Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

64º período de sesiones

24 de septiembre a 12 de octubre de 2018

Tema 6 a) del programa provisional

Examen de los informes:

Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto

Lista de cuestiones relativa al sexto informe periódico de Alemania

Adición

Respuestas de Alemania a la lista de cuestiones * **

[Fecha de recepción: 6 de julio de 2018]

I.Información general

Cuestión 1

1.Desde su establecimiento en el año 2000, el Instituto Alemán de Derechos Humanos ha desempeñado la función de institución nacional de derechos humanos de conformidad con los Principios de París (anexo de la resolución de la Asamblea General A/RES/48/134, de 20 de diciembre de 1993). En todo el curso del procedimiento de acreditación se confirmó que el Instituto cumplía plenamente los Principios de París, especialmente con respecto a la independencia al estar clasificado en la categoría “A”.

2.Además, la condición jurídica del Instituto Alemán de Derechos Humanos, en su calidad de asociación registrada que puede desempeñar sus funciones como institución nacional de derechos humanos en forma independiente y sin quedar obligada en caso de recibir instrucciones, quedó sujeta a la ley federal de 16 de julio de 2015 (Diario de Leyes Federales, pág. 1194). El Instituto, como parte de sus funciones, sigue adoptando decisiones autónomas acerca de sus recursos financieros. Ello queda de manifiesto en el hecho de que, de conformidad con la ley mencionada, el Instituto se financia primordialmente con cargo al presupuesto del Bundestag. No hay en la junta de síndicos, que designa a los miembros del directorio ejecutivo, representantes de autoridades públicas que tengan derecho de voto.

3.Las funciones del Instituto Alemán de Derechos Humanos, de conformidad con los Principios de París, consisten en la información al público sobre cuestiones de derechos humanos, investigación y publicaciones académicas, asesoramiento de política, educación y promoción del diálogo con los órganos de derechos humanos competentes. Complementa ello su función de órgano de supervisión en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. En el desempeño de estas funciones, el Instituto trabaja en estrecha colaboración con las autoridades estatales a nivel de los Länder, federal y municipal.

4.Asimismo, de conformidad con la Ley Federal de Acceso a la Información (Ley de Libertad de Información), toda persona tiene derecho a recabar información oficial de las autoridades federales. Muchos de los Länder han promulgado para sus autoridades su propia ley de libertad de información.

5.En el período comprendido entre 2008 y 2016, el Gobierno federal prestaba apoyo institucional al Instituto Alemán de Derechos Humanos. El Gobierno federal o, a partir de 2016, el Bundestag aseguran a la institución su financiación básica. En ese período, el Gobierno federal aumentó su apoyo a la institución de 1.535.170,55 euros en 2008 a 2.510.000 euros en 2016. El aumento permitió también al Instituto reforzar su plantilla de personal. Desde principios del ejercicio financiero de 2016, el Instituto ha recibido subvenciones con cargo al presupuesto del Bundestag. Puede verse más información en el anexo 1.

Cuestión 2

6.El Plan de Acción sobre las Empresas y los Derechos Humanos enuncia ámbitos de acción para el Gobierno federal, el sector empresarial y la sociedad civil.

7.Se estableció un comité interministerial sobre las empresas y los derechos humanos, junto con un grupo de trabajo integrado por representantes de los círculos empresariales, sindicatos, la sociedad civil y diversos ministerios federales. Los derechos humanos han pasado a ocupar un lugar más independiente y visible en la promoción del comercio exterior, especialmente en los procedimientos de fiscalización de las garantías de inversión y el crédito a la exportación. Se han reforzado el personal y la estructura de la entidad nacional de contacto para las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se dio comienzo a un proceso para constatar qué sectores y regiones estaban particularmente expuestos a riesgos en este contexto y para formular directrices de acción en cada sector. En apoyo de la actividad empresarial, en un portal central de información de la entidad de contacto se pueden consultar las actividades del Gobierno federal (www.wirtschaft-menschenrechte.de). Se estableció un sitio de asistencia para proporcionar a las empresas asesoramiento inicial o remitirlas a otras instancias. Ha comenzado el proceso para reforzar la capacidad de las misiones diplomáticas en materia de información y asesoramiento.

8.El Gobierno federal espera que todas las empresas pongan debidamente en práctica los procesos (o las medidas) para cumplir sus obligaciones de diligencia debida en cuanto al respeto de los derechos humanos. En un proceso de seguimiento que comenzará en 2018 se pasará revista a ese cumplimiento. Si menos del 50% de las empresas con sede en Alemania que tengan más de 500 empleados han incorporado para 2020 los elementos básicos en sus procesos institucionales, el Gobierno federal actuará de conformidad con el acuerdo de coalición respecto de la legislación nacional y promoverá un reglamento con vigencia en toda la Unión Europea.

9.Quien considere vulnerados sus derechos por un acto realizado por una empresa alemana en el extranjero podrá señalarlo a la atención de los tribunales civiles que tengan competencia internacional en Alemania. La competencia de los tribunales alemanes para conocer de acciones contra empresas con sede en Alemania podrá establecerse en esos casos sobre la base del reglamento núm. 1215/2012 de la Unión Europea. Los tribunales alemanes dirimen las causas sobre la base del derecho sustantivo aplicable en virtud de las normas del derecho internacional privado (en particular el reglamento (EC) núm. 864/2007). Véase más información en el anexo 2.

10.A fin de indicar a los demandantes extranjeros en términos aún más claros cuáles son sus opciones en cuanto a la protección legal ante los tribunales civiles de Alemania, el Gobierno federal está preparando un folleto multilingüe de información sobre la aplicación del Plan de Acción sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Cuestión 3

11.Se procedió a un examen de los elementos de derechos humanos de todos los proyectos a los que se concedió una garantía de inversión en el período comprendido entre 2008 y 2015:

Número de proyectos:652;

Número de países:55.

12.Cuestiones de derechos humanos:

Un estudio previo, sobre la base de la Directiva 2011/92 de la Unión Europea para detectar riesgos ambientales (que pueden estar asociados a riesgos de derechos humanos), el interés en los valores de la biodiversidad, los bienes culturales, los pueblos indígenas y los proyectos que entrañen reasentamiento.

División en categorías, sobre la base de las establecidas para el proyecto en el estudio previo (categoría A = riesgo alto, categoría B = riesgo mediano, categoría C = riesgo bajo). Había en el período 30 proyectos de la categoría A, 203 de la categoría B y 419 de la categoría C.

Estudio y parámetros: para los proyectos de la categoría A, las normas del Grupo del Banco Mundial en todos sus aspectos sociales o de derechos humanos; para los proyectos de la categoría B, las normas nacionales del país del proyecto. Si en el marco de la investigación y el estudio generales para el proyecto se encontraban otros aspectos de derechos humanos, de todas maneras se tenían en cuenta cualquiera que fuera la categoría (también los proyectos de la categoría C).

Seguimiento, presentación de informes anuales a la autoridad federal sobre los proyectos de las categorías A y B y cumplimiento de las condiciones de la garantía.

13.En 2017 se sistematizó más el estudio de los aspectos de derechos humanos al ampliarlo al contexto de derechos humanos y los riesgos del sector. Se tomaron como parámetro para todas las auditorías las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional y se tuvo en cuenta el cumplimiento de los requisitos del Plan Nacional de Acción sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Se encontrará una lista de los países en el anexo 3.

14.La entidad nacional de contacto para las directrices de la OCDE relativas a las empresas multinacionales no ha recibido reclamaciones con respecto a proyectos para los cuales se haya concedido una garantía de inversión.

Cuestión 4

15.En razón del Acuerdo de París y del plan de reducir a cero las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en la segunda mitad del siglo en curso, actualmente los países industrializados y, por lo tanto, también la Unión Europea y Alemania, tienen que alcanzar en una etapa temprana el objetivo de la neutralidad de esos gases. Por lo tanto, la política de acción climática de Alemania se basa en el concepto de una extensa neutralidad de los gases de efecto invernadero para 2050. El objetivo a mediano plazo del Gobierno federal consiste en reducir las emisiones de esos gases en Alemania para 2030 a más tardar en por lo menos un 55% en comparación con los niveles de 1990. Actualmente vemos con claridad cuan ambicioso es este objetivo para una nación industrial como Alemania. Ha resultado difícil dar el primer paso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en por lo menos un 40% para 2020. En consecuencia, el Gobierno está tomando las medidas que se indican a continuación. En aplicación del plan de protección del clima, el Gobierno federal está preparando un programa de medidas dirigidas a alcanzar para 2030 los objetivos en materia de acción climática. En este contexto, se estableció una comisión sobre crecimiento, cambio estructural y empleo, que ha de preparar para diciembre de 2018 una hoja de ruta para la eliminación gradual del carbono que pueda servir a fin de alcanzar los objetivos en materia de acción climática a corto, mediano y largo plazo. La comisión preparará también propuestas relativas al desarrollo estructural de las regiones que corresponda con miras a impulsar el crecimiento y el empleo. En 2019 el Gobierno federal promulgará legislación para asegurar el cumplimiento de las metas de acción climática para 2030.

16.Alemania anunció una contribución de 750 millones de euros para la primera reposición de fondos del Fondo Verde para el Clima, de los cuales ya se han desembolsado 562,5 millones.

II.Cuestiones relativas a las disposiciones generales del Pacto (arts. 1 a 5)

Máximo de los recursos disponibles (art. 2, párr. 1)

Cuestión 5

a)Los niveles de desigualdad, entendidos como la proporción entre el total de ingresos acumulados por el 10% más rico de la población y el total de ingresos del 40% más pobre.

17.En el cuadro siguiente se muestra la evolución del coeficiente entre el ingreso neto equivalente del 10% más rico de la población y el ingreso neto equivalente del 40% más bajo, el coeficiente de Palma, en los diez últimos años.

Coeficiente de Palma
Año	Fuente
SOEP 1	EU-SILC 1
2005	1 , 063	-
2006	1 , 036	-
2007	1 , 057	-
2008	1 , 034	1 , 066
2009	0 , 995	1 , 070
2010	1 , 010	1 , 046
2011	1 , 027	1 , 013
2012	1 , 033	1 , 087
2013	1 , 059 2	1 , 122
2014	1 , 044	1 , 099
2015	1 , 069	1 , 070

Fuentes: SOEP wave v33.1, EU-SILC, cálculos propios de la IAW.

Valores en que se tienen en cuenta las propiedades residenciales ocupadas por el dueño .

1 Año en que se devengó el ingreso .

2 Corte en la serie debido a una revisión del diseño de la muestra .

18.En los cuadros siguientes se encontrarán otras mediciones de la distribución que figuran en el informe del Gobierno federal de Alemania sobre indicadores de pobreza y riqueza. Los cuadros se pueden consultar en: http://www.armuts-und-reichtumsbericht.de/DE/Indikatoren/Gesellschaft/Einkommensverteilung/einkommensverteilung.html.

b)Proporción del ingreso público que se financia con impuestos.

19.Cuadro

Año	Total (1)	Ingresos	Impuestos como proporción de los ingresos
Incluidos los gravámenes
Total (2)	Impuestos (3)	Aportaciones sociales netas (4)
2006	1 028 495	920 515	516 303	404 212	50 , 2
2007	1 080 805	967 299	563 028	404 271	52 , 1
2008	1 111 692	993 590	581 141	412 449	52 , 3
2009	1 090 918	965 822	550 207	415 615	50 , 4
2010	1 110 315	977 964	551 784	426 180	49 , 7
2011	1 182 702	1 036 781	594 526	442 255	50 , 3
2012	1 220 853	1 074 869	620 548	454 321	50 , 8
2013	1 259 033	1 111 363	646 332	465 031	51 , 3
2014	1 308 336	1 150 633	668 655	481 978	51 , 1
2015	1 354 271	1 198 826	698 008	500 818	51 , 5
2016	1 414 231	1 255 705	731 950	523 755	51 , 8
2017	1 474 566	1 315 292	767 225	548 067	52 , 0

c)Tasas de los impuestos sobre los beneficios de las empresas, sobre la renta de las personas físicas y sobre el valor añadido (IVA) (excepto el IVA sobre los artículos suntuarios, el tabaco y el alcohol, las bebidas azucaradas y los refrigerios y la gasolina), respectivamente, y porcentaje de los ingresos totales que obedece a la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas que representan el 10% más rico de la población.

20.Carga arancelaria en las utilidades del impuesto sobre las sociedades y el impuesto sobre el comercio en:

2008-2017: 29,83%.

21.Carga sobre los empleados con un solo salario y sin hijos que pagan el impuesto sobre la renta y hacen aportaciones al seguro social:

2006: 42,5%, 2009: 41,2%, 2010: 39,2%, 2011: 39,8%, 2012: 39,8%, 2013: 39,4%, 2014: 39,5%, 2015: 39,6%, 2016: 39,7%.

22.Carga sobre los empleados que pagan el impuesto sobre la renta y hacen aportaciones al seguro social en el caso de matrimonios con dos hijos y un solo salario de cuantía media:

2006: 22,6%, 2009: 20,6%, 2010: 19,6%, 2011: 20,8%, 2012: 21,0%, 2013: 20,8%, 2014: 20,9%, 2015: 21,1%, 2016: 21,3%.

23.Tasas del IVA en 2008-2017: tasa normal 19%, tasa reducida 7%.

d)El gasto público como porcentaje del producto interno bruto y, dentro del gasto público total, la proporción del presupuesto público que se destina a prioridades sociales (educación, alimentación, salud, agua y saneamiento y vivienda).

24.Observación preliminar: los datos de la CFG de que dispone la Oficina Federal de Estadística llegan al nivel de dos dígitos. No se dispone de información más detallada, de manera que no es posible incluir la categoría “Nutrición” (alimentos). El gasto público que figura aquí en la partida vivienda no incluye los préstamos subvencionados. Tampoco se tiene en cuenta el gasto público por concepto de apoyo financiero directo a la familia para vivienda, porque está incluido en los datos de la CFG como “prestaciones sociales en dinero”. Los “gastos de alojamiento” en el contexto del SGB II y el SGB XII, por ejemplo, los subsidios de vivienda, ascendían en 2015 a un total de 16.800 millones de euros (véase “Dritter Bericht der Bundesregierung über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland” (“Tercer informe del Gobierno federal sobre la vivienda y el sector inmobiliario en Alemania”)) y, por lo tanto, el valor es muchas veces superior al basado en datos de la CFG.

25.En los cuadros siguientes se indica el gasto en cada partida de la CFG como proporción del gasto total (presupuesto) y del PIB. Estos resultados no están ajustados en función de los precios.

Gasto público por partida (nivel de dos dígitos de la CFG) como porcentaje del presupuesto público	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Educación	9 , 1	9 , 0	9 , 1	9 , 2	9 , 6	9 , 5	9 , 6	9 , 6	9 , 6	9 , 5
Nutrición (alimentos)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Salud	14 , 8	14 , 8	15 , 0	14 , 7	15 , 2	15 , 4	15 , 7	16 , 1	16 , 3	16 , 2
Agua y saneamiento (manejo de aguas de desechos)	0 , 4	0 , 4	0 , 3	0 , 3	0 , 3	0 , 3	0 , 3	0 , 3	0 , 3	0 , 3
Agua y saneamiento (abastecimiento de agua)	0 , 1	0 , 1	0 , 1	0 , 1	0 , 1	0 , 1	0 , 1	0 , 1	0 , 1	0 , 1
Vivienda	1 , 0	0 , 9	0 , 6	0 , 5	0 , 4	0 , 3	0 , 2	0 , 2	0 , 2	0 , 1
Educación	3 , 90	3 , 91	4 , 31	4 , 35	4 , 28	4 , 21	4 , 27	4 , 24	4 , 19	4 , 21
Nutrición	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Salud	6 , 32	6 , 44	7 , 11	6 , 97	6 , 80	6 , 82	7 , 04	7 , 15	7 , 15	7 , 17
Agua y saneamiento (manejo de aguas de desechos )	0 , 16	0 , 15	0 , 16	0 , 14	0 , 14	0 , 14	0 , 15	0 , 14	0 , 14	0 , 14
Agua y saneamiento (abastecimiento de agua)	0 , 03	0 , 03	0 , 03	0 , 03	0 , 03	0 , 03	0 , 03	0 , 03	0 , 03	0 , 03
Vivienda	0 , 43	0 , 38	0 , 30	0 , 22	0 , 16	0 , 11	0 , 09	0 , 07	0 , 07	0 , 06

e)Niveles absolutos del gasto en esas prioridades sociales ajustados a la inflación.

26.Observación preliminar: la Oficina Federal de Estadística (Destatis) no ha determinado la cuantía del gasto según la CFG ajustada en función de los precios. Con respecto a los datos de la CFG disponibles y a la partida “Nutrición”, véase la observación preliminar en el apartado d).

Gasto público del Estado por partida (nivel de dos dígitos de la CFG) en términos absolutos (miles de millones de euros)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Educación	98 , 007	100 , 253	105 , 935	112 , 339	115 , 779	116 , 135	120 , 679	124 , 349	127 , 607	132 , 335
Nutrición (alimentos)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Salud	158 , 914	165 , 057	174 , 999	179 , 782	183 , 720	188 , 042	198 , 885	209 , 648	217 , 545	225 , 324
Agua y saneamiento (manejo de aguas de desechos)	3 , 990	3 , 967	3 , 855	3 , 717	3 , 815	3 , 882	4 , 156	4 , 222	4 , 204	4 , 428
Agua y saneamiento (abastecimiento de agua)	0 , 798	0 , 793	0 , 718	0 , 731	0 , 771	0 , 811	0 , 837	0 , 843	0 , 860	0 , 900
Vivienda	10 , 898	9 , 700	7 , 427	5 , 661	4 , 380	3 , 107	2 , 486	2 , 133	2 , 029	1 , 957

No discriminación (art. 2, párr. 2)

Cuestión 6

27.Tras una etapa inicial y en el marco de los recursos provisionales de que se disponía, a principios de 2011 se llevó a cabo una evaluación de la Agencia Federal de Lucha contra la Discriminación, que puso de manifiesto otras necesidades, en particular de recursos de personal. Como resultado, desde 2011 el Gobierno federal ha venido aumentando constantemente el presupuesto y la plantilla de personal de la Agencia. Por ejemplo, el presupuesto de 2011 era de 2,64 millones de euros y para el ejercicio en curso de 2018 se han previsto 4,426 millones de euros. En 2011, la Agencia tenía 17 puestos de plantilla y, en el ejercicio financiero en curso ya hay 27 puestos. Ello pone de manifiesto la labor realizada por el Gobierno federal para dotar adecuadamente a la Agencia de los recursos que necesita para desempeñar sus funciones.

28.La Agencia Federal de Lucha contra la Discriminación presta asistencia a quienes la solicitan para hacer valer sus derechos en forma independiente respecto de la protección contra la discriminación. En particular, puede proporcionar información sobre reclamaciones y las posibilidades de acciones judiciales en el contexto de las normas legales relativas a la protección contra la discriminación. Puede hacer que otras fuentes presten asesoramiento y tratar de que las partes en la diferencia lleguen a una solución amistosa.

29.La Agencia Federal de Lucha contra la Discriminación, siempre que ello no redunde en desmedro de la competencia de un comisionado del Gobierno federal o del Bundestag, desempeña funciones de relaciones públicas, aplica medidas para prevenir la discriminación y formula recomendaciones para erradicar y evitar la discriminación de conformidad con la Ley General de Igualdad de Trato, además de efectuar investigaciones académicas en la materia.

Cuestión 7

30.Con arreglo a la Ley General de Igualdad de Trato, el trato diferenciado por razones de religión o creencia es admisible en ciertas condiciones a los efectos del derecho de libre determinación de la iglesia o si constituye una necesidad profesional legítima, habida cuenta de la índole del puesto. La prohibición de discriminación por motivos de religión no afecta al derecho de las comunidades religiosas, sus instituciones conexas (cualquiera que sea su forma legal) o las asociaciones que tengan por cometido la promoción colectiva de una religión o sistema de creencias a exigir que sus empleados se comporten en forma leal y sincera de conformidad con la imagen que ellos mismos se asignan.

31.Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal (BVerfG), las propias iglesias pueden determinar si exigen que los postulantes a un determinado puesto profesen una determinada religión. El derecho de las iglesias a la libre determinación, válido en el contexto de la legislación general, está sujeto a revisión judicial a los efectos de determinar si es plausible y no es arbitrario.

32.Sin embargo, en la causa Egenberger (núm. C-414/16), de 17 de abril de 2018, relativa a la cuestión de si el postulante a un cargo en una iglesia debe profesar una determinada religión, el Tribunal Europeo de Justicia dictaminó que el derecho de las iglesias a la autonomía debía ponderarse con el derecho de los empleados a la no discriminación y que la decisión debía quedar sujeta a revisión judicial. Por lo tanto, los requisitos fijados por una organización eclesiástica tenían que ser objetivos y proporcionales a sus fines. En la medida de lo posible, la legislación nacional debía interpretarse de conformidad con la de la Unión Europea. En vista del fallo el Tribunal Europeo de Justicia en esa causa, el Tribunal Federal del Trabajo (BAG) ha de fallar en la acción incoada por Egenberger para obtener una indemnización.

33.Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, el derecho de libre determinación consagrado en la Constitución confiere a las iglesias el derecho de imponer ciertas exigencias respecto de la conducta profesional y personal de sus empleados (obligaciones de lealtad) de conformidad con la imagen que ellas mismas se asignan. Ello se aplica en particular a los empleados que sean miembros de la iglesia de que se trate.

34.El Tribunal Europeo de Justicia está conociendo actualmente de la causa IR/JQ, núm. C-68/17, en la que se hará referencia a la cuestión del alcance de las obligaciones de lealtad a que dan lugar las relaciones de trabajo con una iglesia. Está por verse cómo ha de dirimir el Tribunal esta cuestión.

Cuestión 8

35.En diversos análisis de las estadísticas sobre operaciones quirúrgicas y diagnósticos hechos por la Oficina Federal de Estadísticas, en estudios de los hospitales correspondientes y en el estudio “Zur Aktualität kosmetischer Operationen ‘uneindeutiger’ Genitalien im Kindesalter” (Acerca del estado actual de las operaciones cosméticas de genitales “ambiguos” en la infancia), financiado por el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, las Personas de Edad, las Mujeres y los Jóvenes y preparado por el Dr. Ulrike Klöppel y la Profesora Sabine Sabisch, se ha demostrado que en el período que se examina, de 2005 a 2014, no ha habido cambios de importancia en esas operaciones.

36.Cabe observar, con respecto a los análisis y estudios que se han mencionado, que no existe una definición uniforme de intersexualidad y se emplean distintas definiciones.

37.El estado de los conocimientos relativos a las necesidades de apoyo y asistencia psicológica de los niños intersexuales y sus familiares se ha corroborado en encuestas científicas, estudios y un intercambio público de opiniones entre expertos. Los resultados se pueden consultar en el sitio web del Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, las Personas de Edad, las Mujeres y los Jóvenes. Se está preparando un portal de información en línea que proporcionará información sobre la cuestión y servicios de asesoramiento y apoyo en todo el país. El Ministerio proporcionó fondos para el folleto titulado “Weiblich? Männlich? – Ihr intergeschlechtliches Kind”, preparado por la organización no gubernamental Queer Leben y que obedece al propósito de informar a los familiares de niños intersexuales, así como a médicos y psicólogos especializados y a otros grupos profesionales, como obstetras, educadores y consejeros familiares, acerca de dónde encontrar apoyo y asesoramiento, así como de formular una directriz para los centros de asesoramiento de personas intersexuales y transexuales a través de la asociación federal de apoyo a la familia.

38.En noviembre de 2013 entró en vigor el artículo 22, párrafo 3, de la Ley de Estado Civil (PStG’), que abre la posibilidad de registrar el nacimiento de un niño sin indicar el género si no es posible asignar uno al niño de que se trate. No se sabe qué efectos surtirá la nueva norma en cuanto a la situación de los bebés y los niños intersexuales. El Instituto Alemán de Derechos Humanos reunió datos como parte de su informe sobre la legislación en materia de diversidad de género encomendado por el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, las Personas de Edad, las Mujeres y los Jóvenes. Según esos datos, no se dejó constancia del género en el caso de 12 certificados de nacimiento expedidos en todo el país en el período comprendido entre noviembre de 2013 y noviembre de 2015.

39.En junio de 2017, el Consejo Federal de Ministros aprobó un plan nacional de acción contra el racismo, que fue ampliado para incluir las cuestiones de la homofobia y la transfobia. En el anexo 4 se encontrará más información.

40.Alemania ha ratificado asimismo el Convenio del Consejo de Europa relativo a la prevención y la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (el Convenio de Estambul), que obliga a las partes contratantes a proteger la identidad de género de las víctimas. El Convenio entró en vigor el 1 de febrero de 2018.

41.En el contexto del servicio de denuncias a la policía criminal de delitos por motivos políticos, los datos policiales relativos a los delitos de odio se recopilan cada año en estadísticas preliminares que prepara la Oficina Federal de Policía Criminal. Desde 2011 se han recopilado en forma separada los delitos cometidos en razón de la orientación o la identidad sexual.

42.A partir de 2018 se preparará una nueva estadística que reunirá datos judiciales a nivel federal acerca de los casos de crímenes de odio. Se consignarán en forma separada los casos de delitos cometidos en razón de la orientación o la identidad sexual.

43.Con arreglo a lo dispuesto en la Ley General de Igualdad de Trato, se prohíbe que el derecho del trabajo o el derecho civil dispongan un trato desventajoso en razón de la identidad sexual o de género.

44.Desde 2015 se han financiado o previsto para los años venideros 12 proyectos (véase el a nexo 4), por un importe total de 1.518.496,61 euros como parte de la labor normativa transectorial sobre los estilos de vida homosexuales y la diversidad de género.

45.En el marco del programa general titulado “¡Democracia viva! (“Demokratie leben!”) se financiarán otras 12 medidas (véase el a nexo 4) por un importe total de 7.008.669,53 euros, que contribuirán a la aceptación de los estilos de vida homosexuales, transexuales e intersexuales, ayudarán a reducir los prejuicios contra esos grupos y estarán dirigidas contra la discriminación y la violencia por motivos de género, identidad de género u orientación sexual.

Igualdad de derechos entre hombres y mujeres (art. 3)

Cuestión 9

46.La Ley de Participación Igualitaria de Mujeres y Hombres en los Puestos Directivos del Sector Privado y la Administración Pública estipula un cupo fijo de género del 30% a partir del 1 de enero de 2016 para nombrar nuevos miembros de puestos directivos en las entidades enumeradas en ella y en las que la administración y los trabajadores participan en la adopción de decisiones. Las entidades enumeradas o que están sujetas a ese régimen respecto de los puestos directivos tienen que fijar metas respecto del porcentaje de mujeres que habrá en la junta de supervisión, en la junta directiva y en los dos niveles más altos de administración por debajo de la junta directiva. Además, se modificó la Ley Federal de Igualdad entre los Géneros para establecer los cargos de tres funcionarios adjuntos de igualdad de oportunidades en los grandes organismos e instituir un índice de igualdad entre los géneros aplicable a las autoridades federales más altas. En el nuevo texto de la Ley de Nombramientos en los Órganos Federales se dispone que, en el caso de los órganos de supervisión en que la Federación tenga derecho a por lo menos tres puestos, el nombramiento de los representantes de la Federación quedará sujeto a partir de 2016 a un cupo de género del 30% que subirá al 50% a partir de 2018. En el caso de los órganos más importantes en que la Federación únicamente pueda designar dos miembros, deberá cumplirse el cupo general. La proporción de mujeres en las juntas de supervisión sujetas al cupo fijo es del 31,9% (2018) y, en el caso de las juntas ejecutivas de todas las entidades comprendidas en la Ley es del 6,1% (2015). En la Administración Federal en su conjunto, el 33% de todos los puestos de dirección están ocupados por mujeres (2015). La proporción de mujeres en los órganos cuyos miembros designa la Federación es del 40,9% (2015) y del 41,9% en el caso de los órganos más importantes (2015).

47.En el anexo 5 se encontrará más información sobre las nuevas disposiciones de la Ley General de Igualdad entre los Géneros (2015) que facilitan el reparto de las responsabilidades de cuidado en la familia.

III.Cuestiones relativas a disposiciones específicas del Pacto (arts. 6 a 15)

Derecho a trabajar (art. 6)

Cuestión 10

a)Velar por que todos los empleadores que cuenten con un promedio de por lo menos 20 trabajadores al año cubran al menos un 5% de su fuerza de trabajo con personas con discapacidad grave, como lo exige la ley, particularmente en el sector privado.

48.Los empleadores que no contraten el número exigido por la ley de personas con discapacidad grave tienen que pagar un gravamen compensatorio por cada puesto no cubierto en contravención de la ley (artículo 160 del Título IX del Código Social). Todos los empleadores deben presentar informes con arreglo al artículo 163 del Título IX del mencionado Código.

49.Además, las medidas instituidas para que los empleadores cobren más conciencia de la cuestión y para proporcionarles información y asesoramiento (en particular, “Inklusion gelingt” (Trabajo inclusivo) y “Wirtschaft inklusiv” (Negocios inclusivos), véase el sexto informe del Estado parte (E/C.12/DEU/6, anexo 5)) sirven para convencer a un mayor número de empleadores de que presten apoyo a la formación profesional y el empleo de personas con discapacidad y les ayudan a su vez a cumplir su obligación de contratar personas con discapacidad grave.

b)Tomar medidas para que el mercado laboral sea más inclusivo para las personas con discapacidad, en particular en lo que respecta a la formación profesional y la accesibilidad en el lugar de trabajo.

50.Sírvanse ver el sexto informe del Estado parte (E/C.12/DEU/6), párrafos 47 a 53, y el anexo 5 del mismo informe. Cabría además mencionar la“Inklusionsinitiative II – AlleImBetrieb” (Iniciativa de inclusión II – Todos en el lugar de trabajo), por la cual se asignan 150 millones de euros para crear nuevos puestos de trabajo y puestos de formación profesional en empresas inclusivas en virtud del artículo 215 del Título IX del Código Social.

c)Mejorar las condiciones laborales de las personas con discapacidad que trabajan en talleres protegidos y aumentar la tasa de inserción de esos trabajadores en el mercado de trabajo general. Sírvanse también facilitar datos estadísticos desglosados por sexo, tipo de discapacidad y sector, según proceda, sobre la cantidad de personas con discapacidad grave empleadas en virtud del cupo del 5% y sobre el porcentaje de personas con discapacidad que han encontrado empleo.

51.Las medidas de orientación profesional para jóvenes con discapacidad procuran ya en primer lugar evitar la transición a talleres protegidos, cuando sea posible, y ofrecer otras posibilidades, como el empleo asistido.

52.En la Ley Federal de Participación se han introducido numerosas mejoras para los empleados en talleres:

El importe de la prestación de promoción del empleo ha subido al doble.

Los salarios se deducen de las prestaciones de apoyo al ingreso básico en menor medida que antes.

Se han reforzado los derechos de los consejos de taller, especialmente mediante la institución de un derecho a la determinación conjunta de cuestiones que revistan especial importancia.

Se han instituido en todos los talleres protegidos cargos de funcionarias.

Se ofrecen a las personas con discapacidad que anteriormente solo podían participar en la vida laboral en un taller protegido otras posibilidades a través de la institución de otros proveedores de servicios y del “Presupuesto para Empleo”, que permite prestar apoyo a la transición al mercado general de trabajo en la forma de un subsidio de un importe alto y de larga duración para los gastos de mano de obra y ofrecer asesoramiento y apoyo en el lugar de trabajo.

53.El apoyo a los lugares de trabajo inclusivos que se dispone en el artículo 215 del Título IX del Código Social (véase la respuesta al párrafo 20 b)) apunta también a facilitar la transición de los talleres al mercado general de trabajo. La posibilidad de que las empresas inclusivas tengan preferencia en la adjudicación de contratos públicos refuerza asimismo su posición en el mercado (artículo 224, párrafo 2, del Título IX del Código Social).

54.La obligación de emplear personas con discapacidad grave que impone el artículo 154 del Título IX del Código Social es aplicable a los puestos vacantes. En ciertas circunstancias, se autoriza que un empleado con discapacidad grave cuente a los efectos de cumplir con los tres puestos obligatorios (artículo 159 del Título IX del Código Social). En consecuencia, la información sobre el sistema de empleo obligatorio únicamente puede indicarse en puestos y no en personas.

55.En 2016 los empleadores estaban obligados a cubrir un total de 1.115.615 puestos obligatorios, de los cuales no se cubrieron 274.466. Véase en el a nexo 6, cuadro 1, información sobre los puestos obligatorios y los cupos de empleo, desglosada por sector.

56.Los empleadores sujetos a puestos obligatorios contrataron en 2016 a 1.051.492 personas con discapacidad grave o en situación equivalente. De ellas, 576.408 eran hombres y 475.084 eran mujeres; véase también el a nexo 6, cuadro 2.

57.No se reúnen estadísticas sobre el tipo de discapacidad de los empleados. La única fuente de datos es el proceso de presentación de informes indicado en el artículo 163, párrafo 2, del Título IX del Código Social. En ese proceso se reúnen datos sobre el tipo de discapacidad, ya que el empleado tiene que proporcionar al empleador información acerca del tipo de discapacidad que tiene. Por motivos de protección de los datos, ello no es apropiado.

Cuestión 11

58.La Ley por la que se modifican la Ley de Empleo Temporal y otras leyes (Gaceta Federal I 2017, pág. 257), que entró en vigor el 1 de abril de 2017, contiene diversas medidas para reforzar la protección laboral y social de los trabajadores temporales. En particular, estos perciben en principio la misma remuneración que el personal permanente por el mismo trabajo tras un período de 9 meses por lo menos (igualdad de remuneración). En el futuro únicamente podrá hacerse excepción al principio de igualdad de remuneración durante más de 9 meses cuando sea aplicable un acuerdo colectivo complementario que incluya ciertas salvaguardias sociales. En particular, transcurridas 6 semanas debe comenzar un aumento gradual de la remuneración y, transcurridos 15 meses, el importe de la remuneración debe ser, según el acuerdo colectivo, igual al de la remuneración en el sector. Otras medidas importantes incluyen una duración máxima del empleo de 18 meses en principio, con la posibilidad de hacer excepción a ello en los acuerdos colectivos vigentes para el sector, y una prohibición de utilizar trabajadores temporales para romper huelgas, así como una aclaración legal sobre la inclusión de los trabajadores temporales en los umbrales con que operan los consejos laborales y en la determinación conjunta de cuestiones de interés. Por otra parte, se fijan nuevas obligaciones en materia de divulgación previa de empleos temporales, que aumentan la transparencia y la certeza legal para todas las partes y prohíben que se utilicen posteriormente permisos “almacenados” para suministrar personal temporal en los casos en que el trabajo temporal se haga pasar por contratos de servicios.

59.La Ley de Trabajo Temporal de Alemania, incluidas las nuevas modificaciones, es aplicable a todos los trabajadores temporales en el país, lo que significa que los trabajadores migratorios tienen los mismos beneficios que los nacionales. Las disposiciones de la Ley no hacen distinción alguna sobre la base de la nacionalidad o el origen del trabajador temporal o de si la agencia de trabajo temporal está registrada en el extranjero. La oferta transfronteriza de trabajadores temporales de países que estén situados fuera de la Zona Económica Europea no es posible porque únicamente las agencias de trabajo temporal registradas dentro de esta Zona pueden recibir el permiso necesario del servicio alemán de empleo para proveer personal temporal.

60.Las agencias de trabajo temporal necesitan un permiso expedido por la Dirección Federal del Trabajo. El incumplimiento de las nuevas disposiciones constituye delito administrativo y se pueden imponer multas de hasta 500.000 euros. El servicio público de empleo (la Dirección Federal del Trabajo) y la Administración de Aduanas son los responsables de detectar infracciones e imponer sanciones. Además, las agencias de trabajo temporal, tanto alemanas como extranjeras, están sujetas a verificaciones periódicas o extraordinarias por parte de la Dirección Federal del Trabajo. Las consecuencias en el caso de que una agencia de trabajo temporal incumpla la ley son proporcionadas a la índole de la infracción y pueden incluir el retiro de la autorización necesaria para proveer de personal temporal. La Ley estipula además que, en caso de incumplimiento de la norma sobre la duración máxima del trabajo y las nuevas obligaciones de revelación de información, la relación laboral del trabajador proporcionado por la agencia pasa a la empresa que lo contrata.

61.De los aproximadamente 970.000 trabajadores temporales acogidos al seguro social obligatorio en junio de 2017, unos 700.000 eran hombres y unas 270.000 mujeres. En todos los casos de relación laboral temporal que existían al 30 de junio de 2017, fecha tomada como referencia, el trabajador había estado empleado menos de seis meses en una tercera parte de los casos, entre seis meses y un año en una sexta parte de los casos y más de un año en casi la mitad de los casos (f uente: Dirección Federal de Empleo).

Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias(art. 7)

Cuestión 12

62.Los métodos de hacer distinciones entre salarios mínimos sobre la base de las circunstancias especiales de las familias o de ajustar el salario mínimo a las necesidades de una familia mediana no reflejan los convenios ni la situación en la República Federal de Alemania. En el sistema alemán, el salario mínimo apunta a garantizar un nivel mínimo de protección al trabajador. El artículo 9, párrafo 3, de la Constitución dispone que las partes celebren acuerdos colectivos para que los trabajadores reciban una parte adecuada de las utilidades de la empresa y para que, cuando sea aplicable, se atiendan las necesidades de los familiares de los trabajadores. El sistema social alemán estipula asimismo beneficios adicionales para los familiares si no se satisfacen sus necesidades (Títulos II y XII del Código Social).

63.El importe del salario mínimo general se ajusta cada dos años sobre la base de una propuesta de la Comisión del Salario Mínimo, integrada por 3 representantes de la federación de empleadores, 3 de la federación de empleados, 1 presidente y 2 académicos sin derecho a voto. En la Ley del Salario Mínimo se enuncian los criterios para la propuesta de la Comisión, a saber, una protección mínima adecuada para los trabajadores, condiciones competitivas justas y que se apliquen en la práctica y efectos en el empleo. También hay que tener en cuenta la situación económica y la productividad. La propuesta de la Comisión sigue, con un desfase, las tendencias en los salarios fijados en acuerdos colectivos.

64.El Gobierno federal no tiene todavía datos fidedignos acerca de los índices exactos de cumplimiento con el salario mínimo. Véase más información en el a nexo 7.

65.El Instituto Alemán de Investigaciones Económicas (DIW), utilizando cálculos basados en los del Grupo Socioeconómico (SOEP), llegó a la conclusión de que en los seis primeros meses de 2016 el salario contractual por hora de alrededor de 1,8 millones de trabajadores seguía estando por debajo del límite legal de 8,50 euros brutos por hora. Los más perjudicados eran quienes tenían empleos marginales.

66.Esas cifras son considerablemente más altas que las de los cálculos de la Oficina Federal de Estadística, que utilizó la Comisión del Salario Mínimo. Sin embargo, el propio DIW menciona la falta de certeza de los datos de la encuesta. Por otra parte, no se preguntaba a los participantes cuál era su salario por hora y este se calculaba sobre la base de información acerca de los horarios de trabajo.

67.Los resultados de las verificaciones de las autoridades aduaneras dan a entender que, en los casos de incumplimiento, cabe un papel importante al registro incorrecto de los horarios de trabajo y los recesos.

Cuestión 13

68.La Ley sobre Cambios en el Empleo Marginal, de 5 de diciembre de 2012, instituyó en principio en el sistema legal de seguro de pensión un seguro obligatorio para el empleo marginal ejercido a partir de 2013, que es aplicable también a los trabajadores domésticos en situación de empleo marginal (alrededor de 300.000 en 2016). Quienes desempeñan un empleo de esta índole y tienen seguro obligatorio, a menos que pidan quedar exentos de él, tienen derecho a todas las prestaciones de pensión, que incluyen, por ejemplo, una pensión por la pérdida de capacidad para ganarse la vida. Desde que se instituyó el seguro obligatorio, una proporción considerablemente más alta de gente que ejerce empleos marginales ha optado por acogerse al sistema de seguro obligatorio de pensión, en lugar de pedir una exención. Lo mismo es aplicable a los trabajadores domésticos que tienen un empleo marginal.

69.La Ley del Salario Mínimo Legal es aplicable a los trabajadores domésticos, incluidos los extranjeros que prestan cuidados en hogares particulares, aunque únicamente estén en Alemania por un período breve. Las autoridades aduaneras, teniendo debidamente en cuenta los requisitos que enuncia el artículo 13 de la Constitución, supervisan el cumplimiento del salario mínimo legal. En Alemania, los trabajadores domésticos, en su carácter de empleados, están cubiertos por el seguro legal contra accidentes del trabajo, según el artículo 2, párrafo 1, apartado 1, del Título VII del Código Social. Con arreglo a la primera oración del artículo 14, párrafo 1, del Título VII del Código Social, los fondos del seguro contra accidentes del trabajo deben emplear todos los medios que procedan para prevenir esos accidentes, las enfermedades ocupacionales y los riesgos ocupacionales para la salud y asegurarse de que haya servicios adecuados de primeros auxilios; según el artículo 14, párrafo 1, segunda oración, del Título VII del Código Social, también deben investigar las causas de los riesgos ocupacionales para la vida y la salud. El trabajador doméstico que sufre un accidente del trabajo o contrae una enfermedad ocupacional queda protegido por los artículos 26 y ss. del Título VII del Código Social. Estas disposiciones exigen que el sistema de seguro obligatorio contra accidentes del trabajo utilice todos los medios que procedan para reestablecer la salud y la capacidad de trabajo del trabajador doméstico o resarcir a él o a sus supérstites a cargo mediante prestaciones monetarias.

70.Hay distintas opciones que aseguran el cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento legal alemán destinadas a proteger al trabajador doméstico en su relación laboral. El hecho de que el trabajador doméstico esté comprendido en el derecho general del trabajo asegura que pueda recurrir a mecanismos de denuncia.

71.Por ejemplo, el trabajador doméstico puede ponerse en contacto con la autoridad supervisora competente a fin de pedirle que decrete medidas, con arreglo al artículo 17, párrafo 2, de la Ley sobre el Horario de Trabajo, para poner término al incumplimiento de disposiciones legales relativas al horario de trabajo.

72.En caso de infracción de las disposiciones legales relativas al salario mínimo, los trabajadores domésticos pueden presentar una queja a las autoridades aduaneras, que son las encargadas de supervisar el cumplimiento de esas disposiciones (artículo 14 de la Ley del Salario Mínimo).

73.En caso de infracción de la prohibición de discriminación que consagra la Ley General de Trato, los trabajadores domésticos pueden presentar una queja al organismo que especifique el empleador o recurrir a la Agencia Federal de Lucha contra la Discriminación (artículo 13, párrafo 1, de la Ley General de Igualdad de Trato).

74.Además, el trabajador doméstico, al igual que todos los demás empleados, puede presentar una demanda ante los tribunales del trabajo fundada en su relación laboral.

Cuestión 14

75.En virtud de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, los empleadores están obligados a tomar las medidas que sean necesarias para promover la seguridad y la salud en el trabajo y, en particular, para evaluar los riesgos que entrañe el trabajo de sus empleados. Lo mismo es aplicable en los sectores de la agricultura y de la construcción. Las normas aplicables sobre prevención de accidentes enuncian otras medidas concretas para sectores como el de la construcción (reglamento 38 sobre el seguro obligatorio contra accidentes) o el de la ganadería (reglamento 4.1 sobre seguridad y salud en el trabajo).

76.Los fondos de seguro contra accidentes del trabajo establecen una amplia variedad de actividades y medidas de prevención. Véase más información en el a nexo 8.

77.El cumplimiento de las disposiciones relativas a la seguridad y la salud en el trabajo es supervisado por las autoridades competentes de los Länder (estados federales) y por los fondos de seguro contra accidentes del trabajo. Además, se está estrechando la cooperación entre la Federación, los Länder y esos fondos en el marco de la Iniciativa Conjunta sobre Salud y Seguridad (GDA), que tiene como objetivo lograr que las actividades de inspección sean efectivas y eficientes sobre la base de instrumentos coordinados y de principios uniformes de supervisión (las directrices de la GDA sobre la planificación y ejecución de proyectos de construcción, por ejemplo).

78.Tras la entrada en vigor, en octubre de 1993, de la prohibición general de la producción y la utilización de amianto en Alemania, el manejo del amianto en condiciones de seguridad está totalmente regulado por la ley y constituye práctica establecida en todos los sectores en que corresponde y para todas las autoridades de supervisión. Los trabajadores que todavía manejan amianto en el país se encuentran básicamente en el sector de la construcción y trabajan en edificios que contienen amianto y fueron construidos antes de la prohibición. Se calcula que el 20% de los edificios del país incluyen elementos de construcción que contienen amianto, los cuales por lo general únicamente constituyen un peligro en caso de remoción mecánica indebida. El Gobierno federal celebró en 2007 un diálogo nacional sobre el amianto con expertos procedentes de todas las asociaciones y organizaciones competentes (clientes de obras de construcción, asociados sociales, fondos de seguro contra accidentes del trabajo, autoridades de supervisión, representantes del sector de la organización, arquitectos y expertos). Véase más información en el a nexo 8.

Cuestión 15

79.El artículo 41, párrafo 3, de la Ley de Prisiones (federales) dispone que se requerirá el consentimiento de los reclusos para trabajar en empresas privadas. Sin embargo, los Länder (estados federales) no han incluido este requisito en sus leyes de prisiones. En consecuencia, es posible en la práctica que en Alemania se exija a un recluso trabajar sin su consentimiento para empresas privadas dentro de presidios públicos. Una vez dicho eso, en un fallo de 1 de julio de 1998, el Tribunal Constitucional Federal no se pronunció en contra de la obligación de trabajar para empresas privadas dentro o fuera de la prisión a condición de que el trabajo tuviese lugar bajo la responsabilidad en derecho público de las autoridades penales. Ello queda asegurado por el hecho de que la obligación del recluso de trabajar únicamente existe en relación con la prisión y no con el empleador privado, de manera que el cumplimiento es supervisado por la prisión. Además, en los casos en que se trabaja para empresas privadas, estas simplemente llevan material de trabajo a la prisión y los reclusos son supervisados únicamente por el personal correccional. El trabajo mientras se cumple una pena de prisión constituye un importante instrumento de integración y forma parte de la estrategia de reinserción en la sociedad. En el caso de los jóvenes, el trabajo en el curso de la reclusión en una institución para delincuentes juveniles constituye una importante herramienta educacional.

80.En 2016 trabajaban en Alemania casi 39.000 reclusos, lo que representa una tasa de empleo apenas superior al 62%. De ello, unos 8.500 trabajaban en talleres privados dentro del recinto carcelario. El horario medio de trabajo apenas superaba las seis horas por día hábil. Las empresas pagan a las prisiones por el trabajo el salario local habitual en virtud de acuerdos colectivos. La remuneración pagada a los reclusos depende de las disposiciones de cada una de las leyes de prisión de los Länder y, en principio, equivale al 9% del valor de referencia según el artículo 18 del Título IV del Código Social. El valor de referencia en 2016 era de 36.187 euros. En promedio, la remuneración anual que perciben los reclusos es, por lo tanto, de 3.256,83 euros. Véase más información en el a nexo 9.

Derechos sindicales (art. 8)

Cuestión 16

81.La población confía en que el Estado tenga capacidad para funcionar en todas partes y en todo momento. En este contexto cabe un papel especial a los funcionarios públicos, grupo mucho más pequeño que el de los empleados públicos que no tienen la condición de funcionarios. Los funcionarios públicos tienen una relación especial de servicio y lealtad respecto del Estado y únicamente están obligados por el interés público, con prescindencia de los intereses de personas o grupos. Asimismo, actúan como garantes del principio de legalidad, de la protección de los derechos fundamentales y de la democracia.

82.La Constitución establece un equilibrio adecuado entre los derechos y las obligaciones de los funcionarios públicos, que “no tienen” derecho a huelga, pero, a cambio, el principio de mantenimiento y el principio de empleo durante toda la vida, consagrados en la Constitución, exigen al empleador ocuparse debidamente del bienestar de cada uno de ellos durante su vida. Este derecho a mantenimiento, que equivale a un derecho fundamental, se puede hacer valer ante los tribunales. Los funcionarios públicos tienen además el derecho de establecer sindicatos y participar en los procesos legislativos, a través de las organizaciones que los agrupan, si se han de aprobar normas relativas a su grupo profesional.

83.La administración pública permanente es un sistema integrado que carecería de propósito si no estuviera prohibida la huelga. Ese propósito consiste en asegurar que haya siempre un grupo de funcionarios públicos a disposición del Estado para que este pueda desempeñar sus funciones en forma fiable y puntual.

84.El Tribunal Constitucional Federal, tras la vista oral que tuvo lugar el 17 de enero de 2018, dictó un fallo sobre la cuestión de la prohibición de que se declaren en huelga los maestros que tengan la condición de funcionarios públicos. El fallo se dictó el 12 de junio de 2018 y el Tribunal Constitucional Federal dictaminó que la prohibición de huelga en virtud de la ley de la administración pública era compatible con la Constitución y con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, sigue vigente la prohibición de que este grupo se declare en huelga.

Seguridad social (art. 9)

Cuestión 17

85.El procedimiento para evaluar las necesidades básicas y calcular las prestaciones para atenderlas, que se utiliza luego para calcular el importe estándar de las prestaciones para mantener el nivel de subsistencia necesario, fue revisado por el Tribunal Constitucional Federal, que dictaminó en un fallo de 23 de julio de 2014 que era razonable y acorde con la Constitución. Lo mismo es aplicable al aumento anual de las prestaciones para atender necesidades básicas, que forma parte de las medidas dirigidas a asegurar un nivel de subsistencia sociocultural, junto con todas las demás prestaciones ya mencionadas en el informe, que incluyen también prestaciones de seguro de salud y de seguro de salud de larga duración. Se trata de una prestación pecuniaria que utiliza cada beneficiario.

86.En consecuencia, en los cálculos para la evaluación de las necesidades básicas al 1 de enero de 2017, sobre la base de la encuesta por muestreo de ingresos y gastos de la familia, se empleó en general el mismo método que en la evaluación efectuada sobre la base de la encuesta por muestreo de 2008. Sin embargo, se introdujeron cambios en atención a que el Tribunal Constitucional Federal había criticado la forma en que se calculaban los gastos de transporte y las deducciones excesivamente altas por concepto de bebidas alcohólicas y tabaco en la tasa estándar para atender las necesidades básicas de los jóvenes. Sobre la base del reciente estudio del consumo de tabaco y bebidas alcohólicas por adolescentes y jóvenes adultos, preparado por el Centro Federal de Educación para la Salud, se partió del supuesto de un gasto más bajo (que no es no pertinente a la tasa estándar) por concepto de tabaco y bebidas alcohólicas que en el caso de los adultos a fin de determinar la tasa estándar para atender las necesidades básicas de los jóvenes. Con respecto a los gastos de transporte, se asignó a los usuarios de automóviles indicados en el análisis especial de la encuesta por muestreo un monto igualmente elevado (pertinente a la tasa estándar) por concepto de transporte público local que el vigente para quienes no utilizan un automóvil. Los dos cambios tienden a aumentar el importe de las prestaciones para atender necesidades básicas.

87.En el contexto de cada una de las nuevas evaluaciones de las necesidades básicas, que tienen lugar cada cinco años, se procede a revisar el método de evaluación y las tasas para atender necesidades básicas. Además, estas se ajustan con efecto a partir del 1 de enero de cada año en consonancia con las tendencias en los precios y los salarios a fin de asegurar en todo momento, mediante esta prestación entre otras cosas, un nivel de subsistencia sociocultural.

Protección de la familia, la madre y el niño (art. 10)

Cuestión 18

[510/612/511]

88.La ley únicamente suspendió la reunificación familiar en el caso de personas que tuvieran derecho a protección subsidiaria y no en Alemania en general; entre comienzos de 2015 y septiembre de 2017, Alemania admitió a 110.000 personas únicamente a los efectos de la reunificación familiar con asilados y refugiados sirios e iraquíes en virtud del Convenio de Ginebra.

89.Habida cuenta de la mayor afluencia de personas que pedían protección en 2015 y 2016 y, simultáneamente, del elevado número de solicitudes de asilo, era imposible para el Gobierno federal indicar cuánta gente cabía esperar que viniese a la República Federal de Alemania en virtud de solicitudes de reunificación familiar por encima de las más de 1,3 millones de personas que ya habían ingresado al país en 2015 y 2016. En aras de los sistemas de recepción e integración establecidos en la República Federal de Alemania y habida cuenta de la situación excepcional a que hacía frente el país, se suspendió inicialmente y durante un período de dos años la reunificación de las familias de quienes tuvieran derecho a protección subsidiaria. Véase más información en el anexo 10.

90.En virtud de la Ley de 8 de marzo de 2018 se volvió a suspender hasta el 31 de julio de 2018 la reunificación familiar en el caso de quienes tenían derecho protección subsidiaria y, a partir del 1 de agosto de 2018, la norma consiste en que la reunificación de familiares cercanos de personas que tienen derecho a protección subsidiaria podrá autorizarse por razones humanitarias con un máximo de 1.000 personas al mes. Los detalles concretos se enunciarán en una ley federal. El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo Federal de Ministros el 8 de mayo de 2018 y está sometido en la actualidad al procedimiento parlamentario.

91.El Gobierno federal no puede confirmar la aseveración de que no se ha dado lugar a un número más elevado de solicitudes de reunificación familiar debido a la falta de vivienda o de medios de sustento.

92.No obstante lo que antecede, la situación legal en la República Federal de Alemania es tal que a veces se establecen excepciones obligatorias relativas al requisito de proporcionar pruebas de que se tienen medios seguros de subsistencia y se dispone de vivienda adecuada. Ello ocurre particularmente en el contexto del reasentamiento, si se concede a una persona el derecho a asilo o esta reúne los requisitos para ser refugiado, y ocurrirá también en el futuro en el caso de quienes sean objeto de protección subsidiaria.

93.El Gobierno federal cumple las obligaciones que le impone el Reglamento de Dublín y, a esos efectos, colabora estrechamente con las autoridades de Grecia para que los traslados tengan lugar en forma rápida y ordenada. Ello es aplicable también y en particular a los familiares respecto de los cuales Alemania es responsable. Por una cuestión de solidaridad con Grecia y con las personas de que se trata, el Gobierno federal acepta también el traslado de personas respecto de las cuales Grecia ha asumido la responsabilidad como consecuencia del prolongado período de espera. Además, Alemania envía a Grecia más expertos nacionales, unos 40 profesionales normalmente, que cualquier otro Estado miembro para operaciones de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo destinadas a prestar asistencia a las autoridades griegas en el desempeño de sus funciones. Por otra parte, para aliviar la carga que recae sobre Grecia, Alemania ha aceptado a unos 5.400 solicitantes de asilo como parte del plan de la Unión Europea para la reubicación, también en este caso más que cualquier otro Estado miembro.

Derecho a un nivel de vida adecuado (art. 11)

Cuestión 19

94.Los primeros análisis indican que la introducción del salario mínimo legal en 2015 ha tenido un efecto positivo, especialmente en el ámbito del empleo marginal (“minitrabajos”). Además de numerosos casos de aumentos de la remuneración, a veces de monto considerable, para trabajadores que están en el sector de ingresos más bajos (con inclusión de 2,2 millones de “minitrabajos”), muchos minitrabajos fueron convertidos en puestos con seguro social obligatorio. Véase más información en el anexo 11.

95.La protección social de quienes tenían empleo marginal ya había mejorado antes en razón de la institución general, a partir del 1 de enero de 2013, de pagos por concepto de seguro obligatorio de pensión a quienes tenían “minitrabajos” y de la introducción de un cambio por el cual la afiliación simplemente facultativa al sistema de seguro de pensión se convertía en un seguro obligatorio con la posibilidad de optar por no acogerse a él.

96.El Consejo Federal de Ministros aprobó el proyecto de ampliación del alcance de la ley relativa al empleo a jornada parcial. Las nuevas normas, que se encuentran sometidas al Parlamento, darán a los trabajadores el derecho a trabajar a jornada parcial durante un período limitado y obedecen al propósito de impedir que los trabajadores tengan que seguir sometidos involuntariamente a un trabajo a jornada parcial. Véase más información en el anexo 11.

97.Para mejorar los ingresos de familias con niños, se ha aumentado considerablemente el importe de prestaciones condicionadas al nivel de recursos; así, el importe del suplemento por hijo ( Kinderzuschlag ) que perciben familias de bajos ingresos ha subido varias veces en los últimos años. Se estima que, como resultado, unos 100.000 niños han podido pasar del sistema de apoyo básico al sistema de suplemento por hijo. Para estabilizar la situación económica de los hogares monoparentales existen también un anticipo para manutención ( Unterhaltsvorschuss ) y un desgravamen tributario.

98.Como complemento, se utilizan recursos del Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados a fin de ayudar a quienes viven en la pobreza y no tienen servicios de asesoramiento y apoyo en el sistema de asistencia ordinaria o estos son insuficientes. Un importante grupo beneficiario en este contexto está integrado por los hijos en edad preescolar de ciudadanos en la Unión Europea recientemente llegados y en situación particularmente desventajosa. Con ayuda de este Fondo pasan a recibir servicios de atención social y educación temprana.

99.En 2017 había en promedio unos 6,1 millones de personas con derecho a prestaciones ordinarias. Véase más información en el anexo 11.

100.Además, a fines de 2016 alrededor de 1,16 millones de personas tenían derecho a asistencia social en virtud del capítulo 3 (asistencia respecto del costo de la vida) y el capítulo 4 (apoyo al ingreso básico en la vejez o en caso de pérdida de capacidad para obtener ingresos) del Título XII del Código Social. En razón del aumento de la prestación para vivienda y del marcado ajuste de las pensiones en 2016, el número de esos receptores de asistencia social se redujo levemente en 2015 (a fines de ese año, 1,18 millones de personas recibían esa prestación).

101.Se paga una prestación para vivienda a fin de que las familias de bajos ingresos que están por encima del umbral de apoyo básico puedan sufragar el costo de una vivienda adecuada para ellas. Como consecuencia de la reforma de esta prestación que tuvo lugar el 1 de enero de 2016, el número de familias que la perciben subió de 460.080 a fines de 2015 a 631.481 a fines de 2016. Véase más información en el anexo 11.

102.Véase en el anexo 11 información respecto del conjunto de medidas educativas.

103.El Gobierno federal no dispone aún de estudios fidedignos acerca de los efectos del salario mínimo. Se llevará a cabo una evaluación de la Ley en 2020.

104.No tenemos información acerca de las tasas de cobertura. El número de personas menores de 25 años de edad a los efectos del Título II se cuenta a título estimativo. Sin embargo, esta cifra no sirve para calcular la tasa de cobertura porque este grupo de personas no puede equipararse al de las que pueden percibir prestaciones en virtud del Título II del Código Social.

Cuestión 20

105.La Comisión Europea, en su comunicación de 29 de noviembre de 2017 sobre el futuro de la alimentación y la agricultura, se refiere a las consecuencias mundiales y a las concatenaciones de la política agrícola común. La Comisión trata de que haya una acción coherente entre las diversas normas de conformidad con la Agenda 2030. Según la Comisión, hay que tener en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo en las normas que afecten a los países en desarrollo. A este respecto, la política agrícola común es y seguirá siendo coherente con la política de desarrollo de la Unión Europea, que reconoce la importante función que cabe a la agricultura sostenible para la erradicación de la pobreza y un progreso sostenido en los países en desarrollo.

106.El papel rector que desempeña la Unión Europea en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en las que propicia estrictas disciplinas en cuanto a las formas de apoyo que distorsionan el comercio sirve también de ayuda a esos efectos.

107.Alemania apoya esta postura y está empeñada en mantener la política de orientación al mercado de la política agrícola común y estrictas disciplinas en cuanto a las formas de apoyo que distorsionan el comercio, también en el contexto de la OMC. Alemania es el único Estado miembro de la Unión Europea que no aplica pagos condicionados. Véase más información en el anexo 12.

Cuestión 21

108.En Alemania se promueve la vivienda social con el objeto de proporcionar vivienda a las familias de más bajos ingresos y a la gente que no puede obtener por sí sola, sin asistencia, una vivienda adecuada.

109.La construcción de viviendas sociales de alquiler está a cargo de inversionistas privados, empresas municipales de vivienda y asociaciones de vivienda, que obtienen subvenciones o préstamos en condiciones preferentes y las ponen a disposición de personas con derecho a ellas con un alquiler reducido.

110.La responsabilidad por la promoción de la vivienda social recae sobre los Länder, cuyos programas de financiación son distintos según la situación del mercado de vivienda y las prioridades de política. Se proporciona un fondo para ofrecer lugares de vivienda mediante construcciones nuevas o la adquisición de propiedades, así como mediante la modernización de residencias existentes a los efectos de destinarlas a viviendas sociales. Igualmente, se financia la propiedad de viviendas para ciertos grupos sociales.

111.En 2015 había en Alemania aproximadamente 1,33 millones de unidades de vivienda social consistentes en departamentos de alquiler. Véase más información en el anexo 13.

112.Habida cuenta de que en 2006 se traspasó toda la responsabilidad por la promoción de la vivienda social a los 16 Länder, el Gobierno federal no tiene información propia acerca de la cuestión planteada. Por otra parte, no existe fundamento legal para recopilar esos datos.

113.El Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales hizo un estudio de los Länder y de las organizaciones municipales centrales (Asociación de Ciudades de Alemania, Asociación Alemana de los Pueblos y las Municipalidades y Asociación de Condados de Alemania). Algunas municipalidades procesan los datos sistemáticamente, pero no aplican un método uniforme, lo que obedece también a las distintas condiciones vigentes en virtud de las leyes estatales, por lo que los datos no son comparables. Las oficinas encargadas por lo general no llevan estadísticas históricas. En razón de la situación legal respecto del grupo de personas con derecho de vivienda social, las oficinas encargadas por lo general se ocupan de familias y no de personas.

114.Por lo tanto, sobre la base de los datos disponibles, solamente pueden hacerse aseveraciones muy generales. Existe actualmente en general una falta de vivienda suficiente y asequible financiada con subvenciones públicas o por fuentes privadas para las familias de bajos ingresos que necesitan vivienda y tienen derecho a vivienda social. Las obligaciones de dedicar a vivienda social muchos departamentos subvencionados han vencido ya y el número total de esos departamentos sigue en descenso. Como consecuencia, el período de espera ha aumentado constantemente en los últimos años y suele ser particularmente alto para las familias unipersonales y las integradas por cuatro o más personas. El mercado de vivienda financiada por fuentes privadas no constituye por lo general una posibilidad habida cuenta del alza de los alquileres en ese sector. Los Länder y las municipalidades ya están tomando medidas para contrarrestar esta situación. Además, los partidos de gobierno han aceptado en el acuerdo de coalición asignar por lo menos 2.000 millones de euros a vivienda social en los años 2020 y 2021.

115.Los datos y la información disponibles sobre la falta de vivienda permanente, con inclusión de los motivos y el alcance de ella, se presentan sistemáticamente en informes sobre pobreza y riqueza. El quinto informe de esa índole se publicó en abril de 2017.

116.El Gobierno federal está examinando medios de instituir estadísticas normalizadas para todo el país acerca de la falta de vivienda permanente. Véase más información en el anexo 13.

117.El informe sobre la evaluación científica de los cuatro proyectos de innovación fue publicado, por ejemplo, en el sitio web del Instituto Alemán para los Jóvenes (Beierle, Sarah (2017): Praxisbericht zur Projektarbeit mit Straßenjugendlichen. Erkenntnisse aus den Modellprojekten des Innovationsfonds (des Kinder- und Jugendplans) im Bereich Jugendsozialarbeit (2014 - 2016). Halle/Saale (Informe de campo sobre la labor del proyecto con jóvenes de la calle. Conclusiones de los proyectos pilotos del fondo para la innovación (plan para niños y jóvenes) en el campo de la asistencia social para los jóvenes, 2014-2016)). Véase más información en el anexo 13.

118.Según la normativa en la materia, las municipalidades del país están obligadas a poner término a la carencia de vivienda proporcionando, por lo menos, alojamiento temporal pero digno. De esta manera se asegura una oferta mínima de vivienda en caso de emergencia.

119.Quien se encuentre en una situación difícil y no pueda superarla por su propia cuenta tiene derecho según la ley a apoyo y asistencia integrales. El sistema de protección mínima con asistencia social vigente según el Título XII del Código Social y el sistema de ayuda al ingreso básico para quienes buscan trabajo, establecido en el Título II del mismo Código, ofrece protección contra la pobreza a quienes necesitan asistencia.

120.Además del apoyo financiero que se ofrece en virtud de los Títulos II y XII, este último contiene disposiciones para la prestación de asistencia individual a fin de atender determinadas necesidades. En el caso de quienes no tienen vivienda permanente, ello incluye en particular asesoramiento y apoyo personal, asistencia para obtenerla, medidas para ingresar en el mercado de trabajo y ayuda para hacer frente a la vida cotidiana.

121.En el marco del Fondo para la Ayuda Europea a los Más Necesitados, se han ampliado desde 2016 los servicios ofrecidos en el sistema ordinario de asistencia a quienes no tienen vivienda permanente y a quienes corren peligro de no tenerla. De las aproximadamente 15.000 personas de este grupo a las que se ha prestado asistencia, alrededor de un 81% ha recibido por lo menos un servicio prestado por el sistema de asistencia local o regional.

122.En la parte del Plan de Acción Nacional del Gobierno federal para la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad relativa a la construcción y la vivienda se incluyen disposiciones dirigidas a que haya una mayor accesibilidad. Véase más información en el anexo 13.

Derecho a la salud física y mental (art. 12)

Cuestión 22

123.Los ciudadanos de la Unión Europea que pueden desplazarse libremente por el continente, en particular los empleados, quedan comprendidos por lo general en el sistema de seguro de salud obligatorio y, de conformidad con lo dispuesto en el Título V del Código Social, están amparados por ese seguro en caso de enfermedad.

124.En el caso de los ciudadanos de la Unión Europea que no pueden desplazarse libremente por el continente, la entidad competente de asistencia social proporcionará en principio y por un período de hasta un mes los servicios de salud que sean necesarios para el tratamiento de enfermedades y dolores agudos. Véase más información en el anexo 14.

125.Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Prestaciones para los Solicitantes de Asilo ( Asylbewerberleistungsgesetz ), deberá prestarse a los extranjeros que en la práctica vivan en la República Federal de Alemania, especialmente a los solicitantes de asilo y las personas obligadas a dejar el país, la atención médica y dental que necesiten para el tratamiento de enfermedades y dolores agudos, y proporcionarles medicamentos, vendajes y apósitos y otros servicios que necesiten para la convalecencia o para recuperarse de enfermedades o sus consecuencias o mitigarlas. Véase más información en el anexo 14.

126.De esta manera se asegura en general que incluso quienes no tienen derecho permanente a prestaciones sociales en Alemania puedan recurrir, según las circunstancias de cada caso, a los sistemas y los establecimientos de atención de la salud existentes, especialmente en caso de urgencia u otras situaciones difíciles, como exige el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

127.La obligación que la Ley de Residencia ( Aufenthaltsgesetz ) impone a los órganos públicos de hacerla cumplir confiere a estos los medios necesarios para tomar medidas contra la entrada o la residencia ilegales y poner término a la residencia ilegal en la República Federal de Alemania. Estas obligaciones apuntan también a que las autoridades pongan término a la residencia ilegal, que hace que se viva en Alemania en circunstancias difíciles.

128.Al mismo tiempo, la legislación alemana también tiene en cuenta distinciones, a título de excepción, según la situación de cada uno en la vida con respecto a la revelación de información, por razones de confidencialidad médica, por ejemplo. Véase más información en el anexo 14.

Cuestión 23

129.La República Federal de Alemania propicia el acceso a medicamentos inocuos, eficaces y de bajo costo y, por esa razón, el Gobierno federal propicia diversas iniciativas internacionales que permiten ofrecer esos medicamentos en países en desarrollo. A juicio del Gobierno federal, se necesita un planteamiento integral para resolver el problema del abastecimiento de medicamentos, que incluye también el fortalecimiento general de los sistemas y estructuras de salud y la venta en condiciones de seguridad y la distribución controlada de medicamentos. Así, pues, las cláusulas de exclusividad de los datos no son más que una parte de la relación general entre la investigación, el desarrollo y el suministro de medicamentos. Esas cláusulas constituyen un importante instrumento para ayudar a promover la aparición de nuevos medicamentos y asegurar que los pacientes tengan a su alcance medicamentos innovadores. La inclusión de las cláusulas de exclusividad de los datos en los acuerdos de comercio preferencial de la Unión Europea obedece al propósito de que se apliquen en forma coherente las disposiciones vigentes, haya certeza legal y se siga promoviendo la innovación en beneficio de los pacientes.

Derecho a la educación (arts. 13 y 14)

Cuestión 24

130.Los estudiantes que sean ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otra parte contratante en el Acuerdo sobre la Zona Económica Europea han estado exentos del pago de la matrícula general en todos los Länder desde el semestre de invierno de 2014/15.

131.La secretaría de la Conferencia Permanente de los Ministros de Educación y Asuntos Culturales de los Länder no tiene datos acerca del número de estudiantes exentos del pago de matrícula por semestre, la matrícula para períodos más prolongados o las matrículas para quienes no son nacionales de Estados miembros de la Unión Europea.

132.Los estudiantes que no son ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea o partes en el Acuerdo sobre la Zona Económica Europea deben pagar a partir del semestre de invierno de 2017/18 1.500 euros por semestre en Baden Württenberg. Hay numerosas exenciones al pago de la matrícula obligatoria en ese estado por razones de intercambio científico o aceptabilidad social de la ley (véanse la modificación de la Ley sobre la Educación Superior en el Estado ( Landeshochschulgebührengesetz ) y otras Leyes de 9 de mayo de 2017, arts. 5 a 7). Véase más información en el a nexo 15.

133.Diversas entidades ofrecen préstamos para estudiantes. Por ejemplo, el 50% de la ayuda que se presta a los estudiantes en virtud de la Ley Federal de Asistencia para la Instrucción (Bundesausbildungsförderungsgesetz, o BAföG) consiste en un préstamo sin intereses. En 2016 recibieron asistencia en virtud del sistema de esa Ley 583.567 estudiantes. Véase más información en el anexo 15.

Derechos culturales (art. 15)

Cuestión 25

134.El Gobierno federal apoya la cultura y el idioma de las minorías nacionales sobre la base del Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales y de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

135.Por otra parte, los Länder promueven también la cultura de los grupos minoritarios y son los principales responsables de ello con arreglo a la división de funciones en la República Federal de Alemania. Así, por ejemplo, el Gobierno federal y los Länder de Brandenburgo y Sajonia promueven conjuntamente a la Fundación para el Pueblo Serbio, el Land de Schleswig-Holstein promueve a las escuelas minoritarias danesas y el idioma bajoalemán es promovido por los ocho Länder en que se habla y, en particular, por los Länder de Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburgo y Baja Sajonia. Existen además medidas concretas, como disposiciones legales a nivel de Länder que respaldan el empleo de idiomas minoritarios en los trámites con autoridades administrativas locales.

136.Como parte del programa federal “Democracia viva”, el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, Personas de Edad, Mujeres y Jóvenes promueve, entre otros, el programa independiente titulado “Vivir juntos en una sociedad con diversidad”. La intensificación de la violencia contra refugiados y ciudadanos y su hostigamiento pone de manifiesto cuán importante es asignar prioridad al fortalecimiento de la democracia y la coexistencia pacífica en Alemania, país de inmigración. Los proyectos en este ámbito apuntan a formular estrategias y planteamientos que hagan frente a los actos y las actitudes racistas y discriminatorias.

137.El Gobierno federal ha participado desde 2006 en un diálogo periódico con los musulmanes que viven en el país en el marco de las conferencias germanoislámicas. El diálogo se ha centrado en cuestiones tales como la formación de personal religioso, el idioma en la sociedad y la integración y participación de migrantes musulmanes.

138.Por último, a partir de mediados de 2011, el programa de financiación titulado “La integración mediante la cualificación” ha venido prestando apoyo a centros regionales de asesoramiento en todo el país en los que los migrantes pueden recibir también en forma gratuita asesoramiento sobre las aptitudes profesionales que hayan adquirido en el extranjero o sobre oportunidades de capacitación en Alemania. Véase más información en el a nexo 16.