Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
61 er período de sesiones
29 de mayo a 23 de junio de 2017
Tema 6 a) del programa provisional
Examen de los informes: I nformes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto
Lista de cuestiones relativa al sexto informe periódico de los Países Bajos
Adición
Respuestas de los Países Bajos a la lista de cuestiones *
[Fecha de recepción: 15 de marzo de 2017]
I.Información general
1.En vista de los artículos 94 y 19 a 22 de la Constitución de 2008 del Reino de los Países Bajos, en los que se hace referencia a cuestiones económicas, sociales y culturales en términos de orientaciones de política y no de los derechos de personas y grupos, sírvanse proporcionar información sobre la ejecutoriedad jurídica de los derechos consagrados en el Pacto en el ordenamiento jurídico interno, e indíquese, en particular, si los tribunales tienen facultades para decidir si la legislación nacional pertinente está en consonancia con las normas del Pacto. En este contexto, se ruega indiquen también si los titulares de los derechos consagrados en el Pacto pueden hacer valer dichos derechos ante los tribunales y obtener reparación y, en caso afirmativo, proporciónense ejemplos de la correspondiente jurisprudencia.
1.Cabe señalar que todas las disposiciones del Pacto son vinculantes para las partes contratantes, incluido, por ende, el Reino de los Países Bajos. Con arreglo al derecho internacional, los Países Bajos tienen la obligación de permitir a todas las personas sujetas a su jurisdicción ejercer los derechos enunciados en el Pacto. Según el Gobierno, las obligaciones recogidas en el Pacto se han incorporado debidamente en la legislación nacional.
2.La posibilidad de invocar disposiciones específicas directamente en los procedimientos judiciales es una cuestión aparte. Con arreglo al artículo 94 de la Constitución, la legislación vigente no se aplicará si es contraria a las disposiciones de tratados que son vinculantes para todas las personas. Las disposiciones de tratados que pueden considerarse “vinculantes para todas las personas” son directamente aplicables por los tribunales. En general, las disposiciones del Pacto no entran dentro de esa categoría.
3.La influencia de las disposiciones internacionales no se limita a los casos en que dichas disposiciones se consideran “vinculantes para todas las personas”. Los tribunales pueden interpretar una disposición legislativa nacional con arreglo a una norma jurídica internacional para garantizar el cumplimiento de esta última. En una sentencia de 7 de mayo de 1993, el Tribunal Supremo determinó que, si bien el artículo 7 del Pacto no tiene un efecto directo, “la garantía de salario igual por trabajo igual prevista en el Pacto es un objetivo que se debe tratar de alcanzar. Presuponer a la ligera que existe un fundamento razonable y objetivo para justificar una diferencia de remuneración contraria al principio de salario igual por trabajo igual no sería coherente con ese planteamiento”. Basándose en esta consideración, el Tribunal Supremo dictaminó que no podía confirmarse el fallo del Tribunal de Apelación que justificaba una desigualdad de remuneración. En su fallo de 28 de abril de 2009, el Tribunal de Apelación concedió asimismo gran importancia al artículo 7 del Pacto al interpretar qué significaba comportarse como un “empleador razonable y justo”, término que carece de una definición específica.
2.Sírvanse aclarar la situación del Pacto en Curaçao, especialmente dado que su Constitución no reconoce la mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales.
4.En el ordenamiento jurídico de Curaçao, los tratados prevalecen sobre la legislación local. Los siguientes artículos de la Constitución de Curaçao (Staatsregeling van Curaçao, cap. 1, Boletín Oficial (PB) 2010 núm. 86) se refieren a derechos económicos y sociales:
Artículo 21 – Derecho a la educación;
Artículo 22 – Derecho a la libre elección de empleo;
Artículo 23 – Derecho a un medio de subsistencia y al bienestar social;
Artículo 24 – Protección del medio ambiente;
Artículo 25 – Salud pública;
Artículo 26 – Protección de la familia, la infancia y la igualdad entre hombres y mujeres;
Artículo 27 – Protección del derecho de los jóvenes a la educación, el desarrollo cultural y la práctica de deporte y otras actividades de esparcimiento.
5.Estos derechos fundamentales establecidos en la Constitución de Curaçao se desarrollan en varias disposiciones legislativas, que se han promulgado de nuevo, tras los cambios constitucionales de 2010, en los números 86 y 87 del Boletín Oficial (PB) 2010.
3.Con referencia al párrafo 9 del informe del Estado parte, se ruega proporcionen ejemplos de la manera en que la orientación sobre los derechos económicos y sociales se ha utilizado en los procesos legislativos y de formulación de políticas en los Países Bajos.
6.Esta orientación se utilizó en la elaboración de políticas y leyes para ofrecer una primera visión general de los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales. En este contexto, la orientación proporcionó puntos de referencia a los abogados y los encargados de la formulación de políticas para que pudieran verificar, al elaborar y examinar políticas y leyes, si estos derechos fundamentales pueden o deben tenerse en cuenta y, de ser así, en qué medida. La orientación se incorporó en el modelo del Marco de Evaluación Integral. El año pasado se elaboró una versión más detallada. Se concluyó a finales de diciembre y tiene un alcance más amplio en cuanto a su contenido.
II.Cuestiones relativas a las disposiciones generales del Pacto (arts. 1 a 5)
Artículo 2, párrafo 2No discriminación
4.Sírvanse indicar el grado en que la responsabilidad individual de los países que integran el Estado parte y las diferentes medidas legislativas y de política, en el caso del Caribe Neerlandés, son eficaces para corregir la desigualdad en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en el Estado parte.
7.El Pacto obliga al Estado parte, los Países Bajos, a garantizar los derechos en él consagrados a todos los ciudadanos. No obstante, no prescribe medios o políticas específicos para lograr ese objetivo. En los Países Bajos, las políticas socioeconómicas son responsabilidad autónoma de cada parte constituyente, si bien han de ajustarse a las normas que impone el Pacto. Pueden existir diferencias entre las partes europea y caribeña de los Países Bajos. Esas diferencias se deben a la incorporación relativamente reciente de esas partes integrantes, y desaparecerán progresivamente a medida que se hagan efectivos los derechos enunciados en el Pacto.
5.Facilítese información sobre las medidas adoptadas por los Países Bajos para superar las dificultades relacionadas con el cumplimiento de la obligación de proporcionar ajustes razonables y accesibilidad a las personas con discapacidad, conforme a lo dispuesto en la Ley de Educación de Calidad y otras normativas.
8.La Inspección de Educación de los Países Bajos vela por que las escuelas cumplan sus obligaciones legales, incluidas las relativas al ofrecimiento de una educación adecuada (deber de diligencia). Las funciones de la Inspección se regulan en la Ley de Enseñanza Primaria, la Ley de Enseñanza Secundaria, la Ley de Centros Especializados y la Ley de Inspección de la Educación.
6.Se ruega faciliten información sobre las medidas adoptadas por los Países Bajos para que los solicitantes de asilo puedan acceder sin demora a prestaciones económicas y sociales, como acceso a una vivienda adecuada y a atención sanitaria.
9.Durante el procedimiento de asilo, los solicitantes de asilo son alojados en centros de recepción, donde tienen derecho a percibir prestaciones y recibir atención médica. La educación es obligatoria para los niños. A los migrantes no acompañados menores de 18 años se les asigna un tutor; son confiados a familias de acogida o alojados en centros de recepción seguros con supervisión especial. Los solicitantes de asilo cuyas solicitudes son desestimadas tienen que abandonar los Países Bajos en un plazo de 28 días, período durante el cual pueden seguir utilizando las instalaciones del centro de recepción. Si al cabo de 28 días la persona no ha abandonado el país, es trasladada a un centro de alojamiento restrictivo (VBL). Los solicitantes de asilo alojados en los VBL están sujetos a limitaciones de su libertad: no pueden salir del municipio en que se encuentre el VBL.
10.En los Países Bajos, los migrantes, como todas las demás personas, tienen derecho a recibir atención médica. Los gastos médicos de las personas alojadas en los centros de recepción gestionados por la Agencia Central para la Recepción de Solicitantes de Asilo (COA) o la Institución de Tutela de Menores No Acompañados Solicitantes de Asilo (NIDOS) son sufragados por esos organismos. Se han firmado contratos a tal efecto con las compañías de seguros Menzis y VGZ, respectivamente. Esto significa que las personas en cuestión gozan de un nivel de atención equivalente al del seguro de salud básico más cobertura adicional. Para la prestación de servicios públicos de atención de la salud se han concertado acuerdos con la organización coordinadora GGD GHOR (Servicios Municipales de Salud/Preparación y Planificación Regional para Emergencias Médicas, anteriormente conocida como GGD Nederland). En la medida de lo posible, las personas en cuestión reciben atención de los servicios de salud ordinarios. Los residentes de los centros de recepción administrados por el COA que deseen consultar a un médico de familia pueden acudir a un centro de salud especial para solicitantes de asilo en el horario de consulta establecido.
11.Toda persona que resida en el país sin autorización está obligada en principio a pagar su propia atención médica. Sin embargo, muchas de esas personas carecen de medios suficientes. Esto no significa que sean rechazadas. Los migrantes en situación irregular tienen derecho a recibir atención médica esencial. Corresponde al profesional médico determinar en cada caso si la atención es esencial o no. El Instituto de Atención de Salud de los Países Bajos (ZiN) ha firmado contratos con una serie de instituciones y profesionales médicos, que, de conformidad con el artículo 122a de la Ley del Seguro de Salud, pueden solicitar al ZiN el reembolso de los gastos pertinentes.
7.Sírvanse proporcionar información sobre las evaluaciones que se hayan hecho de los efectos de la aplicación de la Carta de Igualdad de Oportunidades para el período 2013-2016 mencionada en el párrafo 35 del informe del Estado parte, entre otras cosas, en cuanto a la manera de combatir los estereotipos, la mejora de la disponibilidad de servicios de atención infantil asequibles, el fomento de la representación de las mujeres en cargos con poder de decisión y la promoción de la conciliación de la vida laboral y familiar en los Países Bajos.
12.Las conclusiones de un examen y evaluación preliminar de la política de igualdad de oportunidades pusieron de manifiesto progresos en ámbitos como el empleo. Varios indicadores muestran una ligera tendencia al alza. Las conclusiones no dieron lugar a ningún ajuste importante de la política vigente. No obstante, revelaron que es difícil confirmar un efecto causal entre la política aplicada y los avances en la igualdad de oportunidades, ya que muchos factores sociales externos pueden influir en la probabilidad de que se logren los objetivos.
13.El Gobierno ha trabajado con diligencia para mejorar la independencia económica de las mujeres y velar por que las mujeres y los hombres estén representados por igual en los cargos decisorios:
Entre 2005 y 2015, la proporción de mujeres económicamente independientes en el grupo de edad de 20 a 64 años aumentó del 46% al 54%. El mayor aumento se produjo en los años anteriores a 2008, y ese año la crisis económica marcó el comienzo de un período de estancamiento o crecimiento muy limitado. Entre 2013 y 2015, la independencia económica de las mujeres aumentó un punto porcentual.
A 30 de septiembre de 2016, las mujeres ocupaban el 32,8% de los altos cargos del Gobierno central. Sin embargo, pese a la adopción de medidas especiales de carácter temporal centradas en la comunidad empresarial, el porcentaje de mujeres en órganos de dirección de las empresas sigue siendo bajo. Entre 2012 y finales de 2014, la proporción de mujeres aumentó del 7,4% al 9,6% en las juntas directivas y del 9,8% al 11,2% en los consejos de administración.
14.El Gobierno actual ha adoptado numerosas medidas para facilitar la conciliación entre el trabajo y la atención de la familia. Además de la modernización de las disposiciones que regulan los días de licencia, mencionada en el párrafo 36 de nuestro informe, cabe señalar la entrada en vigor, el 1 de enero de 2016, de la Ley de Modalidades de Trabajo Flexible. En virtud de esta Ley, los empleados tienen derecho a solicitar a sus empleadores una modificación de sus horas de trabajo y/o de su horario. Los empleados también pueden solicitar el cambio de su lugar de trabajo, por ejemplo para trabajar desde su domicilio uno o más días a la semana.
15.La disponibilidad de servicios de guardería asequibles es una condición importante para que los padres puedan combinar el trabajo y la atención de la familia. Afecta sobre todo al número de horas que las mujeres realizan un trabajo remunerado. Por consiguiente, el Gobierno ha invertido en hacer más accesibles los servicios de guardería. La asignación destinada a las prestaciones para el cuidado de los hijos se incrementó en 100 millones de euros en 2014 y, seguidamente, en 290 millones de euros en 2016. En 2015 y 2016, el período del derecho a percibir la prestación para el cuidado de los hijos durante el desempleo se amplió de tres a seis meses. En 2017 la asignación del presupuesto estatal destinada a esta prestación se incrementará en otros 200 millones de euros.
III.Cuestiones relativas a disposiciones específicas del Pacto (arts. 6 a 15)
Artículo 6Derecho a trabajar
8.Sírvanse proporcionar información sobre los efectos de las medidas adoptadas por los Países Bajos en el marco del Programa de Integración de 2013 para combatir la discriminación que sufren las minorías étnicas en el mercado de trabajo.
16.Los Países Bajos no pueden proporcionar una descripción basada en pruebas sistemáticas de los efectos de nuestra política de lucha contra la discriminación. La política está orientada a eliminar la discriminación (un objetivo sustancial) y a concienciar sobre ella (un proceso gradual), de modo que haya más personas dispuestas a denunciar vulneraciones.
17.El único indicador que utilizamos es el número de denuncias de discriminación presentadas ante organismos oficiales. En 2015 se denunciaron menos incidentes que en 2014, pero en 2014 se denunciaron muchos más incidentes que en años anteriores. Los motivos no están claros. ¿Significa esto que la política aplicada ha tenido un efecto positivo? ¿O que la concienciación era mayor y las personas estaban más dispuestas a denunciar incidentes en 2014 que en 2015? No podemos saberlo con certeza. La discriminación es, en gran medida, una percepción subjetiva que resulta difícil medir utilizando indicadores objetivos. No obstante, es esencial que el Gobierno adopte una postura clara y establezca ciertas normas.
18.A pesar de las observaciones anteriores, un estudio a gran escala arrojó luz sobre la medida en que se sufre discriminación, y se efectuó una prueba práctica para conocer el alcance real de la discriminación en los procesos de contratación y selección. Estos estudios se repetirán en los próximos años, lo que permitirá hacer un seguimiento de las tendencias en el alcance de la discriminación y evaluar la eficacia de la política aplicada.
9.Facilítese información sobre las repercusiones de las medidas adoptadas para combatir las causas profundas del desempleo entre los jóvenes en Curaçao y San Martín.
19.Curaçao. La tasa de desempleo de los jóvenes se redujo del 37,2% en 2013 al 23,7% en 2015. El Gobierno restableció un instrumento que había resultado eficaz en el pasado, la “Lei di Bion” (Boletín Oficia l (PB) 1989, núm. 74). En virtud de las disposiciones de esta Ley, los empleadores que contraten a jóvenes durante un año quedarán exentos de los pagos habituales de los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social de esos empleados. Además, se puso en marcha con éxito un proyecto de amplio alcance titulado “1.000 Jóvenes Empleados”. El proyecto ofrece oportunidades de capacitación en el empleo vinculadas a un puesto garantizado (con proyectos que incluyen la construcción de un nuevo hospital, el tratamiento sostenible de los desechos, la renovación del monumento histórico Fort Beekenburg y la puesta en funcionamiento de una clínica dental itinerante). Los jóvenes que han tenido dificultades para conservar el empleo en el pasado deben asistir a un curso de capacitación para mejorar la ética laboral e interiorizar los conocimientos y actitudes necesarios para trabajar. El proyecto “1.000 Jóvenes Empleados” tiene una duración prevista de cuatro años. Hasta la fecha ya han participado en él 200 jóvenes, de los cuales unos 20 han obtenido contratos permanentes.
20.San Martín. El Departamento de Trabajo está elaborando una política para fomentar el empleo juvenil. En 2013, el Departamento puso en marcha la Encuesta sobre la Transición de la Escuela al Trabajo, basada en el modelo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta Encuesta tiene por objeto poner de relieve información esencial sobre las importantes decisiones que toman los estudiantes durante el último año de la enseñanza secundaria y aumentar la participación de los trabajadores. Se necesitan estadísticas precisas y fiables para impulsar esta política. Como se trata de un proyecto relativamente nuevo, cada año el Departamento mejora la forma en que se lleva a cabo la Encuesta, la modifica o la amplía. La Encuesta permite obtener información pertinente sobre los jóvenes en el mercado laboral, y su objetivo principal es verificar información clave sobre el grupo de población en cuestión. En concreto, se recaba información sobre sus necesidades, deseos y aspiraciones personales y colectivas, lo que servirá para promover o ayudar a desarrollar una política de empleo juvenil, proponer programas de capacitación y ampliación de conocimientos para los jóvenes, estimular el empleo juvenil y la participación de los jóvenes e impulsar los foros de jóvenes y la potenciación de estos. Se está elaborando el marco de un plan de política del mercado laboral. Este instrumento de política se centrará en una gama de programas de asistencia, capacitación y empleo para ayudar a las personas sin empleo a encontrar trabajo.
10.Rogamos proporcionen una evaluación sobre los efectos de las medidas adoptadas para promover la integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo que se describen en los párrafos 30 y 31 del informe del Estado parte.
21.En la Concertación Social de 2013, los interlocutores sociales se comprometieron a crear, para finales de 2025, 125.000 empleos destinados al grupo objeto del acuerdo de trabajo. A tal efecto, en la Ley de Participación y en la Ley de Empleo y Cuota de Puestos de Trabajo (Personas con Discapacidad Laboral) (en adelante, la Ley de Empleo), que entraron en vigor en 2015, se establecen instrumentos para contribuir a la creación de esos 125.000 puestos. El objetivo de la Ley de Empleo es ofrecer más oportunidades a las personas con discapacidad para así crear un mercado de trabajo más inclusivo. En 2016 se llevó a cabo, por primera vez un estudio para ver si efectivamente los empleadores habían creado empleos con arreglo a lo acordado. A finales de 2015, los empleadores fijos habían creado 21.057 puestos de trabajo adicionales, con respecto al dato de referencia, para personas con discapacidad: 15.604 en el sector privado y 5.453 en el sector público. Esto significa que tanto los empleadores del sector privado como los del sector público habían superado sus metas provisionales de 6.000 y 3.000 puestos, respectivamente, a finales de 2015. En vista de estos resultados, no hay razón para imponer cuotas. El número de personas del grupo objeto de las medidas que están empleadas en la actualidad, directamente o mediante un intermediario, aumentó en 13.847, de 66.328 en la situación de referencia a 80.175 a finales de 2015. El número de personas empleadas es menor que el número de empleos. Esto se debe, en parte, a que algunas personas han reducido su horario en empleos existentes y el número considerado para la cuota de empleos es el de los puestos creados y no el de las personas contratadas.
Artículo 7Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias
11.Se ruega informen al Comité de las normativas o políticas que se hayan adoptado a raíz de las constataciones de la investigación llevada a cabo por el Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos que revelaron patrones de explotación y abuso de los trabajadores migrantes. Aclárese asimismo si gracias a los cambios introducidos en la legislación y las disposiciones normativas que se describen en el párrafo 57 del informe del Estado parte se ha eliminado la discriminación sufrida por los trabajadores domésticos en el ejercicio del derecho a unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias y el derecho a la seguridad social.
22.Los Países Bajos llevan a cabo una labor de concienciación para prevenir la trata con fines de explotación laboral mediante dos vías. Realizan el grueso de su actividad a través de sitios web (www.rijksoverheid.nl y www.inspectieszw.nl). Además, distribuyen folletos sobre la explotación laboral en varios idiomas para alertar a las víctimas o posibles víctimas que se encuentren en los Países Bajos. En ambas fuentes se explica a dónde pueden acudir quienes tengan dudas o quienes deseen denunciar casos o indicios de explotación laboral. El Servicio de Inspección del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo (el Servicio de Inspección del SZW) puede iniciar una investigación si sospecha, por ejemplo, que los horarios son excesivos o los salarios son extremadamente bajos.
23.Los Países Bajos trabajan con los países de Europa Central y Oriental de los que proceden mayoritariamente los trabajadores migrantes. Las embajadas neerlandesas en Bucarest, Sofía y Varsovia facilitan información sobre las condiciones de vida y de trabajo en los Países Bajos a los posibles trabajadores migrantes, por ejemplo organizando talleres y a través de sitios web. Además, se celebran consultas frecuentes entre el Gobierno de los Países Bajos y los Gobiernos de varios países de origen. Cabe señalar que los cambios mencionados en el párrafo 57 no afectan a los derechos de los trabajadores domésticos.
12.Descríbanse los mecanismos establecidos para garantizar el respeto del derecho a la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
24.El Ministro de Asuntos Sociales y Empleo se dedica activamente a garantizar la igualdad de salario por trabajo igual tanto en los Países Bajos como en toda la Unión Europea, propugnando modificaciones de la legislación europea negociada en Bruselas, como la Directiva sobre el Desplazamiento de Trabajadores, a fin de prevenir la explotación y otros abusos, y mediante la promulgación de la Ley de Acuerdos de Empleo Fraudulentos (Wet aanpak schijnconstructies). Con arreglo a las disposiciones de esta Ley, el contratista principal es el responsable de pagar los salarios acordados entre el empleador y el empleado. Esto significa que los empleados pueden exigir responsabilidades a los dirigentes de mayor rango de la cadena de empleo por el pago de los salarios que les correspondan con arreglo a su contrato de trabajo o a las normas y disposiciones que regulen el salario mínimo.
25.El Servicio de Inspección del SZW publica los nombres de las empresas a las que se han impuesto sanciones administrativas por incumplimiento de las normas relativas al empleo de nacionales extranjeros o la contratación de personal mediante intermediarios.
26.Desde el 1 de enero de 2016, el salario mínimo legal no puede pagarse en efectivo. A fin de evitar el fraude o la falsificación, la parte del salario equivalente al salario mínimo legal debe pagarse mediante transferencia bancaria.
27.Desde el 1 de enero de 2016, los empleadores tampoco pueden retener del salario mínimo las cantidades correspondientes a gastos reales (como alojamiento, indumentaria de trabajo y gastos de viaje). Para promover el cumplimiento de esta disposición, los empleadores deberán especificar en las nóminas todos los elementos que integran el salario, incluidas las asignaciones para gastos. El 1 de enero de 2017 se estableció que, a título excepcional, se permitirá retener del salario mínimo los gastos de alojamiento y del seguro de salud bajo condiciones estrictas (únicamente el 25% de los gastos de alojamiento certificado y la prima nominal media del seguro de salud).
13.Sírvanse indicar las repercusiones de las medidas adoptadas por el Estado parte para lograr progresos tangibles en la reducción de la proporción de mujeres que trabajan a tiempo parcial y de las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres. Indiquen asimismo en qué medida han resultado efectivas las medidas adoptadas para prohibir la discriminación de las mujeres embarazadas en el lugar de trabajo.
28.Varias políticas del mercado de trabajo neerlandés se centran en alentar a las mujeres y a los hombres a participar en la fuerza de trabajo. La desgravación fiscal combinada vinculada a la renta (IACK) es un incentivo fiscal que también pretende incidir en la cantidad de horas trabajadas, puesto que está asociada a los ingresos del sostén económico secundario de los hogares. El plan de prestaciones para el cuidado de los niños promueve tanto la participación en la fuerza de trabajo como el aumento del horario laboral. En 2016 y 2017, el Gobierno de los Países Bajos incrementó el presupuesto anual destinado al plan de prestaciones para el cuidado de los niños en 490 millones de euros, y el presupuesto anual destinado a la IACK en 250 millones de euros. Habida cuenta de que los trabajadores a tiempo parcial, especialmente las mujeres, son quienes disponen de mayor margen para aumentar su participación en la fuerza de trabajo, se espera que ellos sean los principales beneficiarios de estos aumentos.
29.La edición de 2014 del estudio “¿Igual salario por trabajo igual?” ( “ Gelijk loon voor gelijk werk? ” ), publicado por la Oficina de Estadística de los Países Bajos (CBS) en noviembre de 2016, revela que la diferencia salarial entre hombres y mujeres se ha reducido desde 2008, tanto en el sector público como en el privado. La diferencia salarial que todavía existe se debe principalmente a disparidades en las horas de trabajo, la categoría profesional y el grado de responsabilidad de gestión. Estas formas de desigualdad se abordan en la política de igualdad de oportunidades de los Países Bajos. A principios de 2017, la Ministra de Educación, Cultura y Ciencia informará al Parlamento de los resultados obtenidos mediante la política de igualdad de oportunidades en los últimos años.
30.También es importante combatir la discriminación salarial. A raíz de un estudio llevado a cabo por el Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos, en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo, se realizó una encuesta sobre la igualdad de remuneración en las instituciones de formación profesional superior (instituciones HBO). A la vista de los resultados de la encuesta, las partes en el convenio colectivo correspondiente comenzaron a elaborar una estrategia por conducto del fondo de apoyo al mercado de trabajo y la formación de las instituciones HBO. Está previsto realizar una encuesta similar en el sector de los seguros.
31.En respuesta a la moción presentada por Steven van Weyenberg y otros parlamentarios, el Gobierno celebró consultas con el Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos para estudiar posibles medidas destinadas a seguir combatiendo la discriminación por embarazo. Atendiendo, en parte, a los resultados de un estudio reciente sobre la discriminación por embarazo llevado a cabo por el Instituto de Derechos Humanos, se decidió organizar una mesa redonda sobre esta cuestión el 26 de septiembre de 2016, en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos, para entablar un debate amplio sobre maneras de abordar este problema.
32.Durante la mesa redonda se mantuvieron conversaciones con los interlocutores sociales sobre posibles formas de elaborar una estrategia conjunta para combatir la discriminación por embarazo que complementara las medidas adoptadas en el marco del Plan de Acción contra la Discriminación en el Mercado de Trabajo (este Plan de Acción, que se puso en marcha en mayo de 2014, incluye actualmente 48 medidas y abarca todos los motivos de discriminación). Se expusieron numerosas ideas, y se está estudiando cuáles de ellas conviene seguir explorando. El objetivo es que el desarrollo de esas ideas culmine en un plan de acción contra la discriminación por embarazo, que se presentará a la Cámara de Representantes en la primavera de 2017.
Artículo 9El derecho a la seguridad social
14.Indíquese en qué grado las medidas descritas en los párrafos 61 y 62 del informe del Estado parte contribuyen a que los grupos vulnerables se beneficien de la asistencia social, que no solicitan, entre otros motivos, por desconocimiento o confusión acerca de las condiciones necesarias para recibirla o por no poder permitirse contribuir al sistema. Sírvanse informar asimismo sobre las medidas correctivas adoptadas para resolver las dificultades a que se enfrentan los municipios para prestar los servicios sociales delegados en ellos, como los previstos en la Ley de la Juventud y la Ley de Apoyo Social, en particular por falta de conocimientos y recursos.
33.Desde 2015, las autoridades municipales han venido ocupándose de la descentralización de las responsabilidades dimanantes de la Ley de la Juventud, la Ley de Apoyo Social y la Ley de Participación. Uno de los objetivos de la descentralización es facilitar y fomentar la autosuficiencia de las personas, y organizar los servicios de manera diferente y más próxima a las comunidades locales. Esto hace que resulte más fácil adaptar el apoyo a las necesidades individuales y permite evitar trámites burocráticos innecesarios. Los municipios son las autoridades públicas que se hallan en mejor posición para implicar a las redes sociales de los interesados y proporcionar un apoyo más integrado adaptado a situaciones particulares. Los equipos comunitarios desempeñan un importante papel a ese respecto.
34.Las propias autoridades municipales, a menudo en colaboración con representantes del Gobierno nacional, están llevando a cabo una amplia gama de acciones para mejorar su labor, como el análisis de casos particulares (determinando los problemas, el alcance de la asistencia y los impedimentos que puedan existir), la prestación de apoyo, la organización de cursos de capacitación y la divulgación de información. Las autoridades nacionales y las municipales están elaborando un programa conjunto para abordar cuestiones complejas que atañen simultáneamente a distintas esferas de política.
35.Las autoridades municipales llevan a cabo muchas otras actividades para velar por que las personas se beneficien de los servicios a los que tienen derecho. A este respecto, son fundamentales la divulgación de información y los esfuerzos de los equipos comunitarios. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un importante papel en este contexto, prestando apoyo e informando a las personas que corren el riesgo de sumirse en la pobreza y la deuda. En el marco de su Plan de Subvenciones para Luchar contra la Pobreza y la Deuda (2014-2016), el Gobierno concedió subvenciones a las organizaciones de la sociedad civil que pusieron en marcha proyectos para apoyar a los grupos vulnerables. Es difícil determinar en qué medida esas actividades fomentaron la solicitud de la ayuda para situaciones críticas. El derecho a percibir esa prestación depende de la situación del solicitante y de los gastos a que deba hacer frente.
36.Con respecto al párrafo 61, cabe señalar que el Banco de Seguro Social (SVB) ha logrado reducir en un 30% el déficit de solicitudes de la Ayuda Complementaria para las Personas de Edad (AIO). Dado que el SVB administra el Sistema General de Pensiones de Vejez, sabe quién tiene derecho a percibir la AIO y puede comunicarse con los interesados directamente.
15.Apórtese información sobre las evaluaciones que se hayan realizado de los efectos que han tenido los cambios introducidos en la Ley de Prestaciones Sociales y otras leyes como la Ley de Asistencia a Jóvenes con Discapacidad, e indiquen, en particular, si los criterios que han de cumplirse para beneficiarse de tales leyes son razonables y no excluyen a personas y hogares que necesitan asistencia en los Países Bajos.
37.El Gobierno ha previsto una serie de evaluaciones de la experiencia de las partes interesadas (los beneficiarios, las autoridades municipales, otros proveedores de servicios, etc.) en la aplicación de la Ley de Participación, programadas para principios de 2015, 2017 y 2019. En el período comprendido entre 2015 y 2018 se está reevaluando la capacidad laboral de las personas a las que es aplicable la Ley de Apoyo al Trabajo y al Empleo (Jóvenes Discapacitados). Este proceso también será objeto de seguimiento. Los resultados finales de la evaluación general se presentarán en 2019.
16.Sírvanse informar sobre los obstáculos que impiden el establecimiento de un nivel mínimo de seguridad social que permita gozar de un nivel de vida adecuado en el Caribe Neerlandés.
38.Los Países Bajos están tratando de establecer un nivel de referencia respecto de la subsistencia (también denominado “mínimo social”) en la parte caribeña de los Países Bajos. Se ha decidido vincular ese nivel de referencia al salario mínimo legal. Así se garantiza que las personas tengan un incentivo para tener un empleo remunerado. La cuantía de las prestaciones de asistencia social se consideraba demasiado baja en comparación con el salario mínimo legal, de modo que se ha aumentado considerablemente a marzo de 2017.
39.Un obstáculo que se plantea en este debate es la cuestión del salario mínimo legal de la parte caribeña de los Países Bajos, que se considera bajo en comparación con el costo de la vida. El salario mínimo se ha incrementado en los últimos años atendiendo a los datos estadísticos sobre los ingresos proporcionados por la Oficina de Estadística de los Países Bajos (CBS). Los Países Bajos se esfuerzan por promover el desarrollo económico, lo que posibilitará un nuevo aumento del salario mínimo legal que, a su vez, conllevará un aumento proporcional de las prestaciones.
40.El Gobierno ha prometido llevar a cabo una evaluación objetiva del costo de la vida en la parte caribeña de los Países Bajos. A la vez, se están adoptando medidas para reducirlo.
Artículo 10Protección de la familia y el niño
17.Con referencia a las medidas adoptadas para mejorar la situación de las personas de edad que viven en residencias en los Países Bajos, se ruega indiquen si se ha facilitado el apoyo que se menciona en el párrafo 125 del informe del Estado parte.
41.En vista de la pregunta del Comité, suponemos que la remisión es al párrafo 124 y no al párrafo 125. Todas las personas de edad que viven en residencias tienen derecho a recibir apoyo al usuario con arreglo a la Ley de Atención Crónica. Esto significa que tienen derecho a ser asistidas por personal de apoyo al usuario mientras que esperan que se examine un plan de atención o hay un procedimiento de denuncia abierto.
18.Facilítese información sobre las repercusiones de las medidas adoptadas para evitar el maltrato en los centros de atención en los Países Bajos y para proporcionar una atención y una rehabilitación adecuadas a las víctimas de maltrato en ese tipo de instalaciones. Sírvanse informar sobre las medidas adoptadas para promover la atención comunitaria de las personas de edad, las personas con discapacidad y las personas que padecen enfermedades mentales en el Estado parte.
42.En la Ley de Calidad, Reclamaciones y Controversias de la Atención de Salud (WKKGZ) se define el concepto de atención adecuada. También se establece la obligación de los proveedores de atención de denunciar ante la Inspección de la Atención de Salud todos los casos de violencia en las relaciones de atención. Se han elaborado una serie de directrices para las instituciones y los profesionales en las que se hace referencia expresa al maltrato de las personas de edad. Esta serie de directrices sobre “una relación de atención segura” se centra en la prevención y la concienciación, y propone la forma correcta de proceder ante los casos de violencia en una relación de atención. La Ley de la Juventud obliga a todos los asistentes que trabajan con jóvenes a denunciar sin demora ante la inspección todos los casos de violencia.
43.Además, el Gobierno está invirtiendo en ampliar la atención comunitaria mediante la incorporación de los servicios de enfermería de distrito a la Ley del Seguro de Salud. Esto significa que la prestación de atención y apoyo a las personas de edad en sus hogares ya forma parte del paquete básico del seguro de salud. Con ello se pretende garantizar que las personas de edad puedan seguir viviendo en su propio hogar el mayor tiempo posible. El Gobierno está fomentando la atención ambulatoria para las personas con problemas de salud mental mediante la elaboración de una guía que permita a las compañías de seguros y los proveedores de servicios concertar acuerdos sobre la organización de esa atención a nivel regional. La Ley de Apoyo Social obliga a las autoridades municipales a crear servicios para las personas con problemas de salud mental de larga duración, incluido un régimen de supervisión en el hogar y una modalidad de alojamiento en viviendas tuteladas para las personas que no puedan vivir con total independencia.
19.Se ruega indiquen hasta qué punto la creación de Centros Conjuntos de Apoyo para Víctimas de Violencia Doméstica mediante la fusión de instituciones, entre otras medidas, permite a los Países Bajos atender al número creciente de personas que denuncian ser víctimas de violencia doméstica y poner rápidamente a su disposición los debidos servicios. Indíquese asimismo qué medidas se aplican para garantizar la protección de las mujeres particularmente vulnerables a la violencia doméstica, incluidas las que dependen de sus parejas económicamente o para obtener el permiso de residencia.
44.La fusión de los Centros de Asesoramiento y Denuncia para los Niños Víctimas de Maltrato y Descuido con los Centros de Asesoramiento y Apoyo para las Víctimas de Violencia Doméstica para crear Centros de “Seguridad en el Hogar” ha permitido combatir la violencia doméstica y el maltrato infantil con mayor eficacia. Ahora existe un servicio único al que pueden acudir los particulares y los profesionales para denunciar casos de violencia doméstica o maltrato infantil o para recibir asesoramiento. En la actualidad disponemos de un marco integrado para hacer frente a esas dos formas de maltrato. La organización de los centros de Seguridad en el Hogar corresponde por ley a las autoridades municipales. Los Países Bajos cuentan con 26 de estos centros, con los que se puede contactar a través de una línea telefónica nacional gratuita. Trabajan en estrecha colaboración con la policía, la fiscalía, la Junta de Protección de la Infancia y los servicios de apoyo locales. La Asociación de Municipios Neerlandeses (VNG) presta apoyo a las autoridades locales y los Centros de Seguridad en el Hogar. El programa está financiado por el Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes y el Ministerio de Seguridad y Justicia.
45.Existe una amplia gama de servicios y medidas para ayudar a las víctimas. Por ejemplo, hay centros de acogida para las mujeres y sus hijos. Además, los alcaldes están facultados para dictar órdenes de alejamiento temporal del domicilio contra los autores de violencia doméstica y/o maltrato infantil. Se han creado servicios específicos para las niñas víctimas de los “ loverboys ” (proxenetas “Romeo”). Se ha elaborado asimismo un plan de acción para prevenir la mutilación genital femenina y proporcionar ayuda a las víctimas. Existe un Centro Nacional Especializado en el Matrimonio Forzado y el Abandono, entre cuyas funciones figura la de ayudar a las mujeres y las niñas que han sido abandonadas en un país extranjero a regresar a los Países Bajos, que actúa en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas pertinentes. Los profesionales de los ámbitos de la educación, la atención de la salud y los servicios (judiciales) utilizan un protocolo en el que se establecen directrices para responder ante casos o sospechas de violencia doméstica y/o maltrato infantil. Los migrantes, tanto hombres como mujeres, que residen legalmente en los Países Bajos con su cónyuge o pareja en virtud de un permiso de residencia de familiar a cargo, pueden solicitar un permiso de residencia independiente al cabo de cinco años de residencia legal en el país. No obstante, si una relación termina a consecuencia de la violencia doméstica, la víctima puede solicitar un permiso de residencia independiente antes de que transcurran los cinco años de residencia legal previstos. Los migrantes que se encuentran en el país sin autorización pueden solicitar un permiso de residencia por motivos de violencia doméstica.
20.Sírvanse proporcionar información sobre las consecuencias de la aplicación del plan nacional para poner fin a la violencia doméstica y el maltrato infantil en Curaçao y sobre las dificultades encontradas en ese proceso. Informen sobre las medidas adoptadas para combatir la violencia doméstica en el Caribe Neerlandés y sobre la aplicación de las disposiciones penales que sancionan el maltrato infantil en Aruba.
46.Parte caribeña de los Países Bajos. Con vistas a combatir la violencia doméstica, el Secretario de Estado de Salud, Bienestar y Deportes anunció en el informe preliminar de 4 de octubre de 2016 sobre la violencia en las relaciones de dependencia (Documentos Parlamentarios, Cámara de Representantes 2016-2017, 28 345, núm. 170) que deseaba concertar un acuerdo con las autoridades de la parte caribeña de los Países Bajos para el período comprendido entre 2017 y 2020 a fin de reforzar la política de lucha contra la violencia doméstica. Las prioridades de este acuerdo son la prevención de la violencia doméstica, el fomento de las competencias profesionales y el refuerzo de la cohesión de la cooperación y el apoyo en todo el sistema, incluida la creación de centros de acogida. Además, en 2017 se celebrará una conferencia para seguir consolidando la cooperación en la lucha contra la violencia doméstica entre las partes europea y caribeña de los Países Bajos.
47.Aruba. Los casos de maltrato infantil se remiten al fiscal de turno y son objeto de un examen inicial a cargo del fiscal y el Departamento de Investigación Penal. El examen se centra en las posibilidades de condena (probabilidad de identificar al sospechoso) y la gravedad del delito (agresión común y agresión con agravantes).
48.La fiscalía trabaja en estrecha cooperación con la Dependencia de Juventud y Buena Conducta (JZP), el Departamento de Investigación Penal y la Oficina de Asistencia a las Víctimas. Los menores afectados son entrevistados por personal autorizado de la JZP, que se sirven de muñecos y dibujos para realizar las entrevistas.
49.Curaçao. El Plan Nacional de Curaçao aún no abarca todos los grupos de víctimas potenciales, pero será ampliado a tal efecto en un futuro próximo. El Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar ofrece cursos anuales de concienciación sobre estas cuestiones. En los cursos se ponen de relieve los factores sociales y culturales que subyacen a la violencia doméstica, y el contenido se centra en el protocolo elaborado en consulta con el Ministro de Justicia y en los diversos tipos de apoyo a que pueden recurrir las víctimas. El año pasado hubo en el curso 12 participantes y este contó con el apoyo activo de instructores de la policía y de Amnistía Internacional Curaçao. Otra medida adoptada para crear conciencia sobre la violencia doméstica fue la respuesta al llamamiento a participar este año en la campaña de 16 días de activismo “Pinta el mundo de naranja”, que tuvo lugar del 25 de noviembre al 10 de diciembre.
21.Sírvanse proporcionar información sobre la manera en que la legislación y las políticas vigentes sobre licencias para ejercer la prostitución, así como el proyecto de ley que tiene ante sí el Senado, contribuyen a prevenir y detectar operaciones clandestinas y de trata. Informen además sobre las medidas adoptadas para que las víctimas de trata sean informadas sobre el permiso B-8, por el que se otorga residencia temporal, y sobre los servicios dirigidos a víctimas que no sean nacionales de la Unión Europea durante el período de reflexión de tres meses.
50.Se espera que el proyecto de ley de regulación de la prostitución y lucha contra los abusos en la industria del sexo (WRP) ofrezca una mejor visión de la medida en que se ejerce la prostitución en los Países Bajos, ya que establece la obligación de que todas las empresas del sector obtengan una licencia. Además de fijar la edad mínima para el ejercicio de la prostitución en 21 años, el proyecto de ley también prevé un sistema de licencias para el desarrollo de cualquier tipo de actividad de comercio sexual y dispone que quienes soliciten una licencia para gestionar una empresa dedicada a la prostitución deben presentar un plan empresarial que incluya medidas para proteger la autonomía de los trabajadores. El proyecto de ley también establece normas claras y uniformes para las actividades de comercio sexual que mejorarán las condiciones de los trabajadores de este ámbito. Esta normativa más estricta permitirá supervisar y controlar mejor las actividades del sector, y contribuirá a combatir abusos como la trata de personas.
51.Se ofrece protección a todas las víctimas de la trata, independientemente de su voluntad o capacidad de cooperar en las actuaciones judiciales. Las víctimas no tienen que presentar inmediatamente a la policía una denuncia de trata de personas. En caso de detectarse el mínimo indicio de trata, la policía o la Real Policía Militar y de Fronteras del aeropuerto de Schiphol concederá un tiempo a las presuntas víctimas no nacionales de la Unión Europea que no dispongan de un permiso de residencia para que consideren si desean presentar cargos. Durante este “período de reflexión” de hasta tres meses, son alojadas en centros de acogida en los que se presta atención especializada a las víctimas de la trata (COSM). Hay disponibles un total de 70 plazas (para hombres y mujeres) en tres centros diferentes. Además de alojamiento y apoyo, las víctimas también pueden obtener, en los COSM o a través de ellos, asesoramiento jurídico y de otro tipo, por ejemplo en relación con la presentación de una denuncia por vía penal. A las presuntas víctimas de la trata menores de edad se las aloja en centros residenciales protegidos y se les asigna un tutor. Cuando se concede un “período de reflexión” a una presunta víctima, la policía le entrega un formulario para solicitar asistencia financiera en el marco de las Disposiciones Normativas relativas a Determinadas Categorías de Extranjeros (RVB). La aplicación de estas Disposiciones permite a las presuntas víctimas hacer frente a sus gastos de subsistencia y tener cobertura de seguro médico.
52.Si la víctima ha presentado una denuncia por vía penal y el autor ha sido enjuiciado y declarado culpable, la víctima puede obtener un permiso de residencia permanente. Si la investigación penal y/o el enjuiciamiento duran tres años o más, la víctima puede solicitar una prórroga de su permiso de residencia temporal, independientemente del estado o el resultado de las actuaciones penales. La víctima también tiene derecho a solicitar una prórroga de su permiso de residencia si se retiran los cargos.
53.Las víctimas que no puedan cooperar con las autoridades en razón de circunstancias particulares, por ejemplo, por haber recibido amenazas graves o tener problemas de salud física o mental, pueden solicitar un permiso de residencia por motivos humanitarios. Esta norma se ha señalado expresamente a la atención de la policía, el personal de los servicios de salud, los asistentes sociales y el Servicio de Inmigración y Naturalización (IND), atendiendo a la observación de la Relatora Nacional neerlandesa de que solo se presentan unas pocas solicitudes al año para acogerse a esta posibilidad. Además, se han modificado las Directrices para la Aplicación de la Ley de Extranjería: la policía ya no está obligada a tomar declaración a las víctimas de la trata, sino que, de conformidad con las nuevas normas, basta con hacer constar que hay indicios de trata.
Artículo 11Derecho a un nivel de vida adecuado
22.Se ruega indiquen el grado en que con las medidas adoptadas en los Países Bajos que se describen en el párrafo 103 del informe se logra combatir el problema de la pobreza a largo plazo, en particular la que afecta a los grupos desfavorecidos y marginados, así como proteger a las personas que corren el riesgo de caer en la pobreza.
54.El Gobierno se esfuerza de manera diligente por lograr un desarrollo equilibrado de los ingresos, entre otras cosas aportando fondos a nivel estructural para ayudar a prevenir y combatir la pobreza y el endeudamiento. Las estimaciones realizadas en 2016 por la Oficina de Estadística de los Países Bajos apuntaban a que algunos sectores de la sociedad habían perdido poder adquisitivo. Por consiguiente, el Gobierno decidió introducir medidas estructurales adicionales para incrementar el poder adquisitivo a partir de 2017. Este año se van a invertir 1.100 millones de euros más para prestar apoyo a las personas con los niveles de ingresos más bajos, con lo que incrementan las cuantías de prestaciones como el subsidio para vivienda, la ayuda para el pago del seguro médico, la bonificación fiscal para las personas de edad y la asignación por hijos. Los empleados con ingresos bajos y los empleados con hijos se beneficiarán también de incrementos de la bonificación fiscal para personas empleadas, la bonificación fiscal combinada en función de los ingresos y la prestación para el cuidado de los hijos.
55.Tal como se anunció en el acuerdo de coalición del actual Gobierno, se han destinado 100 millones de euros a políticas de lucha contra la pobreza y el endeudamiento, de los cuales 90 millones se han asignado a los municipios, que son los principales responsables de esas políticas en los Países Bajos. El Gobierno ha consignado también 100 millones de euros adicionales para ayudar a los niños que viven en la pobreza. De esa suma, 85 millones irán a parar a los municipios; 14 millones, a iniciativas nacionales y supramunicipales; y 1 millón a ayudar a niños que viven en la parte caribeña de los Países Bajos.
56.Asimismo, el Gobierno tiene un plan nacional de subsidios a través del cual financia proyectos de lucha contra la pobreza y el endeudamiento entre los grupos destinatarios vulnerables, como las familias monoparentales, las unidades familiares que viven con ingresos escasos durante un período de tiempo prolongado, las unidades familiares de origen no occidental y otros grupos vulnerables identificados como tales por la Secretaría de Estado.
23.Apórtese información sobre las consecuencias de las medidas inmediatas adoptadas por el Estado parte para mitigar el efecto del aumento de los precios en el Caribe Neerlandés en los grupos más desfavorecidos y marginados, y sobre el grado en que tales medidas pretenden hacer posible un nivel de vida adecuado. Rogamos indiquen si los recursos adicionales disponibles son acordes con el nivel de pobreza en el Caribe Neerlandés.
57.Los Países Bajos están adoptando medidas para que disminuya el costo de la vida en la parte caribeña de los Países Bajos, especialmente en lo que se refiere a los gastos en alimentos, productos básicos y vivienda. La reducción de esos gastos hará que aumenten los ingresos disponibles de los grupos con unas rentas relativamente bajas.
58.En los ámbitos de la política de fijación de precios, los mecanismos de mercado, las reducciones de los gastos de flete y los métodos de importación y adquisición se pueden introducir mejoras. El objetivo es lograr resultados concretos con la ayuda de expertos. Actualmente se está llevando a cabo un estudio para analizar la evolución de los precios desde el 10 de octubre de 2010. Sobre la base de esta información se decidirá si es preciso adoptar medidas de mayor calado.
59.En lo que respecta a la vivienda, las medidas se centran en la mejora del mercado de la vivienda y en la ampliación de la oferta de viviendas sociales. Esto debería incrementar el número de viviendas a disposición, a precios asequibles, de los grupos con niveles de ingresos más bajos.
60.Los ajustes introducidos en el régimen fiscal y en las contribuciones a la seguridad social tienen en cuenta el costo de la vida (por ejemplo, al hacer extensivas las exenciones al pago del impuesto sobre los gastos generales (ABB) a determinados servicios, como los servicios públicos).
61.A fin de desarrollar la agricultura y la horticultura en las islas, se están adoptando medidas como la financiación directa de proyectos y el despliegue de expertos procedentes de los Países Bajos. Si aumenta la producción agrícola propia de las islas, incrementará la oferta de productos locales y se reducirá la dependencia de las importaciones, que tienen un costo elevado.
24.Sírvanse indicar la forma en que el Estado parte vela por el cumplimiento en la práctica, en los Países Bajos, de la obligación de proporcionar refugio mencionada en el párrafo 130 del informe del Estado parte. Indíquese asimismo la manera en que los Países Bajos concilian las obligaciones fundamentales contraídas en virtud del Pacto con las condiciones que deben reunir los migrantes indocumentados para tener derecho a recibir refugio.
62.Aparte de lo dispuesto en el párrafo 130 del informe, de acuerdo con la Ley de Apoyo Social de 2015, compete a las autoridades municipales la responsabilidad de habilitar centros de acogida en la comunidad. El número de usuarios de esos centros, la duración media de la estancia, los problemas a que se enfrentan los usuarios en diversos ámbitos de la vida y la capacidad de los centros de acogida son objeto de seguimiento, y las conclusiones extraídas se publican en informes nacionales. También se hace un seguimiento de otras cuestiones relacionadas con los centros de acogida comunitarios, como la de su accesibilidad en todo el país, que se estudian empleando el método de investigación denominado “cliente misterioso”. Si se constata que una autoridad municipal incumple sistemáticamente esta obligación, se le exige que rinda cuentas ante el Secretario de Estado de Salud, Bienestar y Deportes en el marco de su labor de supervisión de las autoridades de menor rango. La autoridad en cuestión ha de responder adoptando medidas apropiadas.
63.En lo que respecta a la provisión de refugio para los migrantes indocumentados, el Gobierno desearía remitir, en primer lugar, a su respuesta a la cuestión número 6. El derecho a hacer uso de los centros de acogida se extiende también a los migrantes en situación irregular. Asimismo, cabe señalar que el sistema actual asegura que ningún migrante se vea obligado a vivir en la calle. En los centros de alojamiento restrictivo, los residentes reciben asistencia para organizar su salida del país, además de alimentos, atención médica y otros servicios. Para ser admitida en uno de estos centros, la persona en cuestión debe hacer un auténtico esfuerzo por organizar su salida del país. Esta condición no se aplica en circunstancias especiales, por ejemplo si, por su estado mental, la persona no puede ser considerada responsable de su negativa a cooperar.
64.El 28 de julio de 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) publicó su decisión en el asunto Hunde c. los Países Bajos (núm. 17931/16), relativo a una denuncia presentada en virtud de los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) por un solicitante de asilo no admitido por denegación de refugio y asistencia social. El solicitante alegó además que la obligación de cooperar a los efectos de su propia expulsión como requisito para recibir asistencia social en calidad de migrante en situación irregular equivalía a un trato incompatible con la dignidad humana. El TEDH declaró la denuncia manifiestamente infundada e inadmisible.
65.El TEDH no considera que el hecho de que la admisión en un centro de alojamiento restrictivo esté sujeta a la condición de que el solicitante coopere para organizar su partida a su país contravenga en sí mismo el artículo 3 del CEDH. El TEDH reitera que el CEDH no contempla el derecho a asistencia social como tal. En la medida en que el artículo 3 obliga a los Estados a intervenir en situaciones de pobreza extrema —incluidas aquellas en que los afectados son migrantes en situación irregular—, el TEDH señala que las autoridades neerlandesas ya han adoptado medidas prácticas en este sentido, por ejemplo brindando la posibilidad de solicitar la admisión en un centro de alojamiento restrictivo y/o un “permiso de residencia por causas ajenas a su voluntad”. El TEDH concluye que no cabe afirmar que las autoridades neerlandesas hayan incumplido las obligaciones que les incumben en virtud del artículo 3 del CEDH por haber permanecido inactivas o indiferentes.
25.Sírvanse indicar la medida en que con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Económico, que se mencionan en el párrafo 237 del informe del Estado parte, se apunta a establecer políticas e iniciativas dirigidas a los grupos más desfavorecidos y marginados en San Martín, tales como los hogares de inmigrantes indocumentados.
66.El Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Económico todavía no se han ultimado. No obstante, nuestro Gobierno ha identificado varias cuestiones que afectan a los grupos más desfavorecidos y marginados de San Martín. En mayo de 2017 se organizará un taller entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil para tratar de llegar a un acuerdo en torno a algunos de los problemas más importantes a que se enfrenta nuestro país y sobre la mejor forma de establecer las prioridades para dar una respuesta apropiada a estas cuestiones. Está previsto que en ese taller se definan las metas necesarias para lograr esos objetivos de desarrollo, así como los riesgos y obstáculos que plantea su consecución.
Artículo 12Derecho a la salud física y mental
26.Facilítese información sobre los efectos de las medidas adoptadas por el Estado parte, como el plan estratégico “Escuela sana” 2011-2016 en Aruba, para reducir la prevalencia de la obesidad entre los niños, especialmente en Aruba, Curaçao y San Martín.
67.Aruba. El proyecto piloto “Escuela sana”, que estuvo en marcha en cinco escuelas durante un período de tres años, terminó a finales de 2016. Por el momento es demasiado pronto para determinar si ha disminuido la prevalencia de la obesidad, ya que cualquier programa de promoción de la salud que tenga por objeto fomentar cambios de comportamiento requiere tiempo. La idea es finalizar el proyecto piloto y, a continuación, formular recomendaciones para aplicar el programa en todas las escuelas primarias. Su implantación se llevará a cabo por etapas, en función de la capacidad humana y de los recursos financieros. También cabe destacar que el proyecto piloto “Escuela sana” no constituye únicamente una campaña para combatir la obesidad, sino que incluye además un enfoque holístico para la promoción de la salud basado en el bienestar social y mental y en la salud física.
68.Curaçao. Según un estudio realizado por el Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Naturaleza (www.vic.cw), en el que se concluyó que un nivel bajo de actividad física y una dieta poco saludable eran los principales factores predisponentes de la obesidad y los problemas de salud conexos, los estudiantes de Curaçao corren un riesgo relativamente alto de tener esos trastornos.
69.El Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Naturaleza ha elaborado las siguientes estrategias de intervención para poner freno a la tendencia creciente de la prevalencia de la obesidad entre los niños y los jóvenes:
1)Reconocer la obesidad como enfermedad crónica;
2)Volver a introducir los reconocimientos médicos periódicos realizados por el Servicio de Atención de la Salud de los Jóvenes del Ministerio; y
3)Aumentar el número de horas de clase de educación física en las escuelas.
70.Una tercera parte de los alumnos (el 32,6%) afirmó que había asistido a clases de educación física tres o más días por semana durante el año escolar en curso. La proporción de alumnos varones que indicaron dicha frecuencia de asistencia no variaba mucho con respecto a la de las mujeres (el 35,6% frente al 29,8%). No se observaron diferencias considerables entre distintas categorías de edad. Una quinta parte de los alumnos (el 20,8%) declaró que no había asistido a ninguna clase de educación física durante el año escolar en curso (véanse los anexos).
71.San Martín. La promoción de la salud y el bienestar de la población sigue siendo una prioridad del Gobierno, e incluso figura en el artículo 22, párrafo 1, de la Constitución. A tal fin, en los últimos cuatro años el Gobierno ha iniciado o financiado una serie de programas de desayunos escolares, con los que se suministran alimentos saludables con objeto de combatir la obesidad infantil. El Programa de Desayunos de los Servicios Colectivos de Prevención fue un proyecto piloto encargado por el Gobierno de San Martín. Un ejemplo típico de desayuno incluía un sándwich con dos rebanadas de pan integral, una fuente de proteínas, una ración de fruta, un yogur y una botella de agua. Este Programa de Desayunos estuvo en marcha entre agosto y diciembre de 2012. A continuación, el Gobierno estableció una alianza público-privada con el aeropuerto, a través de la cual se implantó un nuevo programa de desayunos inspirado en el que habían llevado a cabo los Servicios Colectivos de Prevención. Nos enorgullece poder afirmar que este Programa sigue en marcha. Asimismo, el Gobierno financia y respalda la labor realizada por diversas organizaciones comunitarias y colabora con ellas. El Sunrise Rotary Club, por ejemplo, ha iniciado su propio programa de desayunos, con el que se recaudan fondos para el suministro de desayunos a cuatro escuelas. Además, la educación física continúa siendo un componente esencial del plan de estudios, y el Gobierno patrocina numerosas actividades y actos relacionados con el deporte. Desde 2015, el Departamento de Deportes organiza el Premio Brown Pelican, con el que se reconocen logros destacados en el ámbito deportivo y la labor que llevan a cabo los pioneros y los patrocinadores del deporte en nuestra comunidad. Esto mejora la imagen del deporte y contribuye a promover un estilo de vida saludable.
27.Rogamos indiquen qué medidas se están estudiando para asegurarse de que las normas relativas al aborto en los Países Bajos no discriminen a ciertos grupos de mujeres en relación con el ejercicio de su derecho a la salud sexual y reproductiva. Proporciónese también información sobre las repercusiones de las medidas adoptadas para atender al problema del embarazo precoz en Aruba, Curaçao y San Martín. Con referencia al párrafo 238 del informe del Estado parte, sírvanse formular observaciones sobre la compatibilidad de la legislación de San Martín relativa a la interrupción del embarazo con el derecho a la salud sexual y reproductiva.
72.En los Países Bajos, todas las mujeres, independientemente de factores como su origen o condición social o la región en la que vivan, tienen acceso a asistencia y asesoramiento en relación con el aborto. Actualmente existen 14 clínicas especializadas en todo el país. Las mujeres pueden solicitar asistencia en estas clínicas de forma anónima, y no se impone ninguna condición para ser admitidas en ellas. Además, como el tratamiento es gratuito, no hay ningún obstáculo económico para las personas con una situación financiera vulnerable.
73.Aruba. La tasa anual de nacidos vivos de madres de entre 15 y 19 años es aproximadamente 40 por cada 1.000 nacimientos (Aruba Health Monitor, de 2013), cifra que ha permanecido invariable durante los últimos 10 años. La Agencia de Planificación Familiar de Aruba evalúa periódicamente las tendencias y dificultades actuales con el fin de mejorar los servicios que ofrece a los distintos grupos destinatarios (niños, jóvenes y adultos). El estudio realizado en 2013 reveló que alrededor del 90% de los jóvenes de 11 a 21 años conocían la Agencia y sus servicios.
74.Curaçao. La tasa de nacidos vivos de madres de entre 15 y 19 años experimentó una disminución en 2015 (véanse los anexos), lo que podría deberse a los efectos del proyecto titulado “Biba Amor”, que se está llevando a cabo en las escuelas, si bien aún no tiene carácter obligatorio.
75.San Martín. El aborto sigue siendo ilegal en San Martín, pero, como se señala en el informe, en la actualidad se está llevando a cabo una revisión de la legislación. Ya se ha ultimado el proyecto de política de salud sexual y reproductiva, que se dará a conocer a las partes interesadas en 2017. Una vez se hayan incorporado los comentarios pertinentes, dicha política se remitirá al Ministerio para que la apruebe. Esta política tiene por objeto garantizar el reconocimiento y la protección de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva para todas las personas en San Martín. En ella, el aborto se define como la interrupción médica del embarazo. La política incluye varios compromisos en relación con la interrupción médica del embarazo, que abarcan desde la educación hasta el acceso a servicios, asesoramiento y cuidados postratamiento. Cuando se haya aprobado esta política, se modificarán todas las leyes que obstaculicen su aplicación, incluida la que prohíbe la interrupción del embarazo. Además, se alienta a todas las mujeres a que, si piensan que pueden estar embarazadas, soliciten un reconocimiento médico por parte de un ginecólogo o un comadrón. Las mujeres que tengan un seguro médico han de ser remitidas por su médico de cabecera para poder someterse a dicho reconocimiento. La cita con el ginecólogo se suele dar durante las primeras dos semanas, y la aseguradora médica corre con los gastos. En el caso de las mujeres que no tengan cobertura médica, se las alienta a que soliciten el mismo reconocimiento médico, pero tendrán que pedir la cita y abonar todos los gastos por su cuenta. Se procura que esos gastos sean tan bajos como sea posible, y las citas solicitadas por esas mujeres también suelen tener lugar durante las primeras dos semanas.
28.Facilítese información sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para tener en cuenta las repercusiones de las actividades empresariales en los derechos consagrados en el Pacto, incluido el derecho a la salud y a un entorno seguro y el derecho a una vivienda adecuada en el Estado parte, como las realizadas en el contexto de las operaciones de refinería en Curaçao y las operaciones de extracción de gas en los Países Bajos.
76.Por lo general, los pequeños Estados insulares en desarrollo no imponen ninguna exigencia a las grandes empresas que desean fomentar determinadas actividades económicas; este ha sido el caso de Curaçao, incluso en aquellas ocasiones en que tales actividades pudieran tener unos efectos negativos. No obstante, actualmente el Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Naturaleza está coordinando una auditoría técnica y ambiental de la Refinería Isla. Para ello se han contratado los servicios externos de expertos de Fluor para que presten apoyo a la Inspección Medioambiental y de la Naturaleza.
77.Las organizaciones de la sociedad civil han señalado a menudo a la atención del Gobierno el problema de la contaminación del aire y otras formas de contaminación y sus efectos nocivos para la salud pública, y los tribunales han ordenado a las partes que celebren consultas al respecto. El Gobierno desearía señalar que la contaminación aérea y las demás formas de contaminación ambiental desaparecerán tan pronto como Isla concluya su transición al gas, para lo cual tendrán que transcurrir, al menos, entre cinco y diez años. El uso de una energía más limpia y otras formas de modernización también se han aplazado a una fecha por determinar debido a la falta de fondos. Habida cuenta de esta experiencia, el Gobierno ha adoptado un enfoque firme con respecto a las negociaciones sobre el futuro de la refinería, invocando normas ambientales internacionales. Ya se ha firmado un principio de acuerdo con la empresa china Guangdong Zhenrong Energy Co. Ltd (GZE), en el que se incluye la condición de modernizar el sector del petróleo y la energía de Curaçao.
78.En lo que respecta a la extracción de gas, de conformidad con la Ley de Minería, las empresas que quieran extraer gas en los Países Bajos tienen que solicitar primero una licencia. Las autoridades tienen en cuenta la seguridad de las personas que viven en las zonas colindantes y la prevención de los daños a edificios a la hora de decidir si expiden ese tipo de licencias. Si se produce algún daño como consecuencia de una extracción de gas, las personas afectadas pueden reclamar una indemnización por responsabilidad objetiva al amparo de las disposiciones pertinentes del Código Civil. Se ha demostrado que la extracción de gas en el yacimiento de Groninga ha provocado terremotos que han dañado viviendas y otras estructuras. Desde que quedó patente el alcance de este problema, se han introducido una serie de medidas. En primer lugar, desde 2013 se han venido reduciendo considerablemente las operaciones de extracción de gas en el yacimiento de Groninga; en segundo lugar, se han tomado medidas para limitar los efectos de los terremotos. Por ejemplo, se ha puesto en marcha un programa en el marco del cual se realizan inspecciones de las viviendas y, en caso necesario, se adoptan medidas de refuerzo estructural.
Artículos 13 y 14Derecho a la educación
29.Sírvanse facilitar datos, desglosados por municipio, sexo y origen étnico, sobre los niños con discapacidad que no están matriculados en la escuela y las medidas adoptadas para permitir el acceso a una educación inclusiva.
79.Los Países Bajos no están en condiciones de facilitar esa información puesto que no existen estadísticas al respecto. Los datos estadísticos sobre los niños que no asisten a la escuela o están exentos de la educación obligatoria no están desglosados por género, origen étnico o discapacidad.
30.Proporciónese información sobre las repercusiones de las medidas adoptadas para superar los obstáculos que se interponen al acceso a la educación de los hijos de inmigrantes, incluidos los niños indocumentados, en San Martín.
80.En 2009, San Martín aplicó la Ley de Educación Obligatoria utilizando un enfoque basado en cinco fases, y actualmente ya se han llevado a cabo todas esas fases. Esto quiere decir que todos los niños residentes en San Martín de entre 4 y 18 años, incluidos los niños indocumentados, deben asistir a la escuela y permanecer escolarizados. En lo que respecta a los niños indocumentados, entre 2004 y 2006, el Ministerio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes puso en marcha un programa piloto para crear clases de transición. El principal grupo destinatario era el alumnado de la escuela primaria. El programa piloto incluía clases intensivas de apoyo para que los niños que tuvieran dificultades con el aprendizaje del inglés consiguieran los mismos resultados que los demás niños de su edad o de su nivel. Este programa se utiliza con frecuencia en las escuelas de enseñanza primaria, donde los alumnos son divididos en pequeños grupos (de 4 a 5 niños) en función de la asignatura, la edad y el nivel de dominio del idioma. Gracias al reducido número de alumnos por clase, los estudiantes están dispuestos a asumir riesgos en relación con la educación, lo que les permite aprender el idioma con más rapidez. Se están realizando estudios para determinar cuál es la mejor manera de avanzar en este sentido a fin de garantizar la viabilidad del programa y de la metodología futura.
31.Infórmese sobre las medidas adoptadas por los Países Bajos para evaluar si sus políticas tienen el efecto de mantener el papel de la educación como medio para nivelar las disparidades sociales y combatir la segregación por motivos raciales en la educación. Sírvanse facilitar asimismo información sobre las medidas adoptadas para superar las desigualdades en cuanto al acceso a una educación de calidad en San Martín.
81.Con el fin de garantizar que todos los niños y jóvenes, independientemente de su origen, tengan iguales oportunidades de desarrollar su potencial, el Gobierno neerlandés ha elaborado un plan de acción que incluye propuestas para promover la igualdad de oportunidades en la educación. Su principal objetivo es mejorar la transición entre los distintos niveles de enseñanza para que los alumnos y estudiantes que reciben un menor grado de apoyo y estímulo en el hogar también tengan la oportunidad de desarrollar su potencial. A modo de ejemplo, cabe señalar la inversión en programas de pasarela y las mejoras de la transición entre la formación profesional secundaria y la educación profesional superior, así como otras medidas más generales para fomentar lo que tradicionalmente ha sido uno de los puntos fuertes del sistema educativo de los Países Bajos, a saber, la oportunidad de progresar sucesivamente de un nivel de enseñanza a otro superior. Los Países Bajos aplicarán y evaluarán meticulosamente este plan de acción durante los próximos dos años, de modo que al final de ese período se tenga una idea clara de las medidas que verdaderamente funcionan en la práctica y que estas se puedan introducir de forma permanente. Aparte de este plan de acción, el 31 de octubre de 2016 se estableció la Alianza para la Igualdad de Oportunidades. Esta Alianza es una red abierta creada por y para profesionales tanto del sector de la educación como ajenos a él. Nuestro objetivo es reunir a ambas partes para que sirvan de inspiración dentro y fuera de la red, de forma que puedan aunar sus competencias técnicas y ampliar el alcance de aquellas medidas que hayan dado buenos resultados. Las asociaciones existentes pueden vincularse a la Alianza con el fin de pasar a formar parte de un único movimiento nacional para la promoción de la igualdad de oportunidades. El principio subyacente es que cada miembro de la Alianza formule planes concretos, con arreglo a sus funciones y responsabilidades, en los que se definan medidas y actividades específicas. Esto quiere decir que la Alianza no será únicamente una red de ideas, sino también la vanguardia del cambio.
82.San Martín. La Inspección de Educación se encarga de garantizar la calidad de la enseñanza obligatoria y, a tal efecto, mantiene un estrecho contacto con las juntas escolares pertinentes. En lo que respecta a la educación terciaria, la Universidad de San Martín (USM) sigue tratando de firmar acuerdos con universidades asociadas para que los programas se enriquezcan y los títulos sean aceptados y homologables.
32.Facilítese información sobre el efecto de las medidas adoptadas en relación con las expulsiones y las elevadas tasas de deserción en la enseñanza secundaria en San Martín, así como con las altas tasas de deserción escolar de los niños varones en Curaçao.
83.Curaçao. El Programa de Educación para Jóvenes forma parte de la política de educación ordinaria de Curaçao, y su administración es una de las responsabilidades básicas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Deportes.
84.El marco de política “ Yuda skol yuda su alumno ” (“Ayude a las escuelas, ayude a sus alumnos”) es un programa que tiene por objeto reducir la tasa de abandono escolar. El Programa de Educación para Jóvenes ofrece actualmente a los jóvenes la posibilidad de participar en el experimento educativo titulado “SBO1 plus” ―dirigido por el Servicio Público de Direcciones Escolares― bajo la meticulosa supervisión y atención de la organización FIDE en pro de una reforma educativa y del Sentro Guia Edukashonal (Centro de Orientación Educativa (SGE)).
85.Estos cursos, que se imparten en el primer nivel de formación profesional secundaria a jóvenes de entre 16 y 24 años que no tienen un título de certificado de enseñanza secundaria, permiten a cualquier persona que lo desee obtener una cualificación básica en el primer nivel o una cualificación superior de formación profesional secundaria. Se eligió este nivel porque su plan de estudios se ajusta más a las necesidades del grupo destinatario (principalmente varones). El curso mejorará sus oportunidades de conseguir empleo y permitirá que estén mejor preparados para cualesquiera otros cursos adicionales en que deseen matricularse.
86.San Martín. En caso de expulsión, la escuela debe presentar un informe sobre el alumno en cuestión, y tiene que aportar pruebas suficientes de que ha hecho todo lo posible antes de tomar esa medida. Solo entonces se podrá proceder a la expulsión. La junta escolar tiene que reunirse con la Sección de Absentismo Escolar de la Inspección de Educación y con un inspector jefe para examinar si el alumno puede permanecer en la escuela o no. La junta escolar tiene la última palabra, ya que la legislación no establece claramente cuál es la función de la Sección de Absentismo Escolar con respecto a las expulsiones. Es sumamente importante que se revisen estas leyes para perfeccionar dichas disposiciones. A fin de evitar que se llegue a un punto en que la única opción viable sea la expulsión del alumno, se han adoptado una serie de medidas. Las escuelas están obligadas a comunicar los casos de alumnos ausentes durante varios días consecutivos a la Sección de Absentismo Escolar de la Inspección de Educación, que, a su vez, intervendrá realizando llamadas telefónicas y/o visitas a domicilio para motivar a los alumnos a que vuelvan a la escuela. Además, la Inspección de Educación está aplicando un marco experimental según el cual se entrevista también a la administración de la escuela para establecer indicadores que permitan determinar qué metodología podría estar incrementando las tasas de absentismo y abandono escolar. Asimismo, se alienta a las escuelas a que reduzcan al mínimo las suspensiones fuera de la escuela y a que impongan más medidas de suspensión y castigo en los centros. En caso de suspensión, las escuelas deben en primer lugar ponerse en contacto con la Sección de Absentismo Escolar para decidir la cantidad de días que durará la suspensión del alumno, en función de la gravedad del caso. Además, todas las escuelas cuentan con un equipo de asistencia, y los estudiantes son derivados a este equipo para que reciban asesoramiento y orientaciones generales a fin de evitar y/o resolver incidentes que puedan dar lugar a una suspensión o a casos de abandono escolar.
33.Infórmese sobre las consecuencias de las medidas adoptadas para hacer cumplir el reglamento de 2015 que se menciona en el párrafo 136 del informe del Estado sobre las pasantías para menores indocumentados, solicitantes de asilo y migrantes que estén regularizando su situación, y para superar los obstáculos con que estos se enfrentan para acceder a la educación superior en los Países Bajos.
87.Los solicitantes de asilo que son titulares de un permiso de residencia temporal tienen los mismos derechos y obligaciones que los nacionales neerlandeses. Por lo tanto, tienen derecho a realizar pasantías. A los solicitantes de asilo que no hayan recibido un permiso de residencia temporal se les aplican las disposiciones que figuran a continuación. Los empleadores que permiten que un migrante realice una pasantía obligatoria en el marco de sus estudios están exentos de la obligación de solicitar un permiso de trabajo para el pasante. Esto está sujeto a varias condiciones: la pasantía debe ser obligatoria, el estudiante tiene que haber iniciado los estudios antes de cumplir los 18 años y la pasantía no puede ser remunerada (excluyendo los gastos de viaje). En el artículo 1 f) del decreto por el que se aplica la Ley de Empleo de los Extranjeros figura una lista de los estudios a los que es de aplicación esta norma, en la que están incluidos el módulo de formación profesional (BOL) de la enseñanza secundaria, la capacitación práctica, los programas que combinan el trabajo y los estudios, así como el curso preparatorio de ingreso en la formación profesional secundaria y las actividades del mercado laboral y otras vías de enseñanza secundaria especializada.
88.Además, el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia vela por que en todo momento se ofrezcan suficientes oportunidades de pasantías. Según la asociación de empleadores de pequeñas y medianas empresas VNO-MKB y la Organización para la Cooperación entre la Formación Profesional, la Capacitación y el Mercado de Trabajo (SBB), los empleadores están claramente a favor de permitir a los refugiados a que realicen pasantías. El Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia ha puesto en contacto al Consejo Neerlandés de Refugiados con la SBB para explicar este procedimiento a los empleadores que estén interesados en ofrecer este tipo de pasantías.
89.Se han adoptado diversas medidas para ayudar a los migrantes mayores de 18 años que estén en posesión de un permiso de residencia a encontrar cursos apropiados de formación profesional secundaria o de educación profesional superior. Esas medidas se centran, por ejemplo, en la relación existente entre un buen dominio del idioma neerlandés y la integración satisfactoria en la sociedad neerlandesa, la homologación de títulos, la atención al grupo destinatario, la eliminación de los obstáculos legales y la mejora del suministro de información.
90.El sector de la educación ha adoptado un gran número de iniciativas, entre las que figuran vías de transición personalizadas, programas para favorecer la integración de los estudiantes, cursos en línea de lengua neerlandesa, apertura de los seminarios a personas con permisos de residencia y sesiones informativas en los centros para solicitantes de asilo.
91.El equipo de tareas administrativo para los refugiados en el ámbito de la educación superior ha señalado los problemas a que se enfrentan los alumnos en esta esfera. Actualmente se están adoptando medidas en colaboración con el sector de la educación para resolver estos problemas. Por ejemplo, se han simplificado los procedimientos de homologación de títulos, y la Organización de los Países Bajos para la Cooperación Internacional en la Educación Superior ha intensificado la divulgación de información sobre estos procedimientos.
92.El Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, en asociación con otras entidades, como la Red de Educación Profesional Secundaria y el Equipo de Tareas para la Educación Superior, supervisa las escuelas, las instituciones y los municipios para detectar y resolver los problemas lo antes posible.
Artículo 15Derechos culturales
34.Sírvanse indicar en qué medida el contenido de los planes de estudios y, en su caso, el idioma en que se imparte la educación en el Caribe Neerlandés, Aruba, San Martín y Curaçao se han adaptado a las necesidades y la cultura locales.
93.Todas las escuelas de la parte caribeña de los Países Bajos tienen un apartado en sus planes de estudios para atender a las necesidades y la cultura locales. En la mayoría de los casos, esto incluye la posibilidad de elegir el idioma de instrucción.
94.En la enseñanza primaria y secundaria, la formulación de las metas de resultados académicos es relativamente amplia, lo que da margen a las escuelas para hacer su propia selección. Asimismo, de ser necesario, las metas se ajustan para adaptarse al contexto local. En la enseñanza primaria, esto es aplicable no solo a las clases de idiomas, sino también a las asignaturas de historia y estudios del mundo. En la enseñanza secundaria, los alumnos aprenden español en lugar de alemán, por ejemplo, y se ha incorporado también el papiamento. En la formación profesional secundaria se utilizan perfiles de cualificación, que se ajustan en la mayor medida posible a las necesidades o al mercado de trabajo local o regional.
95.En la enseñanza primaria, en San Eustaquio y Saba las clases se imparten en inglés y/o en neerlandés y en Bonaire, en papiamento y/o en neerlandés. En la enseñanza secundaria, en San Eustaquio y Saba el idioma de instrucción es el inglés. En Bonaire, durante la enseñanza secundaria el idioma de instrucción y de examen es el neerlandés, aunque los profesores pueden utilizar en clase la lengua materna de los alumnos para aclarar los contenidos. En los niveles 1 y 2 de la formación profesional secundaria, en San Eustaquio y Saba las clases se imparten en inglés y/o en neerlandés y en Bonaire, en papiamento y/o en neerlandés. En los niveles 3 y 4 (que se ofertan únicamente en Bonaire), las clases se imparten únicamente en neerlandés.
96.Aruba. El Departamento de Educación lleva varios años trabajando en la elaboración de material educativo que incorpore el contexto de Aruba en los planes de estudios, lo que incluye la enseñanza de asignaturas y material en papiamento, teniendo en cuenta las necesidades y la cultura locales.
97.La introducción del proyecto piloto titulado “ Scol Multilingual ” (Escuela Multilingüe) fue un paso hacia la promoción de la enseñanza del idioma materno, y en él se toman en consideración las necesidades locales de que el neerlandés, el inglés y el español formen parte del plan de estudios. El Ministro de Educación está tratando de diversificar la educación para satisfacer en la medida de lo posible las necesidades de la población local. Se está elaborando una política lingüística que contemple el uso de distintos idiomas de instrucción en las escuelas.
98.En consonancia con las necesidades de la población local, se ofrece una amplia variedad de vías de aprendizaje en todo el espectro educativo, desde el jardín de infancia hasta la educación superior.
99.Curaçao. Dado que el papiamento es el idioma con el que se comunica más del 90% de la población, desde un punto de vista educativo tiene sentido que en la escuela primaria se impartan clases en ese idioma. Aproximadamente el 6% de la población son hablantes de neerlandés (sin contar a los que hablan otro idioma además del neerlandés), por lo que cuatro escuelas de primaria en que el neerlandés sea el idioma de instrucción deberían ser suficientes para atender a esos alumnos. No obstante, el 6% de los padres que son hablantes tanto de neerlandés como de papiamento y un porcentaje aún mayor de los hablantes de papiamento, chino o español consideran que sería mucho mejor que sus hijos asistieran a una escuela en la que las clases se impartieran en neerlandés.
100.Para la enseñanza primaria y secundaria se ha desarrollado un método de instrucción escolar. Si bien está diseñado para que el papiamento sea el idioma de instrucción, las juntas escolares pueden elegir si las clases se imparten en papiamento, neerlandés o inglés.
101.Uno de los objetivos declarados que persigue la educación en Curaçao es “inculcar el respeto por la identidad cultural, el idioma y los valores propios y por los valores del país de residencia y de origen del niño”.
102.San Martín. De acuerdo con la legislación que regula la educación, el idioma de instrucción en las escuelas de San Martín puede ser el inglés o el neerlandés. En algunas escuelas las clases se imparten en inglés y en otras, en neerlandés. El Ministerio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes tiene la intención de elaborar una política lingüística en 2017.
Anexos
Anexo I (relativo al párrafo 70 de las respuestas)
Datos del Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Naturaleza, Eshuis 2008
Uno de cada diez niños de 5 a 6 años tiene sobrepeso;
Uno de cada seis niños de 10 a 11 años tiene sobrepeso;
Uno de cada cuatro jóvenes de 15 a 16 años tiene sobrepeso;
Uno de cada dos jóvenes de 18 a 24 años tiene sobrepeso.
103.El 30% come verduras o fruta todos los días (Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Naturaleza/Instituto de Salud Pública (www.vic.cw)/Eshuis, 2008).
104.Los datos provienen de la Encuesta Escolar sobre Salud Humana de Curaçao y del Informe Nacional de 2015 del Instituto de Salud Pública (www.vic.cw).
Cuadro
Porcentaje de alumnos según su peso, indicado por ellos mismos (En porcentaje)
|
Peso indicado |
Total |
Varones |
Mujeres |
|
Peso extremada o ligeramente inferior al normal |
14 , 9 |
16 , 4 |
13 , 3 |
|
Peso normal o cercano a la normalidad |
56 , 5 |
59 , 7 |
53 , 7 |
|
Sobrepeso ligero o extremo |
28 , 6 |
23 , 9 |
33 , 0 |
Cuadro
Actividad física de más de 60 minutos de duración realizada en los últimos siete días (En porcentaje)
|
Número de días |
Total |
Varones |
Mujeres |
|
0 días |
32 , 3 |
27 , 8 |
36 , 1 |
|
1 o 2 días |
30 , 9 |
27 , 6 |
34 , 1 |
|
3 o más días |
36 , 8 |
44 , 6 |
29 , 8 |
|
5 o más días |
19 , 4 |
25 , 1 |
14 , 5 |
|
7 días |
11 , 8 |
14 , 9 |
9 , 1 |
Anexo II (relativo al párrafo 74 de las respuestas)
Instituto de Salud Pública de Curaçao, www.vic.cw (versión de febrero de 2016)
Cuadro
Niños nacidos vivos de madres adolescentes
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
De 10 a 14 años de edad |
|||||||
|
Número de niños nacidos vivos |
8 |
4 |
6 |
6 |
3 |
3 |
5 |
|
Por cada 1.000 adolescentes |
1 , 5 |
0 , 8 |
1 , 2 |
1 , 2 |
0 , 6 |
0 , 6 |
1 , 0 |
|
Porcentaje |
0 , 1 |
0 , 1 |
0 , 1 |
0 , 1 |
0 , 1 |
0 , 1 |
0 , 1 |
|
De 15 a 19 años de edad |
|||||||
|
Número de niños nacidos vivos |
192 |
192 |
180 |
193 |
198 |
181 |
162 |
|
Por cada 1.000 adolescentes |
34 , 8 |
34 , 5 |
32 , 3 |
34 , 7 |
36 , 1 |
33 , 7 |
30 , 5 |
|
Porcentaje |
3 , 5 |
3 , 5 |
3 , 2 |
3 , 5 |
3 , 6 |
3 , 4 |
3 , 1 |
Fuente : Oficina de Estadística, estadísticas sobre fertilidad y población (www.cbs.cw).