Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Quinto informe periódico que los Estados partes debían presentar en 2014

Australia *

[Fecha de recepción: 1 de febrero de 2016]

Índice

Página

I.Introducción3

Consultas con los gobiernos de los estados y territorios y con la sociedad civil3

Párrafo 37 de las observaciones finales. Seguimiento y difusión4

Información general sobre Australia5

II.Respuesta a las observaciones finales y recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales5

Párrafo 10 de las observaciones finales. Consultas Nacionales de Derechos Humanos5

Párrafo 11 de las observaciones finales. Incorporación del Pacto en el derecho interno del Estado6

Párrafo 12 de las observaciones finales. Asistencia oficial para el desarrollo6

Párrafo 13 de las observaciones finales. Comisión de Derechos Humanos de Australia7

Párrafo 14 de las observaciones finales. Legislación contra la discriminación7

Párrafo 15 de las observaciones finales. Medidas de intervención en el Territorio del Norte8

Párrafo 16 de las observaciones finales. Personas con discapacidad9

Párrafo 17 de las observaciones finales. Diferencias de género11

Párrafo 18 de las observaciones finales. Empleo14

Párrafo 19 de las observaciones finales. Derechos de los trabajadores19

Párrafo 20 de las observaciones finales. Medidas de la seguridad social21

Párrafo 21 de las observaciones finales. Licencia de maternidad pagada22

Párrafo 22 de las observaciones finales. Violencia doméstica23

Párrafo 23 de las observaciones finales. Trata de seres humanos27

Párrafo 24 de las observaciones finales. Pobreza29

Párrafo 25 de las observaciones finales. Detención obligatoria32

Párrafo 26 de las observaciones finales. Falta de vivienda33

Párrafo 27 de las observaciones finales. Repercusiones del cambio climático35

Párrafo 28 de las observaciones finales. Cerrar la brecha38

Párrafo 29 de las observaciones finales. Servicios de salud en las prisiones40

Párrafo 30 de las observaciones finales. Servicios de salud mental42

Párrafo 31 de las observaciones finales. La educación de la población indígena45

Párrafo 32 de las observaciones finales. Reforma del sistema de títulos de propiedad de los aborígenes47

Párrafo 33 de las observaciones finales. Promoción y protección de la cultura indígena48

Párrafo 34 de las observaciones finales. Enseñanza de los derechos humanos50

Párrafos 35 y 36 de las observaciones finales. Ratificaciones adicionales51

Anexos**

I.Introducción

1.El Gobierno de Australia se complace en presentar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el Comité) el quinto informe de Australia con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

2.El quinto informe periódico de Australia abarca el período comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2014. Este informe complementa el documento básico común de Australia de 2007 y debe leerse conjuntamente con él.

3.El quinto informe fue preparado de conformidad con las directrices del Comité sobre los documentos específicos que deben presentar los Estados partes con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/2008/2).

4.Australia se presentó por última vez ante el Comité en mayo de 2009. El Comité emitió sus observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Australia el 12 de junio de 2009 (E/C.12/AUS/CO/4). En el presente informe se responde en forma directa a las cuestiones señaladas en las observaciones finales del Comité en 2009 (E/C.12/AUS/CO/4), conforme al párrafo 6 de las directrices del Comité. Asimismo, se abordan todas aquellas áreas en las que se han producido cambios significativos y respecto de las cuales no consta información en otros informes presentados en virtud de otros tratados en los que Australia es parte.

5.El presente informe no repite la información sobre las cuestiones expuestas en el cuarto informe en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de enero de 2008 (E/C.12/AUS/4), o en la respuesta de Australia a la lista de cuestiones del Comité de marzo de 2009 (E/C.12/AUS/Q/4/Add.1).

6.Asimismo, se remite al Comité al informe del Examen Periódico Universal presentado en 2010 ante el Consejo de Derechos Humanos, al informe posterior del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos presentado en marzo de 2011, y al informe del Examen Periódico Universal de Australia de 2015 presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el 4 de agosto de 2015. Todos estos documentos contienen información pertinente para la aplicación del Pacto por parte de Australia.

7.Tras las elecciones federales celebradas el 7 de septiembre de 2013, el 18 de noviembre de ese mismo año se formó un nuevo Gobierno en el país. Por consiguiente, las estrategias, las políticas y los programas fundamentales han sido modificados desde esa fecha, y lo mismo ha sucedido con los cargos y nombres de algunos organismos; los cambios se indican según corresponda.

Consultas con los gobiernos de los estados y territorios y con la sociedad civil

8.Australia tiene un sistema constitucional federal, en el que las competencias están distribuidas entre las diversas instituciones federales y los seis estados (Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland, Australia Occidental, Australia del Sur y Tasmania), y los tres territorios autónomos (el Territorio de la Capital de Australia, el Territorio del Norte y el Territorio de la Isla de Norfolk). En la parte B del documento básico común figura información adicional sobre la estructura política australiana.

9.Cada uno de los estados tiene su propia constitución, un parlamento elegido en forma democrática y un poder judicial independiente. El Territorio de la Capital de Australia y el Territorio del Norte son autónomos, y tienen representantes elegidos democráticamente, instituciones administrativas independientes y un sistema judicial propio.

10.Al ser una federación, si bien el Gobierno de Australia es el Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los gobiernos de los estados y territorios comparten la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones de Australia que dimanan de él. Para la preparación de este informe, el Gobierno de Australia celebró consultas con los gobiernos de los estados y territorios. A fin de dar una idea completa de los avances hacia el logro de la plena efectividad de los derechos consagrados en el Pacto durante el período examinado, en el anexo 1 del presente documento se incluyen ejemplos de las políticas y los programas que guardan relación con las observaciones finales.

11.El tercer nivel del gobierno está representado por los gobiernos locales, que se encargan de prestar diversos servicios municipales, como por ejemplo el cobro de tasas y el saneamiento.

12.El Consejo de Gobiernos Australianos es el foro intergubernamental principal de Australia. Este Consejo está integrado por, entre otros, el Primer Ministro, los primeros ministros de los estados y los territorios, los ministros principales del Territorio de la Capital de Australia y el Territorio del Norte, y el Presidente de la Asociación de Gobiernos Locales de Australia. La función del Consejo de Gobiernos Australianos es promover las reformas políticas de relevancia nacional o que requieran de la acción coordinada de todos los niveles de los gobiernos de Australia.

13.El Consejo de Gobiernos Australianos se ha abocado firmemente a un programa de reformas sin precedentes con un solo objetivo: mejorar el bienestar de todos los australianos, para el presente y el futuro. Los resultados de las reuniones del Consejo se incluyen en los comunicados publicados al final de cada reunión. Los acuerdos formalizados pueden incluirse en los acuerdos intergubernamentales, en especial en los acuerdos y las asociaciones nacionales.

14.El Gobierno de Australia también ha tenido presente la importancia de hacer participar a la sociedad civil en la preparación de este informe y ha invitado a la sociedad civil a presentar información. En el anexo 2 figura una lista de las respuestas recibidas de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de particulares. Estas respuestas se tomaron en consideración para elaborar el informe.

Párrafo 37 de las observaciones finales. Seguimiento y difusión

15.En todos los niveles del Gobierno de Australia se ha dado una amplia difusión a las observaciones finales formuladas por el Comité en 2009, a las que se hace referencia en forma directa en el presente informe. En marzo de 2010, también se difundieron en todos los organismos gubernamentales federales, estatales y territoriales. Asimismo, se invitó a numerosas ONG a presentar sus comentarios en ese momento.

16.El Gobierno de Australia ha puesto este documento a disposición de quienes deseen consultarlo en el sitio web del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio. Se han distribuido copias en formato electrónico a los gobiernos estatales y territoriales, a los organismos del gobierno federal, a la Comisión de Derechos Humanos de Australia, a los grupos de la sociedad civil, al sector privado y al público interesado.

17.La difusión de otras observaciones finales en relación con este informe y la próxima presentación de Australia se llevará a cabo de la siguiente manera: el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio publicará cualquier observación final adicional en su sitio web y solicitará a los interesados externos hacer lo propio, para poner las observaciones a disposición de sus miembros y del público; el Ministerio organizará una reunión con los organismos del Gobierno federal y los gobiernos de los estados y territorios para analizar las preocupaciones y recomendaciones del Comité; asimismo, se recabarán las opiniones de la Comisión de Derechos Humanos de Australia, de los funcionarios de los gobiernos de los estados y territorios, de los grupos de la sociedad civil, de personas del sector privado y del público en general.

18.En consonancia con las directrices del Comité para la presentación de informes, de 2006, la misión de Australia ante las Naciones Unidas en Ginebra es el punto de enlace designado con el coordinador de seguimiento del Comité.

19.El Gobierno de Australia apoya con firmeza el funcionamiento eficiente del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, y está muy interesado en los resultados del examen del presente informe por el Comité.

Información general sobre Australia

20.Australia es una sociedad estable, democrática y culturalmente diversa; además, posee una fuerza de trabajo altamente capacitada y una de las economías más sólidas del mundo en términos de ingreso por persona.

21.En el anexo 3 se ha incluido más información general sobre la población de Australia (en particular, sobre los pueblos indígenas y la migración), la diversidad cultural y lingüística, la economía, los sistemas educativos y de salud, y los medios nacionales, a fin de proporcionar al Comité un contexto adicional sobre la Australia contemporánea.

II.Respuesta a las observaciones finales y recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Párrafo 10 de las observaciones finales. Consultas Nacionales de Derechos Humanos

22.Los derechos económicos, sociales y culturales se han considerado parte de la Consulta Nacional de Derechos Humanos encomendada por el Gobierno anterior, y este hecho ha quedado plasmado en el informe y las recomendaciones correspondientes. En el informe se señala la necesidad de proteger y promover estos derechos económicos, sociales y culturales, y se recomienda que se incluyan en cualquier marco jurídico de derechos humanos que Australia pudiera elaborar en el futuro.

23.El marco jurídico de Australia también garantiza que estos derechos se tengan en cuenta durante el proceso de formulación y examen de la legislación en el Parlamento del Commonwealth. La respuesta al párrafo 11 de las observaciones finales describe este proceso con mayor detalle.

Párrafo 11 de las observaciones finales. Incorporación del Pacto en el derecho interno del Estado

24.Las obligaciones emanadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pueden cumplirse por diversos medios, en particular la legislación. El enfoque adoptado por los sucesivos Gobiernos de Australia ha apuntado, por lo general, a asegurar que el derecho interno, las políticas y las prácticas de Australia sean compatibles con las obligaciones del Estado parte en la esfera de los derechos humanos.

25.La Ley de Derechos Humanos (Control Parlamentario), de 2011, entró en vigor el 4 de enero de 2012. Esta norma establece que toda legislación que se presente al Parlamento australiano debe estar acompañada de una declaración que afirme la compatibilidad normativa con las obligaciones contraídas por Australia en virtud de los siete tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que es parte, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

26.Australia es uno de los pocos países que exige explícitamente que se consideren los derechos económicos, sociales y culturales en las declaraciones de compatibilidad con los derechos humanos.

27.En consonancia con las disposiciones de la ley, en marzo de 2012, se creó una Comisión Parlamentaria Mixta de Derechos Humanos en el Parlamento de Australia. La Comisión examina la compatibilidad de la legislación nueva y existente con los derechos humanos, incluidos los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; asimismo, puede llevar a cabo investigaciones en materia de derechos humanos a solicitud del Fiscal General. También cumple una función destacada en la esfera educativa que incluye el fomento de una mayor conciencia pública en materia de derechos humanos. Desde su creación, la Comisión Parlamentaria Mixta de Derechos Humanos ha presentado numerosos informes que examinan la compatibilidad de la legislación presentada al Parlamento, incluida la compatibilidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Párrafo 12 de las observaciones finales. Asistencia oficial para el desarrollo

28.Australia continúa siendo un generoso donante de asistencia, y cuenta con un presupuesto responsable, razonable y sostenible. El programa de ayuda de Australia se centra en las vías para impulsar el crecimiento económico de los países en desarrollo y crear estrategias para salir de la pobreza.

29.Para lograrlo, Australia realiza importantes inversiones en educación y salud, reducción de riesgos de desastres y crisis humanitarias. En todas las inversiones se tiene en cuenta el empoderamiento de la mujer.

Párrafo 13 de las observaciones finales. Comisión de Derechos Humanos de Australia

30.En 2011, la Comisión de Derechos Humanos de Australia fue acreditada como institución de la categoría "A" por cumplir plenamente con los criterios establecidos en los Principios de París de 1993; además, posee el reconocimiento internacional como institución de derechos humanos de la categoría "A", con amplias funciones con arreglo a diversos instrumentos de derechos humanos.

31.La Comisión ejerce funciones en relación con los siguientes tratados y declaraciones:

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

Convención sobre los Derechos del Niño;

Declaración de los Derechos del Niño;

Declaración de los Derechos de los Impedidos;

Declaración de los Derechos del Retrasado Mental; y

Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones.

32.Además, el Comisionado de Justicia Social en favor de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres desempeña funciones específicas con arreglo a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, de 1986 (Commonwealth), y a la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes, de 1993 (Commonwealth); de conformidad con estas leyes, debe supervisar el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas, además de cumplir funciones con arreglo al Convenio de la OIT relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación (núm. 111).

Párrafo 14 de las observaciones finales. Legislación contra la discriminación

33.En virtud de las leyes del Commonwealth, las normas que contienen los motivos de discriminación prohibidos son las siguientes: la Ley contra la Discriminación Racial, de 1975 (Commonwealth); la Ley contra la Discriminación Sexual, de 1984 (Commonwealth); la Ley contra la Discriminación por Discapacidad, de 1992 (Commonwealth); y la Ley contra la Discriminación por Edad, de 2004 (Commonwealth).

La Ley contra la Discriminación Racial, de 1975 (Commonwealth), establece que es ilegal discriminar por motivos de raza, color u origen nacional o étnico en cualquier ámbito de la vida pública, y prohíbe el odio racial.

La Ley contra la Discriminación Sexual, de 1984 (Commonwealth), establece que es ilegal discriminar por motivos de sexo, orientación sexual, identidad de género, intersexualidad, estado civil o relación de pareja, embarazo, lactancia o responsabilidades familiares. Esta ley incluye medidas especiales para promover la igualdad de género y la protección contra el acoso sexual.

La Ley contra la Discriminación por Discapacidad, de 1992 (Commonwealth), establece que es ilegal la discriminación de las personas por motivos de discapacidad en el ámbito laboral, la educación y otras esferas de la vida pública; asimismo, establece que es ilegal violar las normas de discapacidad.

La Ley sobre la Discriminación por Edad, de 2004 (Commonwealth), establece que es ilegal la discriminación por razones de edad en el ámbito laboral y en otras esferas de la vida pública; la ley también establece excepciones y contempla la aplicación de la discriminación positiva en circunstancias particulares. Por ejemplo, se permite dar asistencia a las personas de determinada edad para eliminar o reducir los obstáculos que les impidan participar en la sociedad.

34.Asimismo, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Australia, de 1986 (Commonwealth), establece otro proceso para formular reclamos de igualdad de oportunidades en el empleo en una serie de situaciones que no hayan sido recogidas en las leyes contra la discriminación. Este proceso da efecto a las obligaciones de Australia dimanantes del Convenio núm. 111 de la OIT (en el anexo 1 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos). Aunque el proceso no incluye la opción de recurrir a los tribunales federales, las denuncias por discriminación formuladas al amparo del Convenio núm. 111 pueden ser resueltas mediante conciliación e investigadas en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de Australia. Si se comprueba la discriminación, la Comisión prepara un informe dirigido al Fiscal General que se presenta en el Parlamento. Entre otros motivos de discriminación reconocidos en virtud de este régimen, cabe citar la religión, la opinión política, los antecedentes penales y la actividad sindical.

35.El Gobierno de Australia y los gobiernos de los estados y territorios han promulgado leyes que establecen otros tipos de protección contra la discriminación. En este sentido, cabe mencionar.

Territorio de la Capital de Australia	Ley de Derechos Humanos, de 2004 Ley contra la Discriminación, de 1991
Nueva Gales del Sur	Ley contra la Discriminación, de 1977 Ley de Modificación de la Ley contra la Discriminación (Responsabilidades de los Cuidadores), de 2000
Territorio del Norte	Ley contra la Discriminación, de 1992
Queensland	Ley contra la Discriminación, de 1991
Australia del Sur	Ley de Igualdad de Oportunidades, de 1984
Tasmania	Ley contra la Discriminación, de 1998
Victoria	Ley de Igualdad de Oportunidades, de 2010 Ley de Tolerancia Racial y Religiosa, de 2001 Ley de la Carta de Derechos Humanos y Responsabilidades, de 2006
Australia Occidental	Ley de Igualdad de Oportunidades, de 1984

Párrafo 15 de las observaciones finales. Medidas de intervención en el Territorio del Norte

36.Se remite al Comité a los informes periódicos decimoctavo a vigésimo combinados de Australia en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, específicamente al párrafo 16 de las observaciones finales y las observaciones complementarias (Respuesta de Emergencia y Gestión de Ingresos en el Territorio del Norte), los párrafos 15 y 26 de las observaciones finales (reconocimiento indígena y reconciliación), y el párrafo 18 de las observaciones finales (reformas legislativas de la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes, de 1993 (Commonwealth), carga de la prueba y mecanismos de consulta efectiva con los pueblos indígenas).

37.La ratificación del Convenio núm. 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, de 1989, no es una prioridad para el Gobierno de Australia en este momento.

38.El Gobierno tiene un programa de reformas que se centra en prestar asistencia práctica a los pueblos indígenas de Australia. El Gobierno de Australia consulta a los pueblos indígenas por diversas vías, y seguirá haciendo lo propio con los gobiernos de los estados y territorios, con los líderes indígenas y con las comunidades; al mismo tiempo, continuará mejorando los resultados sobre el terreno para los indígenas australianos.

Párrafo 16 de las observaciones finales. Personas con discapacidad

Programa de reformas en materia de discapacidad

39.El programa de reformas en materia de discapacidad del Gobierno de Australia está generando cambios fundamentales en nuestra sociedad en lo que respecta a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores. El Gobierno de Australia trabaja en estrecha colaboración con los gobiernos de los estados y territorios para lograr ese objetivo mediante la Estrategia Nacional sobre la Discapacidad 2010-2020 y el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad. La Ley contra la Discriminación por Discapacidad, de 1992 (Commonwealth), prevé importantes medidas de protección contra la discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito federal. Todos los estados y territorios cuentan también con legislación que incluye disposiciones orientadas a combatir la discriminación por discapacidad.

40.La Estrategia Nacional de Australia sobre la Discapacidad 2010-2020, aprobada por todas las administraciones en 2011, sienta un marco para que en el país puedan impulsarse las reformas en materia de discapacidad. La estrategia introduce un enfoque más incluyente en el diseño de políticas, programas e infraestructura a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en todos los ámbitos de la vida australiana.

41.La mejora del acceso a los edificios, el transporte, las actividades sociales, la educación, el empleo y los servicios de atención de la salud contribuirá a asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de desarrollar su potencial como ciudadanos en pie de igualdad. La primera fase de la estrategia se denomina Preparando el Terreno 2011-2014; su objetivo es impulsar la reforma de la planificación y la prestación de servicios tanto generales como específicos para las personas con discapacidad en los ámbitos de mayor prioridad.

42.El firme apoyo de Australia a las personas con discapacidad se plasma también en su reforma insignia, el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, que proporciona apoyo de por vida a las personas con discapacidad y a sus cuidadores. El Plan comenzó a aplicarse en forma experimental en cuatro lugares de Australia el 1 de julio de 2013. Al 30 de junio de 2014, 7.316 personas participaban de este Plan, a un costo medio de 38.200 dólares de los Estados Unidos. El 1 de julio de 2014 se sumaron otros tres lugares y, para julio de 2019, el Plan estará funcionando en todos los estados y territorios, con excepción de Australia Occidental.

43.Una vez que esté plenamente operativo, el Plan —a un costo anual aproximado de 22.000 millones de dólares— beneficiará a más de 460.000 personas con discapacidades importantes y permanentes, y les permitirá elegir el apoyo y los prestadores. De esta forma, las personas con discapacidad tendrán más posibilidades de elección y control del apoyo que necesitan para alcanzar sus metas, objetivos y aspiraciones en materia de participación social y económica.

Migraciones y visados

44.Al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Australia expone su planteamiento de que el artículo 18 de la Convención no afecta los requisitos sanitarios a los extranjeros que deseen entrar o permanecer en Australia, pues dichos requisitos se basan en criterios legítimos, objetivos y razonables formulados en una declaración interpretativa.

45.Los solicitantes de visado a los que alcanza este requisito sanitario deberán cumplirlo para obtener el visado, independientemente de que se haya determinado que tienen una discapacidad o enfermedad. El fundamento de la exclusión de los solicitantes no se centra explícitamente en el hecho de tener una discapacidad. Los solicitantes que tienen una afección importante serán evaluados por un funcionario médico del Commonwealth para determinar si cumplen con el requisito sanitario. Para quienes no reúnan este requisito sanitario, hay un pequeño número de casos (fundamentalmente aquellos donde se otorga la visa por razones humanitarias, razones familiares o cualificaciones determinadas) en los que se puede conceder una exoneración discrecional, si los gastos de los servicios de atención de salud y comunitarios o el acceso a servicios escasos no se considera "excesivo".

46.En junio de 2010, el Comité Permanente sobre las Migraciones finalizó una investigación sobre el trato de la discapacidad en el ámbito de las migraciones. En este estudio, se consideró cómo se evaluaba a las personas con discapacidad que solicitaban un visado para ingresar en Australia en función del requisito sanitario y, en particular, cómo se evaluaban los costos sanitarios y comunitarios asociados a la discapacidad. La comisión investigadora solicitó que se modificara el requisito sanitario a fin de que la evaluación fuera más flexible, transparente y eficaz, y se pudieran ponderar los costos de salud a la luz de la potencial contribución de esta persona a Australia en el plano económico y social.

47.Una de las recomendaciones que se ejecutó (junio de 2012) fue simplificar el enfoque para evaluar las exoneraciones del requisito sanitario a las personas que solicitan el visado por razones humanitarias. De conformidad con las disposiciones revisadas de la política, los costos de los servicios de salud o comunitarios asociados a una discapacidad o enfermedad ya no se consideran "excesivos" cuando se trata de solicitantes de visado por razones humanitarias, y además se exime del requisito sanitario al solicitante a menos que necesite acceso a servicios escasos. Este enfoque ha permitido que la evaluación para el otorgamiento del visado sea más eficiente.

48.La recomendación del Comité (número 4) de evaluar las enfermedades y los cuadros clínicos por separado de los trastornos asociados a la discapacidad no prosperó. El método actual para evaluar si los solicitantes de visado cumplen el requisito sanitario no discrimina a quienes tienen una discapacidad, enfermedad o ambas situaciones, y todos los solicitantes reciben un trato justo y equitativo.

49.Existen algunas similitudes entre la recomendación del párrafo 16 de las observaciones finales del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la recomendación de la Comisión Mixta Permanente que procuró que se "modificara la Ley contra la Discriminación por Discapacidad, poniendo especial énfasis en la excepción en materia de migraciones que se incluye en el artículo 52, a fin de determinar sus consecuencias jurídicas para la administración de las migraciones y realizar consultas con expertos sobre los efectos en las personas con discapacidad". Esta recomendación no prosperó debido a que el artículo 52 de la mencionada ley ha sido objeto de un cuidadoso examen y reforma para que las personas con discapacidad reciban un trato justo.

50.El seguimiento permanente de las leyes y políticas que establecen el requisito sanitario garantiza que todas las mejoras en las evaluaciones sanitarias de los solicitantes de visado complementen y apoyen los objetivos del programa de visado permanente y temporario, al tiempo que se continúa cumpliendo el propósito del requisito sanitario, esto es:

Proteger a la comunidad australiana de los riesgos de salud y seguridad públicas, en particular de la tuberculosis activa;

Contener el gasto público en servicios de salud y comunitarios, en particular prestaciones de la seguridad social, los subsidios y las pensiones;

Salvaguardar el acceso de los ciudadanos australianos y los residentes permanentes a los servicios de atención de salud y comunitarios que son escasos.

51.El sistema de seguridad social de Australia se basa en los conceptos de residencia y necesidad. En términos generales, solo pueden cobrar los pagos de la seguridad social los residentes australianos; es decir, quienes residen en Australia y tienen permiso para residir en forma permanente.

52.Los residentes recién llegados tienen un período de espera de dos años para recibir la mayoría de las prestaciones de apoyo financiero público; algunas pensiones, como la pensión de vejez y la pensión de apoyo a la discapacidad, tienen un requisito de espera de diez años. El requisito del tiempo de residencia tiene como objeto garantizar que solo aquellos que han establecido relaciones a largo plazo en Australia tengan acceso a las pensiones de vejez y de apoyo a la discapacidad. No obstante, si la discapacidad permanente para trabajar se produjo en Australia, cuando la persona solicitante era portadora de un visado de residencia permanente, se podrá hacer una excepción al requisito del período de residencia de diez años.

Párrafo 17 de las observaciones finales. Diferencias de género

53.Se remite al Comité al anexo 1 para analizar las políticas y los programas de los estados y territorios con arreglo al párrafo 17 de las observaciones finales.

54.El Gobierno de Australia continúa su trabajo para mejorar el empoderamiento de las mujeres. En 2013, la Oficina de la Mujer pasó a formar parte del Departamento del Primer Ministro y el Gabinete. De esta forma se garantiza un enfoque global para que las mujeres logren mejores resultados económicos y sociales y para que la política de género se integre a todas las áreas.

55.Continúan las diferencias en el salario que perciben los hombres y las mujeres que trabajan en Australia. Para medir estas diferencias, se ha recurrido a una serie de métodos. Cuando se comparan los datos en función del género, es necesario hacer un análisis cuidadoso, pues son muchos los factores, además del género, que pueden influir en las diferencias observadas en el salario promedio de los hombres y las mujeres (por ejemplo, la participación en el mercado de trabajo, la cantidad de horas trabajadas, el tipo de industria y la ocupación).

56.Según el detalle de las remuneraciones horarias publicado en el informe bienal Salario y Horas de Trabajo (catálogo núm. 6306.0), de la Oficina de Estadística, la diferencia entre hombres y mujeres que trabajan a tiempo completo es del 12,1%. Un método de cálculo alternativo es la utilización de los datos de tendencias del Estudio del Salario Medio Semanal (catálogo núm. 6302.0), de mayo de 2014, que revela una diferencia del 18,8% entre el salario básico semanal de trabajadores y trabajadoras que trabajan a tiempo completo.

57.Se observa un incremento en el volumen relativo de los saldos de jubilación de las mujeres en comparación con los hombres, y los últimos datos indican que los saldos de jubilación promedio de las mujeres equivalen al 65% de los saldos de los hombres.

58.La disparidad salarial que existe entre hombres y mujeres en Australia es un tema complejo que no puede abordar el gobierno por sí solo. El Consejo de Derechos Humanos de Australia reveló en 2014 que el 49% de las mujeres y el 27% de los hombres han sido discriminados en el trabajo por cuestiones vinculadas a la maternidad, la licencia por nacimiento de hijo o la reincorporación al trabajo. El Consejo producirá recursos para empleadores sobre las mejores formas de gestión y apoyo para padres y madres que trabajan.

59.La Ley de Relaciones Laborales Justas, de 2009 (Commonwealth), ofrece un mecanismo que contribuye a garantizar la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Una persona o un grupo de trabajadores de un mismo sector puede solicitar a la Comisión de Relaciones Laborales Justas (anteriormente, el organismo Ecuanimidad en el Trabajo) una orden para que se les equipare la remuneración si realizan un trabajo de igual valor. La Ley de Relaciones Laborales Justas no requiere que el solicitante demuestre que hubo discriminación basada en el sexo por parte del empleador al fijar la remuneración.

60.En el contexto de la Ley de Relaciones Laborales Justas, se ha dictado una resolución favorable. El 1 de febrero de 2012, la Comisión de Relaciones Laborales Justas dictó una orden de equiparación de remuneraciones en el sector de los servicios sociales y comunitarios. La orden dispuso el otorgamiento de un incremento salarial del orden del 23% al 45%, pagadero en diez cuotas durante los nueve años siguientes, a los integrantes de la fuerza de trabajo —compuesta principalmente por mujeres— que cumplían las condiciones necesarias.

61.Una solución más amplia a la cuestión de la igualdad entre los géneros —en particular, con más presencia de la mujer en funciones de liderazgo y en empleos no tradicionales y políticas del Gobierno que apoyen la participación de la mujer en la fuerza de trabajo— contribuiría en gran medida a resolver la disparidad salarial entre hombres y mujeres a largo plazo.

62.En el marco de las obligaciones asumidas con el G-20, el Gobierno de Australia apunta a reducir la disparidad que existe entre los hombres y las mujeres en las tasas de participación en la fuerza de trabajo en un 25% antes de 2025. Ya se han sentado gran parte de los pilares para promover el empoderamiento económico de la mujer, en particular la excelencia en los niveles de educación, el acceso a guarderías, las licencias por hijo pagas, y un sistema jurídico e industrial sólido que apoya las protecciones de los trabajadores y la flexibilidad en el lugar de trabajo.

63.La Ley contra la Discriminación Sexual, de 1984 (Commonwealth), promueve la igualdad entre hombres y mujeres, y protege a las personas del trato injusto en el ámbito del empleo y en otras áreas de la vida pública por motivos de sexo, orientación sexual, identidad de género, condición de intersexual, estado civil o relación de pareja, responsabilidades familiares, embarazo y lactancia. También prohíbe el acoso sexual.

64.Las reformas de 2011 y 2013 a la Ley contra la Discriminación Sexual apuntaron a aplicar una serie de recomendaciones surgidas de la investigación que llevó a cabo la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y Constitucionales en torno a la Ley contra la Discriminación Sexual, de 1984, y los resultados en cuanto a la eliminación y promoción de la igualdad de género. Las modificaciones introducidas estaban dirigidas a:

Ampliar la protección contra la discriminación directa por responsabilidades familiares tanto a los hombres como a las mujeres en todos los ámbitos del empleo;

Ampliar la protección contra el acoso sexual para los estudiantes y los trabajadores;

Garantizar que las medidas de protección contra la discriminación sexual se apliquen por igual a los hombres y a las mujeres;

Establecer la lactancia como otro de los motivos de discriminación;

Ampliar la protección contra la discriminación e incluir los nuevos motivos de orientación sexual, identidad de género y condición de intersexual, y ampliar los motivos actuales de "estado civil" e incluir "estado civil o relación de pareja", para proteger a las parejas de hecho del mismo sexo.

65.Las normas nacionales de empleo permiten a ambos padres tener acceso a períodos de licencia por separado, sin goce de sueldo, de hasta 12 meses. También conceden a los empleados el derecho a solicitar modalidades de trabajo flexibles si son padres o tutores de niños en edad escolar o más pequeños; tienen personas a su cuidado, una discapacidad o 55 años o más de edad; o son víctimas de violencia doméstica o familiar (o tienen a su cuidado a un familiar o miembro del hogar que es víctima de violencia doméstica o familiar).

66.La Ley de Igualdad de Género en el Trabajo, de 2012 (Commonwealth), se denominaba anteriormente Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el Lugar de Trabajo, de 1999. El cambio de nombre y orientación respondió a la necesidad de promover y mejorar la igualdad de género y los resultados para las mujeres y los hombres en el lugar de trabajo.

67.El Organismo para la Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo del Gobierno de Australia apoya y alienta la diversidad y flexibilidad mediante un marco para la presentación de informes para empleadores, que incluye el uso de jornadas parciales y otras modalidades de trabajo flexibles. El Organismo también asesora y apoya a los empleadores en el uso de modalidades de trabajo flexibles, y promueve las mejores prácticas empresariales mediante la mención como Empleador Elegido.

68.Para que las mujeres puedan obtener mejoras en materia salarial, es también importante lograr una mayor diversidad de género en los cargos directivos y puestos de mando. El Gobierno de Australia está decidido a velar por que las mujeres tengan oportunidades de ocupar cargos directivos, como también de participar en el Gobierno y en todos los aspectos de la sociedad australiana.

69.En 2010, la Honorable Julia Gillard fue la primera mujer del país en ocupar el cargo de Primer Ministro. En 2011, Nicola Roxon fue la primera mujer designada como Fiscal General en Australia. La Honorable Quentin Bryce, Dama de la Orden de Australia y Miembro de la Real Orden Victoriana (AD CVG), fue la primera Gobernadora General de Australia y completó su mandato en marzo de 2014. En 2013, el Gobierno de Australia designó a la Honorable Julie Bishop, miembro del Parlamento, como Ministra de Asuntos Exteriores, y fue la primera mujer que ocupó ese cargo.

70.La presencia de la mujer en los parlamentos de Australia es de alrededor del 30%, con algunas variaciones entre las distintas jurisdicciones y entre la cámara baja y la alta. En términos federales, hay una marcada diferencia entre la representación de las mujeres en el Senado (38,2%) y en la Cámara de Representantes (26,7%).

Párrafo 18 de las observaciones finales. Empleo

71.Se remite al Comité al anexo 1 para analizar las políticas y los programas de los estados y territorios con arreglo al párrafo 18 de las observaciones finales.

72.Asimismo, se remite al Comité al anexo 4, que contiene información y material complementarios relacionados con los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La información incluye datos sobre el mercado de trabajo; informes sobre las principales políticas y programaciones nuevas presentadas fuera del período objeto de informe; y un análisis de las cuestiones que enfrentan los trabajadores de edad avanzada.

Servicios de empleo 2015

73.Durante el período objeto de informe, Job Services Australia se encargó del sistema de servicios de empleo del Gobierno de Australia. El contrato actual de Job Services Australia vence el 30 de junio de 2015. El Gobierno de Australia invertirá 5.100 millones de dólares en los próximos tres años, a partir del período 2015-2016, para disponer nuevos mecanismos de servicios de empleo que comenzarán a funcionar a partir del 1 de julio de 2015.

74.El modelo del nuevo servicio de empleo creado en 2015, denominado jobactive, permitirá una mejor asistencia a los solicitantes de empleo aptos para participar en este servicio, que incluye una nueva combinación de incentivos, servicios y pagos para que los servicios de los prestadores sean de calidad. También se subsidian salarios a fin de alentar a los empleadores a contratar, capacitar y mantener en los puestos de trabajo a los solicitantes de empleo.

75.Aunque fuera del período objeto de informe, jobactive ha mostrado un gran avance en materia de servicios de empleo; por este motivo se ha incluido información al respecto en el anexo 4.

Sistemas y servicios de empleo

76.Todo empleado tiene derecho a recibir un trato justo en el empleo y a ser respetado por sus aportaciones en el lugar de trabajo. El sistema nacional de relaciones laborales crea una red de protección mediante el establecimiento de términos y condiciones mínimos de empleo y otros derechos y obligaciones en el lugar de trabajo. Los organismos creados en virtud del sistema de relaciones laborales incluyen la Comisión de Relaciones Laborales Justas (anteriormente, el organismo Ecuanimidad en el Trabajo), el Ombudsman para las Relaciones Laborales Justas y el organismo de Relaciones Laborales Justas en la Construcción. El Tribunal Federal de Australia y el Tribunal de Circuito de Australia también se ocupan de las relaciones laborales.

77.Durante el período objeto de informe, Job Services Australia se encargó del sistema de servicios de empleo del Gobierno. Este sistema permitió a los solicitantes de empleo que cumplían los requisitos obtener asistencia específica y una vía más adecuada para llegar al empleo. Los beneficiarios fueron australianos de origen indígena, migrantes y personas catalogadas como refugiados, personas con discapacidad y personas de edad. Job Services Australia no solo prestó apoyo en la búsqueda de empleo y experiencia laboral, sino que también facilitó la capacitación y el desarrollo de conocimientos, y proporcionó subsidios salariales y apoyo posterior al empleo. Los solicitantes de empleo fueron divididos en cuatro niveles según su desventaja; en el nivel 4 se encontraban los solicitantes de empleo más desfavorecidos, que recibían más asistencia.

Australianos indígenas

78.Se remite al Comité a los informes periódicos decimoctavo a vigésimo combinados de Australia en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, específicamente el párrafo 22 de las observaciones finales (Eliminación de las desigualdades socioeconómicas, idoneidad cultural de la prestación de servicios públicos, autonomía indígena).

79.Una de las prioridades del Gobierno de Australia es mejorar la tasa de empleo de la población indígena. Job Services Australia formó parte del empeño del Gobierno en reducir a la mitad la diferencia en las tasas de empleo entre los australianos indígenas y los no indígenas en el término de un decenio. Las empresas prestatarias ofrecieron servicios de empleo especializado para la población indígena. A finales de 2014, había unos 74.000 solicitantes de empleo de origen indígena registrados en Job Services Australia (alrededor del 9% del total de los solicitantes de empleo registrados).

80.Los solicitantes de empleo de origen indígena y no indígena no solo reciben apoyo en la búsqueda de empleo y la obtención de experiencia laboral, sino también en la capacitación y el desarrollo de conocimientos, con formación reconocida y otros tipos de apoyo según sus necesidades. En el marco de Job Services Australia, se divide al conjunto de solicitantes de empleo en cuatro niveles de servicios, en función del nivel evaluado de desventaja relativa en el mercado de trabajo. Los que fueron asignados a niveles más altos (niveles 3 y 4) recibieron más asistencia. Un 66% de los solicitantes de empleo de origen indígena recibió asistencia en los niveles 3 y 4. Esto indica que Job Services Australia procuraba que aquellos que tenían más desventajas recibieran una mayor asistencia acorde al grado de desventaja.

81.El programa experimental de orientación para los indígenas funcionó desde julio de 2012 hasta junio de 2015. Participaron en este programa los prestadores de Job Services Australia, orientando a los solicitantes de empleo y trabajadores de origen indígena y tomando en cuenta los aspectos culturales. La asistencia que se presta con arreglo a este programa incluye apoyo preocupacional y orientación permanente durante un período de hasta 26 semanas a partir del momento en que el solicitante de empleo comienza a trabajar. El programa experimental estaba encaminado a determinar si el apoyo permanente y exclusivo podía mejorar las tasas de retención de los trabajadores indígenas.

82.El Programa de Empleos y Comunidades de Zonas Remotas se puso en marcha el 1 de julio de 2013 en 60 zonas remotas, y prestó servicios de empleo y participación a unos 37.000 solicitantes de empleo, de los cuales aproximadamente el 83% eran australianos indígenas. El programa ofreció un servicio más integrado y flexible a quienes viven en zonas remotas del país y contribuyó a crear comunidades sostenibles. Las actividades vinculadas con el empleo y la participación fueron concebidas según las circunstancias de cada caso, a fin de reducir los obstáculos frente al empleo y ayudar a los solicitantes a permanecer en sus trabajos.

83.En diciembre de 2014, se anunciaron cambios en el Programa de Empleos y Comunidades de Zonas Remotas destinados a resolver el problema del desempleo en esas comunidades. Entre los cambios, cabe mencionar:

Continuidad del Programa de Trabajo a Cambio de Subsidio de Desempleo (Work for the Dole), para todos los solicitantes de entre 18 y 49 años;

Financiación para desarrollar los mercados intermedios de trabajo;

Simplificación del sistema de pagos de los proveedores centrado en la participación activa y empleos sostenibles;

Reducción de los trámites burocráticos para que los prestadores puedan dedicar más tiempo a los solicitantes de empleo; y

Formación según las oportunidades de empleo reales y no solo en aras de la formación.

84.El Gobierno de Australia está modificando el Programa de Empleos y Comunidades de Zonas Remotas (que habrá de denominarse Programa de Desarrollo Comunitario) para ofrecer más oportunidades en materia de empleo y alcanzar resultados económicos y sociales más contundentes en las zonas remotas de Australia. Gracias a las reformas introducidas el 1 de julio de 2015, los solicitantes de empleo podrán participar en actividades de carácter laboral a fin de estar activos y contribuir con sus comunidades; los prestadores de servicios de empleo y los empleadores tendrán mayores incentivos para mantener a estos nuevos ingresantes en sus puestos de trabajo; y habrá más financiación para nuevas empresas que ofrezcan puestos de trabajo y experiencia laboral en las comunidades de zonas remotas.

85.Como resultado de estas reformas, todos los adultos de entre 18 y 49 años que no trabajan ni estudian deben realizar actividades de carácter laboral hasta 25 horas por semana, según la capacidad evaluada para trabajar. El Marco Nacional de Cumplimiento para los Solicitantes de Empleo y las obligaciones mutuas se aplican a la mayoría de los solicitantes de empleo, con inclusión de los que participan en el Programa de Empleos y Comunidades de Zonas Remotas. Los requisitos para participar en este programa buscan reflejar las características particulares del mercado de trabajo en las zonas remotas de Australia.

86.Al igual que en los lugares de trabajo, algunas veces no resulta práctico trabajar cinco días a la semana durante 52 semanas al año. Los solicitantes de empleo tendrán tiempo libre para las actividades de cuidado o las responsabilidades culturales, y durante los períodos de suspensión de actividades y feriados, como Navidad y Pascuas (según corresponda).

Solicitantes de asilo y migrantes

87.A finales de 2014, unos 148.800 solicitantes de empleo de orígenes culturales y lingüísticos diversos (cerca del 19% del total de los solicitantes de empleo de Job Services Australia) participaban en Job Services Australia.

88.El acceso de los migrantes a los servicios de empleo y ayuda económica del Gobierno depende de su condición migratoria. Por lo general, los solicitantes de asilo no pueden acceder a los beneficios de Job Services Australia mientras están detenidos y se decide su condición migratoria. Sin embargo, si obtienen un visado de protección, pueden acceder a todos los servicios de Job Services Australia y también a la ayuda económica. Las personas que llegan a Australia por razones humanitarias (refugiados) tienen acceso a todos los servicios de Job Services Australia, y también a la ayuda económica, a partir de la fecha de llegada a Australia.

89.Desde el 1 julio de 2014, todo aquel que llegue en forma ilegal por la vía marítima, que tenga derecho a protección y goce de derechos laborales (por ejemplo, por haber obtenido un visado de protección temporaria), tendrá acceso a los servicios de empleo y también obligaciones a cambio de la asistencia económica que recibe. En consonancia con la evaluación del nivel individual de desventaja relativa en el mercado de trabajo, podrían acceder a todos los servicios de asistencia para el empleo por conducto de Job Services Australia. La asistencia puede incluir la prestación de apoyo para buscar empleo u obtener experiencia laboral, la capacitación y el desarrollo de conocimientos —que abarca formación reconocida— u otros tipos de apoyo adecuados para sus necesidades.

90.Como cualquier otro solicitante de empleo con derecho a trabajar en Australia, los solicitantes de asilo que poseen el visado transitorio con derecho a trabajar pueden recibir apoyo de Job Services Australia, en particular asistencia para preparar currículos, información sobre escasez de mano de obra cualificada en el ámbito local y oportunidades de empleo, y el acceso permanente a las instalaciones de búsqueda de empleo (servicios (limitados) para el nivel 1).

91.Las personas que ingresaron a Australia como parte de los programas de inmigración de mano de obra cualificada o reunión familiar están sujetas a un período de espera de dos años para recibir todos los beneficios de Job Services Australia. Durante ese período, Job Services Australia les permite acceder al apoyo que brinda, en particular a la asistencia para preparar currículos, a la información sobre escasez de mano de obra cualificada y a las oportunidades de empleo en el ámbito local, y a las instalaciones de búsqueda de empleo (servicios (limitados) para el nivel 1).

92.Todos los solicitantes de empleo de Job Services Australia tuvieron a su disposición servicios de traducción e interpretación. Si bien todos los servicios que brindaban los prestadores de Job Services Australia estaban adaptados a las necesidades de cada uno de los solicitantes de empleo, en 2014 seis prestadores ofrecieron servicios especializados para personas de entornos culturales y lingüísticos diversos o para refugiados.

Personas con discapacidades

93.Se remite al Comité al primer informe periódico de Australia en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente el artículo 27 (Trabajo y empleo). También se remite al Comité a la explicación correspondiente al párrafo 16 de las observaciones finales (véase más arriba).

94.Un número considerable de solicitantes de empleo con discapacidad recibió la asistencia de Job Services Australia. A finales de 2014, unas 215.000 personas con discapacidad recibían asistencia (alrededor del 27% del número total de solicitantes de empleo).

95.Las personas con discapacidad, lesión o enfermedad que reciben la pensión de apoyo a la discapacidad cuentan con asistencia gubernamental de los Servicios de Empleo para Discapacitados, que administra el Departamento de Servicios Sociales. Este servicio ayuda a los solicitantes de empleo con discapacidad, lesión o enfermedad que necesitan un trabajo o una ayuda ocasional para mantener un empleo, así como a las personas con discapacidad permanente que necesitan apoyo habitual y continuo para conservar su trabajo.

Relaciones Laborales (Cumplimiento). El Ombudsman para las Relaciones Laborales Justas

96.El Ombudsman para las Relaciones Laborales Justas fue creado por la Ley de Relaciones Laborales Justas, de 2009 (Commonwealth), y es el responsable de impartir educación, asistencia y asesoramiento sobre el sistema de relaciones laborales del Commonwealth. El organismo es también responsable de velar con imparcialidad por el cumplimiento de la Ley de Relaciones Laborales Justas y los instrumentos relacionados.

97.El Ombudsman investiga en forma exhaustiva las denuncias vinculadas a los trabajadores vulnerables, y ha elaborado estrategias para dar respuesta a los retos específicos que enfrentan aquellos trabajadores que por sus características son vulnerables a la explotación. También identifica y vigila a los sectores de la economía que emplean a trabajadores vulnerables.

98.El Ombudsman informa a los trabajadores de orígenes culturales y lingüísticos diversos sobre los derechos derivados de la relación laboral y el acceso a servicios gratuitos, entre otros:

Traducciones.

Vídeos en YouTube sobre el trabajo en Australia, disponibles en 14 idiomas.

Presentaciones sobre los servicios que presta el Ombudsman a los estudiantes internacionales.

Una ficha descriptiva con los derechos que tienen los titulares de visado (subclase 457). Esta ficha puede consultarse en los sitios web de la Oficina del Ombudsman y del Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras.

Afiches y folletos redactados en múltiples idiomas distribuidos en los centros de recursos para los inmigrantes y en los grupos que trabajan con las comunidades de todo el país.

99.El Ombudsman cuenta con un equipo de trabajadores idóneos que se encarga de supervisar y promover el cumplimiento de la Ley de Relaciones Laborales Justas y de cerciorarse de que los empleadores la apliquen. Para lograrlo, organiza actividades específicas de educación y cumplimiento en áreas o sectores reconocidos por emplear una gran cantidad de trabajadores de temporada y migratorios.

100.En agosto de 2013, el Ombudsman para las Relaciones Laborales Justas inició la campaña Sendero de la Cosecha, encaminada a crear conciencia sobre las obligaciones derivadas del Convenio de Horticultura 2010. La campaña, por un lado, incluyó una serie de actividades educativas y de cumplimiento orientadas a impulsar el cambio de conducta y el cumplimiento en todo el sector hortícola; por el otro, contribuyó a que el Ombudsman pudiera comprender mejor cuáles eran los factores que impulsaban el incumplimiento de la legislación laboral en este sector, en particular con la contratación de los titulares de visado.

101.El Ombudsman también examina las cadenas de suministros para detectar casos de incumplimiento y asesora a los productores sobre cómo asegurarse de que los proveedores de mano de obra cumplan con las leyes laborales.

Ejecución de las normas

102.El Ombudsman para las Relaciones Laborales Justas puede impulsar acciones cuando corresponde para exigir el cumplimiento de la ley, impedir las infracciones y eliminar los obstáculos al empleo. De conformidad con la política en materia de pleitos, el Ombudsman da prioridad a las cuestiones vinculadas a los empleados vulnerables para mejorar los medios generales de disuasión en la comunidad. Entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de septiembre de 2014, el Ombudsman para las Relaciones Laborales Justas inició acciones legales en 48 casos que involucraban a trabajadores migratorios.

El 7 de agosto de 2014, el Tribunal Federal ordenó el pago de multas combinadas por un total de 90.000 dólares contra los propietarios y operadores de una empresa, y ordenó que se abonara un pago retroactivo de 177.077,59 dólares a 359 empleados. Los empleados tenían distintos tipos de visado, y la mayoría percibía una tarifa fija. Los empleados trabajaban para 11 entidades diferentes que supuestamente prestaban servicios de contratación de mano de obra a la empresa en 11 lugares. El Tribunal Federal determinó que la existencia de empresas de servicios de contratación de mano de obra tornaba más difícil exigir la observancia de las obligaciones dimanadas del convenio.

103.El Ombudsman se esfuerza por informar a la comunidad sobre las protecciones contra la discriminación con arreglo a la Ley de Relaciones Laborales Justas, de 2009 (Commonwealth). Desde 2010, se han presentado dos causas ante la justicia, y se han ejecutado tres compromisos exigibles por discriminación basada en la discapacidad.

El mensaje que envió el Tribunal Federal de Circuito a los empleadores cuando impuso multas de 123.690 dólares a una empresa y sus directores fue contundente: no se tolerará la discriminación en el lugar de trabajo. El Tribunal determinó que el empleador había violado las disposiciones contra la discriminación por discapacidad recogidas en la Ley de Relaciones Laborales Justas, al haber pagado a una recepcionista a tiempo parcial un salario inferior al corriente en razón de su discapacidad. La empleada había hecho un curso de capacitación durante un mes, sin goce de sueldo, y luego recibió en concepto de remuneración una tarifa fija inferior a la establecida en el convenio, al tiempo que los empleadores recibían un subsidio salarial por conducto de un programa de apoyo.

Párrafo 19 de las observaciones finales. Derechos de los trabajadores

104.La Ley de Relaciones Laborales Justas, de 2009 (Commonwealth), fue introducida por el Gobierno de Australia anterior, tras consultas con los grupos sindicales y patronales más importantes, y los gobiernos de los estados y territorios. Las disposiciones en materia de acciones reivindicativas que recoge la ley reflejan los mecanismos que existían en virtud de la normativa anterior que regía el sistema nacional de las relaciones en el lugar de trabajo. El marco de estas disposiciones procura equilibrar el derecho de los trabajadores a adoptar medidas reivindicativas en la negociación de sus reclamaciones, y la necesidad de proteger la vida y estabilidad económica de una manera adecuada a las condiciones nacionales de Australia.

105.La Ley de Relaciones Laborales Justas permite a los empleados llevar a cabo acciones reivindicativas protegidas para respaldar sus reclamaciones frente a los acuerdos de empresa. Estas acciones deben cumplir otros criterios, como por ejemplo haber sido autorizadas por voto secreto, y no pueden estar encaminadas a respaldar una negociación basada en precedentes o un acuerdo de múltiples empresas. Las medidas reivindicativas que protege la ley no conllevan, en gran medida, responsabilidad civil.

106.El Gobierno de Australia considera que las disposiciones del voto secreto son adecuadas y permiten a los trabajadores ejercer de manera genuina la libertad de asociación al votar para decidir la adopción de medidas reivindicativas protegidas. La Ley de Relaciones Laborales Justas no requiere, para que la acción esté protegida, el voto favorable de la mayoría de los trabajadores que habrán de estar comprendidos en el acuerdo de empresa propuesto.

107.Los asuntos que competen a la relación laboral y que pueden incluirse en los acuerdos de empresa han evolucionado en el tiempo en consonancia con los entendimientos y las expectativas cambiantes de la comunidad. Mediante esta fórmula se busca que la negociación gire en torno a la relación de los empleadores con sus trabajadores y las organizaciones representativas, y que no se adopten medidas reivindicativas para cuestiones ajenas a esas relaciones.

108.La Ley de Relaciones Laborales Justas se centra en la negociación a nivel de la empresa, pero no impide que los empleadores y sus trabajadores (y sus representantes) participen en debates a nivel de la empresa o de la industria sobre los términos y condiciones de empleo. Los empleados pueden encarar acciones reivindicativas cuando negocian un acuerdo de una sola empresa, y aun con empleadores con un único interés en común. El Gobierno de Australia considera adecuado que no esté permitida la acción reivindicativa cuando los acuerdos son de múltiples empresas, para preservar el carácter voluntario de esa negociación.

109.La Ley de Relaciones Laborales Justas no permite las acciones reivindicativas cuando están encaminadas a respaldar una negociación basada en precedentes; no obstante, no se calificarán de este modo las reclamaciones comunes en múltiples lugares de trabajo si el representante de la negociación quisiera negociar a nivel de la empresa.

110.La Ley de las Relaciones Laborales en la Industria de la Construcción y Edificación (Transición hacia la Ley de Relaciones Justas), de 2012 (Commonwealth), entró en vigor el 1 de junio de 2012. Esta ley introdujo considerables modificaciones a la Ley de Mejoramiento de la Industria de la Construcción y Edificación, de 2005 (Commonwealth), y cambió su denominación por Ley de Relaciones Laborales Justas (Industria de la Construcción), de 2012. En virtud de esta normativa, se suprimió la Oficina del Comisionado de la Construcción y Edificación de Australia; se eliminó una serie de reglamentaciones específicas de esa área de actividad; se redujeron las sanciones a los trabajadores de la construcción; y se eliminaron las circunstancias generales en virtud de las cuales las acciones reivindicativas en la industria de la construcción estaban sujetas a sanciones.

111.El 14 de noviembre de 2013, el Gobierno de Australia introdujo una normativa para reestablecer la Comisión de Edificación y Construcción de Australia. El proyecto de ley de la industria de la construcción y edificación (mejorar la productividad), de 2013, y el proyecto de ley de la industria de la construcción y edificación (disposiciones conexas y transitorias), de 2013, fueron aprobados por la Cámara de Representantes el 12 de diciembre de ese año. Estos proyectos procuran eliminar la falta de normativa, las intimidaciones, las violaciones de la libertad de asociación y la coerción en las obras en construcción. Actualmente, estos proyectos aguardan su tratamiento en el Senado.

112.A partir del 20 de mayo de 2015, la Ley de Modificación de la Industria de la Construcción (Protección de Testigos), de 2015 (Commonwealth), modificó la Ley de Relaciones Laborales Justas (Industria de la Edificación), de 2012 (Commonwealth), y extendió por dos años más (hasta el 1 de junio de 2017) el período durante el cual el Director de la Inspección de la Industria de la Edificación para las Relaciones Laborales Justas puede solicitar a un Miembro Presidencial designado del Tribunal de Apelaciones en lo Administrativo una citación a prestar declaración. La Ley de Relaciones Laborales Justas en la Industria de la Edificación contiene importantes salvaguardas e inmunidades que se conceden a un testigo con relación a sus pruebas.

Párrafo 20 de las observaciones finales. Medidas de la seguridad social

113.Se remite al Comité a los informes periódicos decimoctavo a vigésimo combinados de Australia en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, específicamente el párrafo 16 de las observaciones finales y las observaciones complementarias (Respuesta de Emergencia en el Territorio del Norte y Gestión de Ingresos).

114.El énfasis de Australia en el alivio a la pobreza implica que Australia posee uno de los sistemas de transferencia más redistributivos y focalizados de la OCDE. En gran medida esto se debe a la singularidad del sistema de ayuda económica. Australia tiene una estructura de tarifas fijas que no toma en consideración los ingresos previos y se financia con cargo a los ingresos públicos generales. El sistema tiene una cobertura universal y, por lo general, la ayuda no se enmarca en un plazo acotado.

115.Australia transfiere más de 12 veces más recursos al quintil de hogares más pobres que al quintil de hogares más ricos. Los datos de la OCDE muestran que el sistema de seguridad social de Australia es particularmente eficaz en la distribución de fondos a los hogares de menores ingresos (véase el anexo 5).

116.El sistema de seguridad social de Australia se basa en la comprobación de los recursos y del lugar de residencia. El sistema fue creado para proporcionar ayuda económica a quienes por razón de edad, desempleo o enfermedad no pueden mantenerse por sí mismos, y está encaminado a apoyar el nivel de vida básico de todos los australianos y mejorar su participación social y económica. Los pagos tienen objetivos definidos; además, se realizan verificaciones de ingresos y bienes para asegurarse de que los fondos se asignen a quienes más los necesitan. Las tarifas de pago se indexan con regularidad para mantener el poder adquisitivo. El sistema está concebido para incentivar a quienes pueden y desean trabajar mediante medidas que fortalecen la capacidad individual y familiar.

117.Australia tiene un sistema amplio de prestaciones complementarias de la asistencia social que contribuye a promover un nivel de vida adecuado. Entre estas prestaciones, cabe mencionar: la asistencia directa en efectivo para las familias de ingresos bajos a medios; la prestación de maternidad y la asistencia con los gastos de cuidado de los niños.

118.Las personas y familias desfavorecidas tienen acceso a las viviendas estatales gratuitas o a precio reducido, y a los servicios de salud y bienestar, como por ejemplo:

Productos farmacéuticos a precios bajos;

Excepciones del pago de cargos por atención de salud;

Reducciones en los alquileres de viviendas públicas para las familias de ingresos bajos;

Reducción de las tasas de los servicios que prestan los gobiernos locales; y

Tarifas reducidas en el transporte público.

119.El acceso a los pagos de la seguridad social se basa en los requisitos de residencia, necesidad y edad. Los migrantes que obtienen la residencia permanente conforme al programa de refugiados y humanitario de Australia pueden recibir los mismos beneficios de la seguridad social que otras personas con residencia permanente o ciudadanía que se encuentren en las mismas circunstancias. También hay un pequeño número de visados temporarios que, por lo general, se conceden por motivos humanitarios y permiten el acceso limitado a la seguridad social.

120.La prestación especial es un ingreso complementario que reciben las personas con dificultades económicas por motivos que escapan a su control, y que no tienen otros medios económicos ni acceso a otras prestaciones asistenciales. Los solicitantes pueden ser australianos residentes o poseedores de un tipo específico de visado y de ciertos visados temporarios.

121.La información sobre las características de las personas que reciben estos pagos de transferencia se publica periódicamente. El último informe, que incluye información temporal y tendencias, puede consultarse en línea.

122.El concepto de la obligación mutua hace referencia al principio general en virtud del cual es justo y razonable esperar que los desempleados reciban una ayuda económica para extremar sus esfuerzos por encontrar trabajo. En esta noción se incluyen las actividades que han de emprenderse para mejorar los conocimientos y las perspectivas de empleo y, en algunas circunstancias, contribuir con la comunidad por el hecho de haber recibido los pagos y prestaciones de la seguridad social. El concepto se fundamenta en la idea de que las personas desempleadas tienen la obligación de buscar trabajo a cambio de los pagos de la seguridad social, una característica que perdura en el sistema de seguridad social de Australia.

123.Las sanciones por no cumplir esta obligación mutua pueden limitar en forma temporaria el acceso a la seguridad social a un pequeño número de solicitantes de trabajo que no cumplan ex profeso. Sin embargo, estas sanciones desalientan el rechazo de trabajo o el incumplimiento de las obligaciones mutuas por parte de los solicitantes de empleo.

124.El Gobierno de Australia no está analizando la ratificación del Convenio núm. 102 de la Organización Internacional del Trabajo. Si bien técnicamente no lo cumple, los sistemas de seguridad social de Australia son compatibles con el espíritu del Convenio núm. 102. Además, los métodos para calcular las prestaciones de la seguridad social establecidos en el Convenio núm. 102 son de carácter prescriptivo y complejos. No resultan flexibles para que los Estados miembros puedan determinar el valor de las prestaciones de otras formas, pero son compatibles con el principio de proporcionar una protección social idónea sin restar incentivos para participar en el trabajo remunerado.

Párrafo 21 de las observaciones finales. Licencia de maternidad pagada

125.Australia reconoce que es fundamental poner en marcha las políticas de licencia de maternidad y paternidad con goce de sueldo para que ambos padres puedan concretar sus ambiciones profesionales y familiares.

126.El 1 de enero de 2011, Australia introdujo su primer sistema de licencia parental remunerada. En virtud de este sistema, los padres que reúnen los requisitos reciben del Gobierno un pago por el tiempo que se ausentan de su trabajo para cuidar al niño recién nacido o adoptado. Pueden acogerse a esta licencia los trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial, ocasionales, de temporada, por contrata y autónomos. El sistema de licencia parental con goce de sueldo comprende dos pagos: licencia parental con goce de sueldo, y licencia remunerada para padres o parejas.

127.La licencia parental con goce de sueldo se paga a los padres que trabajan y cumplen los requisitos, que tienen hijos nacidos o adoptados con posterioridad al 1 de enero de 2011. Esta licencia permite que los cuidadores primarios (principalmente las madres biológicas) se tomen hasta 18 semanas con goce de sueldo cobrando el salario mínimo nacional que, en junio de 2014, era de aproximadamente 622 dólares por semana antes de impuestos. La licencia para padres o parejas ofrece a los padres o parejas que trabajan y reúnen los requisitos una licencia remunerada de hasta dos semanas conforme al salario mínimo nacional, para niños nacidos o adoptados con posterioridad al 1 de enero de 2013.

128.Han concluido una evaluación independiente y un examen legislativo del sistema de licencia parental con goce de sueldo. La fase uno del informe de evaluación fue publicada en mayo de 2012 y la fase 2, en marzo de 2014. Las evaluaciones correspondientes a las fases 3 y 4 (final) aún no se han publicado. El informe sobre el examen se publicó en junio de 2014.

129.Una de las revelaciones más importantes fue que los padres y los empleadores mostraban, por lo general, una actitud positiva frente al programa, que funciona en gran medida como se esperaba. La publicación de los dos últimos informes proporcionará información más detallada. El examen de la licencia parental con goce de sueldo reveló que la introducción del programa prolongó el tiempo que las madres se ausentan del trabajo en los primeros seis meses posteriores al nacimiento y, también, incrementó la proporción de madres que vuelven a trabajar cuando el niño cumple su primer año de vida. Esta diferencia fue más marcada en el caso de las madres de ingresos más bajos, sin nivel de estudios terciarios, y las que trabajan en forma autónoma u ocasional.

130.El Gobierno de Australia no ha considerado la ratificación del Convenio núm. 183 (que reemplazó al Convenio núm. 103). Si bien el Gobierno apoya el espíritu de este Convenio, la naturaleza prescriptiva que posee torna difícil su adaptación a las jurisdicciones australianas y a las condiciones de este país. Por ejemplo, el artículo 4 del Convenio exige que las mujeres tomen una licencia de maternidad obligatoria durante las seis semanas posteriores al nacimiento del niño. En virtud de la Ley de Relaciones Laborales Justas (Commonwealth), los padres que reúnen los requisitos pueden gozar de una licencia parental sin goce de sueldo de hasta 12 meses, con derecho a solicitar una licencia adicional de 12 meses.

Párrafo 22 de las observaciones finales. Violencia doméstica

131.Se remite al Comité al anexo 1 para analizar las políticas y los programas de los estados y territorios con arreglo al párrafo 22 de las observaciones finales.

132.Todos los gobiernos de Australia tienen una política de tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres y sus hijos; además, consideran que mantener a salvo a las mujeres y sus familias es el paso más importante para resguardar su seguridad y prosperidad. Por ello, están empeñados en reducir la violencia contra las mujeres y sus hijos.

133.En Australia, la violencia física y sexual genera una gran preocupación; se ha señalado que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física desde los 15 años, y casi 1 de cada 5 mujeres ha sufrido violencia sexual. Por semana, muere una mujer a manos de su pareja actual o anterior, y pareciera que esta cifra tiende a elevarse.

134.Para algunas mujeres esta es la peor violencia. Las mujeres de origen indígena tienen 31 veces más probabilidades que las no indígenas de ser hospitalizadas a consecuencia de agresiones violentas sufridas en el seno de la familia.

El Plan Nacional para Reducir la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos 2010-2022

135.El Plan Nacional para Reducir la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos 2010‑2022 fue presentado en 2011 y combina las iniciativas gubernamentales y las comunitarias para que las mujeres australianas y sus hijos puedan vivir sin violencia en comunidades seguras. El plan crea una plataforma a largo plazo para impulsar las medidas mediante una serie de cuatro planes trianuales.

136.El segundo plan de acción, Avanzando 2013-2016, fue presentado el 27 de junio de 2014. Este plan se basa en el primer plan de acción, que se denominó Sentar unos Cimientos Firmes 2010-2013, y que creó una infraestructura nacional y sentó las bases para el cambio a largo plazo. El segundo plan de acción se concentra en mejorar la comprensión y la respuesta frente a las experiencias de violencia de la gente, en particular las experiencias de las mujeres indígenas, las mujeres de orígenes culturales y lingüísticos diversos, y las personas con discapacidad.

Servicios y apoyo a las víctimas

137.El plan nacional se centra en optimizar la forma en que interactúan los sistemas y los servicios en todos los estados y territorios de Australia. Las principales iniciativas de apoyo a las mujeres y a sus hijos que han sufrido hechos de violencia incluyen: 1800RESPECT, la línea telefónica nacional para toda Australia, y el servicio de asesoramiento en línea para situaciones de violencia doméstica y familiar y agresiones sexuales.

Un sistema para compartir la información sobre las órdenes de protección contra la violencia doméstica en el plano nacional, para fortalecer la identificación y el cumplimiento de estas órdenes en toda Australia;

Capacitación para detectar los casos de violencia doméstica dirigida a los trabajadores de la salud y sanitarios en todos los estados y territorios de Australia para que puedan comprender, identificar y responder mejor ante los casos de violencia.

138.El plan incluye otras iniciativas importantes como las siguientes:

La organización de prevención primaria Our Watch, que tiene por objeto crear conciencia sobre esta problemática e invitar a la comunidad a participar en acciones encaminadas a prevenir la violencia contra las mujeres y sus hijos.

La campaña de mercadotecnia The Line, en las redes sociales, que invita a las jóvenes australianas a participar en debates sobre las relaciones basadas en el respeto como forma de promover cambios frente a actitudes y conductas que contribuyen a la violencia.

La Organización Nacional de Investigación para la Seguridad de la Mujer, que ha vinculado por primera vez la información sobre violencia doméstica y familiar con la de agresiones sexuales.

Las normas de resultados nacionales para los programas de intervención contra los autores de actos de violencia.

La creación de un marco nacional para la reunión de datos y preparación de informes, que sentará las bases para establecer un lenguaje común y una organización coordinada y consolidada de los datos.

La firme decisión del Gobierno de Australia de realizar la Encuesta sobre Seguridad Personal cada cuatro años durante la vigencia del Plan Nacional. Esta encuesta compila información sobre la naturaleza y extensión de la violencia que sufren hombres y mujeres desde los 15 años, en particular la experiencia de violencia familiar histórica y en el momento de la encuesta.

La Oficina de Estadística de Australia ha recibido fondos para un proyecto de datos que incluya a víctimas y agresores. Este proyecto agregará información sobre violencia familiar y doméstica a los datos de delitos registrados. Se espera que los datos del indicador de violencia familiar estén publicados en el sitio web de la Oficina de Estadística de Australia a finales de 2015.

139.La Encuesta nacional de actitudes comunitarias hacia la violencia contra la mujer, procura comprender las actitudes comunitarias respecto de la violencia contra las mujeres.

140.En abril de 2015, el Consejo de Gobiernos Australianos acordó la adopción urgente de medidas colectivas para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Todos los Gobiernos de Australia acordaron que, antes de finales de abril de 2015:

Se llegará a un acuerdo sobre un sistema nacional de órdenes de protección contra la violencia doméstica, que todos los estados y territorios de Australia estarán obligados a reconocer y aplicar;

Se informará sobre los avances en la creación de un sistema nacional de información que permita a los tribunales y a la policía de los distintos estados y territorios intercambiar información sobre órdenes activas;

El Consejo de Gobiernos Australianos estudiará la posibilidad de llevar adelante una uniformización jurídica en la materia, para que —a partir de 2016— los autores de actos de violencia contra la mujer se enfrenten a las mismas consecuencias legales en toda Australia;

El Consejo de Gobiernos Australianos examinará estrategias para hacer frente a los usos de la tecnología que contribuyen al maltrato de las mujeres, y para que las mujeres dispongan de una protección jurídica adecuada contra ello; y

Se habrá creado el Comité Consultivo sobre la Reducción de la Violencia contra la Mujer, que prestará asesoramiento especializado al Consejo de Gobiernos Australianos.

141.El Consejo de Gobiernos Australianos también ha acordado contribuir con 30 millones de dólares a la campaña nacional para reducir la violencia contra las mujeres y sus hijos.

Marco Nacional de Protección de los Niños de Australia

142.En Australia y en otros países, cada vez se reconoce más que la exposición de los niños a la violencia doméstica y familiar conforma una situación de maltrato infantil. En términos nacionales, el maltrato emocional fue el tipo más común de maltrato infligido a los niños (40%), los niños afectados por la exposición a la violencia familiar están incluidos en esta categoría. Algunas definiciones de abuso incluyen el hecho, por sí mismo, de ser testigo de la violencia familiar. Algunas jurisdicciones también requieren la presentación de informes de exposición de los niños a la violencia doméstica.

143.El Gobierno de Australia trabaja junto a los gobiernos de los estados y territorios y la comunidad para aplicar el Marco de Protección de los Niños de Australia 2009-2020. Este Marco tiene por objeto reducir con el tiempo, de manera sustancial y sostenida, el maltrato y el descuido de los niños, basándose en principios que están en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño. Se utilizará una serie de planes de acción trianuales para ir poniéndolo en práctica.

144.El segundo plan de acción (2012-2015) hace especial hincapié en los factores de riesgo para el maltrato y descuido de los niños, en particular la violencia doméstica y familiar, y en el trabajo estrecho con el plan nacional para proteger a los niños y jóvenes en situación de riesgo.

145.Con arreglo al segundo plan de acción del marco se pusieron en marcha una serie de medidas prioritarias para fortalecer a las familias y proteger a las mujeres y los niños de la violencia, en particular:

Aplicar "criterios de concienciación sobre los niños" en las organizaciones, los servicios, los sectores y las comunidades, para mejorar la comprensión y las respuestas tempranas frente a los factores de riesgo de situaciones de maltrato y descuido infantil, en particular la violencia doméstica y familiar;

Aplicar el proyecto Crear Capacidad para Crear Puentes de Comunicación, que imparte formación en prácticas que toman en cuenta al niño y a la familia en los servicios pertinentes para adultos —como los servicios para combatir la violencia doméstica y familiar—, a fin de hacer más hincapié en la prevención e intervención temprana y prestar apoyo a los niños en riesgo.

146.Se está trabajando sobre el tercer plan de acción (2015-2018) del Marco Nacional, que estará listo en el curso de 2015. Los ministros australianos de servicios a la comunidad coinciden en que este plan estará centrado en la prevención y la intervención temprana y estará dirigido a atender a los efectos de la violencia familiar en los niños.

Párrafo 23 de las observaciones finales. Trata de seres humanos

147.El Gobierno de Australia ha adoptado un enfoque amplio que abarca todos los niveles del Gobierno para la lucha contra la trata de personas, la esclavitud y otras prácticas análogas. Esta estrategia se basa en cuatro pilares: prevención y disuasión; detección e investigación; enjuiciamiento y cumplimiento; y apoyo y protección a la víctima. En conjunto, estas áreas abordan el ciclo completo de la trata, desde la captación hasta la reintegración, y confieren un peso equitativo a la prevención, el enjuiciamiento y el apoyo a la víctima.

148.El Gobierno de Australia mantiene su empeño en trabajar conjuntamente con la sociedad civil para luchar contra la trata de personas y la esclavitud. Desde 2008, el Gobierno mantiene anualmente una Mesa Redonda Nacional sobre la Trata de Personas y la Esclavitud, de nivel ministerial; esta Mesa constituye el mecanismo consultivo primordial en la relación del Gobierno con las organizaciones de la sociedad civil en cuestiones de trata. Desde 2011, también se mantiene anualmente una Mesa Redonda Nacional de Altos Funcionarios. A lo largo de los años, los miembros de la Mesa Redonda Nacional han contribuido a varios logros considerables, como la elaboración de legislación esencial sobre el matrimonio forzoso y las reformas destinadas a mejorar el marco australiano de visados para las víctimas de la trata de personas.

149.Desde la puesta en marcha, en 2003, de la estrategia de lucha contra la trata de personas y la esclavitud, Australia ha asignado más de 150 millones de dólares en apoyo de un conjunto de iniciativas nacionales, regionales e internacionales de lucha contra la trata; entre estas, cabe mencionar los equipos de la Policía Federal de Australia especializados en la investigación de la trata de personas y la esclavitud.

150.En 2013, tras amplias consultas públicas, el Parlamento de Australia aprobó dos leyes destinadas a reforzar los marcos legislativos australianos en torno a la trata de personas y la esclavitud:

La Ley de Modificación de la Legislación sobre Delitos (Esclavitud, Condiciones Análogas a la Esclavitud y Trata de Personas), de 2013 (Commonwealth), entró en vigor el 8 de marzo de 2013. La ley introdujo modificaciones a la Ley del Código Penal, de 1995 (Commonwealth), con el fin de tipificar como delito el mayor número posible de conductas de explotación; por ejemplo, introduciendo nuevos delitos —como el matrimonio forzoso y el ocultamiento de una víctima—, y el trabajo forzoso y el tráfico de órganos como delitos en sí mismos. La ley introdujo modificaciones a las definiciones existentes para tener en cuenta formas más sutiles de coacción, incluidas la opresión psicológica, el abuso de poder o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Asimismo, modificó la Ley de Delitos, de 1914 (Commonwealth), para poner la orden de reparación más al alcance de las personas víctimas de delitos federales, como la trata de personas y la esclavitud.

La Ley de Modificación de la Legislación sobre Delitos (Integridad de la Aplicación de la Ley, Protección de Testigos Vulnerables y Otras Medidas), de 2013 (Commonwealth), entró en vigor el 29 de junio de 2013. En virtud de la legislación, las personas que han sido víctimas de la trata pueden prestar testimonio por un sistema de circuito cerrado de televisión, videoconferencia o grabación en vídeo; además, pueden ver limitado su contacto con el acusado o los miembros del público, y contar con una persona de apoyo que las acompañe mientras prestan testimonio.

El proyecto de ley de modificación a la legislación penal (facultades, delitos y otras medidas), de 2015, fue presentado al Parlamento de Australia el 19 de marzo de 2015 y procura modificar la legislación australiana sobre el matrimonio forzoso, por ejemplo, ampliando la definición legal de matrimonio forzoso e incrementando las penalidades que se aplican en estos casos.

151.La Ley de Protección de Testigos Vulnerables también tipifica como delito publicar material que identifique a una persona víctima de la trata, y permite a las víctimas hacer ante el tribunal declaraciones acerca de las repercusiones de lo sucedido sobre su persona, en las que pueden describir el daño que han padecido. La protección se aplica automáticamente a las víctimas de los delitos de trata de personas, esclavitud y otras prácticas análogas.

152.En el período 2012/13, el Gobierno de Australia comenzó a preparar el Plan Nacional de Acción para Luchar contra la Trata de Personas y la Esclavitud 2015-2019. Esto se corresponde con la recomendación de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, tras su misión a Australia en noviembre de 2011.

153.El Plan Nacional de Acción, que fue puesto en marcha el 2 de diciembre de 2014, formaliza la siguiente fase de la respuesta global de Australia a la trata de seres humanos y la esclavitud; por ejemplo, establece metas estratégicas y define medidas para vigilar el impacto y la eficacia de los esfuerzos por combatir estos delitos. El Plan Nacional de Acción esboza siete áreas de trabajo clave para los próximos cinco años; en muchas de ellas se vio un avance considerable a lo largo de 2015, en particular en las iniciativas contra el matrimonio forzoso y en el aumento de la educación y la sensibilización. En pos de la rendición de cuentas y la transparencia, el Gobierno de Australia presentará al Parlamento, durante la ejecución del Plan Nacional de Acción, el informe anual del Comité Interdepartamental sobre Trata de Personas y Esclavitud. Estos informes internos anuales permiten también al Gobierno detectar problemas nuevos y emergentes, y velar por que el Plan Nacional de Acción mantenga su vigencia y su capacidad de respuesta.

154.En 2011, el Gobierno de Australia asignó casi 500.000 dólares a cinco ONG, sindicatos y asociaciones de diversas áreas, para proyectos destinados a combatir la explotación laboral en los sectores de actividades susceptibles del país. En julio de 2014, se asignaron casi 500.000 dólares a tres ONG con el fin de mejorar la educación, sensibilizar y asesorar a las personas en riesgo de matrimonio forzoso, apoyar la prevención y la detección de este delito, y promover la intervención temprana. En marzo de 2014, se anunció la asignación de un total de 1,44 millones de dólares a cuatro ONG para que mantuvieran sus iniciativas de lucha contra la trata de personas y la esclavitud.

155.Australia sigue desempeñando un papel activo en las iniciativas regionales e internacionales de lucha contra la trata de personas y la esclavitud. El país copreside el Proceso de Bali con Indonesia y trabaja con interlocutores regionales para promover la cooperación en materia de trata de personas. La iniciativa más emblemática de Australia, el Programa Australia-Asia de Lucha contra la Trata de Personas, cuenta con una dotación financiera de 50 millones de dólares. El Programa se inició en agosto de 2013 y corona diez años de esfuerzos por combatir la trata de seres humanos en la región.

156.El Gobierno de Australia también trabaja con países de la región del Índico y el Pacífico con vistas a fortalecer los marcos legales y la capacidad de dar respuesta a la trata de seres humanos y otros temas afines. Esto incluye trabajar con otros países para reforzar los marcos de lucha contra el lavado de dinero y la obtención del producto de los delitos, en un intento por desbaratar el incentivo económico de la trata de personas y la esclavitud, y el lavado del dinero resultante.

157.El Gobierno de Australia mantiene una amplia variedad de servicios de apoyo a través del Programa de Apoyo a las Personas Víctimas de la Trata. Este Programa está al alcance de las víctimas de la trata de personas, la esclavitud y prácticas análogas, como el matrimonio forzoso y el trabajo forzoso. El Gobierno de Australia ha comprometido el aporte de 3.165 millones de dólares a lo largo de tres años, desde el período 2015/16 hasta 2017/18.

Párrafo 24 de las observaciones finales. Pobreza

158.Se remite al Comité a los informes periódicos decimoctavo a vigésimo combinados de Australia en el marco de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y específicamente a los párrafos 14 (Acceso a servicios, política multicultural y agenda de inclusión social) y 22 (Eliminación de las desigualdades socioeconómicas, idoneidad cultural de la prestación de servicios públicos, autonomía indígena) de las observaciones finales.

Políticas y datos

159.El Gobierno de Australia presta servicios y apoyo con el fin de mejorar el bienestar de las personas y familias australianas a lo largo de toda su vida, a la vez que promueve la independencia y la participación económica y social (véase el párrafo 16 de las observaciones finales). Las políticas dan prioridad a las familias y personas que tienen mayores probabilidades de padecer condiciones de vida desfavorables. Al ser elevado, el salario mínimo de Australia también provee mecanismos de protección que reducen la desventaja.

160.El sistema de prestaciones, al que se imprime una orientación sumamente específica, otorga prioridad a las personas y familias con mayores probabilidades de padecer condiciones de vida desfavorables. Existen numerosos programas destinados a luchar contra la pobreza y la exclusión social. El apoyo se enmarca en tres grandes categorías:

Pagos directos a través del Departamento de Servicios Humanos y otros organismos; por ejemplo, las jubilaciones por edad avanzada, la pensión complementaria por discapacidad y el subsidio "para un nuevo comienzo";

El trabajo con estados y territorios en relación con los resultados en las áreas de política compartidas; por ejemplo, vivienda, personas sin hogar, servicios por discapacidad, concesiones y bienestar infantil;

Financiación a organizaciones para que provean servicios residenciales y comunitarios de apoyo a las familias y los individuos según sus necesidades.

161.Alrededor del 22% de los destinatarios de prestaciones sociales no tiene el inglés como lengua madre; esta proporción es similar si se considera la población total de Australia. La asistencia a los solicitantes de asilo y otras personas que llegan por razones humanitarias se describe en el párrafo 20 de las observaciones finales.

162.A lo largo del tiempo, la percepción de lo que constituye un nivel de vida adecuado varía de un país a otro. Por este motivo, no existe una medida internacional acordada de la pobreza. La medida que las instituciones académicas y las organizaciones internacionales utilizan más comúnmente es la pobreza económica relativa, que se define como la mitad de la renta mediana disponible de los hogares ajustada según el tamaño y la composición de la familia. El ingreso no es una medida completa del nivel de vida y consumo de un hogar, pues no refleja el valor obtenido de un gran espectro de prestaciones no monetarias y la propiedad de bienes, en particular los beneficios de ser propietario de una vivienda. Quienes reciben prestaciones de la asistencia social también pueden acogerse a diversas prestaciones no monetarias, concesiones y servicios, y prestaciones complementarias, tales como prestaciones familiares, asistencia para el cuidado de los niños y el Programa de Asistencia para Alquileres del Commonwealth. También es importante señalar que las prestaciones de la seguridad social operan en conjunción con concesiones tributarias, iniciativas de productividad, servicios de empleo y estrategias para el mercado laboral, como parte de un paquete integral destinado a apoyar los objetivos de participación en la fuerza de trabajo.

163.El Gobierno de Australia considera que, en lugar de generar una evaluación creíble de los resultados sociales, la definición simplista de umbrales de pobreza de ingresos tiende a ser unidimensional y a dejar en la penumbra los numerosos factores que conducen a las situaciones desventajosas, además de introducir un criterio que crea el riesgo de distorsionar las prioridades de las políticas sociales. Además, el debate público y académico y otras investigaciones y análisis revelan escaso consenso sobre la definición y la medición del concepto de desventaja.

164.El Gobierno de Australia reúne datos para evaluar los resultados de diversos programas. Se prefiere tomar las medidas de bienestar, puesto que las medidas de pobreza absoluta y relativa no son indicadores completos de la privación y la desventaja.

165.La Oficina de Estadística de Australia compila estos datos mediante la Encuesta de Ingresos y Hogares, y a través de otras fuentes de datos longitudinales, tales como la Encuesta de Hogares, Ingresos y Dinámica Laboral. La Universidad de Melbourne realiza esta Encuesta con financiamiento del Gobierno de Australia. En ella se reúne información sobre el bienestar económico y subjetivo, la dinámica del mercado laboral y la dinámica familiar.

166.Para que sus programas sean eficaces, el Gobierno de Australia también evalúa medidas esenciales en materia de política social. Cabe mencionar los ejemplos siguientes:

La evaluación del Plan Experimental de Seguro Nacional de Discapacidad, que ayudará a mejorar el plan a medida que se lo lleve a efecto en todo el país;

Una evaluación global quinquenal del Sistema de Licencia Parental Remunerada;

Las evaluaciones de varias medidas de gestión de los ingresos, tales como la gestión del ingreso en función de la ubicación geográfica y la nueva gestión de ingresos en el territorio del Norte.

167.En 2013, se encomendó un examen del sistema de bienestar social de Australia con vistas a definir mejoras para aportar sostenibilidad, eficacia y coherencia al sistema de apoyo social, y para alentar a las personas a trabajar. El informe final se publicó en 2015. Las recomendaciones están agrupadas en torno a los cuatro pilares en los que se sustenta la reforma: un sistema de ayuda económica que sea más sencillo y sostenible; el fortalecimiento de las capacidades individuales y de las familias; la interacción con los empleadores; y la ampliación de la capacidad comunitaria.

Multiculturalismo

168.El Gobierno de Australia propugna una Australia multicultural y, desde 1987, ha tenido una sucesión de consejos consultivos sobre temas de multiculturalismo y asentamientos. El actual Consejo Multicultural Australiano inició sus actividades el 15 de diciembre de 2014; su misión es ofrecer asesoramiento fundamentado sobre políticas y programas de multiculturalismo a lo largo de un período de tres años. El mandato del Consejo abarca estrategias para potenciar los beneficios económicos y sociales de la diversidad cultural australiana; forjar comunidades más fuertes y cohesionadas; y promover una mayor comprensión intercultural e interreligiosa.

169.Existen subvenciones de apoyo a la diversidad y la cohesión social, que permiten forjar comunidades cohesionadas mediante proyectos que respaldan las capacidades a largo plazo de las comunidades más necesitadas y en mayor riesgo; esto se logra, por ejemplo, promoviendo las relaciones dentro de la comunidad y creando alianzas sostenibles en su seno. Por esta vía, se desarrolla la capacidad de las comunidades y se promueve el respeto, la equidad y el sentido de pertenencia de los australianos de cada raza, cultura y religión.

170.La Política de Acceso y Equidad Multicultural de Australia propicia que las personas que reúnen los requisitos puedan acceder a los programas y servicios gubernamentales independientemente de su cultura o lengua. Este enfoque responde al concepto de que Australia es una sociedad multicultural y sus organismos tienen la obligación de ofrecer acceso igualitario a los servicios. La política se orienta especialmente a los migrantes con escaso nivel de inglés, a quienes ingresan como refugiados o por razones humanitarias, a los migrantes que son visiblemente distintos, a las personas recién llegadas, y a otros migrantes que tienen dificultades para obtener los servicios en razón de su edad, género, discapacidad, juventud o procedencia de una cultura colectivista.

171.El sistema de seguridad social de Australia se basa en la residencia y en la necesidad. Todos los australianos que cumplen los requisitos de residencia, ingresos y edad, independientemente de su origen o pertenencia, tienen acceso a un espectro muy amplio de beneficios de la seguridad social. (Véase también el párrafo 20 de las observaciones finales.)

Australianos indígenas

172.Se remite al Comité a los informes periódicos decimoctavo a vigésimo combinados de Australia en el marco de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y en particular al párrafo 16 de las observaciones finales y las observaciones complementarias (Respuesta de Emergencia en el Territorio del Norte y Gestión de los Ingresos), y al párrafo 22 de las observaciones finales (Eliminación de las desigualdades socioeconómicas, idoneidad cultural de la prestación de servicios públicos, autonomía indígena).

173.En comparación con el resto de la población australiana, los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres enfrentan mayores desventajas conforme a todas las mediciones de la calidad de vida, entre ellas las del empleo y la educación. La pobreza tiene una estrecha vinculación con el empleo y los logros educativos.

174.Con el fin de hacer frente a la situación de desventaja que afecta a muchos australianos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, los gobiernos del Commonwealth y de los estados y territorios han puesto todo su empeño en alcanzar las metas del programa Cerrar la Brecha en materia de empleo, alfabetización, aritmética elemental, educación de la primera infancia, aprobación del año 12, esperanza de vida y mortalidad infantil. A principios de 2014, todos los gobiernos manifestaron también su decisión de alcanzar una nueva meta, la de eliminar las diferencias en la asistencia escolar.

175.La mayor parte de la financiación que el Commonwealth destina a mejorar los resultados de los indígenas se canaliza a través de programas generales. Los departamentos gubernamentales del Commonwealth deben velar por la prestación eficaz de los servicios a los australianos indígenas con el fin de propiciar el logro de los objetivos en materia de escolarización, empleo, seguridad en la comunidad, metas del programa Cerrar la Brecha e interacción con esa población. Se procura mejorar los resultados sobre el terreno, evitar la duplicación de programas, reducir los trámites burocráticos, flexibilizar la respuesta a las necesidades de la comunidad, y mejorar la compilación de datos, pruebas e información.

176.La Estrategia de Promoción Indígena, que se puso en marcha el 1 de julio de 2014, simplificó y reorientó más de 150 programas y actividades individuales de manera de centrarlos en tres prioridades esenciales para mejorar las condiciones de vida de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres: mejorar la asistencia escolar, aumentar la participación en la fuerza de trabajo y lograr que las comunidades sean más seguras. La Estrategia de Promoción Indígena ha sido concebida para generar soluciones prácticas y aptas para cada situación geográfica.

177.El cese de actividades de la Unidad de Inclusión Social —que había sido creada en diciembre de 2007— refleja el concepto de que la responsabilidad de prestar servicios que satisfagan las necesidades de todos los australianos es de los programas y servicios generales, no solo de aquellos dirigidos específicamente a los indígenas.

Párrafo 25 de las observaciones finales. Detención obligatoria

178.El Gobierno considera que la detención de inmigrantes es un componente fundamental de un control fronterizo estricto. La detención de inmigrantes ayuda a que Australia pueda mantener la gestión del sistema de inmigración; se utiliza para identificar a los individuos y evaluar los riesgos potenciales que plantean los extranjeros en situación ilegal en materia de seguridad nacional, salud y carácter para la comunidad australiana. Están sujetos a detención obligatoria:

Todos los migrantes que llegan al país en forma ilegal, para la gestión de riesgos de salud, identidad y seguridad para la comunidad;

Los extranjeros en situación ilegal que presentan riesgos inaceptables para la comunidad; y

Los extranjeros en situación ilegal que se hayan negado reiteradamente a cumplir las condiciones de los visados.

179.La detención de inmigrantes en Australia no es ilegal ni arbitraria; tampoco se limita a un plazo determinado, pero depende de una serie de factores, como la determinación de la identidad, el flujo de información en el país, y la complejidad de procesamiento debido a circunstancias individuales relativas a las cuestiones de salud, carácter o seguridad.

180.La duración y las condiciones de detención de los inmigrantes, como el alojamiento y los servicios, están sujetas a exámenes periódicos por parte de los funcionarios superiores del Departamento, el Ombudsman del Commonwealth y otros organismos, como la Comisión de Derechos Humanos de Australia. Tanto el Departamento como los organismos externos examinan en forma periódica la situación de todos los inmigrantes.

181.El Gobierno está decidido a garantizar que las personas detenidas reciban un trato digno, y que los grupos vulnerables, como los niños y sus familias, vivan en condiciones adecuadas que se correspondan con las de la comunidad australiana.

182.La Oficina del Ombudsman del Commonwealth, la Comisión de Derechos Humanos de Australia, la Cruz Roja de Australia, y los representantes de los servicio pastorales y de los grupos comunitarios habitualmente visitan los centros de detención de inmigrantes, en particular el que está ubicado en Christmas Island. Todos los centros tienen un sistema interno sólido de recepción de opiniones y denuncias.

183.Los inmigrantes ilegales que llegan por vía marítima pueden obtener un visado transitorio E, que les permite vivir en forma más independiente en la comunidad mientras se tramita la solicitud de refugiado y se resuelve la condición inmigratoria. Quienes obtienen este tipo de visado quedan alojados en uno de los diversos centros de detención. Todos reciben atención y apoyo adecuado equiparables a los servicios de que dispone la comunidad australiana.

Párrafo 26 de las observaciones finales. Falta de vivienda

184.Se remite al Comité al anexo 1 para analizar las políticas y los programas de los estados y territorios con arreglo al párrafo 26 de las observaciones finales.

185.Todos los gobiernos de Australia financian la prestación de servicios y apoyo para enfrentar la falta de vivienda y ayudar a quienes están en riesgo de perderla, entre ellos, las familias en crisis, las mujeres y los niños afectados por la violencia doméstica, y los jóvenes.

186.La Oficina de Estadística de Australia proporciona estimaciones oficiales de falta de vivienda en el informe Censo de población y vivienda: Estimaciones sobre la falta de vivienda, 2011. En 2012, la Oficina creó el Grupo de Referencia para Estadísticas sobre la Falta de Vivienda, al que se encomendó asesorar en materia de creación, reunión, compilación, elaboración y difusión de estadísticas sólidas para ser utilizadas al analizar, comprender e informar sobre la falta de vivienda en Australia. El próximo Censo está previsto para 2016.

187.El 1 de julio de 2011, el Instituto de Salud y Bienestar de Australia puso en marcha la compilación de los Servicios Especializados para las Personas sin Hogar, con el objeto de medir la eficacia de los programas de Australia destinados a las personas sin vivienda. El segundo informe anual provee información sobre las personas afectadas y el apoyo que recibieron de los Servicios en el período 2012-2013.

Vivienda y personas sin hogar

188.Desde la misión del Relator Especial en Australia, en 2006, el Consejo de Gobiernos Australianos introdujo el Acuerdo Nacional sobre Vivienda Asequible, un marco que compromete a todo el sector gubernamental en la búsqueda de una solución al problema de la asequibilidad de la vivienda. Desde enero de 2009, el Acuerdo se propone lograr que todos los australianos tengan acceso a una vivienda asequible, segura y sostenible que contribuya a la participación económica y social. En virtud del acuerdo, el Commonwealth provee a los estados y territorios alrededor de 1.300 millones de dólares por año destinados a proporcionar viviendas apropiadas a los australianos de ingresos bajos y moderados. Esto comprende unos 250 millones de dólares por año para las personas sin hogar.

189.El Consejo de Gobiernos Australianos también presentó un plan integral para reducir considerablemente la falta de vivienda antes del año 2013. Para lograrlo, hasta junio de 2013 y a lo largo de cuatro años, el Acuerdo de Asociación Nacional sobre las Personas sin Hogar suministró recursos del Commonwealth, y de los estados y territorios, por valor de 1.100 millones de dólares.

190.En 2013-2014, un acuerdo transitorio de colaboración nacional representó un aporte de casi 159 millones de dólares del Commonwealth, que los estados y territorios igualaron, destinado a proveer servicios en forma permanente a las personas sin hogar. Este monto incluye unos 43 millones de dólares en fondos del Commonwealth para proyectos de inversión dirigidos a ayudar a las personas sin hogar a conseguir viviendas seguras y sostenibles, y 4 millones para la ampliación por un año del estudio longitudinal de la falta de vivienda, Regreso a Casa.

191.En 2014-2015, el Gobierno de Australia prolongó el acuerdo de colaboración nacional por otro año y aportó 115 millones de dólares, que los estados y territorios igualaron, con el fin de mantener iniciativas esenciales en el área de la falta de vivienda y apoyar a la población más vulnerable del país.

192.El Gobierno de Australia mantendrá el acuerdo nacional por otros dos años, hasta junio de 2017, incluido el aporte de hasta 115 millones de dólares por año, igualado por los estados y territorios. Este acuerdo de colaboración dará prioridad en la asignación de fondos a los servicios de primera línea para las mujeres y los niños víctimas de violencia en el hogar y la familia, y para los jóvenes sin hogar.

193.El Acuerdo de Asociación Nacional sobre Vivienda Social se inició en 2009 con 400 millones de dólares; el objetivo era aumentar la oferta de vivienda social y contribuir a paliar la situación de las personas sin hogar. Se entregaron unas 1.950 viviendas, de las cuales alrededor del 52% se asignaron en arrendamiento a personas que carecían de hogar o corrían el riesgo de quedarse sin hogar. Este Acuerdo finalizó en 2010.

194.La Iniciativa de Vivienda Social, por un total de 5.600 millones de dólares, tuvo el objetivo de financiar nuevas viviendas sociales y de reparar y efectuar mantenimiento en las existentes. En el marco de la Iniciativa, se construyeron más de 19.700 hogares nuevos, con ayuda del sector sin fines de lucro. Alrededor del 53% de los hogares nuevos se asignaron a personas que carecían de hogar o corrían el riesgo de quedarse sin hogar.

Servicios para jóvenes

195.El Gobierno de Australia financia Vuelve a Conectarte, un programa de intervención temprana para jóvenes de 12 a 18 años (o de 12 a 21 años, en el caso de los servicios especializados para jóvenes recién llegados) y sus familias cuando carecen de hogar o corren el riesgo de quedarse sin hogar.

196.Entre 2013 y 2016, se destinarán más de 70 millones de dólares (alrededor de 23,8 millones de dólares por año) a proveer 102 servicios de este programa, que abarcan 10 servicios de especialistas en jóvenes indígenas y 13, en jóvenes recién llegados. Vuelve a Conectarte ayudó a más de 72.000 jóvenes y sus familias en el período 2000-2013; esta cifra incluye más de 6.000 casos correspondientes a 2013-2014, en el 90% de los cuales se informó de una mejora general en la situación después de recibido el apoyo.

Asequibilidad de los alquileres

197.En 2008, se introdujo el Plan Nacional de Viviendas de Alquiler Asequibles. Esta iniciativa, en la que participan el Commonwealth y los gobiernos de los estados y territorios, provee viviendas adicionales mediante incentivos financieros a inversores privados y organizaciones comunitarias que construyen y alquilan viviendas a familias de ingresos bajos y moderados, como mínimo un 20% por debajo del valor de mercado. A lo largo del período de vigencia del Plan, se estima que el costo para el Commonwealth será de alrededor de 3.500 millones de dólares, calculados en función de hasta 38.000 asignaciones. Hasta el 12 de enero de 2015, se entregaron al Plan 24.775 viviendas, y se mantienen en reserva 12.918 asignaciones. El objetivo original del Plan era proveer 50.000 viviendas; el Gobierno redujo el total a 38.000 en el presupuesto 2014-2015.

198.El Gobierno del Commonwealth también suministra alrededor de 4.000 millones de dólares por año, a través de su Programa de Asistencia para Alquileres, a aproximadamente 1,3 millones de personas y familias.

Viviendas para indígenas

199.Con el fin de encarar los problemas del marcado hacinamiento, la falta de vivienda, las malas condiciones habitacionales y la aguda escasez de viviendas en las comunidades indígenas que viven en zonas remotas, el Gobierno de Australia asignó 5.500 millones de dólares que se canalizaron a través del Acuerdo de Asociación Nacional sobre Viviendas en Zonas Aborígenes Remotas (previsto para un plazo de diez años, de 2008-2009 a 2017‑2018). En virtud de este acuerdo, se destinarán fondos a los gobiernos de los estados y del Territorio del Norte para construcción, reacondicionamiento y reformas de viviendas, y para servicios de gestión de arrendamientos.

Párrafo 27 de las observaciones finales. Repercusiones del cambio climático

200.Se remite al Comité a los informes periódicos decimoctavo a vigésimo combinados de Australia en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y específicamente al párrafo 13 de las observaciones finales (Reglamentación de las sociedades australianas).

201.El Gobierno de Australia financia diversos programas para trabajar conjuntamente con los australianos indígenas en la gestión del medio ambiente y el patrimonio cultural de Australia; entre otros, cabe citar los programas Trabajando sobre el Territorio, Áreas Autóctonas Protegidas y Patrimonio Natural. Los programas sustentan las aspiraciones de la población indígena en lo relativo a la protección del territorio; proveen capacitación y ofrecen carreras laborales en materia de gestión de tierras y mares; y respaldan la integración de los conocimientos ecológicos y culturales indígenas con las prácticas contemporáneas, propiciando así resultados perdurables en materia de protección del medio ambiente y en los planos cultural, social y económico.

Gestión y conservación de tierras

202.En reconocimiento de la gran diversidad biológica y los otros valores ambientales que ofrecen las tierras gestionadas por indígenas, todos los niveles de gobierno han respondido a estas iniciativas que procuran "cuidar el territorio" mediante financiación, alianzas y otros tipos de apoyo.

203.La gestión de las tierras, las corrientes de agua dulce y los mares indígenas abarca una amplia serie de actividades de gestión ambiental, de recursos naturales y de patrimonio cultural, que llevan adelante individuos, grupos y organizaciones en todo el territorio de Australia. En el informe Administración de las Zonas Terrestres y Marítimas Indígenas, Estudio de caso, que complementa el Informe sobre el Estado del Medio Ambiente, 2011, se presenta más información sobre las diversas actividades.

204.El Comité Asesor Indígena es un órgano de derecho público creado en el año 2000 en virtud de la Ley de Protección Ambiental y Conservación de la Biodiversidad, de 1999. La función del Comité es asesorar al Ministro de Medio Ambiente en los asuntos que guardan relación con la ley, teniendo en cuenta los conocimientos de la población indígena en cuanto a la gestión de la tierra, y a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.

Agua

205.El principal acuerdo que celebró el Consejo de Gobiernos Australianos en materia de política de recursos hídricos es la Iniciativa Nacional del Agua, que se firmó en junio de 2004. En virtud de esta Iniciativa, los gobiernos de Australia acordaron adoptar un enfoque más congruente para la gestión, la medición, la planificación, la determinación de precios y la comercialización del agua. En particular, procurarán definir marcos de planificación hídrica que reconozcan las necesidades de los indígenas con relación al acceso al agua y su gestión. Además, todas las jurisdicciones están ayudando a preparar un módulo sobre la participación de la población indígena en la planificación y la gestión hídricas, con vistas a complementar las directrices de política de la iniciativa en cuanto a la planificación y la gestión de aguas (2010). Se prevé completar esta tarea durante 2015.

206.En los documentos de la Comisión Hídrica Nacional Examen de la Actuación Indígena en la Planificación Hídrica, 2013, publicado en 2014, y Plan Hídrico de Australia: Evaluación de la reforma nacional, 2014, se indica que la mayoría de las jurisdicciones han mejorado la cantidad y la calidad de las consultas con las comunidades indígenas pero que, pese a ello, aún no han incorporado estrategias eficaces para alcanzar los objetivos de los indígenas en la planificación hídrica. Además, la mayoría de las jurisdicciones todavía no han incluido disposiciones específicas para el acceso al agua de los pueblos indígenas. La Comisión señaló, asimismo, que el papel protagónico de distintos órganos indígenas en las cuestiones hídricas fue importante para promover la inclusión de los intereses de esa población en los marcos de políticas hídricas nacionales y de los estados.

207.Con el fin de comprender mejor los requisitos de los caudales para respaldar los resultados en materia cultural, incluidas las posibles superposiciones entre los caudales culturales y ambientales, varios organismos del Gobierno de Australia están trabajando con vistas a apoyar el Proyecto Nacional de Investigación de Caudales Culturales). El objetivo es profundizar en el conocimiento de los valores indígenas vinculados al agua para que estos queden mejor reflejados en la planificación y la gestión hídricas en Australia. El proyecto también busca lograr que, en un futuro, los caudales culturales formen parte de la planificación y los regímenes de gestión del agua en el país.

208.Un buen ejemplo, que subraya un progreso real, es la Iniciativa por el Agua Aborigen, una alianza entre el Gobierno de Nueva Gales del Sur y las comunidades indígenas que propicia la incorporación de las necesidades de los indígenas en materia de agua a la planificación y la gestión hídricas en Nueva Gales del Sur. El Gobierno de Australia aportó 1,69 millones de dólares por año durante cuatro períodos a partir de 2011.

Seguridad alimentaria

209.El Gobierno de Australia está poniendo en marcha iniciativas destinadas a velar por la seguridad alimentaria en las comunidades indígenas remotas; mejorar el acceso a alimentos nutritivos; y contribuir al objetivo general de mejorar la salud y el bienestar de la población indígena australiana. El Plan de Licencias para Almacenes Comunitarios, creado a partir de la Ley de Consolidación del Futuro en el Territorio del Norte (Commonwealth), de 2012, está dirigido a garantizar el acceso permanente a un conjunto de alimentos, bebidas y otros productos comestibles a precio razonable, con el fin de satisfacer las necesidades nutricionales y otras necesidades cotidianas de las comunidades indígenas remotas del Territorio del Norte. Al 31 de diciembre de 2014, en el Territorio del Norte había unos 100 almacenes comunitarios con licencia.

Mitigación del cambio climático

210.En materia de medio ambiente, el Gobierno de Australia se orienta a conseguir cambios prácticos en cada ámbito local. El Fondo para la Reducción de las Emisiones incorpora y amplía la Iniciativa Agrícola sobre el Carbono, destinada a reducir las emisiones, pues perfecciona las disposiciones administrativas actuales y ofrece nuevas oportunidades para introducir actividades de reducción de las emisiones en todas las áreas de la economía.

211.La población indígena ha mostrado particular interés en los proyectos de reducción de las emisiones y de retención del carbono en las sabanas y los bosques. Los proyectos de la Iniciativa Agrícola sobre el Carbono, y ahora también los del Fondo para la Reducción de las Emisiones, proveen un incentivo a los administradores de tierras indígenas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los proyectos aportan ingresos que se destinan a favorecer los medios de vida sostenibles en las tierras, y pueden generar beneficios correlativos adicionales en materia social, cultural y laboral. Hasta la fecha, hay 38 proyectos de gestión de incendios en las sabanas, por los que se otorgaron 1,4 millones de unidades de créditos de carbono de Australia; casi la mitad de los proyectos cuentan con el control o la participación de la población indígena. Las metodologías de reducción de las emisiones mediante la gestión de incendios en las sabanas a principios de la temporada seca entroncan con las quemas tradicionales que realizan los indígenas de las sabanas del norte de Australia.

212.El Gobierno también ha facilitado la participación de los indígenas en la Iniciativa Agrícola sobre el Carbono a través del Fondo Agrícola del Carbono para la Población Indígena. El Departamento de Medio Ambiente administra esta corriente de investigación y desarrollo, que ofrece subvenciones para metodologías de bajo costo, investigaciones y herramientas para presentar informes, lo que favorece la participación de los australianos indígenas.

213.El Fondo Agrícola del Carbono para la Población Indígena ha prestado su apoyo al Servicio de Información sobre Incendios de Australia del Norte; ha creado la Herramienta para la Reducción de Quemas en las Sabanas (que ganó en la categoría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de los Premios a la Excelencia Espacial para Asia y el Pacífico); y ha presentado dos propuestas nuevas para la gestión de los incendios en las sabanas, de la Alianza de Australia del Norte para la Gestión de las Zonas Terrestres y Marítimas Indígenas. Los resultados de las investigaciones realizadas en el marco de estos proyectos se están usando para mejorar las cuentas nacionales de Australia en lo relativo a las sabanas.

Adaptación al cambio climático

214.Entre 2007 y 2013, el Gobierno de Australia invirtió más de 120 millones de dólares en el Programa Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Esto ayudó a los australianos a comprender y a gestionar mejor los riesgos vinculados con la contaminación provocada por el carbono, y a aprovechar las posibles oportunidades.

215.Como parte del Programa, se invirtieron 47 millones de dólares en la creación de un Centro de Investigación Nacional sobre la Adaptación al Cambio Climático, al que se encomendó definir investigaciones prioritarias relacionadas con el inevitable cambio climático y abocarse a ellas. En 2014, el Gobierno de Australia destinó al Centro otros 9 millones de dólares a lo largo de tres años; estos fondos deben aplicarse al desarrollo de herramientas prácticas e información para ayudar a los gobiernos, las empresas y las comunidades a gestionar los riesgos climáticos, en particular en la zona costera.

216.En 2012, el Centro elaboró un Plan Nacional de Investigación para la Adaptación al Cambio Climático, destinado a las comunidades indígenas. El Plan precisó las investigaciones que los responsables de la toma de decisiones en el gobierno, la industria y las comunidades necesitan para dar respuesta al impacto negativo del cambio climático en las comunidades indígenas y adaptarse a él eficazmente. A lo largo de los próximos cinco años, el Plan orientará a los gobiernos y a otros inversores para la financiación de las investigaciones, de modo tal de conseguir el máximo beneficio para las comunidades indígenas; a la vez, ofrecerá un marco general para la planificación de investigaciones a más largo plazo.

217.Durante la primera fase de su trabajo (2008-2013), el Centro dio a conocer diversas investigaciones acerca de las repercusiones del cambio climático sobre la salud humana y las comunidades vulnerables. El trabajo continuará a través de una red, recientemente creada, dedicada a la investigación sobre la adaptación en tanto atañe a las comunidades vulnerables y la salud humana.

218.El Gobierno de Australia está invirtiendo más de 15.000 millones de dólares en la reforma hídrica y en garantizar el suministro de agua en el país. De este monto, 10.000 millones corresponden al Programa de Infraestructura y Uso Sostenible de las Aguas Rurales. Otra parte de estos fondos se ha aplicado a apoyar a los agricultores australianos mediante el Programa Cultivo de Futuros.

Párrafo 28 de las observaciones finales. Cerrar la brecha

219.Se remite al Comité a los informes periódicos decimoctavo a vigésimo combinados de Australia en el marco de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y en particular al párrafo 22 de las observaciones finales (Eliminación de las desigualdades socioeconómicas, idoneidad cultural de la prestación de servicios públicos, autonomía indígena), como también a los párrafos 15 y 26 (Reconocimiento indígena y reconciliación).

220.Los australianos de origen indígena presentan resultados de salud insatisfactorios en proporciones más altas que los no indígenas, y a edades más tempranas. El Gobierno de Australia se esfuerza por reducir la desventaja y alcanzar la igualdad en los resultados de salud entre la población indígena y la no indígena.

221.El programa Cerrar la Brecha refleja el hecho de que, para todos los gobiernos australianos, reducir la desventaja de la población indígena es una prioridad de alto nivel, como lo es mejorar los resultados de salud de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. El Commonwealth y los gobiernos de los estados y territorios acuerdan las metas, y el Primer Ministro informa anualmente sobre los avances.

222.En 2008, el Consejo de Gobiernos Australianos acordó seis objetivos para el programa Cerrar la Brecha. Dos de ellos se relacionan específicamente con la salud: eliminar la desventaja en la esperanza de vida en el plazo de una generación (antes de 2031); y reducir a la mitad la diferencia entre las tasas de mortalidad de los menores de 5 años indígenas y la tasa correspondiente de los no indígenas en el plazo de un decenio (antes de 2018). La esperanza de vida al nacer para los hombres y las mujeres indígenas aumentó entre 2005-2007 y entre 2010-2012, a 69,1 y 73,7 años respectivamente. La tasa general de mortalidad entre los indígenas australianos se redujo en un 16% entre 1998 y 2013, y ha habido una disminución considerable (de un 15%) en la desventaja con respecto a los australianos no indígenas. Incluso con estas mejoras, es necesario acelerar los avances para alcanzar la meta de eliminar la desventaja en la esperanza de vida antes de 2031.

223.La tasa de mortalidad de los niños indígenas disminuyó en un 31%; así pues, el ritmo de la disminución fue mayor que el de la verificada para la tasa de mortalidad de niños no indígenas entre 1998 y 2013. El resultado ha sido una reducción considerable (del 35%) en la diferencia entre las tasas de mortalidad de los niños indígenas y no indígenas en este período. Si bien en 2013 la tasa de mortalidad de los niños indígenas fue superior al espectro de valores requeridos para alcanzar la meta, la tendencia observada implica que es probable que se cumpla el objetivo de reducir la diferencia a la mitad antes de 2018. También, entre 1998 y 2012, la tasa de mortalidad de los niños indígenas se redujo entre en un 64%, y la diferencia con los niños no indígenas, en un 83%.

224.Los informes anuales del plan Cerrar la Brecha se ven complementados con diversos informes anuales y bienales de alcance nacional, que incorporan los conjuntos de datos mínimos nacionales y permiten obtener información comparativa sobre los logros de los gobiernos. Estos informes abarcan indicadores sobre salud y determinantes sociales de la salud, desglosados por condición de indígena y otras variables demográficas.

225.Con el fin de evaluar el progreso local, en 2008 el Consejo de Gobiernos Australianos acordó establecer indicadores clave del desempeño, de alcance nacional, a través del Acuerdo para la Reforma Nacional sobre los Indígenas. Cada seis meses se reúnen datos de unas 200 organizaciones de atención primaria de la salud que atienden específicamente a la población indígena, con financiamiento del Departamento de Salud y abocadas a prestar servicios principalmente a la población aborigen y a los isleños del Estrecho de Torres. En 2014, el Instituto de Salud y Bienestar de Australia publicó los informes primero y segundo sobre los indicadores correspondientes a la atención primaria de salud prestada a la población aborigen y a los isleños del Estrecho de Torres (en mayo y diciembre, respectivamente).

226.El Plan Nacional de Salud para los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres 2013-2023 es un marco general de política estratégica nacional a diez años, basado en la información obtenida, que se propone orientar la elaboración de políticas y programas tendientes a mejorar los resultados de salud. Se está preparando un plan de ejecución destinado a articular las actividades en colaboración que realizarán el Commonwealth y otros participantes de importancia para hacer realidad la visión del Plan.

227.La Oficina de Estadística de Australia realiza una Encuesta de Medidas de Salud para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres que puede consultarse en el sitio web de la Oficina. En 2014, la Oficina publicó la primera Encuesta de Salud para los Aborígenes Australianos y los Isleños del Estrecho de Torres. Se trata del mayor relevamiento biomédico de su tipo jamás realizado, e implicó realizar análisis voluntarios a unos 3.000 adultos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, de 18 años o más, en busca de diversas enfermedades crónicas y biomarcadores nutricionales.

228.Los niveles de la financiación en general destinada a la salud de los indígenas seguirán en aumento a lo largo de los próximos cuatro años. Desde el período 2014-2015 hasta 2017-2018, el Gobierno de Australia invertirá 3.100 millones de dólares en programas y actividades destinados a la salud de los indígenas, lo que representa un aumento de más de 500 millones de dólares en comparación con los períodos desde 2009-2010 hasta 2012‑2013. Esto incluye la ampliación de programas que han probado ser eficaces para mejorar los resultados de salud; por ejemplo, en el período 2015-2016 se destinaron 94 millones de dólares a acrecentar los esfuerzos destinados a mejorar la salud infantil y materna, y 36,2 millones a ampliar el programa Salud para Toda la Vida, con el objetivo de mejorar la gestión de las enfermedades crónicas.

Párrafo 29 de las observaciones finales. Servicios de salud en las prisiones

229.Se remite al Comité a los informes periódicos decimoctavo a vigésimo combinados de Australia en el marco de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y en particular al párrafo 20 de las observaciones finales (Tasas de encarcelamiento de la población indígena y prestación de atención de salud adecuada; atención de los factores sociales y económicos que vinculan a los indígenas con el sistema de justicia penal).

230.Los servicios de salud que reciben los reclusos de Australia están basados en marcos internacionales. Las Directrices Uniformes para los Establecimientos Penitenciarios de Australia establecen que los servicios de atención de salud que reciben los reclusos deben ser equiparables a los que se proporciona a la comunidad, sin discriminación.

231.El Real Colegio Australiano de Médicos Generalistas complementa estas directrices con las normas aplicables a los servicios de salud de las prisiones australianas. Esta normativa ayuda a los médicos generalistas a trabajar por mejores resultados de salud para las personas que se encuentran encarceladas o detenidas.).

232.En 2012, el Instituto de Salud y Bienestar de Australia dio a conocer el informe La Salud de los Reclusos Australianos, 2012 (anexo 7). Este fue el tercer informe relacionado con los indicadores nacionales de salud de los reclusos, creados en 2009 para ayudar a hacer un seguimiento de la salud de las personas en prisión y evaluar la planificación, la prestación y la calidad de los servicios de salud para los reclusos. El informe se basa en datos suministrados por los estados y territorios.

233.Según el informe, los reclusos indígenas tenían más probabilidades que los no indígenas de ser fumadores (el 92% contra el 39%) y más riesgo de consumir alcohol (el 59% contra el 39%). Los nuevos reclusos indígenas tenían una probabilidad dos veces mayor que los no indígenas de haber sido alguna vez diagnosticados con diabetes (el 5% contra el 2%).

234.El boletín Servicios de Salud para Reclusos en Australia 2012 ofrece un panorama general de los servicios de salud para los reclusos. En la mayoría de las jurisdicciones se utiliza una combinación de servicios de prestación directa, servicios de salud comunitarios y servicios de salud contratados. Los servicios de salud de las prisiones utilizan un modelo de atención en que la enfermería tiene un papel preponderante. En 2012, los problemas más comunes se relacionaron con la medicación y la vacunación, las evaluaciones de la salud general, los servicios de patología, la salud psicológica y mental, la diabetes y los tratamientos por drogas y alcohol.

235.Los servicios de salud para los niños y jóvenes detenidos en todo el territorio australiano respetan los marcos internacionales y las Normas para la Justicia Juvenil (2009) de los Administradores de Justicia Juvenil de Australasia. Estas normas estipulan que los servicios deben propugnar el mejor estado de salud y bienestar posible de los niños y jóvenes. Las normas reconocen la situación de vulnerabilidad de los niños y de los jóvenes detenidos, y son compatibles con las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad, y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia juvenil.

Grupo Asesor sobre la Salud de los Inmigrantes

236.Los inmigrantes detenidos reciben atención de salud y mental de un nivel que, en términos generales, puede considerarse equivalente al que se presta a toda la comunidad australiana. Los servicios se prestan en clínicas ubicadas en los mismos centros de detención; en caso de que hubiese una indicación clínica, se realizan derivaciones a especialistas y a servicios de salud y hospitales afines.

237.En diciembre de 2013, se disolvió el Grupo Asesor sobre la Salud de los Inmigrantes (que había reemplazado al Grupo Asesor sobre la Salud en los Centros de Detención) y se lo reemplazó por un Asesor Independiente sobre Salud, designado para asesorar al Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras sobre diversas cuestiones de salud de los inmigrantes que atañen a las personas detenidas.

238.Al ofrecer su asesoramiento independiente, el Asesor Independiente sobre Salud se basa en la orientación profesional y clínica del Funcionario Médico Jefe del Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras, de los prestadores de servicios de salud contratados, y de expertos externos en salud. Se ha creado un panel de expertos que brindan asesoramiento como apoyo al Asesor Independiente sobre Salud.

239.Hasta la fecha, el Asesor Independiente sobre Salud ha asesorado acerca de diversos temas, entre ellos, un marco de gestión de las enfermedades contagiosas, una evaluación para la detección de problemas de salud mental, conjuntos de datos de salud, control de vectores y gestión de pacientes obstétricas. La nueva organización permite al Secretario y al Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras tener acceso a asesoramiento de alta calidad en materia de salud por una vía más ágil, oportuna y eficaz, según se presente la necesidad.

Prisiones de los estados y territorios

240.El Gobierno de Australia no tiene ni mantiene prisiones. En Australia, los gobiernos de los estados y territorios son responsables de gestionar las prisiones, gestión que abarca la prestación de los servicios de salud. Se remite al Comité al anexo 1 para analizar las políticas y los programas de los estados y territorios con arreglo al párrafo 29 de las observaciones finales.

241.Para más información sobre el funcionamiento de las prisiones de los estados y territorios, pueden consultarse el capítulo 8 del Informe sobre servicios públicos, 2015, de la Comisión de Productividad, y la publicación del Instituto de Salud y Bienestar de Australia titulada Instantánea sobre la Salud en Australia 2014 – La salud de los reclusos australianos desde el encarcelamiento hasta la liberación; ambos pueden consultarse en línea.

Párrafo 30 de las observaciones finales. Servicios de salud mental

242.Se remite al Comité a los informes periódicos decimoctavo a vigésimo combinados de Australia en el marco de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y en particular al párrafo 20 de las observaciones finales (Tasas de encarcelamiento de la población indígena y prestación de atención de salud adecuada; atención de los factores sociales y económicos que vinculan a los indígenas con el sistema de justicia penal).

243.También se remite al Comité al anexo 1, que contiene información sobre las políticas y los programas de los estados y territorios con arreglo al párrafo 30 de las observaciones finales.

244.Existen diversas fuentes de datos sobre la situación de salud mental en Australia, por ejemplo: la Encuesta Nacional de 2007 sobre Salud Mental y Bienestar; el sitio web de los Servicios de Salud Mental de Australia; el Informe Nacional sobre Salud Mental, 2013; y el boletín del Instituto de Salud y Bienestar de Australia titulado Servicios de Salud para Reclusos en Australia, 2012. Para más información sobre estos datos, consúltese el anexo 8.

245.Los gobiernos de Australia propugnan como prioritaria a nivel nacional una reforma de salud mental que permita reducir el estigma y la discriminación en la sociedad, y reduzca en forma considerable las tasas de suicidio. Los gobiernos también están trabajando para lograr que las personas afectadas por problemas de salud mental y sus familias tengan acceso a servicios y apoyos adecuados, como también a hogares estables y seguros, y que puedan participar satisfactoriamente en la educación y el empleo.

246.Australia cuenta con una Política Nacional de Salud Mental desde 1992; la actualización más reciente de esta Política data de 2008. Los objetivos de la Política Nacional de Salud Mental se articulan a través de la Estrategia Nacional de Salud Mental y los Planes Nacionales de Salud Mental. El Commonwealth y los gobiernos de los estados y territorios están trabajando juntos para preparar un Quinto Plan Nacional de Salud Mental.

247.En 2012, el Gobierno de Australia creó la primera Comisión Nacional de Salud Mental, encargada de elaborar informes independientes y de asesorar a la comunidad y los gobiernos sobre qué funciona y qué no. La Comisión propugna la mejora del sistema y una mayor rendición de cuentas. En 2012 y 2013, la Comisión preparó dos informes anuales de alcance nacional sobre salud mental y prevención del suicidio.

248.El Gobierno de Australia encomendó a la Comisión un examen de los servicios y programas de salud mental en todo el ámbito del gobierno federal y de los gobiernos de los estados y territorios, como también en el sector privado y el no gubernamental. El objetivo central era evaluar la eficiencia y la eficacia de los programas y servicios que dan apoyo a las personas con problemas de salud mental y sus familias, como también los otros tipos de apoyo necesarios para contribuir a la comunidad como partícipes productivos. El Gobierno de Australia está analizando las recomendaciones del informe y responderá al examen después de las deliberaciones correspondientes.

249.El Gobierno de Australia presta apoyo a las personas que padecen enfermedades mentales a través del Programa de Atención Comunitaria Específica, que actualmente se denomina actividad de Salud Mental Comunitaria. Por esta vía se prestan servicios que complementan otros servicios gubernamentales clínicos y no clínicos, y se procura ayudar a las personas con enfermedades mentales graves a participar plenamente en su comunidad.

250.En virtud del Acuerdo de Asociación Nacional sobre la Reforma Nacional de Salud Mental 2011-2012 a 2015-2016, se han asignado 199,8 millones de dólares a los estados y territorios para subsanar las deficiencias importantes en esta área de servicios públicos, que afectan a las personas con enfermedades mentales graves y persistentes. El Acuerdo contempla también el alojamiento estable y la planificación en los departamentos de emergencias.

Servicios de salud mental para los jóvenes

251.El programa Espacio Mental ofrece un enfoque nacional coordinado con relación a la salud mental de los jóvenes y a los problemas de drogas y alcohol relacionados con ella, a través de una red nacional de centros de atención primaria de la salud. El programa mejora el acceso de los jóvenes de entre 12 y 25 años a los servicios apropiados y mejora la coordinación de los servicios.

252.Para los períodos de 2009-2010 a 2014-2015, se han destinado 294,8 millones de dólares a ampliar los centros de Espacio Mental ya existentes y a construir nuevos, hasta llegar a los 90 centros en toda Australia. A lo largo de cuatro años se destinarán 14,9 millones de dólares adicionales a fin de ampliar la red de Espacio Mental añadiendo 10 centros; de este modo, el total en el territorio australiano alcanzará a 100 centros, con lo que se beneficiarán hasta 80.000 australianos jóvenes por año.

253.Desde junio de 2014 hasta junio de 2016, se destinarán además 186,3 millones de dólares a crear un máximo de nueve servicios nuevos para el tratamiento temprano de la psicosis, en función del modelo de prevención e intervención temprana para la psicosis, que se ocupa de las necesidades de los jóvenes de entre 15 y 24 años.

Servicios de salud mental para los indígenas

254.En mayo de 2013, Australia dio a conocer la primera Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio para Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, siguiendo la recomendación formulada en 2010 por el Comité de Referencia para Asuntos Comunitarios del Senado, "... que el Gobierno del Commonwealth elabore una estrategia de prevención del suicidio independiente para las comunidades indígenas dentro de la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio".

255.Esta Estrategia incorpora una perspectiva holística de los pueblos indígenas en materia de salud mental, física, cultural y espiritual. Además, se centra en la intervención temprana, y trabaja para forjar comunidades fuertes mediante enfoques para la prevención del suicidio más centrados en la comunidad e integrados, y para formular estrategias locales y culturalmente apropiadas a fin de detectar a quienes estén en mayor riesgo y responder a sus necesidades.

256.El Programa de Acceso a Servicios Psicológicos Afines permite a los médicos generalistas derivar a los pacientes a profesionales de la salud mental que proveen servicios psicológicos específicos. Entre estos profesionales, cabe mencionar psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros especializados en salud mental, terapeutas ocupacionales y trabajadores de la salud aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, que cuentan con una preparación específica en salud mental.

257.En 2014-2015, el Gobierno de Australia asignó aproximadamente 6,1 millones de dólares a servicios y actividades de prevención del suicidio orientadas particularmente a los indígenas. En el mismo período, el Gobierno también destinó 40,5 millones de dólares a proyectos relacionados con el bienestar social y emocional.

258.El Programa de Servicios de Salud Mental en las Regiones Rurales o Remotas provee más servicios de enfermería de salud mental y otros afines para estas zonas, mediante la financiación a ONG como Aboriginal Medical Services y el Royal Flying Doctor Service. Estas organizaciones prestan servicios de salud mental a través de trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeros de salud mental y trabajadores de salud mental de aborígenes.

Reducción de las tasas de encarcelamiento de las personas con enfermedades mentales

259.Los gobiernos de los estados y territorios, responsables de la prestación de servicios judiciales, de policía y penitenciarios, están abordando este tema mediante programas de corrección alternativa y apoyo.

260.Quienes trabajan en este terreno reconocen un vínculo entre las personas con trastornos del espectro alcohólico fetal y las tasas de encarcelamiento. Según investigaciones datadas en 2013, por ejemplo, "si bien no hay datos fiables sobre la prevalencia de los trastornos del espectro alcohólico fetal en el sistema de justicia de Australia, se considera probable encontrar aspectos similares a los que se describen para América del Norte. Varios estudios realizados en América del Norte han detectado que los profesionales del sistema de justicia tienen escasos conocimientos sobre los efectos de estos trastornos sobre el individuo, y han establecido que es necesario actuar para mejorar la habilidad de los profesionales para detectar a las personas que padecen tales trastornos y trabajar con ellas. Un relevamiento de jueces y abogados de Queensland sugiere que el sistema de justicia de Australia puede enfrentar dificultades similares".

261.Este tema es materia permanente de trabajo en los niveles federal, de los estados y de los territorios; se subraya la considerable coordinación requerida para promover una sensibilización sobre los trastornos del espectro alcohólico fetal entre la gran diversidad de personas que trabajan en las fuerzas del orden y el sistema judicial.

Atención de salud mental en las prisiones

262.Al prestar servicios psicológicos y gestionar el estrés de los reclusos, se siguen las Directrices Uniformes para los Establecimientos Penitenciarios de Australia (véase más arriba el párrafo 29 de las observaciones finales). Todas las jurisdicciones ofrecen acceso a atención de salud mental especializada.

263.Asimismo, se remite al Comité a los informes periódicos decimoctavo a vigésimo combinados de Australia en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y específicamente al párrafo 20 de las observaciones finales (Tasas de encarcelamiento de las personas indígenas y atención de salud adecuada; tratamiento de los factores sociales y económicos que vinculan a los indígenas con el sistema de justicia penal).

Párrafo 31 de las observaciones finales. La educación de la población indígena

264.Se remite al Comité a los informes periódicos decimoctavo a vigésimo combinados de Australia en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y específicamente al párrafo 21 de las observaciones finales (Preservación de los idiomas nacionales).

265.También se remite al Comité al anexo 1, que contiene información sobre las políticas y los programas de los estados y territorios con arreglo al párrafo 31 de las observaciones finales.

266.Para el Gobierno de Australia es prioritario mejorar la tasa de asistencia escolar de los niños indígenas.

267.El Programa de Infancia y Escolarización de la Estrategia de Promoción Indígena, que se puso en marcha el 1 de julio de 2014, complementa una serie de programas del Gobierno de Australia y de los gobiernos de los estados y territorios destinados a mejorar los resultados educativos y el desarrollo positivo de los australianos indígenas. Los esfuerzos hacen hincapié en mejorar:

La participación y los resultados educativos positivos en el desarrollo en la primera infancia, como también en el cuidado y la educación que conducen a una mejor disposición para el comienzo escolar;

La tasa de asistencia escolar y los resultados educativos;

La aprobación del año 12 y las vías para obtener más educación y formación;

La finalización de cursos de nivel universitario; y

La capacidad de las familias y comunidades indígenas de interactuar con las escuelas y otras instituciones educativas.

268.En 73 escuelas de 69 comunidades remotas, las comunidades y las escuelas están aplicando conjuntamente la Estrategia para la Asistencia Escolar en las Zonas Remotas, que se inició en 2014. La Estrategia tiene el propósito de romper el ciclo de inasistencia y velar por que los padres y los cuidadores asuman la responsabilidad de educar a sus niños. En la Estrategia se trabaja con las escuelas, las familias y las organizaciones comunitarias para lograr que los niños vayan a la escuela todos los días. Se convoca a figuras respetadas de la comunidad para que actúen como supervisores de la asistencia escolar y encargados de ayudar a los niños a ir a la escuela y quedarse en la escuela.

269.Asimismo, el Gobierno de Australia financia el Plan ABSTUDY, que ayuda a los alumnos de nivel secundario y terciario que viven en zonas remotas a tener acceso a oportunidades educativas si necesitan estudiar lejos de su hogar.

270.La Oficina de Estadística de Australia provee datos de población desglosados por edad, basados en el censo de población y en la información sobre matriculación escolar compilada en la Recopilación de Estadísticas Nacionales sobre Enseñanza.

Educación en la primera infancia

271.En junio de 2013, los gobiernos de Australia celebraron el Acuerdo de Asociación Nacional sobre el Acceso Universal a la Educación en la Primera Infancia (2013-2015). Por esta vía, se destinaron 655,6 millones de dólares del Commonwealth a apoyar el acceso universal a la educación de calidad para la primera infancia y una mayor participación en el año anterior a la escolarización de jornada completa. En septiembre de 2014, se asignaron 406 millones de dólares para ampliar el Acuerdo de Asociación Nacional de modo de abarcar el año escolar 2015. En mayo de 2015, el Gobierno de Australia anunció una nueva extensión del Acuerdo, con lo que comprometió 840 millones de dólares (total del país) para los años escolares 2016-2017. El Acuerdo continúa centrándose en los niños vulnerables y en situación de desventaja.

Párrafo 32 de las observaciones finales. Reforma del sistema de títulos de propiedad de los aborígenes

272.Se remite al Comité a los informes periódicos decimoctavo a vigésimo combinados de Australia en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, específicamente al párrafo 18 de las observaciones finales (Reformas legislativas a la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes, de 1993 (Commonwealth); carga de la prueba y mecanismos de consulta efectiva con los pueblos indígenas).

273.Durante 2010 y 2011, el Gobierno de Australia introdujo reformas legislativas para mejorar los procesos de protección de los títulos de propiedad de los aborígenes en relación con las leyes que en el futuro podrían aprobarse y afectarlos, y con la gestión del sistema de títulos de propiedad de los aborígenes recogido en la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes, de 1993 (Ley de Título de Propiedad de los Aborígenes). En 2010, se modificó la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes para hacer posible la construcción oportuna de viviendas públicas, viviendas para el personal y una determinada clase de instalaciones destinadas a uso público para los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en comunidades situadas en tierras sujetas a títulos de propiedad. El proceso tendrá una duración de diez años, y coincidirá con el período de financiación de diez años que se estipula en los Acuerdos de Asociación Nacionales vigentes entre el Commonwealth y los estados y territorios, sobre viviendas en zonas aborígenes remotas y prestación de servicios en zonas remotas. Las modificaciones legislativas y el Acuerdo fueron parte de la respuesta de una respuesta gubernamental frente a la necesidad de mejorar el suministro insuficiente de viviendas e infraestructura en las comunidades indígenas de zonas remotas.

274.Tras intensas consultas públicas en 2011, el Gobierno de Australia modificó las Reglamentaciones relativas al Título de Propiedad de los Aborígenes (Sociedades Mercantiles Designadas), de 1999, para mejorar la flexibilidad y certeza del régimen de gobierno y posibilitar que los aborígenes con títulos de propiedad puedan usarlos y aprovecharlos al máximo y participar de lleno en la gestión de las tierras. Las sociedades mercantiles designadas que poseen los títulos de propiedad representan los intereses del grupo aborigen poseedor de títulos de propiedad.

275.Durante 2013 y 2014, el Gobierno de Australia encomendó una serie de exámenes e iniciativas de política que tomaban en cuenta diferentes aspectos del sistema de títulos de propiedad de los aborígenes, pero con el objetivo general de mejorar la eficacia y eficiencia de este sistema.

276.En 2013, el Gobierno de Australia hizo tres exámenes en relación con el sistema de títulos de propiedad de los aborígenes, y creó el Grupo de Trabajo sobre Tributación de los Títulos de Propiedad de los Aborígenes y Beneficios y Gestión de los Propietarios Tradicionales, para examinar los arreglos existentes para la tenencia, gestión y distribución de pagos vinculados a la distribución de las tierras, y para encontrar caminos que fortalezcan la gestión y promuevan la sostenibilidad. La atención está centrada en el tratamiento fiscal de los acuerdos vigentes y de las opciones propuestas para la tenencia, gestión y distribución de los pagos vinculados con las tierras. El Grupo de Trabajo formuló sus recomendaciones al Gobierno en julio de 2013.

277.El Gobierno de Australia también encomendó una investigación sobre el papel y las funciones de las organizaciones que gestionan los títulos de propiedad de los aborígenes (incluidas las sociedades mercantiles mencionadas anteriormente), para garantizar que estas organizaciones cumplan con las necesidades futuras del sistema y, en particular, las necesidades de los titulares de la propiedad de las tierras aborígenes una vez que los reclamos se hayan resuelto. En mayo de 2014, una vez concluida la investigación, se elevó al Gobierno.

278.Hacia finales de 2013, el Gobierno de Australia encomendó a la Comisión de Reforma Legislativa la realización de una investigación independiente para analizar la eficacia de la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes en el reconocimiento de estos títulos, como también la posible existencia de obstáculos para acceder a la justicia en los procedimientos de reconocimiento en el marco del sistema de títulos de propiedad de los aborígenes. La Comisión siguió trabajando durante 2014 y, en abril de 2015, presentó su informe final.

279.El Gobierno de Australia también efectuó cambios administrativos para transferir la responsabilidad respecto de las políticas, los programas y los servicios indígenas de ocho organismos existentes del Gobierno a la égida del Departamento del Primer Ministro y el Gabinete. Esta fusión refleja la alta prioridad que ha asignado el Gobierno de Australia a los asuntos indígenas, y el programa de reforma que aplicará con el fin de mejorar las condiciones de vida de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.

280.Durante 2014, el Gobierno de Australia creó una serie de iniciativas de política centradas en temas asociados con los títulos de propiedad de los aborígenes y que repercutían en ellos, en particular la gestión y el uso de las tierras, el empleo, la capacitación, y el desarrollo socioeconómico. Además, el Gobierno de Australia encomendó dos libros blancos: uno sobre el desarrollo de la zona septentrional de Australia, y el otro sobre la competitividad agrícola para promover el desarrollo económico a largo plazo de la mitad septentrional del continente. Gran parte de esta área de Australia está sujeta a determinación o reclamación por parte de grupos aborígenes poseedores de títulos de propiedad.

281.En agosto y diciembre de 2014, se reunieron el Gobierno de Australia y los ministros de los estados y territorios que se encargan de los títulos de propiedad de los aborígenes a fin de renovar y revitalizar el debate sobre la aplicación de la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes. Los ministros se abocaron al trabajo en forma cooperativa para mejorar la situación social, cultural y económica de estos títulos para los aborígenes, los propietarios de tierras y las comunidades locales.

282.En octubre de 2014, el Consejo de Gobiernos Australianos inició una investigación sobre la administración y el uso de las tierras aborígenes. La investigación toma en consideración cómo aprovechar las tierras aborígenes, en particular los títulos de las tierras, para lograr el desarrollo económico de esas comunidades. La investigación incluyó una amplia consulta con las partes interesadas, y en particular con los indígenas interesados.

Mecanismos eficaces de consulta con los pueblos indígenas

283.El Gobierno de Australia está decidido a trabajar en forma estrecha con las comunidades indígenas y a hacerles consultas. Reconoce que la población indígena debe poder proponer soluciones que se adapten a sus circunstancias particulares.

Párrafo 33 de las observaciones finales. Promoción y protección de la cultura indígena

284.Se remite al Comité a los informes periódicos decimoctavo a vigésimo combinados de Australia en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, específicamente al párrafo 21 de las observaciones finales (Preservación de los idiomas nacionales).

285.También se remite al Comité al anexo 1, que contiene información sobre las políticas y los programas de los estados y territorios con arreglo al párrafo 33 de las observaciones finales.

286.El Censo 2011 reveló que aproximadamente 61.000 personas hablan un idioma indígena. De esta cifra, alrededor del 19% habla creole australiano (una combinación de inglés, idiomas indígenas y otras lenguas).

287.El Gobierno de Australia reconoce que las artes y los idiomas son esenciales para el bienestar, la cultura y la identidad de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, y que cumplen un papel esencial si se desea mantener la sostenibilidad, la vitalidad y la fortaleza de las comunidades indígenas; así pues, el Gobierno se empeña en destinar financiación específica a través de los programas Apoyo a la Industria de las Artes Visuales e Idiomas y Artes Indígenas. El Gobierno de Australia continúa apoyando actividades en el área de los idiomas indígenas, de modo tal que puedan ser preservados y transmitidos a las generaciones futuras, resguardando así esta parte importante del patrimonio cultural australiano. Se estima que en Australia existen 250 idiomas indígenas; a fin de mantenerlos, revitalizarlos y transmitirlos para la posteridad, el Gobierno apoya actividades comunitarias, investigaciones lingüísticas y el desarrollo de recursos lingüísticos por parte de los centros regionales de idiomas, como también de otras organizaciones clave de todo el territorio abocadas a la promoción y la formación.

Enseñanza de los idiomas indígenas en las escuelas australianas

288.En mayo de 2013, el Organismo Australiano Encargado de la Elaboración de los Programas de Estudios, su Evaluación y la Presentación de Informes al Respecto publicó una versión preliminar de un marco para los idiomas de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Se trata del primer programa de estudios nacional que abarca desde el inicio escolar hasta el año 10, y prevé que en todas las escuelas australianas se enseñen y aprendan los idiomas indígenas.

289.El Gobierno de Australia, a través de la Organismo Australiano Encargado de la Elaboración de los Programas de Estudios, su Evaluación y la Presentación de Informes al Respecto, está creando un marco para los idiomas de los aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres, con miras a complementar el programa de estudios de idiomas. Se han realizado intensas consultas con las comunidades a fin de dar el marco la flexibilidad necesaria para prestar apoyo a más de 250 idiomas indígenas. El marco provee orientación a los educadores australianos para hacer posible la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas de los aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres. Se prevé que, en el transcurso de 2015, el marco será presentado a los ministros de educación para su aprobación.

Cultura indígena

290.Los sectores de las artes y la cultura aborígenes de Australia comprenden actividades creativas de características únicas. Enriquecen la vida cultural australiana, hacen una contribución valiosa a la economía nacional y ayudan a promover a Australia ante los públicos internacionales.

291.El Gobierno de Australia apoya el mantenimiento, la revitalización y la transmisión de los idiomas indígenas, como también la producción y la comercialización del arte visual indígena. Con el financiamiento se respalda la viabilidad a largo plazo de los centros de artes e idiomas indígenas, lo que a su vez constituye un respaldo para el empleo de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, y la conexión esencial de los idiomas y la cultura indígenas con la salud y el bienestar de esta población.

292.Estos programas se suman a los esfuerzos del Gobierno de Australia por reducir la desventaja en los resultados de empleo de los habitantes indígenas y no indígenas, y promover el bienestar de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres acrecentando el orgullo por su identidad y cultura a través del idioma y el arte.

Protección de la cultura indígena y los conocimientos tradicionales

293.El Gobierno de Australia reconoce que las artes y los idiomas son esenciales para el bienestar, la cultura y la identidad de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, y que cumplen un papel integral si se desea mantener la sostenibilidad, la vitalidad y la fortaleza de las comunidades indígenas. Por lo tanto, el Gobierno ha decidido destinar recursos específicos a este fin a través de los programas Apoyo a la Industria de las Artes Visuales e Idiomas y Artes Indígenas, por un monto anual que ronda los 40 millones de dólares. El Gobierno de Australia continúa apoyando actividades en el área de los idiomas indígenas, de modo tal que puedan seguir siendo preservados y transmitidos a las generaciones futuras, resguardando así esta parte importante del patrimonio cultural australiano. Se estima que en Australia existen 250 idiomas indígenas; a fin de mantenerlos, revitalizarlos y transmitirlos para la posteridad, el Gobierno apoya actividades comunitarias, investigaciones lingüísticas y el desarrollo de recursos lingüísticos por parte de los centros regionales de idiomas, como también de otras organizaciones clave de todo el territorio abocadas a la promoción y la formación.

294.El sistema de propiedad intelectual de Australia protege el conocimiento y la cultura de la población indígena. En concreto, la Ley de Propiedad Intelectual, de 1968 (Commonwealth), protege las obras originales de todos los autores, entre ellos los indígenas.

295.El Gobierno de Australia cuenta con iniciativas prácticas en materia de propiedad intelectual, destinadas a incrementar la participación económica de la población mediante el sistema de propiedad intelectual. Los indígenas propietarios de empresas sirven como modelos en estas iniciativas de educación pública que abordan la propiedad intelectual y el conocimiento y las expresiones culturales tradicionales, tales como el proyecto Escudo de los Sueños del Gobierno de Australia.

296.Entre las empresas indígenas que participan en Escudo de los Sueños hay titulares de patentes de productos científicos y de conocimientos, y medicina tradicional. Estos derechos se publican en el registro de patentes. Los sectores de las artes y la cultura aborígenes de Australia comprenden actividades creativas de características únicas. Enriquecen la vida cultural australiana, hacen una contribución valiosa a la economía nacional y ayudan a promover a Australia ante los públicos internacionales.

Párrafo 34 de las observaciones finales. Enseñanza de los derechos humanos

297.Se remite al Comité a los informes periódicos decimoctavo a vigésimo combinados de Australia en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y en particular al párrafo 27 de las observaciones finales (Enseñanza de los derechos humanos).

298.También se remite al Comité al anexo 1, que contiene información sobre las políticas y los programas de los estados y territorios con arreglo al párrafo 34 de las observaciones finales.

299.Se imparte enseñanza y formación sobre los derechos humanos a los funcionarios públicos, el personal de los centros de detención de inmigrantes, los funcionarios policiales y penitenciarios, y los miembros del poder judicial de los ámbitos federal y de los estados y territorios.

300.En el sector público, el Gobierno de Australia ha generado diversos recursos para la enseñanza de los derechos humanos, como folletos, un conjunto de recursos para aprendizaje electrónico, un grupo de herramientas y material de orientación para la formación profesional, un diagrama de flujo sobre los derechos humanos, y herramientas para evaluar la compatibilidad de las políticas y la legislación con los derechos humanos.

301.La Comisión Australiana de Derechos Humanos también lleva adelante programas de sensibilización y educación. Por ejemplo, se ha creado la campaña Respáldame, para escuelas primarias y secundarias, que alienta a los niños a actuar para evitar el acoso cibernético. Existe otra campaña con alcance a toda la comunidad, denominada Racismo: Yo le pongo freno. Esta campaña refuerza el concepto de que el racismo es inaceptable y empodera a las personas y organizaciones a través de herramientas y recursos efectivos de prevención y respuesta.

302.En las diversas jurisdicciones australianas, los policías son destinatarios de distintos programas de formación en derechos humanos, como también en otros componentes, como el uso de la fuerza y la facultad para proceder a una detención. Los funcionarios de los establecimientos penitenciarios también reciben formación en derechos humanos.

303.El sistema jurídico australiano hace mucho hincapié en resguardar el acceso a las nuevas leyes así como al conocimiento de estas, de modo que los profesionales del derecho, como los funcionarios del poder judicial, estén bien informados sobre la formación voluntaria en derechos humanos que ofrecen los órganos de la justicia en todas las jurisdicciones.

304.Las universidades están sujetas a la legislación en materia de derechos humanos y de discriminación por motivos de edad, discapacidad, raza o sexo. No obstante, las universidades australianas son autónomas y determinan por sí mismas si incluyen o no la enseñanza de los derechos humanos en su programa de estudios. Varias universidades de Australia tienen centros e institutos de derechos humanos.

Párrafos 35 y 36 de las observaciones finales. Ratificaciones adicionales

305.Australia se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 21 de agosto de 2009, y este entró en vigor el 20 de septiembre de 2009. Australia ha recibido comunicaciones en virtud del Protocolo Facultativo y está respondiendo a ellas de buena fe.

306.Australia considera que la combinación de las sólidas protecciones nacionales e internacionales con que ya cuenta es suficiente, y no tiene la intención de firmar, adherirse o convertirse en Estado parte en la Convención internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

307.Australia protege los derechos humanos de los migrantes y de las personas que ingresan temporalmente al país en virtud de la legislación nacional e internacional vigente; esto comprende las normas establecidas en los convenios de derechos humanos en los que Australia es parte. Asimismo, Australia reconoce la importancia de ofrecer protecciones legales a los trabajadores migratorios, y poco tiempo atrás promulgó leyes nacionales destinadas a proteger mejor a los trabajadores temporales provenientes del extranjero.

308.Australia expresa su inquietud por la incompatibilidad de la Convención sobre los trabajadores migratorios y las políticas migratorias internas. Por ejemplo, para convertirse en Estado parte en esta Convención, Australia debería conferir a los trabajadores migratorios y sus familiares un trato más favorable que a otros migrantes en los procesos de solicitud de visado. En este momento, la Convención no distingue entre las personas que trabajan lícitamente y las que no.

309.Australia apoya la promoción, la protección y la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Australia ha tenido un papel constructivo en los debates del grupo de trabajo y en la redacción del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando se procuraba redactar un instrumento de trabajo que reconociese las características especiales de los derechos económicos, sociales y culturales. El Gobierno de Australia seguirá de cerca las novedades que se produzcan en el futuro en relación con este Protocolo facultativo.