Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

65º período de sesiones

18 de febrero a 8 de marzo de 2019

Tema 5 del programa provisional

Seguimiento del examen de los informes presentados en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto

Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de los Países Bajos

Adición

Información recibida de los Países Bajos sobre el seguimiento de las observaciones finales *

[Fecha de recepción: 24 de enero de 2019]

Recomendación 8

El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con todos los interesados pertinentes, incluidos la sociedad civil y el Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos, establezca metas específicas y elabore estrategias dirigidas a todos los ministerios competentes y a todos los niveles de gobierno a fin de poner en práctica el Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos. El Comité recomienda además al Estado parte que adopte planes de acción nacionales sobre derechos humanos para todos los territorios que lo componen.

1.Los Países Bajos adoptaron por primera vez un Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos en 2013. En ese documento se ofrecía una visión general de la infraestructura y las políticas nacionales de derechos humanos destinadas a seguir protegiendo y promoviendo los derechos humanos, y se recogían varias esferas prioritarias. El ciclo del primer Plan de Acción ha concluido y el Ministerio del Interior y Relaciones del Reino está trabajando actualmente en la adopción de un segundo Plan. Teniendo en cuenta las evaluaciones del primer Plan de Acción, se ha ampliado el tiempo asignado para adoptar un segundo Plan de Acción y el propio proceso se ha hecho más inclusivo. Se celebran consultas periódicas con los ministerios competentes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Defensor Nacional del Pueblo y otras organizaciones de la sociedad civil que participan en un grupo consultivo. Un instituto de investigación externo llevará a cabo otras entrevistas con las partes interesadas y organizará reuniones sobre los temas en cuestión. Está previsto que el nuevo Plan de Acción Nacional se publique en diciembre de2019.

2.Aruba ha emprendido la redacción de un plan de acción nacional de derechos humanos, que estará basado en los informes periódicos más recientes presentados de conformidad con los instrumentos de derechos humanos y las recomendaciones internacionales dimanantes de ellos. Este plan de acción integrado abarcará un amplio espectro de derechos humanos, incluirá prioridades y pautas de aplicación previamente establecidas y promoverá la observancia y la efectividad de los derechos humanos en Aruba.

3.El Comité Interdepartamental de Derechos Humanos de Aruba llevó a cabo una encuesta inicial basada en los informes periódicos y las recomendaciones derivadas de ellos a fin de establecer las prioridades, lo que incluye las consultas con las organizaciones no gubernamentales. Se prevé que el plan esté acabado en 2019.

4.En marzo de 2016, el Consejo de Ministros de Curaçao decidió oficialmente que se creara un instituto de derechos humanos. El instituto quedará bajo los auspicios del Defensor del Pueblo para garantizar la imparcialidad. Actualmente se está elaborando la ordenanza nacional que regula la creación de esta entidad.

5.En 2017, el Gobierno de San Martín diseñó una matriz de derechos humanos con la que detectar lagunas de aplicación y ayudar a establecer prioridades para subsanarlas a corto, mediano y largo plazo. Esto constituirá la base para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.

Recomendación 12 a)

Incluya un mecanismo oficial de supervisión en el Plan de Acción Nacional sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

6.El seguimiento y la presentación de informes sobre la aplicación de los elementos del Plan de Acción Nacional sobre las Empresas y los Derechos Humanos se incluyen en el informe anual sobre los derechos humanos.

7.Se publican informes suplementarios relativos a la conducta empresarial responsable siempre que es necesario. En la evaluación de la conducta empresarial responsable que lleva a cabo el Departamento de Evaluación de Política y Operaciones también se informa acerca de los componentes del Plan de Acción Nacional sobre las Empresas y los Derechos Humanos. En 2018, el Plan llevaba ya cinco años en vigor. El Gobierno está considerando actualmente si el Plan necesita ser revisado y, de ser así, de qué manera. Si se revisa, el Gobierno tendrá en cuenta la recomendación del Comité durante el proceso.

Recomendación 12 b)

Adopte medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos para las empresas que operan en el territorio del Estado parte.

8.Los Países Bajos aplican una política activa para garantizar el respeto de los derechos humanos en la comunidad empresarial y por parte de ella. El Gobierno espera que las empresas cumplan con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Esto significa identificar, prevenir o mitigar los riesgos —incluidos los relativos a las violaciones de los derechos humanos— y rendir cuentas de la manera en que se gestionan esos riesgos. El Gobierno ha puesto en marcha varias iniciativas destinadas a aumentar la concienciación sobre los derechos humanos en el mundo de los negocios, entre ellas la difusión de información por parte de las misiones neerlandesas en el extranjero y la puesta a disposición para la comunidad empresarial de recursos prácticos, como la guía “Hacer negocios respetando los derechos humanos” y el formulario de verificación de riesgos en materia de conducta empresarial responsable. La guía fue redactada conjuntamente por la Red del Pacto Mundial en los Países Bajos, Oxfam Novib y Shift. En ella se ofrecen consejos prácticos y ejemplos del mundo real que ayudan a convertir los Principios Rectores de las Naciones Unidas en acciones concretas. El formulario de verificación de riesgos en materia de conducta empresarial responsable es un instrumento en línea que permite a las empresas conocer los riesgos específicos de cada país y sector, y que les ayuda a poner en marcha el proceso de detección de riesgos potenciales para que puedan desarrollar estrategias con las que hacerles frente. Otro pilar importante de la política para promover el respeto de los derechos humanos en los negocios es la celebración de acuerdos voluntarios con empresas, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos. Esos acuerdos voluntarios en materia de conducta empresarial responsable (anteriormente conocidos como acuerdos internacionales de responsabilidad social empresarial) buscan establecer principios compartidos de responsabilidad social corporativa entre las partes que los suscriben. Trabajando conjuntamente, las partes pueden ofrecer soluciones colectivas a problemas que las empresas no pueden resolver por sí solas, como el trabajo infantil y las condiciones laborales deficientes. Estos acuerdos voluntarios de conducta empresarial responsable internacional, cuyos resultados iniciales comienzan a ver la luz, representan los primeros pasos para lograr una mejora a través de la debida diligencia de las empresas y promover la puesta en marcha de proyectos conjuntos para hacer frente a los riesgos en materia de conducta empresarial responsable internacional. Los acuerdos conjuntos con el sector textil y de la confección y el sector alimentario, por ejemplo, incluyen cláusulas sobre el salario mínimo vital. En el marco del acuerdo con el sector bancario, las partes han detectado violaciones de los derechos humanos en la cadena de valor del cacao y están dando seguimiento a las recomendaciones sobre el papel que los bancos y las partes en el acuerdo pueden desempeñar en la lucha contra estas violaciones. En el marco del acuerdo voluntario con el sector del oro, las partes colaboran en un proyecto para combatir el trabajo infantil en la minería a pequeña escala de Uganda. Con el fin de contribuir a los esfuerzos encaminados a prevenir los riesgos en materia de conducta empresarial responsable internacional, el Gobierno también ofrece instrumentos como el Fondo contra el Trabajo Infantil. Las empresas pueden aunar esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil para proponer proyectos de lucha contra el trabajo infantil.

Recomendación 12 c)

Adopte medidas para velar por la seguridad física y la salud mental de las personas que residen en la zona de Groninga donde se realiza la extracción de gas, así como por la seguridad y la salubridad de sus hogares, indemnice adecuadamente a las víctimas y prevenga daños futuros en relación con la extracción de gas.

9.En el informe se examinan las condiciones de seguridad y salud de los residentes de Groninga y las medidas adoptadas para proteger mejor las viviendas. El Comité tiene razón al prestar atención a esta cuestión. La política del Ministro de Asuntos Económicos y Política Climática está orientada a velar por el futuro de Groninga y a garantizar el mismo grado de seguridad residencial que en el resto de los Países Bajos.

10.En relación con este asunto, se han adoptado las medidas siguientes:

El Gobierno ha decidido poner fin por completo a la extracción de gas natural lo antes posible, a fin de eliminar el origen de la amenaza sísmica. Esta es la forma más rápida y decidida de garantizar la seguridad física de los residentes de Groninga y su propia sensación de seguridad.

Las medidas clave para contribuir a la eliminación gradual de la producción de gas en Groninga son las siguientes:

Elaboración de un plan de reducción progresiva.

Adopción de una nueva ley del Parlamento mediante la cual el Gobierno imponga a la empresa NAM la obligación de no extraer más gas del necesario.

Esto acelerará el proceso de mejora de la seguridad de la población de Groninga, reducirá la envergadura de las obras de refuerzo, que además podrán llevarse a cabo con mayor rapidez, y mitigará los daños a las viviendas.

Además, se ha establecido un nuevo procedimiento independiente para tramitar las reclamaciones, con el que se pone fin a la participación de NAM en el proceso: se ha elaborado un nuevo protocolo de indemnización y el Gobierno está preparando legislación para transferir esta esfera en su totalidad al dominio público.

El Gobierno y las autoridades públicas regionales también han llegado a un acuerdo para poner en marcha un programa centrado en Groninga, que se prolongará hasta 2040. A través de este programa, dichas entidades velarán conjuntamente por que Groninga siga siendo una parte del país habitable y con futuro, que conserve su propia identidad, y en la que sea agradable vivir, trabajar y realizar actividades recreativas. El programa también aborda específicamente los efectos de la extracción de gas sobre la salud, en particular la salud mental. A través de este programa, el Gobierno central y NAM invertirán conjuntamente 1.150 millones de euros en Groninga.

Recomendación 12 d)

Acelere la reforma de la industria del refinado de petróleo en Curaçao a fin de evitar la contaminación.

11.En la actualidad, Curaçao está buscando un nuevo socio para hacerse cargo de la refinería y modernizarla de acuerdo con las normas ambientales internacionales.

Recomendación 12 e)

Elimine los obstáculos jurídicos y prácticos que hacen difícil exigir cuentas a las empresas bajo la jurisdicción del Estado parte por la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales en las operaciones que realicen en su territorio y en el extranjero.

12.Como parte del Plan de Acción Nacional sobre las Empresas y los Derechos Humanos, se realizó un amplio estudio acerca del deber de proteger que incumbe a las empresas neerlandesas en su conducta empresarial internacional, y acerca de si dicho deber era acorde con la norma establecida por los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El estudio reveló varios puntos que requieren atención, relacionados con los obstáculos jurídicos y prácticos del sistema jurídico neerlandés. El Gobierno se ha comprometido a incorporar esas cuestiones en futuros proyectos de ley. Por ejemplo, el Gobierno anterior presentó un proyecto de ley al Parlamento en noviembre de 2016 con el fin de eliminar una serie de impedimentos que el estudio había detectado. El proyecto de ley permite reclamar una indemnización a través de una demanda colectiva. Asimismo establece que la parte a la que se condene a pagar una compensación en una demanda colectiva exitosa también será condenada a pagar las costas legales del demandante. Esto puede ser pertinente para las víctimas de violaciones de los derechos humanos en el ámbito empresarial de las que sean responsables compañías neerlandesas. El Gobierno también está trabajando en un proyecto de ley para modernizar y simplificar las normas que rigen la práctica de la prueba. Con este fin, se publicó un proyecto de ley en línea, que será sometido a consulta a mediados de 2018 y que contempla la simplificación del derecho a presentar documentos.

Recomendación 40 a)

Se abstenga de supeditar el acceso a la alimentación, al agua y a la vivienda a la voluntad de los migrantes de regresar a su país de origen.

13.Los Países Bajos cuentan con un sistema de acogida para las personas sin derecho de residencia, de modo que ningún extranjero deba estar sin hogar. Dicha acogida se proporciona a las personas inmersas en procedimientos de asilo y de revisión judicial. Aquellas a las que se concede un permiso de residencia reciben alojamiento a cargo de la autoridad local. Aquellas cuyas solicitudes son denegadas o rechazadas deben, en principio, abandonar el país dentro del plazo legal de 28 días. Durante este período, la persona afectada conserva el derecho a disfrutar de alojamiento. Una vez transcurrido ese plazo, la persona puede permanecer en un alojamiento restrictivo, desde el cual se le facilita el regreso. Quienes se quedan en este último tipo de alojamiento también tienen acceso a otras prestaciones, como la atención médica. La admisión en un alojamiento restrictivo depende de los esfuerzos de la persona por dar efecto a su abandono del país. Esto significa que toda persona dispone de un nivel mínimo de prestaciones.

14.Existen prestaciones adicionales a disposición de las personas vulnerables. Los solicitantes de asilo menores de edad cuya solicitud haya sido rechazada (tanto si están solos como si no lo están) tienen derecho a alojamiento (junto con los miembros de su familia) hasta que alcancen la mayoría de edad. Los extranjeros cuyo estado de salud constituya un impedimento temporal para su partida pueden obtener un aplazamiento, que incluye el derecho a alojamiento y cubre los gastos de atención médica.

15.Además, el Gobierno central y las autoridades municipales están implantando (con carácter experimental) instalaciones nacionales de inmigración para encontrar una solución duradera respecto a los extranjeros que no han abandonado los Países Bajos, ya sea voluntariamente o mediante el retorno forzoso. Esta solución duradera consistirá en garantizar la salida de la persona o en concederle el derecho de residencia legal. En cinco proyectos piloto de instalaciones nacionales de inmigración, los extranjeros disfrutarán de alojamiento temporal mientras reciben asesoramiento profesional intensivo para encontrar una solución duradera. La provisión de alojamiento temporal está condicionada a la voluntad de la persona de cooperar en ese programa de asesoramiento. En esta fase piloto de tres años se explorarán las mejores formas de llegar a una solución duradera.

16.Por último, la “política de no culpabilidad” de los Países Bajos prevé la concesión de un permiso de residencia a las personas que no pueden salir del país por causas ajenas a su voluntad. La persona interesada debe presentar documentos objetivos que demuestren que las autoridades del país de origen no autorizarán su retorno.

17.Este sistema de acogida cumple con las obligaciones internacionales. El Gobierno de los Países Bajos reconoce que el derecho a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda adecuada, está consagrado en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, en opinión del Gobierno, el Pacto Internacional no prohíbe que se impongan ciertas condiciones a la provisión de alojamiento, como la cooperación con el procedimiento de retorno tras el rechazo de una solicitud de asilo. En varias sentencias, el tribunal más alto de los Países Bajos en asuntos de extranjería (la División de Jurisdicción Administrativa del Consejo de Estado) ha dictaminado que el sistema de acogida de los Países Bajos cumple con las obligaciones existentes en virtud del derecho internacional. Asimismo, el 28 de julio de 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el sistema de instalaciones de acogida, incluida la obligación impuesta a los extranjeros desprovistos de derecho de residencia de cooperar con miras a su retorno, no es incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.