Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Séptimo informe periódico que los Países Bajos debían presentar en 2022 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto * **
[Fecha de recepción: 1 de julio de 2022]
I.Introducción general
1.El Reino de los Países Bajos ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 11 de diciembre de 1978. El Pacto entró en vigor en todos los territorios del Reino el 11 de marzo de 1979.
2.El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Reino de los Países Bajos en sus sesiones 43ª, 44ª y 45ª, celebradas los días 10 y 11 de noviembre de 2010. Las observaciones finales del Comité figuran en el documento E/C.12/NLD/CO/4-5.
3.El sexto informe del Reino de los Países Bajos se presentó de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Pacto. El diálogo sobre las actualizaciones de los informes anteriores y sobre las medidas de política que se adoptaron atendiendo a las recomendaciones formuladas en las observaciones finales de 2010 hasta 2017 se celebró los días 1 y 2 de junio de 2017. El diálogo también se complementó con información presentada por escrito por los Países Bajos sobre las medidas emprendidas para aplicar las recomendaciones contenidas en los párrafos 8, 12 y 40 a) de las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el sexto informe periódico de los Países Bajos, en cumplimiento de lo solicitado en el párrafo 60 de esas observaciones, hasta 2018 inclusive. Toda la información relativa a la posición del Gobierno y a las medidas adoptadas para aplicar el Pacto, así como a las leyes pertinentes, figura en el sitio web en neerlandés y en inglés. En el sitio web en inglés pueden encontrarse traducciones al inglés de todos los documentos que figuran en el sitio web en neerlandés.
Estructura constitucional del Reino de los Países Bajos
4.El Reino de los Países Bajos está constituido por cuatro países en igualdad de condiciones, a saber, los Países Bajos, Aruba, Curaçao y San Martín. Las obligaciones derivadas de los tratados internacionales son vinculantes para el Reino en su conjunto, que debe rendir cuentas en virtud del derecho internacional público. Los países del Reino tienen un alto grado de autonomía interna. Cada uno de ellos es autónomo en lo que se refiere a la aplicación del Pacto. El presente informe contiene una introducción general, seguida de cuatro partes, que describen la situación en cada uno de los cuatro países del Reino.
5.Las tres islas de Bonaire, San Eustaquio y Saba (denominadas conjuntamente “los Países Bajos del Caribe” o “el Caribe Neerlandés”) son entidades públicas y su condición es más o menos equivalente a la de un municipio de los Países Bajos. En las políticas y las leyes se tienen en cuenta su situación geográfica, su tamaño y su carácter insular propio.
6.El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales está en vigor en todas las partes del Reino. Todos los países del Reino tienen la responsabilidad individual de proteger los derechos humanos en el país y tienen sus propias instituciones para supervisar la situación.
7.La manera en que se aplican las obligaciones dimanantes de los tratados corresponde a los cuatro países que componen el Reino en pie de igualdad. Estos son totalmente autónomos por lo que respecta a sus asuntos internos, incluida la forma en que cumplen los compromisos internacionales contraídos por el Reino.
8.La comunicación más reciente relativa al sexto informe abordaba la recomendación incluida en el párrafo 60 de las observaciones finales al efecto de proporcionar, en un plazo de 18 meses, información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité en los párrafos 8, 12 y 40 a). Los Países Bajos dieron respuesta a esa petición en el documento de 2018, pero no todas las respuestas se consideraron suficientes en ese momento, según se indicaba en la carta de seguimiento del Comité (2019-20/CESCR/FU). El Comité consideraba que se habían hecho progresos insuficientes con respecto a Curaçao y al acceso a los alimentos, el agua y la vivienda (la denominada cuestión “cama-baño-pan”) y que no había información suficiente para llegar a una determinación sobre dos cuestiones (los mecanismos de seguimiento del Plan de Acción Nacional sobre las Empresas y los Derechos Humanos y los requisitos legales para garantizar el cumplimiento por las empresas de las obligaciones en materia de derechos humanos).
II.Los Países Bajos
2.1Introducción
Recomendación 6 sobre la aplicación interna del Pacto
9.El Ministerio del Interior y Relaciones del Reino ha publicado una Guía sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Handreiking economische, sociale en culturele grondrechten) para garantizar la conformidad de las políticas y la legislación con los derechos sociales y económicos. En febrero de 2022 se publicó asimismo la Guía sobre la Revisión Constitucional (Handreiking constitutionele toetsing). Esta Guía se refiere específicamente al Pacto y a los derechos económicos, sociales y culturales en general. El Ministerio del Interior y Relaciones del Reino promueve activamente la utilización de esa Guía, que se ha presentado al Parlamento, para la elaboración de leyes y políticas.
Recomendación 15 sobre medidas para garantizar el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales por todas las personas bajo su jurisdicción
10.El derecho internacional es de aplicación directa en los Países Bajos y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución (“[l]a legislación en vigor en el Reino no se aplicará si es contraria a las disposiciones de tratados o de resoluciones de instituciones internacionales que sean vinculantes para todas las personas”), los tribunales están facultados para desestimar una disposición de la legislación interna y aplicar en su lugar una disposición del derecho internacional.
11.Sin embargo, esa facultad es limitada: los tribunales deben determinar en primer lugar que una disposición del derecho internacional es “vinculante para todas las personas” y que se considera que la aplicación de una disposición de la legislación interna entra en conflicto con esa disposición del derecho internacional. En este caso, los tribunales pueden impugnar la legislación.
12.Los derechos económicos, sociales y culturales suelen tener un carácter programático, lo cual significa que requerirán la adopción de medidas legislativas y otras medidas de aplicación por los poderes legislativo o ejecutivo. Por consiguiente, no se consideran “vinculantes para todas las personas” en el sentido de que se trate de derechos exigibles que los tribunales puedan aplicar como tales en un caso particular. De manera general, la aplicación de esos derechos requiere una decisión política sobre los medios disponibles, asequibles y efectivos dentro de los límites del presupuesto y otros intereses nacionales contrapuestos.
Recomendación 17 sobre medidas para garantizar la efectividad a nivel local de los derechos enunciados en el Pacto
13.Las tareas que desempeñan los municipios en la esfera social les están asignadas por ley. La Constitución neerlandesa ofrece una base para ello en el artículo 124. Esto también supone que los municipios están obligados a ejecutar las tareas que la ley ha delegado en ellos. En virtud de la Ley de Municipios (Gemeentewet), el Estado tiene la obligación de reembolsar a los municipios los costos que representa cumplir esas obligaciones. Por consiguiente, en virtud de la Ley de Subsidios para el Gobierno Local (Financiële-verhoudingswet), los costos de nuevas políticas que afecten a las autoridades locales y regionales deben determinarse anticipadamente.
14.Los municipios tienen un alto grado de autonomía. La ley no obliga al Gobierno central a proporcionar apoyo adicional en relación con las tareas que se han delegado en ellos. No obstante, en la práctica reciben apoyo para el desempeño de esas tareas, a menudo en colaboración con organizaciones de coordinación a nivel local o regional, como la Asociación de Municipios de los Países Bajos (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG).
15.Con el fin de tener una imagen clara de las consecuencias de las nuevas políticas y nuevas tareas de las autoridades locales antes de incorporarlas a la legislación, se lleva a cabo una prueba de viabilidad. Este es un proceso mediante el cual el Ministro del Interior y Relaciones del Reino, otros ministros y las autoridades locales realizan una labor conjunta para determinar oportunamente las consecuencias deseadas y no deseadas de una nueva política y tomar las disposiciones apropiadas. La prueba abarca, entre otras cosas, la financiación, así como la viabilidad y las consecuencias administrativas de las propuestas.
Recomendación 8 sobre la aplicación del Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos y la aprobación de planes de acción nacionales para todas las partes que componen el Reino, y creación de conciencia a nivel general
16.Como mencionaron en su informe anterior, los Países Bajos establecieron el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que entró en funcionamiento el 1 de octubre de 2012. La Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) otorgó al INDH la acreditación de categoría A en 2014. Esta acreditación fue renovada a fines de 2020. El INDH ha realizado varias actuaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo en relación con los derechos a la vivienda de los romaníes y los nómadas, con las personas sin hogar y con el derecho a la educación de los niños con discapacidad. El INDH emite conclusiones no vinculantes sobre denuncias individuales de discriminación, presta asesoramiento sobre leyes y políticas a nivel nacional y local, informa al Parlamento y al público en general y coopera con organizaciones de la sociedad civil. El mandato del INDH abarca también la parte caribeña de los Países Bajos, excepto en lo relativo al examen de denuncias individuales porque la legislación de lucha contra la discriminación no es aplicable en la parte caribeña de los Países Bajos. En 2019 el Ministerio del Interior y Relaciones del Reino comenzó a explorar la posibilidad de ampliar el alcance de esa legislación a Bonaire, Saba y San Eustaquio. Este estudio se interrumpió a causa de la pandemia de COVID-19, pero se reanudará en 2022.
17.Puede consultarse información general sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos (en neerlandés) en los sitios web www.rijksoverheid.nl, www.nederlandrechtsstaat.nl y https://www.government.nl/topics/human-rights.
18.La Academia para la Legislación y la Academia para Abogados del Estado ofrecen módulos generales sobre derechos humanos para funcionarios públicos. Ello constituye una inversión en la calidad del asesoramiento jurídico básico y garantiza que los órganos normativos tengan la capacidad necesaria para reconocer las cuestiones básicas de derechos humanos. El Ministerio del Interior y Relaciones del Reino ha publicado una Guía sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Handreiking economische, sociale en culturele grondrechten) para asegurar la conformidad de las políticas y la legislación con los derechos sociales y económicos. Recientemente se publicó también una Guía sobre la Revisión Constitucional (Handreiking constitutionele toetsing). La Guía se refiere específicamente al Pacto, así como a los derechos económicos, sociales y culturales en general. El Ministerio del Interior y Relaciones del Reino promueve activamente la utilización de esta Guía para la elaboración de leyes y políticas.
19.El Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos de 2020 se puso en marcha el 10 de diciembre de 2019. El tema del Plan de Acción —el acceso a los servicios— se eligió en consulta con varios colaboradores de la sociedad civil, municipios y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En el Plan de Acción se definen medidas concretas para mejorar la calidad de los servicios para todos. Además, se ofrece una clara descripción general de la infraestructura de reglamentos, disposiciones e instituciones de los Países Bajos para incorporar los derechos humanos en la elaboración de leyes y la formulación de políticas. También se incluye una enumeración de los actores implicados: autoridades nacionales y locales y diversos colaboradores de la sociedad civil. En julio de 2021 se informó al Parlamento sobre los progresos que se habían realizado en la aplicación del Plan de Acción.
20.En el segundo Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos se acentuó el interés que se asigna a las políticas de derechos humanos a nivel local, por ejemplo con el anuncio de la plataforma de derechos humanos para los municipios. La plataforma fue puesta en marcha en otoño de 2021 por la Asociación de Municipios de los Países Bajos (VNG), el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Ministro del Interior y Relaciones del Reino. Se espera que la plataforma se convierta en un foro donde los municipios intercambien conocimientos y desarrollen nuevas iniciativas, a fin de promover la importancia de los derechos humanos de muchas maneras diferentes. Los municipios y otras autoridades locales facilitan a sus empleados y al público información sobre los derechos humanos.
Recomendación 56 sobre el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo
21.El Gobierno ha formulado al Consejo de Estado, que es un órgano consultivo independiente del Gobierno, varias preguntas sobre las consecuencias de una posible ratificación del derecho individual de denuncia previsto en el artículo 11 del Protocolo Facultativo. El Gobierno también incluirá una evaluación del funcionamiento de los comités de tratados de las Naciones Unidas en el proceso de adopción de decisiones sobre la posible ratificación del Protocolo Facultativo.
Recomendación 57 sobre la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
22.El Reino de los Países Bajos no es signatario de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares porque se opone, en principio, a derechos que en virtud de la Convención podrían otorgarse a no nacionales sin derecho de residencia legal. Por tanto, el Reino de los Países Bajos no puede dar su apoyo a esta Convención.
Recomendaciones 58 (sobre la necesidad de velar por el pleno disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el plano nacional) y 59 (sobre la elaboración y la utilización de indicadores sobre el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales)
23.Los Países Bajos han adoptado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como elemento principal para la orientación y la acción. Con la intervención de una red especializada de organizaciones no gubernamentales (https://www.sdgnederland.nl) el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se convirtió en un “movimiento”. En combinación con un extenso entorno de datos y de investigación, y una población empoderada, se creó una amplia base para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Oficina de Estadística de los Países Bajos (CBS) proporciona información y datos estadísticos fiables para la reflexión sobre las políticas. Para presentar una visión global, produce todos los años un Informe sobre la Situación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los Países Bajos (el más reciente en 2020). Esta labor incluye todas las variables especificadas por las Naciones Unidas y se utiliza en parte en el Anexo Estadístico. Además, se realiza una labor regular de seguimiento e investigación sobre varios grupos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, en algunos casos tanto en neerlandés como en inglés. En el Anexo de esta publicación se presentan algunas cifras sobre las cuestiones pertinentes.
24.Frecuentemente los estudios cuantitativos se complementan con la investigación realizada por el Instituto Neerlandés de Investigación Social (SCP), que es el órgano del Gobierno dedicado a la investigación sobre los aspectos sociales en todas las esferas de la política gubernamental. La publicación general se titula “El Estado Social de los Países Bajos” y ofrece cada dos años un análisis de los acontecimientos ocurridos en la esfera social en el decenio anterior. El Instituto también produce estudios dedicados a opiniones y cuestiones de la esfera social, incluidos los aspectos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales.
25.Además del Instituto, existen muchas otras organizaciones que brindan al Gobierno información sobre políticas para facilitar una nueva legislación mejorada.
2.2Política nacional de derechos humanos
Recomendación 12 sobre el Plan de Acción Nacional sobre las Empresas y los Derechos Humanos
Recomendación 13 sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades empresariales
26.Se emprendieron diversas actividades en cumplimiento de las recomendaciones 12 y 13. A petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Derechos Humanos evaluó los progresos realizados por los Países Bajos en la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. ¿Qué influencia ha tenido el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos en la legislación y las políticas y qué se ha conseguido en la práctica? Los sectores público y privado han emprendido muchas iniciativas, pero las investigaciones del INDH muestran que se puede mejorar mucho más. En el mismo año, el Gobierno publicó su respuesta al estudio.
27.En relación con la recomendación 10 (volver a situar la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) en el 0,7 % del PNB), en 2021 se dedicó a la asistencia para el desarrollo el 0,52 % del PNB. El nuevo Gobierno desea incrementar el gasto estructural en cooperación para el desarrollo en 500 millones de euros. Se espera que con este incremento el porcentaje correspondiente a la AOD alcance el 0,65 % en 2025.
28.El Reino de los Países Bajos considera que el debate internacional sobre la asistencia oficial para el desarrollo debería tener lugar en el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE (CAD). Dedicar el 0,7 % del PNB a la AOD es un objetivo que acordó en 1970 el CAD de la OCDE, y que desde entonces los países del CAD han reafirmado en varias ocasiones. Los Países Bajos siempre han apoyado este objetivo en el CAD.
29.El Reino de los Países Bajos comunica anualmente los gastos en AOD al CAD de la OCDE y al Parlamento neerlandés. El apoyo financiero neerlandés a proyectos de derechos humanos en la AOD ha aumentado considerablemente en los últimos años.
2.3No discriminación e igualdad de trato
30.En los Países Bajos, la igualdad de trato y el principio de la no discriminación constituyen las bases de la democracia y el estado de derecho. Todas las personas tienen derecho a ser tratadas como individuos en función de sus propias decisiones, sus talentos y sus responsabilidades.
Recomendación 19 sobre discriminación de los grupos minoritarios
31.Con arreglo al artículo 1 de la Constitución neerlandesa, no se permite la discriminación por motivos de religión, creencias, opinión política, raza, sexo o cualquier otro motivo. Además, se prohíbe la discriminación en los ámbitos del empleo, el suministro de bienes y servicios, la vivienda, la educación y la atención de la salud por motivos de sexo, raza, religión o creencias, opinión política, orientación sexual, nacionalidad, estado civil, edad y discapacidad. Está prohibida la discriminación racial en lo que respecta al bienestar social y las prestaciones. La discriminación en las prestaciones de bienestar social por cualquier otro motivo también está prohibida en virtud del artículo 1 de la Constitución: el principio general de no discriminación estipulado en esa disposición rige todas las acciones del Gobierno a nivel nacional y local. En virtud de la Constitución y de la legislación de lucha contra la discriminación, la discriminación está prohibida en todos los ámbitos de la sociedad.
32.Las medidas de lucha contra la discriminación ocupan un lugar destacado en la agenda política neerlandesa. El Gobierno adopta un enfoque amplio de la discriminación y el racismo que abarca múltiples motivos y aspectos de la discriminación. Proporciona un marco exhaustivo que establece conexiones entre una variedad de medidas de lucha contra la discriminación adoptadas por los diferentes ministerios en cooperación con las autoridades locales y otros interesados. El Gobierno informa anualmente sobre este enfoque global en una carta dirigida a la Cámara de Representantes.
33.Los Países Bajos disponen de una amplia infraestructura que ofrece a las víctimas de discriminación diversos órganos a los que dirigirse para obtener una protección legal efectiva. Desde 2010, las autoridades municipales están obligadas a proporcionar a sus residentes servicios accesibles de lucha contra la discriminación en los que puedan presentar denuncias y obtener asesoramiento y asistencia (legal o de otro tipo). También es posible que una víctima de discriminación solicite, gratuitamente, al Instituto Nacional de Derechos Humanos que emita sus conclusiones sobre una cuestión relacionada con la discriminación. Por otra parte, los delitos de discriminación pueden ser denunciados a la policía, o bien puede solicitarse una reparación en los tribunales civiles o administrativos. Cualquier miembro del público que crea que ha sido tratado de manera impropia por las autoridades también puede dirigirse al Defensor Nacional del Pueblo.
34.Desde que se presentó el informe anterior, se ha dado nuevo ímpetu al enfoque de la lucha contra la discriminación y el racismo. El nuevo acuerdo de coalición también subraya la importancia de luchar contra la discriminación y el racismo, incluido el racismo institucional. Recientemente se nombró un Coordinador Nacional contra la Discriminación y el Racismo encargado de supervisar un programa nacional de acción de lucha contra la discriminación y el racismo. Mediante la cooperación interministerial se está generando un enfoque amplio y sistémico que abarca múltiples motivos y aspectos de la discriminación con el objetivo de luchar contra la discriminación y el racismo. Este enfoque se incorporará en el nuevo programa nacional de acción. Además, se establecerá una comisión nacional encargada de estudiar e investigar la discriminación y la elaboración de perfiles étnicos.
Recomendación 23 sobre el logro de la igualdad de género
35.Es una realidad que en los Países Bajos hay más mujeres que hombres que trabajan a tiempo parcial. Sin embargo, ha habido cierto incremento en el número de horas trabajadas por las mujeres. En 2014 las mujeres trabajaban en promedio poco menos de 27 horas a la semana, y en 2019 esta cifra había aumentado a 28,5 horas. En los Países Bajos el porcentaje de mujeres empleadas es relativamente alto, y en 2019 el país ocupaba el séptimo lugar de la Unión Europea al respecto. La elevada tasa de empleo entre las mujeres puede considerarse el aspecto positivo de la elevada tasa de empleo a tiempo parcial.
36.Es difícil demostrar exactamente qué efecto ha tenido la política gubernamental en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. El Gobierno ha procurado mejorar la posición de las mujeres en el mercado de trabajo ampliando la licencia por maternidad y la licencia parental para las parejas y aumentando las inversiones destinadas a las prestaciones por cuidado de hijos. El Gobierno continúa por el mismo camino con planes para incrementar las prestaciones por cuidado de hijos.
37.En el anterior mandato del Gobierno, el sistema de licencia parental se amplió de modo que incluyera la licencia de maternidad para la pareja y la licencia parental remunerada (véase la recomendación 36). Se requiere un cambio cultural en la forma en que se piensa en la división del trabajo y de la prestación de servicios de atención entre los hombres y las mujeres. Con este fin, la aplicación de nuevos planes va acompañada de una amplia campaña de concienciación en la que se exhorta a los futuros progenitores a conversar por adelantado sobre la forma en que se proponen dividir el trabajo y la prestación de atención. Es importante que los progenitores adopten decisiones que no sean simplemente soluciones de corto plazo sino que también tengan en cuenta las necesidades de largo plazo y permitan que las mujeres trabajen y tengan independencia económica y que los hombres participen sistemáticamente en la prestación de atención y en las tareas del hogar.
38.Además, el Gobierno se propone luchar contra la discriminación relacionada con el embarazo y mejorar la vigilancia de las disparidades de remuneración. Por último, el Gobierno alienta la representación proporcional de las mujeres en puestos de gestión.
39.El 1 de enero de 2022 entró en vigor una nueva ley en que se instauraba oficialmente una cuota de diversidad de un mínimo de 33 % de mujeres y un mínimo de 33 % de hombres en los órganos de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa. Las empresas que todavía no hayan alcanzado esta cuota del 33 % solo podrán nombrar a una persona del género insuficientemente representado en caso de que se produzca una vacante. Un nombramiento que no contribuya a una proporción más equilibrada entre mujeres y hombres se considerará nulo. Además, se ha introducido la obligación de exigir que las grandes empresas establezcan objetivos “ambiciosos” para lograr una proporción más equilibrada entre mujeres y hombres en sus consejos de administración y órganos de supervisión, así como entre los ejecutivos superiores. Las grandes empresas tienen la obligación de elaborar un plan para alcanzar esos objetivos. Todos los años, esas empresas deberán informar sobre la situación y sobre los progresos logrados para cumplir los objetivos y motivarlo. Los Países Bajos también apoyan la directiva de la Unión Europea relativa a la presencia de mujeres en los consejos de administración.
40.El 11 de enero de 2021, el comité asesor Vinkenburg hizo público su informe consultivo sobre la política encaminada a aumentar la proporción de mujeres en puestos superiores del sector público y semipúblico (incluidas las alcaldías). El Gobierno publicó una respuesta al informe consultivo en 2022. Actualmente la mitad de los miembros del Gobierno son mujeres.
41.El instrumento de vigilancia de la disparidad de remuneración entre hombres y mujeres de 2018, publicado por la Oficina Central de Estadística (Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2018), muestra que la disparidad de remuneración entre hombres y mujeres no corregida era del 19 % en el sector privado y del 8 % en el sector público. La disparidad de remuneración corregida es del 7 % en el sector privado y del 4 % en el sector público. La disparidad de remuneración entre hombres y mujeres en los Países Bajos se está reduciendo, aunque lentamente. Para seguir reduciendo la disparidad de remuneración es importante reforzar la posición de las mujeres en el mercado de trabajo. Durante el mandato del Gobierno anterior se adoptaron diversas medidas para permitir que las mujeres trabajaran un mayor número de horas, como la ampliación de la licencia de maternidad para la pareja, inversiones destinadas a la prestación por cuidado de los hijos, la reducción de los impuestos sobre el trabajo, la Ley de Modalidades de Trabajo Flexibles (Wet flexibel werken), campañas de concienciación y preparativos para la introducción de la licencia parental remunerada el 2 de agosto de 2022. Además, el propósito de abordar la desigualdad de remuneración por un trabajo igual forma parte del Plan de Acción contra la Discriminación en el Mercado de Trabajo. En 2020, la Fundación Laboral (el órgano consultivo nacional de las organizaciones centrales de empleadores y empleados) publicó una guía digital sobre la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, en la que se ofrece información de antecedentes y orientaciones destinadas a diversos grupos de la comunidad empresarial. Hasta fines de 2019, el Gobierno neerlandés contribuyó a financiar una iniciativa de WOMEN Inc. para concienciar a las mujeres y a los empleadores sobre la disparidad de remuneración. En 2021 se otorgó a WOMEN Inc. una nueva subvención para financiar su labor relativa a la igualdad de remuneración. En los próximos años, WOMEN Inc. realizará actividades relacionadas con la igualdad de remuneración para concienciar a los empleadores y proporcionar orientaciones útiles sobre la implantación de la igualdad de remuneración. Además, el Gobierno decidió aumentar el salario mínimo. El incremento del salario mínimo beneficia relativamente más a las mujeres, ya que es más frecuente que estas trabajen en empleos peor remunerados y flexibles.
42.Con respecto a la propuesta de una directiva de la Unión Europea sobre la transparencia retributiva, los Países Bajos adoptaron una posición positiva en las negociaciones y se mostraron a favor del criterio general alcanzado por el Consejo el 6 de diciembre de 2021. El tema de la igualdad también se trata en el informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y en el anexo se presenta información cuantitativa.
Recomendación 24 sobre la igualdad del hombre y la mujer en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales
43.Con referencia a la recomendación 36 sobre la licencia parental, desde julio de 2020 las parejas tienen derecho a seis semanas de licencia de maternidad. El empleador paga al empleado el sueldo completo durante la primera semana. Durante las cinco semanas siguientes, el empleado recibe una prestación equivalente al 70 % de su sueldo. A partir del 2 de agosto de 2022, los progenitores tendrán derecho a nueve semanas de licencia parental remunerada (cobrando un 70 % de su sueldo). Este nuevo instrumento alentará aún más a los hombres y a las mujeres a hacer uso de la licencia y optar por una distribución más equitativa del trabajo y de la prestación de atención.
2.4Empleo, condiciones de trabajo, relaciones laborales yseguridad social
Recomendación 26 sobre los esfuerzos por abordar eficazmente el problema del desempleo entre las minorías étnicas
44.Los Países Bajos reconocen que los miembros de las minorías étnicas, en particular las mujeres de origen turco o marroquí, ocupan una posición de desventaja en el mercado de trabajo. Se ha desarrollado un nuevo instrumento para hacer un seguimiento de las actividades tendentes a asegurar la igualdad de oportunidades y la posición en el mercado de trabajo para todos, independientemente del origen migrante.
45.A lo largo de los últimos años, el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo ha colaborado con empleadores, autoridades públicas, sindicatos, instituciones educativas y aliados de la sociedad civil en el marco del programa titulado Refuerzo de la Integración en el Mercado Laboral (Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt, VIA) a fin de determinar lo que puede ser útil para mejorar las oportunidades de las minorías étnicas y su posición en el mercado de trabajo, lo que ha permitido extraer enseñanzas para reducir efectivamente las desventajas. El Grupo de Tareas sobre el Trabajo y la Integración fue establecido en 2016.
46.El Grupo de Tareas se creó para dedicarse a acciones públicas tendentes a mejorar la igualdad de oportunidades en el empleo. En diciembre de 2021, el Grupo de Tareas puso en marcha la Agenda de Trabajo VIA. En la Agenda de Trabajo VIA se definen acuerdos sobre las medidas que habrá que adoptar en los próximos cuatro años para mejorar las perspectivas y la posición de las minorías étnicas en el mercado de trabajo. La Agenda de Trabajo VIA está orientada a las personas de origen migrante que se topan con desventajas y dificultades, incluidas las mujeres de origen turco o marroquí.
47.Tanto en el marco de la Agenda de Trabajo VIA como al margen de esta también existen actividades específicas para abordar la situación de las mujeres de origen migrante. Por ejemplo, la Plataforma para la Inclusión y la Comunidad (Kennisplatform Inclusief Samenleven) ofrece un módulo de aprendizaje electrónico para ayudar a los clientes/administradores a ofrecer una orientación más eficaz a las mujeres de origen migrante. Los municipios también están estudiando programas y actividades en el marco del programa de desarrollo profesional (Vakkundig aan het Werk) y la Agenda Nacional de Ciencia. El mencionado instrumento de seguimiento de la igualdad de oportunidades proporcionará información valiosa sobre la evolución de las oportunidades y de las posiciones de manera que las políticas y las actividades puedan ajustarse según sea necesario. Por otra parte, el Gobierno instauró el programa denominado “Más Cerca de lo que Piensas” con objeto de alentar a los empleadores a contratar personas actualmente marginadas de modo que puedan encontrar un trabajo a tiempo parcial o en régimen de aprendizaje.
Recomendación 28 sobre las personas con discapacidad
48.El Gobierno se ha comprometido a hacer más inclusivo el mercado de trabajo.El objetivo de la Ley de Empleo y Cuota de Puestos de Trabajo (Personas con Discapacidad Laboral) (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ) es asegurar que se disponga de más empleos para las personas que ocupan una posición vulnerable en el mercado de trabajo.Esta Ley se aplica a las personas con una discapacidad que limita las posibilidades de trabajar y por ello quedan abarcadas por la Ley de Apoyo al Trabajo y al Empleo (Jóvenes Discapacitados) (Wajong) y la Ley de Empleo Protegido ( Wet sociale werkvoorziening ), así como las personas abarcadas por la Ley de Participación ( Participatiewet ), que no alcanzan a ganar el salario mínimo obligatorio. La evaluación más reciente (2020) muestra que, en relación con la evaluación de referencia de 2013, se han creado 66.097 puestos de trabajo adicionales para el grupo objetivo de la Ley de Empleo y Cuota de Puestos de Trabajo. Esto significa que no se llegó a la cifra de 67.500 puestos de trabajo adicionales acordada para 2020. Esta es la primera vez desde que se introdujo la cuota de puestos de trabajo que no se ha alcanzado el objetivo. Las cifras correspondientes a la Ley de Empleo y Cuota de Puestos de Trabajo pueden consultarse en el panel de información específico (en neerlandés) gestionado por el Organismo de Seguro de los Empleados (UWV). Las cifras correspondientes a 2021 se publicarán en julio de 2022. En 2020 el Instituto Neerlandés de Investigación Social (Sociaal Cultureel Planbureau, SCP) demostró que ayudar a encontrar trabajo a las personas con una discapacidad que limita las posibilidades de trabajar genera beneficios significativos para la sociedad.
49.Es preciso considerar muy atentamente la asignación de prioridad a un grupo específico. El enfoque adoptado para el grupo que constituye el objetivo de la Ley de Empleo y Cuota de Puestos de Trabajo se formuló en consulta con los colaboradores sociales. La Ley no ofrece oportunidades adicionales a las personas con una discapacidad que limita sus posibilidades de trabajar si no forman parte del grupo objetivo. Sin embargo, se dispone de otros instrumentos para ayudar a esas personas. Por ejemplo, los municipios pueden derivarlas directamente a los servicios y medios de apoyo estándar. Para las personas incluidas en el plan de reanudación del trabajo para personas parcialmente capacitadas para trabajar (Werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten, WGA) y la Ley de Trabajo e Ingresos (Capacidad de Trabajar) (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, WIA), el apoyo y los servicios los proporciona el Organismo de Seguro de los Empleados (UWV). Se dispone de puestos de trabajo protegidos para las personas que solo pueden trabajar en un entorno laboral protegido, en el cual reciben un alto nivel de apoyo. La evolución de la participación en el mercado de trabajo de las personas no incluidas en el grupo objetivo de la Ley de Empleo y Cuota de Puestos de Trabajo y de las personas con discapacidad se supervisa utilizando diversos instrumentos: la evaluación de la Ley de Participación, el instrumento de seguimiento del UWV de la participación en el empleo para las personas con una discapacidad que limita sus posibilidades de trabajar, y el informe sobre los progresos relacionados con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las cifras correspondientes al programa “ Onbeperkt meedoen ” (Participación ilimitada) muestran que en 2020 el 42,6 % de las personas con una limitación ocupacional tenían un empleo remunerado, y el 71,3 % de las personas con una limitación ocupacional que podían trabajar tenían un empleo remunerado. Estas cifras se basan en las estadísticas publicadas por la Oficina de Estadística de los Países Bajos (CBS).
50.Una amplia mayoría (aproximadamente el 60 %) de las personas que quedan incluidas tanto en la Ley de Participación como en la Ley de Empleo y Cuota de Puestos de Trabajo tienen contratos de empleo temporales. Sin embargo, muchos acaban obteniendo un contrato permanente. Las cifras muestran que entre el 23 % y el 33 % de los trabajadores con un contrato temporal obtienen un contrato permanente al cabo de dos años. Además, el paso de contratos temporales a permanentes ha aumentado en los últimos años. Estas estadísticas no están desglosadas por sexo, edad y nivel de educación, pero el instrumento de seguimiento de la participación en el empleo del UWV ofrece una visión general del empleo entre las personas incluidas tanto en la Ley de Participación como en la Ley de Empleo y Cuota de Puestos de Trabajo. En parte como resultado de estas cifras, el Gobierno anterior instauró políticas encaminadas a reducir la disparidad entre los contratos permanentes y los contratos flexibles/temporales (y los trabajadores autónomos sin empleados) (Noviembre de 2020). El Gobierno actual continúa por el mismo camino.
Recomendación 30 sobre la protección de todos los trabajadores en el mercado laboral, incluidos los trabajadores domésticos y los trabajadores migrantes
51.En primer lugar, es importante señalar que los inspectores de trabajo están encargados de llevar a cabo comprobaciones con arreglo a la legislación relativa al empleo ilegal (Ley de Empleo de los Extranjeros), el salario mínimo (Ley del Salario Mínimo y las Vacaciones Mínimas) y las horas de trabajo (Ley del Horario de Trabajo). La Autoridad de Trabajo de los Países Bajos también está encargada de detectar casos de fraude, explotación y delincuencia organizada en el ámbito del empleo y del régimen de ingresos (explotación laboral, trata de seres humanos y fraude en gran escala a la seguridad social). Sin embargo, no tiene la función de hacer cumplir las leyes relativas a la residencia ilegal en los Países Bajos.
52.Las políticas y actividades de la Autoridad de Trabajo están orientadas a alentar el reconocimiento y la denuncia de (posible) explotación laboral. Los trabajadores pueden presentar reclamaciones anónimas a la Autoridad de Trabajo. Los Países Bajos también procuran mejorar la asistencia y la atención a las personas que han sufrido perjuicios graves para alentarlas a presentar denuncias a la Autoridad de Trabajo y a cooperar con las investigaciones. Los Países Bajos están procurando revisar el artículo 273f del Código Penal para luchar con más eficacia contra los culpables de la trata de personas y para proteger mejor a las víctimas de la explotación laboral. Otras formas de asistencia y atención incluyen asegurar que haya un número suficiente de plazas en los centros de acogida de emergencia para prestar un socorro inmediato. En realidad, el Gobierno ha organizado diversos métodos y medidas para luchar contra la explotación laboral, por ejemplo, implantando un sistema de certificación para las organizaciones de intermediarios que llevan trabajadores migrantes al país.
53.El Reglamento sobre los Servicios Domésticos (Regeling Dienstverlening aan Huis) establece excepciones a las disposiciones estándar del derecho laboral sobre el seguro de los empleados en el caso de trabajadores domésticos que trabajan para un empleador privado en el hogar menos de cuatro días a la semana. No es obligatorio que esos trabajadores estén asegurados en el marco de los planes nacionales de seguro de los empleados, de modo que no tienen derecho a prestaciones en virtud de la Ley de Trabajo e Ingresos (Capacidad de Trabajar) (WIA) ni de la Ley del Seguro de Desempleo (WW). Sin embargo, tienen la posibilidad de participar voluntariamente en esos planes. En caso de que se revisara el Reglamento sobre los Servicios Domésticos de modo que los trabajadores domésticos estuvieran sujetos al seguro para empleados, a impuestos sobre el sueldo y a otras disposiciones de la ley laboral que se aplican a los empleados ordinarios, las obligaciones administrativas y financieras para los hogares privados serían excesivas. Por consiguiente, el trabajo doméstico probablemente pasaría a la economía informal, lo cual menoscabaría la posición legal de los trabajadores domésticos. Nuevas obligaciones financieras y administrativas para los empleadores también aumentarían los costos, como consecuencia de lo cual los actuales empleadores dejarían de contratar este tipo de servicios. El efecto de sustitución reduciría la demanda de este tipo de servicios y, por tanto, de trabajadores domésticos. Por consiguiente, en el acuerdo de coalición que se presentó en diciembre de 2021 no se adoptó la decisión de revisar el Reglamento sobre los Servicios Domésticos.
Recomendación 32 sobre la revisión de las condiciones para tener derecho a las prestaciones de la seguridad social
54.En su acuerdo de coalición para el mandato 2021-2025, el Gobierno de los Países Bajos convino en modificar las normas sobre los costos de la vivienda compartida, de modo que los miembros de una familia menores de 27 años ya no cuentan como “participantes en los costos” para los fines de calcular la prestación de asistencia social, así como en relajar los límites de los ingresos adicionales en la Ley de Participación. Los municipios tienen margen para aplicar soluciones adaptadas con respecto, por ejemplo, a las normas sobre los costos de la vivienda compartida, el monto estándar de la prestación de asistencia social para los adultos jóvenes entre 18 y 20 años y el requisito de que los adultos jóvenes dediquen cuatro semanas a buscar empleo o a un curso de educación para tener derecho a recibir una prestación de asistencia social. Además, los municipios tienen la competencia y la responsabilidad de proporcionar asistencia especial (pagos para situaciones de crisis) a las personas que reciban una prestación de asistencia social.
2.5Protección y asistencia a la familia
55.Con respecto a la recomendación 34 (violencia doméstica y maltrato de niños) y para complementar el instrumento de vigilancia de la violencia doméstica y sexual, el Gobierno emprendió en 2020 una campaña denominada “ Het houdt niet op, totdat je iets doet ” (No cesará hasta que hagas algo). La campaña hacer un llamamiento para que las personas actúen si sospechan una situación de violencia doméstica o maltrato de niños, o si son ellas las víctimas. Durante la pandemia de COVID-19, la campaña se modificó para centrarse en el aumento del riesgo a causa de las medidas adoptadas para luchar contra el coronavirus. Al mismo tiempo se publicaron orientaciones para ayudar a las personas a afrontar el aumento de las tensiones en el ámbito doméstico a causa de las medidas adoptadas para luchar contra el coronavirus.
56.Entre julio y septiembre de 2021, el Gobierno emprendió una campaña en los medios sociales (Zorgen over huiselijk geweld en kindermishandeling; “Preocupaciones por la violencia doméstica y el maltrato de niños”) para llamar la atención sobre los servicios y la asistencia disponibles.
57.La red nacional “A salvo en casa” (Landelijk Netwerk Veilig Thuis), el teléfono de asistencia a la infancia (Kindertelefoon) y el programa “ Geweld hoort nergens thuis ” (La violencia no tiene cabida en el hogar) colaboraron para formular una campaña de prevención en línea centrada en el concepto de “tiempo muerto”, que estuvo activa entre el 18 de octubre al 14 de noviembre de 2021. Los centros de acogida para las víctimas de violencia doméstica habían hecho preparativos para atender un aumento de la demanda, pero la situación no tuvo como consecuencia un incremento de las peticiones de colocación. Se tomaron medidas adicionales destinadas a víctimas para las cuales no eran apropiados los canales de asistencia existentes. El Gobierno aportó fondos extraordinarios para financiar esas medidas. El 5 de abril de 2022 el Gobierno también nombró a un comisionado gubernamental sobre conductas de transgresión sexual y de violencia sexual.
Recomendación 40 sobre la obligación de asegurar un nivel mínimo esencial de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto, incluidos los derechos a la alimentación, la vivienda, la salud, el agua y el saneamiento
58.Ante todo, es importante señalar que si un migrante está dispuesto a regresar a su país de origen, esto casi siempre es posible. En los pocos casos en que el regreso no sea posible, a pesar de los esfuerzos y de la voluntad del migrante, este tendrá derecho a solicitar un permiso de residencia en los Países Bajos en aplicación de la norma especial de “política de no culpabilidad” (buitenschuldbeleid). Un principio básico de la política de inmigración neerlandesa es que los migrantes que no tengan residencia legal en los Países Bajos no tendrán derecho a servicios como la vivienda. El motivo para ello es que el Gobierno no desea contribuir a que los migrantes en situación irregular prolonguen su permanencia irregular en los Países Bajos sin buscar una solución. Además, la denegación de los servicios evita que se cree la apariencia de que los migrantes en situación irregular han adquirido una residencia legal.
59.Hay algunas excepciones a esta norma. Por ejemplo, las familias con hijos menores de 18 años pueden ser acogidas en un centro familiar ( gezinslocatie ) donde podrán residir hasta que tengan la posibilidad de regresar a su país de origen o hasta que los hijos alcancen la edad de 18 años. En esos centros tienen acceso a alimentos, agua y servicios de saneamiento. Los menores no acompañados sin residencia legal son acogidos en pequeños centros de recepción gestionados por el Organismo Central de Acogida de Solicitantes de Asilo (COA), donde tienen acceso a alimentos, agua y servicios de saneamiento, así como a orientación. Tanto los menores no acompañados como los niños de las familias tienen acceso a la educación independientemente de su situación en cuanto a la residencia.
60.Los migrantes sin residencia legal que presenten una propuesta concreta de regreso a su país de origen en un plazo de 12 semanas tendrán derecho a ser acogidos en un centro de libertad restringida (vrijheidsbeperkende locatie). Por otra parte, está en marcha actualmente un programa piloto de Instalaciones Nacionales de Inmigración (Landelijke Vreemdelingenvoorziening, LVV). En esos lugares los inmigrantes sin residencia legal o sin derecho a acogida pueden obtener refugio y orientación si cooperan en los esfuerzos por alcanzar una solución duradera para su situación, como el regreso a su país de origen, la migración a otro país o, de ser posible, la residencia legal. Esos centros piloto son gestionados por el Gobierno central, los municipios y organizaciones no gubernamentales locales.
61.El Gobierno se propone convertir esas Instalaciones Nacionales de Inmigración de carácter experimental en una red nacional, de modo que se elimine la necesidad de centros de acogida independientes. La forma precisa de ejecutar este proyecto se encuentra todavía en su fase de planificación y en la actualidad siguen existiendo centros de acogida municipales independientes, donde se prestan servicios básicos.
Recomendación 41 sobre la no discriminación en los derechos económicos, sociales y culturales
62.Como se ha mencionado con respecto a la recomendación 40, un principio básico de la política de inmigración neerlandesa es que los migrantes que no tengan residencia legal en los Países Bajos no tendrán derecho a servicios como la vivienda. Esto está codificado en el artículo 10 de la Ley de Extranjería. El motivo para ello es que el Gobierno no desea contribuir a que los migrantes en situación irregular prolonguen su permanencia irregular en los Países Bajos sin buscar una solución. Además, la denegación de los servicios evita que se cree la apariencia de que los migrantes en situación irregular han adquirido una residencia legal. Cabe señalar que siempre que un migrante solicite asilo dicha solicitud será tramitada con toda la atención y de manera individualizada. Si la solicitud se rechaza y esa decisión es ratificada por un tribunal, el migrante será objeto de una orden de devolución. Los migrantes que sean objeto de una orden de devolución tendrán derecho a permanecer en un centro de acogida durante un período de 28 días después de dictarse la orden.
Recomendación 38 sobre la lucha contra la pobreza
63.Cada uno de los países de Aruba, Curaçao y San Martín tienen competencias independientes en la lucha contra la pobreza y la formulación de políticas en esa esfera. Esto supone asegurar que las políticas se formulen sobre la base de datos apropiados. Sírvanse consultar los informes de Aruba, Curaçao y San Martín que figuran más adelante.
64.Desde 2021 los Países Bajos y los países autónomos de Aruba, Curaçao y San Martín han colaborado en el marco de paquetes de reforma individuales ( Landspakketten ). Uno de los temas de esas alianzas se refiere a mejorar la función de activación en el sistema de seguridad social a fin de alentar a las personas desempleadas a buscar empleo activamente, al tiempo que se garantiza la existencia de una red de seguridad social adecuada. Esto corresponde al Tema E – Reformas económicas. El Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo presta asesoramiento a los países sobre el desarrollo de este tema. Los propios países y el Ministerio del Interior y Relaciones del Reino tienen la responsabilidad sobre los progresos en este tema.
65.Con respecto a las preocupaciones por el aumento del número de personas que viven en la pobreza durante un período de cuatro años o más, esta cifra se redujo en 2020 después de haber aumentado durante varios años. Las cifras pertinentes pueden consultarse en línea.
2.6Atención de la Salud
Recomendación 43 sobre la falta de vivienda y el derecho a una vivienda adecuada
66.Respondiendo a las cifras más recientes publicadas por la Oficina de Estadística de los Países Bajos (CBS) sobre el número de personas sin hogar en los Países Bajos (39.000 en 2018), el Gobierno neerlandés instauró medidas adicionales para reducir esas cifras. El Consejo de Salud Pública y Sociedad (RVS) investigó las causas profundas de la falta de hogar en los Países Bajos. El resultado fue el plan nacional denominado “ Een (t)huis, een toekomst ”,(Una casa, un hogar, un futuro) iniciado por el Gobierno central el 2020. El Gobierno incrementó el presupuesto existente para centros de acogida en la comunidad proporcionando una suma adicional de 200 millones de euros con el propósito de impedir la falta de hogar, renovar los centros de acogida y aumentar la capacidad de las viviendas asistidas. Existe un instrumento de supervisión de los resultados de esas actividades , en cuyo marco los municipios aportan cifras sobre el número de personas sin hogar, la capacidad de los centros y diversos indicadores cualitativos, como la conversión de los dormitorios comunitarios de los centros de acogida en habitaciones para una o dos personas. El Ministerio del Interior y Relaciones del Reino también ha proporcionado financiación para albergar a grupos vulnerables, incluidas las personas sin hogar.
67.Durante la pandemia de COVID-19 se adoptaron medidas extraordinarias para proporcionar un alojamiento seguro a las personas sin hogar. Los centros de acogida institucionales se adaptaron para cumplir la norma de 1,5 metros de distanciamiento y para hacerlos tan accesibles como fuera posible. Como consecuencia de ello, los municipios pudieron dar acogida a cientos de personas más durante los confinamientos. Una vez que se levantó el último confinamiento, muchos municipios decidieron continuar organizando el alojamiento en los centros en una escala más pequeña.
68.Según indica la Oficina Central de Estadística, el número de personas sin hogar disminuyó de 39.300 en 2018 a 32.000 en 2021, lo cual indica que la estrategia del Gobierno neerlandés está funcionando. El carácter urgente de la lucha contra la falta de hogar también forma parte del acuerdo de coalición del nuevo Gobierno. Además de las medidas locales para prevenir la falta de hogar y dar acogida y proporcionar vivienda a las personas sin hogar (385 millones de euros al año), se destinarán anualmente 65 millones de euros a las iniciativas nacionales para resolver la falta de hogar de una manera sostenible.
Recomendación 47 sobre la financiación de servicios de interpretación en los centros de atención de salud y la necesidad de velar por que todas las personas residentes en el territorio disfruten del acceso a los servicios sanitarios sin discriminación
69.A fines de 2021, la Cámara de Representantes aprobó una moción en la que se solicitaba al Gobierno que investigara las posibilidades de financiar servicios de interpretación en los centros de atención de la salud. En esta investigación también se evaluarían las ventajas, las desventajas y los aspectos prácticos de distintas opciones. El Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes iniciará un estudio exploratorio para determinar las dificultades que existen actualmente a la hora de prestar servicios de interpretación en entornos de atención de la salud. A continuación, se examinarán diversas opciones de financiación estructural, de modo que puedan adoptarse decisiones políticas sobre la financiación en este ámbito. Además, está en marcha la elaboración de una norma de calidad con financiación pública en relación con las barreras idiomáticas en los ámbitos de la atención de la salud y los servicios sociales.
Recomendación 49 sobre la revisión de la práctica de someter a los niños intersexuales a intervenciones quirúrgicas y otras intervenciones médicas a una edad temprana
70.En julio de 2019, los Países Bajos proporcionaron financiación para el establecimiento de una norma de calidad multidisciplinaria a fin de facilitar la atención de las personas con diferencias o trastornos del desarrollo sexual. El Ministro de Salud, Bienestar y Deportes no tiene ninguna competencia sobre la atención y los tratamientos individuales desde el punto de vista médico. Los profesionales de la salud son los responsables de determinar si una intervención es necesaria.De manera más general, los grupos pertinentes de la profesión médica (asociaciones científicas), junto con las asociaciones de pacientes, han establecido directrices sobre el contenido de la atención prestada. Sus evaluaciones se realizan sobre la base de la experiencia práctica y de los conocimientos.
71.Los Países Bajos consideran esencial que la perspectiva del paciente se incluya y se considere a la hora de formular directrices sobre la calidad de la atención. En todos los casos el objetivo debería ser que los pacientes y los padres de niños con diferencias o trastornos del desarrollo sexual recibieran el máximo apoyo posible en las decisiones que se adopten sobre la atención que se recibirá.
72.Existen en los Países Bajos varios centros especializados en diferencias o trastornos del desarrollo sexual a los que las personas pueden recurrir para obtener un diagnóstico, tratamiento médico especializado y orientación. Los pacientes siempre pueden acudir a la Inspección de Atención de la Salud y de Juventud (IGJ) de los Países Bajos para presentar reclamaciones sobre la calidad de la atención.
III.Curaçao
3.1Introducción
73.Al igual que el resto del mundo, Curaçao sufrió graves consecuencias, tanto económicas como sociales, de la pandemia de COVID-19. Esta parte del informe se preparó sobre la base de consultas interministeriales, coordinadas por el Organismo de Relaciones Exteriores de Curaçao. Las siguientes organizaciones efectuaron contribuciones importantes a este informe: el Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Naturaleza, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Asuntos Generales, el Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar y la Fiscalía.
Respuesta de seguimiento de la recomendación 8 sobre un Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos
74.En la actualidad Curaçao no tiene un Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos pero está trabajando en la formalización del Instituto de Derechos Humanos de Curaçao. Por otra parte, en 2022 se está finalizando una versión actualizada del Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas.
75.El Gobierno de Curaçao emprendió una campaña de concienciación, a través del Internet, de la televisión y de la radio, sobre la trata de personas (https://www.humantraffickingpreventioncuracao.com/).
76.El Código Penal de Curaçao tipifica como delito la trata de personas. El servicio de inmigración presta especial atención a los niños que pasan por el aeropuerto acompañados por adultos. El Protocolo de Tutela, que se aplica en todo el Reino, impone condiciones estrictas para permitir que los niños salgan del país. En los últimos años no se ha registrado ningún incidente relacionado con la trata de niños.
77.Desde 2013 la policía, las autoridades de vigilancia de fronteras y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la trata de seres humanos han impartido capacitación sobre el reconocimiento de los indicios de trata de seres humanos.
78.Las víctimas de la trata que deseen cooperar con una investigación penal pueden obtener el derecho a la residencia temporal. Las víctimas que no deseen cooperar con la investigación penal tiene la opción de presentar una petición en virtud del artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos). Para obtener un permiso de residencia temporal la persona deberá tener un seguro médico, que sufraga el Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar.
79.En el próximo año y más adelante se requerirá mejorar la capacitación del personal del Centro de Detención y Corrección, y por ese motivo se ha presentado una solicitud de asistencia a los Estados Unidos. Se ha incluido un período de reflexión en el procedimiento operativo estándar aprobado por el Consejo de Ministros del Reino en 2021.
80.En julio de 2021 se creó un grupo interministerial e interdisciplinario de comunicación en línea mediante el cual todas las partes interesadas (Ministerio de Asuntos Generales, Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar, Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Económico, guardia costera, Fiscalía, policía, Fundación para la Asistencia a las Víctimas, Inmigración e Interpol) que se ocupan de las víctimas de la trata y cualquier entidad dedicada a actividades de lucha contra la trata pueden compartir información a fin de promulgar mejores políticas que respondan a la realidad sobre el terreno.
81.A partir de enero de 2021, el Ministerio de Justicia ha comenzado a colaborar activamente con la comunidad diplomática de América Latina y el Caribe expresando sus opiniones, exponiendo los problemas, consultando sobre las mejores prácticas y la información que puedan compartirse y solicitando capacitación (adicional) sobre la trata de seres humanos y los problemas que causa. Esas actividades continuarán a lo largo de 2022.
82.Se llevan a cabo investigaciones en relación con los niños no acompañados, y esos niños se colocan con familiares que tengan un domicilio verificado. En este proceso también participa el Consejo de Tutela. Se ha establecido una obligación de notificación, así como las garantías necesarias. Curaçao no dispone de un procedimiento general de asilo. En su lugar existe una política general de protección basada en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los niños no acompañados quedan bajo la autoridad del Gobierno.
83.Los presos extranjeros tienen los mismos derechos que los presos locales. En el Centro de Detención y Corrección de Curaçao se dispone de un procedimiento de reclamación al que también pueden recurrir. Todos los presos pueden acceder al Comité de Supervisión. En el Centro no se hacen distinciones en función del país de origen. Se ofrecen a todos los internos las mismas opciones y programas diarios.
Recomendaciones 33 y 34 a), b) y c) sobre violencia doméstica y maltrato de niños
84.El Gobierno de Curaçao, reconociendo la gravedad de los problemas de la violencia doméstica y el maltrato de niños, ha seguido procurando reforzar sus medios de lucha contra la violencia doméstica, la violencia de género y el maltrato de niños.
85.En 2018 el Gobierno estableció oficialmente un Grupo de Trabajo Interministerial encargado de coordinar la aplicación del Plan Nacional contra la Violencia a nivel de todo el Gobierno, y creó un Comisión Permanente para supervisar la aplicación del Plan Nacional contra la Violencia Doméstica y el Maltrato de Niños.
86.Este Plan Nacional contra la Violencia tiene el propósito de garantizar que la población reciba información suficiente y una protección apropiada, al tiempo que se asegura el pleno cumplimiento de los tratados y las leyes pertinentes, en parte aumentando o mejorando la prevención, identificando y previniendo la violencia, mejorando la prestación de ayuda y facilitando una adecuada atención posterior.
87.En julio de 2021 se concluyó un proyecto de investigación para determinar lo que se necesitaba para establecer y poner en funcionamiento un sistema interinsular estructurado de centros de acogida para las víctimas de la violencia. Los temas abarcados incluían la legislación, la seguridad social y los costos que supone proteger a las víctimas. El estudio también examinó planes (protocolos) detallados, incluido un instrumento de evaluación de los riesgos, para trasladar a las víctimas a otra isla (neerlandesa) o a los Países Bajos.
88.En 2020 se actualizaron las Instrucciones del Fiscal General sobre la Violencia en las Relaciones, que contienen directrices sobre la forma de afrontar la violencia interpersonal (doméstica), destinadas a la policía y al sistema de justicia.
89.La ratificación del Convenio de Estambul es una cuestión prioritaria para el Gobierno. Se asignó a la Universidad de Curaçao la tarea de investigar lo que se requiere para que el país pueda ratificar el Convenio y comenzar a aplicarlo. Este informe debe presentarse en el primer trimestre de 2022.
90.En octubre de 2020, el Ministerio de Justicia, en colaboración con la Fiscalía y la Dependencia de Delitos Sexuales, ejecutó un proyecto de modernización de la Dependencia de Delitos Sexuales en lo relativo a la denuncia de delitos sexuales contra menores (incluyendo a mujeres adultas víctimas). El proyecto incluía trasladar la Dependencia a un edificio más privado y adecuado y dotar al personal de instrumentos actualizados. Se disponía de una sala de entrevistas adaptadas a los niños con equipo moderno para contribuir a una investigación más profunda en interés de la víctima y de una sala para revisiones médicas con un médico de guardia. Esto es necesario para llevar a cabo una investigación apropiada. También hay una sala donde las víctimas pueden prestar declaración en privado. Las celdas de detención y la sala de interrogatorios para los presuntos autores se encuentran en otro edificio.
91.El objetivo del proyecto es dotar a los detectives de las herramientas necesarias para modernizar la Dependencia con el propósito de ofrecer un mejor trato a las víctimas y mejorar los métodos de investigación a fin de actuar en favor de los intereses de las víctimas de abuso sexual adultas y menores de edad.
92.Se ha impartido a los detectives de la fuerza de policía de Curaçao capacitación para recibir, comprobar e investigar denuncias de una manera que tenga en cuenta las necesidades del niño. Siempre que las finanzas lo permiten, los detectives de la Dependencia de Delitos Sexuales intercambian conocimientos con los detectives de Bonaire.
93.En la justicia penal de menores los derechos de los niños están protegidos de conformidad con las Instrucciones del Fiscal General relativas a los Delitos Sexuales. Esas Instrucciones ofrecen un marco y unas normas sobre el enfoque de la justicia penal para casos relacionados con delitos sexuales, según se indica en el Libro 2, Título XIII del Código Penal de Curaçao.
94.El Gobierno está procurando implantar el registro obligatorio de los dos progenitores de un niño, lo cual proporcionaría un entorno más sano para los niños y les otorgaría el derecho a conocer a ambos progenitores. El registro de ambos progenitores será obligatorio una vez que se haya promulgado esta ley, que por el momento está en fase de elaboración.
95.El Gobierno ha decidido fusionar la Fundación para la Atención Judicial a los Jóvenes de Curaçao, la Institución de Tutela Familiar de Curaçao, la Fundación de Apoyo a las Víctimas de Curaçao y el Consejo de Tutela, que gestiona una línea telefónica de denuncia del maltrato de niños, a fin de prestar unos servicios mejorados, más rápidos y más eficaces.
96.Actualmente el Parlamento está estudiando la iniciativa de 2016 relativa a promulgar una ordenanza nacional sobre las órdenes de alejamiento temporal, aunque obtener la financiación necesaria será crucial en este proceso.
97.Los delitos relacionados con el exhibicionismo están tipificados en el artículo 2:193 del Código Penal.
98.Aumento del número de casos de violencia doméstica, maltrato y abandono en relación con las medidas de lucha contra la COVID-19.
Fundación de Apoyo a las Víctimas
Año |
Violencia doméstica |
Delitos sexuales |
2018 |
1 |
6 |
2019 |
5 |
7 |
2020 |
3 |
2 |
2021 |
5 |
9 |
99.La Fiscalía continuará aplicando las Instrucciones sobre la Violencia en las Relaciones. Los casos pueden someterse a un tribunal, pero también es posible imponer una condena con ejecución condicional. La mediación reparadora también es una opción de arreglo si ambas partes están de acuerdo. Una intervención apropiada, que beneficie tanto al culpable como a la víctima, es esencial para que la víctima se sienta segura.
100.La Fiscalía, el Servicio de Libertad Vigilada, la policía y la Fundación de Apoyo a las Víctimas celebran consultas semanales para estudiar los casos de violencia doméstica y llegar a la mejor solución posible para todas las partes implicadas.
101.Se ha designado a un fiscal especializado para ocuparse del enjuiciamiento de los casos de maltrato de niños. Este fiscal colabora con la Dependencia de Maltrato de Niños de la policía. Los casos de maltrato de niños reciben prioridad. Algunos casos se remiten también al Centro de Denuncia para los Niños Víctimas de Maltrato, que ofrece orientación especializada adicional al niño y a la familia. En 2020, la Fiscalía General emprendió una evaluación de las Instrucciones relativas al Abuso Sexual en que se valoró la cooperación con las partes interesadas pertinentes.
102.Durante la pandemia de COVID-19, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) apoyaron, y continúan apoyando, al Gobierno de Curaçao y a las organizaciones no gubernamentales locales en sus esfuerzos por prestar asistencia a los refugiados venezolanos y a las víctimas de maltrato de niños y de violencia doméstica que necesitan alimentos y refugio.
103.En 2021 el ACNUR prestó apoyo operacional a un centro local que da acogida a migrantes y víctimas de la violencia de género y el maltrato de niños.
104.El UNFPA ejecutó un proyecto de 60 días de duración, con financiación de emergencia, a fin de apoyar los esfuerzos del Gobierno para ayudar a las víctimas de la violencia de género entre los refugiados venezolanos.
105.El Gobierno de Curaçao agradece el apoyo y la cooperación que recibe de la comunidad internacional en forma de fomento de la capacidad, así como para la formulación y aplicación de sus políticas nacionales sobre los derechos del niño y los derechos de la mujer.
106.El Gobierno de Curaçao, en cooperación con el UNICEF, ha recibido fondos por conducto de la Unión Europea para elaborar un conjunto de herramientas de capacitación y concienciación acerca de la protección de la infancia como parte de su actividad dedicada a esta cuestión. El UNICEF también ha obtenido fondos de la Postcode Loterij para recibir apoyo técnico para la formulación y la aplicación de un código de protección de la infancia.
107.Por otra parte, las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales han estado fomentando la capacidad operacional y del personal en relación con las víctimas del maltrato y sus derechos, e impartiendo a los funcionarios formación para tratar con los culpables de violencia mediante la capacitación de asistencia a los delincuentes.
108.El Servicio de Extensión de Curaçao para Jóvenes Infractores (Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao, AJJC) ejecuta programas de formación para el control de la agresión, formación en aptitudes sociales, formación para la resiliencia, formación para la autosuficiencia y un programa de parentalidad positiva que presta a los padres de niños de edades entre 0 y 16 años el apoyo que necesitan.
109.La policía despliega agentes/coordinadores de policía de proximidad en las zonass centrales de Curaçao. Esos agentes/coordinadores actúan como punto de contacto respecto de cuestiones sociales y educacionales.
110.Durante varios años la tarea de hacer frente a la trata de seres humanos ha sido una importante prioridad de la Fiscalía de Curaçao. Los fiscales han ido recibiendo cada vez más indicaciones de que el abuso sexual está relacionado a menudo con la obtención de beneficios financieros por la facilitación a terceros. En la mayoría de casos, esas indicaciones provienen de los servicios de atención y de apoyo, pero también han observado este fenómeno en su actuación en causas penales relacionadas con el enjuiciamiento y la condena de culpables de abuso sexual de niños.
111.Al parecer hay en Curaçao muchachas menores de edad que son víctimas de explotación sexual con fines comerciales. Esta es una forma de trata de niños, que está tipificada en el artículo 2:240 del Código Penal.
112.En 2018 la Fiscalía de Curaçao, en colaboración con los órganos y ministerios competentes, emprendió una iniciativa para formular un enfoque amplio de la lucha contra la explotación sexual de menores.
113.Sobre la base de los resultados de esta investigación se formulará un plan de acción integrado y multidisciplinario. El enfoque abarcará cuestiones como la detección y el reconocimiento de indicios, la denuncia, el registro, la vigilancia, la normativa, la legislación, la acogida, la atención y el apoyo, la investigación criminal y el enjuiciamiento.
Recomendación 37 sobre la pobreza
114.Para hacer visible el carácter multidimensional de la pobreza, la Oficina Central de Estadística de Curaçao (CBS) aplica una metodología denominada Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). En sus cálculos del IPM, la Oficina Central de Estadística tiene en cuenta varias dimensiones distintas: salud, educación, seguridad social y nivel de vida. La Oficina Central de Estadística dispone de información sobre dos tipos de umbral de la pobreza: el umbral de la pobreza subjetivo y el umbral de la pobreza objetivo. El umbral de la pobreza subjetivo se basa en los resultados de la encuesta sobre presupuestos realizada por la Oficina Central de Estadística en 2016 (Anexo: Umbral de la pobreza e ingreso mensual en Curaçao).
115.Contratos de empleo y protección adicional de los derechos de los trabajadores: en un momento en que crece la economía informal y no existen programas eficientes para reducir suficientemente la pobreza, los distintos tipos de contratos de empleo cuyo propósito es hacer más flexible el mercado de trabajo a menudo tienen consecuencias negativas para los trabajadores. Después de que un trabajador haya tenido tres contratos a plazo fijo consecutivos, se considera automáticamente que el contrato es indefinido, con todos los beneficios legales que ello conlleva.
116.El Gobierno, con ayuda financiera de los Países Bajos, implantó diversas medidas extraordinarias de asistencia financiera para satisfacer las necesidades básicas de los grupos vulnerables. De conformidad con la pertinente ordenanza nacional, un trabajador que hubiera perdido su empleo a causa de la pandemia podía solicitar telemáticamente asistencia y un bono para alimentos.
117.Las medidas especiales adoptadas en 2020 por el Gobierno para aliviar las necesidades más urgentes de los trabajadores que habían perdido su empleo y sus ingresos concluyeron oficialmente el 31 de diciembre de 2021. Hasta la fecha, los efectos devastadores de la pandemia han impedido un completo relanzamiento de la economía y el Gobierno está haciendo todo lo posible para crear nuevas oportunidades de empleo para quienes buscan trabajo, principalmente en el sector de los servicios y el sector de la hostelería. Se están emprendiendo nuevas iniciativas importantes, como la construcción de un nuevo hotel de 500 habitaciones en Santa Marta y la próxima inauguración de un nuevo complejo vacacional creado por la cadena hotelera Sandals.
3.2Actualizaciones del sexto informe periódico
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
118.En una reunión del Consejo de Ministros del Reino, el Ministro de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar anunció que Curaçao deseaba ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad una vez que se hubieran promulgado las leyes necesarias para su aplicación. Desde 2021, en cooperación con el equipo local encargado del paquete de reformas, se ha intentado examinar las posibilidades de aplicar políticas conformes a la Convención.
Empleo y seguridad social
119.En 2020, el salario mínimo en Curaçao para los trabajadores de 21 años de edad o más era de 9,62 florines antillanos neerlandeses por hora. Esto representaba un incremento bruto de 25 céntimos por hora en comparación con 2019. Un salario de 9,62 florines antillanos neerlandeses por hora equivale a 384,80 florines antillanos neerlandeses por semana o a 1.666,18 florines antillanos neerlandeses por mes. Este salario mínimo se aplica a todos los trabajadores, independientemente de características como la raza, las creencias, el sexo o la nacionalidad.
Asistencia judicial gratuita
120.De ser necesario, en virtud del artículo 1633aa del Código Civil, cualquier trabajador puede iniciar un procedimiento ante el Tribunal de Justicia en caso de discriminación. El acceso a asistencia judicial gratuita también está garantizado por una ordenanza nacional.
Otros instrumentos de derechos humanos y derecho consuetudinario en Curaçao
121.Como se ha señalado anteriormente, los derechos de los trabajadores están garantizados principalmente por la legislación nacional. No obstante, los jueces del Tribunal de Justicia no vacilan en aplicar el arsenal completo de disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, como el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Mediación laboral y mediación social
122.La Oficina de Mediación Laboral se ocupa de los conflictos colectivos, la conciliación y el arbitraje en relación con la representación sindical de los trabajadores en las empresas (empleadores). La Oficina de Resolución de Litigios se ocupa de las quejas laborales individuales, con métodos de mediación y conciliación para resolver los conflictos entre los trabajadores a título individual y su empleador.
123.En 2020 y 2021, 553 trabajadores presentaron reclamaciones a la Oficina de Resolución de Litigios. Además de la asistencia para el arreglo de conflictos colectivos que ofrece la Oficina de Mediación Laboral y de la asistencia para las reclamaciones laborales individuales que ofrece la Oficina de Resolución de Litigios, la Oficina de Mediación Social del Ministerio de Desarrollo Social ofrece mediación en casos de divorcio, de conflictos en relación con la pensión alimenticia y de conflictos entre vecinos. Aproximadamente 251 clientes recurrieron a este servicio de mediación social en 2020 y 2021.
Comité de revisión de las leyes laborales
124.Este Comité fue creado para actualizar diversas leyes laborales a fin de otorgar a los trabajadores una mayor protección de una manera equilibrada y aceptada de forma general, pero no a cualquier costo ni a expensas de los empleadores o del Gobierno. La plataforma tripartita Kòrsou ta Avansá tiene una función consultiva, basada en los principios del diálogo social estipulados en el Convenio de la OIT núm. 144, que ha sido ratificado.
125.Hasta la fecha el Comité ha presentado al Gobierno algunas propuestas importantes sobre la modificación de diversas leyes, como la Normativa Laboral 2000 (Arbeidsregeling 2000, PB 2000 núms. 67 y 68), la Ordenanza Nacional sobre el Empleo Temporal y la Ordenanza Nacional sobre el Empleo de Nacionales Extranjeros (Landsverordening arbeid vreemdelingen, PB 2001 núm. 82). Se solicitó a la plataforma tripartita que asesorara acerca de la Ordenanza Nacional sobre el Empleo de Nacionales Extranjeros el 5 de febrero de 2021 y acerca de la Ordenanza Nacional sobre el Empleo Temporal el 8 de febrero de 2021.
IV.Adicionalmente
Apoyo psicosocial y de salud mental en el marco del plan de respuesta a la COVID-19
126.De conformidad con la legislación local sobre la preparación para casos de desastre, el Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Naturaleza está a cargo del subplan de apoyo psicosocial y de salud mental del plan de respuesta a la COVID-19. El plan del Ministerio se elaboró con aportaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), interesados locales en el ámbito del apoyo psicosocial y de salud mental y el Grupo de Trabajo Interministerial contra la Violencia en las Relaciones.
127.El objetivo del subplan 24 de la Función de Apoyo en caso de Emergencias 6 es prestar apoyo psicosocial y de salud mental a las víctimas y a los encargados de la prestación de socorro en situaciones de desastre y posteriores a él. La parte correspondiente al Ministerio del plan de respuesta a la COVID-19 fue acordado por el equipo de crisis y por el gabinete el 9 de abril de 2020.
128.El subplan adopta un enfoque basado en la participación del conjunto del Gobierno y del conjunto de la comunidad, haciendo hincapié en grupos específicos, como los niños y los jóvenes y las personas de edad. Incluye servicios adicionales, como una línea telefónica de asistencia durante los confinamientos, administrada por personal del servicio ambulatorio de atención de la salud mental, primeros auxilios de salud mental para los empleados públicos y atención de la salud mental por vía telemática.
Vacunación contra la COVID-19 de migrantes indocumentados en Curaçao
129.Los migrantes indocumentados estaban incluidos en el programa de vacunación. Al igual que los ciudadanos y los residentes documentados de Curaçao pertenecientes a grupos de riesgo, los migrantes indocumentados de los grupos de riesgo fueron los primeros en ser vacunados contra la COVID-19.
130.La Fundashon Salú pa Tur (Salud para Todos), una clínica que presta cuidados de primera línea a los migrantes indocumentados, intervino directamente en todo el proceso de vacunación de los migrantes indocumentados. La Fundashon Salú pa Tur colaboró con el Gobierno en elaboración de mensajes de vídeo en diferentes idiomas en los que se proporcionaba información sobre el programa de vacunación y se alentaba a los migrantes indocumentados a registrarse en Salú pa Tur.
Número de migrantes indocumentados vacunados que recibieron asistencia de la clínica Salú pa Tur
Primera dosis: 4.975
Segunda dosis: 4.106
Dosis de refuerzo: 745
131.Desde que se inauguró a comienzos de julio de 2019, la clínica Salú pa Tur ha prestado asistencia a un número considerable de personas en situación migratoria irregular. La Fundashon Salú pa Tur ha recibido apoyo financiero de la Fundación para los Refugiados de los Países Bajos (Stichting Vluchteling) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
132.La Fundashon Salú pa Tur cuenta con la asistencia de voluntarios y especialistas médicos que están disponibles para consultas, que son gratuitas en casos urgentes. La clínica también ayuda a los migrantes con enfermedades crónicas como el VIH/sida y la diabetes. De ser necesario, se pone en contacto a los clientes con un psicólogo o se los deriva al hospital.
133.Muchos migrantes irregulares son reacios a continuar el tratamiento en el hospital por temor a ser identificados por la policía o por las autoridades de inmigración. Por el mismo motivo, las mujeres migrantes que son víctimas de abusos son reacias a denunciar esos abusos a las autoridades. Además, los venezolanos en situación migratoria irregular tienen poco dinero que gastar, lo cual a veces obstaculiza el proceso de tratamiento.
134.Según las estimaciones, hay más de 26.000 migrantes venezolanos en Curaçao, lo cual representa más del 20 % de la población de la isla. Se desconoce cuántos venezolanos en situación migratoria irregular han llegado a Curaçao en los últimos años. Muchos llegan ilegalmente en barco y otros llegaron legalmente como turistas pero han permanecido en el país después de la fecha en que debían haberlo abandonado. La presencia de venezolanos en la isla supone gastos adicionales en vacunas contra el DTap-IPV, el sarampión, la rubéola y las paperas, así como en control de las fronteras.
Intervenciones críticas del Gobierno durante la pandemia de COVID-19 para los residentes y los migrantes, 2020-2021
135.Durante la pandemia de COVID-19, diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales pasaron a la acción para prestar asistencia a las personas, familias, residentes y migrantes afectados.
136.Con la ayuda de esas organizaciones locales e internacionales, el Gobierno implementó medidas de apoyo a los grupos vulnerables en 2020. Esas actividades continuaron en 2021, en parte con la ayuda del Gobierno de los Países Bajos.
137.Se ofrecían los siguientes servicios a las familias y a las personas (tanto residentes como migrantes): tarjetas de débito para adquirir alimentos, paquetes de alimentos, comidas calientes y apoyo financiero adicional a los receptores de prestaciones de bienestar social, las personas empleadas que habían perdido sus ingresos y los propietarios de (pequeños) negocios afectados por la pandemia.
138.El Gobierno de los Países Bajos también prestó apoyo en forma de financiación de tarjetas de débito para la adquisición de alimentos para las familias de migrantes irregulares (de mayo de 2021 a septiembre de 2021), con la ayuda de la Cruz Roja, el banco de alimentos y la OIM. La OIM coordinó esas actividades hasta octubre de 2021.
Tarjeta de atención básica de salud
139.Dado que el Convenio sobre la Igualdad de Trato (Seguridad Social) de la OIT ha sido aplicable en Curaçao desde el 3 julio de 1946, con modificaciones recientes, todos los trabajadores (incluidos los trabajadores migrantes) tienen derecho a todas las prestaciones abarcadas por los planes del Seguro Básico de Salud, del Seguro de Enfermedad y del Seguro contra Accidentes. El plan del Seguro Básico de Salud incluye visitas al médico generalista, atención psicológica primaria, atención médica, atención hospitalaria (incluido el traslado de los pacientes), atención especializada, atención de personal paramédico, atención dental, atención farmacéutica, suministros médicos, atención obstétrica y de la maternidad y atención médica en el extranjero.
Programa de vacunación
140.La campaña de vacunación se financia con fondos neerlandeses. Todos los residentes tenían derecho a recibir gratuitamente las dosis prescritas de la vacuna Pfizer o Moderna y, una vez vacunadas, podían generar un código QR. Hasta la fecha, de una población total de 150.000 habitantes, 100.000 han sido vacunados contra la COVID-19.