Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
68º período de sesiones
28 de septiembre a 16 de octubre de 2020
Examen de los informes: informes presentados por los
Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto
Respuestas de Letonia a la lista de cuestiones relativa a su segundo informe periódico * **
[Fecha de recepción: 6 de julio de 2020]
1.A continuación figuran las respuestas de Letonia a la lista de cuestiones que deben abordarse antes del examen de su segundo informe periódico sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, previsto para el 68º período de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el Comité).
I.Información general
Aplicación del Pacto en el ordenamiento jurídico interno (anexo I)
2.Entre 2008 y 2017, los tribunales nacionales aplicaron e interpretaron las normas nacionales teniendo en cuenta el Pacto y las observaciones generales del Comité. Durante el período sobre el que se informa, el Tribunal Constitucional se ha referido directamente al Pacto en más de 10 casos, mientras que otros tribunales lo han hecho en más de 20 casos. Sin embargo, el Gobierno observa que, de conformidad con el artículo 89 de la Constitución (Satversme), Letonia reconoce y protege los derechos humanos fundamentales en consonancia con los acuerdos internacionales vinculantes para el país, por lo que, incluso cuando no se hace referencia directa al Pacto, este desempeña un papel importante en la interpretación de la legislación nacional.
3.El 26 de noviembre de 2009, el Tribunal Constitucional emitió un fallo sobre la obligación del Estado de revisar periódicamente el sistema oficial de pensiones. Si bien determinó que no existía una obligación de revisar anualmente dicho sistema de pensiones, se refirió a la observación general núm. 19 del Comité relativa al derecho a la seguridad social, y llegó a la conclusión de que el Pacto, entre otras cosas, exigía que los Estados revisaran periódicamente la cuantía de las pensiones estatales a fin de que los beneficiarios no sufrieran impedimentos en el ejercicio de otros derechos. El 7 de enero de 2010, el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que determinó que el Reglamento del Consejo de Ministros sobre el reembolso de medicamentos y dispositivos médicos para tratamientos ambulatorios, en la medida en que limitaba el monto del reembolso a 10.000 lats letones, era compatible con la Constitución. El Tribunal Constitucional se refirió a la observación general núm. 14 del Comité relativa al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. En 2010, el Tribunal Constitucional emitió un fallo sobre la Ley de Seguridad Social, en el que se refería a los artículos 9 y 11 del Pacto y a la observación general núm. 19 del Comité. En 2017, emitió un fallo sobre la contaminación acústica y se refirió al artículo 12 del Pacto, mientras que, en 2018, emitió un fallo con respecto al uso del idioma en la educación e interpretó el artículo 113 de la Constitución (derecho a la educación) a la luz del artículo 13 del Pacto y de la observación general núm. 13 del Comité.
Oficina del Ombudsman (anexo II)
4.Entre 2014 y 2019 se registró un aumento del apoyo prestado a la Oficina del Ombudsman, tanto en lo que respecta a los recursos humanos como al presupuesto. La Oficina del Ombudsman realiza investigaciones todos los años, entre otras cosas, sobre los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de los niños y los derechos de las personas con discapacidad, y responde a comunicaciones relativas a presuntas violaciones de los derechos humanos. En 2019, la Oficina recibió 1.623 comunicaciones. La Oficina también emite opiniones y realiza evaluaciones durante el proceso legislativo a fin de prevenir las violaciones de los derechos humanos, y lleva a cabo investigaciones.
Requisitos en cuanto al idioma letón (anexo III)
5.La Ley del Idioma Oficial del Estado no discrimina con respecto al empleo en razón del idioma. De conformidad con dicha Ley, los empleados deben utilizar el idioma oficial solo en las situaciones en ella enumeradas. En el sector privado solo se exige que los empleados utilicen el idioma oficial cuando sus obligaciones profesionales puedan afectar a los intereses legítimos del público. Las ocupaciones y cargos que, de conformidad con el artículo 6, párrafo 2, de la Ley del Idioma Oficial del Estado, requieren el uso del idioma oficial se definen en el Reglamento núm. 733 del Consejo de Ministros.
Asistencia jurídica (anexo IV)
6.El Gobierno garantiza la asistencia jurídica a los ciudadanos letones, los no ciudadanos, los apátridas, los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que residen legalmente en Letonia y los nacionales de terceros países (incluidos los refugiados y las personas a las que se ha concedido un estatuto alternativo en Letonia), si residen legalmente en el país y tienen un permiso de residencia permanente. El Gobierno presta tal asistencia letrada a las personas de bajos ingresos o necesitadas; a quienes se encuentran en una situación que les impide proteger sus derechos (fuerza mayor, etc.), y a quienes dependen totalmente del Gobierno. El Gobierno presta asistencia jurídica parcial en determinados asuntos civiles (casos relativos al reconocimiento de la invalidez de las decisiones de accionistas o de reuniones de accionistas; derivados del derecho de las obligaciones, si el monto de la reclamación supera los 150.000 euros, y relacionados con la protección de secretos comerciales) a personas con ingresos inferiores al salario mínimo mensual nacional. La Administración de Asistencia Jurídica presta asistencia letrada en asuntos civiles; en materia administrativa; en los procedimientos incoados ante el Tribunal Constitucional; en asuntos civiles transfronterizos; en los procedimientos penales, y en los procedimientos especiales para la prestación de asistencia legal a los solicitantes de asilo y los extranjeros, en caso de que no dispongan de recursos suficientes. Los denunciantes de irregularidades pueden recibir asistencia jurídica del Gobierno en los casos enumerados en la Ley de Asistencia Letrada del Estado sin necesidad de evaluar sus ingresos.
7.Antes de las modificaciones de la Ley de Procedimiento Civil de 2016, todas las partes involucradas en un caso (con excepción de las personas jurídicas), independientemente de su situación financiera, tenían derecho a conocer el expediente y a participar en las actuaciones procesales, con la asistencia de un intérprete. El aspecto problemático de esa reglamentación era que las partes a menudo abusaban de ese derecho, incluso si una persona tenía un representante que entendía letón o ella misma era ciudadana letona y entendía el idioma. En la actualidad, los litigantes que reciben asistencia letrada del Gobierno o que están exentos del pago de las costas judiciales siguen teniendo derecho a conocer el expediente del caso y a participar en los procedimientos, con la asistencia gratuita de un intérprete. Los litigantes más vulnerables (empleados en conflictos laborales, demandantes en casos relacionados con cuestiones de capacidad jurídica, etc.) están exentos del pago de las costas judiciales. En caso de que las partes vulnerables no entiendan letón, se les proporciona un intérprete de forma gratuita. Además, a las personas que, por decisión de un tribunal, queden exentas del pago de las costas judiciales, se les concederá un intérprete sin cargo alguno.
Acuerdo de París (anexo V)
8.Las obligaciones de Letonia en el marco del Acuerdo de París derivan de las obligaciones que impone la contribución determinada por la Unión Europea para cada país. En él se establece un compromiso conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por lo menos un 40 % para 2030. El objetivo individual de reducción de las emisiones de GEI para 2030 de cada Estado miembro de la Unión Europea en relación con las actividades no incluidas en el Régimen de comercio de derechos de emisión de GEI de la Unión Europea, y por lo tanto la contribución real para la aplicación del Acuerdo de París, se establecen en el Reglamento (UE) 2018/842 sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de la Unión Europea entre 2021 y 2030. Según el último informe sobre políticas y medidas, Letonia alcanzará sus objetivos de reducción de los GEI para 2030. Letonia se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática a nivel nacional para 2050. El Gobierno aprobó recientemente varios documentos esenciales para el programa sobre el cambio climático: la Estrategia de Neutralidad Climática de Letonia para 2050; el Plan Nacional de Energía y Clima hasta 2030 y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático hasta 2030.
II.Disposiciones generales del Pacto
Máximo de los recursos disponibles (anexo VI)
9.En 2018, los gastos de protección social ascendieron al 15,2 % del PIB, lo que supuso un aumento de 0,3 puntos porcentuales con respecto a 2017 (14,9 %). Con la ayuda del Fondo Social Europeo (FSE), el Ministerio de Bienestar Social encargó a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que realizara un informe para evaluar la forma en que las políticas de activación habían contribuido al desarrollo de un mercado laboral más inclusivo en Letonia (Connecting People with Jobs: Latvia). El informe se centra en las estrategias de activación y en las medidas que refuerzan la participación de los desempleados en el mercado laboral. El informe de la OCDE se centró principalmente en la situación del mercado laboral y en la repercusión de las estrategias en las personas desempleadas durante mucho tiempo y las que corrían el riesgo de quedar desempleadas.
10.Las Directrices sobre Prevención y Lucha contra la Corrupción 2015‑2020 establecen las principales prioridades en materia de política: pasar del control externo al control interno en las políticas anticorrupción y antifraude; lograr mayor apertura en la selección de los recursos humanos de la administración pública y asegurar la ética, motivación y competencia del personal de la administración pública y el poder judicial, y reducir la tolerancia pública a la corrupción. La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción está elaborando las directrices para el próximo período y realizando una evaluación del período anterior. Ha formulado su estrategia operacional para 2020-2022, en la que establece la orientación que adoptará la Oficina para alcanzar los objetivos de política por lo que respecta a la detección e investigación de delitos; la supervisión de los funcionarios públicos; el control de la financiación de los partidos políticos, y la educación e información del público sobre cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción, entre otros. Para poner en práctica tales objetivos de política, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción elaboró en el período 2018-2019 varias normas, reglamentos y directrices.
11.La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción organizó 107 talleres en 2019 y 113 en 2018, que trataron sobre la lucha contra la corrupción, la prevención de los conflictos de intereses, las cuestiones éticas en la administración pública y la elaboración de planes para prevenir los riesgos de corrupción en el control interno, y la aplicación de medidas anticorrupción. Participaron en esos talleres casi 6.000 participantes cada año. A los seminarios educativos organizados por la Oficina asistieron funcionarios públicos, presidentes, vicepresidentes y directores ejecutivos de los municipios, legisladores, miembros de las comisiones de contratación y adquisiciones y estudiantes extranjeros, entre otras personas. Con respecto a los casos de corrupción en los que están implicados funcionarios de alto nivel que han sido condenados, la Oficina proporciona información sobre diferentes casos que ilustran los distintos delitos de corrupción que investiga (véase el anexo V).
Ley Integral contra la Discriminación (anexo VII)
12.Además de la información que se proporciona en el capítulo III del documento básico común y de las medidas enumeradas en los párrafos 17 a 23 del informe periódico, Letonia informa de que el 2 de enero de 2013 entró en vigor la Ley de Prohibición de la Discriminación de las Personas Físicas que Desempeñan una Actividad Económica. Esta Ley mejora el marco jurídico prohibiendo todo trato diferenciado en las esferas pública y privada de las personas físicas que desempeñen, o estén dispuestas a desempeñar, una actividad independiente remunerada, por motivos de género, origen étnico o racial, discapacidad, orientación sexual y creencias políticas, religiosas, o de otra índole.
13.Como se señala en el capítulo III del documento básico común, en 2014 se modificó el Código Penal. El artículo 48 prevé como circunstancias agravantes que un delito haya sido cometido por motivos relacionados con la discriminación racial, nacional, étnica o religiosa. El artículo 78 del Código Penal prevé la responsabilidad penal por la incitación al odio nacional, racial, religioso o étnico. El artículo 1491 del Código Penal se refiere a la discriminación de personas por motivos raciales, nacionales, étnicos, religiosos o de otra índole cuando tal discriminación genera un daño significativo. Una de las circunstancias que agravan la responsabilidad es que la persona que cometa tales delitos sea funcionario del Estado, una persona de autoridad en una empresa u organización, y que el delito haya sido cometido por un grupo de personas o utilizando un sistema automatizado de procesamiento de datos. El artículo 150 del Código Penal prevé la responsabilidad penal por los actos destinados a incitar al odio por motivos de edad, sexo, discapacidad u otros motivos, incluida la orientación sexual, cuando tales actos han causado un daño considerable a la víctima. En el anexo VI se presentan datos estadísticos sobre casos relativos al discurso de odio. Sin embargo, Letonia no lleva un registro de los diferentes motivos de presuntos actos de discriminación.
No ciudadanos (anexo VIII)
14.El número de no ciudadanos letones sigue disminuyendo. En 2018 había 233.393 no ciudadanos inscritos en el Registro de Población de Letonia; en 2019, el número se redujo a 224.670 y, el 1 de julio de 2019, había 220.491 no ciudadanos registrados. La disminución del número total de no ciudadanos es de unas 10.000 personas al año. Alrededor de 1.500 no ciudadanos obtienen la ciudadanía de Letonia o de un tercer país todos los años. En promedio, 1.000 personas desean cada año adquirir la ciudadanía letona.
15.En 2019 entró en vigor la nueva Ley sobre la Suspensión de la Condición de No Ciudadano de los Niños, en la que se dispone que los niños nacidos de padres no ciudadanos después del 1 de enero de 2020 serán reconocidos automáticamente como ciudadanos de Letonia. Esta Ley se aplica también en los casos en que uno de los progenitores sea no ciudadano y el otro desconocido, ciudadano de un tercer Estado o apátrida. A fin de promover el proceso de naturalización, la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración sigue procurando que el proceso de naturalización esté disponible para los grupos vulnerables. Según estadísticas de dicha Oficina, en el primer semestre de 2019 se concedió la ciudadanía de Letonia a 472 personas.
16.Letonia sigue ofreciendo una reducción del costo de la naturalización o eximiendo del pago de dicho costo a las personas de bajos ingresos, desempleadas, jubiladas y otras categorías socialmente vulnerables, mientras que las personas con discapacidad o que sufren represión política, los huérfanos y quienes residen en instituciones de asistencia social pueden presentarse al examen de naturalización de forma gratuita. En 2019, el 41 % de quienes solicitaron la naturalización pagaron una tarifa reducida o quedaron exentos del pago de dicha tarifa. La Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración sigue organizando jornadas de información ciudadana en varias regiones del país, durante las cuales explica los procedimientos necesarios para solicitar la ciudadanía y atiende consultas. En 2017 se realizaron 105 jornadas; en 2018, 109 y, hasta el 30 de junio de 2019, se habían organizado 61 jornadas de información. En abril de 2019, la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración lanzó la campaña “Mejora y desarrollo de los sistemas de información en apoyo de la naturalización y procesos conexos”. Uno de los objetivos de esa campaña es brindar mayor información a las personas interesadas acerca de la posibilidad de obtener la ciudadanía letona mediante la naturalización y pruebas que les permitan verificar si poseen los conocimientos necesarios para aprobar el examen de naturalización gracias a la ayuda de una herramienta electrónica.
17.El Gobierno reitera que los no ciudadanos letones no son apátridas. En este sentido, el Gobierno recuerda la información proporcionada en el párrafo 28 de su informe periódico sobre la aplicación del Pacto, según la cual los no ciudadanos gozan de los mismos derechos económicos, sociales y culturales que los ciudadanos en Letonia.
Solicitantes de asilo (anexo IX)
18.Las diferencias entre los derechos de los distintos grupos de personas con respecto a las prestaciones de asistencia social, la atención social y los servicios de rehabilitación social dependen de la situación en cuanto a sus permisos de residencia. Las personas con estatuto de refugiado reciben un permiso de residencia permanente en Letonia y tienen derecho a las mismas prestaciones municipales de asistencia social, atención social y servicios de rehabilitación social que los nacionales de Letonia. A los beneficiarios de protección subsidiaria en Letonia se les concede un estatuto alternativo y un permiso de residencia temporal, que puede ser prorrogado. Tienen derecho a la prestación de ingresos mínimos garantizados, a servicios municipales y de albergue nocturno, y a información y consulta en los servicios sociales municipales. Se les puede conceder un subsidio municipal de vivienda. El municipio tiene derecho a ofrecer otros tipos de servicios sociales adecuados para las personas con estatuto alternativo. Los niños que han adquirido estatuto alternativo tienen derecho a recibir todos los servicios de atención y rehabilitación sociales.
19.Desde 2018 hasta el 31 de mayo de 2020, el Gobierno recibió 401 solicitudes de asilo; 62 personas fueron reconocidas como refugiadas y se concedió a otras 41 el estatuto alternativo. De conformidad con el artículo 59 de la Ley de Inmigración, un extranjero que haya violado las normas de inmigración, residencia o tránsito en Letonia puede ser detenido por la Guardia Estatal de Fronteras. Tales personas se mantienen detenidas separadas de aquellas detenidas por presuntos delitos. El artículo 59 prohíbe la detención de personas vulnerables, a saber, menores de edad; personas con discapacidad; personas que, según la legislación nacional letona, habrían alcanzado la edad de recibir una pensión de vejez; mujeres embarazadas; familias monoparentales, y víctimas de violencia psicológica, sexual o física.
20.De conformidad con la Ley de Financiación de la Atención de la Salud, los refugiados, las personas con estatuto alternativo y los solicitantes de asilo pueden recibir una asistencia médica mínima pagada por el Estado. Existe un reglamento del Consejo de Ministros en el que se establecen los procedimientos aplicables a la realización de exámenes de higiene y sanidad a los solicitantes de asilo y al registro de los correspondientes resultados. Los solicitantes de asilo reciben información sobre las medidas que deben adoptarse en caso de enfermedad, la posibilidad de recibir servicios de atención sanitaria y las medidas preventivas recomendadas. En caso de que se detecte en un grupo de solicitantes de asilo a una persona con signos evidentes de una enfermedad infecciosa, esta persona es alojada en una habitación separada. Si los solicitantes de asilo no están alojados en el centro de acogida o en los locales de alojamiento previstos, la institución en la que presenten la solicitud de concesión del estatuto de refugiado o de un estatuto alternativo hará la derivación correspondiente para la realización del examen médico. Los solicitantes de asilo así derivados se realizarán un examen de salud en una institución médica en donde presten servicios sanitarios médicos de familia.
Población romaní (anexo X)
21.A finales de 2019 había 490 romaníes desempleados registrados en la Oficina Nacional de Empleo, es decir, casi el 1 % del número total de personas desempleadas registradas; 564 romaníes estaban desempleados en 2018 (el 1 % del número total de personas desempleadas registradas). Los romaníes desempleados y en busca de empleo registrados en la Oficina pueden acogerse a cualquier medida de promoción del empleo siempre que se encuentren comprendidos en el grupo destinatario previsto para la medida de que se trate (cumplir el requisito de edad, por ejemplo) (anexo XI).
Derechos de las lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
22.En 2019, el Consejo de Ministros envió una carta a la Oficina del Ombudsman, en la que exponía la posición del Gobierno acerca del reconocimiento de las diferentes formas de familia, recordando el artículo 110 de la Constitución, que establece que el Estado protegerá y apoyará el matrimonio, esto es, la unión entre un hombre y una mujer, la familia, los derechos de los padres y los derechos del niño. Así pues, el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer goza de una condición y una protección específicas a nivel constitucional. El Consejo de Ministros, en la carta dirigida al Ombudsman, llegó a la conclusión de que el marco normativo no prevé ninguna otra unión fuera del matrimonio, por lo que la introducción en el sistema jurídico del registro de parejas homosexuales o heterosexuales es una cuestión de voluntad política. Sin embargo, el Consejo de Ministros subrayó la discrecionalidad de cada persona para constituir libremente su vida privada.
23.En 2019 se presentó al Parlamento el proyecto de “Ley de Cohabitación”. El proyecto regulaba las relaciones personales y patrimoniales entre cohabitantes con un convenio de cohabitación, pero fue rechazado por el Parlamento. El 16 de diciembre de 2019, el Tribunal Constitucional recibió un recurso de amparo constitucional en relación con el artículo 155 de la Ley del Trabajo, que establece que los padres tienen derecho a una licencia de 10 días por nacimiento de un hijo; tal licencia se concede al padre inmediatamente después del nacimiento del niño, pero a más tardar dentro de los dos meses siguientes al nacimiento. Quien presentó el recurso de amparo considera inconstitucional el artículo 155 de la Ley del Trabajo en la medida en que tal artículo no prevé los mismos derechos para parejas del mismo sexo. Este caso se decidirá el 6 de octubre de 2020. Por otra parte, según la Ley de Procedimiento Penal, los miembros de parejas del mismo sexo pueden negarse a testificar uno contra el otro. El derecho penal define como circunstancias agravantes los delitos relacionados con la violencia o con amenazas de violencia o los delitos que atenten contra la moral y la inviolabilidad sexual cometidos contra una persona con la que el autor tiene o ha tenido relaciones íntimas continuas, o contra una persona con la que el autor tiene un hogar común (lo que incluye a las parejas del mismo sexo). La Ley de Procedimiento Civil otorga protección contra la violencia doméstica a las parejas del mismo sexo o ex parejas del mismo sexo.
Igualdad de derechos entre hombres y mujeres (anexo XI)
24.Varios ejemplos ilustran los resultados de la aplicación de un enfoque integrado en relación con la igualdad de género. Las prioridades de política y las medidas a mediano plazo se definen en el Plan de Promoción de la Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres para 2018-2020. El objetivo del Plan es promover una aplicación integrada, decidida y eficiente de las políticas sectoriales, facilitando la aplicación práctica de la igualdad de derechos y oportunidades. Para alcanzar tal objetivo se han definido cinco ejes de acción. Varias medidas del plan apuntan a fomentar la comprensión integral de los principios fundamentales de la igualdad entre los expertos dedicados a temas de educación, trabajo y política económica. Para aplicar el enfoque de incorporación de la perspectiva de género en los procesos presupuestarios, en 2017 se llevó a cabo un análisis de las repercusiones de género de los procesos presupuestarios del Estado y los municipios, cuya conclusión fue que a menudo faltan datos desglosados por género para analizar las repercusiones y los conocimientos de los empleados.
25.Las mujeres ya ocupan los más altos cargos públicos en Letonia. En las 13as elecciones parlamentarias (2018), el 31 % de las personas elegidas fueron mujeres. En febrero de 2019, el Consejo de Ministros estaba formado por 14 ministros (4 de ellos, mujeres). La proporción de mujeres elegidas en las elecciones locales de 2017 fue del 33,7 %. Sin embargo, la proporción de mujeres que ocupan cargos superiores en la administración pública no es homogénea: cuanto más alto es el puesto, menor es la proporción de mujeres. La mayor proporción de mujeres se encuentra en los grupos de puestos de menor categoría (especialistas, directores de unidad y adjuntos), situación que está disminuyendo gradualmente, mientras que la menor proporción se sitúa en los puestos superiores, como las Secretarías de Estado. El Tribunal Constitucional está integrado por siete jueces, tres de los cuales son mujeres, y presidido por una mujer. En 2018, el 65,7 % de los jueces de la Corte Suprema eran mujeres. Sin embargo, desde 1992, el cargo de presidente del Banco de Letonia solo ha sido ocupado por hombres; en 2019 había 20 mujeres en la Junta y el Consejo.
Derecho a trabajar (anexo XII)
26.Al menos una vez al año, el Ministerio de Bienestar Social y la Oficina Nacional de Empleo seleccionan los programas de capacitación y educación disponibles de acuerdo con un análisis del mercado laboral (previsiones a corto plazo del mercado laboral). La Oficina Nacional de Empleo ofrece programas de capacitación para las personas desempleadas con miras a mejorar las aptitudes y competencias básicas (cursos de lenguas y cursos de conducción, por ejemplo). La Oficina Nacional de Empleo presta asistencia en la búsqueda de empleo y ofrece consultas sobre carreras, entre otros tipos de ayuda. La eficacia de estos cursos queda demostrada por los empleos conseguidos por varias personas después de finalizarlos. Más del 40 % de quienes reciben este tipo de capacitación han encontrado empleo en un plazo de seis meses.
27.Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir apoyo de la misma forma que cualquier otra persona inscrita en la Oficina Nacional de Empleo. Sin embargo, existen medidas creadas exclusivamente para las personas con discapacidad, a saber, la provisión de intérpretes de lengua de señas; derivaciones a especialistas en ergoterapia; ajustes en el lugar de trabajo o prestación de mayor apoyo, como la concesión de becas para jóvenes con discapacidad y la prolongación del trabajo en los lugares subvencionados. La Oficina Nacional de Empleo ofrece varias medidas destinadas a la integración/reintegración de las personas con discapacidad desempleadas en el mercado de trabajo: oportunidades de empleo subvencionado; formación profesional y educación no formal; formación en el empleo; trabajo temporal remunerado en el sector público; apoyo de mentores para iniciar pequeños negocios o trabajos independientes; apoyo a la movilidad regional; etc.
28.Entre las medidas dirigidas a los grupos más vulnerables figura el apoyo financiero para ofrecer empleo a personas que hayan estado desempleadas, por un período máximo de 12 meses en el caso de las personas desempleadas por lo menos durante 12 meses, las personas mayores de 55 años de edad, los refugiados y las personas con estatuto alternativo, y por un máximo de 24 meses en el caso de las personas con discapacidad. La ayuda incluye un subsidio salarial mensual para las personas desempleadas (el 50 % del salario total, pero sin exceder el salario mínimo mensual establecido por el Gobierno, que ascendía a 430 euros en 2019). Si el empleador emplea a personas con discapacidad, el subsidio salarial mensual no puede superar una vez y media el salario mínimo mensual. La Oficina Nacional de Empleo cubre los gastos adicionales ocasionados por los supervisores del trabajo (el 50 % del salario mínimo legal), la adaptación del lugar de trabajo para las personas con discapacidad (una única subvención de un máximo de 711 euros), la participación de diferentes expertos (auxiliares, expertos en lengua de señas, etc.). Desde 2017, la Oficina Nacional de Empleo organiza cada año una jornada de puertas abiertas para las personas con discapacidad, con el fin de apoyar la inclusión de estas personas en el mercado laboral, brindándoles la oportunidad de conocer el entorno laboral de una empresa. Conforme a la Ley de Servicios Sociales y Asistencia Social, el Gobierno debe asegurar, de forma gratuita, la formación profesional de las personas con discapacidad o con discapacidad previsible, los ciudadanos y no ciudadanos de Letonia, los extranjeros, y los apátridas a los que se haya asignado un número de identidad personal y que hayan recibido un permiso de residencia permanente, así como la de sus familiares. El personal de la Oficina Nacional de Empleo, con el fin de prestar los mejores servicios a las personas con discapacidad y tener en cuenta sus necesidades reales, coopera regularmente con varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y participa en talleres, seminarios y otras actividades de intercambio y capacitación sobre el tema.
29.La tasa de empleo de las personas de 50 a 64 años de edad en Letonia está creciendo, y es superior a la media de la Unión Europea. La edad de jubilación está aumentando, lo que permite al mercado laboral responder a las consecuencias económicas y sociales del envejecimiento de la población. Con el fin de reducir el riesgo de desempleo y de cumplir los objetivos establecidos en la Estrategia de envejecimiento activo para una vida laboral más larga y de mejor calidad en Letonia, en 2017 se inició el proyecto cofinanciado por el FSE para conservar la capacidad de trabajo y fomentar el empleo de los trabajadores de edad. Entre las medidas previstas para dichos trabajadores cabe mencionar la orientación y el perfeccionamiento profesionales, las consultas médicas, la orientación a los empleadores sobre la adaptación de los lugares de trabajo y la cobertura del costo de los ajustes en el lugar de trabajo cuando sea necesario. La Ley de Empresas Sociales de 2018 se creó para mejorar la calidad de vida y promover el empleo de los grupos en riesgo de exclusión social, mediante el empresariado social. En el primer año se inscribieron 49 empresas en el Registro de Empresas Sociales. Todas estas medidas han permitido que la tasa de desempleo disminuya en los últimos años en todos los grupos de edad.
30.De conformidad con el artículo 7 de la Ley del Trabajo, todas las personas disfrutan de igual derecho a trabajar, de condiciones de trabajo justas, seguras y salubres, y de remuneración equitativa, sin ningún tipo de discriminación, directa o indirecta, independientemente de su raza, color de la piel, sexo, edad, existencia de una discapacidad, convicciones religiosas, políticas o de otra índole, origen étnico o social, patrimonio, estado civil, orientación sexual u otras circunstancias. El artículo 29 de dicha Ley establece la prohibición del trato diferenciado al establecer relaciones laborales y en el curso de las mismas (ascensos, determinación de las condiciones de trabajo, remuneración o formación profesional, perfeccionamiento, aviso de rescisión del contrato de trabajo). En caso de controversia, si un empleado indica condiciones que pueden servir de base para su discriminación directa o indirecta basada en el idioma, el empleador tiene la carga de la prueba de establecer que el trato diferencial se ha basado en circunstancias objetivas y no en el dominio del idioma del empleado, o que el dominio de un idioma en particular es un requisito objetivo para el desempeño del trabajo en cuestión. La Inspección Nacional de Trabajo tiene la función de supervisar y controlar la observancia de los requisitos de las disposiciones normativas respecto de las relaciones jurídicas de empleo y la protección laboral. En caso de violación de los derechos de un empleado, este tiene derecho a interponer un recurso ante dicha Inspección o bien ante los tribunales.
Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (anexo XIII)
31.En Letonia existe un sistema de fijación de salarios descentralizado, a saber, un salario mínimo que es vinculante para todos los empleadores; así pues, el salario mínimo no se establece mediante una fórmula. Como parte de la reforma fiscal, el Consejo de Ministros publicó en 2017 la modificación núm. 656 a su Reglamento sobre el monto del salario mínimo mensual en el marco del horario ordinario de trabajo y el cálculo de la tasa salarial mínima por hora, estipulando que, a partir de 2018, el salario mínimo mensual sería de 430 euros. En 2019 y 2020, el salario mínimo no sufrió cambios. A partir de 2017, el Gobierno determina los aspectos adicionales que deben considerarse al modificar el salario mínimo (por ejemplo, cambios en materia de productividad), y debe examinar las propuestas con los interlocutores sociales. Los interlocutores sociales pueden indicar otros niveles salariales (incluidos salarios mínimos más altos) en los convenios colectivos empresariales o sectoriales. Previo cumplimiento de criterios específicos, los convenios colectivos sectoriales pueden extenderse a todo el sector. La Ley del Trabajo prohíbe la discriminación de las personas que han celebrado un convenio colectivo.
32.De conformidad con el artículo 60 de la Ley del Trabajo, los empleadores tienen la obligación de pagar la misma remuneración a hombres y mujeres por la realización del mismo tipo de trabajo o de un trabajo de igual valor. En caso contrario, los empleados tienen derecho a solicitar la remuneración que los empleadores suelan pagar por el mismo tipo de trabajo o por un trabajo de igual valor, presentando una demanda ante los tribunales en un plazo de tres meses a partir del día en que hayan tenido conocimiento de la vulneración de sus derechos. Teniendo en cuenta que los convenios colectivos son acuerdos privados y que el Gobierno no interviene en su redacción, no hay información disponible públicamente a este respecto. En 2015, el Consejo de Ministros aprobó las Directrices sobre Empleo Inclusivo para 2015-2020, que tienen por objeto promover la igualdad de oportunidades de todas las personas en el mercado laboral, independientemente de la edad, el sexo o la existencia de una discapacidad, y tratar de mejorar las oportunidades de empleo de los diferentes grupos de población. La reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombres es uno de los objetivos de política definidos.
33.Para mejorar las condiciones de trabajo y reducir los riesgos de enfermedades profesionales y accidentes laborales se adoptan diversas medidas (material informativo, folletos, carteles, consejos en vídeo y cortometrajes, seminarios, talleres en Riga y otras regiones de Letonia). Toda la información relativa a esas medidas se encuentra disponible en el sitio web www.stradavesels.lv. Para mejorar la situación de la salud y la seguridad en el trabajo en las empresas que realizan su actividad en sectores peligrosos se dispone de apoyo consultivo, que incluye una evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo. El proyecto incluye la capacitación de los empleados y la elaboración de la herramienta electrónica de evaluación de riesgos “OIRA”. Según los datos estadísticos de la Inspección Nacional de Trabajo, el número de pacientes que sufren por primera vez una enfermedad profesional ha registrado cierto incremento. Para prevenir tales enfermedades, los médicos del trabajo organizan seminarios y cursos de capacitación, y participan en ellos. La Inspección Nacional de Trabajo examina únicamente las quejas que recibe sobre cualquier presunto incumplimiento de las recomendaciones formuladas por el médico de enfermedades profesionales.
34.El fortalecimiento de la capacidad de los inspectores de la Inspección Nacional de Trabajo se garantiza mediante el aumento de sus salarios, la renovación del equipo técnico, las soluciones informáticas y la capacitación. Al iniciar sus funciones profesionales como inspectores de dicha Inspección, los nuevos inspectores participan en un curso de capacitación de cinco semanas sobre derechos laborales y cuestiones relativas a la protección. Se imparte regularmente una formación sectorial especializada a otras personas para mejorar los conocimientos teóricos y prácticos en materia de protección laboral en sectores específicos (construcción, producción de alimentos, reducción del empleo ilegal, hospitales, centros de asistencia social, etc.). Los inspectores también reciben capacitación adicional para mantener y desarrollar sus aptitudes profesionales, sociales y metodológicas.
Derechos sindicales (anexo XIV)
35.La Ley de Sindicatos prohíbe a los empleadores restringir los derechos de los empleados por su pertenencia a un sindicato y generar efectos adversos en caso de que un empleado ejerza sus derechos como tal, incluida su participación en un sindicato. Los tribunales nacionales han reconocido expresamente en su práctica que la discriminación de un empleado debido a su pertenencia a un sindicato por medio del descenso de categoría, el despido o la reubicación constituye una violación de la prohibición de la discriminación y hace exigible una indemnización. Los tribunales nacionales también han reconocido que los empleadores tienen prohibido tratar de manera diferente a sus empleados debido a su pertenencia a sindicatos, y que un empleador no puede negarse a concertar relaciones laborales debido a la pertenencia de una persona a un sindicato.
36.Para mejorar la negociación colectiva sectorial, el Gobierno puso en marcha en 2017 un proyecto sobre la promoción del diálogo social en pro de una mejor normativa de apoyo empresarial, con el fin de garantizar el desarrollo del diálogo social sectorial bilateral y un mejor marco jurídico para el entorno empresarial. En 2019 y 2020, el Ministerio de Bienestar Social participó en el proceso de concertación de varios acuerdos generales con sindicatos y empleadores. Ni los empleadores ni las organizaciones o asociaciones de empleadores tienen derecho a negarse a entablar negociaciones relativas a la celebración de un convenio colectivo (convenio general); las disposiciones legales prevén la responsabilidad administrativa en los casos de negativa a celebrar un convenio colectivo o de incumplimiento de las condiciones de un convenio colectivo.
Derecho a la seguridad social (anexo XV)
37.El sistema de seguridad social de Letonia consta de un seguro social, prestaciones sociales estatales y prestaciones de asistencia social municipales, así como servicios sociales. Gracias a la aplicación de un enfoque basado en la solidaridad para garantizar el bienestar de la población mediante mecanismos de apoyo complementario es posible aumentar al máximo las oportunidades de recibir un apoyo adaptado a las necesidades individuales. En 2019, aproximadamente 160.000 personas con seguridad social obligatoria (aproximadamente un 14 %) recibieron incentivos para las contribuciones a la seguridad social. En ese mismo año, el número de personas con seguridad social obligatoria ascendía a 1.029.000 (véase más información sobre los importes medios de las prestaciones, etc.). El Gobierno observa que la disminución de los gastos municipales en asistencia social obedece a la reducción del número de personas necesitadas y de bajos ingresos que se benefician de tal asistencia.
38.A raíz del fallo del Tribunal Constitucional, el impuesto de solidaridad está fijado en un 25,50 % desde 2019. Se aplica a todas las personas cuyos ingresos anuales superen la cuantía máxima de la contribución obligatoria al seguro social, a saber, 62.800 euros (existen unas 6.000 personas en Letonia a cuyos ingresos se aplica el impuesto de solidaridad). El impuesto de solidaridad está conformado por 1 punto porcentual para la financiación de los servicios de salud; 14 puntos porcentuales para el presupuesto especial del Estado destinado a las pensiones (la cantidad se registra en la cuenta personal del contribuyente), y 10,5 puntos porcentuales para el tesoro público como parte del impuesto sobre la renta.
Desarrollo de la región de Latgale (anexo XVI)
39.El objetivo del Plan de Acción para el Desarrollo de la Región de Latgale para 2015‑2017 era reducir las disparidades regionales, mediante la facilitación de la actividad económica, la creación de nuevos empleos y el aumento de las prestaciones sociales en la región, fortaleciendo así el sentimiento de pertenencia y promoviendo la formación de una sociedad unida y cohesionada. El Plan de Acción incluía varias medidas, como resultado de las cuales está aumentando en Latgale el número de nuevas empresas por cada 1.000 habitantes (en el período 2011‑2012 había 3 empresas por cada 1.000 habitantes). Los datos actuales muestran que desde 2013 ha venido aumentado dicho número hasta llegar a 6 por cada 1000 habitantes. La cantidad de inversiones no financieras por habitante en Latgale está aumentando (en 2012 era de 1.002,1 euros por habitante). Actualmente, los datos indican que la cantidad de inversiones no financieras por habitante en la región de Latgale ha disminuido. Según los datos disponibles, hay algunas tendencias positivas en materia de empleo y nivel de vida que podrían ser, en cierta medida, resultado de las medidas adoptadas en el marco del Plan de Acción. La tasa de empleo en la región de Latgale ha crecido del 51,3 % en 2014 al 56,1 % en 2019, pero la tasa de desempleo ha disminuido significativamente desde 2014, del 17,0 % al 10,7 %. En lo que respecta al nivel de vida, el salario mensual medio en la región de Latgale ha aumentado un 43,9 % desde 2014.
Protección de la familia y el niño (anexo XVII)
40.Una de las prioridades establecidas en el Plan de Promoción de la Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres para 2018‑2020 es el fomento de la independencia económica y la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo, adoptando medidas que aumenten el papel del padre en la familia y tengan en cuenta la importancia de la distribución equitativa de las responsabilidades familiares. El Gobierno lleva a cabo una labor de concienciación y campañas sobre el papel del padre, y alienta a los padres a tomar licencia de paternidad y licencia parental. El marco destinado a conciliar la vida laboral y familiar se mejora constantemente (párrafos 95 a 97 del informe periódico). A raíz de las medidas adoptadas por el Gobierno, la comprensión pública de la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres ha evolucionado: se ha producido un aumento significativo de la participación masculina en las responsabilidades familiares y domésticas, lo que se ve reflejado en la tendencia a tomar licencia de paternidad y licencia parental, y queda demostrado en las encuestas de opinión pública. A fin de motivar a los municipios a que dirijan sus esfuerzos a promover la conciliación familiar, desde 2017 el Gobierno aplica el programa “Municipios amigos de la familia”, el primero de su tipo en Europa.
41.En 2017, el Gobierno modificó el Código Penal y la Ley “sobre los procedimientos para la entrada en vigor y aplicación del Código Penal”, a fin de ampliar la lista de circunstancias agravantes cuando los delitos se cometen contra una persona menor de 18 años de edad. A la luz de las modificaciones del Código Penal, si los delitos vinculados con actos de violencia o amenazas de violencia, o los delitos intencionales contra la salud o la moralidad y la inviolabilidad sexual de una persona se cometen en presencia de un menor, podrá considerarse que han existido circunstancias agravantes. El artículo 56 del Código Penal incluye ahora un período de prescripción más largo en los casos en que, como consecuencia del delito, existan daños corporales graves relacionados con la mutilación genital o la pérdida de la capacidad reproductiva, o en que los delitos tengan que ver con la trata de seres humanos o el aborto forzado. El artículo 125 (Daños corporales graves intencionales), el artículo 126 (Daños corporales moderados intencionales) y el artículo 130 (Daños corporales leves intencionales) del Código Penal se ampliaron mediante la adición de un nuevo elemento calificador: “delito cometido contra una persona con la que el autor está relacionado en primer o segundo grado de parentesco, contra un cónyuge o excónyuge, contra una persona con la que el autor tiene o ha tenido relaciones íntimas continuas, contra una persona con la que el autor tiene un hogar común”.
42.Desde 2018, la gradación de los trastornos psicológicos resultantes de efectos psicológicos o mecánicos, térmicos, eléctricos, acústicos, de radiación, químicos, biológicos o de otro tipo se consideran daños corporales. Entre los daños graves se cuentan los que ocasionan un trastorno mental o un trauma mental con consecuencias permanentes que afectan a la adaptación social de la víctima. La mutilación genital femenina se considera un daño corporal grave, mientras que por daño corporal medianamente grave se entiende un trastorno mental o un trauma que afecte a la adaptación social de la víctima a largo plazo. Además, mediante la introducción de modificaciones en la Ley de Procedimiento Civil, Letonia puso en práctica en 2016 la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. Ahora bien, una persona que ha sido víctima de un delito vinculado con la violencia o la amenaza de violencia perpetrado por un miembro de la familia inmediata, un ex cónyuge o una persona con la que haya mantenido una relación íntima continua se considera una víctima especialmente protegida, con derecho a participar en actividades procesales junto con una persona de confianza. En 2019 se modificó la Ley de Indemnización Estatal de las Víctimas a fin de incrementar la cuantía de la indemnización que ofrece el Estado en los casos de daños corporales graves, violación, violencia sexual, o vulneración de la moral o la inviolabilidad sexual de la víctima, o bien cuando se trata de una víctima de la trata de personas.
43.Según la Ley de Protección de los Derechos del Niño, los municipios elaboran y aplican programas dirigidos a los niños que viven o trabajan en la calle. Esta labor preventiva se lleva a cabo en colaboración con los padres, las instituciones educativas, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Libertad Condicional, entre otros. Los municipios establecen un expediente de prevención y elaboran programas de corrección social de la conducta de cada niño que mendiga, es vagabundo o realiza otros actos que pueden conducir a acciones ilegales. De conformidad con el artículo 59 de la Ley de Protección de los Derechos del Niño, los niños pueden ser trasladados a una comisaría de policía si: han abandonado arbitrariamente a su familia, tutor, familia de acogida o institución de atención infantil; están perdidos o abandonados, o se encuentran en circunstancias que resulten peligrosas para su desarrollo y no existe ninguna otra posibilidad de ayudarlos. En los casos en que la policía determina que el niño es vagabundo, mendigo, está intoxicado con sustancias narcóticas o tóxicas o con alcohol, vive en un entorno familiar desfavorable o existen otras circunstancias que puedan ser perjudiciales para él, informa al Tribunal de Huérfanos y a los servicios sociales pertinentes.
44.Cuando un niño es trasladado a una comisaría de policía, puede ser retenido en ella hasta ser entregado a sus padres, tutores, familia de acogida o a un representante de una institución dedicada al cuidado de los niños. Si la identidad del niño no puede determinarse, y si el niño no es entregado a sus padres en el plazo de cuatro horas, la policía lo lleva a una familia de acogida, un centro de crisis o una institución dedicada al cuidado de los niños o, en casos extremos, a una institución de prevención, y a más tardar el siguiente día hábil, informa al Tribunal de Huérfanos y a los servicios sociales. Si un niño que ha sido trasladado a la policía se encuentra bajo la influencia de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o tóxicas u otras sustancias que provoquen un estado de intoxicación, o si existe la sospecha de que el niño esté siendo objeto de abuso sexual, ha sido víctima de actividades ilegales o ha sido inducido a mendigar, la policía determina las circunstancias de la adquisición y el uso de las sustancias, así como las personas que deben ser consideradas responsables. Si un niño llevado a la policía necesita asistencia médica, la policía efectúa su traslado a una institución médica y se asegura de que el niño reciba tal asistencia.
45.De conformidad con la Ley de Protección de los Derechos del Niño, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Bienestar Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, la Inspección Nacional de Protección de los Derechos del Niño y los municipios proporcionan información estadística sobre la protección de los derechos del niño. Esa información, junto con un informe resumido, se presenta a la Oficina Central de Estadística, que la recopila y presenta al Ministerio de Bienestar Social y a la Oficina del Ombudsman. Según los datos estadísticos de 2019, la policía impuso cuatro sanciones administrativas por la implicación de menores en la mendicidad, mientras que la Inspección Nacional de Trabajo supervisa el cumplimiento del reglamento núm. 206 de 2002 del Consejo de Ministros y del artículo 37, párrafo 4, de la Ley del Trabajo, de conformidad con el procedimiento general.
46.En los últimos años, el Gobierno ha introducido varias medidas para promover la cooperación entre los organismos competentes a fin de encontrar rápidamente una familia de acogida adecuada para los niños (un tutor o una familia de guarda) y para permitir que los niños vuelvan a vivir con sus padres biológicos. A fin de proteger los derechos de los niños que han sido trasladados a instituciones dedicadas al cuidado de los niños, el Gobierno ha adoptado medidas adicionales para que el entorno de esas instituciones sea, en la medida de lo posible, similar al entorno familiar. A los adolescentes (a partir de los 15 años) se les ofrece la oportunidad de vivir en un entorno semi independiente para que puedan adquirir competencias para la vida. Con el fin de proteger a los niños que viven en entornos institucionales de la discriminación y los abusos, incluido el abuso sexual, la Inspección Nacional de Protección de los Derechos del Niño y los Tribunales de Huérfanos realizan inspecciones periódicas. Tanto los niños como otras personas tienen derecho a pedir asistencia a las instituciones para la protección de los derechos del niño. En tales circunstancias, las instituciones gubernamentales (incluidos los municipios) toman medidas tendentes a prevenir los delitos y prestar apoyo al niño.
47.Las medidas para prevenir y reducir la violencia doméstica se incluyen en las Directrices Nacionales sobre la Política Familiar para 2011‑2017 y el plan de acción correspondiente; el Plan de Promoción de la Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres para 2018‑2020, y el Plan Nacional de Desarrollo de Letonia para 2014‑2020. En ellos se definen las tareas necesarias para alcanzar tal objetivo, a saber, garantizar que los niños vivan en un entorno familiar o de tipo familiar favorable y reducir la violencia doméstica; prestar apoyo a la familia y a las personas en situaciones de crisis y en situaciones relacionadas con la violencia de género, y prestar servicios profesionales de trabajo social y servicios oportunos de rehabilitación social y médica (párrafos 70 y 120 del informe periódico).
48.En el marco de la Política Nacional sobre Familia para 2014‑2020, el Gobierno proporcionó ayuda financiera para establecer 26 centros de apoyo familiar en diversas regiones de Letonia. En 2017 había 27 proveedores de servicios que ofrecían rehabilitación social a las víctimas adultas. Actualmente, Letonia cumple los requisitos establecidos por el Consejo de Europa en cuanto a ofrecer un lugar en el centro de crisis a las mujeres con hijos que hayan sufrido violencia por cada 10.000 habitantes. De acuerdo con la Ley de Servicios Sociales y Asistencia Social, la rehabilitación social de los niños que han sufrido violencia es obligatoria. Tales niños pueden participar en cursos de rehabilitación social (durante 30 días o hasta un máximo de 60 días), o recibir rehabilitación en forma de 10 consultas con un psicólogo en su lugar de residencia. El tipo, la ubicación y la duración del servicio se determinan tras una evaluación de la situación psicosocial del niño. Desde 2015, el Estado financia servicios de rehabilitación social para las personas que han cometido actos de violencia, tanto individualmente como en grupo, según las necesidades de cada persona. Los servicios son prestados por profesionales que mejoran su trabajo social con determinados grupos durante las sesiones de capacitación que se crearon como parte del proyecto “Desarrollo del trabajo social profesional en los municipios (2015‑2022)”. En 2017, el Ministerio de Bienestar Social puso en marcha dos proyectos sobre la prevención y la mitigación de la violencia contra la mujer con el fin de mejorar el patrón de acción de las instituciones al responder a los casos de violencia doméstica y de sensibilizar al público mediante la participación de periodistas de los medios de comunicación regionales, así como de crear mayor conciencia pública sobre la violencia contra la mujer (reduciendo la tolerancia del público, promoviendo relaciones respetuosas entre niños y niñas).
Derecho a un nivel de vida adecuado (anexo XVIII)
49.A fin de prestar apoyo a las personas con ingresos más bajos, el Consejo de Ministros aprobó en 2014 un plan de “determinación del nivel de ingresos mínimos”, que apunta a reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos mediante el establecimiento de un nivel de ingresos mínimos metodológicamente apropiado, que serviría de punto de referencia para mejorar las medidas de apoyo en el sistema de seguridad social. El Consejo de Ministros determina el nivel de ingresos mínimos garantizados. En 2019, el Gobierno elaboró el Plan de Mejora del Nivel de Ingresos Mínimos para 2020‑2021 con la finalidad de aumentar los ingresos de las personas con los ingresos más bajos y reducir la exclusión social y el riesgo de pobreza. Para aplicar las medidas enumeradas en el Plan se asignaron otros 10 millones de euros del presupuesto público. El objetivo del Plan es aumentar el apoyo que brinda el Estado a las personas en edad de jubilación que reciben las pensiones de vejez mínimas y a las personas con discapacidad. El Consejo de Ministros aprobó medidas para aumentar los niveles de ingresos mínimos a partir de 2020, incrementando la base del cálculo de la prestación de seguridad social estatal para las personas con discapacidad (de 64,03 euros a 80 euros, y para las personas con discapacidad desde la infancia de 106,72 euros a 122,69 euros). Sin embargo, el 25 de junio de 2020, el Tribunal Constitucional llegó a la conclusión de que el nivel del ingreso mínimo garantizado, tal como lo definía el Consejo de Ministros, era incompatible con el artículo 109 y el artículo 1 de la Constitución, que establecen que la definición de un nivel apropiado de ingresos mínimos garantizados es una de las obligaciones del Estado para asegurar el respeto de la dignidad humana, reducir las disparidades socioeconómicas y honrar el principio de desarrollo sostenible. El Tribunal Constitucional recalcó que el actual nivel de ingresos mínimos garantizados (64 euros) no puede proporcionar todos los elementos necesarios para un nivel de vida adecuado. Por consiguiente, el Gobierno tiene la obligación de crear una nueva fórmula para determinar el nivel de ingresos mínimos garantizados y establecer una prestación de seguridad social adecuada para las personas de bajos ingresos hasta el 1 de enero de 2021.
50.De conformidad con la Ley de Servicios Sociales y Asistencia Social, las personas sin un lugar de residencia definido o las personas en situación de crisis deben tener la oportunidad de recibir alojamiento. Los refugios nocturnos ofrecen alojamiento, cena y medios de higiene personal, mientras que los albergues ofrecen alojamiento de corta duración, comida, medios de higiene personal y servicios de especialistas en trabajo social. Los servicios de albergue/refugios nocturnos se financian con el presupuesto municipal. El contenido de la prestación de vivienda y el principio fundamental para determinar el nivel de bajos ingresos se especifican en la Ley de Asistencia para Resolver Problemas de Vivienda, pero la cuantía, el procedimiento de pago y las personas que tienen derecho a recibir la prestación de vivienda están regulados por los municipios. Cabe observar, sin embargo, que la disminución de los gastos municipales en asistencia social obedece a la reducción del número de personas necesitadas y de bajos ingresos.
51.La Ley de Contratos de Arrendamiento estipula que en caso de desalojo por falta de pago del alquiler o las tasas de servicios generales, de demolición de la vivienda o de reparaciones importantes de una casa, los municipios proporcionarán asistencia a los inquilinos de bajos ingresos que tengan al menos un hijo menor de edad. Si el inquilino de bajos ingresos con al menos un hijo es desalojado por no haber pagado el alquiler o las tasas de servicios generales, la ejecución de la orden judicial relativa al desalojo del espacio de vivienda se suspende hasta que el municipio proporcione otro lugar de vivienda. Si el inquilino es desalojado debido a la demolición o reparación de la vivienda, el propietario de la casa tiene el deber de proporcionar al inquilino y a sus familiares otro espacio residencial equivalente. La Ley de Asistencia para la Solución de los Asuntos Relacionados con los Apartamentos estipula que el municipio proporcionará una vivienda en primera instancia a las personas de bajos ingresos que tengan al menos un menor de edad a cargo, si estas personas son desalojadas del apartamento que el municipio posee en caso de que la propiedad acumule deudas de pago de servicios. Según la Ley de Contratos de Arrendamiento, el arrendador puede rescindir un contrato de arrendamiento, desalojando al inquilino junto con sus familiares sin proporcionarles otro espacio de vivienda solo en dos casos, pero antes de presentar una demanda judicial de rescisión del arrendamiento, el arrendador debe notificar al arrendatario con un mes de antelación como mínimo. En los casos en que se desconoce el paradero del inquilino se puede interponer un recurso si la notificación se ha publicado en el boletín oficial con un mes de antelación. El Plan Nacional de Desarrollo para 2021‑2027 procura mejorar la disponibilidad de viviendas sociales, en particular para las personas desfavorecidas (huérfanos y niños privados del cuidado de sus padres), invirtiendo 70 millones de euros en la renovación o construcción de viviendas sociales.
Derecho a la salud física y mental (anexo XIX)
52.El sistema de atención de la salud en Letonia se basa en la residencia, y proporciona servicios de atención de la salud financiados por el Estado sobre la base del principio de la cobertura universal (con cargo a los impuestos generales). Se presta una gran diversidad de servicios de atención de la salud a nivel estatal, municipal y privado, tanto de hospitalización como ambulatorios, financiados con fondos públicos. En 2017, el Gobierno inició una reforma del sistema de salud asignando fondos adicionales para el sector. En comparación con 2008, el gasto público en salud aumentó un 51,7 % en 2020, alcanzando en 2019 el 4,3 % del PIB (con una contribución de fondos de la Unión Europea de solo el 3,23 %). En 2019 y 2020 se registró un aumento significativo de los fondos asignados al sector de la salud mental (6,3 millones en 2019 y 13,9 millones en 2020), lo que permitió reducir los tiempos de espera de los servicios de salud financiados por el Gobierno (anexo), gracias al cambio en el comportamiento de los pacientes y a la financiación adicional.
53.El Gobierno ha adoptado medidas tendentes a reducir el déficit de recursos humanos en el sector de la salud, entre otras cosas, mediante un mapeo. En 2019, el Ministerio de Salud comenzó a trabajar con asociaciones profesionales para elaborar un nuevo modelo de remuneración, a saber, definir el nivel de remuneración que se pretende alcanzar, elaborar el equivalente a tiempo completo de los médicos y el personal de enfermería, garantizar la elaboración de criterios sobre los sueldos y los componentes variables con el fin de que el modelo de remuneración sea más transparente y equitativo, y reducir al mínimo la probabilidad de que los profesionales de la salud tengan múltiples empleos. El Ministerio de Salud, en cooperación con la Asociación de Enfermería de Letonia, ha formulado un plan sobre el desarrollo futuro de la profesión de enfermería con miras a reducir la escasez de enfermeros, lograr un retorno de los enfermeros que trabajan en otros sectores, promover el desarrollo de la profesión de enfermería y crear una nueva profesión de enfermería (enfermeros de cuidados generales). En las especialidades de residencia donde predomina la tercera edad, Letonia prevé establecer más puestos de estudio financiados por el Estado; los residentes que cursan los programas de residencia pagados por el Estado están obligados a trabajar durante tres años en una institución médica estatal o municipal. La ejecución de este proyecto mejora el acceso al tratamiento médico de los residentes que viven fuera de Riga. En 2019 había 119 personas en residencia, de los cuales 80 habían suscrito convenios con instituciones médicas o municipios sobre el empleo fuera de Riga después del programa de residencia. En 2018 y 2019 se ofrecieron 5.576 programas educativos de diferentes niveles para el desarrollo de las competencias profesionales de médicos y especialistas farmacéuticos.
54.Una de las prioridades del Gobierno es la promoción de la salud mental. En 2019 se aprobó el Plan para Mejorar el Acceso a la Atención de la Salud Mental 2019‑2020, cuyo objetivo es prestar servicios de atención de la salud mental de alta calidad y basados en datos empíricos en función de las necesidades de los pacientes, y promover la salud mental, el diagnóstico temprano, el tratamiento y la rehabilitación médica, así como la prevención. El plan tiene por objeto desarrollar la atención de la salud mental de pacientes ambulatorios para ayudar a las personas con problemas de salud mental y mejorar el enfoque interdisciplinario en el proceso de atención; promover el uso más amplio de tratamientos no farmacológicos, y garantizar la disponibilidad de servicios de atención de la salud de alta calidad pagados por el Estado en los centros de tratamiento ambulatorio y hospitalario. El Ministerio de Salud está tratando de aumentar los salarios de quienes trabajan en el campo de la psiquiatría. Para aumentar el número de psiquiatras infantiles, en 2019 el Ministerio de Salud redujo la duración de la residencia de dichos especialistas y optimizó el proceso de obtención de las especialidades preservando la calidad. Además, el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades proporciona información sobre salud mental a la sociedad y maneja un sitio web www.nenoversies.lv; da conferencias sobre salud mental; ofrece lecciones para niños y adolescentes sobre comunicación positiva y prevención de conflictos, y organiza muestras sobre salud mental, centrándose en la población sujeta a exclusión territorial y social (párrafo 152 del informe periódico). Todo el material se comparte en las redes sociales y se distribuye por medio de instituciones educativas y en línea.
55.En 2014, en un estudio sobre los comportamientos suicidas de los adolescentes en Letonia y la relación entre los planes de suicidio de los adolescentes y los factores relacionados con sus compañeros y la escuela se analizó la relación entre factores específicos relacionados con la familia, los compañeros y la escuela y los planes de suicidio anunciados por los propios adolescentes, y se llegó a la conclusión de que las probabilidades de suicidio eran significativamente mayores entre los escolares con antecedentes de intentos de suicidio en su familia, los que no estaban satisfechos con la relación con sus padres, los que vivían en familias de baja condición socioeconómica y los que habían sido testigos de violencia doméstica o no vivían con ambos padres biológicos. Entre los factores relacionados con los compañeros de escuela se encontraron mayores probabilidades de suicidio entre los encuestados que eran víctimas habituales de acoso escolar, los adolescentes con antecedentes de intentos de suicidio entre sus conocidos, los que carecían de amigos o tenían malas relaciones con sus amigos y los que presentaban un mal rendimiento académico. En la encuesta de 2018 sobre el comportamiento sanitario de la población adulta letona, el 47,2 % de los hombres y el 54,2 % de las mujeres respondieron que se habían sentido ocasionalmente tensos o que habían estado bajo mucha presión durante el último mes. El 0,6 % de los hombres y el 1,1 % de las mujeres respondieron que su vida era casi insoportable.
56.La salud maternoinfantil ha sido una de las prioridades desde 2010. El Ministerio de Salud ha establecido el Consejo Consultivo de Salud Maternoinfantil, una institución de consulta y coordinación destinada a prestar apoyo profesional (médicos, parteras y ONG) a fin de mejorar la política de salud maternoinfantil. Dicho Ministerio ha creado nuevas normas de calidad aplicables a los reconocimientos y exámenes médicos, así como requisitos aplicables a los especialistas y las instituciones médicas en el parto. Ha puesto en práctica un enfoque planificado y unificado con el fin de mejorar la salud de madres y niños, reducir su tasa de mortalidad y brindar una atención de alta calidad durante el embarazo y para los recién nacidos. En 2012, el Ministerio de Salud creó un sistema confidencial de auditoría de la mortalidad materna a fin de investigar la causa de la muerte de las madres durante el parto y formular recomendaciones a las instituciones de atención médica para evitar la repetición de errores en el futuro. El portal https://grutnieciba.lv/ ofrece información sobre salud reproductiva y sexual, así como información sobre los riesgos que entrañan los embarazos, el parto y el puerperio (párrafo 172 del informe periódico). En cooperación con los municipios, se procura mejorar la disponibilidad de servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades brindando conferencias educativas para docentes (sobre salud sexual y reproductiva); para mujeres (sobre salud reproductiva), y para jóvenes y futuros padres, en particular, quienes sufren exclusión territorial, económica y social. Se está realizando actualmente un programa pedagógico en museos sobre salud sexual y reproductiva, centrado en los adolescentes y, a fin de apoyar a los docentes en relación con el contenido de la educación sanitaria, se han creado películas educativas para los alumnos, material didáctico para todas las clases y recomendaciones metodológicas sobre la manera de educar sobre salud reproductiva, sobre el desarrollo sexual, sobre el establecimiento de relaciones y sobre las responsabilidades inherentes a la salud reproductiva y a las relaciones sexuales.
57.El Plan de Acción para Contener la Propagación del VIH, las Infecciones de Transmisión Sexual y la Hepatitis B y C para 2018-2020 incluye una gran variedad de actividades integrales de prevención y control del VIH, las infecciones de transmisión sexual y la hepatitis viral. En los centros de prevención del VIH de todo el país se realizan pruebas rápidas, se intercambian agujas y jeringas y se distribuyen preservativos. Los clientes tienen la posibilidad de recibir ayuda social y médica y de realizar consultas sobre enfermedades infecciosas y medidas de prevención. Esos servicios son gratuitos, anónimos y están dirigidos a los consumidores de drogas inyectables, los ex reclusos, los trabajadores sexuales y sus clientes, las personas sin hogar, las minorías étnicas y los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, entre otras personas. También hay servicios itinerantes de reducción de daños (con personal especialmente capacitado) que ofrecen pruebas rápidas, distribución de jeringas, preservativos y consultas cerca de los lugares de reunión de los grupos de riesgo. Según la legislación nacional, las mujeres embarazadas se someten voluntariamente a la prueba del VIH. Si la madre es seropositiva, la lactancia materna está contraindicada y se facilitan fórmulas para el bebé que, a partir de 2017, son financiadas con cargo al presupuesto del Estado.
58.En cuanto al acceso al tratamiento del VIH (terapia antirretrovírica), Letonia ha pasado del criterio de CD4<200 células/mm3 al enfoque de “prueba y tratamiento” que se aprobó en 2018. Cada persona infectada por el VIH puede recibir tratamiento antirretrovírico (no hay límites para las células inmunes CD4). Desde 2016 ha aumentado la disponibilidad de medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C y se efectúa un reembolso íntegro del costo de los medicamentos en alrededor del 95 % de los casos. A partir de agosto de 2019 se dispone de un nuevo servicio de apoyo para las personas que han dado positivo a las pruebas del VIH y/o la hepatitis C a fin de ayudar a estas personas a consultar con médicos y recibir servicios de salud y tratamiento más rápidamente. Desde 2019 los nuevos diagnósticos de VIH y casos de sida se comunican directamente al registro nacional de casos de VIH/sida incluido en un registro específico de pacientes, lo que permite una vigilancia epidemiológica más eficaz de dicha enfermedad. En 2016 se introdujo un nuevo registro para los pacientes con hepatitis C, que incluye datos sobre las vías de infección, el diagnóstico de la enfermedad, el grado de daño hepático, los regímenes terapéuticos y la evaluación dinámica del paciente, gracias a lo cual puede realizarse un mejor análisis del curso de la enfermedad y los resultados del tratamiento. Por consiguiente, el número de nuevos casos registrados de VIH y hepatitis B y C en Letonia está disminuyendo. La Comisión de Coordinación de la Prevención de la Propagación de la Infección por VIH, la Tuberculosis y las Infecciones de Transmisión Sexual funciona bajo los auspicios del Ministerio de Salud y ofrece opiniones profesionales sobre el control de la infección por VIH, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual y sobre cómo mejorar la normativa en esta esfera. El Gobierno también informa periódicamente a la sociedad sobre los riesgos de infección por el VIH y la hepatitis B o C.
59.En 2019, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción 2019‑2020 para la Limitación del Consumo y la Propagación de Drogas, en el que se prosigue la aplicación de medidas de prevención del consumo de drogas (conferencias y talleres para profesores, médicos, padres, profesionales del ámbito social, alumnos, etc.). El Plan tiene por objeto ampliar las posibilidades de tratamiento y hacerlas más accesibles a los consumidores de drogas (apertura de nuevos consultorios terapéuticos de sustitución de opiáceos, nuevos grupos de apoyo y psicoterapia para adolescentes, adaptación del programa de Minnesota para la puesta en marcha de instalaciones de atención ambulatoria, etc.). En Letonia, la narcología es una especialidad a la que se puede acceder directamente, y el tratamiento de los niños que padecen trastornos adictivos es gratuito y está financiado por el Gobierno; no obstante, antes de recibir ayuda narcológica, el niño tiene que obtener el consentimiento de uno de sus padres o de su tutor.
Derecho a la educación (anexo XX)
60.Letonia ha aplicado diversas medidas dirigidas a promover una gestión y un uso efectivos de los recursos en materia de educación. Recientemente, el Ministerio de Educación y Ciencia elaboró una propuesta de organización de la red de instituciones de enseñanza general, en la que se planteaba determinar el número mínimo de estudiantes de conformidad con la división territorial de Letonia, teniendo en cuenta la población del territorio específico y la reforma territorial administrativa prevista para 2021. El Ministerio de Educación y Ciencia sigue modernizando la infraestructura de las instituciones de enseñanza general con miras a crear entornos de aprendizaje ergonómicos, que cumplan los requisitos sanitarios, y a equipar a las escuelas con las tecnologías adicionales necesarias. Se prevé que al menos 100 instituciones de enseñanza general estén completamente modernizadas de aquí a 2023, y que entre el 20 % y el 25 % de los estudiantes tengan acceso a un entorno de aprendizaje totalmente modernizado.
61.A fin de garantizar que los maestros estén preparados para trabajar en el nuevo entorno y adoptar un contenido educativo basado en las competencias, el Gobierno ha elaborado un nuevo plan de formación de docentes, que ha comenzado a aplicar en cooperación con instituciones de enseñanza superior. El Gobierno ha organizado programas de pedagogía y ha introducido un nuevo programa de estudios para el personal docente. En enero de 2020, el Consejo de Ministros examinó el informe sobre la aplicación y desarrollo del programa de estudios basado en el trabajo para la preparación del cuerpo docente, que permite a los candidatos con educación superior presentarse para participar en un programa de estudios que les ofrecerá los conocimientos y aptitudes necesarios para convertirse en profesores. La mejora de la competencia profesional de los docentes se financia tanto mediante instrumentos financieros extranjeros como con cargo al presupuesto público, y apunta a reforzar las competencias profesionales y transversales; a mejorar las aptitudes de los profesores, los administradores y los supervisores del aprendizaje en el marco de la formación profesional, y a aplicar proyectos Erasmus+, promoviendo la interacción entre los profesores y mejorando sus lenguas extranjeras, entre otras cosas.
62.Desde marzo de 2017, en cooperación con los municipios y las instituciones estatales de formación profesional, el Servicio Nacional de Calidad de la Educación pone en práctica el proyecto 8.3.4. del FSE sobre la disminución del abandono escolar prematuro mediante la aplicación de medidas preventivas y de acción, dirigido a los estudiantes de enseñanza general y profesional que corren el riesgo de abandonar la escuela prematuramente, como los estudiantes romaníes y los estudiantes con necesidades especiales, ofreciéndoles acceso a asesoramiento especializado, mentores, clases adicionales y apoyo material (servicios de transporte y alojamiento y alimentación). Los datos derivados del seguimiento de los estudiantes romaníes muestran que el número de estudiantes romaníes que no han completado la educación primaria hasta los 18 años de edad ha disminuido significativamente. Teniendo en cuenta las necesidades educativas de las familias romaníes y los problemas que las afectan, se ha hecho hincapié en la formación de profesores auxiliares con antecedentes romaníes y en la publicación de manuales.
63.Para resolver los problemas de las listas de espera en las instituciones de educación preescolar, el Gobierno ha invitado a los municipios a formar grupos adicionales en las escuelas de enseñanza primaria, básica y secundaria, así como en los centros de niños y jóvenes. También están obligados a sufragar los gastos de los centros privados de educación preescolar en caso de que a un niño que haya cumplido un año y medio de edad y cuyo lugar de residencia declarado se encuentre en el territorio administrativo del municipio respectivo no se le haya asignado una plaza en un jardín de infancia municipal. Con arreglo a sus posibilidades presupuestarias, 21 municipios están proporcionando apoyo a las familias que utilizan los servicios de niñeras. Las instituciones privadas de educación preescolar reciben apoyo financiero para la compra de materiales didácticos.
64.Letonia promueve la integración de los estudiantes con necesidades especiales en las escuelas ordinarias. De conformidad con la Ley General de Educación, las instituciones educativas garantizan la prestación de apoyo adecuado a los estudiantes con necesidades especiales que se han matriculado en un programa de educación general elaborando planes individuales para cada educando con necesidades especiales matriculado. A los niños con necesidades especiales que asisten a instituciones de educación general y a sus padres se les brindan las mismas oportunidades de celebrar consultas, así como apoyo metódico para una educación inclusiva de calidad. Además, hay 12 centros de desarrollo de la educación especial en Letonia, lo que garantiza una distribución homogénea de los centros de desarrollo de la educación especial en todo el país. A partir del 1 de septiembre de 2020, los programas de educación básica especial para estudiantes con trastornos del desarrollo físico, enfermedades somáticas, trastornos del habla o trastornos del aprendizaje ya no pueden aplicarse en las instituciones de educación especial, sino que deben llevarse a cabo de manera inclusiva. Además, la Ley de Educación define la prohibición de la desigualdad de trato en la educación: todas las personas tienen derecho a la educación, independientemente de su situación económica o social; raza; nacionalidad; origen étnico; género; creencias religiosas o políticas; estado de salud; ocupación o lugar de residencia. Por consiguiente, no existen restricciones para que los menores no acompañados accedan a una educación de calidad en cualquier nivel.
65.El Ministerio de Educación y Ciencia ha empezado a introducir cambios en la manera de abordar la educación a fin de poder elaborar un contenido educativo basado en las competencias, promover un proceso de aprendizaje sostenible, que incluya un mejor conocimiento del idioma oficial, y preparar a los estudiantes para cursar estudios superiores o carreras. La transición de la enseñanza secundaria superior al letón como idioma de instrucción promoverá el éxito del proceso de aprendizaje y la aplicación del nuevo contenido educativo basado en las competencias, lo que también permitirá preservar el idioma y la cultura de las minorías étnicas. Letonia aborda la cuestión del idioma de instrucción con la diligencia debida para garantizar que la legislación esté en conformidad con sus obligaciones internacionales con respecto a las minorías; las reformas mencionadas no han afectado a los derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales a utilizar su idioma y preservar y desarrollar sus tradiciones y cultura. La cuestión de la reforma de la educación ha sido examinada por el Tribunal Constitucional en una serie de casos relativos a las modificaciones de la Ley General de Educación; dicho tribunal llegó a la conclusión de que las modificaciones respetaban los derechos de las minorías, el derecho a la educación y el principio de igualdad.
66.El desarrollo de los conocimientos informáticos es importante, ya que promueve la calidad de la educación y amplía las oportunidades para todos los estudiantes en función de la continua evolución del mercado laboral. Entre las principales medidas de política referidas al uso de la tecnología de la información en el proceso de aprendizaje cabe mencionar las siguientes: la introducción de un contenido de educación general basado en las competencias; el desarrollo profesional de los docentes, fortaleciendo sus competencias digitales; la mejora de la infraestructura; la facilitación de la cooperación mutua entre los docentes (red E-Twinning); el apoyo a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) y la captación de un mayor número de estudiantes que opten por esas ramas de estudio.
Derechos culturales (anexo XXI)
67.A la luz del reglamento núm. 331 del Consejo de Ministros sobre las normas de construcción LBN 208-15, “Obras públicas”, y de las normas establecidas por el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con respecto al diseño universal, el Ministerio de Bienestar Social elaboró en 2018 unas Directrices sobre Accesibilidad de los Edificios y Lugares Públicos. Dicho Ministerio determinó que las actividades culturales y de entretenimiento debían ser accesibles a todas las personas con discapacidad: participantes, espectadores, artistas, voluntarios, empleados. Esos edificios y lugares comprenden, entre otros, los siguientes: teatros, cines, salas de concierto, circos, clubes, discotecas, museos, galerías, edificios religiosos, salas de juego, bibliotecas, archivos.
68.Desde 2012, Letonia aplica varias medidas en pro de la integración de los romaníes. Tales medidas figuran en las Directrices para la Promoción de la Identidad, la Sociedad y la Integración Nacionales y en el consiguiente plan de acción. En la aplicación de las medidas de integración de los romaníes, Letonia adopta un enfoque selectivo y que tiene en cuenta la integración, especialmente en lo que respecta a la educación y la sociedad civil. En 2014, el Ministerio de Cultura estableció la Red regional de expertos para la integración de los romaníes, que actualmente cuenta con 19 miembros de distintos municipios. Esta red organiza regularmente reuniones regionales de expertos y visitas de buenas prácticas en los municipios; se consulta asimismo a los representantes de los romaníes sobre la protección de sus derechos e intereses. Desde 2015, Letonia ayuda anualmente a las ONG de las minorías a fortalecer su capacidad y facilita su cooperación con los municipios, los establecimientos culturales y otras entidades. Cada año, el Gobierno apoya las iniciativas de las ONG romaníes que permiten su integración y participación en la sociedad civil, por ejemplo, reduciendo los estereotipos negativos gracias a diálogos interculturales.
69.Según una encuesta realizada en 2017, el 84 % de los miembros de minorías en Letonia sienten una conexión o una conexión profunda con Letonia. El Ministerio de Cultura apoya regularmente la participación de las minorías en la sociedad civil y la preservación de su singularidad cultural y su desarrollo. En total, el 20 %, como mínimo, del presupuesto del Ministerio de Cultura se asigna anualmente a las políticas de integración social y a la integración de las minorías. Entre 2012 y 2018, aproximadamente 30.000 personas participaron en actividades culturales relacionadas con las minorías; entre 2014 y 2018, el Ministerio de Cultura ayudó a organizar unos 220 actos de ONG para fortalecer a las minorías en Letonia.