AOD como porcentaje de la RNB

AOD, sin tener en cuenta las medidas de alivio a la deuda

Compromisos del Gobierno

( P orcentaje)

2003

0,61

0,38

0,40

2004

0,41

0,38

0,45

2005

0,53

0,41

0,45

2006

0,50

0,38

0,50

51.Los redactores del presente informe están a favor de las medidas de alivio de la deuda, pero observan que el consiguiente aumento en el presupuesto es en gran medida virtual. Los montos contabilizados como AOD no reflejan el espacio presupuestario real creado por el alivio de la deuda. Además, se prevé que la parte correspondiente al alivio de la deuda en la futura AOD de Bélgica disminuirá drásticamente. No están previstas otras operaciones importantes de alivio de la deuda para los próximos años, aparte de la operación de alivio de la deuda de 270 millones de euros en favor de la República Democrática del Congo, programada para 2008. Para que Bélgica pueda cumplir con su deber de ayudar a otros países a acatar cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales, debe destinar recursos adicionales a la AOD, iniciativa que puede completarse con medidas de alivio de la deuda. Según los cálculos de 11.11.11, a fin de honrar sus compromisos, para 2010, el Gobierno deberá aumentar en 1.000 millones de euros adicionales los recursos que actualmente destina a la AOD.

ii) Criterios de definición de la AOD

52.La Coalición está preocupada además por el debate que tuvo lugar en el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE sobre los criterios en base a los cuales se determina qué gastos forman parte de la AOD. Se ha decidido ya que los esfuerzos de los países donantes para cumplir con compromisos contraídos en virtud del Protocolo de Kyoto mediante proyectos en el marco del mecanismo para un desarrollo limpio en cierta medida pueden considerarse como AOD. Bélgica se pronunció a favor de esta opción en el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE.

53.Entre los temas que se examinarán más a fondo en dicho Comité está la cuestión de si entran en la categoría de la AOD los gastos destinados a la lucha contra el terrorismo, la defensa, las cuestiones migratorias, etc. En el presupuesto de cooperación para el desarrollo correspondiente a 2003, Bélgica destinó 70 millones de euros a la asistencia a refugiados y migrantes. Parte del dinero que se destinó a la reconstrucción del Iraq también procedía del presupuesto de cooperación para el desarrollo. También en ese caso se observó un incremento artificial de los gastos de cooperación para el desarrollo.

54.En 2004 Bélgica aportó por primera vez 6 millones de euros para la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC). En 2005, presupuestó 7 millones de euros para la MONUC, asignación que aumentó a 10 millones de euros en 2006 para el presupuesto de 2007. Según las directrices de la OCDE, estos gastos no se pueden contabilizar como AOD, y por lo tanto, no pueden tomarse en cuenta para el objetivo del0,7%. En aras de la transparencia, la Coalición pide que sólo los gastos que se puedan imputar a la AOD se incluyan en el presupuesto de cooperación para el desarrollo.

Recomendaciones

55.El Comité podría recomendar a Bélgica que:

-Incremente el presupuesto destinado a la cooperación para el desarrollo para alcanzar el objetivo del 0,7% de la RNB a más tardar en 2010 y vele por que el aumento de los gastos de cooperación para el desarrollo sea real y efectivo y no simplemente el resultado de criterios más amplios de contabilización de gastos realizados en otras esferas gubernamentales;

-Vele por una mayor previsibilidad de sus actividades de cooperación para el desarrollo, por ejemplo, asumiendo compromisos presupuestarios plurianuales, tanto en los documentos de estrategia elaborados por la Dirección General de la Cooperación para el Desarrollo como en el presupuesto anual.

B. Obligaciones en materia de derechos humanos en el contexto de los m ecanismos internacionales de comercio, inversión y financiación

Fundamento

56.A pesar de que existen a nivel internacional varios objetivos, como los que se fijaron en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y los objetivos de desarrollo del Milenio, que tienen por objeto reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre, malnutrición y pobreza, las cifras absolutas correspondientes al hambre y a la pobreza no están disminuyendo o disminuyen muy lentamente, y la mayor parte de los países no alcanzará los objetivos de desarrollo del Milenio. El Equipo de Tareas del Proyecto del Milenio sobre el hambre estimó que el 50% de las personas que padecen hambre son agricultores pequeños con poco acceso a los recursos necesarios (tierra, semillas, agua, crédito...) para mantener a sus familias o con ingresos insuficientes debido a la liberalización del mercado o a la falta de apoyo del Estado. A ese porcentaje se suma el 22% de las personas sin tierra, que dependen mayormente del salario para sobrevivir, y el 8% que depende directamente de los recursos naturales para subsistir (pescadores, nómadas, indígenas...). Actualmente se considera que la desigualdad de acceso a los recursos y a los mercados agrícolas locales son las principales causas del hambre y la pobreza. Para los pobres de las zonas urbanas, el acceso al agua y a la vivienda es particularmente problemático. Además, un nivel de vida bajo a menudo afecta el disfrute de otros derechos fundamentales como el derecho a la salud y a la educación.

57.A continuación, se aborda el papel de Bélgica en tres esferas de política diferentes en las que se adoptan decisiones que pueden tener efectos negativos en los recursos de los que muchas de las personas que padecen hambre y pobreza dependen para subsistir dignamente: los acuerdos comerciales los créditos a la exportación respaldados por el Estado para las empresas multinacionales belgas y las instituciones financieras internacionales. El argumento que se plantea es que Bélgica contraviene a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del PIDESC si no evalúa y vigila debidamente los efectos que tienen las decisiones adoptadas en esas esferas en el disfrute de los derechos humanos en el extranjero.

Motivos de preocupación

i) Mecanismos comerciales: exportación de pollos no aptos para el consumo a precios reducidos hacia países africanos

58.Las exportaciones de pollos hacia África occidental y central aumentan en casi un 20% cada año. El del Camerún es el caso más dramático, pues entre 1996 y 2003 sus importaciones de trozos de pollo congelados se multiplicaron por 20. El 20% de la población del Camerún sufre de malnutrición y el 65% depende de la agricultura, sector que suministraba el 90% de los alimentos que se consumían en el país (antes de que empezara a abrir sus mercados en 1995). La producción de 1 t de carne de pollo representa el medio de sustento de tres personas en el sector agrícola y el puesto de trabajo de dos personas en el mercado urbano (en el desplume de aves y la comercialización de los productos). Debido a las importaciones, de las cuales tres cuartas partes provienen de la UE (principalmente Francia, Bélgica, los Países Bajos y España), la producción local de carne de pollo en el Camerún se redujo de 21.000 t en 2000 (con las que se atendía el 60% de la demanda) a 13.000 t en 2003. A consecuencia de ello, se perdieron 110.000 empleos en ese sector.

59.Las exportaciones consisten principalmente en trozos congelados de poco valor en la UE, que los importadores compran a 0,80 euros el kilo y venden a 1,50 euros el kilo, cuando los productores locales sólo pueden sobrevivir si venden sus productos a 1,80 euros el kilo. El control de los cupos (crecientes) de importación establecidos oficialmente (tres veces inferiores a las cantidades efectivamente importadas en 2004) es poco estricto. El control de la inocuidad de los alimentos y la continuidad de la cadena de frío es aún más deficiente. Recientemente el Centre Pasteur de Yaundé determinó que el 83% de los trozos de pollo congelados que se vendían en los mercados cameruneses "no eran aptos para el consumo humano", pues presentaban hasta 180 veces más microbios que el nivel permitido en la UE. La incidencia de las correspondientes enfermedades observada en los hospitales del Camerún guarda correlación estadísticamente con el aumento de las importaciones de pollo congelado.

60.En el párrafo 39 de la Observación general Nº 12 sobre el derecho a una alimentación adecuada, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas dispone oficialmente que "[l]os productos que figuren en el comercio internacional de alimentos o en los programas de asistencia deben ser sanos y ser aceptables culturalmente para la población receptora". Además, la legislación de la UE prohíbe la exportación de alimentos no aptos para el consumo.

61.Bélgica, importante exportador de alimentos y carne de aves de la UE, tiene la obligación internacional, en materia de derechos humanos, de: 1) adoptar las medidas que sean de su competencia, y 2) cooperar con el país importador a fin de respetar y proteger los derechos de las personas a la salud, la alimentación y el trabajo, en lo que se refiere a la distribución y el consumo de los alimentos exportados.

ii) Mecanismos estatales de apoyo a las empresas: créditos oficiales a la exportación

62.El marco normativo aplicable a los organismos de créditos a la exportación no es suficientemente amplio. Estos organismos son instituciones públicas que conceden créditos a la exportación respaldados por el Estado (seguros, garantías, apoyo a los tipos de interés) a las empresas belgas que deseen hacer negocios en el extranjero, con países en desarrollo o mercados emergentes.

63.Bélgica no reconoce la aplicación extraterritorial de las normas fundamentales de derechos humanos. En lugar de ello promueve y aplica recomendaciones y directrices voluntarias y no vinculantes en relación con los subsidios para las compañías que hacen negocios en el extranjero. Además, las autoridades belgas se han mostrado claramente renuentes a asumir la responsabilidad y a aplicar criterios de selección más estrictos a las solicitudes de subsidios para asegurarse de que las actividades o prácticas de sus clientes, las empresas belgas que operan en el extranjero, no contravengan al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ni a otras normas de derechos humanos.

64.Bélgica ha establecido un punto de contacto nacional (PCN) para dar a las partes interesadas la oportunidad de abordar casos concretos de negocios realizados por empresas belgas en que se hayan violado los derechos humanos. Esta práctica forma parte de la aplicación de las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, una declaración supranacional de principios y normas voluntarios para las empresas multinacionales que operan en los países signatarios o a partir de estos países. Sin embargo, quedan muchos problemas por resolver. El PCN no reconoce la aplicación extraterritorial de las normas fundamentales de derechos humanos. En muchos casos, el PCN ha dado prioridad a las obligaciones contractuales antes que al cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, incluido el PIDESC; en otros casos, el PCN nose ocupa del cumplimiento de las disposiciones del Pacto. El PCN ha alegado repetidas veces que su función no es la de un "mecanismo de denuncias". Algunos de los problemas del PCN son la falta de visibilidad y accesibilidad, la falta de transparencia de sus procedimientos y la inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas.

iii) Mecanismos de inversión y desarrollo de las instituciones financieras internacionales

65.La lentitud en el proceso de condonación de la deuda y el hecho de que se siga condicionando la asistencia a las medidas de ajuste macroeconómico que figuran en los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) obstaculizan el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.

66.En una resolución reciente del Senado de Bélgica se propone condonar la deuda de los países menos adelantados. De acuerdo con esa resolución, Bélgica deberá intensificar sus gestiones diplomáticas en las instituciones financieras internacionales para lograr la condonación de las deudas externas públicas con estas instituciones sin contabilizar las sumas condonadas como parte del presupuesto de la cooperación para el desarrollo. La mencionada resolución del Senado también rechaza con firmeza las condiciones macroeconómicas impuestas por las instituciones financieras internacionales y pide urgentemente que se cancelen las deudas de acuerdo con un nuevo planteamiento social definido por los objetivos de desarrollo del Milenio.

67.Numerosas inversiones financieras y políticas de privatización de las instituciones financieras internacionales han violado los derechos humanos. En Bolivia, por ejemplo, el Banco Mundial aconsejó al Gobierno que privatizara el Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. A raíz de ello, se dio en concesión por 30 años el servicio de suministro de agua potable y tratamiento de aguas servidas de un barrio de La Paz a la empresa "Aguas del Illimani - Suez". Por conducto de la Corporación Financiera Internacional, el Banco Mundial es propietario del 8% de las acciones de dicha empresa. Como consecuencia de la privatización, la tarifa de conexión a la red de suministro de agua potable y alcantarillado asciende a aproximadamente ocho salarios mínimos. En la República Democrática del Congo, el Banco Mundial garantiza desde 2004, por conducto del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, las inversiones de la empresa minera australiana Anvil Mining. Tres funcionarios de esta compañía están siendo procesados en la República Democrática del Congo por complicidad en crímenes de guerra. En el mismo país, el Banco Mundial, mediante su Programa de ayuda de emergencia a la reunificación económica y social (en ejecución desde 2003) infringe sus propias políticas ambientales internas y vulnera los derechos de la población indígena (los "pigmeos"). En 2005, los "pigmeos" presentaron una queja al panel de inspección del Banco Mundial pero este órgano interno no les ofreció ninguna solución efectiva, como se despende de las declaraciones del propio Banco Mundial: "la aplicación de las políticas del Banco en los distintos proyectos no da lugar a derechos sustantivos que las personas de los países prestatarios puedan hacer valer contra el Banco, y el panel de inspección no es un mecanismo de remedios jurídicos donde se pueden hacer valer contra el Banco las posiciones descritas en sus políticas o los derechos mencionados en una resolución [...]".

Recomendaciones

68.El Comité podría recomendar a Bélgica que:

-Vigile los efectos que tienen las prácticas de exportación hacia terceros países en los derechos humanos, en particular en la salud de los consumidores y en los ingresos de la población local (por ejemplo los agricultores); fomente la adopción de medidas eficaces, en particular la denegación de licencias de exportación de trozos de pollo congelados mientras no se refuercen la capacidad y la legislación del país importador para que éste pueda controlar la inocuidad de los alimentos e imponer cupos de importación; defienda el derecho de terceros países a proteger los sectores agrícolas estratégicos en relación con la seguridad alimentaria y el derecho a un nivel de vida adecuado, en el marco de las negociaciones de los acuerdos de asociación económica y otros acuerdos comerciales;

-Vele por que se respeten, protejan y pongan en práctica plenamente los derechos económicos, sociales y culturales al conceder créditos a la exportación y al examinar las prácticas de las empresas en el extranjero;

-Adopte medidas claras para aplicar la resolución del Senado de Bélgica relativa a la condonación de la deuda de los países menos adelantados;

-Vele por que se respeten los derechos económicos, sociales y culturales en las decisiones de las instituciones financieras internacionales e inste a todos los que se ocupan de la ejecución de proyectos multilaterales de desarrollo a que participen en el establecimiento de mecanismos adecuados que ofrezcan recursos jurídicos, soluciones efectivas y asistencia jurídica a las personas afectadas, víctimas de violaciones de los derechos humanos.

C. El derecho a la salud en terceros países

Fundamento

69.El derecho a la salud es un derecho humano fundamental, indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La Declaración de Alma-Ata proclama que la grave desigualdad existente en el estado de salud de la población, especialmente entre los países desarrollados y los países en desarrollo, así como dentro de cada país, es política, social y económicamente inaceptable y, por tanto, motivo de preocupación común para todos los países.

Motivos de preocupación

i) La obligación de respetar: l a promoción del pago de tarifas de usuario y cotizaciones de adhesión a los planes de seguro médico

70.La Cooperación Belga para el Desarrollo (CBD) actualmente utiliza el concepto de "sostenibilidad financiera" como criterio principal para adoptar decisiones sobre la financiación de proyectos en el sector de la salud. Lamentablemente, esto ha llevado a que la CBD dé su apoyo a proyectos poco eficaces o discriminatorios que impiden que los miembros más pobres y más vulnerables de la sociedad de los países en desarrollo tengan acceso a la atención de salud. Como esas condiciones relativas a la sostenibilidad financiera se basan en los recursos nacionales, la financiación disponible para prestar atención de salud básica es insuficiente. Como consecuencia de ello, los pacientes se ven obligados a pagar tarifas de usuario y cotizaciones de adhesión a planes de seguro médico para recibir servicios básicos de salud.

71.En 2004 la organización Médecins sans Frontières de Bélgica documentó en un informe las consecuencias negativas del pago de aportaciones por los usuarios y los mecanismos de recuperación de costos (métodos para garantizar la sostenibilidad financiera) en el acceso a la atención de salud de los grupos vulnerables de Burundi. El 1º de mayo de 2006 entró en vigor una directiva de la Presidencia de Burundi por la que se instauraba la atención de salud gratuita para los niños de menos de 5 años y las madres, mejorando el acceso a la salud de la mayoría de los burundianos. En la Observación general Nº 14 el Comité subrayó que los Estados Partes en el PIDESC tenína la obligación básica de brindar atención de salud a las madres y a los niños de menos de 5 años. Desde la aplicación de la mencionada directiva presidencial se ha observado en Burundi un alentador aumento de la utilización de los servicios de salud por la población, pero se ha constatado también una sobrecarga de dichos servicios, además de otros problemas de orden práctico, debidos a la falta de recursos.

72.Como lo aclaró el Comité en la Observación general Nº 14 "incumbe especialmente a los Estados Partes, así como a otros actores que estén en situación de prestar ayuda, prestar "asistencia y cooperación internacionales, en especial económica y técnica", que permita a los países en desarrollo cumplir sus obligaciones básicas y otras obligaciones".

73.Burundi es uno de los principales interlocutores de Bélgica en materia de desarrollo. En octubre de 2006, el Ministro De Decker de la CBD firmó en Bujumbura un acuerdo de cooperación de tres años con el Gobierno de Burundi. Aún no está claro si la CBD otorgará un apoyo financiero adicional al Gobierno de Burundi para que mejore el acceso gratuito a la atención de salud maternoinfantil. Además, las instalaciones sanitarias financiadas por la cooperación belga para el desarrollo tienen muchas dificultades para atender a un número creciente de pacientes sin financiación adicional de Bélgica. Esto contrasta claramente con la actitud de otros donantes que han ofrecido rápidamente proporcionar una financiación adicional al Gobierno para apoyar el suministro de fármacos y responder así a una mayor demanda.

ii) La obligación de proteger: no se hacen suficientes esfuerzos para influir en las políticas del FMI y el Banco Mundial

74.En publicaciones recientes de la OMS y el ONUSIDA , se confirman las consecuencias negativas para el gasto público de las medidas preconizadas por el FMI y el Banco Mundial, por ejemplo la reducción de la masa salarial y la fijación de límites macroeconómicos. Además, estas medidas afectan a la capacidad de los países en desarrollo de brindar acceso a la atención básica de salud, en particular porque dificultan la contratación y conservación de los recursos humanos necesarios para el sector de la salud.

75.Algunos donantes han presionado al Banco Mundial y al FMI para que adopten mecanismos que permitan un incremento de los gastos internacionales destinados a combatir la crisis de los recursos humanos del sector de la salud. El acuerdo concertado en Malawi en el que se prevé la financiación con fondos internacionales de un plan de acción de emergencia en materia de recursos humanos muestra que es posible adoptar medidas concretas; por ejemplo, al asignar fondos internacionales, se efectúa un ajuste automático por el que se suspenden las reducciones de la masa salarial del personal sanitario y el gasto público .

Recomendaciones

76.El Comité podría recomendar a Bélgica que:

-No imponga la condición de la sostenibilidad financiera y apoye activamente y financie programas destinados a garantizar que la atención de salud sea gratuita en los países en que esos programas mejorarán el acceso a la atención básica de salud, en particular para los grupos vulnerables (gracias al aumento de la tasa de utilización de los centros de salud).

-Condicione toda contribución futura a la financiación de la Asociación Internacional de Fomento a la utilización de recursos belgas para respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud, de conformidad con las obligaciones contraídas por Bélgica en virtud del Pacto.

Parte III

UN PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

A. Protocolo f acultativo

Fundamento

77.En relación con el presente informe paralelo sobre las obligaciones contraídas por Bélgica en virtud del PIDESC, la Coalición de la sociedad civil belga para el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales desearía abordar también un asunto más amplio, a saber el de un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hace más de un decenio que se vienen desplegando esfuerzos para establecer un procedimiento de presentación de denuncias de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales y algunas organizaciones asociadas del Sur, en particular de América del Sur, han destacado la importancia fundamental de la rendición de cuentas por violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.

Motivos de preocupación

78.Bélgica no ha dejado de demostrar su voluntad de proteger los derechos económicos, sociales y culturales. Recientemente ratificó varios instrumentos europeos importantes a este respecto, como el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se prevé la instauración de un sistema de reclamaciones colectivas (ratificado en junio de 2003), y la Carta Social Europea revisada (ratificada en marzo de 2004). También se ha comprometido con la creación de mecanismos de presentación de denuncias de violaciones de los derechos humanos, tanto a nivel regional como a nivel universal.

79.En lo referente al protocolo facultativo del PIDESC, Bélgica es uno de los países que apoyan la redacción y adopción de ese instrumento en el marco del grupo de trabajo de composición abierta. En lo que respecta a las cuestiones sustantivas relacionadas con el procedimiento de denuncias, la Coalición de la sociedad civil belga para el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales desearía insistir en que la posición de Bélgica se basa en el consenso logrado con la adopción de varios instrumentos recientes de derechos humanos en los que se prevé la creación de mecanismos de denuncias, como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Bélgica debería seguir insistiendo en la necesidad de adoptar un enfoque amplio que abarque todos los derechos enunciados en el PIDESC; en que todos los individuos, grupos y organizaciones estén representados; en que se instaure un procedimiento de denuncias así como un procedimiento de investigación; en la necesidad de que puedan adoptarse medidas temporales; y en la instauración de un procedimiento adecuado de seguimiento en caso de que se determine que se ha producido una violación de los derechos humanos.

Recomendaciones

80.El Comité podría recomendar a Bélgica que:

-Siga contribuyendo, en un espíritu positivo, a la redacción del protocolo facultativo, alineándose con los otros Estados de la Unión Europea que tienen una actitud positiva respecto de este asunto y participe activamente en la labor del grupo de trabajo de composición abierta.

Lista unificada de recomendaciones

81.En lo que se refiere a las obligaciones nacionales, el Comité podría recomendar a Bélgica que:

Principio de no discriminación

i)Mejore la puesta en práctica real y efectiva de los derechos socioeconómicos que reconoce a los trabajadores migratorios, siga desarrollando una política relativa a los trabajadores migratorios, incluidos los migrantes indocumentados, que sea integral y tenga en cuenta sus derechos, y que con ese fin ratifique la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990.

Derecho a la vivienda

ii)Proporcione subsidios de vivienda en el marco de políticas, con carácter prioritario, a los grupos más vulnerables. Por lo menos un 30% del presupuesto debería reservarse para el aumento necesario de la vivienda de interés social. Por lo menos un 30% del presupuesto disponible debería reservarse para mejorar la calidad de la vivienda que se ofrece en el mercado privado. Un 30% como máximo podría utilizarse para estimular la adquisición de propiedad, y debería darse prioridad a los grupos de bajo ingreso.

iii)Establezca un mecanismo que garantice un vínculo objetivo entre el nivel del alquiler que se cobra y las condiciones de la vivienda.

Derecho a la salud

iv)Cumpla con las obligaciones internacionales que ha contraído en materia de derechos humanos haciendo extensivos a todos los solicitantes de asilo y personas indocumentadas/ilegales los mismos servicios médicos que se ofrecen a los residentes legales de Bélgica y según los mismos criterios.

Derecho a la educación

v)Entable un diálogo estructurado entre las autoridades federales y regionales de Bélgica y los pueblos manuche y romaní con el fin de elaborar normas relativas a una educación apropiada y adaptada culturalmente, así como otras disposiciones necesarias a fin de proporcionar medios suficientes para la educación de los manuches y romaníes en Bélgica.

vi)Ratifique, aplique y promueva el Convenio Nº 169 de la OIT.

82.En lo que se refiere a las obligaciones internacionales, el Comité podría recomendar a Bélgica que:

Asistencia y cooperación internacionales

vii)Incremente el presupuesto destinado a la cooperación para el desarrollo para alcanzar el objetivo del 0,7% de la RNB a más tardar en 2010 y vele por que el aumento de los gastos de cooperación para el desarrollo sea real y efectivo y no simplemente el resultado de criterios más amplios de contabilización de gastos realizados en otras esferas gubernamentales.

viii)Vele por una mayor previsibilidad de sus actividades de cooperación para el desarrollo, por ejemplo asumiendo compromisos presupuestarios plurianuales, tanto en los documentos de estrategia elaborados por la Dirección General de la Cooperación para el Desarrollo como en el presupuesto anual.

Obligaciones en materia de derechos humanos y mecanismos internacionales de comercio, inversión y financiación

ix)Adopte un enfoque proactivo con respecto a su obligación de prestar asistencia internacional, integrando e institucionalizando las obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos en su poder ejecutivo, en particular reforzando la capacidad de las autoridades competentes para analizar las consecuencias de las políticas belgas en el ámbito de los acuerdos comerciales, los créditos a la exportación respaldados por el Estado, la condonación de la deuda y la formulación de proyectos de desarrollo y políticas macroeconómicas apoyadas por las instituciones financieras internacionales, en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales fuera de su territorio.

Derecho a la salud

x)No imponga la condición de la sostenibilidad financiera y apoye activamente y financie programas destinados a garantizar que la atención de salud sea gratuita en los países en que esos programas mejorarán el acceso a la atención básica de salud, en particular para los grupos vulnerables (gracias al aumento de la tasa de utilización de los centros de salud).

xi)Condicione toda contribución futura a la financiación de la Asociación Internacional de Fomento a la utilización de recursos belgas para respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud, de conformidad con las obligaciones contraídas por Bélgica en virtud del Pacto.

83.En lo que se refiere a un protocolo facultativo, el Comité podría recomendar a Bélgica que:

Protocolo f acultativo

xii)Siga contribuyendo, en un espíritu positivo, a la redacción del Protocolo Facultativo, alineándose con los otros Estados de la Unión Europea que tienen una actitud positiva respecto de este asunto y participe activamente en la labor del grupo de trabajo de composición abierta.

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