Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Información recibida de Finlandia relativa al seguimiento de las observaciones finales sobre su séptimo informe periódico *
[Fecha de recepción: 6 de marzo de 2023]
1.En las observaciones finales del séptimo informe periódico de Finlandia (E/C.12/FIN/CO/7), aprobadas el 5 de marzo de 2021, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales solicitó a Finlandia que, de conformidad con el procedimiento de seguimiento de las observaciones finales aprobado por el Comité, facilitase, en los 24 meses siguientes, información sobre la aplicación de las recomendaciones que figuraban en los párrafos 7 (“Derechos humanos y empresas”), 9 (“Acceso a las vacunas y medicamentos contra la COVID-19”) y 28 (“Derecho a la seguridad social”) de las observaciones finales.
2.Por la presente, el Gobierno de Finlandia presenta su información de seguimiento.
Información de seguimiento sobre el párrafo 7 de las observaciones finales (E/C.12/FIN/CO/7)
Derechos humanos y empresas
3.La Comisión Europea ha presentado una propuesta de directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que los colegisladores están negociando. Este marco normativo entrará en vigor en los próximos años y creará normas para toda la Unión Europea sobre debida diligencia en materia de derechos humanos, lo que también repercutirá en terceros países a través de la cadena de suministro de las empresas europeas y de las empresas registradas en terceros países que operen en el mercado de la Unión Europea y cumplan ciertos requisitos.
4.Este nuevo marco normativo sobre debida diligencia en materia de derechos humanos obligará a las grandes empresas a identificar y, cuando sea necesario, prevenir, poner fin o mitigar los efectos adversos de sus actividades en los derechos humanos (como el trabajo infantil y la explotación de trabajadores) y en el medio ambiente (por ejemplo, contaminación o pérdida de biodiversidad). Esto se aplicará a las operaciones de la empresa, de sus filiales y de sus socios.
5.La directiva también establecerá normas sobre sanciones y responsabilidad civil en caso de incumplimiento. Además, fijará obligaciones para que las empresas adopten un plan que garantice que su modelo de negocio y su estrategia son compatibles con el Acuerdo de París. Para las empresas, estas nuevas normas aportarán seguridad jurídica y establecerán condiciones de funcionamiento equitativas. La directiva se aplicará a nivel nacional rápidamente una vez que los legisladores de la Unión Europea la hayan aprobado.
6.Esta legislación de la Unión Europea será influyente y revolucionaria en el contexto de los marcos de diligencia debida, ya que, en Europa, supondrá pasar de un dispositivo de diligencia debida en materia de derechos humanos fundamentalmente voluntario a uno obligatorio. Finlandia ha abogado activamente por la aplicación de un marco para toda la Unión Europea, y ha participado directamente en las negociaciones de dicho instrumento. Unas normas armonizadas sobre diligencia debida en el Mercado Único Europeo aportan seguridad jurídica y transparencia para los consumidores, los ciudadanos y los inversores.
7.Finlandia está comprometida con el cumplimiento de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, una serie de recomendaciones sobre conducta empresarial responsable avaladas por los Gobiernos. Las directrices se apoyan en un mecanismo de puntos nacionales de contacto (creados por los gobiernos que las cumplen con el fin de promoverlas y aplicarlas) que actúan como enlace y ofrecen un foro para el arreglo de controversias relativas a la aplicación de las directrices en casos específicos. El Ministerio de Economía y Empleo y el Comité de Responsabilidad Social Empresarial actúan en calidad de punto nacional de contacto de la OCDE en Finlandia (decreto del Gobierno 591/2008). A petición del Ministerio, el Comité de Responsabilidad Social Empresarial emite un dictamen sobre si una empresa ha actuado conforme a las directrices.
8.En el párrafo 6 de las observaciones finales, el Comité declara explícitamente su preocupación ante las informaciones que indican que no se ha analizado en profundidad el impacto en los derechos humanos de un proyecto en el extranjero operado por UPM, empresa domiciliada en Finlandia. Con miras a ofrecer más información al Comité, el Gobierno solicitó a UPM que emitiera una declaración.
Información facilitada por UPM
9.Según UPM, el respeto y la protección de los derechos humanos es un principio fundamental en todas sus actividades, tal y como se refleja en su Código de Conducta y normativas, declaraciones, normas y directrices conexas. UPM espera un compromiso similar de sus proveedores y terceros, tal y como se estipula en su Código de Proveedores y Terceros.
10.Las evaluaciones del impacto del proyecto de inversión en Paso de los Toros (Uruguay), efectuadas por UPM, se llevaron a cabo de conformidad con este principio, con la legislación vigente y dentro de las competencias de control y operaciones convenidas con el Gobierno del Uruguay en el tratado de inversiones de 2017. Así pues, USM encargó evaluaciones del impacto ambiental y social (EIAS) para la nueva planta de celulosa de Paso de los Toros y la ampliación de la plantación asociada, así como para la nueva terminal portuaria especializada en celulosa en el puerto de Montevideo. La evaluación del impacto del proyecto Ferrocarril Central —propiedad y construcción de la República Oriental del Uruguay— corrió a cargo del Gobierno.
11.Las citadas evaluaciones del impacto, efectuadas por expertos independientes y aprobadas por las autoridades correspondientes durante el proceso de concesión de permisos ambientales, incluyeron entrevistas con las partes interesadas y audiencias públicas en las comunidades afectadas. Se pueden consultar en el sitio web del Ministerio de Ambiente y en el de UPM.
12.Para complementar las EIAS, UPM tomó medidas adicionales para reforzar sus procesos y enfoque basados en los derechos humanos. En 2018, UPM encargó la asistencia de una organización asesora en derechos humanos independiente para evaluar las cuestiones de derechos humanos más destacadas de las operaciones existentes de UPM en el Uruguay, incluidas sus operaciones con certificación FSC de Gestión Forestal. Si bien este ejercicio se concentró en las operaciones en curso, también fue una ocasión para adquirir conocimientos que le permitirán gestionar de manera proactiva potenciales problemas de derechos humanos durante el desarrollo y la operación de su segunda planta de celulosa.
13.Las diversas líneas de trabajo de diligencia debida, junto con la dilatada presencia y experiencia de UPM en el país, constituyeron una base sólida para entender los riesgos y repercusiones más importantes, así como las medidas de mitigación, gestión y control necesarias para las inversiones de UPM.
14.La diligencia debida de UPM en el Uruguay ha sido y seguirá siendo un proceso continuo y centrado en las personas, con interacción y diálogo constantes con las personas potencialmente afectadas en particular, pero también con la sociedad en general, incluso los sectores críticos con las operaciones de UPM. Por lo tanto, UPM busca y agradece cualquier comentario de las diferentes partes interesadas, ya que esto permite seguir mejorando. UPM tiene a disposición del público un canal propio para la denuncia de conductas indebidas (SpeakUp) y otras vías disponibles a nivel local para manifestar preocupaciones.
15.En paralelo al trabajo llevado a cabo en el Uruguay, UPM también ha reforzado y sistematizado aún más su enfoque de debida diligencia en materia de derechos humanos en todo el grupo empresarial para velar por que se efectúe una evaluación y gestión diligente de los riesgos y repercusiones (tanto potenciales como reales) en materia de derechos humanos en sus operaciones, inversiones y cadenas de valor. Dada la continua evolución del contexto y de las mejores prácticas en materia de responsabilidad empresarial y debida diligencia, UPM sigue plenamente comprometida con el desarrollo y el refuerzo continuado de sus normativas, procesos y prácticas.
Información de seguimiento sobre el párrafo 9 de las observaciones finales
Acceso a las vacunas y medicamentos contra la COVID-19
16.El Gobierno de Finlandia, junto con otros Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea, está comprometido con el acceso solidario y equitativo a las vacunas contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Finlandia ha apoyado el Mecanismo COVAX como parte del Equipo Europa, tanto con la asignación de financiación (más de 17 millones de euros) como con donaciones de vacunas a países de ingresos bajos y medios. A finales de 2022, Finlandia había donado 3,6 millones de dosis (a través de COVAX y de la donación de 400.000 dosis en virtud de acuerdos bilaterales).
17.Asimismo, Finlandia ha aumentado su financiación de la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias y del Instituto Internacional de Vacunas para reforzar la investigación y desarrollo de vacunas a escala mundial. En 2022, les concedió, respectivamente, 2 millones de euros y 500.000 euros de financiación.
18.Finlandia también está comprometida con el fortalecimiento de la preparación y respuesta frente a emergencias de salud en todo el mundo, en particular a través de las negociaciones de un acuerdo de la OMS de respuesta frente a pandemias y el fortalecimiento del Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005).
19.La COVID-19 ha demostrado que la cooperación multisectorial, las funciones esenciales de la salud pública y unos sistemas de salud sólidos y resilientes son piedras angulares de una preparación y respuesta efectiva. Finlandia participa activamente en la cooperación multilateral con miras a reforzar la salud mundial y la seguridad sanitaria.
20.En relación con los derechos de propiedad intelectual, la 12ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada en junio de 2022, aprobó una serie de aclaraciones y una exención de ciertas obligaciones vigentes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio que permitirían a los miembros de la OMC fabricar y, si era necesario, exportar vacunas contra la COVID-19 de manera rápida y sencilla sin el consentimiento del titular de la patente. La medida abarcaba las vacunas contra la COVID-19. Finlandia hace hincapié en un enfoque basado en hechos en las negociaciones sobre la prórroga de la exención del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
Información de seguimiento sobre el párrafo 28 de las observaciones finales
Derecho a la seguridad social
21.La seguridad social finlandesa se articula en torno a distintos componentes, es decir, prestaciones a las que tiene derecho una persona en función de su situación. En este modelo no se ofrece una prestación de la misma cuantía para todos, sino que cada persona puede tener diferentes combinaciones de prestaciones, puesto que la finalidad del sistema de seguridad social finlandés es ofrecer la ayuda necesaria en diferentes situaciones de la vida, como la enfermedad, el desempleo o la función parental. Además de las prestaciones, puede considerarse que los diversos servicios y límites de pago fijados para la asistencia sanitaria y los gastos médicos también forman parte del sistema de seguridad social del país.
22.Respecto a la cobertura de la seguridad social, el sistema está principalmente basado en la residencia. Todas las personas que residan o trabajen en Finlandia están cubiertas por el sistema de seguridad social. Además de la seguridad social, todas las personas tienen derecho a los cuidados y medios de subsistencia básicos, es decir, todas las personas o familias cuyos ingresos no cubran sus necesidades básicas cotidianas pueden recibir ayudas de asistencia social.
23.Uno de los principales puntos fuertes del sistema de seguridad social finlandés, de carácter universal y basado en la condición de residente, es la amplia cobertura básica de seguridad social que ofrece, lo que le permitió reaccionar con flexibilidad ante las nuevas formas de trabajar y los problemas causados por la pandemia de COVID-19.
24.El Gobierno ha puesto en marcha una reforma integral del sistema de seguridad social con miras a simplificarlo, hacerlo más operativo y facilitar su uso por las personas. Uno de los principales objetivos de esta reforma es mejorar la integración del empleo y la seguridad social en contextos vitales cambiantes. El programa del Gobierno prevé una reforma integral de la asistencia social con miras a reforzar su papel dentro del sistema de prestaciones sociales como un medio de ayuda económica de último recurso. En dicha reforma se contemplarán los derechos fundamentales y los derechos humanos, así como las observaciones finales y las recomendaciones adoptadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité Europeo de Derechos Sociales.
25.El nivel de prestaciones de la seguridad social no ha dejado de mejorar, en especial desde 2020, tal y como se describe a continuación:
En Finlandia se efectúan ajustes periódicos a los valores de las prestaciones de la seguridad social para mantener el poder adquisitivo. La mayoría de las prestaciones vinculadas al índice nacional de pensiones aumentaron en 2020, 2021, 2022 y 2023.
En 2020, las prestaciones mínimas por enfermedad, las prestaciones por nacimiento de un hijo, las prestaciones para asistencia especial, las prestaciones básicas de desempleo y la subvención del mercado laboral aumentaron en 20 euros mensuales.
En 2020, la prestación económica por hijo a cargo para las familias con cuatro o más hijos aumentó en 10 euros mensuales.
En 2020, el complemento a la prestación económica por hijo a cargo para progenitores solos aumentó en 10 euros mensuales.
En 2020, la prestación para alimentos de los hijos aumentó en 7 euros mensuales.
En agosto de 2022, debido a la subida de precios, se efectuó un aumento extraordinario de las prestaciones vinculadas al índice nacional de pensiones (por ejemplo, las prestaciones mínimas diarias y la asistencia social básica).
26.Asimismo, en su propuesta presupuestaria para 2023, el Gobierno de la Primera Ministra Sanna Marin presentó varios avances en las prestaciones de la seguridad social. Dichas propuestas incluyen, entre otras, las siguientes medidas:
Una reducción permanente de las tasas de educación preprimaria de 70 millones de euros.
Para 2023, un aumento del 20 % de la prestación por hijos para los beneficiarios de subsidios por desempleo, y un aumento del 10 % de la asistencia social básica para menores de 18 años. Además, se incrementó en 10 euros al mes el complemento de la beca de estudios para el proveedor de la familia y en 5 euros al mes el complemento monoparental de la prestación por hijo a cargo.
En diciembre de 2022 se abonó un mes adicional de prestación económica por hijo a cargo a las familias con hijos, sin menoscabo de la prestación de ayuda a los ingresos.
27.Además, el Gobierno también ha respondido con rapidez a los efectos de la situación actual, en la que los precios aumentan con extrema rapidez. Por ejemplo, el Gobierno decidió promulgar legislación para facilitar ayudas para el pago de las elevadas facturas de electricidad. En 2023, los hogares con bajos ingresos podrán obtener un subsidio puntual para sufragar los gastos de electricidad. En enero de 2023 también se aprobó un crédito fiscal temporal para cubrir dichos gastos.
28.Finlandia también está tomando medidas para reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. La reducción de la pobreza es una prioridad fundamental para Finlandia que se refleja en las políticas nacionales. Para el año 2030, Finlandia se ha fijado la meta de reducir en 100.000 el número de personas que viven en riesgo de pobreza o exclusión social, con el objetivo de que un tercio de ellas sean niños. El objetivo nacional se basa en el de la Unión Europea de reducir significativamente la pobreza y la exclusión social en 2030. El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud ha preparado un plan de acción para reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en 2030 que presta especial atención a la pobreza de las familias con hijos e incluye recomendaciones de medidas que se podrían adoptar en el futuro para alcanzar el objetivo en 2030.
29.La reforma de la Ley de Asistencia Social entró en vigor el 1 de enero de 2023 y mejora, en particular, la situación de los beneficiarios y de las personas vulnerables en calidad de solicitantes de asistencia social. En la reforma se aclaró el estatus de la asistencia social básica, se mejoró el intercambio de información entre las autoridades y se desarrollaron disposiciones relativas a los procedimientos de solicitud y la prestación de la asistencia social, con miras a garantizar una seguridad de último recurso en materia de ingresos y servicios ágiles para las personas que necesitan ayudas sociales.
30.La Constitución de Finlandia garantiza el derecho a la seguridad social. La legislación y las prácticas deben ser coherentes con las normas constitucionales. De conformidad con el artículo 19 de la Constitución de Finlandia, las personas que no pueden procurarse los medios necesarios para vivir dignamente, tienen derecho a recibir subsistencia y cuidados básicos. Toda persona tendrá garantizado por ley el derecho a la subsistencia básica en caso de desempleo, enfermedad e invalidez y durante la vejez, así como en caso de nacimiento de un hijo o pérdida de sostén de la familia. Las autoridades públicas deberán garantizar por ley servicios sociales, médicos y de salud, así como la promoción de la salud pública a todas las personas. Además, las autoridades públicas apoyarán a las familias y demás personas encargadas del cuidado de los niños para que tengan la capacidad de garantizar el bienestar y el desarrollo personal de los niños.
31.En la medida en que sea necesario imponer recortes o congelaciones de las prestaciones de la seguridad social en el futuro para equilibrar la economía estatal, estas decisiones se evaluarán y aplicarán teniendo debidamente en cuenta las observaciones finales del Comité.
Información de seguimiento sobre el párrafo 46 de las observaciones finales
Derecho a la educación de los niños romaníes
32.Asimismo, Finlandia desea hacer la siguiente observación en relación con el párrafo 46 de las observaciones finales, ya que no se debatió con el Comité durante el diálogo de 2021.
33.En el párrafo 46 de las observaciones finales, el Comité expresa su preocupación por que “los alumnos romaníes (...) a menudo sean escolarizados de facto en clases segregadas, a pesar de la filosofía de inclusión en el sistema educativo puesta en práctica por el Estado parte”.
34.El Gobierno desea expresar que la observación mencionada es incorrecta, ya que Finlandia no dispone de clases separadas para los niños romaníes.