por las Delegaciones de SEDESOL en las entidades federativas correspondientes.

199. El Programa opera con las siguientes vertientes: Desarrollo Humano y Social; Fortalecimiento y Profesionalización Institucional e Investigación para el Desarrollo Social.

Proyectos apoyados por vertiente
Vertiente apoyada	Número de Proyectos	%
Desarrollo Humano y Social	759	72%
Fortalecimiento y Profesionalización Institucional	227	22%
Investigación para el Desarrollo Social	64	6%
Total de proyectos autorizados	1,050	100

200.Provea información sobre la implementación de la estrategia social Contigo, la cual está diseñada para reducir la pobreza y sobre los resultados alcanzados hasta el momento. Provea también información sobre la asignación presupuestal para la implementación de esta estrategia.

201. El Gobierno de la República implementó la estrategia Contigo, la cual logró articular iniciativas de esfuerzos de sociedad y gobierno para superar las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad, a través de un esquema con responsabilidades compartidas y una política social subsidiaria y no asistencialista.

202. Esta estrategia promueve una mayor coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, e impulsa una nueva relación entre el Gobierno y la ciudadanía para lograr mayor eficiencia en las acciones de los sectores público y privado en la política social.

203. Contigo está integrado por cuatro vertientes complementarias que conforman una política social integral para superar la pobreza y garantizar el mejoramiento constante del nivel de vida de toda la población:

a)Ampliación de las capacidades

b)Generación de opciones de ingreso

c)Formación de patrimonio

d) Proveer protección social para todos

204. Contigo articula las cuatro vertientes con las necesidades específicas y las características de las personas, las familias y las comunidades para alcanzar mayor equidad e igualdad.

En el primer semestre de 2005, el gasto orientado al desarrollo social y humano sumó 414,926.7 millones de pesos, cantidad superior en 7.9% en términos reales con relación a lo erogado en el mismo período de 2004.

Como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), al cierre del actual ejercicio fiscal, el gasto total en desarrollo social se habrá incrementado en 2 décimas de punto porcentual, al pasar de 10.1% en 2004 a 10.3% en 2005.

Asimismo, considerando la dinámica demográfica, se espera que el gasto social per cápita crezca en 0.5%, respecto al gasto registrado en 2004.

De este monto, 45.5% se aplicó en servicios de educación; 21.5% en actividades relacionadas con la seguridad social; 18.4% en salud y el 14.6% restante se utilizó para apoyar las áreas de urbanización, vivienda y desarrollo regional, agua potable y alcantarillado, y asistencia social.

GASTO PROGRAMABLE EN DESARROLLO SOCIAL, 2004-2005 (Millones de pesos)
Concepto	Datos anuales	Enero-junio
Observado 2004	Meta 2005	2004	2005	Variación % anual real
TOTAL 1/	771 735.9	815 443.1	368 223.8	414,926.7	7.9
Educación	305 561.6	313 240.0	164 729.4	188 836.3	9.7
Salud	157 398.9	207 352.1	67 523.0	76 455.9	8.4
Seguridad social	175 566.3	175 058.9	83 467.3	89 364.2	2.5
Urbanización, vivienda y desarrollo regional	107 206.8	86 376.2	42 588.7	41 961.6	- 5.7
Agua potable y alcantarillado	5 572.0	8 970.9	1 945.2	8 258.9	306.5
Asistencia social	20 430.3	24 445.0	7 970.2	10 049.8	20.7
1/ Excluye subsidios y transferencias a entidades de control presupuestario directo y aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE. FUENTE:Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre de 2004, y al segundo trimestre de 2004 y 2005 (gasto pagado). Para meta 2005, Presupuesto de Egresos de la Federación.

205.Indique qué medidas ha tomado el Estado parte en relación con los problemas de vivienda, en particular con las personas sin hogar y los desalojos forzosos, de acuerdo con lasObservaciones Generales del Comité 4 y 7. Provea cualquier caso legal relacionado con desalojos forzosos.

206. De conformidad con la legislación, los desalojos sólo pueden ocurrir por incumplimiento del contrato respectivo. Sólo cuando se presenta una situación prolongada de morosidad en los pagos por créditos para vivienda, de acuerdo con los contratos firmados, los intermediarios financieros pueden solicitar al poder judicial la recuperación de los inmuebles ofrecidos en garantía hipotecaria.

207. Dicha acción es competencia del Poder Judicial de la Federación y no del Ejecutivo Federal. En ese sentido, los únicos desalojos permitidos surgen de la esfera legal por incumplimiento del contrato respectivo.

208.La Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, en el ámbito de sus atribuciones, percibe su participación sobre el tema, como una labor preventiva, diseñando e instrumentando la política nacional de vivienda encaminada a promover programas de vivienda más asequibles a la población, de acuerdo a sus necesidades y niveles salariales, especialmente dirigidos a los grupos sociales de menores ingresos; ello coadyuva a que las familias tengan posibilidades y opciones para adquirir y conservar su vivienda, recibiendo de manera oportuna y completa la información referente a las condiciones crediticias.

Indique si el Estado parte ha adoptado e implementado cualquier programa de vivienda social, especialmente para las personas de bajos ingresos y los grupos marginados y en desventaja.

210. De manera constante, el Gobierno de México realiza esfuerzos para diversificar las alternativas de vivienda al alcance de la población marginada y de menores ingresos, como han sido los casos de los anuncios recientes de los esquemas de microfinanciamiento, de arrendamiento con opción de compra y de subsidios habitacionales, que favorecerán a las personas que no cuentan con seguridad social a su alcance. De manera concreta, todas aquellas familias que disponen de una vivienda, están en condición de solicitar un microfinanciamiento que les permita mejorar sus viviendas, así como inscribirse en los programas de subsidio que la Federación pone al alcance de la población a través de Fideicomiso del FONHAPO-FONAEVI.

211. Inversión y Créditos Otorgados por los Organismos de Vivienda

Entre enero y junio de 2005, se otorgaron 222,998 créditos para vivienda, con una inversión superior a los 57.8 miles de millones de pesos. De éstos, 209,857 créditos y subsidios fueron para adquisición de vivienda y 13,141 para mejoramiento y otro tipo de créditos.

Durante 2004 el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) financió el 57% de los créditos para adquisición de vivienda otorgados por el sector hipotecario nacional (300,812 créditos). Cabe destacar que en los primeros seis meses de 2005, este Instituto otorgó 134,906 créditos, en cuanto a adquisición de vivienda se refiere.

Por lo que se refiere a los créditos otorgados por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) durante 2005, como resultado de los sorteos realizados en todas las entidades federativas se asignaron 63,750 créditos en sus diversas modalidades; al sexto mes del año se habían ejercido 11,781 créditos.

Al mes de junio de 2005, el FONHAPO había otorgado 2,931 créditos y subsidios para la adquisición de igual número de viviendas.

212. Nuevos Esquemas Financieros. En los últimos años se han establecido nuevas opciones de financiamiento, como el Programa Apoyo INFONAVIT, en el que los recursos de crédito los otorgan la banca o las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES), con el aval de pago de mensualidades a partir del saldo en la sub-cuenta de vivienda de cada derechohabiente. Otra modalidad de financiamiento es el crédito hipotecario en co-financiamiento, conocido como COFINAVIT, en el que una porción del crédito la otorga el Instituto, tomando como aportación inicial el saldo de sub-cuenta y la otra parte del crédito es otorgada por un banco o una SOFOL.

En el marco del Programa AHORRASIF, con la participación de las SOFOLES se habían inscrito 510 personas hasta el mes de abril de 2005, con el propósito de integrar los enganches para sus viviendas y garantizar así el acceso al crédito.

El proceso de consolidación y diversificación de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) ofrece en la actualidad una serie de nuevos productos que se ajustan, cada vez con más precisión, a las características de los demandantes y a su capacidad de compra. Al respecto, ahora una persona puede optar no sólo por adquirir una vivienda de distintos precios y tipos de créditos, sino también rentar con opción de compra, mediante un enganche mucho menor e ir acumulando a lo largo de cinco años los recursos que le permitan hacerse propietario de la vivienda que habita.

Con el Programa Apoyo INFONAVIT, los recursos acumulados por el trabajador en la sub-cuenta de vivienda sirven como garantía para el pago y favorecen condiciones preferenciales al ser operaciones menos riesgosas; se otorgaron 4 258 créditos de enero a junio de 2005.

Destaca la instrumentación en junio de 2004 de un programa de co-financiamiento (entre el INFONAVIT y alguna institución financiera). De esta manera, el Instituto, con la participación de cinco bancos y 13 SOFOLES. Al 30 de junio de 2005, se habían concedido un total de 10,496 créditos bajo este esquema.

De manera conjunta con el Instituto para Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda y la operación directa de tres SOFOLES, se puso en marcha desde 2004 un programa de créditos hipotecarios para migrantes, que financia la SHF, para que puedan adquirir una vivienda nueva o usada en México, haciendo uso de las remesas para beneficiar a un familiar en nuestro país que sea co-acreditado. Las SOFOLES han abierto oficinas en diversas ciudades concentradoras de migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América e instalaron mecanismos que hasta abril de 2005 permitieron otorgar 372 créditos.

ART. 12 EL DERECHO AL MÁS ALTO NIVEL DE SALUD FÍSICA Y MENTAL POSIBLE

213.Provea información sobre las medidas adoptadas e implementadas por el Estado parte para garantizar un medio ambiente sano para su población, particularmente en la Ciudad de México.

214. La Ciudad de México, forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, donde la contaminación del aire que se genera proviene de las diversas fuentes de emisión, cuyo control es responsabilidad de las autoridades ambientales de los Gobiernos locales y del Gobierno Federal.

215. La contaminación del aire ha sido uno de los retos ambientales más serios que han enfrentado los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México desde los años ochenta, de tal forma que a finales de esta década se establecieron dos programas que dieron origen a esfuerzos importantes para reducir las emisiones, entre los que destacaron el inicio de la sustitución de combustóleo con alto contenido de azufre por gas natural en las termoeléctricas y la reducción del contenido de plomo en la gasolina.

216. En la década de los noventas se instrumentó el Programa Integral Contra la Contaminación Atmosférica en el Valle de México y el Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México 1995-2000. Algunos de los logros más relevantes fueron la introducción de convertidores catalíticos de dos vías en los vehículos nuevos a partir del modelo 1991, a la par que se introdujo el suministro de gasolina sin plomo. También se restringió el contenido de compuestos reactivos y tóxicos en la gasolina, se inició la comercialización en 1993, de un diesel de bajo azufre (0.05% en peso) y se establecieron normas vehiculares que propiciaron la introducción de convertidores catalíticos de tres vías en los nuevos vehículos de gasolina.

217. Por otro lado, se completó la sustitución de combustóleo por gas natural en las termoeléctricas y principales industrias del Valle de México en 1992 y se instrumentaron medidas para controlar las emisiones evaporativas en las terminales de distribución de las gasolinas. Una de las medidas de mayor resonancia fue el cierre definitivo de la Refinería 18 de Marzo en Azcapotzalco.

218. Posteriormente se continuó con la integración y desarrollo del "Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México 2002-2010", el cual está integrado por 89 medidas agrupadas en siete estrategias, las cuales plasman la política de prevención y control de la contaminación atmosférica que desarrollan coordinadamente los Gobiernos del Distrito Federal, del Estado de México y el Gobierno Federal.

219. De las medidas instrumentadas, se cuenta, por ejemplo, la referente al control vehicular los avances de la modernización del programa de verificación vehicular y del Programa Integral de Reducción de Emisiones Contaminantes, la revisión y vigencia de la restricción vehicular del Programa Hoy No Circula, el incremento de unidades a diesel autorreguladas. Respecto al transporte público de pasajeros, se inició la renovación de taxis y microbuses y este año se finalizará con la renovación total de autobuses de transporte público del Gobierno del distrito Federal, así como con la creación del corredor Insurgentes del Metrobús.

220. Actualmente se tiene un programa de alerta durante episodios y se da a conocer la Calidad del Aire cada hora a través de Internet en www.sma.df.gob.mx y en el IMECATEL 52789931, reportada como el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA).

ARTS. 13 Y 14 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

221.Provea información sobre las medidas adoptadas e implementadas por el Estado parte para reducir la alta tasa de analfabetismo, especialmente entre los adultos. Provea también información sobre programas y medidas específicos adoptados e implementados por el Estado parte para proveer educación primaria y secundaria a los diversos grupos étnicos.

222. En materia educativa hay avances a nivel nacional, como lo demuestran los indicadores de cobertura en la enseñanza básica, media superior y superior, disminución del analfabetismo y, especialmente, la oferta de la calidad. El índice de escolaridad promedio a nivel nacional alcanza los 7.9 años, ha disminuido en más de medio punto porcentual la tasa de analfabetismo —redujo el 9%, en mayores de 15 años—, y se incrementó la cobertura para todos los niveles educativos; particularmente preescolar, media superior y superior. Actualmente, hay alrededor de 6 millones de analfabetas.

223. En 2004, la demanda potencial de educación básica de adultos fue de 34.9 millones de personas, entre las que se encuentran sectores prioritarios de población como: mujeres, indígenas monolingües y bilingües, jóvenes de 18 años en el Servicio Militar Nacional, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, personas jornaleras agrícolas migrantes y población mexicana que radica en los Estados Unidos de Norteamérica, que no han iniciado o concluido su educación básica.

ESTIMACIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO 31 de Diciembre del 2004
Población total	105.909.000
Población de 15 años y más	73.722.231
Analfabetas	6.072.520
Sin primaria	11.654.700
Sin secundaria	17.225.050
Rezago total	34.952.270

224. De acuerdo con el Censo del 2000, 7 de cada 100 hombres y 11 de cada 100 mujeres no saben leer ni escribir.

Porcentaje de la población de 15 y más años analfabeta por sexo(1990 y 2000) Fuente: INEGI. Mujeres y hombres en México 2005.

225. En los últimos 10 años, el analfabetismo en las mujeres ha disminuido de 15 a 11% y de 9 a 7% en el caso de los varones.

226. El INEA promueve el Programa “Cero Rezago Educativo”, el cual está orientado a aumentar la incorporación, permanencia y egreso de jóvenes y adultos en rezago. El carácter innovador del Programa consiste en la decisión de concentrar los esfuerzos en los jóvenes y adultos de 15 a 34 años de edad que carecen de educación secundaria, principalmente en los que ya la han iniciado, y en los que están muy cerca de completar el nivel, ya que estos grupos requieren de un mínimo esfuerzo para concluirla. Asimismo, el programa promueve la participación de la sociedad como tutores para encauzar a los jóvenes y adultos a su incorporación, permanencia y conclusión del nivel de secundaria, con un modelo de apoyo de uno a uno.

227. La propuesta educativa para población indígena se inscribe en el contexto del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), enfatizando el enfoque intercultural e incorporando estrategias pedagógicas y lingüísticas bilingües que permitan transitar por los diversos niveles de la educación básica. Las dos rutas del MEVyT indígena bilingüe son: el MEVyT Indígena Bilingüe Integrado (MIBI) y el MEVyT Indígena Bilingüe con Español como Segunda Lengua (MIBES), cuyas diferencias básicas se presentan en la fase inicial de la primaria. Durante 2004, se atendió un promedio mensual de 22,973 personas. En alfabetización en lengua materna se atendieron un promedio mensual de 15,637 personas y 7,337 bajo la ruta del español como segunda lengua. Las personas jóvenes y adultas atendidas son hablantes de 23 lenguas indígenas en 14 entidades de la República.

228. En este periodo se desarrollaron seis módulos, del nivel inicial, correspondientes a las dos rutas MEVyT Indígena Bilingüe Integrado (MIBI) y el MEVyT Indígena Bilingüe con Español como Segunda Lengua (MIBES) en los estados de Chihuahua para la lengua Rarámuri; en San Luis Potosí para el grupo Pame; en Puebla para el grupo Náhuatl de Cuetzalan; en Oaxaca para dar atención al pueblo Mixe; en Yucatán para la lengua Maya y en Chiapas para el grupo Tzeltal. Asimismo, se hicieron adaptaciones del Módulo “Vivamos Mejor” del MEVyT a las lengua Náhuatl del Sur de Veracruz; mazahua y otomí del Estado de México.

229. El proceso de elaboración de los materiales educativos fue acompañado por un mecanismo de seguimiento; talleres de formación de los equipos técnicos y de asesoría pedagógica y lingüística continua con la finalidad de asegurar que los materiales respondan a la cosmovisión y cultura propios de cada etnia; la incorporación de temas, problemas, actividades, y experiencias, como contenidos propios; imágenes cercanas a los contextos propios; recuperación de situaciones comunicativas específicas.

230. El Sistema Educativo Nacional realiza múltiples acciones para responder a las necesidades educativas y básicas de aprendizaje de la población indígena en edad escolar. Durante el ciclo escolar 2003-2004, el servicio de educación primaria indígena atendió a 851,171 niñas y niños, 11.5% mayor al ciclo escolar 1998-1999, lo que significa que la atención creció en más de 87 mil niñas y niños indígenas, propiciando que esta modalidad educativa presente una mayor expansión con respecto a otras.

231. Por otra parte, el 86.1 por ciento de los centros escolares de primaria, cuentan con los seis grados, sin embargo no todas las escuelas tienen un maestro para cada grado escolar, ya que el 74.4 por ciento son atendidas de uno a cinco docentes; el 25.6 por ciento restante de escuelas atienden los seis grados. Merced al desarrollo de diversas iniciativas a favor de la equidad y la calidad de la educación, ha sido posible lograr una tendencia creciente del rendimiento escolar de la primaria.

232. La Secretaría de Educación Pública atiende a 1’109,932 niños indígenas en edad de cursar el preescolar y la primaria, mientras que el Programa de Atención Educativa a Población Indígena (PAEPI) del Consejo Nacional para el Fomento Educativo atiende aproximadamente a 30,000.

233. La cuarta parte de las escuelas primarias son unitarias, es decir que un solo maestro atiende simultáneamente a niños de los diferentes grados. Para apoyar la educación bilingüe se cuenta con libros de texto gratuitos en 33 lenguas indígenas, con una producción aproximada de 1.2 millones de libros que comprenden 189 títulos, para atender las necesidades educativas de 55 variantes dialectales.

234. El PAEPI está diseñado para operar en comunidades marginadas de menos de 100 habitantes para el caso de primaria y menos de 500 en el caso de preescolar. Opera en 16 Estados de la República. Al finalizar el ciclo escolar 1998-1999 el universo lingüístico de las comunidades indígenas atendidas por el PAEPI era de 64 lenguas, en grupos multiniveles.

235. Los esfuerzos del Estado por una educación bilingüe se han concentrado en la educación inicial, preescolar y primaria. Queda excluida la educación secundaria, la media superior y la superior. Una demanda de los pueblos indígenas es la ampliación de la educación intercultural bilingüe en todos los niveles educativos.

236. Aún cuando la educación ha sido el ámbito en el que se ha dado mayor atención a la diversidad lingüística de México y pese a los planteamientos en favor de una educación bilingüe para la población indígena, la mayor parte de las propuestas educativas se ha inclinado por un modelo en el que la lengua indígena se usa como instrumento para facilitar a la niñez su adaptación a la escuela, pero no se utiliza para la alfabetización en la propia lengua. Esta práctica provoca un menor aprovechamiento escolar de la niñez indígenas y debilita el uso de las lenguas, agravado por el hecho contradictorio de que, frecuentemente, los maestros bilingües son asignados a comunidades en las que no se habla la lengua que ellos dominan. Este conjunto de factores ha ocasionado que la calidad de la educación intercultural bilingüe presente problemas y deficiencias.

237. Las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) realizadas desde el año 2003, han demostrado cómo la educación indígena primaria ha tenido un importante despunte con respecto al año 2000. En esta prueba, el avance de las primarias indígenas es el segundo en importancia, sólo después de las escuelas privadas. En el 2000 tenían 51 de cada 100 estudiantes con el nivel bajo de ejecución y sólo ocho con el nivel alto. En cinco años se presenta un avance muy importante, que se refleja en la disminución de la proporción de alumnos en nivel bajo a 29 de cada cien, mientras que en el nivel alto hay ya 13 de cada cien alumnos.

238. Asimismo, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) y la propia DGEI, ha interculturalizado el currículum de la Licenciatura de Educación Primaria en Escuelas Normales, y se ha agregado a este plan un campo de formación específico en educación bilingüe. Esto último representa, por primera vez en la historia nacional, la oportunidad de que los indígenas tengan una opción.

239.Provea información sobre los niveles de educación cubiertos por los programas y estrategias diseñados por el Estado parte para garantizar el derecho a la educación de los trabajadores agrícolas migrantes en 16 Estados y, en particular, para los trabajadores indígenas migrantes que dejan sus comunidades en busca de empleo.

240. El programa Jornaleros agrícolas migrantes responde a las necesidades particulares de la población que vive en condiciones de intensa movilidad en busca de trabajo, circunstancia que ocasiona que estos grupos de población se encuentren altamente marginados de los procesos educativos formales. En consecuencia, esta población demanda el diseño y el establecimiento de estrategias que faciliten su participación en procesos educativos que les permitan desarrollar sus competencias básicas de comunicación, razonamiento, solución de problemas y participación para que puedan ejercer sus derechos y elevar sus condiciones de vida y trabajo.

241. En 2004 este programa operó en algunosEstados: en campamentos, albergues, asentamientos irregulares así como en las comunidades de origen de las localidades expulsoras de población. En este año se registraron 4,267 educandos activos de los cuales 2638 correspondieron al nivel inicial, 954, al intermedio y 675 al nivel avanzado.

242. Con relación al proyecto Fomentar y Mejorar la Educación Intercultural de los Migrantes (FOMEIM), los logros de este proyecto en el 2004 fueron: contar con un diagnóstico sobre la demanda educativa y sobre la situación de monolingüismo indígena en un nivel inicial, un reporte sobre la oferta educativa de los programas educativos y estructuras institucionales para atender a los migrantes; una propuesta de marcos conceptuales para trabajar desde un enfoque intercultural en educación y un cuaderno de ejercicios para la adecuada recepción a migrantes; una propuesta metodológica para operar espacios lúdicos para población migrante y para trabajar desde lo lúdico en las aulas de migrantes, un cuaderno de ejercicios para la enseñanza del español como segunda lengua y el reforzamiento de la lengua materna indígena.

243. Por su parte, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), a través de la Modalidad Educativa Intercultural para población infantil migrante, ofrece educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria) a la población jornalera que migra al interior de la República Mexicana que requiere el servicio en zonas de atracción y comunidades de origen, en diferentes fechas y periodos.

244. La operación de la Modalidad Educativa supone atender a niñas y niños que no tienen oportunidad de asistir a la escuela por sus condiciones de vida. La importancia de la Modalidad es que operativamente se organiza todo el conjunto de variables necesarias para atender a los niños en comunidades de origen y campamentos agrícolas cuando ellos se encuentran en una u otra zona. Se atienden grupos escolares en diferentes fechas, con periodos muy diversos en la duración del ciclo escolar y en diferentes regiones en cada estado.

245. Durante un mismo ciclo escolar agrícola, la asistencia de las niñas y niños a las aulas es también irregular. Ello tiene que ver con la contratación de las familias en diferentes campos agrícolas durante una misma temporada de cosecha –en zonas de atracción- y la participación familiar en las labores del campo en comunidades de origen. Durante 2002 el máximo de alumnos atendidos en los 19 estados fue de 12,356 y el mínimo de 2,416.

246. Detrás de estas cifras se encuentra un intenso esfuerzo de organización y contacto con las familias migrantes, otras instancias de gobierno y productores agrícolas, para hacer posible el proceso educativo a pesar de diversas dificultades. Sin este esfuerzo, niñas y niños migrantes no tendrían ninguna oportunidad de ejercer su derecho a la educación.

247. En los años en que CONAFE ha atendido a niñas y niños migrantes, la estrategia operativa y curricular ha tenido que cambiar. Los resultados de los cambios efectuados, sobre todo en el ámbito curricular, son satisfactorios porque en los primeros años de operación, sólo se atendía en promedio a 5000 alumnas y alumnos.

248. Mediante esta Modalidad, se establece coordinación con los responsables del Programa con Jornaleros Agrícolas (PRONJAG) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para garantizar la mayor cantidad de apoyos posibles para el trabajo educativo en los campamentos agrícolas, tales como despensas, espacios para aulas y el bienestar de las figuras docentes; este contacto facilita también la comunicación con los encargados de los campamentos o productores.

249. Para hacer posible la atención de cada vez mayor número de niños, la estrategia de operación del CONAFE consiste en aportar mobiliario, material escolar y didáctico, biblioteca comunitaria y libros de texto gratuito. En caso de ser necesario, se instalan aulas móviles en los campamentos agrícolas donde no existe un espacio educativo adecuado.

250. Con la finalidad de atender con mayor calidad pedagógica a niñas y niños migrantes, desde 1996, el CONAFE inició los trabajos de diagnóstico, experimentación y diseño curricular, para contar con una propuesta educativa que específicamente respondiera a las necesidades y características de esta población y se pudiera trabajar en la diversidad de tiempos y espacios dedicados por los niños a su formación escolar.

251.Provea información sobre las medidas que el Estado parte ha tomado para garantizar que las maestras estén adecuadamente representadas en todos los niveles de educación. Indique si, al respecto, el Estado parte ha tomado en consideración las Observaciones Generales 11 y 13 sobre la implementación de dichas medidas.

252. Los datos anualizados al tercer trimestre de 2005 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), mostraron que en las áreas de Educación, Ciencias de la Salud, Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Artes, Ciencias Físico-Matemáticas y Humanidades, la proporción de quienes trabajan en ocupaciones acordes con sus estudios es superior al 70%.

253. Las carreras que mostraron una mayor relación entre los estudios realizados y la ocupación desempeñada son: Medicina, Terapia y Optometría, Formación Docente en Educación Especial y Formación Docente en Educación Preescolar y Primaria. 8 de cada 10 profesionistas que estudiaron estas carreras están ocupados en actividades acordes con sus estudios.

254. Al tercer trimestre de 2005 el ingreso promedio de los profesionistas del país fue de $9,123 pesos. El área de las Ciencias Físico matemáticas es la que percibe los mejores ingresos; sin embargo, tiene un número pequeño de ocupados; le siguen en mejores niveles de ingresos las áreas de las Ingenierías, con un número importante de profesionistas ocupados; Arquitectura, Urbanismo y Diseño se encuentra en tercer lugar en cuanto a mejores niveles de remuneración.

255.Explique las razones por la reducción presentada en el Estado parte de asignación presupuestal a la educación bilingüe y bicultural.

256. La reducción del presupuesto asignado a la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, es la siguiente:

	% de reducción respecto del año anterior
de 2002 a 2003	27.82%
de 2003 a 2004	36.23%
de 2004 a 2005	6.29%
de 2005 a 2006	0.0%

257. No obstante, el gasto en materia educativa para la educación indígena comprende más de diez programas entre los que destacan “Educación básica preescolar y primaria indígena”, “Oportunidades”, “Telesecundarias”, Educación Indígena y la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe.

260. El comportamiento del gasto educativo para la atención de población indígena presenta una tendencia creciente en el periodo 2001-2006, que pasó de 1.4% en 2000 a 2.9% en 2004 y 8.9% en 2005 a precios de 2000. De 2004 a 2005 el incremento es mayor como resultado de la mejor identificación del gasto para la atención de la población indígena, proceso que se ha llevado a cabo desde 2004, por acuerdo de las dependencias de la Junta de Gobierno de la CDI y por el cual al gasto en materia educativa para la atención de la población indígena se agregaron los conceptos de los programas Educación Básica Preescolar y Primaria Indígena SEP Ramo 33, cuyo prepuesto fue de 8,267.9 millones de pesos, en 2004 y de 9,482.7, en 2005. El gasto para indígenas por concepto de Telesecundarias, ascendió a 1.3 mil millones en 2004 y a 1.407 mil millones en 2005.

261. Por otro lado, si bien de 2004 a 2005 la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe pasó de 38.2 millones de pesos ejercidos a 36.9 millones de pesos programados, en 2005 se presupuestaron cuatro nuevos rubros en la materia: el Bachillerato Integral Comunitario (BIC) de Oaxaca; Preparatoria de Concentración Indígena( PCI) Nayarit; la Universidad Indígena Intercultural Bilingüe del Estado de México, Universidad Intercultural Bilingüe de Chiapas, lo que en conjunto tiene un presupuesto de 31.8 millones de pesos.

ART. 15 DERECHOS CULTURALES

262.Indique si la Ley Federal del Derecho de Autor también prevé la protección y promoción de derechos ancestrales y conocimiento indígena, y si lo hace, de qué manera y alcance.

263. La Ley Federal del Derecho de Autor, así como su Reglamento, reconocen y protegen desde el punto de vista autoral, los derechos sobre las culturas populares. Sin mencionar expresamente “derechos ancestrales y conocimiento indígena” lo cual entraña un ámbito cultural más amplio al meramente autoral, nuestra legislación sí protege y promueve expresiones culturales propias de los indígenas llamadas “culturas populares”.

264. Al respecto, la Ley Federal del Derecho de Autor dedica su Capítulo III a este tipo de expresiones, y entre las principales disposiciones, se contemplan las siguientes:

Artículo 157.- La presente Ley protege las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable.

265. Asimismo, el Artículo señala que: “Las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República mexicana, estarán protegidas por la presente Ley contra su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma ó perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen.”

266. Por su parte, el Reglamento de la misma Ley enlista en su Título VI, artículo 48, las expresiones de arte popular o artesanal, de autor no identificable, muchas de las cuales, pueden considerarse expresiones culturales propias de las comunidades indígenas, según puede apreciarse a continuación:

a)Artículo 48.- Las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable, podrán ser:

Expresiones verbales, tales como cuentos populares, leyendas, tradiciones, poesía popular y otras similares;

Expresiones musicales, tales como canciones, ritmos y música instrumental populares;

Expresiones corporales, tales como danzas y rituales;

Expresiones tangibles tales como:

-Las obras de arte popular o artesanal tradicional, ya sean obras pictóricas o en dibujo, tallas en madera, escultura, alfarería, terracota, mosaico, ebanistería, forja, joyería, cestería, vidrio, lapidaría, metalistería, talabartería, así como los vestidos típicos, hilados, textiles, labores de punto, tapices y sus similares;

-Los instrumentos musicales populares o tradicionales, y

-La arquitectura propia de cada etnia o comunidad, y

b)Cualquier expresión originaria que constituya una obra literaria o artística o de arte popular o artesanal que pueda ser atribuida a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana.

267. Como puede apreciarse, nuestra legislación reconoce y brinda protección a expresiones culturales que suelen ser propias de comunidades indígenas, y que igualmente, puede considerarse parte muy importante de los “derechos ancestrales y conocimiento indígena” aunque el marco normativo autoral, por su naturaleza jurídica, no lo refiera en esos términos.

268. Las disposiciones de esta Ley no contemplan la protección del conjunto de conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas. No obstante, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 2º, Apartado A, Fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado debe garantizar a los pueblos indígenas, preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

269. Asimismo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes establece en sus artículos 2, inciso b), y 4, que los gobiernos obligados al cumplimiento de dicho Convenio, como es el caso de México al haberlo ratificado el 5 de septiembre de 1990, “deben desarrollar acciones y tomar medidas para proteger, por una parte, los derechos culturales de los indígenas y por la otra, para preservar las culturas indígenas”; mientras que el artículo 15 del mismo instrumento, considera “la participación de los pueblos indígenas en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”.

270. Por su parte, en el artículo 8 inciso j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se estipula que: “Cada parte contratante...con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”.

271. Cabe mencionar que ya existen algunas iniciativas de ley presentadas en el Congreso Federal, relativas a la protección del conocimiento tradicional:

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial.

Ley General de Protección al Conocimiento Tradicional de los Pueblos Indígenas.

Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales.

272. Sobre estas iniciativas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas coincide en que es necesario discutir el tema del conocimiento tradicional en todos sus aspectos y determinar lo que contempla. Esta discusión debe de intensificarse entre las diferentes instituciones del Gobierno Federal que se encuentren involucradas, así como entre éstas y el Poder Legislativo y tomar en cuenta lo siguiente:

Identificar al sujeto titular del derecho protegido.

La protección del conocimiento tradicional en lo general.

El reconocimiento de que se trata de un derecho colectivo.

La regulación de las acciones de bioprospección.

Las sanciones de responsabilidad penal y civil para efectos de la reparación del daño.

Los efectos del registro del conocimiento tradicional.

La distribución equitativa de los beneficios.

-----LISTA DE ANEXOS

ANEXO I Cursos Impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal

ANEXO II Líneas de Acción del Programa Nacional de Derechos Humanos

ANEXO III Actividades del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación / Artículo 5 de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación

ANEXO IV Legislación que contiene disposiciones relativas al derecho de los miembros de los pueblos indígenas a expresarse en sus propias lenguas durante los procedimientos legales

ANEXO V Proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2006 Gasto Federal Descentralizado para el Estado de Chiapas.

ANEXO VI Proyectos de Reforma en Materia Laboral

ANEXO VII Información Estadística sobre el Seguro Popular

ANEXO VIII Indicadores Sociodemográficos de la Población Total y la Población Indígena, 2000. Chiapas

ANEXO IX Indicadores Sociodemográficos de la Población Total y la Población Indígena por Municipio, 2000. Chiapas

ANEXO X Indicadores Sociodemográficos de la Población Total y la Población Indígena por Municipio, 2000. Chiapas

ANEXO XI Indicadores Sociodemográficos de la Población Total y la Población Indígena por Municipio, 2000. Chiapas

ANEXO XII Indicadores Sociodemográficos de la Población Total y la Población Indígena por Municipio, 2000. Guerrero

ANEXO XIII Indicadores Sociodemográficos de la Población Total y la Población Indígena por Municipio, 2000. Guerrero

ANEXO XIV Indicadores Sociodemográficos de la Población Total y la Población Indígena, 2000. Guerrero

ANEXO XV Indicadores Sociodemográficos de la Población Total y la Población Indígena por Municipio, 2000. Guerrero

ANEXO XVI Indicadores Sociodemográficos de la Población Total y la Población Indígena por Municipio, 2000. Oaxaca

ANEXO XVII Indicadores Sociodemográficos de la Población Total y la Población Indígena por Municipio, 2000. Oaxaca

ANEXO XVIII Indicadores Sociodemográficos de la Población Total y la Población Indígena, 2000. Oaxaca

ANEXO XIX Indicadores Sociodemográficos de la Población Total y la Población Indígena por Municipio, 2000. Oaxaca

ANEXO XX Indicadores Sociodemográficos de la Población Total y la Población Indígena por Municipio, 2000. Veracruz

ANEXO XXI Indicadores Sociodemográficos de la Población Total y la Población Indígena por Municipio, 2000. Veracruz

ANEXO XXII Indicadores Sociodemográficos de la Población Total y la Población Indígena, 2000. Veracruz

ANEXO XXIII Indicadores Sociodemográficos de la Población Total y la Población Indígena por Municipio, 2000. Veracruz