Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de la Federación de Rusia

Adición

Información recibida de la Federación de Rusia sobre el seguimiento de las observaciones finales *

[Fecha de recepción: 21 de diciembre de 2018]

Párrafo 8 (Actividades de las organizaciones de la sociedad civil)

1.Los derechos de asociación y la libertad de asociación no son absolutos y pueden ser restringidos por la ley en la medida en que sea necesario, entre otras cosas, para proteger los fundamentos del orden constitucional y garantizar el debido reconocimiento y respeto de los derechos e intereses legítimos de los demás, la defensa nacional, la seguridad del Estado, el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática (Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 29, párr. 2); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 22, párr. 2); y Constitución de la Federación de Rusia de 12 de diciembre de 1993 (art. 15, párr. 4; art. 30, párr. 1; y art. 55, párr. 3)).

2.En cuanto al marco jurídico que regula las actividades de organizaciones sin fines de lucro que ejercen las funciones de un agente extranjero en el territorio de la Federación de Rusia, cabe señalar lo siguiente.

3.La Ley Federal núm. 121-FZ, de 20 de julio de 2012, por la que se modifican varios instrumentos legislativos de la Federación de Rusia relativos a la regulación de las actividades de las organizaciones sin fines de lucro que ejercen las funciones de un agente extranjero, proporciona a la sociedad rusa los elementos adecuados para el control de las actividades de las organizaciones sin fines de lucro financiadas por fuentes extranjeras y que persiguen objetivos políticos, incluidos los intereses de sus donantes financieros.

4.A fin de determinar si una organización sin fines de lucro rusa concreta está ejerciendo las funciones de un agente extranjero, es preciso comprobar si se ajustan al sistema de relaciones jurídicas referentes a la recepción de fondos y otros bienes de fuentes extranjeras establecido por la Ley Federal núm. 7-FZ de Organizaciones Sin Fines de Lucro, de 12 de enero de 1996. A tales efectos, dichas organizaciones están sujetas a identificación como sujeto específico de una actividad política desempeñada en el territorio de la Federación de Rusia.

5.El Consejo de la Federación de la Asamblea Federal aprobó la resolución núm. 350‑SF, de 25 de septiembre de 2013, en la que manifestó su apoyo a la iniciativa de la Fiscalía General de la Federación de Rusia encaminada a introducir enmiendas en la legislación de la Federación de Rusia que regula los procedimientos relativos a la fundación y el funcionamiento de organizaciones sin fines de lucro.

6.La resolución 350-SF del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia entró en vigor en 2014.

7.La Ley Federal núm. 147-FZ, de 4 de junio de 2014, por la que se modifica el artículo 32 de la Ley Federal de Organizaciones Sin Fines de Lucro, otorgó al Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia la autoridad para incluir por iniciativa propia, en un registro específico de organizaciones sin fines de lucro, a aquellas respecto a las cuales se determine que operan como tal ejerciendo las funciones de un agente extranjero y sin haber solicitado su inclusión en dicho registro. Las organizaciones sin fines de lucro de que se trate tienen derecho a recurrir ante los tribunales la decisión de ser incluidas en el registro.

8.En el párrafo 6 del apartado 3.2 de la resolución núm. 10-P del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, de 8 de abril de 2014, se estableció que la obligación impuesta a las organizaciones sin fines de lucro que ejercen funciones de agentes extranjeros de presentar una solicitud para su inscripción en el registro correspondiente no les impide recibir apoyo financiero, ya sean fondos u otro tipo de bienes, de organizaciones extranjeras e internacionales, ciudadanos extranjeros o personas apátridas. Tampoco se les priva de la posibilidad de participar en actividades políticas que tengan lugar en el territorio de la Federación de Rusia, ni se encuentran en situación de discriminación con respecto a las organizaciones sin fines de lucro que no reciben financiación extranjera. Por lo tanto, obligar a una organización sin fines de lucro que ejerce funciones de un agente extranjero a presentar una solicitud de inclusión en el registro pertinente antes del inicio de la actividad política solo tiene por objeto garantizar una mayor transparencia y apertura de las actividades de dicha organización. Tal obligación no le impide solicitar y recibir financiación tanto de fuentes extranjeras como rusas y no entraña que las organizaciones sin fines de lucro que participan en actividades políticas reciban un trato diferente en función de los objetivos, formas y métodos que estas adopten.

9.En todo caso, el procedimiento para incluir a una organización sin fines de lucro en el registro de organizaciones que ejercen las funciones de un agente extranjero no entraña como consecuencia legal la exigencia de liquidar la organización.

10.Algunas organizaciones sin fines de lucro que ejercen las funciones de un agente extranjero, a su propia discreción, han decidido proceder a la liquidación voluntaria (autoliquidación), ya sea debido al desacuerdo con las disposiciones de la legislación rusa sobre organizaciones sin fines de lucro o con el fin de evadir la ley, es decir, para eludir la responsabilidad por el incumplimiento sistemático y flagrante de las obligaciones impuestas a las organizaciones sin fines de lucro que ejercen las funciones de un agente extranjero relativas al registro de la propia organización y de sus publicaciones.

11.Según la posición jurídica formulada por el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia (párrafo 5 del apartado 3.1 de la resolución núm. 10-P, de 8 de abril de 2014), la estructura legislativa, incluido el concepto de organización sin fines de lucro que desempeña las funciones de agente extranjero, no implica una valoración negativa de dicha organización por parte del Estado, no está pensada para propiciar una predisposición negativa hacia sus actividades políticas y, por lo tanto, no puede ser percibida como una manifestación de desconfianza o como un deseo de desacreditar a dicha organización sin fines de lucro ni el propósito de sus actividades.

12.Cabe destacar que la Ley Federal núm. 7-FZ emplea el concepto de “organización sin fines de lucro que ejerce las funciones de un agente extranjero” y no de “organización sin fines de lucro – agente extranjero”. El verdadero significado del término “organización sin fines de lucro que ejerce las funciones de un agente extranjero” es el de una organización que realiza actividades en interés de patrocinadores extranjeros.

13.Según la legislación rusa, para que una organización sin fines de lucro sea reconocida como una organización que ejerce las funciones de un agente extranjero, se deben reunir dos requisitos: la recepción de fondos y otros medios de fuentes extranjeras y la participación en actividades políticas (en las áreas establecidas por la ley y con arreglo a una de las formas enumeradas en ella). Tal es precisamente la razón por la que el legislador no se limitó al concepto de “organización que recibe financiación extranjera”.

14.Con respecto a la Ley Federal núm. 129-FZ, por la que se modifican algunos instrumentos legislativos de la Federación de Rusia, de 23 de mayo de 2015, que establece las bases y el procedimiento para declarar como indeseables las actividades de organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras o internacionales en el territorio de la Federación de Rusia, se debe tener en cuenta lo siguiente.

15.Las disposiciones de la Ley Federal núm. 129-FZ tienen carácter preventivo y crean las condiciones jurídicas para la prevención y detección de las actividades de las ONG extranjeras o internacionales que constituyan una amenaza para los valores fundamentales de la Federación de Rusia.

16.Las actividades de una ONG extranjera o internacional pueden considerarse indeseables si se cumplen al mismo tiempo las siguientes condiciones: la organización es una ONG extranjera o internacional y sus actividades suponen una amenaza para los fundamentos del orden constitucional de la Federación de Rusia, la capacidad de defensa nacional o la seguridad del Estado (la amenaza ha de ser real, no solo indirecta, lo que debe ser confirmado por los órganos autorizados).

17.Hasta la fecha, en el marco de las facultades previstas en el párrafo 1 del artículo 3.1 de la Ley Federal núm. 272-FZ sobre las medidas adoptadas en relación con las personas implicadas en violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los derechos y libertades de los ciudadanos de la Federación de Rusia, de 28 de diciembre de 2012, la Fiscalía General de la Federación de Rusia ha adoptado la decisión de declarar como indeseables las actividades de 15 entidades extranjeras en el territorio de la Federación de Rusia: 10 de los Estados Unidos de América, 2 del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 1 de Liechtenstein, 1 de Alemania y 1 de Lituania.

18.En el primer semestre de 2018, se decidió declarar como indeseables las actividades de tres ONG extranjeras en Rusia, cuyas acciones tenían por objeto provocar en la sociedad estados de ánimo de protesta, falsificar resultados electorales, desacreditar la política interior y exterior rusa y desestabilizar la situación sociopolítica del país. Dichas ONG eran European Platform for Democratic Elections (Alemania), International Elections Study Center (Lituania) y German Marshall Fund of the United States (Estados Unidos de América).

19.Todas estas organizaciones fueron incluidas por el Ministerio de Justicia en una lista pública de ONG extranjeras e internacionales cuyas actividades han sido declaradas indeseables en el territorio de la Federación de Rusia.

20.Una ONG extranjera o internacional cuyas actividades en el territorio de la Federación de Rusia se hayan declarado indeseables, así como todas las personas que participan en ellas, mantienen su derecho a la protección judicial frente a una decisión injustificada. Los actos de los funcionarios de la fiscalía o de la justicia pueden ser recurridos ante los tribunales, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 46 de la Constitución de la Federación de Rusia y con el derecho internacional.

21.Dos entidades (U.S. Russia Foundation for Economic Advancement and the Rule of Law (USRF) y la empresa británica Open Russia (conocida actualmente como Human Rights Project Management)) decidieron apelar ante los tribunales las decisiones por las que se declararon sus operaciones como indeseables. Las denuncias fueron desestimadas por el Tribunal del Distrito de Tversk (Moscú), que consideró las decisiones de la Oficina de la Fiscalía General de la Federación de Rusia lícitas y justificadas.

22.En vista de lo anterior, las disposiciones de la Ley Federal núm. 121-FZ y de la Ley Federal núm. 129-FZ se adoptaron únicamente con el fin de proteger los fundamentos del orden constitucional y garantizar el debido reconocimiento y respeto de los derechos e intereses legítimos de otras personas, la defensa nacional, la seguridad del Estado, el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática, y no son contrarias al derecho internacional ni necesitan ser modificadas ni derogadas.

23.La Constitución de la Federación de Rusia, que proclama dicho país como un Estado democrático de derecho que valora por encima de todo al ser humano, así como sus derechos y libertades, y cuyo deber es reconocer, respetar y proteger los derechos humanos y civiles y las libertades, garantiza a toda persona la protección judicial de sus derechos y libertades y su ejercicio sobre la base de la igualdad ante la ley y los tribunales.

24.Las relaciones civiles que surgen en el curso de la realización de actividades relacionadas con los derechos humanos en la Federación de Rusia están plenamente cubiertas por las disposiciones anteriores.

25.Sin embargo, la legislación penal nacional también prevé salvaguardias adicionales para garantizar la seguridad de ciertas categorías de personas. En particular, el apartado b) del párrafo 2 del artículo 105 del Código Penal tipifica como delito el asesinato de una persona o de sus familiares con miras a impedir que esa persona desempeñe legalmente funciones oficiales o responsabilidades civiles, o por motivos de venganza por el desempeño de dichas actividades. Por cumplimiento de responsabilidades civiles se entiende el desempeño por parte de un ciudadano de las obligaciones que se le asignan específicamente para defender el interés de la sociedad o los intereses legítimos de particulares, así como la realización de otras acciones que beneficien a la sociedad.

26.En el apartado l) del párrafo 2 del artículo 105 del Código Penal se recoge la responsabilidad penal derivada de todo asesinato por motivos de odio político, ideológico, racial, étnico o religioso, o bien por odio u hostilidad hacia un grupo social determinado.

27.Los actos delictivos enumerados se castigan con pena de prisión de 8 a 20 años, con restricción de libertad de 1 a 2 años, o con cadena perpetua.

28.Los artículos del Código Penal 111 (Lesiones intencionales graves), 112 (Lesiones intencionales de gravedad media) y 115 (Lesiones intencionales leves) también recogen criterios especiales de calificación similares.

29.En el artículo 136 del Código Penal se dispone la responsabilidad por discriminación, es decir: vulneración de los derechos humanos y civiles, las libertades o los intereses legítimos por razones de sexo, raza, etnia, idioma, origen, posición económica o profesional, lugar de residencia, actitud ante la religión, convicciones y afiliación a agrupaciones sociales o grupos sociales de cualquier índole con abuso de un cargo oficial.

30.De conformidad con el artículo 149 del Código Penal, también se considera punible penalmente el entorpecimiento ilegal de la celebración de reuniones, mítines, manifestaciones, marchas y piquetes, o de la participación en esos actos, o la coacción para participar en estos, si esas acciones son cometidas por un funcionario público valiéndose de su cargo, o mediante la violencia o la amenaza de su utilización.

Párrafo 15 a) (Derecho de los pueblos indígenas a la tierra)

31.Las relaciones en la esfera de la educación y la protección y utilización de los territorios de explotación tradicional de la naturaleza de los pueblos indígenas minoritarios del Norte, Siberia y el Extremo Oriente de la Federación de Rusia con miras a su uso tradicional de los recursos naturales y su modo de vida tradicional están reguladas de conformidad con las leyes federales siguientes:

Ley Federal núm. 82-FZ de Garantías de los Derechos de los Pueblos Indígenas Minoritarios de la Federación de Rusia, de 30 de abril de 1999.

Ley Federal núm. 104-FZ de los Principios Generales de la Organización de las Comunidades de Pueblos Indígenas Minoritarios del Norte, Siberia y el Extremo Oriente de la Federación de Rusia, de 20 de julio de 2000.

Ley Federal núm. 49-FZ de Territorios de Explotación Tradicional de los Pueblos Indígenas Minoritarios del Norte, Siberia y el Lejano Oriente, de 7 de mayo de 2001.

32.Se sigue trabajando para mejorar la legislación que regula directamente las dinámicas que rigen la vida de los pueblos indígenas minoritarios, así como la legislación sectorial, incluida la necesidad de abordar las lagunas y los conflictos jurídicos existentes, en particular en el ámbito de las relaciones centradas en la tierra y en otros recursos naturales.

33.El Organismo Federal para Cuestiones Étnicas ha presentado al Gobierno de la Federación de Rusia un proyecto de ley federal que contiene enmiendas a la Ley Federal de Territorios de Explotación Tradicional de los Pueblos Indígenas Minoritarios del Norte, Siberia y el Lejano Oriente, así como a determinados actos legislativos de la Federación de Rusia.

34.En el proyecto de ley se define el procedimiento para establecer territorios dedicados a la explotación tradicional de los recursos naturales por parte de los pueblos indígenas minoritarios del Norte, Siberia y el Lejano Oriente de la Federación de Rusia, incluidos aquellos de importancia federal.

35.Además, el texto del proyecto de ley prevé la adición de disposiciones a la Ley Federal núm. 49-FZ sobre las condiciones de utilización de los territorios de explotación tradicional de la naturaleza de los pueblos indígenas minoritarios del Norte, Siberia y el Extremo Oriente de la Federación de Rusia por parte de los empresarios y las personas jurídicas en lo que respecta a la obligación de acordar, con los representantes de los pueblos indígenas minoritarios del Norte, Siberia y el Lejano Oriente de la Federación de Rusia y sus comunidades, las actividades económicas o de otra índole no relacionadas con actividades económicas tradicionales, con excepción de las personas que lleven a cabo en los territorios de explotación tradicional actividades científicas u otras actividades sin ánimo de lucro.

36.El Organismo Federal para Cuestiones Étnicas, junto con una organización civil (la Asociación de Pueblos Indígenas de las Regiones del Norte, Siberia y Lejano Oriente de la Federación de Rusia), está elaborando un proyecto de ley federal para enmendar el artículo 8 de la Ley Federal núm. 82-FZ de Garantías de los Derechos de los Pueblos Indígenas Minoritarios de la Federación de Rusia, de 30 de abril de 1999, en relación con la aprobación del procedimiento de indemnización y la metodología de cálculo de las pérdidas derivadas de los daños causados en el hábitat original de los pueblos indígenas minoritarios de la Federación de Rusia por las actividades económicas de entidades de todo tipo de titularidad, así como por los particulares.

37.También se sigue trabajando en un proyecto de ley sobre el registro de los representantes de los pueblos indígenas minoritarios a fin de eliminar los obstáculos que siguen existiendo para la realización de los derechos y preferencias específicos garantizados a los pueblos indígenas minoritarios respecto a la explotación tradicional de los recursos naturales y el mantenimiento de estilos de vida tradicionales.

38.El Código de la Tierra de la Federación de Rusia, de 25 de octubre de 2001 (Código 136-FZ), en su artículo 39.14, establece que cuando se asignen parcelas en lugares de residencia tradicional y actividades económicas tradicionales de pueblos indígenas minoritarios de la Federación de Rusia para fines ajenos a sus actividades económicas tradicionales y artesanales, se podrán convocar reuniones y referendos de ciudadanos sobre la concesión de parcelas reservadas a la construcción de instalaciones que repercutan en los intereses legítimos de dichos pueblos. La asignación de parcelas se realiza teniendo en cuenta los resultados de tales reuniones o referendos.

39.El Plan Marco de Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas Minoritarios del Norte, Siberia y el Extremo Oriente de la Federación de Rusia (aprobado por la Directriz gubernamental núm. 132-r, de 4 de febrero de 2009) establece los principios básicos para el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas minoritarios, a saber, la necesidad de que sus representantes y asociaciones participen en la adopción de decisiones sobre cuestiones que afectan a sus derechos e intereses relativos al desarrollo de los recursos naturales en las zonas de su hábitat tradicional y sus actividades económicas tradicionales; asimismo, establece la necesidad de evaluar los impactos culturales, ambientales y sociales de los proyectos y actividades propuestos en las zonas de residencia tradicional y las actividades económicas tradicionales de los pueblos minoritarios.

40.Un ejemplo de procedimiento legislativo para la participación de los pueblos indígenas en el proceso de adopción de decisiones y consultas es la Ley relativa a los Conocimientos Etnológicos Especializados en los Lugares de Residencia Tradicional y de Actividades Económicas Tradicionales de los Pueblos Indígenas Minoritarios del Norte de la República de Sajá (Yakutia), aprobada en 2010 en la República de Sajá. Las tareas principales encaminadas a recopilar conocimientos etnológicos especializados incluyen la implementación de métodos de supervisión etnológica, la prevención de las posibles consecuencias negativas para el desarrollo de la etnia derivadas de cambios en el hábitat nativo de los pueblos minoritarios resultantes de las actividades económicas y de otra índole planificadas, y la determinación del monto compensatorio por toda pérdida incurrida por los usuarios de la tierra y otros recursos naturales en los lugares de residencia tradicional de los pueblos minoritarios. Los expertos en etnología deben respetar ciertos principios clave, como la obligación de recopilar conocimientos etnológicos especializados antes de tomar decisiones sobre la implementación de actividades económicas y de otra índole planificadas en los lugares de residencia tradicional de los pueblos minoritarios, la transparencia, la participación de organizaciones y asociaciones civiles y la consideración de la opinión pública.

41.En Rusia, existe la práctica de suscribir acuerdos entre los pueblos indígenas, las autoridades regionales y las empresas que participan en la explotación de recursos minerales cerca de los hábitats tradicionales de pueblos indígenas minoritarios. La empresa Sakhalin Energy, que opera desde 1994 en el territorio de la isla de Sajalín, utiliza el Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas Minoritarios de Sajalín Septentrional como mecanismo de interacción con las minorías indígenas del norte de dicha provincia. El Plan se actualiza cada cinco años. Antes de cada fase quinquenal del Plan, un grupo de trabajo ad hoc elabora un borrador y organiza dos rondas de consultas en las comunidades de los pueblos indígenas minoritarios. Los resultados de las consultas se complementan con una evaluación final realizada por un experto independiente, un representante indígena y un sociólogo. Por último, se celebra una conferencia en la que se invita a los delegados de los siete distritos de residencia tradicional de los pueblos indígenas de la provincia de Sajalín a revisar y acordar el Plan. Los órganos rectores del programa incluyen a los pueblos indígenas. Las decisiones sobre la asignación de fondos para diversos programas y proyectos corren a cargo de los comités de programas, que están integrados únicamente por representantes de los pueblos indígenas elegidos en sesiones públicas. Se ha establecido un procedimiento, en el marco de la Matriz de Medidas de Mitigación del Impacto del Proyecto Sajalín-2, a fin de tener en cuenta las preocupaciones que los pueblos indígenas plantearon respecto a dicho proyecto durante las consultas públicas y de proponer medidas correctivas.

Párrafo 51 d) (Acceso a los servicios de salud para los consumidores de drogas)

42.Cabe señalar que la “terapia de sustitución” de opiáceos consiste en la prescripción periódica de metadona, buprenorfina o morfina para sustituir las drogas “callejeras”.

43.Dicha terapia se limita a la reducción de la gravedad y la severidad de la adicción, pero no tiene como objetivo hacer desaparecer la enfermedad en sí, sino más bien reducir el consumo de estupefacientes y atenuar, contener o eliminar la dependencia de los mismos.

44.La terapia de sustitución de opiáceos, que equivale esencialmente a reemplazar una drogadicción por otra (por ejemplo, la heroína por la metadona), se basa en el paradigma de la incurabilidad de la dependencia de los opiáceos y en la supuesta imposibilidad fundamental de lograr un cese completo del consumo de drogas. Las medidas prohibitivas y restrictivas contra esas sustancias psicoactivas vigentes en la Federación de Rusia se han adoptado de plena conformidad con los tratados internacionales.

45.En el documento final del 30º período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas de 2016 se señaló que el problema seguía siendo un reto para toda la humanidad en términos de salud, seguridad y bienestar. Los representantes de los Estados Miembros reafirmaron su compromiso con las metas y objetivos de los tres tratados internacionales sobre fiscalización de drogas (la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972); el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971; y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988) y la intención de intensificar los esfuerzos en los planos nacional e internacional y de seguir ampliando la cooperación internacional para hacer frente a esta lacra.

46.La Federación de Rusia está adoptando las medidas necesarias y coherentes para fortalecer la cooperación internacional, incluida la colaboración con los organismos de las Naciones Unidas en la ejecución de programas, estrategias y políticas referentes a las drogas.

47.La metadona, además de la heroína, está incluida, debido a los efectos dañinos demostrados por la ciencia y la práctica que provoca su uso, en la lista de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sus precursores cuya distribución está prohibida en la Federación de Rusia de conformidad con la legislación rusa y los tratados internacionales por ella suscritos, y en particular en la lista I del repertorio de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sus precursores sujetos a fiscalización en la Federación de Rusia, aprobado mediante la resolución núm. 681 del Gobierno de la Federación de Rusia, de 30 de junio de 1998. La buprenorfina y la morfina figuran en la lista II de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (también aprobada mediante la resolución núm. 681) cuya distribución está restringida en la Federación de Rusia y respecto de los cuales se han establecido medidas de fiscalización de conformidad con la legislación de la Federación de Rusia y los tratados internacionales por ella suscritos.

48.De conformidad con el párrafo 6 del artículo 31 de la Ley Federal núm. 3-FZ de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de 8 de enero de 1998, el tratamiento de la toxicomanía con estupefacientes y sustancias sicotrópicas que figuren en la lista II está prohibido en la Federación de Rusia. Así pues, la legislación rusa prohíbe el uso de metadona, buprenorfina o morfina.

49.Además, de conformidad con el apartado d) del párrafo 32 de la Estrategia de la Política Estatal de Lucha contra las Drogas de la Federación de Rusia hasta 2020, aprobada mediante el Decreto Presidencial núm. 690, de 9 de junio de 2010, las principales medidas para mejorar la eficacia y el desarrollo de la atención médica narcológica en la esfera de la psiquiatría y la narcología consisten en impedir que en la Federación de Rusia se utilicen métodos de sustitución para el tratamiento de la drogodependencia que impliquen el uso de los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas que figuran en las listas I y II aprobadas mediante la resolución núm. 681.

50.Cabe señalar que los toxicómanos solo reciben tratamiento en los centros médicos de los sistemas de atención de la salud estatales y municipales (párrafo 2 del artículo 55 de la Ley Federal núm. 3-FZ).

51.En la Federación de Rusia, la atención médica en el campo de la psiquiatría‑narcología es responsabilidad de centros médicos, que aplican un enfoque integral. Dichas entidades se atienen a un modelo gradual y continuo de atención a las personas que padecen trastornos de drogadicción, incluida la rehabilitación médica y la subsiguiente rehabilitación y reintegración social (no médica) en las organizaciones pertinentes.

52.Las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación médica en los centros médicos de los sistemas de salud estatales y municipales son gratuitas.

53.En la Federación de Rusia se están aplicando programas de tratamiento de la drogadicción basados en la renuncia completa al uso de drogas. Los efectos farmacológicos de los medicamentos utilizados tienen por objeto suprimir la urgencia patológica de consumir drogas, detener el consumo de drogas y prevenir la recaída en la enfermedad.

54.La atención de la salud incluye la organización de servicios de rehabilitación médica de los drogadictos.

55.A fin de garantizar la continuidad de la labor realizada entre las personas que consumen estupefacientes y sustancias sicotrópicas con fines no médicos, se ha elaborado un reglamento que rige la interacción entre los centros sanitarios que prestan asistencia médica en la esfera de la psiquiatría y la narcología y las entidades que trabajan en la esfera de la rehabilitación y reintegración integrales de las personas que incurren en el uso ilícito de estupefacientes o sustancias sicotrópicas. Dicho reglamento establece las metas, los objetivos y las condiciones de interacción entre esas entidades.

56.Las medidas adoptadas en este ámbito han dado lugar a varios cambios estadísticos. Por ejemplo, en los últimos cinco años, la Federación de Rusia ha registrado una disminución constante del número de toxicómanos: desde 2012 (332.659) su número ha disminuido en un 17,9 % (59.565) hasta situarse en 273.094 personas en 2017.

57.Además, cabe señalar que, en 2017, del total de consumidores de drogas (459.155 personas), 222.056 personas se inyectaban drogas (en 2016 eran 262.924 personas respecto a un total de 495.982), es decir, 151,3 por cada 100.000 personas (179,3 en 2016). La prevalencia relativa de consumidores de drogas intravenosas registrada disminuyó en un 15,6 %.

58.La prevención sanitaria del uso no médico de sustancias sicotrópicas, inclusive entre los miembros de los colectivos laborales, se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones de los instrumentos jurídicos y normativos del Ministerio de Salud de la Federación de Rusia, que regulan cuestiones como la prevención de las enfermedades no transmisibles y la aplicación de medidas para promover un estilo de vida saludable; las actividades de los centros de salud para adultos encaminadas a promover estilos de vida saludables entre los ciudadanos de la Federación de Rusia, incluida la reducción del consumo de alcohol y tabaco; los exámenes médicos para ciertos grupos de adultos; los exámenes médicos preliminares y periódicos a los que deben someterse obligatoriamente los trabajadores que realizan labores pesadas y que operan en condiciones de trabajo nocivas y peligrosas; los reconocimientos médicos necesarios antes y después de un turno o un viaje de trabajo; y los exámenes médicos relacionados con casos de intoxicación.