Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
7 3 er período de sesiones
13 de febrero a 3 de marzo de 2023
Examen de los informes: informes presentados por los Estados partes
en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto
Respuestas de Lituania a la lista de cuestiones relativa a su tercer informe periódico * **
[Fecha de recepción: 4 de abril de 2022]
Información general
1.No se organizó ninguna formación específica sobre las disposiciones del Pacto en el período 2020-2021. El Colegio de Abogados de Lituania señaló que había más de 50 seminarios a disposición de los abogados sobre diferentes temas relacionados, entre otras cosas, con el derecho a la libre determinación y la protección y defensa de los derechos de la persona. Se organizaron formaciones y talleres sobre legislación laboral destinadas a los jueces.
2.La Administración Nacional de Tribunales investiga las decisiones judiciales sobre la base una lista de clasificaciones aprobada por el Consejo Judicial de Lituania. No existe una clasificación específica para los casos en los que se han aplicado o invocado las disposiciones del Pacto, por lo que no se dispone de datos estadísticos ni de muestras generadas automáticamente de esos casos. La Administración Nacional de Tribunales dispone de un conjunto de herramientas y métodos alternativos, mediante el cual clasificó 5 ejemplos de casos (véase el apéndice núm. 1). La lista no es en absoluto exhaustiva.
3.A partir de 2019, podrá presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional toda persona que quiera defender sus derechos o libertades constitucionales cuando estos se vean vulnerados como consecuencia de una ley u otro acto jurídico del Parlamento, del Presidente de la República o del Gobierno que tengan carácter inconstitucional. Un recurso individual de inconstitucionalidad no solo refuerza la protección de los derechos humanos, sino que también permite defender los derechos de la persona ante un tribunal, que en ocasiones se basa directamente en las disposiciones del Pacto en su jurisprudencia constitucional. Las personas que reúnen los requisitos para recibir asistencia jurídica garantizada por el Estado pueden solicitar que se les asigne un abogado para que prepare una solicitud y la presente al Tribunal Constitucional. De conformidad con la Ley sobre Asistencia Jurídica Garantizada por el Estado, se puede acceder a asistencia jurídica en casos civiles. La asistencia jurídica secundaria garantizada por el Estado incluye la redacción de documentos procesales, la defensa y la representación en los tribunales, la asistencia en el proceso de ejecución y la representación en caso de examen extrajudicial preliminar de un litigio. Esta asistencia jurídica cubre también las costas procesales en los procedimientos civiles y administrativos, y aquellas relacionadas con la vista de una acción civil interpuesta en el marco de una causa penal.
4.Según la Oficina del Defensor del Pueblo del Seimas (Parlamento), aunque la Ley sobre los Defensores del Pueblo del Seimas no le atribuye expresamente la competencia de proteger y promover todos los derechos consagrados en el Pacto, los Defensores del Pueblo del Seimas actúan con el propósito de proteger el derecho de las personas a una correcta administración pública, que garantice los derechos humanos y las libertades, vigilar que las autoridades estatales cumplan su deber de servir adecuadamente a la población y promover el respeto de los derechos humanos y las libertades en el ejercicio de las funciones de la institución nacional de derechos humanos. De este modo, contribuye en algunos aspectos a la protección y salvaguardia de los derechos consagrados en el Pacto. La Defensoría de la Igualdad de Oportunidades informó de que tenía el mandato legal de proteger y promover la igualdad de oportunidades al hacer efectivos los derechos consagrados en el Pacto.
5.Actualmente, la Oficina del Defensor del Pueblo del Seimas cuenta con 25 empleados que investigan las denuncias que recibe y ejerce las funciones de institución nacional de derechos humanos. La financiación asignada a la Oficina ha aumentado de forma constante desde 2017. En 2019, se le asignaron 1.130.000 euros; en 2020, 1.270.000 euros; en 2021, 1.296.000 euros; y en 2022, 1.320.000 euros. Los recursos humanos y financieros de la Oficina no se destinan directamente a garantizar los derechos consagrados en el Pacto. La Defensoría de la Igualdad de Oportunidades carece de recursos humanos y financieros suficientes para ejecutar su mandato en todo su alcance. En 2022, el presupuesto de la Defensoría es de 567.000 euros, cuando en realidad necesitaría 742.800 euros. En 2022, su presupuesto se ha reducido con respecto a 2021.
6.Lituania apoya firmemente los objetivos internacionales y de la Unión Europea en materia de cambio climático. Ya se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 58 %. El Programa de Cambio Climático se desarrolló para financiar proyectos relacionados con la mitigación de las consecuencias del cambio climático (reducción cuantitativa de las emisiones de gases de efecto invernadero) y con la adaptación a los cambios provocados por este fenómeno. En 2021, el Ministerio de Medio Ambiente propuso dos nuevas medidas destinadas a los grupos desfavorecidos y financiadas por el Programa de Cambio Climático. Se asignaron 1,8 millones de euros a la medida denominada “Uso de fuentes de energía renovable (solar) para las necesidades de electricidad de las personas físicas en situación de pobreza y/o para la sustitución de las calefacciones que funcionan con combustibles fósiles”. Se destinó 1 millón de euros para ofrecer compensaciones por la compra de un automóvil menos contaminante. En el marco del Plan Nacional de Acción Climática y Energética 2021-2030, Lituania ha adoptado medidas positivas para reducir los daños al medio ambiente derivados de la movilidad. Para acelerar la penetración de los vehículos con un consumo eficiente de combustible, Lituania ha revisado recientemente su régimen fiscal y ha introducido un impuesto de matriculación de vehículos basado en las emisiones de CO2. Para aumentar el ritmo de implantación de los vehículos electrónicos, Lituania ha puesto en marcha una ayuda financiera adicional para la compra de vehículos con bajas emisiones de carbono. Las medidas políticas vigentes se centran en tres factores principales que afectan a la eficiencia energética de los hogares: los edificios, los electrodomésticos y equipos tecnológicos y el comportamiento de los consumidores. En el marco del Programa de Renovación/Modernización de Edificios de Apartamentos, en 2018 se renovaron 2.941 edificios de apartamentos, lo que permitió un ahorro energético estimado en 857 GW h. Lituania está poniendo en marcha nuevos planes de apoyo a los biocombustibles, el biometano y el hidrógeno con miras a lograr que de aquí a 2030 los Sistemas de Energía Renovable lleguen a representar el 15 % del consumo final de energía en el transporte. En el ámbito local, los municipios han desarrollado sus Planes de Movilidad Urbana Sostenible a fin de fomentar que se avance hacia una movilidad sostenible y mejorar la coordinación entre la planificación del uso de la tierra y la del transporte. El proyecto de plan estratégico en materia de agricultura y desarrollo rural para 2023-2027 contempla que se brinde apoyo a la aplicación de las medidas del Plan Nacional de Acción Climática y Energética. Se destinará financiación a la producción agrícola sostenible, la adaptación al cambio climático y la protección de los recursos naturales. Desde 2020, el Ministerio de Agricultura aplica medidas que promueven la reducción del uso de fertilizantes sintéticos y combustibles fósiles y la producción de biogás.
7.Las entidades empresariales han establecido nuevas asociaciones mediante la firma de la Declaración de Lituania Verde, puesta en marcha en 2021. A través de la Declaración se asume el compromiso de contribuir a que Lituania sea más ecológica, luchar contra el cambio climático y crear un entorno más limpio y saludable. Entre los ejemplos positivos de prácticas de responsabilidad social corporativa de las empresas lituanas se encuentran los intentos de reducir los costes energéticos y las emisiones de CO2.
8.Con respecto a sus compromisos de ayuda oficial para el desarrollo, Lituania tiene intención de alcanzar el objetivo de que esta ayuda suponga el 0,33 % del ingreso nacional bruto de aquí a 2030. Para ello, en 2020 Lituania puso en marcha una reforma sistemática de la política nacional en materia de cooperación para el desarrollo, que incluye mecanismos de financiación más flexibles y ofrece incentivos para una mayor inclusión de las partes interesadas. Esto permitirá encarar mejor los retos que se plantean en la esfera del desarrollo a escala mundial. A corto y medio plazo, los cambios cualitativos deberían convertirse en una base sólida para asignar más recursos financieros a este ámbito.
9.En el contexto de la pandemia de COVID-19, desde principios de 2020 Lituania participa activamente en la prestación de asistencia de carácter bilateral y a través de los mecanismos multilaterales. Hasta la fecha, se han suministrado más de 1,5 millones de dosis de la vacuna a través del mecanismo COVAX y 1,12 millones de dosis de forma bilateral.
Máximo de los recursos disponibles
10.La información sobre el máximo de los recursos disponibles figura en los apéndices núms. 2, 3, 4 y 5.
11.El Programa Nacional de Lucha contra la Corrupción 2015-2025 fue diseñado para disponer de un sistema de control y lucha contra la corrupción duradero, eficaz y específico en Lituania. El Plan de Acción 2015-2019 se aplicó con el objetivo de lograr una gestión eficiente en el sector público, transparencia y apertura en la toma de decisiones y los procedimientos, la obligación de rendir cuentas a la población y una mayor resiliencia ante la corrupción en la administración pública. Entre las medidas de lucha contra la corrupción en la judicatura y en los sectores público y privado, cabe destacar el desarrollo específico de un sistema de prevención y control de la corrupción y las vulneraciones de la ética, la prevención e investigación de las conductas profesionales indebidas, la creación de dependencias encargadas de cuestiones de inmunidad, la mejora continua de la cualificación de los funcionarios encargados de llevar a cabo investigaciones preliminares, los jueces y los fiscales, la mejora del sistema de protección de los denunciantes de irregularidades y la mejora de la tramitación y el control de las declaraciones de conflictos de interés de carácter tanto público como privado de las personas que trabajan en la función pública. El Gobierno ha implantado de manera efectiva la contratación electrónica, lo que permite a las empresas acceder en línea a datos centralizados sobre la contratación pública. Se observan tendencias positivas en la disposición a denunciar la corrupción. La mitad de la población lituana se declara dispuesta a hacerlo, lo que va en consonancia con el promedio de la Unión Europea. En cuatro años, la incidencia del cohecho en el sector público en Lituania disminuyó un 7 %, pasando del 24 % en 2016 al 17 % en 2020. Lituania sigue reforzando su marco jurídico de lucha contra la corrupción. En 2021, el Parlamento adoptó una nueva Ley de Prevención de la Corrupción, que cumple las recomendaciones y buenas prácticas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y tiene como objetivo reforzar la responsabilidad y el liderazgo de cada institución y crear un entorno sistémico que propicie la resiliencia de Lituania ante la corrupción. En 2021, el Gobierno aprobó la Agenda Nacional de Lucha contra la Corrupción para el período 2022-2033. En la siguiente fase, el Parlamento debe aprobar la Agenda. Su objetivo estratégico es crear un entorno que desaliente la corrupción en los sectores público y privado. Se puede encontrar más información sobre la prevención de la corrupción en lo relativo a los jueces en el informe de evaluación GRECO IV sobre la prevención de la corrupción respecto de parlamentarios, jueces y fiscales. En el sitio web del Servicio Especial de Investigación hay información pormenorizada sobre otras medidas adoptadas en materia de lucha contra la corrupción.
12.El Servicio Especial de Investigación ha avanzado mucho en la aplicación de un conjunto de medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial y policial (véase el apéndice núm. 6). Se aplicaron medidas de sensibilización sobre el delito de cohecho en toda Lituania, tanto en otros organismos gubernamentales como en el sector privado. El Servicio Especial de Investigación llevó a cabo numerosas formaciones dirigidas a funcionarios públicos, agentes de la autoridad, contables y auditores.
No discriminación
13.Para hacer frente a la exclusión social de la comunidad romaní, Lituania aplica en seis municipios las medidas previstas en el proyecto “Trabajar juntos con los romaníes: nuevas oportunidades y desafíos en materia de empleo”. Su objetivo es elevar las aspiraciones de los romaníes ayudándolos a acceder a las oportunidades de empleo y a participar en la vida pública, sin por ello perder su cultura. En el período 2017-2020, 306 romaníes socialmente vulnerables, entre ellos 63 mujeres, participaron en las actividades de integración social del proyecto (véase el apéndice núm. 7). A fin de poner remedio a los elevados niveles de consumo de drogas y a los problemas de salud mental de la población romaní, Lituania se esfuerza por desarrollar programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas para este sector de la población, que, entre otras medidas, incluyen un programa de tratamiento de sustitución con metadona. Los trabajadores sociales del ayuntamiento de Vilna cooperan con las instituciones sanitarias en la prestación de asistencia sanitaria a las familias romaníes en situación de riesgo social. Se ofreció a los adolescentes romaníes formación sobre sexualidad y prevención de los matrimonios precoces. En 2020, 25 mujeres romaníes acudieron a consultas médicas individuales para tratar aspectos de la salud de la mujer y las medidas de prevención. En 2019, el Centro de Enfermedades Transmisibles y Sida realizó un estudio sobre la cobertura vacunal de los niños romaníes, que reveló que esta era insuficiente. Las instituciones sanitarias se esfuerzan por mejorar la cobertura vacunal de los niños romaníes mediante el programa de planificación y seguimiento en materia de vacunación preventiva. En 2020, se alentó a 23 familias romaníes a que vacunasen a sus hijos, y se vacunó a 61 niños. En comparación con 2015, ese año un mayor número de niños romaníes asistió a centros de educación preescolar y preprimaria, y se registró una distribución más uniforme de estos alumnos por clases en los centros de enseñanza general. La proporción de niños romaníes de entre 10 y 19 años que no han completado la educación primaria o que todavía están en la escuela primaria ha disminuido en los últimos cinco años, pasando del 36 % en 2015 al 26 % en 2020. En el grupo de jóvenes de entre 20 y 29 años, el número de personas analfabetas y de personas sin estudios primarios disminuyó del 11 % al 4 %. El Departamento de Minorías Nacionales del Gobierno de la República de Lituania y las autoridades locales cumplen una importante función en el apoyo a los programas de integración dirigidos a los romaníes. Cada año, el Departamento asigna fondos para la institución pública Centro de la Comunidad Romaní, las instituciones públicas que trabajan con los romaníes y las organizaciones no gubernamentales (ONG) romaníes, que organizan actividades educativas no formales, campamentos de verano y otras actividades extracurriculares para niños y jóvenes romaníes. Los trabajadores sociales responden de diferentes maneras a la situación de exclusión y discriminación que vive la comunidad romaní. El Departamento de Minorías Nacionales ha contratado a mediadores que actúan en el marco del proyecto Plataformas Romaníes Locales y prestan asistencia a los niños romaníes y a sus familias en cuestiones relacionadas con la educación y la asistencia a la escuela. Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, los trabajadores sociales y los mediadores equiparon a los niños romaníes con herramientas de aprendizaje a distancia. Regularmente se aceptan solicitudes de romaníes para que se los incluya en la lista de personas y familias con derecho a ayudas a la vivienda y para recibir un reembolso parcial del alquiler. La empresa municipal de vivienda de Vilna arrendó viviendas a 26 familias romaníes, y a 23 familias se les reembolsó parcialmente el alquiler en el período 2016-2021. En los últimos años, Lituania ha logrado avances importantes en el fortalecimiento de la respuesta ante los delitos de odio y el discurso de odio. Se ha prestado especial atención a reforzar las capacidades de las autoridades policiales y judiciales para reconocer e investigar eficazmente los casos de delitos de odio y discurso de odio, así como para enjuiciarlos e imponer las penas correspondientes. En 2020 se creó, por orden del Ministro del Interior, el grupo de trabajo para promover una respuesta eficaz a los delitos de odio y el discurso de odio en Lituania. Está formado por representantes de 7 autoridades públicas nacionales y 11 organizaciones de la sociedad civil. Uno de los miembros del grupo de trabajo representa a la comunidad romaní. Esta plataforma de cooperación entre múltiples actores contribuye a crear un entendimiento mutuo y a mejorar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones.
14.Lituania quiere reducir el número de apátridas, incluidos los romaníes. Las solicitudes de ciudadanía de la República de Lituania se evalúan individualmente y se proporciona toda la información necesaria. En 2020, el Departamento de Migración, dependiente del Ministerio del Interior, realizó un censo de apátridas mediante el envío de notificaciones individuales sobre la adquisición de la ciudadanía. Se ha recurrido a organizaciones internacionales y ONG para obtener ayuda financiera a fin de brindar asistencia a los apátridas. No se dispone de información sobre el número de romaníes que participaron en esta campaña.
15.El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 11 de enero de 2019, sostiene que no puede entenderse que en el artículo 29, párrafo 2, de la Constitución se establezca una lista exhaustiva de los motivos de no discriminación; de ser así, se crearían las condiciones previas para negar la igualdad de todas las personas ante la ley, los tribunales y otras instituciones del Estado, es decir, la esencia misma del principio constitucional de la igualdad de derechos de las personas, consagrado en el artículo 29, párrafo 1, de la Constitución. En este caso de justicia constitucional, se señaló que “una de las formas de discriminación prohibidas por el artículo 29 de la Constitución es la restricción de los derechos de una persona en razón de su identidad de género y/o su orientación sexual; una restricción de esa índole debe considerarse asimismo como una degradación de la dignidad humana”. En cuanto al acceso al empleo, en el período 2019-2020 se produjeron novedades positivas, ya que se eliminó el “trastorno de la identidad de género” (F64.0) de la lista de enfermedades que impiden acceder a determinados puestos de trabajo en el ámbito jurídico: jueces, abogados y asistentes de abogados, notarios, alguaciles y fiscales.
16.En 2021, el Ministro de Justicia adoptó enmiendas a la orden titulada “Sobre la aprobación de la orden relativa a la modificación del nombre y los apellidos”, en la que se establece un procedimiento administrativo eficaz para que las personas a las que se les ha diagnosticado un trastorno de la identidad de género puedan modificar sus nombres y apellidos para que se correspondan con el género de su elección. Lituania sigue esforzándose por luchar contra la discriminación contra todas las personas, incluidas las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero. En la actualidad, Lituania lleva a cabo las medidas previstas en el Plan de No Discriminación 2021-2023, que se centran en la educación de los jóvenes y en la mejora de sus competencias, en el fortalecimiento de las ONG y en una cooperación estrecha con estas y con las instituciones académicas. La prevención de la discriminación contra las personas LGBT+ se integra en las futuras medidas en materia de política de igualdad previstas en el Programa de Desarrollo de la Inclusión Social, que dan prioridad a los cambios jurídicos que permitan brindarles una mejor protección contra la discriminación, reunir datos relativos a la igualdad y mejorar las competencias de los actores pertinentes en las esferas pública y privada.
Igualdad de derechos entre hombres y mujeres
17.Para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas se precisa un enfoque global entre todas las partes interesadas. En 2021 entró en vigor la nueva Ley de Gestión Estratégica, que consagra la igualdad de género como principio horizontal que debe integrarse en todos los procesos de planificación estratégica. Los respectivos ministerios están preparando actualmente sus programas de desarrollo, en los que, de acuerdo con esta Ley, se debe abordar la igualdad de género e incluir medidas que permitan dar solución a los problemas relacionados con ella. El Plan Nacional de Progreso 2021-2030 prevé que todos los objetivos políticos y todas las leyes que apruebe el Parlamento se basen en tres grandes principios horizontales —desarrollo sostenible, innovación e igualdad de oportunidades para todos— y se armonicen con ellos. Se ha pedido a las instituciones nacionales que incluyan la igualdad de género como un principio horizontal durante todo el proceso de planificación estratégica. En Lituania se han iniciado debates sobre la inclusión de medidas de presupuestación con perspectiva de género en la planificación presupuestaria en el ámbito nacional y local. Como primer paso, se realizó un estudio con objeto de analizar las posibilidades de integrar la presupuestación con perspectiva de género.
18.Lituania tiene una de las tasas más elevadas de participación de las mujeres en el mercado laboral y una de las brechas laborales más bajas de la Unión Europea. No obstante, sigue existiendo una brecha salarial entre hombres y mujeres. En 2021, alcanzó el 12 %. El Plan Nacional de Progreso establece un objetivo ambicioso: alcanzar el 10 % en 2030. En 2021 la tasa de empleo de las mujeres fue del 77 %. Lituania ha aplicado la legislación introduciendo medidas de transparencia salarial y modalidades flexibles de organización de la jornada laboral con el objetivo de que haya más igualdad en el mercado laboral. En el Portal de Estadísticas Oficiales se puede consultar información detallada sobre el empleo y el desempleo desglosada por sexos. El Servicio de Empleo ofrece diferentes medidas a las personas en situación delicada, como programas de empleo subvencionado y apoyo para la adquisición de competencias laborales, formación profesional, contratos de aprendizaje, reconocimiento de competencias y prácticas, apoyo a la movilidad y también servicios de rehabilitación profesional. Las mujeres han participado activamente en la puesta en marcha de sus propios negocios (véase el apéndice núm. 8). Las empresas con más de 50 empleados tienen que hacer públicas sus políticas de igualdad. Todo empleador que tenga más de 20 empleados debe, si así lo solicita el comité de empresa, proporcionar datos sobre la remuneración media de los empleados desglosados por grupos ocupacionales y sexo.
19.Si bien Lituania aún está reforzando las políticas de igualdad de género, todavía no se ha realizado una evaluación exhaustiva de los efectos de las medidas en la disminución de la brecha salarial entre hombres y mujeres en la práctica.
Derecho al trabajo
20.En 2020, el Centro Lituano de Investigación Social llevó a cabo un análisis de los principales indicadores del mercado laboral y evaluó positivamente los resultados del Programa de Fomento del Empleo 2014-2020. El crecimiento relativamente rápido y constante del empleo ha ido acompañado de otras evoluciones positivas, como el descenso del desempleo de larga duración y el aumento de la edad media de salida del mercado laboral. Las inversiones para mejorar la situación individual de las personas que han perdido su empleo han contribuido a mejorar las tasas de empleo y desempleo. En el Portal de Estadísticas Oficiales se puede consultar información detallada sobre las tasas de empleo y desempleo.
21.Las principales dificultades para mejorar el empleo juvenil son la falta o insuficiencia de competencias profesionales, la inadecuación de las competencias adquiridas a las necesidades del mercado laboral, la falta de experiencia práctica y de aptitudes para la búsqueda de empleo y la inadecuación entre la calidad de los empleos y las altas expectativas de los jóvenes. Las medidas de apoyo al empleo permitieron a los jóvenes que buscaban empleo adquirir o mejorar sus competencias y obtener apoyo para el empleo o el autoempleo. Se ha revisado y reformado sistemáticamente la legislación que regula la formación profesional con miras a proveer a la economía de recursos laborales adecuados. Lituania aplica la Iniciativa de Garantías para la Juventud, a la que pueden acogerse todos los jóvenes de entre 15 y 29 años que no trabajen ni estudien, independientemente de si están o no inscritos en el Servicio de Empleo. En toda Lituania, hay 45 Centros de Trabajo para Jóvenes, establecidos en los departamentos de atención al cliente del Servicio de Empleo. En 2020, los Centros de Trabajo para Jóvenes prestaron servicios de información y asesoramiento a 60.884 jóvenes. Esta cifra aumentó un 64 % en 2021, año en que se atendió a 99.908 jóvenes. También se prestan servicios de orientación profesional personalizados en 11 Centros Regionales de Orientación Profesional. En 2021, el Servicio de Empleo inició una investigación sobre los factores que promueven y restringen el empleo de las personas con discapacidad en el mercado laboral lituano. El principal factor que dificulta el empleo de las personas con discapacidad es su cualificación y la falta de ofertas de trabajo adecuadas en su lugar de residencia. Se ha fijado el objetivo de mejorar la tasa de empleo de las personas con discapacidad aumentando sus oportunidades de readiestramiento e invirtiendo en la adaptación de los puestos de trabajo. Con el propósito de fomentar la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral y satisfacer sus necesidades, el Servicio de Empleo ha introducido en sus servicios el principio de gestión de casos y ha aprobado una metodología de trabajo para las personas encargadas de esa gestión. El Servicio de Empleo ofrece actualmente una amplia gama de servicios y prestaciones para las personas con discapacidad, como, entre otros, la asistencia en el lugar de trabajo y la adaptación del lugar de trabajo y el entorno laboral. La prestación de servicios complejos ha permitido aumentar el empleo de las personas con discapacidad en un 34,6 %. El número de personas con discapacidad en situación de desempleo e inscritas en el Servicio de Empleo disminuyó un 36,5 %.
22.Se introdujeron las modificaciones jurídicas necesarias a fin de regular los requisitos exigidos para recibir subvenciones estatales para cubrir los salarios de los empleados en caso de cese de la actividad, así como prestaciones para los autónomos. El Servicio de Empleo reembolsó a los empleadores los gastos en que habían incurrido mediante subvenciones. Esto contribuyó a salvar puestos de trabajo y a brindar apoyo a la población (véase el apéndice núm. 9).
Derecho a condiciones equitativas y satisfactoriasde trabajo
23.En 2022, el salario mínimo mensual aumentó a 730 euros, es decir, casi un 14 %. Los ingresos de las personas que cobran el salario mínimo mensual se incrementaron en 62,5 euros al mes. Este incremento afectará a unos 127.000 trabajadores que cobran el salario mínimo o menos. Se trata de una de las subidas más importantes de la última década y de toda la historia del país. En 2021 los ingresos brutos mensuales medios ascendieron a 1.568 euros (995,3 euros netos). La relación entre el salario mínimo mensual neto y los ingresos medios mensuales netos fue de 0,47 (véase el apéndice núm. 10).
24.Tras la entrada en vigor del Código del Trabajo en 2017, la Inspección General del Trabajo se encarga del seguimiento de las disposiciones de esta norma. Los resultados de ese seguimiento se presentan anualmente al Gobierno y al Parlamento. En el período 2020-2021, Lituania ha velado por el cumplimiento efectivo de su legislación laboral aplicando medidas preventivas y de control, así como a través de la introducción de las modificaciones pertinentes (véase el apéndice núm. 11). El seguimiento de las actividades de las comisiones de controversias laborales ha demostrado que este mecanismo de solución de controversias es eficaz, sencillo y eficiente desde el punto de vista de los costos. Buena parte de las solicitudes prosperan total o parcialmente. Solo un pequeño número de decisiones están sujetas a revisión judicial. Lituania tiene previsto mejorar y agilizar en 2022 las actividades de las comisiones de controversias laborales, ofreciendo la posibilidad de que las partes y los testigos participen en la resolución de estas controversias a distancia, no solo durante el estado de emergencia o las cuarentenas.
25.Las personas migrantes únicamente pueden trabajar si llegan a Lituania de forma legal y hay empleadores en el país que estén dispuestos a contratarlas (es decir, la contratación se hace por iniciativa de los empleadores). Las personas que reciben asilo en Lituania pueden acogerse a medidas de reciclaje profesional y fomento del empleo. Lituania está lidiando con los complejos problemas de integración de los migrantes provocados por el ataque híbrido sin precedentes que Belarús lanzó contra Lituania y la Unión Europea utilizando la migración como arma. Falta información sobre las competencias, conocimientos y oportunidades de los migrantes para integrarse en el mercado laboral lituano. Hay que hacer frente tanto a barreras lingüísticas como problemas relacionados con las competencias. Ya se han puesto en marcha las reformas necesarias, que incluyen el aumento de las competencias de los municipios y la potenciación de su papel en el proceso de integración, campañas de comunicación y la formación de los proveedores de servicios públicos. Se está elaborando un nuevo documento estratégico que se centra en la integración de los extranjeros.
26.En 2021, se modificó la Ley de Empleo para establecer la responsabilidad no solo en el caso de las relaciones de subcontratación, sino también en el caso de otras relaciones civiles en el marco de un contrato de prestación de servicios o de ejecución de obras. En Lituania, los contratistas suelen estar vinculados a las obras de construcción y el concepto de contratista está regulado por la Ley de la Construcción. Si los trabajadores desplazados están empleados en otros sectores económicos, no hay motivos jurídicos para imponer la responsabilidad a la empresa usuaria. No obstante, la obligación de comprobar la legalidad del empleo de los nacionales de terceros países debe aplicarse a todas las empresas usuarias, independientemente de su actividad comercial. Con las modificaciones introducidas en 2021 en el Código de Infracciones Administrativas se ha reforzado la responsabilidad administrativa por las infracciones reiteradas de la legislación laboral y la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, los incumplimientos del procedimiento de cálculo y pago de salarios (aumento del umbral mínimo) y de contabilización del tiempo de trabajo (aumento de las cuantías mínimas de las multas) y las vulneraciones de las condiciones de trabajo de los trabajadores desplazados (aumento de las multas desproporcionadamente bajas). Con las modificaciones del Código del Trabajo, desde 2022 los salarios y otras prestaciones relacionadas con el empleo, así como las dietas y el reembolso de los gastos por misión, deben pagarse mediante transferencia a la cuenta bancaria designada por el empleado, excepto en el caso de la gente de mar, a la que se aplica el procedimiento de pago de salarios establecido por la Ley de la Marina Mercante de la República de Lituania. Con esta reforma se refuerza el derecho de los empleados a una retribución transparente y justa por su trabajo, se reduce el trabajo no declarado y se facilita la provisión de pruebas a las comisiones de controversias laborales adscritas a la Inspección General del Trabajo. En 2021, se aprobó una modificación del Reglamento sobre el Acondicionamiento de los Lugares de Trabajo en las Obras de Construcción que aclara los derechos y las responsabilidades de los coordinadores en materia de seguridad y salud.
27.La aplicación de las medidas del Plan de Acción Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021 mejoró el marco jurídico y la aplicación de la normativa en las empresas, en particular en las microempresas y pequeñas empresas, sobre todo al reforzar sus capacidades para aplicar medidas eficaces de prevención de riesgos laborales. En el período 2018-2019 se elaboró y se publicó un conjunto de medidas metodológicas de prevención de riesgos laborales (véase el apéndice núm. 12).
28.Los retos que ha planteado la pandemia de COVID-19 pusieron de manifiesto la necesidad de mejorar el entorno psicosocial en el trabajo. En respuesta a las persistentes tensiones psicosociales (especialmente en las instituciones médicas y educativas públicas), la Inspección General del Trabajo creó una Dependencia de Prevención de la Violencia Psicológica, que controlará a las empresas, instituciones y organizaciones en lo relativo a la eliminación de los factores de riesgo psicosocial y registrará e investigará las quejas sobre violencia psicológica en el trabajo. También preocupa el aumento del número de accidentes laborales en 2021. En respuesta al creciente número de infracciones, no solo en el ámbito de la seguridad laboral, sino también en el de la legislación laboral (especialmente en los sectores de la construcción y del transporte por carretera), las constantes controversias laborales por el pago de deudas a los empleados (más del 80 % de los casos presentados a las Comisiones de Controversias Laborales se refieren al impago de salarios), la Inspección General del Trabajo aumentó las exigencias y endureció las sanciones (véase el apéndice núm. 13).
29.Los empresarios están obligados a diseñar su sistema de retribución de manera que se evite cualquier discriminación por razón del sexo u otros motivos: igual salario por trabajo igual o de igual valor. Con el fin de garantizar el principio de igual salario por trabajo de igual valor en todos los sectores de la economía, todo empleador que tenga más de 20 empleados deberá dar a conocer la desviación tipo media, el 25 % y el 75 % de los ingresos estimados a partir de los cuales deben calcularse las cotizaciones a la seguridad social. La brecha salarial entre hombres y mujeres se está reduciendo en Lituania, pero sigue siendo considerable. Se han puesto en marcha medidas para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, como, en 2021, la reforma de la Ley del Seguro Social del Estado, que permite a la Caja de la Seguridad Social publicar los ingresos de las empresas diferenciados por género. La modificación del Código del Trabajo relativa a la licencia parental no transferible establece que cada progenitor (o padre o madre adoptivos o tutores) que se tome una licencia parental hasta que el niño cumpla 2 años tendrá derecho, en primer lugar, a una parte no transferible de esta, que tendrá dos meses de duración.
30.El nuevo Código del Trabajo ha aumentado las competencias de la inspección del trabajo en materia de discriminación salarial. Dado que prohíbe expresamente la discriminación por diversos motivos, ahora la Inspección General del Trabajo está obligada a considerar que si se vulneran los derechos de igualdad se están violando los derechos laborales, y debe actuar en consecuencia. Durante el período de referencia, no se han introducido disposiciones en el Código del Trabajo en relación con el acoso sexual y moral. Los empleadores, tanto del sector privado como del público, tienen la obligación de aplicar los principios de igualdad de género y no discriminación en todos los ámbitos del empleo. Ello implica, entre otras obligaciones, que deben velar por que ningún empleado reciba instrucciones de discriminar, acosar o acosar sexualmente.
31.Lituania ha realizado importantes esfuerzos para luchar contra la trata de personas, como demuestra la aprobación de un Plan de Acción contra la Trata de Seres Humanos para los períodos 2017-2019 y 2020-2022, que prevé medidas de vigilancia, prevención y enjuiciamiento y de protección de las víctimas, centrándose en la cooperación entre las partes interesadas en diferentes ámbitos. En 2021, la Inspección General del Trabajo organizó 281 actos de consulta y educación acerca de los perjuicios del trabajo ilegal, en su mayoría dirigidos a los jóvenes, en los que participaron más de 5.600 personas. A escala nacional, desempeña un papel fundamental la concienciación, tanto de los empleadores locales como de los empleados, sobre los riesgos y las consecuencias de la trata de personas. Los servicios públicos de empleo, las inspecciones del trabajo, las ONG y otras organizaciones contribuyen al empoderamiento de las personas vulnerables y a la reducción de los factores de riesgo. Todo el mundo puede denunciar posibles casos de trabajo forzoso en la línea telefónica de ayuda, que funciona las 24 horas. En Internet se puede consultar información básica sobre las relaciones laborales en inglés, ruso y ucraniano. La Asociación Nacional contra la Trata de Personas y la Inspección General del Trabajo firmaron un acuerdo de cooperación para reforzar la prevención de la trata con fines de trabajo forzoso y de la esclavitud moderna y brindar asistencia a las víctimas.
32.En 2021, la Inspección identificó a 483 nacionales de terceros países empleados ilegalmente (véase el apéndice núm. 14). Según los datos de la Asociación Nacional contra la Trata de Personas, en 2021 se prestó asistencia a 121 víctimas de trabajo forzoso.
Derechos sindicales
33.La Ley de Sindicatos prohíbe a los organismos estatales, los empleadores y sus representantes autorizados, los órganos de administración de las empresas, los establecimientos, las organizaciones, la administración, los funcionarios, los partidos políticos y otras organizaciones injerir en los asuntos internos de los sindicatos. Las personas que interfieran en las actividades legítimas de los sindicatos serán responsables ante la ley. No se pueden interrumpir o suspender las actividades de los sindicatos por la vía administrativa. Los sindicatos y sus inspecciones pueden remitir a la división territorial de la Inspección General del Trabajo información relativa a posibles incumplimientos de la legislación laboral, de otros actos jurídicos normativos y de las disposiciones normativas de los convenios colectivos. Los sindicatos tienen derecho a exigir que el empleador anule sus decisiones si estas vulneran los derechos laborales, económicos y sociales de sus afiliados consagrados en la legislación, y el empleador debe tomar en consideración esas demandas. Si este no toma oportunamente en consideración la demanda del sindicato de anular la decisión o se niega a satisfacerla, el sindicato tiene derecho a recurrir a los tribunales. Un empleador no puede por propia iniciativa despedir a un empleado que haya sido elegido para formar parte de un órgano de representación o de gobierno de un sindicato en una empresa, establecimiento u organización durante el período para el que fue elegido sin el consentimiento previo de ese órgano. Los representantes de los trabajadores no pueden ser despedidos por iniciativa o voluntad del empleador durante el período para el que son elegidos ni durante los seis meses siguientes a ese período. No podrán empeorarse las condiciones básicas de su contrato laboral con respecto al anterior, sin que lo apruebe la dirección de la división territorial de la Inspección General del Trabajo responsable del territorio donde se encuentra el lugar de trabajo, con la autorización del Jefe de la Inspección. Los empleados o representantes tienen derecho a presentar su opinión por iniciativa propia o a petición del jefe de la dirección de la división territorial de la Inspección General del Trabajo. No se podrá rescindir el contrato de una persona que ejerza las funciones de representante de los empleados hasta que se haya resuelto la controversia laboral (véase el apéndice núm. 15).
34.No consta información sobre casos en los que el derecho de huelga no haya sido garantizado en la práctica ni sobre casos en que sindicalistas y dirigentes sindicales hayan sido despedidos o hayan visto suspendidos sus contratos de corta duración o de duración determinada tras haber organizado actividades sindicales o haber participado en ellas.
35.Durante la evaluación del Modelo de Cooperación entre Sindicatos y Empleadores para el Desarrollo del Diálogo Social 2017-2020 se valoraron sus actividades y resultados. A pesar de que las actividades del proyecto tuvieron repercusiones limitadas, se observó cierta mejora en la autoevaluación de los participantes sobre los conocimientos y competencias necesarios para participar en el diálogo social, en comparación con los de las personas que no habían participado.
Derecho a la seguridad social
36.Desde 2017, el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo calcula cada año la cuantía de la cesta de necesidades mínimas de consumo. La cesta se compone de dos partes, una alimentaria y otra no alimentaria, y se calcula para una persona y para el resto de los miembros de la familia (la primera persona recibe el 100 % de la cesta, la segunda el 80 % y la tercera y siguientes el 70 %). La cuantía de la cesta indica cuál es la cuantía mínima que necesita una persona (o familia) para satisfacer sus necesidades básicas tanto alimentarias como no alimentarias. Otras prestaciones y sus cuantías básicas están vinculadas a ella. Desde 2019 se revalorizan las cuantías básicas de las prestaciones sociales. Para ello, se toma como referencia la cuantía de la cesta de necesidades mínimas de consumo del año anterior. La Ley sobre la Determinación de los Indicadores de Referencia para las Prestaciones de Asistencia Social y las Cuantías Básicas obliga a calcular anualmente la cuantía de la cesta de necesidades mínimas de consumo y a aplicarla a las cuantías de la prestación social básica, la pensión de asistencia social básica, los subsidios especiales básicos y el ingreso garantizado por el Estado. La prestación social básica no podrá ser inferior al 16 % de la cesta de necesidades mínimas de consumo del año anterior, la pensión de asistencia social básica no podrá ser inferior al 56 % (hasta 2020 era el 54 %), los subsidios especiales básicos no podrán ser inferiores al 47 % y el ingreso garantizado por el Estado no podrá ser inferior al 50 % (véase el apéndice núm. 16). Desde 2019 también se utiliza esta referencia para calcular las bonificaciones de las pensiones más bajas. Esta bonificación se concede a personas que tienen derecho a una pensión de vejez del seguro social o a una pensión por discapacidad. En 2019 su cuantía máxima era del 95 % de la cuantía de la cesta de necesidades mínimas de consumo correspondiente al año en curso, pero en 2020 se aumentó al 100 % de esa cuantía. Esto significa que las personas que perciban una pensión de vejez del seguro social o una pensión por discapacidad que sea inferior a la cuantía de la cesta de necesidades mínimas de consumo recibirán una bonificación para equipararla a la cuantía de la cesta. En 2018 se modificaron las fórmulas para calcular las cuantías de las pensiones del seguro social. Todas las pensiones se han recalculado mediante puntos de referencia, que deben revalorizarse automáticamente cada año sobre la base de un coeficiente de revalorización. Un punto de referencia equivale a 12 salarios mensuales medios percibidos durante el período anterior a la jubilación y existe un límite de cinco puntos de referencia (60 salarios mensuales medios) al año. El coeficiente de revalorización se calcula a partir de la variación media de la masa salarial total durante los tres años anteriores, el año en curso y los tres siguientes. También se utiliza para calcular la revalorización de la parte que corresponde a la pensión básica. En el cuadro se presenta la cuantía de la pensión básica mensual correspondiente al período 2018-2022 (es la cuantía aprobada por el Estado, que se utiliza principalmente para el cálculo de las prestaciones del seguro social, como la pensión de vejez o el subsidio de rehabilitación profesional), así como los puntos de referencia y el coeficiente de revalorización (véase el apéndice 17). Desde 2021, determinados grupos de beneficiarios de pensiones o prestaciones tienen derecho a una prestación unipersonal si cumplen los requisitos para acceder a las pensiones del seguro social del Estado, a la pensión social o a las bonificaciones para las pensiones más bajas. En 2021 la cuantía de la prestación fue de 28,63 euros y en 2022 de 32 euros. Debido a la pandemia de COVID-19, se han adoptado diversas medidas y se han revisado algunas prestaciones (véase el apéndice núm. 18).
37.En Lituania, las personas que trabajan por cuenta propia no están cubiertas por el seguro social en lo relativo a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Cotizan al seguro social de pensiones y al seguro social de enfermedad y hacen aportaciones al seguro de salud obligatorio, que es una alternativa al seguro social en lo que respecta a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Estos seguros pueden ser una alternativa para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Son obligatorios para todas las personas que trabajan por cuenta propia, a excepción de las que tienen certificados empresariales, que no cotizan al seguro social de enfermedad.
38.Una de las principales prioridades del Gobierno es revisar la Ley del Seguro Social de Desempleo en 2022. Se está estudiando la posibilidad de prolongar la duración del pago de la prestación, reduciendo los requisitos de antigüedad, así como de incluir a todos los grupos de personas que trabajan por cuenta propia en el sistema del seguro social de desempleo y de fijar las cotizaciones al seguro social de desempleo en el nivel adecuado. Se han iniciado negociaciones con aseguradoras comerciales sobre la posibilidad de que ofrezcan un seguro de accidentes a los trabajadores de plataformas, como, por ejemplo, mensajeros o proveedores de servicios de transporte. De conformidad con la legislación actual, las plataformas no pueden asegurar contra accidentes a sus empleados de forma directa. El Gobierno tiene previsto reducir la carga administrativa de las instituciones de administración fiscal pequeñas y medianas, lo que podría lograrse mediante la simplificación de los procedimientos fiscales y la automatización de la recaudación de impuestos.
Protección de la familia y la infancia
39.Lituania tiene una política de licencias parentales bastante generosa. El padre y la madre son libres de decidir quién cuidará del hijo, pero en la mayoría de los casos, es la madre quien se ocupa de él. Aunque está aumentando el número de hombres que se toman la licencia parental, por lo general la abandonan en su segundo año y vuelven a trabajar. En 2020, el 40 % de los beneficiarios de la prestación por cuidado de hijos en el segundo año después del nacimiento eran hombres y casi el 90 %, es decir, 7.500, trabajaban mientras las madres cuidaban de los hijos en ese momento (véase el apéndice núm. 19). Con el objetivo de lograr un reparto más equitativo de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo presentó al Parlamento para su aprobación una serie de enmiendas a la Ley sobre el Seguro Social de Enfermedad y Maternidad, que introducen la intransferibilidad de una parte de la licencia parental: dos meses para la madre (suegra) y dos para el padre (padre adoptivo) o los tutores.
40.La aplicación de las medidas contenidas en el Plan de Acción para la Transición de las Instituciones de Acogida al Acogimiento Familiar y de Base Comunitaria para los Niños Privados del Cuidado Parental contribuyó al aumento del número de tutores de guardia. A finales de 2021, había 66 centros de acogimiento y 26 equipos móviles, y 237 tutores se ocupaban de 272 niños. En 2019 disminuyó el número de niños en instituciones de acogida, que pasó de 1958 a 972. En 2020, el número de niños en instituciones de acogida se redujo al 14,1 %. A finales de 2021, estaban vigentes 219 acuerdos de cooperación y prestación de servicios celebrados entre los centros de atención y los tutores, frente a los 204 contratos de 2020 y los 201 de 2019. Se concluyeron acuerdos de cooperación y prestación de servicios con tutores de guardia, que se ocuparon de 431 niños privados de cuidado parental. El 90 % de los niños privados de cuidado parental fueron atendidos en entornos comunitarios y solo el 10 % de ellos siguen institucionalizados.
Derecho a un nivel de vida adecuado
41.Alrededor del 15,6 % de las personas o familias llevan más de 5 años esperando poder arrendar una vivienda social, y el período medio es de 7,7 años. Para armonizar el proceso, se introducen plazos de espera específicos: hasta 5 años a partir de 2024 y hasta 3 años a partir de 2026. Los ayuntamientos deben tomar medidas y velar por que el período de espera se reduzca de acuerdo con los nuevos requisitos al desarrollar el fondo de vivienda social. Los municipios proporcionan información sobre las estadísticas relativas al apoyo a la vivienda. Las personas con bajos ingresos también tienen la oportunidad de recibir una compensación que cubra una parte de los gastos de arrendamiento habitual de una vivienda adecuada. Se proporciona una vivienda social, sin respetar el orden de prioridad, a las personas que han quedado privadas de cuidados parentales, como, por ejemplo, personas con discapacidad que hayan abandonado un hogar de asistencia social, de vida en grupo o de vida independiente, si no tienen otra vivienda en Lituania.
42.Las personas y familias romaníes han abandonado el Campamento Romaní de Vilna (Kirtimai) y sus condiciones de vida están mejorando gradualmente. La empresa municipal de vivienda de Vilna arrendó viviendas a 26 familias romaníes, y a 23 familias se les reembolsó parcialmente el alquiler en el período 2016-2021. Regularmente se aceptan solicitudes de romaníes para que se los incluya en la lista de personas y familias con derecho a ayudas a la vivienda y para recibir un reembolso parcial del alquiler. En 2020, 31 familias romaníes (compuestas por 59 personas) recibieron el reembolso del alquiler por un importe de 52.194,41 euros. En 2021, 6 personas romaníes recibieron un reembolso parcial por valor de 13.952,50 euros.
43.El marco jurídico para los desalojos es el Código Civil de la República de Lituania. Según la decisión del tribunal, solo se debe desalojar a las personas especificadas en la orden de ejecución, junto con sus bienes. Se notificará al deudor el momento del desalojo por correo certificado con una antelación de al menos cinco días laborables. Si se desaloja a menores sin que se les proporcione otra vivienda, el agente judicial comunicará por escrito a la institución estatal de protección de los derechos de la infancia el momento y el lugar del desalojo mediante el envío de una notificación, a más tardar treinta días antes de la fecha de este. Por lo general, el desalojo se lleva a cabo en presencia de la persona desalojada. En caso de que la persona desalojada se oculte o no atienda a la petición del agente judicial de abandonar la vivienda, este procederá a desalojarla por la fuerza, en presencia de un representante de la policía y del custodio. El agente judicial redactará un protocolo de desalojo en la forma especificada en las instrucciones para la ejecución de las órdenes de desalojo forzoso.
44.La política social en Lituania ha pasado de estar fragmentada a ser más sostenible e inclusiva y a estar mejor orientada a las necesidades individuales. En 2019, la tasa de pobreza absoluta se situó en el 7,7 %. En comparación con 2018, se redujo en 3,4 puntos porcentuales, a lo largo de tres años, en 8,1 puntos porcentuales. La lista actualizada de indicadores sociales figura en el apéndice núm. 20.
45.Las pensiones de vejez se revalorizaron vinculándolas a las variaciones salariales en la economía. Se reformó el sistema de prestaciones por desempleo, ampliando la cobertura y prolongando la duración de la ayuda. Se estableció un nivel de necesidades mínimas de consumo, variable anualmente, que está vinculado a los indicadores sociales básicos. Se introdujo un régimen de asignaciones universales por hijo a cargo, que permite a las personas con bajos ingresos beneficiarse plenamente del apoyo a la infancia. Gracias a estas reformas, mejoró la adecuación de las principales prestaciones en efectivo, especialmente para las familias, al tiempo que se reforzaron los incentivos al trabajo y se flexibilizó el mercado laboral. En 2021, la asignación por niño aumentó de 60 a 70 euros. Los niños con discapacidad, así como los pertenecientes a familias numerosas o con bajos ingresos, recibieron una prima de 41 euros, por lo que para estos grupos la asignación alcanzó los 111 euros mensuales. Las pensiones del seguro social crecieron un 9,58 %. No solo aumentaron en este porcentaje las pensiones de jubilación, sino también las de jubilación anticipada, de pérdida de capacidad laboral (discapacidad) y de viudedad y orfandad. La agenda social del Gobierno sigue abordando reformas políticas para poner remedio a la pobreza y aumentar el bienestar social y la inclusión de los ciudadanos. Entre los cambios que se produjeron en 2022 en el ámbito laboral y de la seguridad social, cabe destacar la subida de las pensiones de vejez, de pérdida de capacidad laboral y de viudedad y orfandad, así como de las ayudas especiales para personas con discapacidad; el incremento en el número de personas que recibirán una prestación unipersonal; y la importante subida del salario mínimo, de los salarios de los empleados peor remunerados de las instituciones financiadas con el presupuesto del Estado y del nivel salarial básico.
46.El Ministerio de Seguridad Social y Trabajo ha preparado cinco estrategias a largo plazo (2021-2030) para reducir la desigualdad en los ingresos y la exclusión social, lograr un mercado laboral inclusivo, desarrollar la política familiar y adaptar el entorno a las personas con discapacidad. Durante la elaboración de estas estrategias, se analizó exhaustivamente la evaluación del marco existente y el desarrollo de nuevas políticas.
Derecho a la salud física y mental
47.Lituania ha revisado el Modelo de Prestación de Servicios Sanitarios Adecuados para los Jóvenes y ha desarrollado procedimientos que permiten reforzar los conocimientos y las habilidades de los jóvenes para abordar los problemas de salud sexual. En 2020, el Ministro de Salud aprobó la lista de productos médicos reembolsables, en la que figuran los anticonceptivos. Estos pueden recetarse a mujeres jóvenes de entre 18 y 20 años. El Ministerio de Salud está llevando a cabo la fase final de la reforma de la legislación relativa al uso de anticonceptivos por parte de muchachas sexualmente activas de entre 15 y 17 años, teniendo en cuenta los aspectos éticos, jurídicos y sociales de los diferentes grupos de nuestra sociedad.
48.En el ámbito de la atención de la salud mental, se llevó a cabo una reforma legislativa dirigida, en primer lugar y sobre todo, a proteger los derechos de los pacientes hospitalizados contra su voluntad. Se siguen desarrollando las mejores prácticas para aplicar la ley recién aprobada y todavía hay margen de mejora. Para ello, Lituania se ha unido a la iniciativa mundial Calidad y Derechos (QualityRights), dirigida a mejorar la calidad de la atención y las condiciones en materia de derechos humanos. En estrecha colaboración con expertos de la Organización Mundial de la Salud, comenzó a adaptar y aplicar el paquete de materiales de formación y orientación utilizados para garantizar los derechos humanos y aplicar un enfoque basado en la recuperación, que esté en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras normas internacionales de derechos humanos. Reconoce la importancia de evitar medidas que vayan en contra de la voluntad del paciente, en primer lugar reduciendo la necesidad de su uso. Para fomentarlo, se hacen esfuerzos para que haya más alternativas a la hospitalización forzosa y la contención física, así como para ofrecer servicios especializados y de gestión de casos para personas con enfermedades mentales graves, tanto en el sector de la salud como en el social.
49.Ya se ha empezado a preparar la reforma del sistema de atención de la salud mental, que se llevará a cabo durante el período 2023-2030. Se presta especial atención al desarrollo de servicios de salud mental de base comunitaria; servicios hospitalarios ambulatorios y equipos de tratamiento asertivo comunitario. Se prevé reducir el número de camas de hospitalización, convirtiéndolas en modernos servicios ambulatorios.
50.En el ámbito de la formulación de políticas, se ha hablado cada vez más sobre cuestiones relativas a la reducción de daños. El enfoque de Lituania en materia de política de drogas se recoge en el Programa Estatal de Regulación del Control y la Prevención del Consumo de Drogas, Tabaco y Alcohol 2018-2028. En 2021, Lituania aprobó un Plan de Acción para el período 2021-2024 con el fin de mejorar la disponibilidad y la calidad del tratamiento de las adicciones y la reducción de daños. Mediante este Plan se pretende conseguir que las personas con adicciones reciban oportunamente el tratamiento y la atención que necesitan. Se han adoptado las medidas necesarias para que los servicios y las iniciativas en materia de drogodependencia en las prisiones sean equivalentes a los que se prestan fuera de ellas. En 2018, el Director del Departamento de Prisiones emitió la Descripción del Procedimiento para Garantizar la Continuidad del Tratamiento de Sustitución para la Dependencia de los Opioides en los Lugares de Privación de Libertad, en virtud de la cual solo se podía acceder al tratamiento de sustitución con opioides si este se iniciaba fuera de la prisión. En 2021, se modificó la Descripción del Procedimiento para que los reclusos que cumplen condena puedan iniciar ese tratamiento en las prisiones. Está previsto emplear a enfermeros y trabajadores sociales que puedan ocuparse no solo de la distribución de metadona u otros sustitutos, sino también de brindar asistencia social y psicológica a los adictos. En 2021, se aprobó legislación que permite entregar kits de naloxona a los adictos a los opioides cuando salen de prisión, a fin de reducir el riesgo de muerte por sobredosis de opioides tras la puesta en libertad. En los últimos años, la prestación de asistencia sanitaria personal a los reclusos se ha ido integrando cada vez más en el sistema sanitario general. Tras las modificaciones a la Ley sobre el Seguro de Salud, los presos que cumplen los requisitos están cubiertos por el seguro de salud público obligatorio, lo que ha mejorado el acceso al tratamiento de enfermedades transmisibles, como el sida, la hepatitis C y la tuberculosis.
51.En Lituania, el número de jeringuillas que se distribuyen anualmente por cada persona que se inyecta drogas sigue siendo bajo, y la calidad de los servicios existentes es deficiente. Según el informe The Global State of Harm Reduction 2020, en Lituania el tratamiento con agonistas de opioides tiene una cobertura superior al 20 % de las personas que lo necesitan. El Gobierno de Lituania financia íntegramente estos tratamientos. En los centros de reducción de riesgos del país se puede acceder a pruebas rápidas del VIH, realizadas por personal médico o con la ayuda de trabajadores sociales. En la práctica, es necesario ampliar la cobertura del tratamiento de sustitución en todo el país. Según el Centro de Enfermedades Transmisibles y Sida, en 2020 había 13 unidades de acceso fácil, entre ellas dos puntos móviles de intercambio de agujas y jeringuillas, que funcionaban en 11 ciudades de Lituania (véase el apéndice núm. 21). En 2020, aproximadamente el 16 % de los consumidores de opioides de alto riesgo tenía acceso al tratamiento. La cobertura es extremadamente baja. En Lituania no se dispone de suficientes programas de tratamiento de sustitución.
52.En 2021, el Parlamento presentó modificaciones legislativas para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas sin intención de distribuirlas, convirtiéndola en una infracción contemplada en el Código de Infracciones Administrativas en lugar de en el Código Penal. No hubo suficientes votos para aprobar la ley, pero sigue en la agenda del Parlamento.
53.En 2020, el Gobierno de Lituania aprobó un plan de gestión de la COVID-19 de dos años de duración. El plan prevé pruebas selectivas, reformas en la atención de la salud y la producción nacional de equipos de protección personal. A finales de mayo de 2021, el Gobierno implantó el certificado COVID nacional (Galimybių Pasas). Desempeñó un papel importante en el control de la propagación de la pandemia de COVID-19, pero ha perdido su eficacia con la nueva variante ómicron, por lo que se suspendió su uso en febrero de 2022. El Gobierno estableció que todas las instituciones de atención médica personal autorizadas (independientemente del régimen de propiedad) están obligadas a tener existencias de equipos de protección personal. Estas disposiciones jurídicas tienen por objeto garantizar que el personal sanitario disponga de equipos de protección personal en situaciones de emergencia. Desde principios de 2020, Lituania, al igual que muchos países, sufrió una escasez de equipos de protección personal, necesarios para el personal sanitario que luchaba contra la pandemia de COVID-19. Los profesionales médicos han instado al Gobierno a que tome medidas para movilizar y distribuir un adecuado suministro de equipos de protección. El Gobierno ha hecho especial hincapié en la producción de equipos de protección personal en el mercado nacional y en la creación de un mecanismo de concesión de licencias para ello. El Ministerio de Salud de la República de Lituania estableció un mecanismo para examinar las necesidades de equipos de protección personal y distribuirlos en función de las necesidades identificadas por las instituciones sanitarias, así como las principales prioridades en la provisión de estos equipos a los profesionales sanitarios. Las pruebas se realizan con cargo al presupuesto del Estado. El Laboratorio Nacional de Salud Pública se encarga de proporcionar las instalaciones necesarias para la detección de la COVID-19 y las pruebas serológicas para satisfacer las necesidades del Estado. El Laboratorio evalúa periódicamente la necesidad de adquirir el equipo necesario para las pruebas de la COVID-19 y las pruebas serológicas e informa al Ministerio de Salud, garantizando la realización continua de pruebas específicas y preventivas. Como resultado del constante desarrollo de los centros de vacunación, se ha exigido a todas las instituciones médicas públicas y privadas que prestan servicios de medicina familiar que garanticen la vacunación de la población contra la COVID-19. En el sistema nacional de salud de Lituania hay 415 instituciones médicas públicas y privadas que prestan servicios de medicina familiar. De ellas, más de 350 ya están vacunando contra la COVID-19, y el número crece constantemente. La Sodra (Junta de la Caja Estatal de Seguridad Social) y el Fondo Territorial del Seguro Médico tienen la obligación de sufragar, con cargo al presupuesto de la Sodra, los costos de la asistencia recibida en las instituciones de atención médica personal de los pacientes que no tienen derecho a la atención médica garantizada por el Estado y se sospecha que pueden padecer o se les ha diagnosticado COVID-19. Se sufragan los costos indicados en las facturas emitidas por las instituciones de atención médica personal por los servicios prestados. También pueden acceder a estos servicios los pacientes que no tienen derecho a tratamiento gratuito. Las vacunas y los equipos de protección personal se adquieren con cargo al presupuesto del Estado.
54.La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el sistema de salud y en la sociedad en su conjunto. También fue una gran oportunidad para promover cambios necesarios en el ámbito de la atención de la salud mental. Se procuró en particular dar prioridad a los grupos más vulnerables. Durante los confinamientos, las personas corrían un mayor riesgo de sufrir violencia y explotación. Para ayudarlas, se duplicó la financiación de seis líneas telefónicas de apoyo emocional, a disposición de niños, jóvenes, padres y personas de edad. Se brindó la posibilidad de denunciar comportamientos violentos mediante una función de chat. Se han hecho considerables esfuerzos para que haya una mayor disponibilidad de servicios psicológicos. En todos los municipios se iniciaron consultas psicológicas de fácil acceso, con carácter gratuito, y programas de promoción de la salud mental. El Gobierno aportó la financiación necesaria para aumentar en un 60 % el número de psicólogos clínicos en los centros de atención primaria de la salud mental. Se creó un centro de llamadas nacional y equipos psicológicos móviles para comunidades en crisis, que están funcionando en todo el país.
55.El Departamento de Estadística de Lituania (Estadísticas Lituania) desempeña un papel fundamental en la gestión de los datos operativos sobre la pandemia de la COVID-19, que son esenciales para el control y el seguimiento de la pandemia y la toma de decisiones relacionadas con ella. Estadísticas Lituania desarrolló el Modelo de Gestión de Datos Operativos sobre COVID-19 − Modelo de producción para la Nueva Generación de Estadísticas, generando todo un ecosistema de datos, desde la recogida de datos hasta la externalización, y dotándolo de una gestión flexible de los derechos de los usuarios a fin de tomar decisiones “aquí y ahora”. La Oficina del Gobierno ha desarrollado el sitio web Corona STOP, que ofrece información fiable acerca de la pandemia de COVID-19 y permite inscribirse para hacerse las pruebas o vacunarse y consultar las estadísticas, las restricciones y las novedades, entre otras cosas. El Ministerio de Salud ha proporcionado información a los especialistas de la salud y ha comunicado en su sitio web todas las decisiones legales relacionadas con la gestión de la pandemia.
Derecho a la educación
56.En 2020, 704 niños migrantes en edad preescolar y escolar llegaron a Lituania como resultado de un ataque híbrido. Entre 3 y 4 meses después de su llegada, se dio a los niños en edad escolar la oportunidad de aprender el idioma lituano y los fundamentos de la cultura, la geografía y la historia del país. La enseñanza se imparte en las zonas de residencia de los alumnos. A partir de septiembre de 2022, se prevé integrarlos en las escuelas de enseñanza general de Lituania, donde continuarán su educación junto con otros niños. La educación preescolar se organizará a partir de 2022, integrando a los niños en los centros educativos de su municipio de residencia. Entre otras cosas, se proporciona a los niños material didáctico, libros, manuales, ejercicios y los artículos de escritorio necesarios y se les ofrecen salas de lectura y de juego. En cooperación con ONG, los niños participan en actividades informales, como arte, deportes y juegos. En 2022, el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte organizará, además, actividades de educación no formal en las zonas de residencia de los alumnos. Para las minorías nacionales polaca, rusa y bielorrusa que viven en Lituania, se ha previsto por ley la posibilidad de que estudien en sus lenguas maternas desde la etapa preescolar hasta la secundaria, estudiando el lituano como asignatura independiente en esas escuelas. Además, las escuelas en las que la enseñanza se imparte en un idioma nacional minoritario reciben entre un 20 % y un 25 % más de financiación. Cuando se presentan a exámenes de ingreso a la universidad, los alumnos de minorías nacionales tienen derecho a examinarse y recibir la documentación en su lengua materna. En septiembre de 2020, había 440 alumnos romaníes matriculados en centros de enseñanza general en Lituania. De los 60 municipios, estos alumnos estaban matriculados en 35 centros municipales de educación general con más de 10 alumnos romaníes cada uno. En cada municipio, las instituciones de educación general, junto con los Coordinadores de Cooperación Interinstitucional de los municipios, aplican medidas individuales para mejorar la situación social y educativa de los alumnos romaníes mediante, por ejemplo, apoyo a las familias, asistencia especial o apoyo para el aprendizaje, a fin de responder mejor a las necesidades de los alumnos. La política que se aplica en Lituania es que un niño con necesidades educativas especiales debe ser educado donde mejor se satisfagan sus necesidades educativas y de apoyo. En el curso escolar de 2021, de los más de 70.000 alumnos con necesidades educativas especiales, únicamente el 6,3 % asistían a centros especiales. Las modificaciones de la Ley de Educación obligan a todas las escuelas ordinarias a aceptar alumnos con necesidades educativas especiales a partir de 2024, por lo que ningún colegio podrá negarse a admitir a ningún niño que resida en la zona que le corresponda. Se han previsto diversas medidas para ejecutar sin tropiezos las disposiciones de la Ley de Educación, como adaptar el entorno de los centros de enseñanza preescolar y las escuelas a los niños con diferentes necesidades educativas, contratar a más especialistas en asistencia educativa, implantar un sistema de consulta en el ámbito municipal y nacional, dotar a las escuelas de ayudas pedagógicas y técnicas y mejorar la cualificación de los profesores y del personal de asistencia educativa. Ya se han tomado decisiones con miras a adaptar la Prueba Básica de Aprovechamiento de la Educación y las tareas relacionadas con el examen de ingreso a la universidad no solo para los alumnos con deficiencia visual, sino también para los que tienen deficiencia auditiva o un trastorno del espectro autista o de aprendizaje en general.
57.Se pueden consultar los datos estadísticos sobre educación en el Portal de Estadísticas Oficiales.
Derechos culturales
58.En 2020, se aprobó el concepto de la política de preservación y actualización del patrimonio cultural, así como el plan de acción de la política de preservación y actualización del patrimonio cultural 2020-2024, que prevé medidas para preservar todos los tipos de patrimonio cultural de Lituania, incluido el perteneciente a minorías nacionales, y para traspasarlo a las generaciones futuras. En 2021, el Ministerio de Cultura aprobó su Programa de Desarrollo de la Cultura y la Creatividad 2021-2030, que incluye una tarea orientada a proteger los derechos y las libertades de las minorías nacionales, denominada “Promover la plena integración de las minorías nacionales”. En 2019, el Ministerio de Cultura aprobó el Plan de Acción para la Representación de la Historia de las Minorías Nacionales en Lituania 2020-2022, que, en coordinación con las actividades de las instituciones y establecimientos estatales y municipales, así como del sector no gubernamental, prevé medidas para presentar al público la historia de las minorías nacionales en toda su relevancia cultural, confesional y lingüística. En el ámbito estatal, el objetivo es dotar de significado y actualizar los acontecimientos culturales e históricos y las fechas significativas para las minorías nacionales. En 2021, el Centro Cultural Nacional de Lituania comenzó a recopilar información estadística sobre el número de grupos artísticos formados por aficionados pertenecientes a minorías que hay en los centros culturales municipales, con el objetivo de evaluar la actividad de estos centros, la variedad de los servicios que prestan y su accesibilidad para los integrantes de la comunidad local. De acuerdo con el Plan de Acción para el Desarrollo de la Cultura Étnica 2015-2018, se aplicaron medidas orientadas a actualizar la importancia de los valores de la cultura étnica en la sociedad y a movilizar a las comunidades que viven en Lituania. Se actualizó la metodología de recopilación de datos del Compendio de Valores del Patrimonio Cultural Inmaterial de Lituania, lo que facilitó el mecanismo para presentar solicitudes a este. El Departamento de Minorías Nacionales asigna anualmente fondos para la ejecución de proyectos que promueven la expresión propia de las minorías nacionales mediante la presentación de su cultura, sus tradiciones y su patrimonio. Los proyectos llevados a cabo por organizaciones de minorías nacionales se caracterizan por su gran variedad: festivales de la canción, jornadas culturales, conferencias y seminarios, charlas, viajes de estudios, campamentos diarios y semanales para niños y adultos, festivales, exposiciones, visitas a museos y actividades editoriales, entre otros. Se celebran actos en el Día de los Romaníes, el Día de Conmemoración del Holocausto de los Romaníes y el Día del Idioma Romaní. El Departamento también asignó 7.000 euros para la preparación y publicación del Archivo de Historia Hablada de los romaníes de Lituania.
59.En las escuelas de educación general y no formal se crean las condiciones para que los alumnos pertenecientes a minorías nacionales potencien su identidad nacional, étnica y lingüística y aprendan su lengua materna, su historia y su cultura. Puede impartirse la enseñanza o determinadas materias en un idioma nacional minoritario. Las personas pertenecientes a una minoría nacional pueden estudiar su lengua materna en una escuela que ofrezca programas de educación no formal o en otro centro educativo. En Lituania hay 42 instituciones de educación no formal (escuelas dominicales), en las que la enseñanza se imparte en las lenguas maternas de las minorías nacionales. En ellas se educa a unos 1000 niños y jóvenes. Los alumnos pertenecientes a minorías nacionales tienen condiciones más favorables para presentarse a los exámenes de ingreso. Cuando los alumnos de escuelas donde se imparte la enseñanza en idiomas minoritarios nacionales se presentan al examen estatal de lengua y literatura lituana, se les permite cometer más errores que los alumnos que estudian en escuelas con enseñanza en lituano.
60.En 2021, el Gobierno aprobó el Programa Nacional de Desarrollo de la Digitalización 2021-2030, cuyo objetivo es generar oportunidades para que las empresas y la sociedad desarrollen y utilicen eficazmente productos y servicios innovadores, reforzar la capacidad de la población para utilizar las nuevas tecnologías y permitir la adaptación a los rápidos cambios tecnológicos. El Programa presta especial atención a la reducción de la brecha digital entre los diferentes grupos de la sociedad, centrándose en las personas de edad, la población rural, las personas con necesidades especiales, las personas con discapacidad y las personas con bajos ingresos. Se alienta a los ciudadanos a que adquieran conocimientos y competencias para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de forma segura, eficiente y útil, de modo que los servicios digitales públicos sean accesibles para todos, incluidas las personas con necesidades especiales y otros usuarios del idioma, sin importar su lugar de residencia o sus ingresos. En 2018, el Comité de Desarrollo de la Sociedad de la Información y sus asociados pusieron en marcha el proyecto “Lituania conectada: una comunidad digital lituana eficiente, segura y responsable”, cuyo objetivo es mejorar las competencias digitales de la población y que esta aprenda a utilizar las TIC e Internet de forma eficiente, segura y responsable. Más de 500.000 personas participaron en todas las actividades del proyecto y más de 104.000 adultos asistieron a cursos para mejorar sus competencias digitales. El Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte ha puesto en marcha medidas para reducir la exclusión digital y mejorar el acceso a los servicios digitales en el sistema educativo (véase el apéndice núm. 22).