Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Tercer informe periódico que Lituania debía presentar en 2019 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto * **
[Fecha de recepción: 6 de mayo de 2020]
I.Prefacio
1.De conformidad con el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (en adelante, “el Pacto”), el Gobierno de la República de Lituania (en adelante, “el Gobierno”) presenta el tercer informe periódico de la República de Lituania (en adelante, “el informe”). El informe se preparó de conformidad con las directrices sobre los instrumentos específicos que deben presentar los Estados partes con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/2008/2).
2.En el informe se proporciona información relacionada concretamente con la aplicación de los artículos 1 a 15 del Pacto en la legislación y en la práctica y sobre los hechos más recientes en lo que respecta al ejercicio de los derechos consagrados en el Pacto, las medidas específicas y los progresos realizados, especialmente en relación con las disposiciones que se han adoptado para resolver las cuestiones planteadas por el Comité en las conclusiones finales acerca del informe anterior del país. El informe fue preparado sobre la base de las observaciones finales relativas al segundo informe periódico de la República de Lituania, aprobadas en el 52º período de sesiones del Comité, el 24 de junio de 2014 (E/C.12/LTU/CO/2).
3.El proyecto de informe fue presentado al Consejo de Organizaciones No Gubernamentales a fin de brindarle información y recabar sus impresiones. También fue publicado en el sistema nacional de información legislativa, lo que permitió al público expresar sus opiniones al respecto.
II.Información sobre la aplicación del Pacto
4.A continuación figura información relacionada concretamente con la aplicación de los artículos 1 a 15 del Pacto y las observaciones finales del Comité (E/C.12/LTU/CO/2).
Artículo 1
5.La Constitución de la República de Lituania (en adelante, “la Constitución”) establece el derecho de todo individuo a tener sus propias creencias y a expresarlas libremente, así como a buscar, recibir y distribuir información e ideas. La libertad para expresar las propias ideas y para recibir y distribuir información no puede limitarse de ninguna otra manera que no sea por ley, y solo si es necesario a efectos de proteger la salud, el honor o la dignidad de las personas, la vida privada o la moral, o de defender el orden constitucional. El ejercicio de esa libertad individual es incompatible con actividades delictivas como la incitación al odio por motivos de nacionalidad, raza, religión o condición social, la incitación a la violencia y la discriminación, la calumnia y la desinformación. La Constitución también establece el derecho de los ciudadanos pertenecientes a minorías nacionales a valorar su idioma, su cultura y sus costumbres.
Artículo 2
6.La persona cuyos derechos o libertades constitucionales hayan sido vulnerados tiene derecho a recurrir a los tribunales. La indemnización por daños materiales y morales infligidos a una persona está establecida por ley. El Código de Procedimiento Civil de la República de Lituania también establece el principio de acceso universal a la justicia: todos los interesados tienen derecho a recurrir a los tribunales conforme al procedimiento establecido por la ley para hacer valer los derechos o intereses amparados por esta que se hayan visto vulnerados o cuestionados. Según el Código Civil de la República de Lituania, por “daño” se entiende el importe de la pérdida o el daño de bienes sufridos por una persona y los gastos ocasionados (daños directos), así como los ingresos de los que se haya visto privada, es decir, aquellos que habría percibido si no se hubieran cometido actos ilícitos.
7.En relación con los delitos tipificados en los artículos 169 y 1701 del Código Penal, se ha previsto la forma más estricta de responsabilidad por discriminación de cualquier índole, es decir, por motivos de edad, género, orientación sexual, discapacidad, raza, nacionalidad, idioma, origen, condición social, religión, creencias o visión del mundo. Esas sanciones penales bastan para garantizar una protección efectiva contra la discriminación o la incitación a esta, la violencia o el odio, independientemente de la edad de la persona que sea objeto de discriminación.
8.En el Código de Infracciones Administrativas de la República de Lituania se establecen los principios del proceso relativo a esas infracciones: la investigación y el examen de los casos pertinentes se rigen por los principios de la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, la proporcionalidad, las debidas garantías procesales, la prontitud de las actuaciones y la prohibición de menoscabar la posición de una persona por haber presentado una denuncia ( non reformatio in peius ). También se prohíbe imponer limitaciones o excepciones por motivos de origen, nacionalidad, raza, género, idioma, creencias religiosas o políticas u otras circunstancias, si eso da lugar a que la ley no se aplique de la misma manera a todas las personas. En el Código también se impone responsabilidad administrativa por no respetar la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres.
Institución nacional de derechos humanos
9.La Oficina de los Defensores del Pueblo del Seimas (Parlamento) de la República de Lituania fue acreditada como institución nacional de derechos humanos, de conformidad con los Principios de París (categoría A). En el Estatuto de la Oficina se establece que uno de sus objetivos es promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales ejerciendo las funciones de institución nacional de derechos humanos, y también se establecen esas funciones. Las instituciones nacionales y municipales tienen el deber de cooperar con la Oficina facilitándole información sobre la situación de los derechos humanos en Lituania y organizando y realizando estudios acerca de las principales cuestiones pertinentes.
10.Los Defensores del Pueblo del Seimas investigan denuncias sobre casos de abuso de poder por parte de funcionarios públicos, irregularidades burocráticas u otras formas de vulneración de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera de la administración pública, y aplican medidas de prevención de la tortura a nivel nacional. En cumplimiento de las funciones de institución nacional de derechos humanos, la Oficina y sus funcionarios vienen aplicando el Programa de Acción de la Institución Nacional de Derechos Humanos para el período 2018-2020.
Integración de la población romaní en la sociedad lituana
11.En 2015 se aprobó el Plan de Acción para la Integración de los Romaníes en la Sociedad Lituana 2015-2020, que se financia con cargo al presupuesto del Estado y a los fondos estructurales de la Unión Europea y entraña medidas encaminadas a promover la integración de los romaníes en el sistema educativo, poner más a su alcance los servicios de salud, fomentar el empleo de los integrantes de ese grupo, procurar el empoderamiento de las mujeres romaníes, mejorar las condiciones de vida de esas comunidades e impulsar el diálogo intercultural. La ejecución de las medidas previstas en el Plan de Acción ha estado a cargo del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Departamento de Minorías Nacionales, el Defensor de la Igualdad de Oportunidades, el Centro de Desarrollo de la Educación, el Centro de Educación Especial y Psicología, el Centro Lituano para la Formación No Académica de los Jóvenes, el Servicio de Empleo del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, el Centro de la Comunidad Romaní y las administraciones municipales. El Plan de Acción se ha coordinado con todas las organizaciones no gubernamentales romaníes.
12.El Centro de Desarrollo de la Educación (que en 2019 se reorganizó y pasó a integrar el Organismo Nacional de Educación) ha venido aplicando un programa de perfeccionamiento de docentes, titulado “Por una mejor educación inclusiva”, que está dirigido a los educadores de los niños romaníes, y el Departamento de Minorías Nacionales ha financiado programas de educación no formal para esos niños. El proyecto llamado “Nuevas oportunidades de trabajo para los romaníes y nuevos problemas” se centró en la cuestión del desempleo en la población romaní. Su ejecución estuvo a cargo de la institución pública Centro de la Comunidad Romaní junto con organizaciones no gubernamentales romaníes. El proyecto abarcaba aspectos relativos a la motivación individual y grupal, la evaluación de las necesidades personales, el desarrollo, el apoyo y la recuperación de aptitudes sociales y laborales, consultas con trabajadores sociales y juristas, servicios socioculturales, actividades deportivas, el desarrollo de aptitudes, especialmente de comunicación y expresión oral, y la intermediación y otras formas de ayuda para buscar y encontrar trabajo. Alrededor de 270 romaníes participaron en las actividades del proyecto cada año. Se esperaba que cuando este culminase, en el período 2016-2017, el 40 % de los participantes hubieran encontrado trabajo o aprendido un oficio.
13.El Departamento de Minorías Nacionales ha aplicado medidas para promover la apertura de la cultura romaní y una actitud tolerante en la sociedad. Las medidas abarcan la celebración de eventos tradicionales romaníes anuales, la promoción del idioma, las costumbres y la historia romaníes e iniciativas para dar a conocer a la sociedad la cultura singular de esa comunidad. Con miras a promover el diálogo intercultural se organizan exposiciones y se entregan premios anuales a las personas que hayan contribuido a fomentar la tolerancia nacional y el diálogo intercultural en las actividades de información pública.
14.En el período 2016-2018, el Departamento de Minorías Nacionales llevó a cabo un proyecto titulado “Plataformas locales de los romaníes: el camino hacia la cooperación con los municipios”, que tuvo por objeto crear un plan de cooperación entre las comunidades romaníes y los municipios a efectos de asegurar la participación de las autoridades locales en el proceso de integración. Las actividades del proyecto abarcaban programas de formación especial dirigidos a los expertos que trabajan con esas comunidades, a saber, funcionarios de la administración municipal, trabajadores sociales y educadores, así como a las mujeres romaníes, a fin de fomentar su inclusión en la vida pública, y a los jóvenes y niños romaníes.
15.El Municipio de Vilnius aprobó el Programa de Integración de la Comunidad del Campamento Romaní de Vilnius (Kirtimai) 2016-2019, cuyos objetivos son promover la integración de los romaníes en el sistema educativo, mejorar el acceso a los servicios de salud, tratar de reducir las disparidades sociales, mejorar las condiciones de vida de la población romaní, promover la apertura de la identidad de la cultura romaní y prevenir la propagación del uso indebido de drogas en Kirtimai y en las zonas aledañas. El Programa hace hincapié en resolver el problema de la vivienda de los romaníes y en fomentar la asistencia escolar. También realiza una labor intensa con familias en situación de riesgo social, ofreciéndoles los servicios necesarios y desarrollando sus aptitudes sociales.
16.En 2018, el Departamento de Minorías Nacionales puso en marcha el proyecto denominado “Inclusión de los integrantes de las minorías nacionales en el mercado laboral”, que abarcó actividades de búsqueda y sistematización de información sobre cuestiones de integración y seguimiento de las minorías nacionales. El proyecto también tuvo por objeto elaborar el módulo de evaluación del fenómeno de la discriminación y determinar, elegir e introducir índices para definir los conceptos de igualdad y/o de discriminación.
No discriminación
17.La Ley de Igualdad de Trato prohíbe la discriminación directa o indirecta por motivos de género, raza, nacionalidad, ciudadanía, idioma, origen, condición social, creencias, convicciones u opiniones, edad, orientación sexual, discapacidad, origen étnico y religión. Los establecimientos de enseñanza y demás entidades educativas y las instituciones de investigación y educación deben admitir a todos los alumnos en igualdad de condiciones e impartirles enseñanza y educación con arreglo a los programas de educación formal y no formal que apliquen. La Ley de Educación también establece el principio de la igualdad de oportunidades. El sistema educativo es socialmente justo y garantiza el respeto de los derechos individuales y la posibilidad de todas las personas de acceder a la educación.
18.La Ley de Igualdad de Trato establece el deber del empleador de respetar el principio de igualdad de trato en el lugar de trabajo y en la función pública, para lo cual, entre otras medidas, debe aplicar criterios y establecer condiciones de selección uniformes en la contratación, ofrecer a todos las mismas condiciones de trabajo y acceso a la función pública e iguales beneficios, aplicar criterios uniformes para la evaluación del trabajo y en materia de despidos y ofrecer la misma remuneración por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor. En el Código del Trabajo de la República de Lituania se ha establecido una prohibición similar de la discriminación directa e indirecta contra los trabajadores.
19.El seguimiento de la aplicación de la Ley de Igualdad de Trato y la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y los Hombres está a cargo del Defensor de la Igualdad de Oportunidades, cuyas funciones han aumentado a partir de 2017, ya que actualmente también se ocupa de emprender actividades preventivas y educativas y de difundir información relativa a la promoción de la igualdad de oportunidades.
20.El Plan de Acción para la Promoción de la No Discriminación correspondiente a 2017-2019 contiene medidas tendientes a garantizar el respeto del principio de igualdad y no discriminación con respecto a las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT): organización de seminarios, reuniones y participación de políticos en cursos de formación sobre las cuestiones vinculadas a esas personas y la protección de los derechos humanos. La aplicación de esas medidas ha estado a cargo de la Oficina del Defensor de la Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Justicia. En 2018, en el marco de la ejecución del Plan de Acción, el Seimas organizó una conferencia internacional llamada “El respeto de los derechos de las personas transgénero: la búsqueda de un justo equilibrio”.
21.En el Plan de Acción se dispone la realización de un estudio de la situación de las personas LGBT en la sociedad y de las medidas de protección de su vida privada y el análisis de los resultados de esas medidas. En 2019 se presentaron dos vídeos en los que se relataban experiencias de personas transgénero que vivían en Lituania, con el propósito de sensibilizar a la opinión pública acerca de esa problemática. En 2018, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Foro Nacional de Derechos Humanos organizó un debate sobre el tema titulado “La situación de las personas transgénero en Lituania: lo que sucede después del cambio de los documentos personales”.
22.Tras la aplicación del programa de formación para agentes de policía sobre los delitos motivados por el odio contra las personas LGBT, el Departamento de Policía también les brindó capacitación en el marco del programa denominado “La acción policial en los casos de delito de odio”.
23.En 2017 los tribunales nacionales sentaron jurisprudencia con respecto al cambio de los documentos de identidad de las personas transgénero. Prosiguiendo con esa práctica progresiva, se han cambiado los documentos de identidad de casi 30 personas transgénero sin imponerles el requisito de cirugía obligatoria. Conforme a la práctica de los tribunales nacionales, actualmente las condiciones materiales para ejercer el derecho al reconocimiento de la propia identidad de género son un diagnóstico psiquiátrico de la identidad de género y la identificación subjetiva de la persona interesada con determinado género.
24.A fin de que las personas transgénero puedan ejercer el derecho al reconocimiento de su identidad de género en condiciones dignas, cuando el reconocimiento jurídico de esta no dependa de que se practique una cirugía irreversible de reasignación de sexo, en 2017 el grupo de trabajo establecido por el Ministerio de Justicia preparó un proyecto de ley sobre el reconocimiento de la identidad de género y lo presentó a las instituciones correspondientes con fines de coordinación.
25.El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia organizaron reuniones interinstitucionales sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la preparación del Examen Periódico Universal, en el marco del Consejo de Derechos Humanos, en relación con el cumplimiento de las recomendaciones recibidas durante el examen. El Ministerio de Relaciones Exteriores pasó a ser el patrocinador oficial de la conferencia de derechos humanos Orgullo Báltico 2019.
26.En 2018, por ordenanza del Ministro de Salud, se estableció un grupo de trabajo al que se encomendó, entre otras tareas, examinar los actos jurídicos necesarios para aplicar la ley que rige los controles sanitarios. El grupo de trabajo también estudió medidas para velar por que no se impusiera una prohibición desproporcionada de ejercer determinada actividad profesional u ocupar determinado cargo por motivos de identidad de género a los candidatos a jueces, magistrados, abogados, auxiliares de abogados, fiscales y otras personas.
27.En 2016 Lituania apoyó el establecimiento del mandato del Experto independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y patrocinó la resolución de las Naciones Unidas sobre derechos humanos de 2019 relativa a la prórroga de ese mandato.
28.En junio de 2017 Lituania se sumó a la iniciativa internacional de carácter informal llamada Coalición por la Igualdad de Derechos, que defiende los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en todo el mundo y en la que participan casi 40 países de todas las regiones.
Artículo 3
29.La perspectiva de la igualdad entre mujeres y hombres está integrada en todos los ámbitos normativos del país. La Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de la República de Lituania establece la obligación de reconocer la igualdad de derechos en toda la legislación formulada y promulgada, y también garantiza que en los documentos de planificación estratégica las instituciones públicas nacionales y municipales incorporen medidas tendientes a velar por la igualdad de oportunidades e impedir que se desconozca la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en la esfera de la prestación de servicios administrativos y públicos.
30.El Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y los Hombres tiene por objeto asegurar que las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres se resuelvan de manera coherente, compleja y sistemática. Los objetivos del Programa Nacional para el período 2015-2021 son promover la igualdad de oportunidades en la esfera de la contratación y el trabajo, procurar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la adopción de decisiones y en el desempeño de los cargos más altos, aumentar la eficacia de los mecanismos institucionales de igualdad entre los sexos e impulsar la integración de la perspectiva de género en numerosos ámbitos: educación y ciencia, cultura, atención de la salud, medio ambiente, defensa nacional y acceso a la justicia. Participan en la ejecución del programa autoridades municipales, organizaciones no gubernamentales, interlocutores sociales, centros de estudios universitarios sobre el género y otras organizaciones.
Reducir la brecha salarial entre las mujeres y los hombres
31.Los empleadores están obligados a aplicar los principios de igualdad de género y de no discriminación por ningún motivo, y a pagar el mismo salario por el mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Los que tengan un promedio de más de 50 empleados deben adoptar una política de igualdad de oportunidades en el trabajo y principios para supervisar su aplicación, y publicar esa política utilizando los conductos habituales en el lugar de trabajo.
32.Una de las tareas del Programa de Igualdad de Oportunidades es tratar de reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres, lo que se lleva a cabo mediante diversas medidas, a saber, emprendiendo estudios al respecto, organizando reuniones con interlocutores sociales de la región de que se trate a fin de exponer cuestiones relativas al sistema de remuneración del trabajo y seminarios de información dirigidos a determinados grupos (interlocutores sociales, medios de difusión y encargados de la formulación de políticas) sobre las diferencias de ingresos y pensiones entre mujeres y hombres y sus motivos, organizando la elección anual del lugar de trabajo más igualitario y la concesión del premio correspondiente y campañas de información en materia de remuneraciones, preparando y presentando un manual práctico sobre planificación de medidas en pro de la igualdad de género en las empresas e instituciones para jefes de empresas públicas y privadas, organizando cursos de formación en materia de planificación de medidas de fomento de la igualdad de género en el trabajo para los jefes de las empresas públicas y privadas, emprendiendo inspecciones anuales, entre ellas, auditorías salariales, y organizando seminarios sobre cuestiones relativas a las relaciones jurídicas laborales para las divisiones de la Inspección General del Trabajo, dependiente del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo.
33.En el período 2015-2017, el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo realizó inspecciones por temas sobre la aplicación del principio de igualdad de derechos entre mujeres y hombres en la esfera de las relaciones jurídicas laborales. También se emprendieron actividades educativas, informativas o de formación tendientes a salvar la brecha entre mujeres y hombres en materia salarial y a resolver problemas de segregación en el mercado laboral. Además, se llevaron a cabo consultas acerca de la aplicación del Código del Trabajo, campañas de información y concursos para otorgar el título de lugar de trabajo y municipio más igualitarios.
34.En 2018 Lituania se sumó a la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial y emprendió las siguientes actividades en apoyo de ese objetivo: reunión de datos y presentación de informes relativos a la contratación y remuneración de hombres y mujeres; vigilancia y análisis a escala nacional con miras a reducir la brecha salarial entre los géneros, tanto en el sector público como en el sector privado, y sensibilización pública y organización de campañas de información sobre la igualdad salarial.
Promover la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
35.En el Código del Trabajo se establece la posibilidad de conciliar los deberes familiares con las obligaciones profesionales. Las disposiciones pertinentes obligan al empleador a adoptar medidas para ayudar al empleado o empleada a cumplir sus deberes familiares y a examinar las solicitudes de estos relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones familiares y darles una respuesta razonable. El empleador debe tener en cuenta debidamente el desempeño y la manera de actuar de los empleados en el trabajo a fin de garantizar la aplicación de un criterio integral y práctico con respecto a la conciliación de la vida laboral y personal.
36.El Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, en un esfuerzo por alentar a las mujeres y los hombres jóvenes a elegir estudios y profesiones pasando por alto los estereotipos de género, preparó recomendaciones dirigidas a los expertos en desarrollo de las perspectivas de carrera sobre medidas pedagógicas y didácticas encaminadas a abordar la cuestión de la igualdad de oportunidades y, al mismo tiempo, para desarrollar la competencia profesional de los estudiantes, organiza actividades de información tendientes a promover la igualdad de género al elegir una profesión. Los criterios utilizados para la evaluación de los libros de texto comprenden la exigencia de que estos sean imparciales en materia de género, edad, discapacidad, aptitudes, condición social, raza, nacionalidad, pertenencia étnica, origen, idioma, religión, orientación sexual, creencias, convicciones u opiniones. Para tratar de evitar una actitud discriminatoria en el material didáctico, los asesores sobre libros de texto y demás material educativo reciben formación que les ayuda a reconocer y comprender los estereotipos de género.
Artículo 5
37.El artículo 29 de la Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley, los tribunales y demás instituciones o funcionarios públicos. Los derechos individuales no pueden limitarse, y no se puede conceder privilegios a ninguna persona por motivos de género, raza, nacionalidad, idioma, origen, condición social, religión, creencias o actitudes. Figura información más detallada acerca de la aplicación de los artículos 4 y 5 del Pacto en el párrafo 40 c) del documento básico común, basado en las directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas orientaciones relativas a la preparación de un documento básico común y de informes sobre tratados específicos (HRI/GEN/2/Rev.6).
Artículo 6
38.La Constitución establece el derecho de toda persona a elegir un empleo o actividad y el derecho a disfrutar de condiciones adecuadas, seguras y sanas en el trabajo, así como a recibir una remuneración equitativa por su trabajo y a acogerse a la seguridad social en caso de desempleo. El trabajo forzoso está prohibido. El Código del Trabajo también establece que las relaciones laborales se rigen por los siguientes principios: definición legal, protección de las expectativas legítimas y plena salvaguardia de los derechos laborales, creación de condiciones de trabajo seguras y saludables, estabilidad de las relaciones laborales, libertad para elegir un trabajo, remuneración justa del trabajo, igualdad de los sujetos del derecho laboral, independientemente de su género, orientación sexual, raza, nacionalidad, idioma, origen, condición social, religión, planes para tener hijos, estado civil y familiar, edad, creencias o convicciones, afiliación a partidos políticos o asociaciones u otras circunstancias no relacionadas con las características del trabajo, libertad de asociación, libre negociación colectiva y derecho a emprender acciones colectivas. El Código establece la prohibición del despido improcedente. Antes de tomar la decisión de rescindir el contrato de trabajo, el empleador debe exigir al empleado que presente una explicación por escrito. El despido debe ser proporcional a la infracción o las infracciones en su conjunto.
39.En virtud de la Constitución, los ciudadanos tienen derecho a participar en el gobierno del Estado, tanto directamente como a través de sus representantes elegidos democráticamente, y a ingresar en condiciones de igualdad en la administración pública. Una resolución aprobada por el Tribunal Constitucional de la República de Lituania en 2004 establece que el ingreso en la administración pública es un derecho constitucional de todos los ciudadanos. Así pues, el ejercicio de ese derecho en condiciones de igualdad está relacionado con el ejercicio de otros derechos humanos, entre ellos, los establecidos en los artículos de la Constitución. Las relaciones de la administración pública deben estar reguladas por las leyes, en la medida en que están relacionadas con los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Seguridad social
40.En Lituania las personas desocupadas perciben prestaciones del seguro social de desempleo. Las prestaciones se basan en el principio de seguro social, no de apoyo social, y se otorgan a las personas que estén amparadas por el seguro de desempleo en el momento de producirse la contingencia asegurada, es decir, cuando pierden el trabajo. Las condiciones para tener derecho a una prestación, así como la aplicación, el cálculo y el procedimiento de pago, están regulados por la Ley del Seguro Social de Desempleo. Procurando aumentar el número de asegurados que tengan derecho a recibir la prestación del seguro social de desempleo, el derecho a percibirla se adquiere cuando la persona ha tenido la condición de desempleada durante 12 meses en los 30 meses anteriores a la fecha de inscripción en el Servicio de Empleo (véanse los apéndices núm. 5 y núm. 6). A fin de otorgar prestaciones adecuadas, se introdujo una nueva fórmula para calcularlas que consta de componentes fijos y variables. La cuantía de la prestación está relacionada parcialmente con el salario mínimo mensual. Como la prestación del seguro social de desempleo se otorga en sustitución de un salario ordinario, es más conveniente relacionarla con el salario mínimo mensual que con el ingreso asegurado del año de que se trate (véanse los apéndices núm. 7 y núm. 8). La prestación tiene un límite máximo: no puede sobrepasar el 75 % de la remuneración media nacional neta (el 1 de julio de 2019 ascendía al 58,18 %).
41.En 2018 entró en vigor la nueva Ley de Pensiones del Seguro Social, que establece que todas las pensiones deben indexarse en función del crecimiento de la suma de los salarios medios a lo largo de siete años: la suma de los salarios medios de los tres años anteriores, el año de indexación y los ingresos previstos durante tres años. Según el plan de indexación establecido por la ley, el índice de las pensiones del seguro social fue de alrededor del 7 % durante dos años consecutivos.
42.A efectos de reducir el riesgo de pobreza y exclusión social, en 2018 el ingreso garantizado por el Estado aumentó de 102 a 122 euros, lo que es particularmente pertinente en el caso de las personas que corren el riesgo de caer en la pobreza, que reciben asistencia social en efectivo. En 2018 la prestación social media mensual correspondiente a una persona aumentó el 23,51 % con respecto a 2017 (pasó de 65,5 a 80,9 euros). También aumentaron los fondos asignados a la asistencia social, ya que la cuantía del ingreso garantizado por el Estado determina los importes de las prestaciones sociales y de las ayudas para los gastos de calefacción de las viviendas, el almuerzo gratuito de los alumnos y la compra de material escolar, así como, por ejemplo, para la adquisición o el alquiler de una vivienda.
43.En 2017 se aprobó el método para calcular las necesidades mínimas de consumo, es decir, los recursos necesarios para atender a las necesidades personales (o familiares) mínimas de productos alimentarios y no alimentarios. En 2018, la cuantía mínima calculada fue de 251 euros. En 2019 los índices de los informes sobre las prestaciones sociales guardaron relación con las necesidades mínimas de consumo: la prestación social básica no podrá ser de menos del 16 % de las necesidades mínimas de consumo del año anterior; la pensión de asistencia social básica no podrá ser de menos del 54 %; los subsidios especiales básicos no podrán ser de menos del 47 %, y el ingreso garantizado por el Estado no podrá ser de menos del 50 %.
44.El Ministerio de Seguridad Social y Trabajo contribuyó al proceso de ratificación del Convenio sobre la Seguridad Social (Norma Mínima), 1952 (núm. 102) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El propósito de la ratificación fue examinado con interlocutores sociales nacionales y con todas las instituciones pertinentes. Los días 25 y 26 de febrero de 2019 visitaron Lituania expertos de la OIT que se reunieron con expertos nacionales y examinaron las perspectivas y los aspectos prácticos de la aplicación del Convenio.
Aumento del empleo
45.El período 2015-2017 fue positivo para el mercado laboral lituano, ya que se registraron tendencias crecientes de empleo y aumentos de salarios en todos los grupos etarios (véase el apéndice núm. 9). Si bien la actividad de la fuerza de trabajo sigue siendo elevada, el crecimiento de los recursos viene declinando. La oferta de puestos de trabajo y el apoyo laboral oportuno para los desocupados a largo plazo no cualificados de edad avanzada y jóvenes les alentó y ayudó a ingresar al mercado laboral.
46.En 2013 se aprobó el Programa de Fomento del Empleo 2014-2020, que sirve de base a los planes de acción interinstitucionales, aprobados cada dos años, en que se definen los objetivos, las metas, las medidas, las consignaciones de recursos y los órganos de ejecución, así como los criterios de evaluación y su significado previsto.
47.Las medidas de política activa del mercado de trabajo apoyan la integración de las personas desocupadas. Se prioriza a los trabajadores no cualificados o a los empleados a largo plazo a fin de desarrollar su competencia para poder atender a las necesidades del mercado y adquirir aptitudes que satisfagan los requisitos de los empleadores. Se utilizan la iniciativa de garantías para la juventud y otros programas de promoción del empleo de los jóvenes con objeto de lograr una transición rápida y sostenible entre el sistema educativo y el mercado laboral y de reducir el desempleo juvenil. El mejoramiento de los índices de empleo y desempleo contribuyó a mejorar la situación individual de las personas que habían perdido el trabajo, gracias a la aplicación de medidas de apoyo laboral que les permitieron adquirir competencia profesional o mejorarla, a efectos de ayudarlas a conseguir trabajo o a crear un empleo para sí mismas.
48.Con miras a fomentar el empleo del potencial de recursos humanos y ayudar a superar la desocupación, la Ley de Empleo ofrece nuevas medidas para promover la adquisición de conocimientos, entre ellas, contratos de aprendizaje, pasantías y el reconocimiento de la competencia adquirida en la educación no formal y en calidad de autodidacta. También ofrece más oportunidades laborales para los ciudadanos de regiones remotas, al ampliar la financiación de las medidas de apoyo a la movilidad. La Ley de Empleo expande el grupo destinatario de participantes en los cursos de formación profesional, al incluir a los empleados que buscan otro trabajo y que están inscritos en el Servicio de Empleo. Se da la posibilidad a los empleados de conciliar el trabajo con los estudios y, de esa manera, lograr nuevas cualificaciones o competencia en una nueva actividad.
49.El Servicio de Empleo ha venido ejecutando proyectos locales de iniciativas tendientes a enfocar los esfuerzos de la comunidad y de los interlocutores sociales en aumentar el empleo en las distintas regiones y desarrollar la infraestructura socioeconómica local.
50.Las iniciativas llamadas “Recursos Humanos INVEST LT+” y “Cursos de capacitación para empleados de inversionistas extranjeros” ayudan a las empresas extranjeras aliviándoles la carga de financiar la capacitación de los empleados y crean condiciones propicias para que estos adquieran determinada competencia y puedan adaptarse a los cambios del mercado laboral. Las iniciativas llamadas “Innotraining” e “Innointernship” contribuyen a aumentar la capacidad de los empleados para trabajar con nueva tecnología, creando oportunidades para que adquieran aptitudes en centros extranjeros de investigación y desarrollo experimental e innovación y las apliquen en las empresas lituanas.
51.En el período 2019-2021, el Servicio de Empleo, junto con seis municipios piloto, proveedores de servicios sociales y organizaciones no gubernamentales, viene aplicando un modelo de promoción del empleo y prestación de servicios de motivación para las personas desocupadas que reciben ayuda social. El propósito del modelo es facilitar el período de transición de las personas que hayan estado sin trabajar durante mucho tiempo hasta que puedan regresar al mercado laboral, coordinando la promoción del empleo y la motivación, así como la asistencia social en efectivo, mediante la integración de esas personas en el mercado de trabajo, y asegurar la coordinación de las instituciones, los organismos y las organizaciones públicas nacionales y municipales que ofrecen servicios de promoción del empleo, motivación y asistencia social en efectivo a los desempleados y fomentar la cooperación entre ellas (véase el apéndice núm. 13).
52.A partir de 2015, el Servicio de Empleo, junto con el Departamento de Asuntos de la Juventud, dependiente del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, ha venido ejecutando el proyecto llamado “Descúbrete a ti mismo”, dirigido a los jóvenes desempleados e inactivos que no estudian ni trabajan y tampoco reciben capacitación.
Empleo de las personas con discapacidad
53.La Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad de la República de Lituania garantiza los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad y define el sistema de integración social. La Ley de Empleo establece la obligación de apoyar más en el mercado laboral a las personas con discapacidad en edad de trabajar que tengan una capacidad de trabajo comprobada del 25 % o una discapacidad grave, a los desocupados que sean personas con discapacidad en edad de trabajar y que tengan una capacidad de trabajo comprobada del 30 % al 40 % o una discapacidad moderada y a los que tengan una capacidad de trabajo comprobada del 45 % al 55 % o una discapacidad leve.
54.Según datos correspondientes al 1 de enero de 2019, había 47.206 personas con discapacidad empleadas en el mercado laboral ordinario, frente a 3.014 en 2018. La mayoría de esas personas tenían un porcentaje de discapacidad del 45 % al 55 %. En el período comprendido entre 2014 y 2018 aumentó considerablemente la demanda de servicios de rehabilitación profesional (véase el apéndice núm. 14).
Artículo 7
El derecho a una remuneración justa
55.Según las disposiciones del Código del Trabajo, el empleador debe aplicar los mismos criterios y condiciones de selección en todos los casos, crear iguales condiciones de trabajo e iguales oportunidades para mejorar la cualificación profesional y perfeccionarse, así como para adquirir cualificaciones y experiencia laboral práctica, asegurar a todas las personas los mismos beneficios utilizando los mismos criterios de evaluación del trabajo y de despido y pagar el mismo salario por un trabajo de igual valor.
56.El Gobierno aprueba el salario mínimo mensual y el salario mínimo por hora determinados por el Consejo Tripartito teniendo en cuenta los índices y tendencias de desarrollo económico del país. El sueldo mensual de un empleado no puede ser inferior al sueldo mínimo mensual establecido. La remuneración mínima es la paga más baja permitida por trabajo no cualificado por hora o por horario de trabajo normal a lo largo del mes civil. La Inspección General del Trabajo y la Inspección Fiscal del Estado, dependientes del Ministerio de Finanzas, vigilan y comprueban que el sueldo de los empleados no cualificados no sea inferior a la remuneración mínima.
57.En 2017, el Consejo Tripartito, con objeto de despolitizar la cuestión de establecer el salario mínimo mensual, decidió proponer que la relación entre la remuneración mínima y la remuneración media no fuese menor del 45 % ni mayor del 50 %, y que correspondiera a la cuarta parte de la mayor relación entre la remuneración media y la mínima registrada en los Estados de la Unión Europea, determinada por la Oficina Europea de Estadística a partir de los datos de los tres años anteriores.
58.En 2017 se aprobó la Ley de Remuneración de los Funcionarios de las Instituciones Públicas Nacionales y Municipales, cuyo propósito es ofrecer a los funcionarios del sector público que estén igualmente preparados las mismas oportunidades de recibir igual remuneración. El sueldo básico del siguiente ejercicio se establece en virtud de un convenio colectivo (véase el apéndice núm. 18).
59.Desde julio de 2019 los empleadores están obligados a indicar en el anuncio de empleo el salario (o tarifa) básico ofrecido y/o los límites de la banda salarial prevista. Esos cambios introducirían más transparencia para las personas que buscan trabajo.
Igualdad de oportunidades de ascenso
60.Con arreglo al Código del Trabajo, los empleadores deben tomar medidas a fin de aumentar la competencia y especialización de sus empleados y la capacidad de estos para adaptarse a condiciones comerciales, profesionales y laborales cambiantes. Deben proporcionar a sus empleados condiciones propicias para aprender, mejorar sus cualificaciones y garantizar su perfeccionamiento profesional. El trabajo a tiempo parcial o a distancia no debe ser un obstáculo para ascender ni para perfeccionarse, ni debe privar a los empleados de otros derechos adquiridos en consideración a su experiencia laboral, sus cualificaciones y otras circunstancias. El hecho de que una persona tenga un contrato de trabajo de duración determinada no exime al empleador de la obligación de garantizar la formación, la calificación y el perfeccionamiento profesionales y las perspectivas de carrera del empleado. Los empleadores están obligados a tomar medidas adecuadas a fin de crear las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad establezcan sus propias metas profesionales o de aprendizaje.
61.En el Estatuto de la Administración Pública también se reconoce el derecho de los funcionarios públicos a avanzar en su carrera en función de sus cualificaciones. La jurisprudencia constitucional oficial establece que el derecho constitucional de los ciudadanos a ingresar en la administración pública presupone, igualmente, el derecho de las personas que ingresan a avanzar en la carrera. El principio de las perspectivas de carrera es una de las principales características de la función pública en la República de Lituania.
Limitación del tiempo de descanso y de trabajo y licencia con goce de sueldo
62.El Código del Trabajo regula el tiempo de trabajo y de descanso y los requisitos mínimos con respecto a este último. Asignar trabajo en un día de descanso únicamente es posible con el consentimiento del empleado, salvo en los casos en que se aplique un régimen de contabilización acumulativa del tiempo de trabajo total, o en que esa práctica esté prevista en un convenio colectivo. El régimen de horario de trabajo no puede transgredir los requisitos de tiempo mínimo de descanso. El Código del Trabajo también regula la licencia con goce de sueldo, que puede ser anual, especial, de larga duración o complementaria. Los empleados tienen derecho a licencia con goce de sueldo durante 20 días hábiles como mínimo (si trabajan 5 días por semana) o 24 días hábiles como mínimo (si trabajan 6 días por semana). Si el número de días hábiles por semana fuese menor o diferente, la licencia deberá ser de cuatro semanas como mínimo. Los acuerdos laborales y convenios colectivos o las normas de la legislación laboral pueden determinar que sea más prolongada. Se debe disfrutar de licencia al menos una vez al año.
63.El horario medio de trabajo en cada período de siete días, incluidas las horas extraordinarias, pero sin tener en cuenta las tareas realizadas con arreglo a otros contratos laborales, no puede ser de más de 48 horas; el horario de trabajo por día hábil (o turno), incluidas las horas extraordinarias y teniendo en cuenta las tareas realizadas en virtud de otros contratos laborales, no puede ser de más de 12 horas, sin incluir la pausa del almuerzo, y de 60 horas en un período de siete días. También se aplican normas para regular el horario de trabajo de los trabajadores nocturnos, las mujeres embarazadas, las que acaban de dar a luz y las que amamantan y los menores de 18 años, conforme a lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las tareas que se realicen durante un día feriado deben ser remuneradas por lo menos a razón del doble de la remuneración habitual y las horas extraordinarias trabajadas durante un día feriado deben ser remuneradas por lo menos a razón de dos veces y media más de lo habitual. A solicitud del empleado, el tiempo trabajado durante los días de descanso, los días feriados o en horas extraordinarias puede añadirse a la licencia anual con goce de sueldo.
Respeto de los deberes familiares
64.En las disposiciones del Código del Trabajo relativas a las relaciones laborales se reconoce el principio del respeto de los deberes familiares. El empleador debe tomar medidas para ayudar a los empleados a cumplir esos deberes. Debe tomar en consideración todas las solicitudes de los empleados relacionadas con la atención de sus deberes familiares y darles una respuesta motivada por escrito. Además, existen ciertas garantías para que los empleados trabajen a distancia. Si el empleador no puede demostrar que el trabajo a distancia redundaría en costos excesivos debido a las peculiaridades o necesidades de la organización de las tareas, deberá acceder a la solicitud del empleado o empleada de trabajar a distancia durante al menos un quinto del horario total, en caso de que lo solicite una mujer embarazada o que acabe de dar a luz o esté amamantando, un empleado o empleada que esté criando a un menor de 3 años o un empleado o empleada que esté criando como progenitor único a un menor de 14 años, o a un menor de 18 años con discapacidad. Según lo que decida la familia, la madre (o la madrastra), el padre (o el padrastro), la abuela, el abuelo u otros parientes que estén criando de hecho a un menor, y también un empleado que haya sido nombrado cuidador de un menor, puede tener derecho a licencia para cuidarlo hasta que cumpla 3 años. La licencia puede tomarse de una sola vez o repartirse.
Solución de conflictos laborales
65.Los derechos reconocidos en el Código del Trabajo y demás legislación son amparados por las instituciones y los tribunales que resuelven los conflictos laborales, es decir, los litigios que guardan relación con desacuerdos entre los participantes en relaciones de trabajo, ya sea emanados de estas o de las relaciones jurídicas conexas. Dependiendo del objeto o de los sujetos de los conflictos laborales, estos se dividen en conflictos laborales jurídicos o de derecho (controversias laborales individuales o colectivas relacionadas con la ley) y conflictos laborales colectivos económicos o de intereses. Las comisiones de controversias laborales, dependientes de los departamentos territoriales de la Inspección General del Trabajo, funcionan constantemente. El o la participante en una relación de trabajo que considere que otro sujeto de derecho laboral ha vulnerado los derechos que le reconocen las normas laborales, o no ha aplicado los acuerdos mutuos, o los ha aplicado de manera indebida, deberá dirigirse a la comisión de controversias laborales, dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que se haya conocido, real o presuntamente, que sus derechos han sido lesionados, y presentar una solicitud para que esa comisión examine el conflicto de derecho y, en caso de suspensión ilegal o despido ilegal del trabajo o de incumplimiento del convenio colectivo, dentro de un plazo de un mes. Las comisiones de controversias laborales recibieron 5.574 solicitudes en 2016, 6.675 en 2017 y 6.712 en 2018. La mayoría de ellas se referían al pago de remuneraciones (véase el apéndice núm. 21).
Condiciones de trabajo
66.El empleador debe velar por la seguridad y la salud de los empleados en el lugar de trabajo en todos los aspectos relacionados con su actividad laboral. Para cumplir esa obligación, debe organizar medidas preventivas (entre ellas, medidas técnicas, sanitarias, legales y organizativas) a efectos de evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, estableciendo el procedimiento de aplicación y control de esas medidas, nombrando a personas autorizadas a aplicarlas e impartiéndoles órdenes específicas para que lo hagan.
67.A efectos de mejorar la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, se aprobó el Plan de Acción Nacional de Seguridad e Higiene Ocupacional 2017-2021, que contiene disposiciones encaminadas a fortalecer el fundamento jurídico de las medidas de seguridad en el lugar de trabajo e higiene ocupacional, reforzar la prevención de las enfermedades relacionadas con el trabajo, garantizar la competencia de los inspectores del trabajo y los expertos en higiene ocupacional y perfeccionar el proceso de comprobación de los conocimientos de empleadores y empleados.
68.En 2017 se aprobó la nueva Descripción del procedimiento de contratación de menores de 18 años, organización del trabajo y formación profesional y condiciones de la contratación de menores, a efectos de garantizar el pleno cumplimiento de la reglamentación nacional con la Directiva 94/33/CE del Consejo relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo, las disposiciones de la Carta Social Europea (revisada) de 1996 y el Convenio de la OIT sobre el Trabajo Marítimo.
69.En 2017 se perfeccionó el Reglamento General de Evaluación de Riesgos Laborales. La evaluación de los riesgos laborales se actualiza o se repite cuando se introducen cambios importantes que pueden poner en tela de juicio la evaluación anterior, o cuando el examen médico de un empleado muestra que el factor de riesgo ocupacional ha perjudicado su salud. Con miras a garantizar condiciones de trabajo saludables y seguras, en particular para los empleados y empleadas que pertenecen a grupos vulnerables, se ha dispuesto que se actualice o se repita la evaluación de los riesgos laborales cuando se contrate a un menor de 18 años o a una persona con discapacidad, o cuando una empleada presente un certificado extendido por una institución de atención de la salud en el que conste que está embarazada, que va a dar o acaba de dar a luz o que está amamantando.
70.La condición indispensable para la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales es evaluar debidamente los riesgos laborales en las empresas. Cuando se compruebe que en determinado lugar de trabajo existe un riesgo laboral inaceptable, se prohibirá trabajar en ese lugar. La Inspección General del Trabajo supervisa constantemente la evaluación de los riesgos laborales en las empresas con objeto de garantizar la seguridad en el lugar de trabajo y la debida higiene ocupacional. En colaboración con interlocutores sociales, la Inspección General del Trabajo participa en el proyecto de evaluación interactiva de riesgos en línea (OiRA).
71.Con el fin de alentar a los empleadores a aplicar activamente medidas preventivas contra los accidentes de trabajo, la Metodología para designar a los aseguradores en los grupos de tarifas del seguro social contra accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales establece que los aseguradores (los empleadores) que deben hacer aportes al seguro social contra accidentes de trabajo para sus empleados estarán incluidos en el grupo de tarifas del seguro de acuerdo con los índices de seguridad y salud en el trabajo, a saber, la infracción de las leyes correspondientes, determinada por la Inspección General del Trabajo, la gravedad de los accidentes de trabajo, el número de víctimas de los accidentes graves y fatales y el número de asegurados que padecen enfermedades ocupacionales agudas.
72.Cuando un inspector del trabajo descubre una infracción de las leyes laborales o de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo, debe expedir una orden para que se subsane. Al hacerlo, tendrá derecho a exigir al representante del empleador que detenga las obras. El representante del empleador o la persona autorizada por este puede incurrir en responsabilidad administrativa si se emite un protocolo de infracción administrativa.
73.En 2013 la Inspección General del Trabajo estableció e introdujo el Sistema de Servicio Electrónico para Empleadores, que facilita a estos la tarea de proporcionarle información a distancia. En el marco de las actividades de prevención de accidentes de trabajo, la Inspección ha organizado la preparación de un cortometraje titulado “El precio de las infracciones de la reglamentación de seguridad en el trabajo: la discapacidad y la vida”, con carácter de instrucción complementaria de seguridad y medida de motivación, y lo ha presentado y difundido en la comunidad. Con el propósito de ayudar a los empleadores a organizar cursos de formación y consultas para el personal, la Inspección preparó recomendaciones metodológicas sobre los trabajos de manipulación de cargas y manuales de manipulación sin riesgo de cargas para empleados y empleadores y los publicó en su sitio web. Todos los años organiza seminarios y consultas dirigidos a los empleadores, especialistas en seguridad y salud en el trabajo y empleados.
Artículo 8
74.La República de Lituania ratificó el Convenio de la OIT sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). Los informes acerca de la aplicación de los convenios de la OIT se pueden consultar, en inglés, en el sitio web del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo. Lituania presentó su informe más reciente al respecto en 2017.
75.La Ley de Sindicatos establece que los sindicatos son organizaciones voluntarias, autónomas y autosuficientes que representan y defienden los derechos e intereses profesionales, económicos y sociales de los empleados. Las personas físicas con capacidad jurídica tienen derecho a establecer sindicatos a nivel nacional, sectorial o territorial, a afiliarse a ellos y a participar en sus actividades. Ni los empleadores ni sus representantes autorizados pueden afiliarse a los sindicatos que operan en sus empresas, instituciones u organizaciones. Los sindicatos actúan con plena libertad e independencia. Las instituciones y asociaciones públicas nacionales y municipales, los empleadores y sus representantes autorizados y los dirigentes de empresas, instituciones u organizaciones, así como la administración, los funcionarios, los partidos políticos y otras organizaciones, tienen prohibido injerirse en los asuntos internos de los sindicatos.
76.El Código del Trabajo establece la prerrogativa de los sindicatos de celebrar convenios colectivos. Se puede firmar un convenio colectivo a nivel nacional (interdisciplinario), territorial, sectorial (de producción, de servicios o comercial), de empleadores o de lugares de trabajo. Los sindicatos tienen derecho a agruparse en diversas asociaciones, que solo pueden establecerse por libre acuerdo de los sindicatos y a iniciativa de estos. El Gobierno les garantiza este y otros derechos estableciendo las condiciones jurídicas indispensables y también asignando fondos de acuerdo con determinados programas de medidas de desarrollo de la colaboración social.
77.El derecho de huelga está regulado por el Código del Trabajo. Los sindicatos o sus organizaciones tienen derecho a convocar una huelga si la comisión de huelga declara que el conflicto laboral colectivo económico o de intereses no está resuelto o si una de las partes abandona las negociaciones, si durante el examen preliminar del conflicto de intereses el empleador no forma una comisión para resolverlo, si el mediador toma la decisión de declarar el conflicto de intereses no resuelto o solo parcialmente resuelto, o si el empleador o su organización no cumplen el laudo del arbitraje laboral. Tienen prohibido declararse en huelga los empleados de los servicios médicos de urgencia y otros empleados cuyo derecho de huelga esté limitado por ley. Las huelgas están prohibidas en las zonas de desastres naturales y regiones sometidas a movilización o a la ley marcial, o declaradas en estado de emergencia, de conformidad con los procedimientos establecidos, hasta que hayan cesado las consecuencias del desastre natural o la desmovilización, o hasta que se haya revocado la ley marcial o el estado de emergencia. Los empleadores y sus organizaciones tienen derecho a organizar un cierre patronal si los sindicatos o sus organizaciones no cumplen el acuerdo celebrado en el proceso de mediación o el laudo del arbitraje laboral que se haya dictado con respecto al conflicto laboral colectivo en relación con los intereses en juego, o si los sindicatos o sus organizaciones decretan una huelga que haya sido aplazada o declarada ilegal por un tribunal.
78.Según el Departamento de Estadística de Lituania (Estadísticas Lituania), entre 2009 y 2011 y en 2013 no hubo huelgas legales. En 2014 hubo 33 huelgas efectivas (en las que participaron 693 personas) y 45 de advertencia (en las que participaron 898 personas). En 2015 no hubo huelgas efectivas, pero hubo 296 huelgas de advertencia (en las que participaron 7.126 personas). En 2016 hubo 242 huelgas efectivas (en las que participaron 6.295 personas) y no hubo huelgas de advertencia. En 2017 no hubo ninguna huelga efectiva, pero hubo una de advertencia (en la que participaron 2.205 personas). En 2018 hubo 149 huelgas efectivas (en las que participaron 3.684 personas) y 47 de advertencia (en las que participaron 814 personas).
79.El proyecto llamado “Modelo de cooperación entre sindicatos y empleadores para el desarrollo del diálogo social”, que se viene ejecutando entre 2017 y 2020 con fondos de la Unión Europea, tiene por objeto promover el diálogo social con miras a fomentar la cooperación entre los sindicatos y los empleadores a fin de impulsar el diálogo y crear las condiciones indispensables para garantizar una mejor coordinación de los intereses de los interlocutores sociales, asegurando el seguimiento del diálogo en el país y la evaluación de sus resultados a escala nacional. Las actividades del proyecto coadyuvarán a reforzar la representación de los sindicatos, alentarán a empleadores y trabajadores a entablar un diálogo social en sus empresas y aumentarán su participación en las negociaciones colectivas, lo que promoverá la firma de convenios colectivos. El proyecto abarca medidas de fomento del diálogo social, un estudio y métodos relativos a la creación de un sistema de evaluación de los resultados de los esfuerzos de promoción y el examen de posibilidades de formación para los representantes de las instituciones y organizaciones y los interlocutores sociales. Se espera que el proyecto redunde en medidas metodológicas para llevar a cabo negociaciones colectivas.
80.Según Estadísticas Lituania, la tasa de sindicalización fue del 7,13 % en 2018, 7,72 % en 2017, 7,66 % en 2016, 7,85 % en 2015 y 8,12 % en 2014.
Artículo 9
Seguro social
81.El seguro social comprende todas las medidas adoptadas por el Estado o por instituciones privadas para aliviar los efectos de ciertos factores de riesgo o necesidades que recaen sobre los hogares, o sobre las personas a título individual, si no se ha previsto esa protección mediante transacciones interpersonales o personales. Los factores de riesgo o las necesidades que puede cubrir la seguridad social son la enfermedad y la atención de la salud, la discapacidad, la vejez, la viudez, la familia y los hijos, el desempleo, la vivienda y el aislamiento social de toda índole.
82.La sostenibilidad financiera de las prestaciones es uno de los principales problemas que existen para resolver otras cuestiones relativas al desarrollo del seguro social. Entre 2013 y 2015 se desarrolló en Lituania un nuevo modelo social, más sostenible, que se caracteriza por el aumento de la ocupación, una mejor reglamentación de las relaciones laborales y la sostenibilidad del seguro social, y que también promueve cambios favorables en el sistema nacional de seguro y pensiones sociales. El gasto público en concepto de prestaciones y servicios sociales va aumentando todos los años (véase el apéndice núm. 26).
83.En 2017 se amplió el alcance del seguro; por ejemplo, ahora deben acogerse al seguro de pensiones sociales las personas que reciben bonificaciones o remuneraciones por actuar en los consejos o juntas de supervisión y comisiones de concesión de préstamos, así como por estar al frente de pequeñas asociaciones. Las personas que trabajan por cuenta propia deben acogerse al seguro social que cubre el riesgo de enfermedad, y las que trabajan con certificados empresariales deben tener plena cobertura del seguro social, con aportes calculados en función del salario mínimo mensual.
84.Desde 2017, todas las personas que perciben ingresos en virtud de acuerdos de derecho de autor, deportivos o artísticos deben acogerse a un seguro social integral (menos al de accidentes de trabajo y de desempleo) calculado en función de todos los ingresos que hayan percibido. Los aportes de las personas que tienen la condición de creadores de arte se calculan a partir de las regalías totales. Se ha adoptado esa decisión para aumentar las garantías del seguro social.
85.En 2018, la Ley del Seguro Social del Estado estableció el umbral de las prestaciones del seguro social para las personas contratadas. Se dispuso que los aportes de las personas que trabajen a tiempo parcial se calculen y paguen a razón de una cantidad por lo menos equivalente al salario mínimo. Puede calcularse una cantidad inferior si la persona, en el mes de que se trate, está asegurada por otro asegurador o percibe una pensión del seguro social, de invalidez o de retiro por tener una capacidad de trabajo del 0 % al 55 %, o si percibe prestaciones por maternidad, paternidad o cuidado de niños, si es beneficiaria de un seguro social de pensiones del Estado o si no ha cumplido 24 años.
86.En 2019 se reformó el régimen fiscal con miras a aumentar la competitividad del mercado laboral y reducir la economía informal: algunos de los aportes que realizaban los empleadores al seguro social y al seguro de salud se transfirieron a los asegurados y se estableció un límite máximo para los aportes de los empleados, en tanto que la parte general de la pensión se sufraga con cargo al presupuesto del Estado. Las tarifas de las cotizaciones que deben pagar al seguro social el asegurador y el asegurado están establecidas en la Ley de Validación de los Indicadores del Presupuesto de la Caja Estatal de Seguridad Social para 2019 (véanse los apéndices núm. 27 y núm. 28).
Seguro social de desempleo
87.De conformidad con la Ley del Seguro Social de Desempleo, tienen derecho a prestaciones por desempleo las personas que estén inscritas en el Servicio de Empleo, que se hayan acogido al seguro social de desempleo y que tengan la condición de desempleado, y aquellas a las que el Servicio de Empleo no haya ofrecido un trabajo adecuado ni medidas activas de política del mercado laboral y que hayan cotizado al seguro social de desempleo por lo menos un año en los dos años y medio anteriores. Si una persona desocupada no tiene el historial de seguro exigido, podrá percibir una prestación por desempleo al finalizar el servicio militar obligatorio o un servicio militar sustitutivo, o al haber sido licenciada del servicio militar obligatorio ordinario tras recibir formación militar introductoria. En este caso, la persona debe inscribirse en el Servicio de Empleo dentro de los seis meses siguientes a la baja del servicio militar obligatorio o del servicio militar sustitutivo. La prestación del seguro social de desempleo se hace efectiva durante nueve meses al menos una vez al mes (véase el apéndice núm. 7).
Seguro social contra accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales
88.La reforma del seguro social contra accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, que entró en vigor en 2017, no solo estuvo centrada en incorporar nuevas categorías de asegurados en el sistema, sino también en establecer nuevas cotizaciones al seguro social contra accidentes de trabajo, que se calculan sobre la base de una cantidad relacionada con el salario mensual medio neto, y no de la cuantía del ingreso garantizado del año de que se trate, aprobada anualmente por el Gobierno.
Seguro social de maternidad
89.Se reconoce el derecho a la prestación de maternidad durante el período de embarazo y parto a toda mujer que haya estado amparada por el seguro social de maternidad desde antes del día en que se produzca la contingencia cubierta, siempre y cuando durante ese período se hayan hecho aportes al seguro social a razón de una cuantía de ingresos que no sea inferior al salario mínimo mensual. La prestación que perciben las mujeres que hayan dado a luz en la trigésima semana de embarazo o posteriormente cubre un período de 126 días civiles. En los casos de partos complicados o múltiples, hay un pago adicional que cubre un período de 14 días civiles. La prestación de maternidad equivale al 77,58 % de los ingresos de la beneficiaria. El ingreso compensatorio no puede exceder de la prestación básica del seguro social del año civil en el período durante el cual se calcula. El importe de la prestación social es aprobado por el Gobierno. A partir de 2017 no se aplica una cifra máxima de ingreso compensatorio al cálculo de las prestaciones de maternidad, y tampoco se aplica el límite máximo, es decir, se subsidia el 100 % de los ingresos. La prestación mensual no puede ser de menos del 20 % del salario mensual medio nacional (véase el apéndice núm. 32).
90.Se reconoce el derecho a la prestación de paternidad al progenitor que esté afiliado al seguro social de maternidad y haga uso de licencia parental reglamentaria, a menos que la persona asegurada se equipare a una persona que esté en uso de licencia parental y haya estado afiliada al seguro social de maternidad por lo menos 12 meses durante los 24 meses anteriores al primer día de licencia parental. La prestación de paternidad equivale al 77,58 % del ingreso compensatorio. Esa prestación mensual no puede ser de menos de seis veces la prestación social básica. Si durante el período en que esté percibiendo la prestación de paternidad el asegurado obtiene un ingreso que se tome como base para calcular las cotizaciones al seguro social de maternidad, o cualquier ingreso procedente de una actividad laboral realizada durante ese período, o percibe un subsidio por rehabilitación de una enfermedad ocupacional, o por enfermedad o accidente en el trabajo, o por enfermedad ocupacional, de conformidad con la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales, y ese ingreso es inferior a la prestación de paternidad, el progenitor recibirá la diferencia entre la prestación de paternidad y los ingresos o pagos percibidos ese mes (véase el apéndice núm. 33).
91.Las empleadas pueden tomar licencia por embarazo y parto, a saber, 70 días civiles antes y 56 días civiles después del parto. Si una empleada no hace uso de esa licencia, el empleador debe concederle 14 días de licencia inmediatamente después del parto aunque no lo solicite. Según lo que decida la familia, la madre (o la madrastra), el padre (o el padrastro), la abuela, el abuelo u otro pariente que esté criando de hecho a un menor, o un empleado que haya sido nombrado cuidador de este, puede tener derecho a licencia para cuidarle hasta que cumpla 3 años. La licencia puede tomarse de una sola vez o repartirse.
Asignaciones por hijos a cargo
92.Se reconoce el derecho a percibir una asignación por hijos a cargo a uno de los progenitores (o padres adoptivos) o cuidadores, o a uno de los abuelos, si la persona está afiliada al seguro social de maternidad y ha tomado licencia parental con arreglo a la ley, excepto durante el primer año de vida del niño, al finalizar la licencia que haya tomado para cuidarlo debido a la reincorporación al trabajo o servicio, o durante el segundo año, también en los casos en que la persona asegurada se equipare a una persona en uso de licencia parental o en que se haya rescindido su contrato de trabajo o haya sido despedida, y haya estado afiliada al seguro social de maternidad por lo menos 12 meses durante los 24 meses anteriores. Las asignaciones por hijos a cargo se hacen efectivas durante la licencia parental, una vez finalizada la licencia por embarazo y parto, y hasta que el niño cumpla 1 o 2 años. La asignación que se paga hasta que el niño cumpla 1 año asciende al 77,58 % del ingreso compensatorio. Si la persona asegurada prefiere recibir la asignación hasta que el niño cumpla 2 años, percibirá el 54,31 % del ingreso compensatorio hasta que el niño cumpla 1 año y el 31,03 % hasta que cumpla 2 años. La asignación mensual no puede ser de menos de seis veces la prestación social básica. Si la persona asegurada tiene o adopta dos o más niños, la asignación aumentará en función del número de niños nacidos o adoptados, o colocados en un hogar de acogida al mismo tiempo, pero no puede superar el 77,58 % del ingreso compensatorio de la prestación. La cuantía máxima del ingreso compensatorio que sirve de base para calcular esas asignaciones no puede exceder de dos salarios medios mensuales (véanse los apéndices núm. 34 y núm. 35).
Prestaciones monetarias de enfermedad
93.Las personas aseguradas que quedan incapacitadas temporalmente de resultas de una enfermedad o un trauma o son despedidas del trabajo debido a un brote de una enfermedad transmisible o epidémica, o que reciben tratamiento en instituciones de atención de la salud que prestan servicios ortopédicos o protésicos, perciben una prestación pecuniaria de enfermedad que corre a cargo del empleador durante los dos primeros días civiles de la enfermedad que coincidan con el horario de trabajo, salvo en el caso de las personas que no tengan una relación de empleo o servicio y no reciban una prestación de enfermedad durante los dos primeros días de incapacidad temporal. La prestación de enfermedad a cargo del empleador no puede ser de menos del 62,06 % ni de más del 100 % del salario medio de la persona que la reciba. La prestación de enfermedad sufragada con cargo a la Caja Estatal de Seguridad Social asciende al 62,06 % del ingreso compensatorio de la persona que la recibe. En el caso de una persona que cuida de un familiar enfermo o de un hijo, la prestación de enfermedad se hace efectiva a partir del primer día con cargo a la Caja Estatal de Seguridad Social y equivale al 65,94 % del ingreso compensatorio. En caso de incapacidad temporal debido a un procedimiento para la obtención de células, tejido u órganos con fines de donación, la prestación equivale al 77,58 % del ingreso compensatorio de la persona que la reciba y está cubierta por la Caja Estatal de Seguridad Social. La prestación mensual de enfermedad sufragada con cargo a la Caja no puede ser de menos del 11,64 % del salario medio mensual aplicable en el trimestre anterior al mes en que se constate la incapacidad temporal.
94.A partir de 2017, tienen derecho a reclamar la prestación de enfermedad no solo las personas que cuiden de un menor de 7 años de edad en un hospital, sino también las que lo hagan en una institución o sanatorio de rehabilitación médica. Ha aumentado el número de empleados que reciben prestaciones por sufrir una enfermedad o por estar al cuidado de un familiar enfermo, ya que actualmente pueden afiliarse al seguro social de enfermedad los agricultores y sus parejas, los familiares, las personas que trabajan por cuenta propia, salvo las que lo hagan con certificados empresariales, los propietarios de empresas privadas, los miembros efectivos de pequeñas sociedades y asociaciones económicas y los soldados profesionales en el servicio militar de defensa nacional, así como también los soldados voluntarios y en reserva activa (véase el apéndice núm. 36).
Pensiones del seguro social y ahorros
95.Todas las personas que cumplan los requisitos mínimos de tiempo de afiliación al seguro social (15 años para la pensión de jubilación y la pensión por pérdida de la capacidad de trabajo) tienen derecho a percibir una pensión adecuada del seguro social por una u otra de esas causales. Los viudos y las viudas también tienen derecho a una pensión de viudedad, además de la pensión de jubilación o de incapacidad, y los huérfanos, a una pensión de orfandad (hasta que cumplan 18 años, mientras estudien o tengan la condición de persona con discapacidad). Los índices de las pensiones se determinan por ley.
96.La participación en el sistema de acumulación de pensiones es voluntaria, pero las personas que empiezan a participar en el sistema permanecen en él hasta que se jubilan. Las que no hayan llegado a la edad de jubilarse y tengan un ingreso asegurado pueden empezar a acumular parte de los aportes al seguro social del Estado en fondos de pensiones privados. A partir de 2019, las personas que tengan intención de ahorrar para la jubilación podrán transferir el 3 % de su sueldo, en tanto que el Estado aportaría el 1,5 % del sueldo medio nacional. Los empleados menores de 40 años y todos los participantes actuales en el sistema tienen la posibilidad de retirarse de él. Los aportes adicionales están exentos del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Si es el empleador el que realiza aportes por el empleado, podrá utilizar los aportes adicionales para la desgravación fiscal de los beneficios de la empresa. La actividad de los fondos de pensiones y los pagos son supervisados por el Banco de Lituania.
97.Desde 2012, la edad de jubilación de los hombres ha ido aumentando dos meses por año, y la de las mujeres cuatro meses por año, hasta que lleguen a los 65 años en 2026, tanto para los hombres como para las mujeres, conforme a lo establecido por la Ley de Pensiones del Seguro Social del Estado.
Pensiones de viudedad y de orfandad
98.Se conceden pensiones de viudedad y de orfandad al cónyuge o a los hijos (o hijos adoptivos), respectivamente, de una persona fallecida que haya estado afiliada al seguro social el tiempo suficiente como para tener derecho a la pensión de jubilación o a una pensión por pérdida de la capacidad de trabajo (o por discapacidad). Las pensiones de viudedad se conceden a todas las personas en edad de jubilarse si la persona fallecida cumplía los requisitos mínimos necesarios del seguro para la aplicación del tipo de pensión correspondiente. También se conceden a las personas que en la fecha de fallecimiento del cónyuge tuviesen una discapacidad total o parcial reconocida, o a quienes se hubiese reconocido esa condición mientras permanecían en el hogar para cuidar de los hijos (o hijos adoptivos) de la persona fallecida, si estos son discapacitados, hasta que cumplan 18 años de edad, lo que se hace extensivo también a los hijos (o hijos adoptivos) de la persona fallecida que hayan perdido del 75 % al 100 % de la capacidad de trabajo y hayan tenido una discapacidad reconocida antes de cumplir 18 años.
99.Se conceden pensiones de orfandad a los hijos o hijos adoptivos menores de 18 años de la persona difunta, y también a los que sean menores de 24 años si se les ha declarado total o parcialmente incapacitados y a los mayores de 24 años que hayan sido declarados incapacitados total o parcialmente debido a una enfermedad o un traumatismo sufridos antes de los 24 años (pero no después de los 26 años) y que permanezcan incapacitados total o parcialmente durante todo el período que transcurra desde la declaración de incapacidad. La cuantía de la pensión de orfandad equivale al 50 % de las partes general e individual de la pensión que recibía o podía haber recibido la persona fallecida. Los huérfanos que hayan perdido a sus dos progenitores (o padres adoptivos) tienen derecho a percibir una pensión de orfandad por cada uno de ellos.
Prestaciones de asistencia social
100.Las prestaciones de asistencia social (para personas con discapacidad, pensionistas o huérfanos) se conceden y se hacen efectivas con arreglo a la Ley de Prestaciones de Asistencia Social de la República de Lituania. Con ellas se procura garantizar un ingreso mínimo a las personas que no han adquirido ningún derecho en el sistema del seguro social o que perciben pensiones muy bajas del seguro social. Tienen derecho a recibir prestaciones de asistencia social los niños con discapacidad y las personas con incapacidad total o parcial reconocida o que hayan perdido, como mínimo, el 45 % de su capacidad de trabajo. Se conceden pensiones de jubilación de asistencia social a las personas que han alcanzado la edad de jubilación. Se otorgan pensiones de asistencia social a los hijos o hijos adoptivos menores de 18 años de una persona difunta, así como a los que se haya reconocido una discapacidad antes de cumplir 24 años, y también a los que se estén educando a tiempo completo hasta que cumplan esa edad. La cuantía de las pensiones de asistencia social guarda relación con la pensión básica de asistencia social aprobada por el Gobierno (que en 2019 ascendía a 132 euros) y, dependiendo de la clase de asistencia social y de la categoría de los beneficiarios, oscila entre 0,75 y 2,25 de la prestación básica de asistencia social. Se otorgan pensiones de asistencia social a las personas que no tienen derecho a recibir una pensión del seguro social ni otra prestación periódica de esa índole que tenga por lo menos el mismo valor.
Apoyo social
101.El sistema de apoyo social de Lituania consta de dos partes: asistencia social en efectivo (por ejemplo, asistencia en efectivo a residentes pobres (prestación social y subsidio de los gastos de calefacción o agua potable y agua caliente), asignación por hijos a cargo y apoyo social a los alumnos) y servicios sociales, es decir, apoyo de diversa índole en especie y subsidios para cuidados que tengan por objeto restablecer la capacidad de la persona para cuidar de sí misma e integrarse en la sociedad (por ejemplo, atención domiciliaria, avituallamiento, entrega de alimentos calientes, suministro de artículos de primera necesidad y hogares de ancianos y personas con discapacidad).
102.El sistema estatal de apoyo a la familia y los niños consta de dos componentes principales: asignaciones que se conceden sin tener en cuenta los bienes e ingresos que pueda tener la familia (asignaciones universales) y ayuda que se presta a los residentes pobres en función de sus bienes e ingresos. Una ayuda social eficiente en efectivo es una de las principales medidas necesarias para proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad, mitigando las consecuencias de la pobreza y la exclusión social, ayudando a las familias a criar a sus hijos y, al mismo tiempo, evitando que las personas se vuelvan dependientes a largo plazo de la ayuda social. En 2018, los gastos de asistencia social en efectivo aumentaron el 115,7 % con respecto a 2017 (de 168,10 millones de euros pasaron a 362,55 millones de euros). Uno de los objetivos principales de la asistencia social en efectivo que se presta a los pobres es ayudar a satisfacer las necesidades básicas de las personas que tienen ingresos insuficientes y una capacidad limitada para cuidar de sí mismas debido a razones objetivas que no pueden controlar.
103.Una persona tiene derecho a recibir una prestación social si el valor de los bienes de los que es titular legítimo no excede la norma de valor, y también lo tiene toda persona mayor de 18 años que viva con otra, toda persona que viva sola o todo niño de 16 a 18 años de edad que cumplan por lo menos una de las condiciones para recibir asistencia social en efectivo, siempre y cuando, en el caso de un adulto, sus ingresos sean inferiores al garantizado por el Estado (122 euros). La cuantía de la prestación social equivale al 100 % de la diferencia entre el ingreso garantizado por el Estado y el ingreso personal medio mensual de la persona que tenga derecho a percibirla.
Artículo 10
104.El artículo 38 de la Constitución establece que el matrimonio se celebra con el libre consentimiento mutuo del hombre y la mujer y que los cónyuges gozan de iguales derechos. Las disposiciones del Código Civil determinan los principios generales de la reglamentación jurídica de las relaciones familiares y rigen los motivos y procedimientos para contraer matrimonio, la validez y la disolución del matrimonio, los derechos patrimoniales y no patrimoniales de los cónyuges, la filiación, los derechos y obligaciones mutuas entre los hijos, los padres y otros miembros de la familia y las disposiciones básicas en materia de adopción, tutela, curatela y procedimientos de inscripción de las actas de estado civil en los registros correspondientes. La reglamentación jurídica de las relaciones familiares se basa en los principios de monogamia, matrimonio voluntario, igualdad de los cónyuges, prioridad de la protección y la salvaguardia de los derechos y el interés superior del niño, crianza de los hijos en el seno de la familia, protección integral de la maternidad y demás principios de la reglamentación jurídica de las relaciones civiles. Cualquier amenaza, coacción o engaño, o cualquier otra falta de libre albedrío, sirven de base para que el matrimonio pueda ser declarado nulo y sin valor.
Servicios sociales para las familias
105.Lituania aplica una política de familia dirigida a preparar y aplicar medidas para velar por que la familia sea una institución autónoma, responsable, fuerte, estable, activa e independiente, capaz de desempeñar sus funciones con autonomía. El país se enfrenta a problemas demográficos análogos a los de la mayoría de los Estados europeos: disminución de las tasas de natalidad, envejecimiento de la sociedad, menos matrimonios y más divorcios, aumento del número de niños criados por progenitores únicos y disminución de la población en general. La política de la familia se elabora y aplica con el propósito de afrontar los problemas mencionados anteriormente, adoptar medidas jurídicas y organizativas tendientes a desarrollar un entorno favorable a la familia, fomentar tendencias demográficas positivas y reducir la violencia en el hogar. Los asistentes sociales que trabajan con las familias les prestan apoyo social a fin de preservar o restablecer su autonomía para realizar diversas funciones necesarias en la vida pública y privada.
106.El Plan de Acción sobre Servicios Familiares Especializados para el período 2016‑2020 tiene por objeto crear condiciones que permitan atender a las familias con miras a acercar los servicios especializados lo más posible a su lugar de residencia y ayudarles a sobrellevar las crisis y a conciliar los deberes familiares con las obligaciones laborales. Las familias pueden participar en actividades de formación en materia de comportamiento parental positivo y recibir apoyo psicosocial, servicios de desarrollo de aptitudes familiares y servicios socioculturales, de mediación, de guardería y de transporte. Las autoridades municipales y sus colaboradores organizan y prestan servicios especializados a las familias y asistencia individualizada a las personas con discapacidad física o compleja dentro de su radio de acción.
107.Se prestan servicios sociales básicos a las personas (o familias) cuya capacidad para ocuparse individualmente de la vida personal (o familiar) y de participar en la vida social puede desarrollarse o compensarse mediante atención individual sin la asistencia permanente de especialistas. Los servicios sociales básicos se prestan en instituciones pertinentes, en el hogar del destinatario y en otros lugares donde se organiza la prestación de servicios sociales.
Protección de los derechos del niño
108.En la Ley Fundamental de Protección de los Derechos del Niño se establecen los derechos culturales, sociales, económicos y civiles de los niños y las salvaguardias de esos derechos. En 2018 se declaró que el abandono de los niños es una de las formas de violencia; se estableció una definición más precisa de la reacción ante la posible vulneración de los derechos del niño; se instauró la coordinación asistencial para prestar apoyo integral con más eficiencia a los niños y las familias, y se crearon equipos itinerantes de especialistas que intervienen intensivamente ayudando a las familias en crisis. En 2017 se estableció la prohibición de infligir castigo corporal a los niños en todos los entornos (incluido el familiar). Por castigo corporal se entiende imponer disciplina a un niño ejerciendo una acción física con la intención de provocarle dolor físico, aunque sea leve, o de infligirle tortura física, o de degradar su honor o su dignidad.
109.Con el fin de establecer un sistema de protección de los derechos del niño que funcione de manera continua y garantice la formulación y aplicación de una práctica uniforme a nivel nacional para amparar y defender a los niños y sus intereses legítimos, se vienen adoptando respuestas y decisiones operativas oportunas en los casos de vulneración de los derechos del niño, en el marco de la gestión y la coordinación centralizadas del sistema de protección de la infancia. La tarea de salvaguardar los derechos del niño se ha transferido al Servicio de Protección de los Derechos del Niño y Adopción, que depende del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo.
110.Desde el 1 de septiembre de 2017 existe en todos los municipios el cargo de coordinador de la cooperación interinstitucional. Ese funcionario especializado se encarga de asegurar que todas las cuestiones relacionadas con el bienestar del niño y su familia se resuelvan oportunamente gracias a la cooperación entre diferentes instituciones y organismos.
111.El Estado garantiza la protección legal y social de los niños que se ven privados del cuidado de sus progenitores. Una de las prioridades es dejar de recurrir, en lo posible, a la atención en establecimientos. Con ese fin se ha aprobado y aplicado el Plan de Acción para la Transición de las Instituciones de Acogida al Acogimiento Familiar y de Base Comunitaria en favor de los Niños con Discapacidad y los Niños Privados del Cuidado de los Padres, que tiene por objeto planificar una acción sistemática y coordinada tendiente a promover la transición de la atención en establecimientos a los cuidados de carácter familiar y comunitario para los adultos, niños y jóvenes con discapacidad mental y los niños, incluidos los lactantes, que se vean privados del cuidado de sus progenitores, así como para sus familias, y el desarrollo del sistema de apoyo a las familias biológicas y de acogida (véase el apéndice núm. 37).
112.En 2017 se puso en marcha un proyecto titulado “Condiciones para lograr una transición sostenible de la atención en establecimientos a los servicios basados en la familia y la comunidad en Lituania”. Los niños quedan al cuidado de instituciones de guarda hasta que pueden regresar a sus familias biológicas y, en caso de que no se resuelvan las dificultades que surjan en estas, se les encuentra un hogar de acogida permanente o una familia adoptiva. El estatuto de las instituciones de guarda también está establecido por ley.
113.A efectos de acudir a las instituciones de guarda como último recurso y de atender al interés superior del niño, en 2017 se introdujeron disposiciones en el Código Civil en el sentido de que los niños no deben permanecer en un régimen de acogida (o custodia) temporal más de 12 meses, y que los menores de 3 años únicamente pueden ser atendidos en un establecimiento de guarda en casos excepcionales y durante tres meses como máximo.
114.En 2018 se aplicaron medidas de adaptación de las viviendas y el entorno vital de los niños con discapacidad grave de acuerdo con la Descripción del procedimiento para reforzar la seguridad social de las familias con niños con discapacidad grave adaptando su vivienda y su entorno vital. Las medidas se aplicaron en 47 municipios, en los que se adaptaron 201 viviendas. Las principales obras realizadas fueron adaptar el interior de la vivienda para atender a las necesidades especiales del niño, adaptar el acceso a la vivienda y proporcionar ayudas sensoriales.
115.Cabe señalar que Lituania ratificó el Convenio de la OIT sobre el Trabajo Nocturno de los Menores (Trabajos no Industriales), 1946 (núm. 79) (el informe correspondiente se presentó en 2017) y el Convenio de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999 (núm. 182) (el informe correspondiente se presentó en 2018). En 2020 también se presentaron los informes periódicos quinto y sexto combinados de Lituania relativos a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Prevención de la violencia contra los niños
116.Se prestan servicios integrales a los niños que son víctimas de violencia en general o de violencia doméstica indirecta (como testigos) y a sus familiares por conducto de proyectos financiados por el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo cuyo propósito es prestar asistencia de manera eficiente a los niños que pueden haber sido objeto de violencia psicológica o física, abuso sexual o abandono y a sus familias.
117.Se elaboran diversas medidas para informar a la sociedad y alentar a las personas a abstenerse de cometer actos de violencia contra los niños, incluido el castigo corporal, prestando atención especial al desarrollo de aptitudes parentales positivas. El proyecto llamado “Línea de Padres”, iniciativa de organizaciones no gubernamentales que ofrece consultas telefónicas sobre cuestiones relativas al comportamiento parental positivo, es financiado con cargo al presupuesto del Estado. En la mayoría de las consultas realizadas se han brindado apoyo psicológico e información a los progenitores en relación con la crianza de los hijos, el desarrollo del niño y las dificultades que se pueden plantear, e información sobre métodos de atención parental positiva y otras maneras de criar a los hijos sin ejercer violencia.
118.Los programas de desarrollo de aptitudes parentales adecuadas, así como los relativos a imponer disciplina sin violencia, también se financian mediante proyectos ejecutados por las organizaciones no gubernamentales que promueven el bienestar de la familia.
Prevención y lucha contra la violencia en el hogar
119.La violencia doméstica en todas sus formas está tipificada como delito. Para defender a las personas contra ese fenómeno, se ha aprobado la Ley de Protección contra la Violencia en el Hogar, que establece garantías procesales para las víctimas. Al recibir una denuncia, y si no existe información suficiente como para abrir una investigación preliminar, pueden aplicarse medidas provisionales de protección, a saber, obligar al autor a que abandone temporalmente el lugar de residencia, si vive con la víctima, o a que se abstenga de acercarse a esta o de comunicarse o tratar de establecer contacto con ella.
120.Lituania está aplicando el Plan de Acción para el período 2017-2020 del Programa Nacional de Prevención de la Violencia en el Hogar y Asistencia a las Víctimas 2014-2020. El propósito de las medidas que se adoptan es educar a la sociedad con respecto a la prevención de la violencia doméstica enseñándole a reconocer señales de violencia, promover la intolerancia de toda clase de violencia reforzando la competencia profesional de los funcionarios de las instituciones nacionales y municipales y demás personas que se dedican a prevenir la violencia en el hogar y a prestar apoyo a las víctimas, y también formular y aplicar medidas de prevención. El proyecto llamado “Violencia en el hogar: prevención, protección, apoyo y cooperación”, ejecutado por la Asociación de Centros de Información para las Mujeres, tiene por objeto fomentar la intolerancia pública hacia la violencia, promover el reconocimiento de las diversas formas de violencia, fortalecer la competencia profesional de los funcionarios que trabajan en esa esfera y, al mismo tiempo, aumentar la accesibilidad y mejorar la calidad de los servicios de apoyo a las víctimas. El proyecto comprende actividades encaminadas a prevenir la violencia doméstica, formar expertos, prestar apoyo integral a las víctimas y aplicar programas de prevención y protección, así como también a supervisar a los expertos que ayudan a las víctimas y organizar seminarios para periodistas sobre la difusión de información pública acerca de la violencia doméstica, estudios y encuestas.
121.Las víctimas de violencia doméstica tienen derecho a que se les garantice la prestación de asistencia jurídica a cargo del Estado, lo que abarca asistencia letrada inicial y secundaria y mediación extrajudicial. La asistencia letrada primaria es gratuita para todas las personas. En 2019 entró en vigor la ley de modificación de la Ley sobre Asistencia Jurídica Garantizada por el Estado, por la que se ha amplió el alcance de la asistencia letrada secundaria. Esa clase de asistencia se presta a lo largo de todos los procesos penales y acciones civiles, independientemente de los bienes o ingresos de la víctima. También se ofrece mediación extrajudicial garantizada por el Estado en las acciones civiles, ya que las víctimas tienen derecho a recibir asistencia letrada secundaria en esos casos.
122.Las víctimas pueden dirigirse a los centros de asistencia especializada que atienden en todo el país. Los centros también informan a la policía acerca de las víctimas de violencia en el hogar. Ofrecen ayuda integral especializada (consultas y asistencia jurídica) y, de ser necesario, pueden colaborar con otras instituciones, como la policía, los establecimientos de atención de la salud u otras entidades, ofreciéndoles asistencia jurídica. En 2018 prestaron ayuda a 12.300 personas (10.300 mujeres, 1.900 hombres y más de 400 niños), entre ellas, 501 personas con discapacidad. En 2019 recibieron fondos por valor de 1,5 millones de euros (en 2018 habían recibido 750 mil euros). El aumento de los fondos contribuirá a reforzar el alcance y la calidad de la ayuda que prestan.
123.El Ministerio de Salud preparó los Criterios para reconocer actos de violencia doméstica contra adultos y medidas recomendadas en presuntos casos de violencia doméstica contra adultos para los trabajadores de la salud y los Criterios para reconocer un acto de violencia sexual contra una víctima femenina y metodología de examen de las víctimas femeninas de violencia sexual. En las Recomendaciones metodológicas para el diagnóstico de actos de violencia contra los niños se imparten conocimientos e información sobre diversos temas a todos los expertos que trabajan en instituciones de atención médica personal a fin de ayudarles a reconocer y diagnosticar actos de violencia contra los niños, prestar la ayuda necesaria al niño y su familia y, de ser necesario, denunciar conductas impropias hacia los niños ante las instituciones que defienden sus derechos.
Lucha contra la trata de personas
124.El Plan de Acción para Combatir la Trata de Personas 2017-2019 tiene por objeto reforzar la coordinación de la lucha contra la trata, mejorar la labor de prevención y las investigaciones preliminares, fortalecer el sistema de apoyo a las víctimas y a las personas que corren grave peligro de serlo y aumentar la competencia y la capacidad de las instituciones y los funcionarios del Estado que puedan tener que comunicarse con ellas. Además, la Comisión Institucional de Coordinación de la Lucha contra la Trata de Personas planifica las medidas y actividades que se emprenden para combatirla.
125.En 2017 se nombró al Relator Nacional contra la Trata de Personas en la República de Lituania, que se encarga de reunir información, analizar y evaluar las tendencias de la trata, incluida la de niños, y los resultados de las medidas de lucha, y de preparar propuestas relativas a las medidas que puede adoptar Lituania para combatir el delito de trata en general y de trata de niños en particular y presentarlas al Ministro del Interior y a la Comisión de Coordinación de la Lucha contra la Trata de Personas.
126.En 2015 se aprobaron las Recomendaciones para la individualización de las víctimas de la trata de personas, las investigaciones preliminares y la cooperación interinstitucional, que también comprenden disposiciones, por ejemplo, sobre la trata de niños, conceptos relacionados con delitos conexos, la realización de investigaciones y la obtención de pruebas, el sistema de remisión de las víctimas a los servicios de apoyo, las responsabilidades y las clases de apoyo. Las organizaciones no gubernamentales que prestan ayuda a las víctimas de la trata de personas firmaron una declaración de cooperación por la que aprueban las recomendaciones mencionadas y se han comprometido a cumplirlas.
127.En 2018, la Inspección General del Trabajo empezó a establecer centros de operaciones conjuntas en Vilnius y en las regiones de Klaipėda, integrados por representantes de la Dirección General Impositiva, el Departamento de Policía del Ministerio del Interior, el Servicio de Investigación de Delitos Financieros, la propia Inspección, la Junta de la Caja Estatal de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, el Departamento de Migración, dependiente del Ministerio del Interior, y otros servicios. Las principales esferas de investigación de los centros de operaciones conjuntas son la trata de personas con fines de trabajo forzoso y empleo ilegal de extranjeros, el trabajo no declarado, los salarios no gravados y demás infracciones fiscales vinculadas a las relaciones laborales. En 2018 el análisis se centró en los siguientes sectores de actividades económicas que pueden verse afectados: construcción, transporte, operaciones de carga y descarga, agricultura, comercio, servicios y silvicultura. También se ha analizado la información recibida de diversas fuentes acerca de determinadas entidades económicas. Ese mismo año el Gobierno estableció centros de operaciones conjuntas en los distritos de Kaunas, Šiauliai y Panevėžys, cuyas operaciones también se vienen expandiendo gracias a la participación y la competencia de otras instituciones.
128.Todos los años la Inspección General del Trabajo organiza cursos de formación en los departamentos territoriales con el propósito de dar a conocer a sus inspectores las tendencias del trabajo ilegal de los extranjeros y la posible trata de personas con fines de trabajo forzoso y cuestiones relativas a la individualización de las víctimas. En 2018 la Fiscalía General organizó cursos sobre la trata a los que asistieron funcionarios encargados de llevar a cabo investigaciones preliminares, abogados e inspectores de la Inspección General del Trabajo. Los cursos se centraron en la lucha contra el empleo ilegal de extranjeros y la trata de personas y la mejor manera de individualizar a las víctimas y prestarles la ayuda necesaria.
129.La aplicación del Plan de Acción Interinstitucional del Programa de Desarrollo de la Seguridad Pública para el período 2015-2025 entraña la prestación de asistencia a las personas que han sido o podrían ser víctimas de trata. Se les presta apoyo financiando proyectos de organizaciones no gubernamentales que actúan en la esfera de la prevención de la trata de personas (véase el apéndice núm. 38).
130.En el marco del proyecto financiado con fondos de la Unión Europea titulado “Perfeccionamiento de docentes y especialistas en asistencia educativa”, se preparó un programa de formación para consultores en materia de prevención de la trata de personas cuyo propósito es transmitir conocimientos acerca del alcance y las formas de la trata de personas, los métodos de organización de la prevención en los colegios y las formas de asistencia que pueden prestarse a las víctimas y examinar prácticas aplicadas en otros países.
Artículo 11
El derecho a la vivienda
131.En 2015 se aprobó el Plan de Acción de Desarrollo del Fondo Municipal de Viviendas Sociales para el período 2015-2020, encaminado a ofrecer más posibilidades de alquilar esas viviendas a las personas y familias que tienen derecho a hacerlo, de conformidad con la Ley de Apoyo para la Adquisición o el Alquiler de Viviendas en la República de Lituania. Se espera que, una vez ejecutado el Plan de Acción, haya 1.150 viviendas más en el fondo municipal y que, en consecuencia, la oferta para las personas y familias que tienen derecho a alquilarlas haya aumentado el 3,8 %. Los fondos asignados a la aplicación del Plan de Acción ascienden a 58.742.975 euros. Entre 2016 y 2018 se construyeron 801 viviendas sociales.
132.El problema más grave que existe en Lituania en relación con la vivienda de la población romaní es el asentamiento ilegal de Kirtimai, en Vilnius. En 2016, el Municipio de Vilnius aprobó el Programa de Integración de la Comunidad del Campamento Romaní de Vilnius (Kirtimai) 2016-2019, uno de cuyos objetivos es mejorar las condiciones de vida de los romaníes. Entre 2016 y 2017 se adjudicaron viviendas sociales a todas las familias que tenían cinco hijos como mínimo. En 2018, para acelerar el proceso de desalojo del asentamiento, se decidió establecer una oficina que ayudara a las familias que allí vivían a alquilar una vivienda. Actualmente esa oficina atiende a las familias romaníes que recibieron orden del alguacil con respecto a la demolición de edificios ilegales, para asegurarse de que tengan un lugar donde vivir. Las familias romaníes que fueron desalojadas del asentamiento de Kirtimai también reciben asistencia de trabajadores sociales que les prestan servicios de desarrollo de aptitudes sociales y de apoyo.
133.En 2019 se asignaron 1,5 millones de euros a fin de adaptar viviendas para las personas con discapacidad. Gracias a esos fondos, 350 de ellas podrán mejorar sus condiciones de vida y adaptar sus viviendas. La adaptación se lleva a cabo cuando la persona tiene una necesidad especial de atención permanente, o utiliza cualquier tipo de silla de ruedas u otra clase de ayuda para poder movilizarse. Se ha aumentado el porcentaje de fondos presupuestarios destinados a adaptar viviendas para las personas con discapacidad, aunque ese servicio no puede constituir más del 60 % de las obras de adaptación de viviendas.
Reducción de la pobreza
134.Los índices de pobreza absoluta son calculados por Estadísticas Lituania y el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo. La línea de pobreza absoluta es la cantidad necesaria para poder atender a las necesidades mínimas de consumo, calculada de la misma forma que la tasa mínima de consumo personal (o familiar). En 2018, el grado de riesgo de caer en la pobreza (el porcentaje de personas cuyo ingreso disponible equivalente en efectivo está situado por debajo del umbral de riesgo de pobreza) era del 22,9 %, porcentaje que no había variado con respecto a 2017. En 2018, alrededor de 645.000 personas vivían en la pobreza. El porcentaje de habitantes de las ciudades cuyo ingreso disponible estaba por debajo del umbral de riesgo era del 18,8 % (13,8 % en las cinco mayores ciudades y 27 % en otras), y en las zonas rurales, del 31,3 %. Ese año el umbral de riesgo fue de 345 euros por mes tratándose de una persona y de 724 euros tratándose de una familia compuesta por dos adultos y dos menores de 14 años. Al aumentar el ingreso disponible de los residentes, el umbral se elevó el 12,4 % con respecto a 2017. Eso obedeció al aumento de los ingresos laborales y a un crecimiento relativamente menor de las pensiones de jubilación. El costo del seguro social para una familia con hijos durante el período de estimación del ingreso aumentó el 14,6 %, en tanto que el sueldo medio neto aumentó el 9,2 % (véase el apéndice núm. 41). Cobrar un salario mínimo mensual no protege contra la pobreza, ya que, al descontar el impuesto sobre la renta y los aportes a la seguridad social del salario mínimo mensual, el resto disponible, si no existen otras fuentes de ingresos, está por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Teniendo en cuenta la composición de la familia, el mayor riesgo de pobreza recae en las personas que viven en hogares formados por un adulto soltero con hijos (el nivel de riesgo es del 46,8 %) y por adultos solteros (el 50,7 %). El porcentaje de trabajadores que vivían en la pobreza era del 8,1 %, el de desempleados, 62,3 %, y el de jubilados, 41,7 % (véase el apéndice núm. 42). La diferencia entre el umbral de riesgo de pobreza antes y después de percibir las prestaciones sociales muestra la influencia de estas en lo que respecta a reducir el riesgo.
135.Prestar asistencia social en efectivo con eficiencia es una de las principales medidas necesarias para proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad, mitigando las consecuencias de la pobreza y la exclusión social, ayudando a las familias a criar a los hijos y, al mismo tiempo, evitando que las personas se vuelvan dependientes a largo plazo de la asistencia social (véase el apéndice núm. 46). Las modificaciones introducidas en la Ley de Asistencia Social en Efectivo a Residentes Pobres, que entraron en vigor en 2018 y por las que se aumentó el ingreso garantizado por el Estado de 102 a 122 euros, favorecieron a las familias de empleados de bajos ingresos con hijos. Ese año, la prestación social media mensual aumentó el 23,51 % con respecto a 2017 (de 65,5 euros pasó a 80,9 euros). A partir de 2019, el plazo del porcentaje adicional de prestación social al obtener un empleo se amplió de 6 a 12 meses. Esto aumenta la motivación de los beneficiarios de prestaciones de asistencia social en efectivo para integrarse en el mercado laboral, ya que les incentiva a vivir de sus ingresos laborales y no de las prestaciones.
136.En 2018 se aprobó la concesión de una asignación “universal” por niño a cargo desde que nace hasta que cumple 18 años, o posteriormente, si estudia con arreglo a un programa de educación general, aunque solo hasta los 21 años de edad. La asignación equivale a 0,79 de la prestación social básica mensual (PSB). El propósito de esta medida es reducir la pobreza de los niños y la desigualdad de ingresos y ofrecer apoyo financiero a todas las familias que crían niños. Se otorga una asignación adicional por niño a cargo a las familias de bajos ingresos que crían o acogen uno o dos niños, y también a las que crían o acogen tres o más, independientemente de los ingresos que perciban. En 2018, el número de beneficiarios de asignaciones mensuales aumentó alrededor del 310,93 % con respecto a 2017 (de 119.720 a 491.970 niños). Cabe esperar que, al aprobarse el pago de la asignación “universal”, la tasa de riesgo de pobreza de los niños desde que nacen hasta que cumplen 17 años disminuya alrededor del 2,7 %. Para seguir apoyando con incentivos financieros a las familias que crían niños, en 2019 se modificó la Ley de Asignaciones por Niños a Cargo, con lo cual la asignación “universal” aumentó de 0,79 a 1,32 PSB por mes, y a 1,84 PSB tratándose de niños con discapacidad. También se estableció una asignación adicional uniforme por niño a cargo que asciende a 0,53 PSB por mes.
137.En 2019 entró en vigor la ley de modificación de la Ley de Asistencia Social a los Alumnos, en virtud de la cual se aumentó la asignación de fondos a esa clase de asistencia. Los recursos destinados a la adquisición de productos diarios para comidas gratuitas aumentarán alrededor del 25 % (de 7,7 a 9,7 PSB) y los destinados a útiles escolares, el 33 % (de 1,5 a 2 PSB).
138.Lituania ha adoptado un sistema unificado de información en materia de apoyo social mediante el cual se acumula información sobre los servicios de que se dispone en ese ámbito (entre ellos, prestaciones sociales y subsidios, asistencia social a los alumnos, servicios sociales y actividades en la esfera de la protección de los derechos del niño), lo que permite aplicar medidas de vigilancia de los servicios y analizar esa información por municipios (o por regiones) y clases de apoyo y de beneficiarios y proporcionar los correspondientes servicios electrónicos públicos.
El derecho a la alimentación
139.Para fomentar un estilo de vida sano y fortalecer la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, Lituania estableció una red de oficinas de salud pública que abarca todos los municipios. En 2019 se reforzó considerablemente la financiación de esas oficinas a fin de potenciar su labor. En atención a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, Lituania empezó a limitar las grasas trans en todos los alimentos, y en 2014 adoptó el símbolo de “ojo de cerradura”, que identifica a los productos alimenticios inocuos para la salud, lo que permite ofrecer productos más sanos en el mercado.
140.Todos los municipios adoptaron y siguen desarrollando el Programa para mejorar la salud de las personas que corren el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y diabetes. Se firmaron acuerdos con las mayores empresas lituanas a efectos de mejorar los ingredientes de los productos alimenticios y reducir la cantidad de azúcar y sal el 10 % en los productos fabricados por esas empresas para el año 2020.
141.Lituania también ha venido aplicando un plan de distribución de frutas, verduras y leche en las escuelas cuyo principal objetivo es aumentar el porcentaje de esos alimentos en la nutrición de los niños. En 2016 se adoptaron las Recomendaciones de Alimentación Adaptadas a efectos de garantizar que las personas que tienen determinados problemas de salud reciban los nutrientes que necesitan. Se ha compilado y publicado en línea una base de datos con ejemplos de alimentos sanos. Las instituciones de enseñanza están aplicando un sistema de elección de alimentos que ayudará a los niños a optar por una alimentación más saludable, con lo cual también habrá menos desperdicio de alimentos. Además, se han introducido programas de capacitación en materia de nutrición saludable para todos los empleados que se dedican al procesamiento de alimentos. Cada cinco años se lleva a cabo una supervisión representativa de la nutrición real de la población adulta.
Mejoramiento de la producción, almacenamiento y distribución de alimentos
142.Uno de los principales instrumentos de la política agrícola, que promueve métodos agrícolas sostenibles, eficientes, eficaces y respetuosos del medio ambiente, es el plan de ecologización de asistencia directa, que se viene aplicando en Lituania desde 2015. Se trata de uno de los planes de pago directo y su objetivo es velar por que las actividades agrícolas cotidianas beneficien al medio ambiente y el clima. El 30 % de los pagos directos están relacionados con la ecología y coadyuvan a garantizar que todos los agricultores realicen actividades favorables para el medio ambiente y el clima: proteger el carbono del suelo y los hábitats de los pastizales, en relación con la pastura permanente; velar por la protección del agua y el hábitat en determinados lugares considerados importantes desde el punto de vista ambiental, y aumentar la resistencia del suelo y los ecosistemas aplicando prácticas de diversificación de cultivos.
143.En 2007 Lituania introdujo el sistema nacional de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. El Ministerio de Agricultura contribuye a la promoción de marcas comerciales y a la formación del sistema de abastecimiento de productos al mercado. El sistema nacional ayuda a obtener productos cuya calidad excede de los requisitos europeos y nacionales de seguridad de los alimentos, de sanidad animal y vegetal y de bienestar animal, así como de las exigencias ambientales, o que se caracterizan por poseer cualidades especiales debido al uso de determinados métodos de cultivo o producción.
El derecho al agua potable
144.La Ley del Agua Potable establece el derecho de la población a consumir agua potable salubre y limpia y a recibir información sobre la seguridad y calidad del agua. Con arreglo a la ley, los municipios deben organizar el abastecimiento de agua potable y la eliminación de las aguas servidas. El servicio público de abastecimiento de agua potable debe asegurar que el suministro sea continuo.
145.Alrededor de 2,5 millones de habitantes consumen agua potable de la red de abastecimiento centralizado. Cerca de 700.000 habitantes extraen agua por su cuenta de pozos artesianos. Los servicios de abastecimiento de agua potable tienen la obligación de garantizar la seguridad y la calidad del agua de la red pública hasta la entrada a la red interna de los consumidores, y llevan a cabo una vigilancia programada. Los consumidores deben velar por la seguridad y la calidad del agua en su propia red interna. Los que se abastecen por sí mismos deben evitar la contaminación de las fuentes de agua y velar por la seguridad y la calidad del agua en el hogar. Las instituciones municipales deben asegurarse de que se abastezca a los consumidores de la cantidad necesaria de agua potable o de que estos reúnan los requisitos exigidos para abastecerse por sí mismos.
146.De conformidad con la Ley de Asistencia Social en Efectivo a Residentes Pobres, para tener derecho a un subsidio de los gastos de agua potable, una persona soltera o un menor de 16 a 18 años debe cumplir al menos una de las condiciones exigidas para recibir asistencia social en efectivo. Se subsidia la parte de los gastos normales que excedan el 2 % del ingreso del núcleo familiar o de la persona que viva sola.
Artículo 12
147.En el período 2017-2020 el Ministerio de Salud está llevando a cabo una reforma estructural del sector centrada en las seis esferas siguientes: disminución del pago de órdenes de medicamentos a cargo del usuario; creación de nuevos incentivos para llevar una vida sana; ampliación del plantel de médicos de cabecera y desarrollo de los servicios de atención médica ambulatoria; optimización de los hospitales, de la calidad de los servicios y del prestigio de los facultativos, y desarrollo de los servicios de enfermería. En la Ley del Sistema Sanitario de la República de Lituania se establece el Fondo Nacional de Promoción de la Salud Pública.
148.La Estrategia Actualizada de Salud de Lituania 2014-2025 está orientada a hacer que las personas estén más sanas y vivan más, a mejorar la salud de la población y a reducir las disparidades en ese ámbito para 2025. Los cuatro objetivos de la estrategia son: crear un entorno social más seguro y reducir las disparidades en materia de salud y la exclusión social; crear un entorno físico laboral y vital saludable; dar forma a un estilo de vida sano y promover actitudes que lo propicien, y lograr una atención médica de calidad y eficaz, centrada en las necesidades de la población. El propósito fundamental es aumentar la esperanza de vida a 77,5 años para 2025. También se intentará aumentar la esperanza de vida de los hombres para que la diferencia entre hombres y mujeres disminuya de 11,06 a 8 años. Se procurará reducir la tasa de mortalidad por suicidio, la mortalidad a causa de enfermedades malignas y del sistema circulatorio, el uso de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y el porcentaje de personas que afirman sufrir por exposición a ruidos, aumentar el número de médicos de familia por cada 10.000 habitantes y reducir el consumo de tabaco. En la Estrategia de Salud también se establecen criterios de evaluación para comprobar si se alcanzan los objetivos (véase el apéndice núm. 47).
149.El seguro de salud obligatorio garantiza que el asegurado reciba los servicios de atención de la salud que necesite, subsidiados con cargo al presupuesto del Fondo del Seguro Médico Obligatorio, solo al adquirir la condición de beneficiario. La persona asegurada no solo tiene derecho a recibir atención médica de urgencia, sino también todos los servicios de atención médica personal establecidos por ley. Los residentes permanentes de Lituania que no se hayan acogido al seguro de salud obligatorio deberán hacerse cargo de sus gastos de atención médica (excepto los de atención médica de urgencia).
150.En 2019 se actualizó el Programa Nacional de Inmunoprofilaxis para el período 2019-2023, encaminado a proteger a la población de las enfermedades infecciosas y sus complicaciones y controlar esas enfermedades administrando vacunación y manteniendo al menos el 90 % del volumen de inmunización infantil en todo el país y en cada municipio. Los principales objetivos del Programa Nacional de Inmunoprofilaxis son controlar y reducir la incidencia y el riesgo de brotes, eliminar y erradicar las enfermedades infecciosas que pueden controlarse administrando vacunación y garantizar la seguridad y eficacia de las vacunas y la disponibilidad de estas. Si bien es necesario cumplir los planes de vacunación previstos por ley y de inmunización de niños y adultos contra las enfermedades infecciosas, también debe garantizarse una situación epidemiológica favorable en relación con las que sean prevenibles. También se vela por fortalecer la vigilancia epidemiológica de las enfermedades infecciosas que pueden controlarse con vacunación y la supervisión de la cobertura de inmunización, lo que disminuye el riesgo de enfermedades y complicaciones en los grupos vulnerables de la población.
151.En 2017 la mortalidad neonatal disminuyó el 38,8 % (fallecieron 85 recién nacidos, 54 menos que en 2016). Ese año, el índice de mortalidad neonatal fue de 2,9 por cada 1.000 recién nacidos vivos (en 2013 había sido de 3,7/1.000). Las principales causas de fallecimiento de recién nacidos fueron las enfermedades prenatales (el 34,1 %) y los trastornos congénitos del desarrollo (el 32,9 %).
152.En 2017 fueron aprobadas las Normas Básicas sobre los Medicamentos para el período 2017-2027, en las que se establecieron los objetivos de la política en esa esfera: aumento del acceso a los medicamentos y uso racional del presupuesto del Estado y del peculio de los residentes. Con esos fines, se hacen planes para poner los medicamentos que tienen mayores propiedades terapéuticas más al alcance de las personas que padecen enfermedades graves y aplicar disposiciones sobre el uso racional de los medicamentos y medidas para reducir sus precios.
Salud mental
153.La reforma de la atención de la salud mental tuvo por objeto disminuir el número de pacientes que requieren hospitalización psiquiátrica y establecer centros psiquiátricos municipales. En 2017 había en Lituania 113 centros psiquiátricos con equipos de expertos: psiquiatras generales, psiquiatras de niños y adolescentes, psicólogos médicos, trabajadores sociales y enfermeros especializados en psiquiatría. La prestación de asistencia psiquiátrica ambulatoria a nivel primario facilita y mejora la atención de la salud mental.
154.Gracias a la aplicación de un criterio de equipo en materia de servicios de salud mental, estos se han vuelto más integrales y están más centrados en las actividades de los pacientes, su rehabilitación y la atención a sus familias, en lugar de limitarse a administrar medicamentos.
155.Los centros psiquiátricos diurnos ofrecen servicios médicos y psicosociales tendientes a fortalecer las aptitudes físicas y psicosociales de las personas con discapacidad mental y promover su independencia, el desarrollo normal de su vida cotidiana, la comunicación y las aptitudes domésticas, laborales y sociales. En ellos atienden equipos de expertos integrados por un médico psiquiatra, un médico psicoterapeuta, un psicólogo clínico, un enfermero especializado en psiquiatría y un trabajador social.
156.El programa de desarrollo de los servicios de salud mental abarcó el establecimiento de cinco centros de atención psiquiátrica integral diferenciada de la familia y el niño en las principales ciudades, con miras a ofrecer a los niños y sus familias servicios de rehabilitación precoz especializada integral de trastornos del desarrollo y de psiquiatría infantil. Para el diagnóstico precoz de trastornos del desarrollo infantil se introdujeron requisitos obligatorios y un procedimiento de examen preventivo de la salud y el desarrollo psicomotor de los niños en la primera infancia.
157.En 2019 se promulgó la nueva Ley de Atención de la Salud Mental, que establece un modelo integral, basado en una labor de equipo, para prestar servicios de atención personal, priorizando el tratamiento no médico y ofreciendo asistencia más cercana sin alterar el diario vivir de los pacientes —lo que es particularmente importante en el caso de los que sufren trastornos mentales y del comportamiento— a fin de hacer que se sientan seguros y puedan cuidar de sí mismos. Para fortalecer la protección de los derechos humanos aumentando la transparencia y la objetividad del proceso de hospitalización involuntaria de las personas que sufren trastornos mentales y del comportamiento, en la Descripción del proceso de hospitalización y tratamiento involuntarios de pacientes con trastornos mentales y del comportamiento se detallan las medidas correspondientes y las condiciones en que es posible llevar a cabo ese proceso, los procedimientos de información y consentimiento del paciente y otros aspectos pertinentes. También se especifican allí los procedimientos y formularios que han de utilizarse para el ingreso y tratamiento involuntarios y se establece el procedimiento de vigilancia correspondiente.
158.En 2015 se estableció la Oficina de Prevención del Suicidio, dependiente del Centro Nacional de Salud Mental, con el propósito de coordinar las actividades encaminadas a prevenir suicidios y a fortalecer la cooperación interinstitucional en ese ámbito. Las principales actividades de la Oficina son aplicar la política de prevención, prestar ayuda sistémica a quienes tienen la intención de cometer suicidio o han intentado cometerlo, coordinar el apoyo que se presta a las personas que han perdido a familiares, prestar asistencia metodológica y organizar campañas de información. En la nueva modificación del Código de Ética para Proporcionar Información al Público se establece una clara definición de los principios que rigen la información sobre el suicidio. En 2014 se inició la redacción del programa de prevención del suicidio dirigido a los establecimientos de enseñanza, y en 2018 se preparó material metodológico para ese programa y se aprobaron las Recomendaciones para la Gestión de Crisis en las Instituciones Educativas.
159.En el sitio web del Teléfono de Asistencia a los Niños (www.pagalbavaikams.lt) se ofrece información útil sobre la violencia física, la violencia sexual, el acoso, el abuso de alcohol y drogas, el embarazo, los problemas en el hogar, el divorcio de los padres, la trata de personas, el suicidio y las autolesiones. Se da una descripción de cada uno de los problemas y sus principales características y se ofrecen medios para que el niño intente resolverlos por sí mismo. También se pueden hacer consultas directas en línea o por correo electrónico.
160.A partir de 2008, en atención al grave problema del acoso entre niños, el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte empezó a apoyar la ejecución de programas eficaces de prevención reconocidos mundialmente en los colegios lituanos. El objetivo es aplicar esa clase de programas en todas las instituciones de educación preescolar y general del país y también en las de formación profesional. Las Recomendaciones sobre la Prevención de la Violencia Escolar contienen medidas concretas para crear un entorno educativo seguro y un algoritmo para reaccionar ante la violencia y la intimidación; establecen la función del colegio en lo que respecta a celebrar acuerdos especiales sobre las normas de conducta de los alumnos, la responsabilidad del personal escolar en la reacción frente al acoso y una lista de medidas concretas tendientes a crear un microclima escolar favorable, y brindan asesoramiento sobre el desarrollo sistemático de la competencia emocional de los alumnos mediante actividades sociales y la participación activa de los progenitores.
Atención de la salud
161.El sector de la atención de la salud pública experimentó grandes cambios en Lituania en 2019. Se propusieron y adoptaron nuevos modelos de gobernanza, financiación y ejecución. Se desarrolló la red de instituciones de salud pública en los municipios. Las Oficinas de Salud Pública prestan servicios médicos a todos los municipios. Sus principales funciones son promover la salud pública y vigilar la prestación de servicios y la atención de la salud infantil en el entorno escolar.
162.En 2018 se aprobó el Programa Nacional de Fiscalización y Prevención del Consumo de Drogas, Tabaco y Alcohol 2018-2020. El propósito fundamental del documento estratégico a largo plazo es utilizar medidas equilibradas para forjar un país más seguro y más sano, ayudando a evitar o reducir los daños causados por el consumo de alcohol, tabaco y drogas, y también ofrecer oportunidades para cuidar la salud de las personas, las familias y la comunidad, así como su bienestar social y económico. En el documento estratégico se establecen disposiciones encaminadas a aplicar una política contextual y equilibrada de fiscalización y prevención del consumo de drogas, tabaco y alcohol a largo plazo que se base en datos científicos e información objetiva. El programa abarca las siguientes esferas, que son igualmente importantes y se complementan entre sí: reducción de la demanda, reducción de la oferta, reducción del daño y vigilancia.
163.Para aumentar la oferta de servicios de atención médica personal a los drogodependientes, se han reorganizado los servicios de tratamiento fusionando cinco centros regionales en el Centro Nacional de Tratamiento de la Drogodependencia. Con miras a reducir los decesos por sobredosis de opiáceos, en 2018 se adoptó el Procedimiento para proporcionar antagonista opioide (naloxona) a los grupos destinatarios a través de servicios de fácil acceso. El desarrollo de los servicios comunitarios redundó en la creación de las condiciones jurídicas indispensables para administrar un tratamiento de la drogodependencia que abarca la prestación de servicios de consulta a las personas que consumen alcohol de manera peligrosa y perjudicial.
164.A partir de 2018, en el marco del Procedimiento de diagnóstico y tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), han ido aumentando los servicios de tratamiento pertinentes y se administra terapia antirretroviral a todas las personas afectadas. Desde 2017, las pruebas rápidas de detección del VIH se han ido poniendo más al alcance de los consumidores de drogas en los servicios de fácil acceso.
165.El Procedimiento de participación obligatoria en programas (o cursos) de prevención del abuso de alcohol y drogas, intervención precoz y atención de la salud regula la aplicación y el alcance de esos programas (o cursos) en lo que respecta a las personas que pueden sufrir una sanción administrativa si no participan en ellos, aplicada por una institución (o un funcionario) encargada de instruir procedimientos judiciales o extrajudiciales relativos a infracciones administrativas.
166.En 2017 se aprobó el Procedimiento de evaluación precoz del riesgo de consumo de alcohol y prestación de asistencia a los consumidores. En cumplimiento de sus disposiciones, las instituciones de atención primaria de la salud empezaron a prestar los servicios correspondientes.
Información sobre el aborto
167.Todos los colegios que imparten educación general deben aplicar el programa general de educación sanitaria, sexual y familiar, que abarca temas de educación en materia de salud sexual y reproductiva en función de la edad de los alumnos. El programa se ejecuta con la ayuda de expertos en salud pública y los progenitores. Existen medidas metodológicas de educación sexual y salud reproductiva dirigidas a los educadores de los niños y de los adolescentes. El programa de educación sanitaria, sexual y familiar se aplica de conformidad con los principios de enseñanza personalizada, respeto por las personas, igualdad de género y discreción.
Artículo 13
168.La enseñanza en los colegios estatales y municipales de educación general, las escuelas de artes y oficios y las instituciones de enseñanza superior es gratuita. La educación superior debe estar al alcance de todos de acuerdo con su capacidad individual. Los alumnos que obtienen resultados satisfactorios en sus estudios tienen derecho a asistir a las instituciones públicas de enseñanza superior a título gratuito. Todo extranjero que tenga derecho de residencia permanente o temporal en la República de Lituania tiene derecho a estudiar, alcanzar un nivel de instrucción y obtener un título o diploma. El Estado toma medidas para que todos los niños puedan educarse con arreglo a los planes de estudios de enseñanza preescolar, primaria, básica y secundaria. El Estado garantiza a todo ciudadano y a todo extranjero que tenga derecho de residencia permanente o temporal en la República de Lituania el acceso a la enseñanza preescolar, primaria, básica y secundaria y a los planes de estudios de enseñanza superior o a los programas de formación profesional que culminan con la adquisición de un título o diploma de primer grado.
169.Uno de los principios reconocidos en la Ley de Educación es el de igualdad de oportunidades: el sistema educativo es socialmente justo, garantiza el ejercicio de los derechos individuales y la educación para todos, la consecución de un nivel de educación general y una cualificación primaria y crea condiciones propicias para mejorar las cualificaciones adquiridas u obtener otras. En la Ley de Formación Profesional se establecen los principios pertinentes, uno de los cuales es el de igualdad de oportunidades: el sistema de formación profesional es socialmente justo, garantiza la igualdad entre las personas, independientemente de su género, raza, nacionalidad, idioma, origen, condición social, religión, creencias o actitudes, así como la obtención de un título o diploma de primer grado, y también crea condiciones propicias para mejorar las cualificaciones adquiridas u obtener otras.
170.Todas las personas mayores de 18 años tienen acceso a la educación no formal para adultos. La Ley de Educación No Formal de Adultos y Aprendizaje Continuo regula ese sistema, estableciendo su marco de organización, funcionamiento y gestión. La finalidad de la ley es ofrecer una garantía jurídica a los participantes, los educadores y los interlocutores sociales correspondientes para ayudarles a realizar el derecho inherente a todo individuo de desarrollar su personalidad a lo largo de la vida, garantizar la posibilidad de adquirir los conocimientos y aptitudes que necesitan los ciudadanos de una sociedad democrática y los expertos en determinado campo y contribuir a actividades creativas y constructivas de esparcimiento.
171.Los adultos que no hayan cursado estudios de educación básica o secundaria, o que no los hayan terminado, pueden hacerlo en instituciones de educación de adultos. Pueden asistir a clase o estudiar a distancia, y también existe la posibilidad de terminar el programa en régimen de jornada parcial. Las formas flexibles de aprendizaje permiten a las personas adultas estudiar cuando lo consideren conveniente y en la medida en que les sea necesario, y también desarrollar preferencias de aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Reducción de la brecha educativa
172.A fin de mejorar los resultados educativos en general y de adoptar un enfoque integral para resolver la cuestión de la brecha educativa, se han ido aplicando varias medidas amplias que van desde alentar a los niños del medio rural a participar en la enseñanza preescolar o prolongar el año lectivo hasta asegurar asistencia adicional para el aprendizaje, mejorar la infraestructura, actualizar los planes de estudios escolares, formar docentes, asignar fondos con fines especiales, mejorar el microclima y aumentar la participación. Se han establecido centros multifuncionales en muchas zonas rurales del país con el propósito de crear más plazas de enseñanza preescolar y de poner los servicios de educación en la primera infancia al alcance del mayor número posible de niños del medio rural. Se facilita transporte público especial a las familias que viven en zonas rurales. Para mejorar la infraestructura educativa es necesario fortalecer el acceso a la educación y adquirir autobuses escolares que ayuden a los niños del medio rural a trasladarse a mejores colegios en los centros regionales y las ciudades. En un sitio web especial se proporciona información a los padres acerca de la importancia de la educación en la primera infancia y se les alienta a inscribir a sus hijos en instituciones de enseñanza preescolar, lo que les garantiza mejores resultados académicos en el futuro. A efectos de ofrecer a todos servicios educativos de calidad y mejorar los resultados, la enseñanza preescolar fue declarada obligatoria.
173.La introducción de un “fondo de calidad” con carácter de financiación con fines especiales para los colegios tiene por objeto mejorar el rendimiento escolar de los alumnos ayudando a los municipios a crear las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la educación y reforzar la responsabilidad y la rendición de cuentas de los colegios de educación general considerados “de alto rendimiento,” asignando fondos para mejorar las actividades y difundir buenas prácticas y reduciendo las diferencias que existen entre los municipios en materia de calidad de la educación general.
Mecanismo de reunión de datos
174.El Centro de Tecnología de la Información en la Educación (que en 2019 se reorganizó, pasando a formar parte del Organismo Nacional de Educación) administra el Registro de Estudiantes, en el que están inscriptos todos los alumnos de enseñanza preescolar, general y profesional, y también el Sistema de Información sobre Niños sin Escolarizar y Alumnos que no Asisten a Clase, que contiene datos relativos a los menores de 18 años que no asisten a clase y que no han cursado estudios básicos ni secundarios y proporciona estadísticas periódicas al respecto, y en el que se determinan las razones por las que los niños no estudian o faltan a clase. Se busca y se motiva a esos niños para que reanuden sus estudios y adquieran educación o cualificación laboral. Los colegios y los municipios deben procesar los datos recibidos y ofrecer oportunidades a esos alumnos para regresar al sistema educativo o, en caso de no poder hacerlo, aclarar las razones de su deserción escolar, como por ejemplo, el hecho de viajar al extranjero.
Garantizar el derecho a la educación a las minorías nacionales
175.La protección de las minorías nacionales está garantizada en virtud del derecho internacional y del derecho interno. Lituania ha ratificado el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales y adopta las medidas necesarias para velar por una promoción amplia y eficiente de la igualdad entre las personas pertenecientes a las minorías nacionales en la mayoría de las esferas de la vida económica, social, política y cultural.
176.Se van creando las condiciones indispensables para que los integrantes de las minorías nacionales puedan recibir enseñanza en las instituciones de educación general en su idioma materno, aprenderlo y utilizarlo cuando reciben educación no formal. Esos alumnos pueden estudiar en su idioma materno desde el nivel preescolar hasta el universitario (véase el apéndice núm. 48).
177.En atención al principio de igualdad de oportunidades, se aplican las mismas evaluaciones del rendimiento a los alumnos de todos los colegios, independientemente de los idiomas de instrucción que utilicen. En 2013 se introdujo el examen de bachillerato de lengua y literatura lituana para todos los alumnos y comenzó a aplicarse una evaluación del rendimiento basada en un conjunto de criterios, que vino a sustituir la evaluación normativa que se utilizaba anteriormente para comprobar el rendimiento de los estudiantes. En los exámenes de bachillerato las tareas se asignan en lituano, salvo en las pruebas de idiomas extranjeros (alemán, francés, inglés y ruso) y de idiomas nativos (alemán, belaruso, polaco y ruso).
178.El Departamento de Minorías Nacionales, con objeto de reforzar la educación no formal de los niños y jóvenes de esos grupos, asigna fondos anuales a las escuelas extracurriculares, cuya función principal es impartir educación sobre la cultura de esos grupos nacionales y enseñar el idioma natal a esos jóvenes y niños. Para ofrecer educación no formal a las minorías nacionales, el Departamento organiza conferencias y seminarios dirigidos a los docentes de las escuelas extracurriculares de las comunidades étnicas lituanas con miras a examinar temas como el contenido de los planes de estudios, los métodos de trabajo, las medidas y los métodos pedagógicos y la cuestión del bilingüismo.
Integración de la población romaní en el sistema educativo
179.En el Plan de Acción para la Integración de los Romaníes en la Sociedad Lituana 2015-2020 se establecen los objetivos de la integración de los romaníes en el sistema educativo y diversas tareas conexas, entre ellas, medidas encaminadas a cooperar con organizaciones no gubernamentales en cuestiones de integración a fin de reforzar la labor educativa emprendida con las familias romaníes que crían niños en edad preescolar en diferentes municipios y los incentivos para ejercitar activamente el derecho de los niños a la educación institucional preescolar; organizar la enseñanza preescolar de los niños romaníes en el Centro de la Comunidad Romaní; apoyar iniciativas tendientes a reducir la deserción escolar; aumentar la participación de los alumnos con necesidades educativas especiales, y crear escuelas seguras.
180.Los trabajadores sociales se encargan de que los niños romaníes asistan a los colegios de educación general. La Administración Municipal de la Ciudad de Vilnius adoptó medidas complementarias en el marco del Programa de Integración de la Comunidad del Campamento Romaní de Vilnius (Kirtimai) 2016-2019: los trabajadores sociales del Centro de Apoyo Social de la Ciudad de Vilnius van a despertar a su casa a los niños que necesitan ayuda para prepararse y los llevan a la escuela en un medio de transporte contratado. La Administración Municipal también organiza el transporte de los niños romaníes del asentamiento de Kirtimai a las escuelas, y a los alumnos que viven en la ciudad se les paga el billete electrónico de transporte público.
181.En el período 2017-2018, en el marco de la ejecución del proyecto llamado “Plataformas romaníes locales: fomento de la cooperación con los municipios”, el Departamento de Minorías Nacionales contrató a maestros auxiliares cuya principal función es hacer que los niños romaníes asistan a clase. Los que hayan dejado de estudiar pueden terminar su educación en escuelas de adultos y a distancia. El Centro de la Comunidad Romaní tiene una oficina de consulta sobre la educación a distancia.
Ratificación de la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza
182.La mayoría de las declaraciones de la Convención de la UNESCO ya no son pertinentes y no concuerdan con la reglamentación jurídica actualmente en vigor en Lituania, más avanzada que la establecida en la Convención, que fue aprobada en 1960. La legislación de la Unión Europea y la del Consejo de Europa establecen criterios más estrictos en relación con el ejercicio de los derechos humanos y el principio de no discriminación en la educación. Actualmente, tanto el ordenamiento jurídico interno lituano como las obligaciones internacionales vigentes garantizan la debida aplicación de esos derechos y de ese principio.
Artículo 15
El derecho a participar en la vida cultural
183.En la Constitución se reconocen los derechos culturales individuales y se hace particular hincapié en salvaguardar los de las personas pertenecientes a las comunidades étnicas. Los ciudadanos de esas comunidades tienen derecho a promover su idioma, su cultura y sus costumbres. El Estado apoya la cultura y la ciencia y protege los monumentos históricos, artísticos y otros monumentos culturales lituanos, así como otros objetos de valor cultural. La ley ampara y defiende los derechos materiales e inmateriales que posee un autor en relación con un trabajo científico, técnico, cultural o artístico.
184.El Ministerio de Cultura preparó un proyecto de ley sobre el marco de política cultural de la República de Lituania con el propósito de crear un mecanismo horizontal de reglamentación respaldado por leyes para establecer las obligaciones del Estado en ese ámbito, a fin de garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos lituanos de acceso a la cultura. En el proyecto de ley se definen los principios generales de la política cultural, entre ellos, la libertad de creatividad e información, la igualdad, la cooperación y la sistematicidad. Procurando fomentar la participación de las organizaciones no gubernamentales en la política pública, en el proyecto se destaca el papel que cumplen esas organizaciones en la formulación y aplicación de la política cultural.
185.Las instituciones nacionales y municipales crean las condiciones necesarias para que la población utilice los servicios relacionados con la cultura y participe en la vida cultural. La cultura regional está determinada por la acción coordinada de la gestión cultural, la dotación de recursos y la acumulación y distribución de información en las instituciones de los distritos y municipios. Uno de los objetivos establecidos en las Directrices de la Política Cultural de Lituania es aumentar la oferta de actividades culturales en todo el país.
186.La política pública lituana en materia de cultura étnica está regulada por la Ley Fundamental de Salvaguardia de la Cultura Étnica, que establece los fundamentos de la protección de la cultura étnica por parte del Estado, las medidas tendientes a garantizar su protección y continuidad y los medios y condiciones necesarios para desarrollarla y enriquecerla. El Plan de Acción para el Desarrollo de la Cultura Étnica 2015-2018 tuvo por objeto vigorizar el desarrollo de esta en las regiones y dar la oportunidad a la población de apreciar las costumbres de su región. En 2018 se crearon consejos regionales de cultura formados por expertos que actúan en diez distritos del país como consultores especializados en arte y cultura.
187.La Ley de Centros Culturales de la República de Lituania regula el establecimiento, la reorganización, el cierre, la gestión, las actividades, la clasificación y la financiación de los centros culturales y otras cuestiones conexas. Existen más de 176 centros culturales que funcionan en varias regiones. Estas fuentes de cultura son muy importantes como parte de los esfuerzos por crear condiciones propicias para el desarrollo de las actividades artísticas de profesionales y aficionados y de la expresión creativa de los ciudadanos.
188.A partir de 2018, el Ministerio de Cultura, junto con el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, viene aplicando el plan denominado “Pasaporte Cultural”, encaminado a desarrollar hábitos culturales en todos los alumnos y ampliar su experiencia cultural ofreciéndoles servicios de cultura y arte de calidad.
El avance científico y su aplicación práctica
189.En atención a lo establecido en la Ley de Ciencia y Estudios de la República de Lituania, el Gobierno ha reorganizado la red de instituciones nacionales de investigación científica. El Consejo de Investigación de Lituania, principal institución encargada de financiar la investigación científica, anuncia las convocatorias de ofertas relativas a diversos planes de inversión nacionales, internacionales y de fondos de la Unión Europea destinados a financiar investigaciones y actividades científicas importantes para la carrera de los investigadores y la distribución de los resultados obtenidos.
190.La finalidad del Programa Nacional de Investigaciones y Distribución de sus Resultados 2016-2024 es utilizar el método de financiación por licitación con miras a coordinar e integrar las principales investigaciones científicas lituanas y la distribución de sus resultados en Lituania y en el extranjero, priorizar la investigación científica lituana, reforzar la aportación de los estudios lituanos y crear una base científica para el desarrollo de la conciencia cívica y cultural nacional y la protección del patrimonio nacional.
191.Las inversiones en actividades de investigación, desarrollo e innovación, la difusión de innovaciones tecnológicas y el fortalecimiento de la capacidad de innovación de las empresas son fundamentales para el crecimiento satisfactorio de la economía lituana y el aumento de su competitividad. Según datos preliminares, en 2017 se invirtieron 371,7 millones de euros en actividades de investigación, desarrollo e innovación. Se gastaron 44,1 millones de euros más en comparación con 2016. Según datos preliminares acerca del producto interno bruto (PIB), los gastos generales en concepto de actividades de investigación, desarrollo e innovación constituyeron el 0,89 % del PIB.
192.Con miras a fomentar las inversiones en esas actividades, Lituania ha venido ejecutando el Programa de aplicación de las esferas prioritarias de investigación y desarrollo (sociocultural) e innovación (especialización inteligente) y sus aspectos principales, en que se determinan las prioridades del país en cuanto al desarrollo de esos sectores, en que se manifiestan la pujanza y el mayor potencial de la economía y la ciencia nacionales. Las medidas del Programa de aplicación de la esfera prioritaria de especialización inteligente se centran en las investigaciones aplicadas necesarias para formular productos, servicios o procesos innovadores, el desarrollo experimental, la formación de conglomerados de empresas, la promoción y distribución de innovaciones, el aumento de la internacionalización de las empresas, los esfuerzos por atraer inversiones extranjeras directas y el aumento de la demanda de innovación. La estrategia lituana para promover la especialización inteligente abarca las siguientes esferas prioritarias de investigación, desarrollo e innovación: energía y medio ambiente sostenible; innovación agrícola y tecnología alimentaria; tecnología sanitaria y biotecnología; sociedad inclusiva y creativa; nuevos procesos de producción, materiales y tecnología, y tecnología de la información y las comunicaciones inteligente y limpia vinculada al transporte.
193.Procurando alentar a las empresas del país a invertir en las actividades de investigación, desarrollo e innovación necesarias para formular productos, servicios o procesos innovadores e impulsar el desarrollo de las empresas y la creación de empresas innovadoras, el Ministerio de Economía e Innovación y el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte han puesto en práctica un plan encaminado a crear proyectos conjuntos de carácter científico-empresarial. El propósito es alentar a las instituciones científicas y de investigación a emprender actividades de investigación, desarrollo e innovación junto con empresas comerciales. Se ha aplicado el plan llamado “InoConnect” a efectos de alentar a las empresas a participar en proyectos internacionales, lo que ayudaría a establecer vinculaciones comerciales y a encontrar socios extranjeros.
Protección del derecho de autor
194.El Ministerio de Cultura aplica la política pública en el ámbito del derecho de autor y los derechos conexos y coordina la protección de esos derechos. El objetivo principal en este campo es disponer de un sistema de salvaguardia del derecho de autor y los derechos conexos que cumpla las obligaciones internacionales y regionales del Estado y permita establecer el debido equilibrio entre los titulares de esos derechos y los usuarios, amparando los intereses de los autores y creando las condiciones que les permitan recibir un ingreso justo por sus resultados creativos, de modo de fomentar la creatividad, y, al mismo tiempo, permitiendo que la sociedad disfrute de los objetos protegidos por el derecho de autor en determinadas condiciones y garantizando el acceso al contenido protegido en los casos en que sea importante para la sociedad a efectos de promover el desarrollo y el avance cultural. La salvaguardia del derecho de autor y los derechos conexos reviste gran importancia en lo que respecta a proteger la gestión colectiva de esos derechos a cargo de organizaciones sin fines de lucro a las que están afiliados los titulares.
Servicios culturales y de información para las personas con discapacidad
195.Las bibliotecas se han venido dedicando a integrar a las personas con discapacidad y a ampliar la variedad de servicios culturales e informativos. El proyecto nacional de promoción de las bibliotecas ejecutado entre 2008 y 2013, que se centró en la informatización de las bibliotecas públicas del país, coadyuvó a la integración de las personas con discapacidad y al desarrollo de esos servicios. Durante el proyecto se proporcionó a las bibliotecas equipo y programas informáticos especiales para personas con discapacidad y se impartió formación a los bibliotecarios en lo que respecta a atender a ese grupo especial de usuarios. También se adaptaron los sitios web de las bibliotecas a las necesidades de los grupos especiales de la sociedad. Con el fin de mejorar las condiciones de acceso a los museos, se estableció que las personas con discapacidad o con capacidad de trabajo reducida y sus acompañantes pueden visitar las exposiciones permanentes de los museos a título gratuito.
196.La Ley de Radio y Televisión Nacional garantiza el acceso de las personas con discapacidad visual o auditiva al contenido de la emisora nacional. Esta se compromete a seguir aumentando año a año el contenido adaptado a esas personas.
Acceso a Internet
197.Se ofrecen servicios de acceso público a computadoras y a Internet, cursos de informática y planes de fomento de la inclusión de la población de manera más activa a través de la red de bibliotecas públicas, que en la actualidad cuenta con 5.980 estaciones de trabajo informatizadas para los usuarios en 1.243 bibliotecas de todo el país. Todos los años se consulta a los residentes y se les imparte formación en informática en las bibliotecas públicas.
198.En 2018, la Biblioteca Nacional Martynas Mažvydas y el Ministerio de Cultura iniciaron el proyecto titulado “Fomento del uso inteligente de Internet con una infraestructura mejorada de acceso público”, encaminado a desarrollar y actualizar la infraestructura de computadoras de uso público y ampliar el acceso a Internet en las bibliotecas públicas, creando condiciones para que los residentes participen en el desarrollo de la competencia digital, la elaboración de contenido digital a nivel local y demás iniciativas de información de esa índole.
199.En la esfera de las comunicaciones electrónicas, se ejecutaron proyectos acertados de desarrollo de la red de tecnología de la información de banda ancha en las zonas rurales (RAIN). La infraestructura básica correspondiente puso la comunicación de banda ancha y la Internet al alcance del 99 % de la población.
Asistencia oficial para el desarrollo prestada por Lituania
200.En 2018, la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) prestada por Lituania fue del 0,11 % del ingreso nacional (en 2017 había sido del 0,13 %). La asistencia bilateral de Lituania a otros países ascendió a 10,12 millones de euros (el 19,25 % de la AOD) y la asistencia multilateral, a 42,42 millones de euros (el 80,7 %). De la cantidad total, se asignaron 3,85 millones de euros a las actividades de ayuda humanitaria, de los cuales 2.279.622 iban destinados a los refugiados en Turquía, a través del plan de asistencia de la Unión Europea a los refugiados, 1.069.711 a los refugiados en Lituania y 503.000 a contribuciones a organizaciones internacionales, fondos y apoyo a las víctimas de conflictos militares y crisis humanitarias. Las regiones geográficas prioritarias de Lituania en lo que respecta a la cooperación para el desarrollo son Europa oriental y los países de origen y tránsito de los movimientos migratorios. La mayor parte de la asistencia bilateral se asigna a Ucrania, Georgia y Moldova, países de la Asociación Oriental de la Unión Europea. En 2017 el valor de la AOD aumentó con respecto a 2016 (en que ascendió a 51,6 millones de euros), pero la relación entre la AOD y el ingreso nacional total disminuyó debido al crecimiento del ingreso nacional general.
Firma y ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
201.Como se indicó en el Examen Periódico Universal de Lituania, el país ha contraído compromisos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, de conformidad con ese instrumento, debe adoptar todas las medidas necesarias para aplicar los derechos en él consagrados. Todavía no se han hecho planes con respecto a contraer nuevas obligaciones internacionales, lo que podría reducir las opciones legales del Estado en cuanto a la distribución de los fondos públicos, de resultas de las decisiones cuasi judiciales adoptadas por las instituciones internacionales.
Ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
202.De conformidad con la legislación nacional y la de la Unión Europea, así como con los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas que son jurídicamente vinculantes para Lituania, los trabajadores migratorios y sus familiares tienen garantizados ciertos derechos, pero actualmente no se hacen planes para ampliar esos derechos conforme a lo previsto en la Convención, en particular en lo tocante a la aplicación amplia e incondicional del principio de igualdad de trato en esferas como la educación, la vivienda, los servicios sociales y los servicios de salud. Las normas jurídicas nacionales, los acuerdos bilaterales y la legislación aplicable de la Unión Europea bastan para amparar debidamente los derechos de los migrantes y los terceros.