Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Sextos informes periódicos que los Estados partes debían presentar en 2015

Países Bajos *

[Fecha de recepción: 15 de abril de 2016]

Índice

Página

1.Introducción general3

2.Países Bajos4

2.1Introducción4

2.2Política nacional de derechos humanos5

2.3No discriminación e igualdad de trato6

2.4Empleo, condiciones de trabajo, términos y condiciones de empleo, relaciones laboralesy seguridad social10

2.5Protección y asistencia a la familia15

2.6Atención de la salud21

2.7Formación25

3.Aruba26

4.Curaçao33

4.1Introducción33

4.2No discriminación e igualdad de trato34

4.3Empleo y seguridad social35

4.4Salud37

4.5Protección de la familia37

5.San Martín39

Anexos**

1.Introducción general

1.El Reino de los Países Bajos ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 11 de diciembre de 1978. El Pacto entró en vigor en todos los territorios del Reino de los Países Bajos el 11 de marzo de 1979.

2.El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Reino de los Países Bajos en sus sesiones 43ª, 44ª y 45ª, celebradas los días 10 y 11 de noviembre de 2010. Las observaciones finales del Comité figuran en el documento E/C.12/NLD/CO/4-5. El sexto informe del Reino de los Países Bajos se presenta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Pacto. Actualiza los informes anteriores y describe las medidas normativas adoptadas para aplicar las observaciones finales de 2010.

Nueva estructura constitucional del Reino

3.El 10 de octubre de 2010 la versión modificada de la Carta del Reino de los Países Bajos entró en vigor, cambiando la estructura constitucional del Reino. Desde entonces, las Antillas Neerlandesas han dejado de existir como país. En virtud de la nueva estructura, Curaçao y San Martín han adquirido la condición de países dentro del Reino, como Aruba, que ha tenido esa condición dentro del Reino desde 1986. Como resultado de ello, desde el 10 de octubre de 2010 el Reino ha estado constituido por cuatro países en igualdad de condiciones, a saber, los Países Bajos, Aruba, Curaçao y San Martín. Las obligaciones derivadas de los tratados internacionales son vinculantes para el Reino en su conjunto, que debe rendir cuentas en virtud del derecho internacional público. Sin embargo, los países del Reino tienen un alto grado de autonomía interna y cada uno de los cuatro países es autónomo en lo que se refiere a la aplicación del Pacto. Por consiguiente, además de la introducción general, el presente informe consta de cuatro partes, que describen la situación en cada uno de los cuatro países del Reino.

4.Las otras tres islas —Bonaire, San Eustaquio y Saba— optaron por mantener vínculos directos con los Países Bajos y actualmente constituyen “los Países Bajos del Caribe” o el “Caribe Neerlandés”. Estos vínculos adquirieron una nueva forma jurídica con el otorgamiento de la condición de divisiones administrativas en el sentido del artículo 134 de la Constitución. Por lo tanto, Bonaire, San Eustaquio y Saba forman parte de la estructura política neerlandesa y su condición es más o menos equivalente a la de un municipio de los Países Bajos, con algunos ajustes. En el Caribe Neerlandés las normas pueden ser diferentes de la parte europea de los Países Bajos en vista de sus circunstancias económicas y sociales u otros factores que los distinguen de los Países Bajos en Europa.

Recomendación 5 sobre la igualdad de los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas y grupos en el territorio del Estado

5.El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales está en vigor en todas las partes del Reino. Todos los países del Reino tienen la responsabilidad individual de hacer realidad los derechos humanos en el país y tienen sus propias instituciones para supervisar la situación.

2.Países Bajos

2.1Introducción

6.Esta parte del informe fue redactada por un equipo integrado por funcionarios del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes, el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, y el Ministerio del Interior y Relaciones del Reino. El proyecto se presentó a los interlocutores sociales de los Países Bajos y a la sección neerlandesa de la Comisión Internacional de Juristas (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten) con fines de consulta.

Recomendaciones 8 y 9 de dar a conocer mejor al público en general los derechos económicos, sociales y culturales y ofrecer sistemáticamente formación a miembros de todos los sectores y profesiones que desempeñan una función directa en la promoción y protección de los derechos establecidos en el Pacto

7.El Gobierno considera que es esencial proporcionar información y educación sobre los derechos humanos y despertar la conciencia acerca de esta cuestión. Esto se aplica a los órganos gubernamentales, así como al público en general. El Plan Nacional de Acción sobre los Derechos Humanos tiene por objeto contribuir a ello (véase también, párr. 14).

8.Puede consultarse información general sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos (en neerlandés) en el sitio web www.rijksoverheid.nl y en el sitio www.nederlandrechtsstaat.nl, que ha recibido apoyo financiero del Ministerio del Interior y Relaciones del Reino.

9.La Academia para la Legislación y la Academia para Abogados del Estado ofrecen módulos generales sobre derechos humanos para funcionarios públicos. Ello constituye una inversión en la calidad del asesoramiento jurídico primario y garantiza que los órganos normativos pueden reconocer las cuestiones de derechos humanos básicos. El Ministerio del Interior y de Relaciones del Reino ha elaborado orientación (Handreiking Economische en Sociale rechten) para asegurar el cumplimiento de los derechos sociales y económicos en las políticas y la legislación.

10.El Centro de Formación y Estudios para la Judicatura, que capacita a los jueces y otros funcionarios judiciales, proporciona formación continua destinada a mejorar los conocimientos acerca de los derechos humanos.

11.En virtud de la Ley de la Abogacía (Advocatenwet), los detalles de la capacitación jurídica están exclusivamente en manos de la Sociedad de Abogados Neerlandesa (Nederlandse Orde van Advocaten, NOvA). La capacitación jurídica incluye la posibilidad de tomar cursos de derechos humanos.

12.Por último, la capacitación de docentes de la enseñanza primaria, y secundaria y de formación profesional incluye la asignatura civismo. La educación cívica está concebida a fin de preparar a los alumnos para la participación en la sociedad y aborda aspectos cognitivos, como el conocimiento de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos, y también competencias, como el debate, y actitudes, como el respeto de las opiniones y las creencias de los demás. Los documentos que disponen los conocimientos que se incluyen en la formación de docentes de estudios sociales, por tanto, también abarcan los derechos humanos. Los componentes de conocimientos genéricos para la formación de docentes de la enseñanza primaria y todas las categorías de formación de docentes del segundo nivel tienen una orientación amplia en civismo. La obligación legal del Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos es “el suministro de información y la promoción y coordinación de la educación sobre los derechos humanos” (artículo 3 d) de la Ley por la que se Establece el Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos (Wet College voor de Rechten van de Mens)).

Recomendación 39 de dar amplia difusión a las observaciones finales del Comité

13.La política habitual es que una copia de los informes periódicos que se presentan a los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas se envía al Parlamento de los Países Bajos con fines de información. Del mismo modo, se presentan al Parlamento las observaciones finales de los órganos de derechos humanos y un análisis de las recomendaciones que figuran en ellos. Una vez presentados, estos informes adquieren la condición de documentos parlamentarios y, como tales, están a disposición del público en varios sitios web.

2.2Política nacional de derechos humanos

Recomendación 7 sobre el Plan Nacional de Acción sobre los Derechos Humanos

14.El 10 de diciembre de 2013, el Ministro Neerlandés del Interior y de Relaciones del Reino presentó el primer Plan Nacional de Acción de los Países Bajos sobre los Derechos Humanos. El Plan describe los medios a través de los cuales el Gobierno cumple su obligación de proteger y promover los derechos humanos en los Países Bajos, los objetivos y prioridades concretos establecidos a este respecto y la contribución de otros órganos y personas para garantizar el respeto de los derechos humanos en los Países Bajos. El objetivo es que la protección y promoción de los derechos humanos en los Países Bajos tenga una base más sistemática. Un tema normativo específico tratado en el Plan de Acción Nacional es “educación, empleo y cultura”, que abarca los derechos económicos, sociales y culturales.

Recomendación 10 sobre el establecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos

15.Los Países Bajos establecieron un Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos, que comenzó a funcionar el 1 de octubre de 2012. La Ley por la cual se establece el Instituto es conforme a los Principios de París y el Instituto funciona de conformidad con esos principios. Por consiguiente, el Instituto recibió la acreditación de la categoría “A” del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en 2014. El Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos ha recibido un mandato amplio que incluye la promoción de la protección de todos los derechos humanos en los Países Bajos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales.

16.Algunos de los principales instrumentos destinados a garantizar un enfoque coherente de las cuestiones de derechos humanos son los informes anuales publicados (de conformidad con las obligaciones legales) por el Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos y las respuestas por escrito del Gobierno a esos informes. Estos informes anuales se centran en una amplia gama de derechos humanos en los Países Bajos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales.

2.3No discriminación e igualdad de trato

17.La igualdad de trato y el principio de no discriminación son los cimientos de la democracia regida por el estado de derecho en los Países Bajos. Todo individuo tiene derecho a ser considerado como una persona sobre la base de sus propios talentos, decisiones y responsabilidades.

Recomendación 11 sobre una protección integral en virtud de las leyes de lucha contra la discriminación

18.El artículo 1 de la Constitución de los Países bajos prohíbe la discriminación por motivos de religión, creencia, opinión política, raza, sexo o cualquier otro motivo. Además, se prohíbe la discriminación en las esferas del empleo, la provisión de bienes y servicios, la vivienda, la educación y la atención de la salud por motivos de sexo, raza, religión o creencia, opinión política, orientación sexual, nacionalidad, estado civil, edad y discapacidad. La discriminación racial en relación con el bienestar social y las ventajas sociales también está expresamente prohibida. La discriminación en la prestación de asistencia social por cualquier motivo también está prohibida sobre la base del artículo 1 de la Constitución: el principio general de no discriminación que establece rige todos los actos de los gobiernos nacionales y locales. Con la combinación de la Constitución y la legislación contra la discriminación, la prohibición de la discriminación se aplica a todos los ámbitos de la sociedad.

19.Las medidas para frenar la discriminación son prioritarias en el programa político de los Países Bajos. El 22 de enero de 2016, el Gobierno presentó una carta en la que exponía un nuevo programa nacional de acción sobre la no discriminación, que proporciona un marco amplio que vincula las distintas medidas adoptadas por los diferentes ministerios, gobiernos locales y otros para luchar contra la discriminación. Todos los años el Gobierno informará sobre los progresos logrados en virtud de las medidas del programa de acción en una carta dirigida a la Cámara de Representantes.

20.Los Países Bajos tienen una infraestructura amplia que permite a las víctimas de discriminación recurrir a varios órganos para buscar protección jurídica eficaz. Desde 2010, las autoridades municipales están obligadas a proporcionar a sus residentes servicios accesibles contra la discriminación, por medio de los cuales pueden presentar denuncias y solicitar asesoramiento y asistencia (jurídica o de otro tipo). Una víctima de discriminación también puede solicitar al Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos, de forma gratuita, un dictamen sobre una cuestión que entrañe discriminación. Los delitos relativos a la discriminación pueden denunciarse ante la policía o puede solicitarse reparación a los tribunales civiles o administrativos. Cualquier persona que considere que ha sido indebidamente tratada por las autoridades también puede acudir al Defensor Nacional del Pueblo.

21.Para sensibilizar al público acerca de la discriminación, en septiembre de 2015 se puso en marcha una campaña nacional de información sobre la lucha contra la discriminación, que durará varios años. Esta procura también alentar al público a denunciar los casos de discriminación.

Recomendación 12 sobre la discriminación contra los migrantes y las personas pertenecientes a minorías étnicas

22.Política de integración : El objetivo de la política neerlandesa de integración es mejorar la situación de los migrantes en la sociedad y velar por que gocen de la misma condición que grupos similares que no son migrantes. Los conocimientos, la investigación y la experiencia práctica sobre la situación de los migrantes en la sociedad neerlandesa son esenciales para una buena política de integración. Los informes anuales sobre la integración son la columna vertebral de la infraestructura de conocimientos. Por medio de estos informes se cumple la recomendación de proporcionar estadísticas comparativas sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de origen inmigrante y el resto de la población. El informe anual de 2014 sobre la integración puede encontrarse en el sitio web de la Oficina Central de Estadística de los Países Bajos.

23.La actual política de integración del Gobierno se basa en el programa de integración de 2013, que reconoce el hecho de que la integración sigue planteando un desafío importante. Esto se aplica tanto a la integración socioeconómica, por ejemplo en el mercado de trabajo, como a la integración sociocultural. Se ha observado también un aumento del número de migrantes que son objeto de discriminación.

24.Racismo y xenofobia : El Gobierno trabaja sobre la base de un programa de acción interministerial de lucha contra la discriminación. Abordar la discriminación por motivos de creencia, color de la piel u origen es un componente clave de este programa. Las autoridades colaboran estrechamente con organizaciones de la sociedad civil para hacer frente a estas formas de discriminación. Desde 2006, las escuelas están obligadas por ley a proporcionar educación cívica, que incluye enseñar a los estudiantes acerca de nuestra sociedad pluralista.

25.Cumplimiento : La policía y el Servicio de la Fiscalía son objeto de una gran atención en lo que respecta a la lucha contra la discriminación. Ambos tienen su propio Centro Nacional Especializado en Discriminación y se han nombrado oficiales de enlace especiales para ocuparse de los casos de discriminación.

26.Desde el segundo trimestre de 2013 los equipos de gestión de cada dependencia han tenido un miembro que se ocupa de la discriminación, entre otras cosas, junto con otros administradores especiales de la cuestión y oficiales de enlace en las propias dependencias. El formulario mejorado utilizado por el Centro Nacional Especializado en la Discriminación de la Policía se ha traducido en el aumento del número y la uniformidad de las denuncias de incidentes de discriminación registrados. Se han introducido instrucciones de trabajo para consolidar el registro uniforme de incidentes en todo el país.

27.Cabe esperar que los mecanismos de registro uniforme, que permiten denunciar los incidentes de forma adecuada y, además, mejorar los conocimientos y las competencias del personal policial que recibe esos informes, obtener información de las denuncias y mejorar la tramitación de los informes, lograrán que el público esté más dispuesto a denunciar los casos de discriminación.

Recomendación 13 sobre las personas con discapacidad

28.El Reino de los Países Bajos tiene previsto ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2016. La Convención se aplicará inicialmente únicamente a la parte europea de los Países Bajos. La ampliación de su aplicación al Caribe Neerlandés no se hará hasta que se hayan examinado la legislación y la política vigentes a la luz de las obligaciones dimanantes de la Convención.

29.Mientras tanto, los recursos disponibles para un enfoque integrado de las cuestiones socioeconómicas pueden utilizarse para promover la mejora de la situación de las personas con discapacidad en el Caribe Neerlandés. Esto permitirá que las administraciones de las islas emprendan proyectos (algunos dirigidos a las personas con discapacidad) para determinar qué partes de la Ley de Apoyo Social (Wet maatschappelijke ondersteuning) de 2015 pueden aplicarse en las islas, y cómo y en qué condiciones.

30.Integración en el mercado de trabajo : El 1 de enero de 2015, la Ley del Trabajo y la Asistencia Social (Wet werk en bijstand), la Ley de Empleo Protegido (Wet sociale werkvoorziening) y parte de la Ley de Apoyo al Trabajo y al Empleo (Jóvenes Discapacitados) (Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) se combinaron y pasaron a formar la Ley de Participación. El objetivo de esta Ley es ayudar a encontrar trabajo a la mayor cantidad posible de personas con discapacidad laboral. Las autoridades municipales disponen ahora de una amplia gama de instrumentos para este fin.

31.El Gobierno ha acordado con los interlocutores sociales (en el marco de la concertación social, Sociaal Akkoord) que los empleadores de los sectores privado y público pondrán a disposición, respectivamente, 100.000 y 25.000 puestos de trabajo adicionales para personas con discapacidad laboral durante un período de diez años. Estos acuerdos no son de carácter voluntario. Si el número de puestos de trabajo adicionales no se crea, entrará en vigor un sistema de cuotas. En ese caso, los empleadores pagarán una multa si no contratan el número necesario de personas con discapacidad. Esto se ha establecido en la Ley de Empleo y Cuota de Puestos de Trabajo (Personas con Discapacidad Laboral) (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten), que fue aprobada por la Cámara de Representantes el 16 de diciembre de 2014.

32.Educación : La Ley de Educación de Calidad (Wet passend onderwijs), que entró en vigor el 1 de agosto de 2014, tiene por objeto mejorar el acceso a la educación de los alumnos con discapacidad. Entre otras cosas, la legislación regula la obligación de las escuelas de proteger a estos estudiantes. Ello significa que las escuelas deben garantizar que se ofrezca una educación adecuada a todos los alumnos en su escuela, o que se matriculan en esta. Si ello no es posible, la escuela tiene la responsabilidad de asegurar que se ofrezca al niño otro lugar apropiado. Si los padres no están de acuerdo con la oferta, pueden llevar el caso ante el comité de controversias de educación adecuada que les corresponda.

33.Acceso a edificios públicos : La superficie utilizable del sector de accesibilidad (parte de un edificio que es accesible para personas con discapacidad funcional y de uso independiente por estas) en nuevos edificios de acceso público con una superficie utilizable de más de 400 m2 ha aumentado en virtud del Decreto sobre Edificios de 2012 (Bouwbesluit) del 40% al 80% de la superficie utilizable (y al 60% en el caso de tiendas). Esta legislación entró en vigor el 1 de julio de 2015.

Recomendación 14 sobre la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres

34.Igualdad de género : El Gobierno está promoviendo la igualdad de derechos para las mujeres y las niñas a fin de aumentar la seguridad de las mujeres e incrementar su participación en todos los niveles y sectores del mercado de trabajo.

35.En su Carta de Igualdad de Oportunidades para el período 2013-2016 (Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016), el Gobierno destacó las esferas prioritarias establecidas y anunció distintas medidas en materia de políticas conexas. Una de las esferas prioritarias es la promoción de la participación de la mujer en el mercado de trabajo. La mejora de la independencia económica de las mujeres, la conciliación del trabajo y las tareas de cuidado de hombres y mujeres, y la reducción de la desigualdad de remuneración entre los sexos son cuestiones prioritarias en la agenda de igualdad de derechos. El Gobierno está muy interesado en que más mujeres sean promovidas a cargos superiores.

36.Días de licencia y modalidades de trabajo flexible : El 1 de enero de 2015 entró en vigor la Ley de Modernización de los Planes de Adaptación de los Días de Licencia y el Horario Laboral (Wet Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden). Esta Ley elimina los impedimentos de la Ley sobre el Trabajo y los Cuidados y la Ley de Adaptación del Horario Laboral (Wet aanpassing arbeidsduur) a fin de que los empleados puedan aprovechar mejor las oportunidades de licencia y adaptar las horas de trabajo, en consulta con sus empleadores. También se ha ampliado la licencia de cuidado a las personas que prestan cuidados de manera informal, a corto o largo plazo, a un familiar en segundo grado o a un vecino o amigo. En 2009 la licencia parental se aumentó a 26 veces las horas semanales trabajadas habitualmente.

37.Independencia económica:

El capítulo II del sexto informe periódico de los Países Bajos en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer contiene un informe detallado sobre la independencia económica de la mujer.

El 74% de las mujeres que trabajan lo hacen menos de 35 horas a la semana. La semana laboral media de las mujeres que trabajan es de unas 26 horas; el promedio de los hombres es de unas 38 horas.

Debido en parte a la elevada proporción de trabajadoras a jornada parcial, las mujeres tienen menor independencia económica que los hombres, el 53% frente al 73%. Tras un marcado aumento entre 2001 y 2008, la proporción de mujeres económicamente independientes se ha mantenido estable en los últimos años.

El 29% de las mujeres con bajos niveles de educación son económicamente independientes; mientras que en el caso de las mujeres que han finalizado la enseñanza secundaria esa cifra es del 53% y en el de las mujeres muy instruidas, el 73%.

Aproximadamente el 80% de las mujeres que tienen hijos siguen trabajando, aunque generalmente reducen su horario de trabajo.

Desde 2009 la tasa neta de participación en el mercado de trabajo (personas que trabajan 12 horas por semana o más) de mujeres se ha mantenido estable, en aproximadamente el 64%. La tasa bruta de participación (personas que trabajan al menos 12 horas a la semana o buscan empleo durante al menos 12 horas por semana) de mujeres aumentó durante la crisis, hasta alcanzar el 70% en 2013. Hubo una ligera disminución de las tasas neta y bruta de participación de hombres en 2013. Por consiguiente, la diferencia entre hombres y mujeres se redujo durante la crisis.

Los cuadros 1 a 3 del anexo contienen más detalles.

38.Diferencia de remuneración entre hombres y mujeres : El 16 de mayo de 2014 el Gobierno presentó su Plan de Acción sobre la Discriminación en el Mercado de Trabajo a la Cámara de Representantes. Incluye la eliminación de las diferencias de remuneración existentes entre hombres y mujeres por el mismo trabajo. En 2012, el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo encargó a Oficina Central de Estadística de los Países Bajos que investigara la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres en los sectores público y privado. La brecha salarial corregida tiene en cuenta determinadas características básicas, como la edad, las horas de trabajo y el nivel de educación. El déficit restante no tiene explicación. La brecha salarial corregida en el sector público en 2008 todavía era del 7%, mientras que en 2012 fue del 4%. En el sector privado prácticamente no se ha registrado reducción alguna de la brecha salarial: pasó del 9% en 2008 al 8% en 2012. En el sector público las mujeres jóvenes en promedio ganan más que los hombres jóvenes. La edad en que esto sucede está aumentando: en 2008, las mujeres ganaban más que sus colegas varones hasta aproximadamente los 33 años, mientras que en 2012 lo hacían hasta los 39 años. Según la Oficina Central de Estadística de los Países Bajos, esto constituye una indicación preliminar de que la brecha salarial entre hombres y mujeres tiende a desaparecer.

39.Los cuadros 4 a 5 del anexo contienen información detallada sobre la brecha salarial.

40.El Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos ha emprendido un estudio en las universidades de formación profesional y en el sector de los seguros para determinar qué criterios de remuneración o de aplicación de la remuneración llevan a diferencias salariales injustificables entre hombres y mujeres.

Participación de la mujer en la vida política

41.Mujeres en los partidos políticos : Como se indicó en informes anteriores, el principio básico es que los partidos políticos son los responsables de reclutar a sus miembros y de nombrar a los candidatos para los cargos políticos. La libertad de los partidos políticos es una de las bases del sistema democrático de los Países Bajos. Las cifras relativas a la proporción de mujeres en cargos políticos y públicos de alcance local se presentan en el informe bianual Staat van het Bestuur (“Tendencias de la gobernanza”, disponible únicamente en neerlandés).

42.Alcaldes : El Ministro del Interior y Relaciones del Reino y la Asociación de Alcaldes de los Países Bajos (Nederlands Genootschap van Burgemeesters) consideran importante que aumente el número de alcaldesas. El Ministerio ofrece un programa de orientación que ofrece a candidatas prometedoras pero sin los títulos oficiales requeridos la oportunidad de familiarizarse con los requisitos del cargo y prepararse para ocupar los puestos de alcalde vacantes.

43.El cuadro 6 del anexo contiene información estadística sobre las mujeres en la política.

2.4Empleo, condiciones de trabajo, términos y condiciones de empleo, relaciones laborales y seguridad social

44.Tendencias en el empleo : La crisis económica afectó el mercado laboral de los Países Bajos en el período 2010-2014. En sus inicios, la respuesta del mercado laboral ante los acontecimientos económicos fue prudente y se manifestó con la “retención de personal” (conservación de puestos de trabajo pese a la disminución de la producción). Por consiguiente el desempleo aumentó al comienzo con menor rapidez de lo que cabría esperar, habida cuenta de la reducción de la actividad económica.

45.El desempleo disminuyó con la recuperación económica de 2010. Esta reducción continuó hasta mediados de 2011. Desde el tercer trimestre de 2011 el desempleo ha estado aumentando de nuevo. Las cifras subyacentes indican que este hecho ha sido causado en gran parte por un alza de la oferta de mano de obra, que se presentó en 2011 y 2012, principalmente a raíz de un incremento del número de personas de edad (a partir de los 55 años) y jóvenes (de los 15 a los 25 años) que participan en el mercado laboral.

46.El desempleo alcanzó su punto máximo en febrero de 2014, cuando el 7,3% de la población en edad de trabajar estaba desempleada (definición de la OIT, corrección estacional). Desde entonces, el desempleo ha presentado una tendencia a la baja, ya que las personas desempleadas han conseguido encontrar trabajo. Gracias a ello, en 2014 la tasa media de desempleo fue del 6,8%. La tasa de la Unión Europea en ese año fue del 10,2%.

47.Lucha contra el desempleo : La lucha contra el desempleo es una prioridad absoluta para el Gobierno. Se centra específicamente en los grupos que más se han visto afectados por el aumento del desempleo, como los jóvenes y las personas de edad. Ha habido incentivos económicos para que los empleadores contraten a personas de edad beneficiarias de prestaciones. Además, se cuenta con ayudas para las personas de edad que buscan trabajo.

48.En 2013, el Gobierno presentó una estrategia especial para luchar contra el desempleo juvenil. Se han asignado recursos adicionales a las autoridades municipales para luchar contra ese fenómeno en el plano regional. En el programa “School-Ex” las escuelas secundarias de formación profesional alientan a los jóvenes a que continúen con sus estudios y a que opten por una formación que se adapte en mayor medida al mercado laboral. La introducción de descuentos en las contribuciones a la seguridad social ha hecho más atractivo para los empleadores, desde el punto de vista económico, contratar a jóvenes beneficiarios de prestaciones.

49.Del 1 de diciembre de 2010 al 1 de marzo de 2012, el plan temporal de “un trabajo al siguiente” prestó apoyo económico (aproximadamente 2 millones de euros) destinado a nueve programas experimentales encaminados a ayudar a las personas a que cambiaran de empleo. Con estos programas se analizó de qué manera y en qué momento los empleadores de las diferentes regiones y sectores podían aunar esfuerzos con los representantes de los empleados para ofrecer planes atractivos de “un trabajo al siguiente”.

50.En el acuerdo social (2013), el Gobierno y los interlocutores sociales concertaron un método estructural para la economía y el mercado laboral de los Países Bajos, con el propósito de brindar a tantas personas como fuera posible oportunidades de trabajo e independencia económica. El método incluye la cofinanciación de planes sectoriales, para los que el Gobierno ha puesto a disposición 600 millones de euros en 2014 y 2015. Los interlocutores sociales contribuirán como mínimo con la misma cantidad, de modo que la inversión total en el mercado laboral sobrepasará los 1.200 millones de euros. Existen planes sectoriales diseñados para aplicar medidas específicas encaminadas a que ciertos sectores y grupos de sectores conserven puestos de trabajo y prevengan el desempleo, actual y futuro. También se hace hincapié en los grupos vulnerables, como las personas de edad, los jóvenes y las personas con discapacidad laboral. El objetivo es que más de 400.000 personas sean beneficiarias de esos planes.

51.El Programa de Empleo Sostenible del Gobierno alienta y facilita las iniciativas de empleadores y empleados para que los trabajadores gocen de una empleabilidad sostenible. Las pymes reciben apoyo para sus iniciativas. Los organismos gubernamentales ponen a disposición conocimientos especializados y buenas prácticas sobre la empleabilidad sostenible y crean conciencia al respecto mediante campañas de comunicación.

52.En el cuadro 7 del anexo figuran estadísticas sobre el desempleo y el déficit de puestos de trabajo en los cinco años anteriores a la presentación del informe.

Recomendación 16 sobre la lucha contra el desempleo en las antiguas Antillas Neerlandesas

53.El desempleo en las islas de Bonaire, San Eustaquio y Saba es del 6,2%, el 4,9% y el 4,4%, respectivamente. El Gobierno de los Países Bajos y las administraciones de las islas usan diversos medios para aumentar las oportunidades de empleo de los residentes locales. Entre ellos, la reducción del número de permisos de trabajo emitidos a trabajadores extranjeros, una base de datos de empleo (Bonaire) y programas de empleo en sectores en que la demanda de trabajo es elevada, como la construcción, la hotelería y la restauración, el turismo, la agricultura y la ganadería.

Recomendación 15 sobre el trabajo penitenciario

54.En la actualidad, los reclusos de los centros de mínima seguridad (ZBBI) tienen la oportunidad de trabajar fuera de prisión. El trabajo es un aspecto muy importante de la reclusión en esos centros, ya que contribuye a la reintegración de la persona en la sociedad. Antes de su reclusión en un centro de mínima seguridad, el preso da su consentimiento informado de manera voluntaria (incluso para trabajar fuera de la cárcel). Si retira su consentimiento para permanecer en un ZBBI, en principio es transferido a una cárcel ordinaria.

55.Las condiciones en que los reclusos trabajan para empleadores privados se rigen por la misma legislación (salud, seguridad y bienestar en la legislación laboral, ARBO) que atañe a los empleados ordinarios. La cárcel provee alojamiento y alimentación. Además los reclusos son indemnizados por toda pérdida personal que hayan tenido durante su permanencia en la cárcel. Si el recluso, por causas ajenas a su voluntad, no puede trabajar, será indemnizado por la pérdida de salario. Los reclusos también gozan de prestaciones sociales. El salario por el trabajo fuera de la cárcel equivale prácticamente al salario mínimo, teniendo en cuenta los costos del alojamiento y la comida, calculados por el instituto de información presupuestaria (NIBUD), y el hecho de que el salario no está sujeto a deducciones de impuestos. El salario semanal total es de aproximadamente 111 euros. Si se tienen en cuenta todas las circunstancias, el trabajo en cuestión se ajusta a las exigencias de la OIT.

56.El Gobierno está considerando la posibilidad de abolir la obligación de que los reclusos trabajen.

Recomendación 17 sobre los derechos y beneficios otorgados a los trabajadores domésticos

57.El Gobierno y los interlocutores sociales han establecido un comité asesor para investigar si pueden mejorar las condiciones de los trabajadores domésticos. En el segundo trimestre de 2014, el comité asesor presentó su informe final. El 17 de octubre de 2014, el Gobierno presentó al Parlamento su respuesta al informe. El Gobierno coincide con la conclusión del Comité de que no es conveniente que los trabajadores domésticos tengan peores condiciones que los demás trabajadores. Por consiguiente, el Gobierno tiene previsto impedir el uso indebido, y con financiación pública, de “ alfahulpen ” (trabajadores domésticos que prestan atención domiciliaria a los enfermos o las personas de edad pagados con el presupuesto de atención personal), ajustando la legislación pertinente y/o las normas y reglamentos, y aumentando la supervisión y la exigencia del cumplimiento de dichas normas. El Gobierno también aumentó la información sobre las condiciones de los trabajadores domésticos y señaló a la atención de los empleadores privados y los trabajadores domésticos sus derechos y obligaciones. Estos cambios representan un primer paso para mejorar las condiciones de los trabajadores domésticos.

Asistencia social

58.La Ley del Trabajo y la Asistencia Social se endureció en numerosos aspectos, vigentes desde el 1 de enero de 2012, para poner de relieve el hecho de que la asistencia social realmente es la red de seguridad de último recurso. Las autoridades municipales tienen más margen para exigir a los solicitantes que realicen un trabajo acorde a sus capacidades a cambio de las prestaciones. Otras enmiendas a la Ley del Trabajo y la Asistencia Social entraron en vigor el 1 de enero de 2015. Un cambio fundamental supuso la introducción de una “norma de participación en los gastos”, por la que se reduce la asistencia social en función del número de personas que tengan la misma vivienda como residencia principal.

59.Además, se reintrodujeron normas más estrictas para los jóvenes, efectivas a partir del 1 de enero de 2012, en la Ley del Trabajo y la Asistencia Social (relacionadas con la derogación de la Ley de Inversión en los Jóvenes, Wet investeren in jongeren). Hasta la edad de 27 años, los jóvenes deben buscar activamente empleo y formación por su propia cuenta durante las primeras cuatro semanas antes de tener derecho a solicitar prestaciones o apoyo. El Gobierno quiere destacar el hecho de que el joven tiene una responsabilidad personal en este ámbito.

Recomendación 19 sobre la promoción del derecho a la asistencia social en los Países Bajos y en las antiguas Antillas Neerlandesas

60.Desde el 10 de octubre de 2010, los Países Bajos se han encargado de la asistencia (onderstand) del Caribe Neerlandés. Durante el período de que se informa, se ha ampliado la aplicación de la asistencia general y especial, en virtud de nuevas normas de política. Se ha introducido un plan de comunicación de varios años para crear conciencia sobre el régimen de asistencia. Desde entonces, más personas han solicitado la asistencia. Se mantienen conversaciones con los órganos públicos en Bonaire, San Eustaquio y Saba para establecer la manera de ajustar el plan a la política de reducción de la pobreza en las islas.

61.Lucha contra la no utilización de la asistencia social y los planes de apoyo a los ingresos : Con este fin las autoridades municipales pueden intercambiar datos por Internet; por ejemplo, con la Administración de Impuestos y Aduanas. Las autoridades también usan varios métodos de comunicación, junto con la información general proporcionada por el Gobierno central, para concienciar a las personas sobre la existencia de los planes, por ejemplo mediante la publicación de folletos o las visitas a las personas de edad.

62.Desde el 1 de enero de 2010, el Banco de Seguro Social (SVB) ha prestado asistencia social general a las personas mayores de 65 años y sus parejas mediante un plan especial de ingresos complementarios para las personas mayores. El SVB ha asumido esta responsabilidad de las autoridades municipales, con el objetivo de reducir la no utilización de la asistencia. El SVB informa a las personas de edad que tienen una jubilación incompleta de la existencia de la asistencia social general complementaria y de los planes municipales de bajos ingresos, como la asistencia especial.

Seguridad social

63.En los informes anuales publicados en virtud del Código Europeo de Previsión Social del Consejo de Europa, figura información detallada sobre los cambios en los planes de seguridad social en la parte europea de los Países Bajos.

64.Reforma de la Ley General de Pensiones de Vejez (AOW) : El aumento de la edad de jubilación reglamentaria, que se consagró en una ley promulgada en julio de 2012, se aplicará a un ritmo acelerado. La edad de jubilación reglamentaria se elevará a los 66 años en 2018 y a los 67 en 2021. A partir de ese año, estará vinculada a la esperanza de vida. En el Caribe Neerlandés, esta edad aumentó gradualmente de los 60 a los 62 años entre 2010 y 2014.

Recomendación 20 sobre los derechos de jubilación de los migrantes

65.El Gobierno de los Países Bajos considera que el sistema público de jubilaciones de vejez del país (Algemene Ouderdomswet, AOW; 1er pilar) no establece discriminación contra los migrantes. Al igual que los nacionales de los Países Bajos, los migrantes aumentan en un 2% sus derechos de jubilación pública cada año que viven en los Países Bajos legalmente o trabajan y pagan el impuesto sobre la renta, y tienen derecho a ser beneficiarios de esa jubilación una vez alcanzan la edad establecida. Al igual que los migrantes, los nacionales de los Países Bajos que viven y trabajan fuera del país no devengan derechos de jubilación pública de los Países Bajos mientras viven o trabajan en el extranjero. Los migrantes conservan los derechos a la jubilación que han adquirido en sus países. En virtud del Reglamento (CE) núm. 883/2004, una persona puede estar inscrita solamente en un Estado miembro. Hoy, todos los Estados miembros de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza tienen regímenes obligatorios de jubilación. Los migrantes no pierden sus derechos de jubilación acumulados en esos regímenes; la jubilación acumulada en otros Estados miembros siempre deberá exportarse.

66.Los migrantes que están empleados en los Países Bajos también devengan prestaciones de jubilación en el marco del plan de jubilación de su empleador (siempre que este ofrezca un plan de jubilación a sus trabajadores; aproximadamente nueve de cada diez empleadores lo hace), que es independiente de régimen de jubilación público y está ligado a su salario (“segundo pilar”). Por consiguiente, en los Países Bajos, una persona tiene derecho a recibir la jubilación pública y la jubilación que ha acumulado con su empleador.

67.Los migrantes que residen legalmente en los Países Bajos, han alcanzado la edad de jubilación y tienen un ingreso total en los Países Bajos que está por debajo del ingreso (prestación) mínimo garantizado neto de los Países Bajos pueden solicitar asistencia social complementaria. De este modo, sus ingresos aumentan hasta alcanzar el monto del ingreso (prestación) mínimo garantizado neto vigente en los Países Bajos, que equivale al 70% del salario mínimo de referencia para una persona soltera que vive sola y al 100% para las parejas casadas o en cohabitación.

Recomendación 18 sobre el reconocimiento expreso del derecho a la huelga y restricciones permitidas en virtud del derecho de los Países Bajos

68.En los Países Bajos, el derecho a la huelga se fundamenta en el artículo 6, párrafo 4, de la Carta Social Europea, y está restringido en virtud del artículo 31 de la Carta. El Tribunal Supremo (Hoge Raad) ha determinado que la Carta Social Europea es aplicable directamente en los Países Bajos. En otras palabras, sus disposiciones pueden invocarse sin necesidad de una intervención legislativa. El derecho a la huelga en los Países Bajos se fundamenta en la jurisprudencia y el Gobierno no tiene intenciones de cambiar esta situación.

69.Desde el informe anterior, no se han producido cambios importantes en la sindicación en los Países Bajos. En el período 2010-2015, el número de personas afiliadas a un sindicato en los Países Bajos disminuyó de 1.870.000 (2010) a 1.734.000 (2015, cifra provisional de la Oficina Central de Estadística de los Países Bajos, de 27 de octubre de 2015). Al igual que antes, las relaciones laborales en los Países Bajos fueron estables en este período y el número de huelgas fue bajo. Hubo un promedio de 20 huelgas al año en este período (2010: 21; 2011: 17; 2012: 8; 2013: 24 y 2014: 25).

2.5Protección y asistencia a la familia

Recomendación 21, relativa a la violencia doméstica

70.Planteamiento respecto de la violencia doméstica : En los diez últimos años se han adoptado numerosas medidas para luchar contra la violencia doméstica. Desde 2011, el enfoque aplicado en el conjunto del Reino se centra en combatir todas las formas de violencia en las relaciones de dependencia. Esta política se articula en torno al refuerzo de la función de supervisión que desempeñan los municipios. El enfoque se ha basado en tres pilares: 1) el fortalecimiento de la posición de las víctimas (y posibles víctimas) mediante la adopción de medidas preventivas, la denuncia de indicios de violencia, la acogida en refugios y la prestación de ayuda y atención ulterior; 2) la adopción de medidas específicas contra los autores; 3) los esfuerzos destinados a poner fin a la transmisión de la violencia de una generación a la siguiente. El Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes se encarga de coordinar esta política.

71.Medidas adoptadas por el Gobierno en diversos ámbitos:

Se ha aprobado un plan de acción para el período 2012-2016 destinado a combatir el maltrato de niños. Las medidas previstas en el marco del plan se centran en la prevención, la denuncia y la eliminación del maltrato de niños, así como en la limitación del daño mediante la prestación de ayuda adecuada a los niños.

El 6 de junio de 2013, el Gobierno envió una carta a la Cámara de Representantes en la que describía cómo se proponía reforzar su planteamiento integral respecto del matrimonio forzado en todo el sistema y, en ese contexto, anunció medidas destinadas a fortalecer la lucha contra los matrimonios forzados y el abandono.

El 30 de marzo de 2011 se envió a la Cámara de Representantes un Plan de Acción titulado “Los Mayores en Buenas Manos” (cuyo período de ejecución abarcaría hasta 2014 y que se completaría con un plan de seguimiento). En el marco del Plan se definieron diez medidas específicas para combatir el maltrato de las personas de edad.

72.Legislación : El 1 de julio de 2013 entró en vigor la Ley del Código de Notificación Obligatoria (Violencia Doméstica y Maltrato de Niños), en virtud de la cual las organizaciones de varios sectores, entre ellos los de la atención de salud y la asistencia a los jóvenes, deben tener un código de práctica en el que se especifiquen las medidas que se han de adoptar cuando un profesional detecte indicios de violencia doméstica o de maltrato de niños. Las organizaciones deben además promover la aplicación del código de práctica y velar por que su personal reciba la capacitación necesaria para reconocer indicios de violencia doméstica y de maltrato de niños.

73.Las autoridades municipales desempeñan un papel central en la lucha contra la violencia doméstica. Con arreglo a la Ley de Apoyo Social, son responsables de ofrecer refugio y asistencia. La Ley de Apoyo Social se ha enmendado, y las enmiendas entraron en vigor el 1 de enero de 2015. La prevención de la violencia doméstica ocupa asimismo un lugar destacado en la legislación enmendada. Con arreglo a la nueva Ley de la Juventud, que también entró en vigor el 1 de enero de 2015, las autoridades municipales son responsables de prevenir el maltrato de niños y ofrecer asistencia a las víctimas.

74.Desde el 1 de enero de 2015, las autoridades municipales se han encargado de fusionar sus Centros de Asesoramiento y Apoyo para las Víctimas de Violencia Doméstica y sus Centros de Asesoramiento y Denuncia para los Niños Víctimas de Maltrato y el Descuido con el fin de establecer instituciones locales conjuntas, los Centros de Apoyo para Víctimas de Violencia Doméstica.

75.Medidas contra los delincuentes : La policía y la fiscalía también prestan suma atención a la adopción de medidas respecto de los autores de actos de violencia doméstica. La violencia doméstica y el maltrato infantil se señalan específicamente como delitos de alto impacto en el programa de seguridad pública del Ministro, la policía, la fiscalía y los gobernantes regionales, lo que garantiza que la policía se ocupe de la cuestión. En 2015 se crearon oficinas especiales para la denuncia del maltrato de niños.

76.Legislación específica : Como se indicó en el informe anterior, el Gobierno de los Países Bajos no considera que se necesiten otras leyes específicas sobre la violencia doméstica, puesto que ya hay suficiente legislación relativa a este problema en el derecho penal (véase lo que sigue), el derecho civil y el derecho administrativo (véase el informe anterior).

77.En el Código Penal de los Países Bajos se tipifican numerosos delitos para, de una manera u otra, ofrecer protección contra diversas formas de violencia y atentados contra la integridad física de la persona. Además, cuando se infligen agresiones o se causan daños corporales graves dentro del matrimonio, la sanción impuesta puede incrementarse en un tercio de la pena máxima correspondiente. Las sanciones máximas imponibles son de tres años de prisión por delitos de agresión y de cuatro años por delitos de daño corporal grave, y se aumentan en un tercio cuando se trata de casos de violencia doméstica.

78.En el Caribe Neerlandés se han adoptado una serie de medidas para intensificar la lucha contra la violencia doméstica. Los Países Bajos encargaron la realización de un estudio exploratorio sobre el enfoque adoptado frente a la violencia doméstica en el Caribe Neerlandés. En el informe, publicado en mayo de 2014, se señaló que la violencia doméstica era un problema frecuente, grave y persistente debido a su estrecha vinculación con la pobreza y los problemas de vivienda de las islas, y se concluyó que el enfoque vigente era fragmentario y no lo suficientemente profundo, pues no debía considerarse de forma aislada, sin tener en cuenta el enfoque general adoptado respecto de las cuestiones sociales.

79.Se ha acordado con los consejos ejecutivos de Bonaire, San Eustaquio y Saba que se formularán, para las tres islas, una política y una estrategia de aplicación básicas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En estrecha colaboración con las islas, se está estudiando la forma que debería adoptar esa estrategia básica. Saba y San Eustaquio han elaborado un plan de acción sobre la violencia doméstica, y ya han comenzado a aplicar algunos elementos del plan. Se ha designado a un trabajador social tanto en Saba como en San Eustaquio. Las tres islas están participando además en la campaña WE CAN Young (2014-2016) del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, destinada a aumentar la resiliencia de los jóvenes en el contexto relacional y sexual. San Eustaquio está haciendo frente a sus problemas relacionados con la pobreza, estrechamente vinculados a la prevalencia de la violencia doméstica, mediante la formulación de una política de reducción de la pobreza. Saba no cuenta con un protocolo de lucha contra la violencia doméstica y el maltrato de niños, de modo que ha iniciado consultas al respecto entre todas las partes interesadas. Todos los asociados del sistema están participando en la redacción de un protocolo relativo a las situaciones problemáticas que afectan a los jóvenes y los niños, entre las que se incluyen los casos de violencia doméstica y de maltrato infantil.

80.Está previsto que en el futuro cercano se publique un plan de acción sobre la violencia doméstica para Bonaire. El Ministerio de Seguridad y Justicia ha concedido una subvención a la isla para la creación de un sistema de casas refugio. La subvención estará vinculada a una estrategia para hacer frente a la violencia doméstica.

81.En el cuadro 8 del anexo se presenta información estadística sobre la naturaleza y el número de denuncias de violencia doméstica presentadas y de condenas y sanciones impuestas, así como sobre la prestación de servicios de apoyo y rehabilitación a las víctimas.

Recomendación 35, relativa a la lucha contra la trata de personas

82.La lucha contra la trata de personas constituye una de las prioridades del Gobierno. El Reino de los Países Bajos tiene intención de ratificar el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso. El Ministro de Seguridad y Justicia se encarga de coordinar la labor de lucha contra la trata de personas en todo el territorio del Reino. El Gobierno se propuso duplicar el número de organizaciones delictivas investigadas entre 2009 y 2014.

83.En 2008 se creó el Grupo Especial de Lucha contra la Trata de Personas, que continuará su labor durante un tercer mandato (2014-2016). Los esfuerzos del Grupo Especial están dando fruto: en 2012 los tribunales que juzgaron causas en primera instancia resolvieron la mayoría de los casos (153) relacionados con la trata de personas denunciados desde 2000. El porcentaje de condenas por este delito, que había disminuido en un 25% durante el período 2004-2009, volvió a aumentar en 2010 y 2012 (al 71%).

84.Con arreglo al artículo 8 k) de la Ley de Extranjería, a las presuntas víctimas de la trata que no disponen de un permiso de residencia se les concede un período máximo de tres meses de reflexión, denominado en ocasiones el “período de reflexión B8”, para decidir si desean presentar cargos. En junio de 2010 se inició un proyecto para la prestación de atención especializada a las víctimas extranjeras de la trata durante el período de reflexión B8, que se ha prorrogado hasta 2017. El número de beneficiarios de este proyecto se incrementó de 50 a 70 en junio de 2012. Durante el período de reflexión también se hace un diagnóstico preliminar de la situación de la víctima. Además, existen servicios de atención a los que las víctimas pueden acceder independientemente de su nacionalidad.

85.Se ha establecido un Mecanismo Nacional de Remisión que determinará los métodos que deberán emplear los diferentes asociados para detectar los casos de trata y prestar apoyo y la atención necesaria a las víctimas.

86.Los Países Bajos y el Reino Unido dirigen conjuntamente el proyecto EMPACT de lucha contra la trata, que se puso en marcha para reforzar la cooperación en las investigaciones sobre la trata en la Unión Europea (UE). Los Países Bajos también cooperan estrechamente con los principales países de origen de las víctimas de la trata, como Bulgaria, Hungría, Nigeria y Rumania. En 2013, los Países Bajos y Hungría firmaron un plan de acción bilateral para reforzar su cooperación en las labores de prevención e investigación de la trata de personas y enjuiciamiento de sus responsables. Hungría, los Países Bajos y Bélgica también están colaborando en un proyecto para establecer un mecanismo de remisión trasnacional de las víctimas de la trata.

87.El Ministerio de Seguridad y Justicia, junto con el Grupo Especial de Lucha contra la Trata de Personas, fue el impulsor de la Conferencia de la Unión Europea titulada “Puesta en práctica de la sentencia Rantsev: el refuerzo de la cooperación operativa multidisciplinaria para luchar contra la trata de personas”, que se celebró en Ámsterdam en abril de 2013. En esta conferencia se analizó cómo podían cumplir los Estados miembros de la Unión Europea sus obligaciones positivas dimanantes de la sentencia dictada en el caso Rantsev por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, de forma más general, la cooperación multidisciplinaria en la lucha contra la trata de personas.

88.Se ha presentado un proyecto de ley para regular la prostitución y combatir los abusos que se cometen en la industria del sexo, en el que se prevé el aumento de la edad legal para el ejercicio de la prostitución a 21 años, la instauración de un sistema de concesión de licencias para todos los tipos de empresas de la industria del sexo y el establecimiento de la obligación para los dirigentes de actividades de prostitución de presentar un plan de negocio al solicitar una licencia, que debe incluir medidas para proteger el derecho de las prostitutas a la libre determinación. El establecimiento de normas más estrictas tiene por objeto aumentar la transparencia del sector, mejorar el control y contribuir a luchar contra los abusos. El proyecto de ley aún no ha sido aprobado por el Senado de los Países Bajos.

89.Se están ejecutando varios proyectos destinados a alertar a la población sobre los riesgos que entraña la trata de personas y crear conciencia al respecto. Además, en los últimos años, el Centro de Seguridad y Prevención del Delito y los Centros Regionales de Información y Conocimientos Especializados han organizado sesiones formativas de concienciación dirigidas a las autoridades municipales. Proseguirán estos esfuerzos por reforzar la concienciación entre los funcionarios municipales. Se proporciona información sobre la explotación laboral a las posibles víctimas y los distintos grupos ocupacionales y se organizan campañas de concienciación mediante la distribución de folletos y tarjetas informativas.

90.El Servicio de Inspección del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo participó en un programa formativo de concienciación sobre la explotación laboral en el Caribe Neerlandés. El Servicio de Inspección también prestó apoyo a los inspectores de trabajo de la región, impartiéndoles capacitación relativa a la inspección. Además, el Servicio de Inspección está preparando nuevas actividades de capacitación que permitan a los inspectores de trabajo detectar indicios de explotación laboral.

91.Desde 2008 se ha cooperado estrechamente con los territorios caribeños del Reino en la lucha contra la trata y el contrabando de personas. Los Ministros de Justicia de Aruba, Curaçao, San Martín y los Países Bajos firmaron su memorando de entendimiento más reciente en junio de 2011. La cooperación abarca acciones destinadas a la prevención, la prestación de asistencia y protección a las víctimas y el enjuiciamiento de los sospechosos. Los países constituyentes del Reino intercambian información y experiencias y realizan operaciones conjuntas cuando resulta posible. En todos ellos, esta cooperación ha permitido mejorar la información disponible sobre la naturaleza y la escala de la trata y el contrabando de personas, establecer estructuras de intercambio de información, llevar a cabo investigaciones penales de casos de trata y contrabando de personas y efectuar inspecciones multidisciplinarias en sectores en los que existe un alto riesgo de explotación laboral. Se ha mejorado la asistencia proporcionada a las víctimas y se han puesto en marcha campañas informativas en todos los países.

Recomendación 25a, relativa a la reclusión de los solicitantes de asilo

92.Según la política que se sigue en los Países Bajos, los solicitantes de asilo rechazados y los extranjeros indocumentados pueden ser recluidos por motivos de orden público o seguridad nacional con miras a tramitar su repatriación. También puede utilizarse la reclusión en el caso de personas a las que se deniega la entrada en la frontera. La reclusión solo puede usarse como último recurso cuando el regreso voluntario (asistido) ha fracasado, y no puede durar más de lo estrictamente necesario para tramitar el regreso de la persona en cuestión. Siempre se considera en primer lugar la posibilidad de emplear un método menos severo. En el marco de la política de los Países Bajos se contemplan medidas alternativas para estos casos, como el internamiento en un centro antes del regreso asistido, la confiscación de los documentos de viaje, el requisito de depositar una fianza y la obligación de presentarse ante las autoridades. Además, cada año se asigna a las organizaciones no gubernamentales (ONG) locales la suma de 1 millón de euros para la ejecución de proyectos de repatriación. En cada caso particular se estudia la posibilidad de emplear una medida menos coercitiva. Las diversas medidas previstas son proporcionadas y resultan eficaces para distintos grupos de migrantes. Al decidir qué medida emplear se tiene debidamente en cuenta la cuestión de la vulnerabilidad.

93.La reclusión en espera de la expulsión puede utilizarse únicamente si existe un riesgo real de que la persona se fugue y si se contempla firmemente la posibilidad de la expulsión. Cada caso de reclusión es revisado por un tribunal en un plazo de 28 días. Si la reclusión se prolonga más de 6 meses, se volverá a examinar el caso. Mientras tanto, la persona recluida siempre puede recurrir a un tribunal para solicitar que se ponga fin a su detención, y, si es el caso, las autoridades le proporcionarán asistencia letrada gratuita. La duración máxima de la reclusión de migrantes indocumentados en los Países Bajos es de 6 meses, que, en circunstancias especiales, pueden prorrogarse hasta 18 meses a discreción del tribunal. El Gobierno desea aclarar que la reclusión de extranjeros es una medida prevista en el ámbito del derecho administrativo y no una medida punitiva.

94.Toda persona a quien se deniegue la entrada a los Países Bajos —por no tener la documentación requerida, por ejemplo— y que solicite asilo puede ser retenida en la frontera una vez evaluado su caso. El procedimiento de solicitud de asilo, en principio, se llevará a cabo en la frontera. Puede ponerse fin a la retención en la frontera antes de que haya concluido el procedimiento.

95.Los menores no acompañados a los que se deniega la entrada al país y que solicitan asilo no son retenidos en las fronteras en ningún caso, sino que son enviados a centros de acogida abiertos en los que se tramita su solicitud de asilo.

96.Los solicitantes de asilo retenidos en las fronteras tienen una semana para reponerse y preparar una solicitud de asilo. El subsiguiente procedimiento de solicitud de asilo lleva una semana. Se intenta poner fin cuanto antes a la retención en la frontera y, de ser posible, los extranjeros son enviados a centros de acogida abiertos, por ejemplo una vez que se ha establecido su identidad. La retención de solicitantes de asilo adultos en la frontera puede prorrogarse por una serie de motivos limitados, a saber, el fraude, el recurso indebido al procedimiento de solicitud de asilo, la aplicabilidad del artículo 1F de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y la existencia de un riesgo considerable de que un solicitante rechazado en virtud del Reglamento de Dublín se dé a la fuga.

97.Se está preparando un proyecto de ley destinado a asentar firmemente en el derecho administrativo los motivos que justifican la reclusión y a establecer un régimen en el que se atienda específicamente a las necesidades de los extranjeros recluidos. En el marco de la nueva ley también se establecerán medidas de supervisión alternativas, y se hará especial hincapié en la consideración de la vulnerabilidad de la persona en los casos de reclusión. Está previsto que la nueva ley entre en vigor a mediados de 2016.

Recomendación 25b, relativa a la vivienda, la salud y la educación de los migrantes indocumentados

98.En la política de inmigración de los Países Bajos se contempla como principio básico que los extranjeros son responsables de organizar su retorno a su país de origen si el Servicio de Inmigración y Naturalización, y posiblemente también un tribunal, concluyen que no pueden permanecer en el país. Durante el procedimiento de solicitud de asilo, los solicitantes tienen derecho a beneficiarse de servicios de acogida hasta la expiración del plazo legal para su salida. Una vez concluido ese plazo, se les pueden seguir ofreciendo servicios de acogida en ciertas circunstancias muy excepcionales (situaciones imprevistas, a menudo urgencias médicas).

99.Los extranjeros que estén efectivamente dispuestos a cooperar para su retorno pueden ser internados en centros en los que se restringe su libertad de circulación, desde los que pueden llevar a cabo las gestiones para regresar a su país de origen, con el apoyo del Servicio de Repatriaciones y Salidas del País, mientras permanecen alojados. También se ofrece esta posibilidad a los extranjeros que no hayan presentado una solicitud de asilo. El Gobierno de los Países Bajos, junto con las autoridades municipales, está estudiando la conveniencia de aprobar una disposición común en virtud de la cual se ofrezca a los extranjeros que residan ilegalmente en el país la oportunidad de considerar durante un tiempo limitado si desean cooperar activamente para su retorno.

100.Los menores no acompañados que hayan agotado todos los recursos legales tienen derecho a beneficiarse de servicios de acogida hasta que alcancen la mayoría de edad. A los menores que hayan agotado todos los recursos legales y que vivan con familiares se les ofrece la posibilidad de alojarse, junto con sus familiares, en unidades familiares, a fin de evitar emergencias humanitarias. Estas familias son alojadas hasta que retornan a su país de origen, o hasta que todos los niños de la familia hayan alcanzado la mayoría de edad.

101.La Agencia Central para la Recepción de Solicitantes de Asilo ha adoptado disposiciones especiales para cuando la temperatura es inferior a 0 ºC. En esas circunstancias no se denegarán servicios de acogida a ningún extranjero que no consiga encontrar otro alojamiento. Los solicitantes de asilo que por motivos médicos no se encuentren en condiciones de abandonar el país pueden solicitar el aplazamiento de su retorno, en cuyo caso se les proporcionará servicios de acogida, incluida financiación de la atención médica que reciban. Los solicitantes de asilo que hayan agotado todos los recursos legales tienen derecho a recibir la atención médica que requieran. Los niños que residen ilegalmente en los Países Bajos tienen derecho a la educación.

Recomendación 23, relativa a la discriminación contra los niños varones en las antiguas Antillas Neerlandesas

102.El Gobierno ha proporcionado recursos para la ejecución de la campaña WE CAN Young en el Caribe Neerlandés entre 2014 y 2016. La campaña tiene por objeto aumentar la resiliencia de los y las jóvenes en el contexto relacional y sexual, por ejemplo suscitando un debate sobre los estereotipos.

Recomendación 24, relativa a la lucha contra la pobreza y la exclusión social

103.El trabajo es la vía más eficaz y más rápida para salir de la pobreza. El Gobierno ha adoptado una serie de medidas para hacer que el trabajo sea rentable y fomentar el crecimiento del empleo. El sistema de seguridad social neerlandés garantiza a todos unos ingresos mínimos para cubrir los gastos de subsistencia. Las autoridades municipales son responsables de las políticas de lucha contra la pobreza y la deuda, y tienen a su disposición diversos instrumentos para hacer frente a estos problemas, como las prestaciones especiales de asistencia social, los servicios de asesoramiento sobre la deuda y los planes de descuento para diversas actividades sociales y culturales en los municipios destinados a promover la inclusión social. El Gobierno asignó a las autoridades municipales sumas adicionales de 70 millones de euros, en 2014, y de 90 millones de euros, en 2015, para que pudieran intensificar sus políticas de reducción de la pobreza, prestando especial atención a la situación de los niños que viven en la pobreza, y reforzar sus actividades de prevención.

104.La descentralización de la atención de salud, los servicios de juventud y el empleo permite a las autoridades municipales adoptar una estrategia integral para hacer frente a la pobreza y los problemas de deuda de la población.

105.El término “pobreza” no hace referencia a un concepto estrictamente definido que pueda medirse mediante un indicador clave. Por tanto, diversas perspectivas y definiciones ponen de manifiesto distintos aspectos de la cuestión. Por consiguiente, no es posible determinar un “umbral de pobreza oficial”. No obstante, la Oficina Central de Estadística de los Países Bajos y el Instituto Neerlandés de Investigación Social describen la tendencia en su estudio anual sobre la pobreza.

106.Desde 2010, el Programa Nacional de Reforma ha informado sobre los objetivos relativos a la pobreza asumidos por los Países Bajos en el marco de la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea. Además, cada dos años, en el Informe Estratégico Nacional sobre la Protección Social y la Inclusión Social se examina en mayor profundidad la labor más amplia de lucha contra la pobreza y la deuda.

107.Los Países Bajos están preparando con las islas de Bonaire, San Eustaquio y Saba un programa plurianual para el Caribe Neerlandés, cuyas prioridades principales serán la reducción de la pobreza, el desarrollo económico y la protección de los derechos del niño. Los Países Bajos han destinado recursos adicionales a la aplicación de una estrategia general de lucha contra la pobreza y la deuda. Las medidas adoptadas están dirigidas especialmente a los grupos de la región en los que parece concentrarse la pobreza, como las personas de edad, las personas incapacitadas para el empleo y las familias con hijos, especialmente las familias monoparentales encabezadas por mujeres.

2.6Atención de la salud

Recomendación 26 sobre el consumo de drogas, el tráfico de drogas y las terapias contra las adicciones

108.Están prohibidas la producción, distribución y posesión de las sustancias que figuran en la Ley del Opio, cuya vulneración está tipificada como delito penal. En 2013, la 4-MA y el qat se añadieron a la lista de sustancias prohibidas por esta Ley. En las investigaciones penales se da prioridad a la importación y exportación, la producción comercial, el tráfico a gran escala y la delincuencia organizada.

109.El consumo de cannabis entre los jóvenes está disminuyendo gradualmente. Entre los alumnos de escuelas secundarias ordinarias ha mostrado una tendencia a la baja, con algunas fluctuaciones, desde mediados de la década de 1990. La proporción de alumnos de 12 a 16 años que probaron el cannabis disminuyó del 16% en 2003 al 9% en 2013 y se estabilizó entre 2007 y 2011.

110.En 2009, el 4% de la población general (de 16,5 millones de personas) de 15 a 64 años consumía cannabis con regularidad. Alrededor de la tercera parte de este grupo (141.000 usuarios) utilizaba el cannabis diariamente. El número de consumidores de cannabis que recibían atención contra su adicción se estabilizó (10.366 en 2012 y 10.446 en 2013) después de triplicarse entre 2002 y 2011 (de 3.251 a 10.637 usuarios que consumían principalmente cannabis). Los hospitales generales siguen admitiendo solo a un número reducido de personas que tienen como diagnóstico principal el abuso o la dependencia del cannabis.

111.El consumo de cocaína, especialmente en forma de polvo para inhalar, todavía es relativamente común entre los adolescentes y los adultos jóvenes que salen de fiesta, pero ha sido superado por el consumo de anfetaminas, que actualmente es más popular. En 2011, menos del 2% de los alumnos (de 12 a 18 años) había probado la cocaína y menos del 1% eran consumidores habituales, cifra aproximada a la de 2007. En 2009, el porcentaje de usuarios recientes en la población neerlandesa (1,2%) era ligeramente superior a la media de la Unión Europea, según las últimas encuestas realizadas en los Estados miembros (0,9%).

112.Entre 2002 y 2008, los servicios de atención a la adicción registraron un aumento del número de usuarios que consumían principalmente cocaína, de 5.975 a 9.331. A partir de 2008 se observó una disminución constante hasta llegar a 7.686 consumidores de este grupo en 2013. El número de usuarios secundarios de cocaína también disminuyó: de 7.539 en 2008 a 6.309 en 2013. El número de hospitalizaciones por abuso o dependencia de la cocaína como diagnóstico principal sigue siendo limitado (88 en 2012), mientras que el de hospitalizaciones por abuso de cocaína como problema secundario fue superior y aumentó gradualmente hasta 2011 (800 ingresos), aunque en 2012 se produjo una disminución del 3% (774 ingresos).

113.Después del cannabis, el éxtasis sigue siendo la droga ilícita de recreación preferida entre los adolescentes y los adultos jóvenes, especialmente en los entornos de baile, y hay indicios de que su popularidad va en aumento. En Ámsterdam, el consumo habitual en 2013 entre los asistentes a discotecas y fiestas rave fue del 55% (43% en discotecas y 69% en fiestas rave). En 2008 esta cifra fue del 21% entre los asistentes a discotecas. Entre 2003 y 2011, el uso de anfetaminas y éxtasis se mantuvo estable entre los alumnos de enseñanza secundaria de 12 a 18 años.

114.El uso del ácido gamma-hidroxibutírico es relativamente poco común entre la población en general y los alumnos de educación secundaria ordinaria. Los adolescentes y adultos jóvenes suelen consumir este ácido con relativa frecuencia cuando salen de fiesta.

115.El consumo de heroína no es habitual en la población general ni es popular entre los jóvenes. Según las últimas estimaciones, correspondientes a 2012, el número de consumidores problemáticos de opiáceos en los Países Bajos fue de unos 14.000. Esta cifra es inferior a la de los 18.000 que se estima había en 2008. Desde el comienzo de este siglo, ha disminuido el número de usuarios de opiáceos que reciben atención contra su adicción.

116.El número de ingresos en hospitales generales por abuso y dependencia de los opiáceos como diagnóstico principal sigue siendo bajo (47 en 2012). Los problemas por consumo de opiáceos se registraron con más frecuencia como diagnóstico secundario (663 en 2012).

117.En 2012 murieron 118 consumidores de drogas por sobredosis; 1 de cada 4 de estos casos de sobredosis puede atribuirse principalmente a los opiáceos (28 casos). La edad de fallecimiento ha ido en aumento. A principios de los años noventa, el 60% de los consumidores de opiáceos fallecidos tenía menos de 35 años, mientras que la media entre 2006 y 2012 fue tan solo del 29%.

118.Cada año reciben tratamiento unos 75.000 toxicómanos en centros especializados, de los cuales el 40% (30.000) son tratados por consumo problemático de drogas. Cuando el comportamiento delictivo está influido por un consumo problemático de drogas, las sanciones también se centran en el tratamiento de los problemas de adicción.

Recomendación 27 sobre las medidas para ayudar a las mujeres a evitar los embarazos no deseados, e información sobre los embarazos precoces y abortos entre los jóvenes

119.La parte europea de los Países Bajos colabora con el Caribe Neerlandés en la esfera de la educación en materia de salud sexual. Las islas de Bonaire, San Eustaquio y Saba pueden contratar a especialistas en este tipo de educación de los servicios de salud municipales de La Haya. Las islas tienen libertad para ofrecer este tipo de educación como estimen conveniente. Desde enero de 2015 las autoridades municipales se han encargado de la política sobre las madres adolescentes. Las islas tienen la condición de órganos públicos análogos a los municipios.

Recomendación 37 sobre los tiempos de espera en los servicios de salud mental para niños

120.Los proveedores de servicios de salud y las compañías de seguros médicos han establecido normas para los tiempos de espera, denominadas “normas Treek”, consistentes en un máximo de cuatro semanas de espera para una evaluación de admisión, un máximo de cuatro semanas de espera entre la evaluación de admisión y el diagnóstico, y un máximo de seis semanas entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento (siete semanas en caso de tratamiento residencial). Estas normas deben cumplirse en la medida de lo posible, pero no constituyen una obligación.

121.Los proveedores de servicios ambulatorios especializados de salud mental deben llevar un registro de sus tiempos de espera y publicarlos de forma que se puedan consultar con facilidad (en su sitio web). No existe un registro central. La Autoridad de Salud de los Países Bajos realizó un estudio de los tiempos de espera y publicó los resultados en su sitio web el 1 de diciembre de 2014.

122.A partir del 1 de enero de 2015, las autoridades municipales son responsables de la prestación de los servicios de salud mental a los jóvenes. En virtud de la Ley de la Juventud, las autoridades municipales deben prestar servicios que sean adecuados en términos de calidad y cantidad. Si el órgano ejecutivo municipal incumple esta obligación (si las listas de espera crecen, por ejemplo), el Consejo Municipal debe abordar la cuestión.

Recomendación 29 sobre la mejora de la atención de la salud para las personas de edad

123.Durante algunos años, el Gobierno se ha centrado en establecer unas normas de atención a las personas de edad, en particular en las residencias. En el otoño de 2012, el Gobierno decidió reformar la atención de largo plazo con miras a mejorar la calidad y, entre otras cosas, fomentó la participación de la población e hizo el sistema sostenible desde el punto de vista financiero. En los últimos años se han introducido muchas políticas con el objetivo de mejorar la calidad de la atención, en particular en las residencias para personas de edad. No obstante, los estudios de la Inspección Sanitaria (junio de 2014) y otros muestran que algunas instituciones no tienen la capacidad de mejorar y que la atención que prestan es deficiente. El Gobierno tiene la intención de redoblar sus esfuerzos para mejorar la calidad de la atención, en particular en las residencias para personas de edad.

124.Se considera que la creciente demanda de atención es una de las principales causas del lento ritmo de mejora. Las personas de edad ingresan en las residencias a una edad mucho más avanzada y a menudo sufren demencia grave o problemas psiquiátricos o somáticos crónicos. Los conocimientos y las aptitudes del personal no se han adaptado a las nuevas demandas en la atención de la salud. Es necesario llevar a cabo una reeducación profesional y modificar los programas de formación. Otra de las causas es que las juntas y los órganos de dirección de las instituciones no prestan la suficiente atención a la calidad ni al ciclo de mejora de la misma que se aplica en sus organizaciones.

125.A finales de 2016 todos los usuarios recibirán apoyo. Los usuarios de las residencias para personas de edad tendrán más influencia en la gestión de los centros gracias a la mayor profesionalización de los consejos de usuarios y a una mayor participación de los familiares. Se logrará una mayor transparencia respecto de la calidad percibida, entre otras cosas, mediante la publicación de la opinión de los usuarios en un sitio web especial (zorgkaartnederland.nl).

126.En 2015 se elaboró una directriz sobre el despliegue de personal (composición de los equipos, proporción de personal cualificado respecto al número de usuarios) como referencia para las organizaciones de atención de la salud y las oficinas administrativas encargadas de la financiación de los servicios de salud. El Ministro de Educación y el Secretario de Estado responsable de la atención a las personas de edad también colaboran para mejorar la formación de todos los profesionales de la salud que trabajan en las residencias para personas de edad.

127.A fin de mejorar la transparencia, en 2015 se establecerá un sistema de seguimiento en línea en el que participarán todas las residencias para personas de edad. Los datos del sistema (perfil general de los usuarios, información general sobre las residencias, niveles de calidad) estarán accesibles al público.

128.Habida cuenta de que la situación en el Caribe Neerlandés difiere en muchos aspectos, el 1 de enero de 2011 se introdujo un Plan Especial del Seguro de Salud para esta parte del Reino. En virtud del Decreto del Seguro de Salud de Bonaire, San Eustaquio y Saba (Besluit zorgverzekering BES), el Gobierno de los Países Bajos administra el Plan, que incluye a todos los residentes legales. El Plan es una combinación de la Ley del Seguro de Salud (Zorgverzekeringswet) y la Ley de Gastos Médicos Excepcionales (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), vigentes en la parte europea de los Países Bajos (la última hasta el 31 de diciembre de 2014).

129.En el Caribe Neerlandés se encargan de prestar la atención de largo plazo las organizaciones privadas sin fines de lucro. Hay residencias para personas de edad y residencias medicalizadas en las tres islas. La calidad de la atención que se presta en estas residencias requiere mejoras. En 2014, la Ministra de Salud, Bienestar y Deportes adoptó las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Cuestiones de Salud del Caribe Neerlandés, establecido por la propia Ministra. El Grupo de Trabajo recomendó una serie de medidas específicas para equiparar la calidad de la atención a un “nivel aceptable en la parte europea de los Países Bajos”.

Recomendación 36 sobre la falta de hogar

130.Los centros de acogida de la comunidad se organizan de forma descentralizada. La Ley de Apoyo Social (Wet maatschappelijke ondersteuning) obliga a las autoridades municipales a acoger a las personas sin hogar que se encuentran en su municipio. Se han concedido más facultades y recursos a las autoridades para que presten apoyo social, atención a los jóvenes y asistencia para el reembolso de las deudas. Ello significa que pueden prestar una ayuda personalizada a las personas que no pueden valerse por ellas mismas. Por consiguiente, tienen tanto la responsabilidad como los recursos para evitar que las personas terminen en la calle.

131.El Secretario de Estado de Salud, Bienestar y Deportes anunció a finales de 2014 que seguiría supervisando el número de personas que ingresaban a los centros de acogida de la comunidad, los abandonaban o cambiaban de centro, y ejerciendo presión para que esos centros siguieran siendo accesibles en todo el país.

Recomendación 30 sobre los reclusos con problemas de salud mental

132.Los problemas psiquiátricos de los reclusos que requieren tratamiento deben ser objeto de reconocimiento, por lo que todos los reclusos son examinados por el servicio médico cuando ingresan en un centro penitenciario. Se toma una decisión sobre si el recluso requiere atención o tratamiento a partir de ese examen, la información recibida de los centros de salud asociados y el comportamiento observado en el recluso. Tras consultar a un equipo multidisciplinario, se fija una cita con un profesional de la salud. Si el recluso requiere atención psiquiátrica clínica, es trasladado a un centro psiquiátrico penitenciario o una institución ordinaria de salud mental con suficiente seguridad.

133.Desde 2009, el sistema penitenciario ha incorporado cinco centros psiquiátricos penitenciarios donde se atiende a los reclusos con trastornos psiquiátricos, a veces en combinación con problemas de adicción o dificultades de aprendizaje. Estos centros concentran la atención disponible en el sistema penitenciario y prestan cuidados especializados que no pueden ofrecerse en los centros penitenciarios ordinarios.

134.El personal de estos centros consta de profesionales en atención y tratamiento en centros penitenciarios, enfermeros, psicólogos especializados en salud, especialistas en arteterapia, médicos y psiquiatras. Se está invirtiendo en personal (por ejemplo, mediante la oferta de formación reconocida y la puesta en marcha programas de atención reconocidos) para facilitar una atención similar a la prestada en el sistema de salud mental, teniendo en cuenta las limitaciones relacionadas con el encarcelamiento.

135.La política de los centros psiquiátricos penitenciarios es centrarse en el contacto constante con los reclusos, no en el aislamiento a largo plazo. Solo se aísla a los reclusos si su trastorno entraña un peligro que no puede abordarse por medios menos drásticos. Por consiguiente, la atención prestada en los centros psiquiátricos penitenciarios es compatible con las iniciativas adoptadas en la atención ordinaria para reducir las medidas de coerción. En esos centros se aplican los mismos métodos de intervención que en los servicios ordinarios de salud mental. Cada centro psiquiátrico penitenciario también lleva un registro de la frecuencia y la duración de los aislamientos. Los equipos multidisciplinarios examinan estos datos periódicamente y los registros iniciales ya muestran un descenso de los casos de aislamiento. Los especialistas suelen visitar los centros psiquiátricos penitenciarios para concienciar al personal de los efectos perjudiciales que tienen las medidas de coerción.

2.7Formación

Recomendación 31 sobre las pasantías en los cursos de formación profesional para menores que residen ilegalmente en el país

136.En determinadas condiciones, los extranjeros que residen ilegalmente en el país y comienzan a cursar estudios en una escuela de formación profesional antes de los 18 años pueden hacer una pasantía para concluir su formación. Las condiciones incluyen el hecho de que la pasantía no debe ser remunerada y debe ser obligatoria para completar la formación. El 1 de julio de 2015 entró en vigor un reglamento que permitía que los extranjeros en situación ilegal hicieran una pasantía en determinados programas de preparación para una formación profesional, en formación práctica y en educación secundaria para niños con necesidades especiales.

Recomendación 32 sobre la educación en materia de derechos humanos

137.El 17 de noviembre de 2014, el Secretario de Estado de Educación envió una carta a la Cámara de Representantes en que anunciaba que se iba a realizar una reforma del plan de estudios de la enseñanza obligatoria, que incluía el papel de las escuelas en la formación en materia de ciudadanía.

138.La Ley de Enseñanza Superior e Investigación (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) estipula que la formación profesional y la enseñanza universitaria también deben centrarse en el desarrollo personal y en fomentar la responsabilidad cívica. El Gobierno no tiene ninguna otra función explícita de definición de los pormenores de los planes de estudios. Cuando la práctica profesional requiere formación en materia de derechos humanos, las instituciones y los organismos profesionales son los encargados de velar por que esa formación se incorpore en los planes de estudios o cursos de capacitación.

3.Aruba

Introducción

139.La elaboración de esta parte del informe estuvo a cargo del Comité Intergubernamental de Derechos Humanos de Aruba. Se presenta información actualizada sobre determinadas disposiciones del Pacto, seguida de información relativa a recomendaciones específicas formuladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2010.

Artículo 3Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

140.En 2011 se llevó a cabo un análisis de la situación de las mujeres y los niños en Aruba. Las conclusiones de la investigación realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en nombre del Gobierno indican que Aruba ha avanzado considerablemente en la observancia de los derechos y en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pero que es necesario adoptar nuevas medidas en determinados ámbitos para cumplir plenamente con los requisitos de la Convención. En 2011 se creó un Centro para el Desarrollo de la Mujer, y el Gobierno encargó a una comisión especial que redactara un proyecto para una política nacional integrada sobre cuestiones de género. Asimismo, el Gobierno elaboró una política integrada para los jóvenes en respuesta a la evaluación realizada por el UNICEF.

Artículo 8Derecho a la huelga

141.La restricción que se había impuesto al derecho de huelga ya no es procedente. La práctica jurídica y la jurisprudencia han dejado obsoletas las restricciones del derecho de huelga de los funcionarios. El derecho de huelga de los empleados públicos es un derecho adquirido, cuya legalidad y eficacia examinan los tribunales. Tanto en el sector público como en el privado, el derecho a la huelga es una medida de último recurso, y cada vez con mayor frecuencia a lo largo de los años, el poder judicial ha calificado este derecho como una forma legítima de acción.

142.La prohibición de que los funcionarios se declaren en huelga ya no figura en el Código Penal revisado de Aruba, que entró en vigor en 2014, y se ha depositado ante las Naciones Unidas la notificación del retiro de la reserva al artículo 8, párrafo 1 d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Artículo 9Seguridad social y seguro social

143.El 1 de enero de 2011 entró en vigor la Ordenanza Nacional sobre la Prestación Suplementaria (Landsverordening reparatietoeslag). Según esta disposición, los empleados inscritos en el registro de población cuyos salarios en un mes civil no sean inferiores al salario mínimo ni superiores a 2.500 florines de Aruba tienen derecho a una prestación suplementaria de hasta 115 florines. Las personas inscritas en el registro de población que reciban una pensión, así como los cónyuges de todas las personas que reciban una pensión de vejez y además hayan alcanzado la edad legal de jubilación, tienen derecho a una prestación suplementaria de 100 florines de Aruba. Con esta medida se pretende compensar a quienes se han visto afectados por la pérdida de poder adquisitivo causada por la recesión económica.

Artículo 10Derecho de familia

144.Grupos vulnerables : El Gobierno ha adoptado varias medidas para mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables. Los pagos mensuales de seguridad social se han incrementado en un 25%. Además, los padres que reciben prestaciones de seguridad social tienen ahora derecho a percibir una suma anual de 200 florines de Aruba por cada hijo escolarizado, así como ayuda financiera del Gobierno para sufragar los gastos escolares.

145.Protección de los niños : Los malos tratos a los niños son punibles según el Código Penal de Aruba. La pena por maltrato de un niño puede incrementarse en un tercio si el maltratador es el padre o la madre del niño. El Gobierno y las ONG han realizado diversas campañas para llamar la atención sobre ese problema.

146.El Gobierno está comprometido a luchar contra el trabajo infantil en todas sus formas. Asimismo, se han establecido nuevas directrices para diferenciar entre trabajo ligero y trabajo peligroso. Se permite que los menores de entre 15 y 17 años realicen trabajos ligeros. En cambio, el trabajo peligroso está prohibido para todos los menores de edad. Con la introducción de la Ley de Enseñanza Obligatoria se amplió el nivel protección. Desde 2012, Aruba es también parte en el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, de la Organización Internacional del Trabajo.

Recomendación 21 sobre la violencia doméstica

147.Violencia doméstica : El nuevo Código Penal entró en vigor en febrero de 2014. Al igual que en el texto anterior, la violencia doméstica está tipificada como un delito específico. En los artículos 2:273 a 2:276 del Código Penal se tipifican como delito todas las formas de maltrato físico (la agresión simple, la agresión con arma y la agresión con agravantes) y se establece que esos delitos pueden ser castigados con penas de prisión de entre 4 y 12 años. En el artículo 2:277 se señala que la pena máxima impuesta a tenor de los artículos mencionados sobre los malos tratos se incrementará en un tercio cuando la víctima sea la madre, el padre, el marido o la esposa, la pareja, el hijo biológico o un hijo en acogida del agresor.

148.Las penas que pueden imponerse por malos tratos también se incrementarán en un tercio si la víctima del delito es una persona confiada al agresor para que la cuide, eduque o supervise en calidad de maestro, educador o entrenador deportivo, entre otros.

149.Desde 2000, la formación básica de 24 meses en la Academia de Policía de Aruba incluye varios módulos de capacitación sobre el tratamiento de las víctimas, incluidas las de violencia doméstica. Concretamente, en el módulo de protección legal se imparte capacitación a los alumnos sobre las normas jurídicas y el reglamento policial en lo que se refiere al apoyo a las víctimas, a su tratamiento, a sus derechos (por ejemplo, a recibir información pertinente y a solicitar una compensación financiera) y al proceso de remisión a la Oficina de Asistencia a las Víctimas. En el siguiente período de 24 meses de formación en la Academia de Policía, los alumnos —que ya trabajan en el cuerpo— participan en diversos módulos de capacitación relacionados con la asistencia a las víctimas.

150.Como se señaló en informes anteriores, la Fundación para las Mujeres en Dificultad ofrece atención ambulatoria y en residencias y desempeña un importante papel en la educación del público y en la sensibilización sobre la violencia contra la mujer.

151.Trata de personas : Según establece el nuevo Código Penal en su artículo 2:239, la trata de personas es un delito que puede castigarse con hasta 8 años de prisión (anteriormente el máximo era de 6 años) o una multa de 100.000 florines de Aruba. La pena puede alcanzar 12 años de prisión (anteriormente eran 8 años) si el delito fue cometido por dos o más personas asociadas o la víctima era menor de 16 años de edad. Se castiga con hasta 15 años de prisión (anteriormente, 12 años) si causó lesiones físicas graves o puso en peligro la vida de otra persona, y con hasta 18 años de prisión (anteriormente, 15 años) si causó el fallecimiento de la víctima. Este artículo del Código Penal abarca la trata tanto en el ámbito nacional como transnacional. Por otra parte, se ha incluido un nuevo artículo, el 2:240, que sanciona el uso de servicios prestados por víctimas de la trata de personas, si consta que estas han sido obligadas o coaccionadas a prestar esos servicios por los medios mencionados en el artículo 2:239 del Código. En ese caso, el delito se puede castigar con una pena máxima de 4 años de prisión o una multa de 25.000 florines de Aruba. La trata de esclavos es un delito y es punible con una pena máxima de 12 años de prisión o una multa de 100.000 florines según el artículo 2:241 del Código Penal. Con arreglo al artículo 2:239, todas las formas de explotación se castigarán con penas de entre 8 y 18 años de prisión o con una multa de 100.000 florines.

152.Desde 2011, en el contexto de la formación básica de los agentes de policía, inmigración y prisiones y en las actividades de capacitación ampliada para agentes en la Academia de Policía se imparten específicamente clases sobre la trata de personas. Desde 2012 esas clases también se imparten a oficiales de policía de nivel ejecutivo. En 2013 se proporcionó capacitación sobre ese tema entre las actividades que se organizan cada año el 18 de octubre, Día Nacional contra la Trata de Personas. Se informó a los representantes de varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales acerca de la trata de personas, de los resultados obtenidos del análisis de la situación y de un estudio que se iba a publicar sobre el comercio sexual en Aruba. En 2014 y 2015, representantes de varias organizaciones gubernamentales recibieron capacitación relacionada con la problemática de la trata de personas.

153.En Aruba, la Oficina de Asistencia a las Víctimas ayuda a las víctimas de la trata de diversas maneras, por ejemplo, procurándoles refugio, asistencia letrada, atención médica y apoyo en otros aspectos. La Oficina presta asistencia a las víctimas de todos los actos delictivos y trabaja ininterrumpidamente.

154.El 21 de enero de 2009 se aprobó el primer plan de acción multidisciplinario del Equipo de Tareas contra la Trata de Personas. Ese plan incluía desde actividades de publicidad o medidas de prevención y recaudación de fondos hasta investigaciones y procesamientos, un servicio de asistencia telefónica y ayuda para casos de emergencia. El plan fue modificado sucesivamente para los períodos 2011-2013 y 2013-2015. El plan de acción vigente, diseñado para el período 2015-2017, se basa en una política de tres vías: la prevención del sufrimiento humano que causa por la trata, el enjuiciamiento de los responsables y la protección de las víctimas. El plan de acción se inspira en un “modelo de barreras”, según el cual varios departamentos intercambian información para tener un panorama más completo del tamaño, el modus operandi y los cómplices de las organizaciones delictivas implicadas en la trata de seres humanos. A partir de esa información, el Gobierno puede imponer barreras en las esferas de la inmigración, la vivienda, la identidad, el trabajo y las finanzas para frustrar las acciones de esos delincuentes.

155.Reunificación de las familias : desde el informe anterior se han introducido los siguientes cambios normativos. En primer lugar, las personas de nacionalidad neerlandesa nacidas en Aruba, así como las nacidas fuera de Aruba que habían obtenido en la isla la nacionalidad neerlandesa por naturalización o por elección, tienen derecho de inmediato a la reunificación familiar si su cónyuge o sus hijos son nacionales de otro país. Además, se ha suprimido el límite máximo de tres años de empleo para los extranjeros, cuyo permiso puede prorrogarse si no hay disponible ningún nacional de Aruba cualificado para realizar el trabajo que estén desempeñando. Los nacionales extranjeros admitidos en Aruba tienen derecho a la reunificación familiar después de tres años de residencia, si se cumplen determinadas condiciones.

156.Solicitantes de asilo y sus familias : En el artículo 19 del Decreto de Admisiones de 2009 se establece que los solicitantes de asilo pueden permanecer en Aruba, así como optar a un empleo, mientras se tramita de conformidad con la Convención sobre los Refugiados su solicitud de asilo. Este artículo se aplica también al cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los convenios internacionales, como los relativos a la lucha contra la trata de personas.

Artículo 11Derecho a un nivel de vida adecuado

157.De conformidad con el reglamento de control de precios de Aruba (AB 1991 núm. GT 17), el Gobierno fija los precios máximos de los artículos que figuran en una lista de productos básicos. La última actualización de esa lista, junto con los precios máximos que pueden aplicar los mayoristas y minoristas a esos productos, se publicó en agosto de 2015. La lista incluye: arroz, harina de maíz, azúcar, alimentos para lactantes, café, té, margarina, leche en polvo, crema líquida para café, mantequilla y aceite comestible. También se aplican precios máximos a los huevos de gallina y al pan blanco.

158.Mejoras en las condiciones de vida : El Gobierno ha puesto en marcha los programas “Bo Aruba” (tu Aruba) y “Bo Bario” (tu barrio), que incluyen la renovación de los dos centros urbanos, Oranjestad y San Nicolás, así como de 20 barrios de la isla. La prioridad de estos programas es crear más parques y espacios públicos. Con objeto de seguir fomentando el capital social y una mayor cohesión social, en cada barrio se habilitarán nuevos centros comunitarios o alojamientos multifuncionales que ofrezcan una variedad de servicios sociales y actividades bajo el mismo techo a los ciudadanos de Aruba. En los últimos tres años, Aruba ha desarrollado considerablemente su capacidad de generación de energías renovables, al tiempo que ha reducido las emisiones. Actualmente cubre ya a partir de recursos renovables alrededor del 20% de sus necesidades energéticas.

Recomendación 24 sobre la pobreza

159.Oficialmente no se ha fijado un umbral de pobreza para Aruba. En junio de 2015 el nivel de subsistencia ajustado mensualmente de un hogar con un adulto se fijó en 2.075 florines de Aruba. Ese nivel se basa en las cifras del informe “Bestaansminimum 2010”, publicado por la Oficina Central de Estadística en colaboración con el Departamento de Salud Pública, el Departamento de Asuntos Sociales, el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria y la FCCA (una fundación especializada en viviendas sociales) y se ajusta mensualmente según la inflación sobre la base del índice de precios de consumo.

Artículo 12Salud

160.Lactancia materna : En 2010, el Gobierno de Aruba aprobó un Plan Nacional para Promover la Lactancia Materna. Los efectos se medirán en 2016, cuando el Departamento de Salud Pública lleve a cabo un estudio sobre la lactancia materna.

161.La Fundación Pro Lechi Mama (PLM) se creó en enero de 2002 con el fin de promover la lactancia materna en Aruba. PLM trabaja por este objetivo a través de la divulgación y apoyando a las mujeres que desean amamantar a sus hijos pero que al principio tienen dificultades por carecer de información. Las actividades de PLM han ayudado a impulsar la lactancia materna en Aruba. Como se señaló anteriormente, en 2016 se conocerán nuevos datos sobre la lactancia materna en la isla.

162.Obesidad : Atendiendo a la responsabilidad del Gobierno de adoptar una política amplia y clara encaminada a garantizar una educación de calidad y la mejor salud posible para los adolescentes, en 2011 se creó por orden ministerial un Comité Directivo en pro de una “Escuela Sana”, integrado por miembros del Departamento de Salud Pública, el Departamento de Educación y el Consejo Nacional de Deportes. El Comité Directivo elaboró el plan estratégico “Escuela Sana (2011-2016)”, con el fin de aplicar estrategias de política destinadas a cumplir los objetivos establecidos. Tras determinar los factores logísticos y evaluar la viabilidad, se puso en marcha un proyecto piloto en cinco escuelas. Tras el examinar los resultados del proyecto piloto, el plan se irá introduciendo en todas las escuelas de enseñanza primaria. A más largo plazo, se considerará también la posibilidad de ampliarlo a las escuelas secundarias.

163.Con el mismo objetivo de promover estilos de vida sanos y activos, en junio de 2012 se creó el Instituto Nacional de Vida Sana y Activa (Instituto Biba Saludabel y Activo, IBISA). Este organismo gubernamental tiene por finalidad fomentar un estilo de vida sano, basado en el ejercicio físico, el deporte y una nutrición adecuada.

164.En septiembre de 2015 se creó una plataforma para la atención a las personas de edad. Sus objetivos son garantizar el acceso de estas personas a servicios de atención, elaborar directrices para asegurar la calidad en los centros de atención prolongada y estimular la atención integrada.

Artículo 13Educación

165.La Ley de Enseñanza Obligatoria entró en vigor en diciembre de 2012. En ella se garantiza el acceso al sistema educativo a todos los niños, con independencia de su condición jurídica. La enseñanza es obligatoria para todos los niños de 4 a 16 años.

166.Asistencia financiera para los padres : Los padres cuyos ingresos anuales sean inferiores a 37.000 florines de Aruba tienen derecho a recibir ayuda financiera para el pago de libros de texto, una calculadora científica y el costo del transporte en autobús. Los padres que reciban prestaciones de seguridad social tienen ahora derecho a recibir una suma de 200 florines de Aruba por cada hijo escolarizado, además de ayuda financiera del Gobierno para sufragar los gastos escolares. Estas disposiciones se refieren a los niños que asisten a jardines de infancia o a centros de enseñanza general a tiempo completo y que viven con sus padres.

167.Programa de actividades extraescolares : El Gobierno presentó en 2014 un programa de actividades extraescolares. El objetivo es ofrecer una serie estructurada de actividades supervisadas para alumnos de enseñanza secundaria, en un entorno seguro, con el fin de alentar a los niños a estudiar y de estimular su desarrollo personal. Se ofrecen actividades todos los días, fuera del horario escolar normal. La supervisión se basa en un enfoque educativo específico que se detalla en un plan de enseñanza. El programa cubre el transporte, una comida y ayuda con los deberes escolares.

Artículo 15Participación en la vida cultural

168.En 2014 se presentaron 12 prioridades en materia de política, de las cuales las 4 más importantes son las siguientes:

La digitalización y documentación del patrimonio cultural de Aruba;

La educación artística y cultural en el sentido más amplio, la estructuración y la inclusión de un programa cultural en el plan de estudios;

El emprendimiento cultural;

La elaboración de un calendario cultural moderno en formato digital para ponerlo a disposición de la comunidad local y de los turistas.

169.La División de Investigación y Documentación del Departamento de Cultura colaborará de forma permanente con la Universidad de Aruba y el Ministerio de Turismo para proteger el patrimonio cultural e histórico de la isla. El papiamento, como lengua nativa de la población de Aruba, es una parte esencial de ese patrimonio.

170.Desde 2006 existe el proyecto escolar “Contacto Cultural”, preparado especialmente para las escuelas primarias. Alrededor de 1.200 alumnos participan en este encuentro anual, en el que las diversas instituciones culturales proporcionan información acerca de sus actividades. Cada año está dedicado a un tema concreto. Entre los asociados culturales de esta iniciativa figuran la Biblioteca Nacional, el Museo de Arqueología, el Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca y los Archivos Nacionales.

171.El Ministerio de Cultura ha puesto en marcha la iniciativa Aruba Mural Projects, que pone de relieve el arte urbano y en el que participan activamente los niños en edad escolar asistiendo a talleres y produciendo sus propias obras de arte urbano. El proyecto “Arte di Palabra” se centra en el uso correcto del papiamento entre los jóvenes. Este proyecto se está llevando a cabo actualmente en estrecha cooperación con centros de enseñanza secundaria.

Recomendación 7 sobre el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos

172.Aruba está adoptando medidas para elaborar un plan de acción nacional en materia de derechos humanos sobre la base de los últimos informes periódicos presentados de conformidad con los instrumentos de derechos humanos y las recomendaciones internacionales que de ellos resultan. Este plan de acción integrado, que abarca un amplio espectro de derechos humanos, con prioridades y pautas de aplicación previamente establecidas, promoverá la observancia y la aplicación de los derechos humanos en Aruba.

Recomendación 10 sobre un instituto nacional de derechos humanos

173.El Comité Interdepartamental de Derechos Humanos de Aruba y el Comité de los Derechos del Niño son dos órganos encargados de asesorar al Gobierno en la política de derechos humanos, vigilar el cumplimiento legislativo de las disposiciones de las convenciones, informar al público sobre las obligaciones que incumben a Aruba en virtud de las convenciones y redactar los informes nacionales que deben presentarse en cumplimiento de diversos tratados internacionales de derechos humanos. El Gobierno de Aruba se comprometió durante el último Examen Periódico Universal a crear en un futuro próximo, sobre la base de los Principios de París, un instituto de derechos humanos independiente similar al de los Países Bajos. En julio de 2014, una delegación de Aruba, junto con representantes de Curaçao y San Martín, visitó el Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos con el fin de recabar información. Con arreglo a la información obtenida y a los contactos que se establezcan, Aruba decidirá las siguientes medidas que debe adoptar. El Parlamento de Aruba ha anunciado que está trabajando en una iniciativa para introducir próximamente las figuras del Defensor del Pueblo y del Defensor del Niño.

Recomendación 22 sobre el castigo corporal

174.El castigo corporal está prohibido por ley en las escuelas de Aruba, y actualmente se está modificando el Código Civil para prohibir a los padres que sometan a sus hijos a violencia mental o física o a cualquier otro trato degradante.

Recomendación 16 sobre el desempleo

175.El Gobierno ha invertido en los siguientes programas para combatir el desempleo en Aruba:

Enseñansa pa Empleo (“Educación para el empleo”): El Gobierno ofrece educación para los adultos solicitantes de empleo a fin de que puedan ampliar sus conocimientos o aprender un nuevo oficio.

Programa de Formación Social: El Gobierno también ha introducido un programa de capacitación dirigido a jóvenes varones residentes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan, ni poseen calificaciones. Realizan un entrenamiento físico y aprenden disciplina, normas de conducta y valores. A esta instrucción (de estilo militar) sigue una formación profesional especializada para multiplicar sus posibilidades en el mercado de trabajo.

Programa de trabajo y estudios: El Servicio de Libertad Asistida, Rehabilitación y Protección de la Juventud de Aruba también lleva a cabo un programa de educación y formación profesional para jóvenes “en situación de riesgo” y jóvenes infractores con el fin de integrarlos en el mercado de trabajo.

En junio de 2014, el Gobierno puso en marcha un programa denominado “Ban Traha” (“Vamos a trabajar”). Este programa se basa en la cooperación entre el Departamento de Trabajo, el Departamento de Desarrollo Laboral y el Departamento de Asuntos Sociales, y tiene por objeto que 500 beneficiarios de prestaciones sociales puedan incorporarse al mercado de trabajo en un plazo de dos años. La atención individualizada es un elemento clave: cada participante es estrechamente supervisado por el mismo mediador laboral a lo largo del programa.

Recomendación 17 sobre trabajadores del servicio doméstico

176.El horario de trabajo, los períodos de descanso y la remuneración de las horas extraordinarias del personal doméstico (empleadas de hogar internas) están ahora regulados en la legislación, de modo que ese personal goza ahora de más protección que antes. Si el número de horas trabajadas por un empleado o empleada del servicio doméstico supera el máximo previsto, se le deberá abonar una prima del 50%, mientras que si trabaja en un día de descanso o en un festivo oficial, la prima tendrá que ser del 100%. La mayoría de los servicios domésticos son prestados por mujeres. La remuneración que reciban no puede ser inferior al salario mínimo legal.

Recomendación 39 sobre la difusión de las observaciones finales

177.El Departamento de Relaciones Exteriores de Aruba está actualizando la información sobre derechos humanos de su sitio web y publicará los distintos informes sobre las convenciones que incumben a Aruba, junto con las recomendaciones de los comités de las Naciones Unidas. En el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos se abordará la educación sistemática del público sobre cuestiones de derechos humanos.

4.Curaçao

4.1Introducción

178.Esta parte del informe se ha preparado mediante consultas interministeriales y diálogo con las ONG, con la coordinación del Departamento de Relaciones Exteriores. Las siguientes organizaciones participaron de manera particularmente activa: la Oficina Central de Estadística (Centraal Bureau voor de Statistiek), SEDA (organización de mujeres), la Fundación de Apoyo a las Víctimas (Stichting Slachtofferhulp), FMA & Brasami (organizaciones de rehabilitación de toxicómanos), Amnistía Internacional Curaçao, el Ministerio de Salud, Ambiente y Naturaleza, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Asuntos Generales y el Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar.

Recomendación 7 sobre el plan de acción nacional de derechos humanos y recomendación 10 sobre la institución nacional de derechos humanos

179.En la actualidad, Curaçao carece de un plan de acción nacional de derechos humanos. Se están estudiando las posibilidades de establecer una institución de derechos humanos conforme a los Principios de París y de redactar una política nacional de derechos humanos.

Recomendación 33 sobre la construcción institucional y la integración de los derechos económicos, sociales y culturales en la legislación

180.Los artículos 21 a 27 de la Constitución de Curaçao establecen que los derechos económicos, sociales y culturales son responsabilidad de las autoridades. En particular, se señalan a la atención del Comité los artículos 23, 25 y 27 (en el cuadro 14 del anexo figura la traducción de esas tres disposiciones). Entre los ejemplos de integración de derechos en la legislación se encuentran las ordenanzas nacionales sobre la escolarización obligatoria, el empleo para los jóvenes que buscan trabajo, los horarios laborales, el seguro básico, el seguro de salud, la sanidad pública, las medidas para luchar contra las enfermedades infecciosas y la obligación de que los jóvenes sin aptitudes profesionales básicas tomen un curso para aumentar al máximo sus posibilidades de encontrar empleo.

4.2No discriminación e igualdad de trato

Recomendación 11 sobre las leyes de lucha contra la discriminación

181.De conformidad con el artículo 101 de la Constitución de Curaçao (Staatsregeling), los tribunales pueden revisar las ordenanzas nacionales para asegurarse de que se ajustan a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 3 a 21 de la Constitución. También se infiere del artículo 3 que todas las personas en Curaçao reciben el mismo trato en las mismas circunstancias. Está prohibida la discriminación por motivo de religión, opinión política o de otra índole, raza, sexo o cualquier otro motivo. Por ende, estos artículos constituyen una salvaguardia contra la discriminación en la legislación.

Recomendación 13 sobre las personas con discapacidad

182.En el informe de 2004 titulado “La política de discapacidad es responsabilidad de todos” (Gehandicap-tenbeleid gaat iedereen aan) se establece que una gran porción de las personas con discapacidad mental y física se enfrentan a obstáculos físicos y sociales en su vida cotidiana que les impiden participar (o seguir participando) en la sociedad. Como se señala en el informe, “la prestación de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad de ninguna manera tiene en cuenta esa realidad”. La exclusión social de las personas con discapacidad se ve agravada por el hecho de que no están muy organizadas como grupo. Esta situación se sigue produciendo hoy y sigue siendo motivo de preocupación para el Gobierno de Curaçao.

183.El Gobierno de Curaçao está considerando la posibilidad de extender el ámbito de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) a Curaçao, una vez haya sido ratificada por el Reino de los Países Bajos. Por consiguiente, Curaçao está redactando políticas y leyes para aplicar la Convención.

Recomendación 14 sobre la igualdad de género

184.Con el fin de aumentar y reforzar la eficacia de las políticas y estrategias, el 6 de septiembre de 2013 el Gobierno estableció una base de datos de ofertas de empleo en que se prestan varios servicios a las mujeres y los hombres desempleados. Las funciones fundamentales de la base de datos son promover la independencia económica de las mujeres, en especial de las madres de niños pequeños, y facilitar el acceso al mercado laboral para las mujeres. Junto a los principales empleadores de Curaçao, el Gobierno también fundó la Coalición Nacional para el Empleo de Calidad a fin de organizar proyectos de largo plazo con formación en el empleo.

185.La Ley de la Licencia de Maternidad constituye un ejemplo de ley para mejorar las modalidades de trabajo. Las normas sobre la estructuración de los horarios de trabajo son aplicables a los hombres y a las mujeres. Incluso algunas empresas han aprobado sus propias políticas internas para permitir a los hombres que tomen una licencia de paternidad.

186.En Curaçao muchas mujeres ocupan cargos importantes. Actualmente, la gobernadora es mujer. Antes de su disolución, las Antillas Neerlandesas habían contado con 5 mujeres en el cargo de Primer Ministro y algunas de ellas tuvieron más de un mandato. La primera de ellas asumió el cargo hace muchos años, en 1977. En cuanto a la participación de la mujer en la vida política, 6 de los 21 parlamentarios y 2 de los 9 ministros son mujeres (el 28,6% y el 22,2%, respectivamente).

187.En los cuadros 9 a 11 del anexo figura información estadística sobre la posición económica de la mujer, en comparación con la del hombre, en Curaçao.

4.3Empleo y seguridad social

Derecho a trabajar y recomendación 16 sobre el desempleo

188.En 2013, la Oficina Central de Estadística publicó datos que indicaban que el 37,2% de los jóvenes en el grupo de edad de los 15 a los 24 años estaban desempleados. Como se señaló anteriormente, el Gobierno estableció una base de datos de ofertas de empleo en 2013. El objetivo principal es informar exitosamente a las personas que buscan empleo de las ofertas de trabajo disponibles. Se están adoptando medidas para introducir una base de datos de voluntarios para las personas jubiladas y desempleadas que aún están dispuestas a contribuir a la sociedad compartiendo sus conocimientos y su experiencia. Como se señaló anteriormente, se está dando a los jóvenes en el extranjero la oportunidad de postular a empleos mediante la base de datos para que encuentren trabajo en Curaçao y contribuyan de esta manera a la isla en que nacieron.

189.El Gobierno también está adoptando medidas para promover el derecho a trabajar mejorando la eficacia de los programas por conducto de las principales partes interesadas; por ejemplo, concertando protocolos con grandes empresas en la isla, como la refinería ISLA.

Condiciones de trabajo

190.Desde el informe anterior no se han producido cambios importantes en la legislación relativa al salario mínimo. Por otro lado, en virtud de la Ordenanza sobre el Salario Mínimo Nacional, la remuneración mínima por hora se ha ajustado al índice de precios al consumidor (hogares). En 2015, asciende a 8,15 florines antillanos. El decreto del salario mínimo establece que la remuneración mínima por hora para todos los tipos de empleo es de 8,15 florines antillanos, también en el caso de los trabajadores domésticos. No se han producido cambios importantes en relación con la Ley del Horario de Laboral desde el informe anterior.

Recomendación 17 sobre los trabajadores domésticos

191.No existe legislación particular sobre las prestaciones de la seguridad social para los trabajadores domésticos. En términos generales, este grupo se rige por la ordenanza sobre la jubilación, la ordenanza sobre las prestaciones de viudez y orfandad, y la ordenanza sobre el seguro de salud básica. Los trabajadores domésticos reciben protección adicional en cuanto a los regímenes de vacaciones, horarios y salario mínimo.

Recomendación 19 sobre el uso de la asistencia social

192.En 2012, se instauró la gratuidad de la educación (Enseñanza Liber) para los niños que asisten a la escuela primaria y secundaria. Este plan está financiado con fondos públicos. Enseñanza Liber ha contribuido a reducir los gastos de las personas que viven con el ingreso mínimo o menos. Además de la enseñanza gratuita para sus hijos, los padres que solo cuentan con el ingreso mínimo también pueden solicitar apoyo económico para la asistencia a la escuela, el vestido y el transporte.

193.Desde 2010, los niños tienen la posibilidad de recibir una comida gratuita, caliente y equilibrada durante el horario escolar a petición de sus padres. Estas comidas son planificadas por un especialista en nutrición. Aún no se ha calculado el número de niños beneficiarios en el proyecto Kuminda Kayente, pero, debido a su éxito, se introducirá un “proyecto de desayuno” destinado al mismo grupo.

194.La Oficina de Mediación Social tiene por objeto promover la intervención social en las controversias. Ha aumentado el número de causas judiciales subvencionadas para las personas que solo cuentan con el ingreso mínimo (1.500 florines antillanos). El Gobierno presta asistencia gratuita en asuntos familiares, por ejemplo en casos relativos al mantenimiento, el divorcio o la herencia, lo que ayuda a evitar los gastos resultantes de los trámites judiciales. Si las partes no están satisfechas con la mediación organizada a través de la Oficina, pueden recurrir a los tribunales y obtener asistencia jurídica para cubrir los gastos.

Recomendación 24 sobre la lucha contra la pobreza

195.En 2008 se elevó el umbral de pobreza a 2.195 florines antillanos y en 2012 se elevó de nuevo, a 2.500 florines antillanos, en el supuesto de una familia con dos progenitores y dos hijos.

196.El Ministerio de Desarrollo Económico ha reducido los impuestos de ventas de ciertos productos básicos, conocidos como “Makutu Basiko” (vegetales frescos, cereales, arroz, judías y leche en polvo) a menos del 6%. El Gobierno también está intentando reducir los gastos de las personas que cuentan únicamente con el ingreso mínimo. Algunas ONG y el Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar administran diversos programas de lucha contra la pobreza centrados en los derechos económicos, sociales y culturales.

Licencia de maternidad

197.En 2012 se aprobó la ordenanza nacional sobre las prestaciones por subsidio de maternidad que modifica al Libro 7A del Código Civil de las Antillas Neerlandesas. Con la ordenanza se procura, entre otras cosas, promover la salud y la seguridad de la madre y el hijo y protegerlos durante el embarazo y la maternidad, y ajustarse así a las normas internacionales. Como consecuencia del nuevo artículo (artículo 1614ca del Libro 7A) del Código Civil, las empleadas que no pueden trabajar debido al embarazo o la maternidad tienen derecho a seguir recibiendo el salario completo, como mínimo dos semanas antes de la fecha de alumbramiento prevista y hasta seis semanas antes de dicha fecha, además de seguir recibiéndolo al menos ocho semanas después del parto y, como máximo, hasta la duodécima semana después de este. Además, los nuevos párrafos 7 y 8 del artículo 1615h disponen protección para las empleadas al prohibir que los empleadores rescindan su contrato durante la gestación o la licencia de maternidad por razones relacionadas con el embarazo. Asimismo, las mujeres embarazadas tienen la posibilidad de no trabajar en la noche ni pasar mucho tiempo de pie en el trabajo. Las mujeres también tienen derecho a hacer pausas para lactar o extraer leche.

198.En 2012, la licencia de maternidad se amplió de 12 a 14 semanas, de conformidad con el Convenio núm. 183 de la OIT. La introducción del derecho a la lactancia en el lugar de trabajo, contenido en el Código Civil, facilita la reincorporación de las madres al trabajo. Algunos empleadores también prevén la posibilidad de la licencia de paternidad. Los nuevos artículos del Código Civil han creado la flexibilidad necesaria para que los padres y madres aprendan a dividir sus funciones y deberes.

Recomendación 18 sobre el derecho a la huelga

199.De conformidad con el Convenio núm. 87 de la OIT, los artículos 5 y 6 de la Carta Social Europea y las leyes nacionales, los trabajadores tienen derecho a afiliarse a un sindicato independiente sin el consentimiento del Gobierno ni otras restricciones innecesarias. La ley prohíbe expresamente la discriminación y las represalias por actos de huelga legítimos (art. 6:645 a 647, Código Civil de Curaçao). Si bien los funcionarios públicos siempre han gozado del derecho a la huelga, las restricciones impuestas a este derecho han permanecido vigentes demasiado tiempo si se analizan a la luz del artículo 8, párrafo 1 d), del Pacto, y del artículo 6, párrafo 4, de la Carta Social Europea. En la práctica, estas restricciones han resultado obsoletas. En 2013, un comité interministerial detectó inconsistencias en la legislación nacional, por ejemplo, en el Código Civil, el Código Penal y la Ordenanza del Derecho Sustantivo de la Administración Pública (OJ 2010 np. 87), y modificó las disposiciones para ajustarlas al artículo 8, párrafo 1 d), del Pacto, y al artículo 6, párrafo 4, de la Carta Social Europea. A raíz de estas modificaciones en 2014 hubo cambios en las restricciones al derecho a la huelga de los funcionarios públicos.

4.4Salud

200.No hay estadísticas exactas sobre el consumo de drogas ni el tráfico de drogas en la isla. Entre los tratamientos disponibles se encuentra el centro cerrado de atención Brasami (tratamiento obligatorio) para hombres, mujeres y niños, y el centro Speransa para el tratamiento voluntario de hombres, mujeres, niños y niñas.

201.La FMA, otra organización de rehabilitación, presta tratamiento ambulatorio a las personas que desempeñan una actividad diaria (académica o laboral). También cuenta con un equipo de tratamiento externo que visita a los pacientes en el entorno del hogar. Además, la FMA dispone de un centro de atención sin cita previa que proporciona alojamiento nocturno a los adictos crónicos en el centro de la ciudad. Sin embargo, no ofrece tratamiento, simplemente ofrece atención y contacto humano para aminorar los daños y reducir al mínimo las molestias.

202.En el cuadro 13 del anexo figura un resumen de los embarazos precoces en Curaçao (solicitado en la recomendación 27).

4.5Protección de la familia

Recomendación 21 sobre la violencia doméstica

203.La violencia doméstica aún no se ha tipificado específicamente como delito. Sin embargo, se introdujo en 2013 un proyecto de ley presentado por un parlamentario para reglamentar este ámbito mediante una ordenanza nacional, y el Servicio de la Fiscalía ha dado instrucciones para ocuparse de los casos de violencia en las relaciones. En 2012, el Gobierno, junto con ONG, presentó un plan nacional para poner fin a la violencia doméstica y el maltrato de niños.

204.Diversas ONG, como SEDA y el Centro de Apoyo a las Víctimas, realizan actividades de concienciación sobre la violencia doméstica, por ejemplo mediante campañas y actividades especiales, tales como las veladas de cine y debate, y emisiones de radio y televisión.

205.Los días 28 y 29 de mayo de 2012, la Alianza Nacional, una ONG creada para luchar contra la violencia doméstica, organizó un “diálogo nacional”. Entre los participantes se encontraban funcionarios públicos, asesores de política y otras partes. El Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar también está trabajando para luchar contra este problema y está colaborando con la Alianza Nacional para establecer un sistema inteligible y estructurado y formular una política eficaz.

206.Hay escasez de datos. En su informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Curaçao, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cita cifras publicadas por la oficina del Fiscal General, a saber, que el número de casos registrados de violencia de género aumentó de 45 en 2008 a 103 en 2009. En 2013, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) observó correctamente que probablemente se trata solo de la punta del iceberg, entre otras cosas porque estas cifras no incluyen los casos de maltrato psicológico.

207.El Servicio de la Fiscalía ha establecido en detalle normas internas de actuación de la policía en casos de violencia doméstica. En el Plan de Acción Nacional se recomienda que haya cambios y que estas normas internas se conviertan en un decreto, que podría ser invocado por la población. Otra de las recomendaciones es establecer una dependencia especial de violencia doméstica dentro de la policía para que los casos de violencia doméstica puedan abordarse de manera más profesional.

208.El Plan Nacional también prevé más investigación y la introducción de datos y registros normalizados. Un observador hará seguimiento de la violencia contra la mujer, en particular la violencia doméstica.

209.Las cifras del cuadro 12 del anexo, provenientes del Centro de Apoyo a las Víctimas, muestran el número total de casos de violencia doméstica tratados por ese Centro de 2010 a 2013 y el número de denuncias interpuestas por los usuarios del Centro ante la policía por motivos de violencia en las relaciones de pareja. Los porcentajes entre paréntesis representan la proporción del número de denuncias de violencia en las relaciones frente al número total de denuncias presentadas anualmente por conducto del Centro de Apoyo las Víctimas.

210.Los usuarios del Centro de Apoyo a las Víctimas que son objeto de violencia en las relaciones de pareja en ocasiones abandonan sus viviendas y reciben otro tipo de alojamiento. El Centro puede enviar a estas personas a dos hogares: Time Out Curaçao (TOC) y Parada. El primero es un hogar seguro para las víctimas de la violencia en las relaciones de pareja y la trata de personas. El segundo es una suerte de hogar de transición abierto dirigido a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja que ya no corren peligro. En los dos hogares ingresaron 34 personas en 2014, frente a 31 personas en 2013.

211.Uno de los métodos satisfactorios de rehabilitación de las víctimas se conoce como “prácticas restaurativas”, que supone que el autor y la víctima hablen frente a frente. Esta terapia es facilitada por SEDA. Se ha formado en esta técnica al personal de varias organizaciones asociadas del sistema de justicia penal y a organizaciones de apoyo psicosocial, entre otros.

Recomendación 35 sobre la trata de personas

212. El nuevo Código Penal de Curaçao, que tipifica como delito la trata de personas, entró en vigor en noviembre de 2011. La trata de personas fue uno de los temas que se abordó concretamente en una campaña de información al público sobre los cambios introducidos en el nuevo Código. Desde hace algunos años, se está realizando una campaña general para informar al público sobre la trata de personas. Desde 2007, un grupo de trabajo multidisciplinario en Curaçao ha organizado campañas de información pública al respecto. En 2008 y 2011, los Ministros de Justicia de los países que integran el Reino de los Países Bajos firmaron memorandos de entendimiento para aunar esfuerzos en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

213.En 2014, fueron juzgadas las primeras dos personas en ser acusadas de trata sexual.

Recomendación 31 sobre los migrantes

214.El Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar ha iniciado un proyecto para evaluar las repercusiones de los migrantes en la sociedad. El objetivo es obtener información sobre los problemas de migración e integración en Curaçao. El proyecto se inició porque en la actualidad prácticamente no se cuenta con datos sobre los migrantes en la sociedad de Curaçao, ni sobre la manera en que estas personas afectan los sistemas de salud y educativos y los conflictos laborales. Gran parte de la información disponible es anecdótica. El objetivo del proyecto es obtener datos fiables que sirvan de fundamento para la formulación de una política específica para los jóvenes y mujeres migrantes. Se celebró una conferencia titulada “Un niño indocumentado en Curaçao” como parte de este proyecto.

5.San Martín

Libre determinación (artículo 1)

215.Tal como se describe en los informes periódicos cuarto y quinto relativos a las Antillas Neerlandesas, presentados en 2008, entre 2000 y 2005 se celebró una serie de referendos sobre la modificación del estatuto constitucional de las Antillas Neerlandesas. En el referendo celebrado en San Martín el 23 de junio de 2000, el 69,9% de la población votó a favor de convertirse en un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos, el 11,6% votó a favor de convertirse en parte de los Países Bajos, el 14,2% votó a favor de convertirse en un Estado independiente y el 3,7% se mostró partidario de seguir formando parte de las Antillas Neerlandesas. El 10 de octubre de 2010, San Martín logró su autonomía, tal como se menciona en el párrafo 3 del presente documento.

216.Teniendo en cuenta el importante esfuerzo realizado para alcanzar este estatuto y su importancia para la población de San Martín, la defensa del derecho universal a la libre determinación es primordial para el Gobierno. Esto está consagrado en el preámbulo de la Constitución.

Asistencia y cooperación internacionales (artículo 2)

217.El donante más importante de ayuda para el desarrollo a San Martín, en forma de financiación para proyectos y programas, es la Unión Europea (UE). San Martín también recibe ayuda para el desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en forma de asistencia técnica. Tras la disolución de las Antillas Neerlandesas, a partir de 2015, los Países Bajos ya no intervienen como donante de ayuda para el desarrollo a San Martín.

218.En su calidad de PTU (países y territorios de ultramar), condición heredada tras la disolución de las Antillas Neerlandesas, San Martín mantiene una relación especial con la Unión Europea. San Martín puede recibir financiación de la Unión Europea para sus proyectos y programas financiados a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED). El décimo FED y el Programa de Cooperación Territorial Europea estaban en vigor durante el período objeto de examen. Una suma de 4,75 millones de euros y el 30% de 10 millones de euros (3 millones de euros) se hizo llegar a través de la asignación territorial del FED y el Programa de Cooperación Territorial Europea, respectivamente. Entre los proyectos se encuentran los siguientes:

i)Mejoras en Dutch Quarter;

Mejora en el alcantarillado, el drenaje, el agua potable y la infraestructura vial en la zona de Dutch Quarter y eliminación de la contaminación en forma de nutrientes y agentes patógenos sobre masas de agua superficiales y zonas costeras;

ii)Proyecto piloto innovador perteneciente al Programa de Cooperación Territorial (2014-2020);

Este proyecto piloto podrá fusionar potencialmente los fondos de desarrollo disponibles a través del FED con los fondos regionales disponibles mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Incluye un Estado miembro de la Unión Europea (Francia), una colectividad francesa de ultramar (Saint Martin) y un PTU (San Martín). Entre los posibles proyectos se encuentran los siguientes:

1)Construcción de una planta de tratamiento conjunto de aguas residuales en Cole Bay (San Martín);

2)Iniciativas encaminadas a la protección y el desarrollo sostenible conjuntos de la Laguna de la Bahía Simpson;

3)Construcción de un canal principal en la zona de Belle Plaine perteneciente a French Quarter;

4)Creación de una estructura de cooperación conjunta de ambas partes de la isla.

219.San Martín también participó en programas regionales y temáticos en el marco del décimo FED. El programa regional se centra en las pequeñas y medianas empresas (pymes), a fin de fortalecer la capacidad del Estado de prestar servicios al sector empresarial, así como de mejorar la capacidad de las organizaciones que prestan servicios empresariales, y de aumentar las relaciones comerciales y de inversión entre la Unión Europea, el Foro del Caribe del Grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (CARIFORUM), y los del PTU del Caribe. El programa temático tiene por objeto aumentar la capacidad de innovar de los PTU mediante la mejora de los vínculos entre las principales partes interesadas (es decir, el sector privado, la investigación, la educación y las autoridades públicas). En 2014 San Martín se convirtió en el Ordenador Regional para todos los PTU del Caribe para un Programa Regional para el Caribe en el marco del undécimo FED sobre “Energía Sostenible y Biodiversidad Marina”.

220.Respecto de la cooperación con el PNUD, en diciembre de 2012 se inició un nuevo programa: “Contruyendo una Nación. Plan Nacional de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional para San Martín”. Este programa apoyará el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo nacional y la construcción nacional, haciendo especial hincapié en el logro de una visión nacional y un plan nacional de desarrollo.

Igualdad (artículo 3)

221.La Constitución de San Martín establece que todas las personas recibirán, en igualdad de circunstancias, el mismo trato. No se permitirá discriminación alguna por motivos de religión, creencias, convicción política, raza, color de la piel, sexo, idioma, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, propiedades, nacimiento o por cualquier circunstancia (artículo 16). Asimismo, el Código Penal prohíbe que se socave el derecho de los demás al ejercicio de las libertades fundamentales. San Martín también reconoce plenamente su responsabilidad con respecto a las normas internacionales. El Convenio núm. 111 de la OIT (Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación)) se aplica en San Martín. Además, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, ya sea en la familia, en las relaciones laborales, en cuestiones de propiedad o sucesiones, o en el sistema judicial.

222.Las mujeres continúan estando representadas en la población activa, con una tendencia al alza hacia puestos de renta media y renta media alta. Esto tiene una relación directa con el aumento del número de mujeres con estudios superiores. Además, las mujeres siguen ocupando puestos clave en el Gobierno, que van desde jefas de departamento hasta ministras, así como escaños en el Parlamento. Más recientemente, también hemos asistido a un aumento de la representación de los inmigrantes en la escena política.

Limitación de derechos (artículos 4 y 5)

223.La Constitución de San Martín define claramente los casos en que pueden limitarse los derechos de una persona. Las limitaciones de derechos específicos figuran en los artículos 9 (libertad de religión), 27 (libertad personal) y 112 (estado de emergencia) de la Constitución. El artículo 31 establece que las restricciones de los derechos fundamentales serán necesarias y proporcionales y se definirán de la forma más detallada posible. El Parlamento no podrá aprobar un proyecto de ordenanza nacional que contenga restricciones de los derechos fundamentales o decidir proponer dicho proyecto para su aprobación sin una mayoría absoluta de los votos emitidos por los miembros en ejercicio.

Derecho a trabajar (artículo 6)

224.En el artículo 20 de la Constitución de San Martín se reconoce el derecho de todos los ciudadanos de los Países Bajos a elegir libremente su trabajo, salvo las limitaciones que se establezcan por o en virtud de una ordenanza nacional. Además, el Gobierno está decidido a garantizar entornos de trabajo inclusivos, seguros, saludables y productivos, así como un trato justo a todos los empleados y la observancia de la legislación laboral. La Dirección de Empleo, dependiente del Ministerio de Salud Pública, Desarrollo Social y Trabajo, se encarga de velar por ello.

225.El Ministerio de Salud Pública, Desarrollo Social y Trabajo, bajo los auspicios de la Agencia de Asuntos Laborales, atiende a personas desempleadas. Estas personas son enviadas a posibles empleadores y se les orienta para que puedan tener derecho a recibir asistencia financiera y asistencia médica durante el período de desempleo. La mencionada agencia ejecuta ordenanzas para la protección de las personas vulnerables, incluidos, por tanto, los desempleados y aquellos que no pueden satisfacer necesidades básicas tales como la atención médica, la alimentación, el alojamiento y la vestimenta.

Desempleo

226.En 2009, la tasa general de desempleo se situaba en el 12,2% y la tasa de desempleo juvenil en un 29,4%. Desde entonces, como se ilustra en el cuadro 15 que figura en el anexo, el nivel de desempleo ha descendido constantemente, debido a los esfuerzos realizados para compaginar la formación académica y la capacitación con las necesidades del mercado de trabajo. Esto es fruto de la estrecha relación de trabajo establecida entre la Agencia de Asuntos Laborales y el Ministerio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes. La Agencia de Asuntos Laborales inició el proyecto de formación “Empleabilidad mediante la Capacitación”, centrándose principalmente en las personas desempleadas de entre 18 y 25 años y en el aumento de la formación profesional. Asimismo, ambas entidades integran el Consejo para la Educación y el Trabajo (Raad van Onderwijs en Arbeid), creado para evaluar y orientar las políticas y la legislación a la dinámica del mercado de trabajo y a la educación.

227.Existe un comité de mediación integrado por miembros representantes de sindicatos, organizaciones de empleadores y el Gobierno, cuya misión es mejorar el diálogo entre los interlocutores sociales y, por extensión, las condiciones sociales y económicas de San Martín. Este comité ha acordado aumentar periódicamente el salario mínimo y fomentar la flexibilidad del mercado de trabajo. Además, este comité se comprometió a abordar las cuestiones relacionadas con el empleo estacional y los contratos de breve duración, así como a crear un grupo de trabajo para realizar exámenes periódicos sobre temas como la capacitación, los trabajadores migrantes, el desempleo juvenil y los ajustes del costo de la vida.

Condiciones de trabajo (artículo 7)

228.El Ministerio de Salud Pública, Desarrollo Social y Trabajo ha elaborado y presentado un folleto en el que se esbozan los derechos del trabajador. Además, el Reglamento del Trabajo del año 2000 fue creado para evitar los daños que podrían sufrir los empleados en el trabajo, en particular los daños causados por un número excesivo de horas de trabajo y de insuficientes períodos de descanso. Esta legislación abarca horarios de trabajo, pausas, períodos de descanso, trabajo en servicio continuo con un empleador, horas extraordinarias, trabajo infantil, trabajo nocturno, trabajos peligrosos y trabajo del personal doméstico. Todos los empleados y empleadores contribuyen al sistema de la seguridad social mediante primas. Las políticas de legislación laboral no se aplican a funcionarios públicos, marineros, estibadores y trabajadores autónomos.

229.El Servicio de Inspección Laboral es responsable del cumplimiento de la legislación laboral y de las normas laborales. En caso de detectarse o constatarse infracciones, se notificará a las partes responsables y se espera que pongan remedio a la situación. Los representantes de los trabajadores y los empleados a título individual pueden solicitar la asistencia de la Sección de Quejas de la Agencia de Asuntos Laborales si así lo desean.

Derecho a la seguridad social (artículo 9)

230.La gestión de los seguros sociales y de salud corre a cargo de la Zelfstandige Bestuursorganisatie Sociale en Ziektekostenverzekering (SZV). Esta organización se encarga de ejecutar y gestionar los fondos del Plan General de Seguro de Vejez, el Plan General de Pensiones para Viudas y Huérfanos y el Plan de Prestaciones de los Cónyuges/Parejas.

231.Las personas que son residentes en San Martín y han pagado impuestos sobre la renta a lo largo de los años perciben prestaciones de la seguridad social después de cumplidos los 60 años. En 2015, el 7% de la población recibía prestaciones de la seguridad social. Dentro de diez años (2025), se estima que esta cifra será de alrededor del 15% de la población y en 2035 se espera que represente aproximadamente el 25% de la población. Los cuadros 16 y 17 que figuran en el anexo ofrecen información estadística adicional sobre el número de beneficiarios de la seguridad social.

Asistencia social

232.El Gobierno de San Martín ofrece asistencia social a los residentes que disponen de pocos medios para vivir o que carecen de ellos. El acceso a asistencia económica, asistencia médica, asistencia letrada y atención en crisis guarda relación directa con el ingreso mensual bruto de un residente de San Martín y otros criterios establecidos por la ley. Otros tipos de asistencia social que están a disposición de todas las personas que residen en San Martín son asesoramiento y orientación y mecanismos de atención en crisis a través de ONG. Los cuadros 18 a 20 que figuran en el anexo ofrecen información estadística sobre el número de beneficiarios.

Protección de la familia (artículo 10)

233.La familia es uno de los pilares más importantes de la sociedad de San Martín y existen disposiciones para su protección en ámbitos tales como la sucesión y la asistencia social. Además, la protección de los niños y jóvenes y la promoción de su derecho a la educación, al bienestar, al desarrollo cultural y a las actividades de ocio será una preocupación constante del Gobierno de San Martín, de conformidad con el artículo 18 de la Constitución.

Legislación en materia de divorcio

234.El matrimonio en San Martín se limita a un hombre y una mujer que hayan cumplido 18 años. En el caso de un matrimonio que no haya tenido éxito, de una solicitud conjunta, o de una situación en la que la pareja no se haya separado, cualquiera de los cónyuges puede presentar una demanda de divorcio. También se han introducido nuevas causas de divorcio, por ejemplo, la “ruptura irremediable del matrimonio”.

Filiación

235.En el Código Civil de San Martín han desaparecido las expresiones hijo legítimo, ilegítimo y natural. Además, las distinciones entre los hijos nacidos dentro del matrimonio y extramatrimoniales se han eliminado en el mayor grado posible y un hombre casado que mantenga un vínculo familiar con un niño puede reconocerlo como propio. Desde mayo de 2013, tras una sentencia del Tribunal Supremo de los Países Bajos, un niño que no tenga padre legal puede ahora solicitar una declaración judicial de paternidad. En caso de demostrarse, el niño adquiere el derecho a heredar del padre y el hecho se consigna en el Registro de Nacimientos, Defunciones y Matrimonios. También se ha enmendado la ley relativa a la autoridad conjunta respecto de los hijos menores de edad tras el divorcio. Tras la anulación del matrimonio, salvo por muerte o separación de techo y sustento, un progenitor puede solicitar al juez que establezca un acuerdo relativo al ejercicio de la autoridad conjunta. En caso de conflicto entre los padres acerca de la autoridad conjunta, cada uno de ellos puede presentar ante el tribunal de primera instancia una solicitud que se resolverá teniendo en cuenta el interés superior del niño.

Apellido

236.A raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, por la que se condenaba la concesión automática del apellido paterno a un niño, se introdujeron enmiendas. A raíz de esa enmienda, si un niño tiene con su madre una relación basada en el derecho de familia, recibe el apellido de ella. Si, mediante un acto de reconocimiento, el niño adquiere con su padre una relación con arreglo al derecho de familia, conserva el apellido de la madre a menos que la madre y el padre que reconoce la paternidad declaren conjuntamente, en el momento del reconocimiento, que el niño adoptará el nombre del padre. Si el niño, en virtud del nacimiento, adquiere con ambos progenitores una relación regida por el derecho de familia en el momento de la inscripción la madre y el padre deben declarar conjuntamente el apellido o apellidos elegidos para el hijo.

Nivel de vida (artículo 11)

237.El Departamento de Estadística, en colaboración con el Departamento de Desarrollo Social, está llevando a cabo actualmente estudios que, a su debido tiempo, permitirán determinar el umbral de pobreza para San Martín. Se ha completado el Estudio sobre el Bienestar y se está llevando a cabo la Encuesta sobre el Presupuesto del Hogar. Una vez que se haya establecido el umbral de pobreza, el Gobierno estará en mejores condiciones de determinar lo que constituye un nivel de vida adecuado. Estas conclusiones también se utilizarán en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Económico. En el cuadro 21 del anexo figuran estadísticas macroeconómicas.

Salud (artículo 12)

238.Toda persona que ofrezca públicamente materiales o servicios, sean o no solicitados, que puedan utilizarse para interrumpir el embarazo será castigada con una pena de prisión no superior a tres meses o una multa de la segunda categoría. Toda persona que trate intencionadamente a una mujer embarazada con la intención de interrumpir su embarazo, será castigada con una pena de prisión no superior a cuatro años o una multa de la cuarta categoría. Si la acción estuvo motivada por el lucro o constituye un acto delictivo, la sanción podrá incrementarse un tercio. La mujer que esté bajo tratamiento y sepa o debiera albergar sospechas fundadas de que puede interrumpirse un embarazo, será castigada con una pena de prisión no superior a tres años o una de la cuarta categoría. Si el delito se comete al amparo de la profesión del infractor, este podrá perder el derecho a ejercer su profesión en el futuro. Se ha anunciado que esta legislación puede ser objeto de revisión, con el propósito de una despenalización.

Educación (artículo 13)

239.En 2009 se implantó la enseñanza obligatoria en San Martín. El Gobierno ha incrementado el número de escuelas de enseñanza primaria en la isla, así como las dimensiones de las aulas. También ha aumentado el acceso a la enseñanza secundaria. El Instituto Nacional de Adelanto Profesional, una escuela de formación profesional para jóvenes y adultos, fue inaugurado y puede admitir entre 200 y 500 alumnos. La institución ofrece cursos de formación teniendo en cuenta las necesidades del mercado de trabajo local. Se ha construido también un servicio para jóvenes que necesitan educación especial y alumnos con problemas de comportamiento, a fin de cubrir el vacío dejado por los niños cuyas necesidades anteriormente desbordaban la capacidad del sistema educativo.

240.Se ha inaugurado una nueva escuela. El aumento de la capacidad ha permitido a San Martín disponer de un coeficiente profesor-alumno de 1:15. El Gobierno también ha aprobado y apoya una serie de iniciativas con respecto a la atención pastoral, con la convicción de que una educación sólida e integral se traduce en unos niños mejor informados desde el punto de vista intelectual y social que, a su vez, pueden contribuir a una sociedad civil estable. Hay voluntarios que llevan a las escuelas secundarias los programas Real Talk y Girl Power, de la Fundación de Lucha contra el SIDA de San Martín, para fomentar el conocimiento acerca de la salud sexual y opciones de vida, así como el desarrollo de objetivos y el fomento de la confianza.

241.El Programa de Empleo del Departamento de Asuntos de la Juventud, que se lleva a cabo cada año desde 1998, ofrece a estudiantes de 16 a 24 años, pero habitualmente en sus años de estudio finales o anteriores, empleos de verano estructurados y supervisados en el sector tanto público como privado.

242.El Departamento de Deportes ha elaborado un plan para fomentar una cultura deportiva y mejorar las condiciones en todos los aspectos, niveles y actividades del deporte, especialmente con respecto a las mujeres. Alienta a las asociaciones, federaciones y afiliados a que ofrezcan a las mujeres más oportunidades de recibir capacitación y prestar servicios en las esferas de la administración y en todos los aspectos técnicos del deporte. El plan pide también una mayor representación de la mujer en la elaboración de los planes y programas que las afectan.

243.La Universidad de las Antillas Neerlandesas cambió su nombre oficial por el de Universidad de Curaçao (2010). El proceso de solicitud e ingreso continúa siendo el mismo para los estudiantes del Reino. Debido al deterioro económico, el Gobierno ha suspendido temporalmente la financiación de las becas para estudios superiores (másteres y doctorados) y reducido el número de becas para estudios de licenciatura. La Universidad de San Martín (USM), con el fin de garantizar que las personas puedan obtener, a un precio más razonable y en su país de origen, una educación superior de calidad y que goce de reconocimiento, ha estado trabajando en la acreditación de sus cursos. Como este proceso requiere mucho tiempo y dinero, la Universidad ha tenido que priorizar su oferta y se ha asociado y ha suscrito acuerdos bilaterales con varios institutos regionales, empezando por un título conjunto de Licenciado de Ciencias Aplicadas en Electrónica e Ingeniería Electrónica en San Martín. En 2015, la Universidad logró un hito importante con la acreditación de su Programa en Gestión Hostelera y Turística, el primero bajo la coordinación de la Universidad de San Martín, por el Business and Technology Education Council del Reino Unido. Además de la acreditación del Programa en Gestión Hostelera y Turística, la Universidad de San Martín también ha logrado la acreditación como institución, aumentando las expectativas de los estudiantes que eligen estudiar en su país de origen.

244.Todos los niños de San Martín tienen derecho a una enseñanza primaria general y formativa. Además de las tradicionales horas en un aula, en 2007 el Gobierno puso en práctica el concepto de Escuela Comunitaria. Este concepto tiene por objeto ofrecer un entorno de aprendizaje seguro para jóvenes de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años después de horario escolar normal. Como consecuencia de ese proyecto, un gran número de hijos de progenitores solteros y hogares de ingresos bajos reciben orientación y supervisión en las tareas escolares que, de no ser así, sería limitada en el hogar. El Departamento de Asuntos de la Juventud tiene como mandato garantizar la continuidad del programa en cinco escuelas de enseñanza primaria de la isla. El objetivo es ampliar el programa a otras dos escuelas en el año académico 2014-2015 y, con el tiempo, a todas las escuelas de enseñanza primaria.