Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Sexto informe periódico que Italia debía presentar en 2021 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto * **

[Fecha de recepción: 29 de junio de 2021]

1.De acuerdo con la lista de cuestiones (E/C.12/ITA/QPR/6), de fecha 13 de marzo de 2020, Italia presenta la información que figura a continuación.

I.Cuestiones de particular importancia

A.Evaluación de las políticas presupuestarias desde una perspectiva de género

2.Tomando como referencia el presupuesto del Estado de 2016, en 2017 se aplicó un presupuesto con perspectiva de género como experiencia piloto a fin de evaluar las repercusiones de las políticas presupuestarias, tanto desde la perspectiva de los gastos como de los ingresos. El análisis resultante, cuyo objeto era poner de relieve las brechas de género en esferas socioeconómicas fundamentales, se repitió al año siguiente utilizando conjuntos de indicadores más amplios, a fin de inventariar los gastos y las actividades de cada administración. Entre otras cosas, la evaluación (basada en el balance de cuentas final del presupuesto del Estado) se centró en las siguientes cuestiones: las brechas de género entre los empleados públicos (administración central); las disposiciones y leyes pertinentes establecidas en 2017; y las repercusiones de las políticas fiscales generales y las desgravaciones fiscales específicas (pero no en las políticas sin carga financiera para el presupuesto del Estado, ni en las ventajas fiscales específicas que no podían evaluarse desde el punto de vista de los ingresos).

3.Además, en el informe sobre el presupuesto con perspectiva de género presentado ante el Parlamento en 2019, los gastos relativos a las distintas medidas administrativas se “reclasificaron” según las siguientes categorías:

Gastos “destinados a reducir las desigualdades de género”.

Gastos “que pueden afectar a las cuestiones de género”, esto es, relativos a medidas que podrían tener efectos directos o indirectos en las desigualdades de género.

Gastos “neutros”, es decir, relativos a medidas que no tienen efectos directos ni indirectos con respecto al género.

Inclusión de las personas desfavorecidas y marginadas

4.En los últimos años, la Oficina Nacional de Lucha contra la Discriminación Racial (la UNAR, por sus siglas en italiano), así como la administración central y las administraciones regionales, han asignado amplios recursos procedentes del Fondo Social Europeo a la inclusión social, entre otras cosas mediante el programa denominado “Inclusión de las Personas Vulnerables”, puesto en marcha en 2014 y destinado a la inclusión social de las comunidades romaní, sinti y camminanti. En ese marco, hay numerosas actuaciones en curso correspondientes al período 2018-2022. Además, mediante la coordinación entre las entidades regionales y otros organismos intermedios, se ha incluido ese objetivo en diversos programas operativos nacionales (PON, por sus siglas en italiano), como el PON Inclusione y el PON “Città Metropolitane” (PON Metro), y planes operativos regionales.

5.En lo que respecta al PON Inclusione, ya se han puesto en marcha las siguientes actuaciones:

Acción 9.5.1 Eje Educación – destinada a prevenir el abandono escolar y a fomentar la escolarización y la participación en la educación preescolar (es competencia del Ministerio de Trabajo).

Acción 9.5.3 Eje Salud – relativa a los servicios sanitarios y su accesibilidad.

Acción 9.5.4 – mediación y concienciación, lo que incluye la mediación social, la mediación en los ámbitos de la familia y la educación, y la resolución de conflictos, así como proyectos destinados a promover la comprensión de la lengua y la cultura romaní.

Acción 9.5.5 Eje Laboral – centrada en el reconocimiento de competencias, la formación profesional, el emprendimiento por cuenta propia y la mediación laboral, con objeto de facilitar la inserción laboral según el modelo del Programa ACCEDER (una buena práctica reconocida a nivel europeo).

Acción 11.1.3 Grupo de Trabajo Estadístico – centrada en la mejora de los procesos organizativos de la administración pública a fin de perfeccionar la organización de las bases de información, las estadísticas sociales y los informes sociales.

6.En el marco del PON Metro, la acción 9.5.7 – Eje de Vivienda tiene el propósito de facilitar el acceso a una vivienda no segregada y la plena interacción con las comunidades residentes, previendo así nuevas oportunidades para sustituir los “asentamientos romaníes”.

7.A fin de lograr una mayor coordinación entre la administración central y las administraciones locales, la UNAR también realizó una convocatoria para la presentación de propuestas (2020), en colaboración con la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas, con vistas a implementar el proyecto P.A.R. (Planes de Acción Regionales). Durante el período 2021-2022, dicho proyecto proporcionará a las regiones el apoyo técnico pertinente para asegurar una planificación eficaz y el acceso financiero a los recursos disponibles, y facilitará una mejor coordinación operativa de las intervenciones sociales y económicas destinadas a la inclusión de los romaníes y otras comunidades con un gran riesgo de vulnerabilidad social.

8.Cabe mencionar asimismo el Informe Anual sobre el “Reddito di Cittadinanza” publicado por el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales en noviembre de 2020, centrado en las familias y los niños vulnerables: https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Catalfo-Reddito-di-cittadinanza-strumento-cruciale-per-aiutare-le-famiglie-in-difficolta.aspx.

B.Migrantes, solicitantes de asilo y refugiados

9.El Fondo de Asilo, Migración e Integración 2014-2020 permitió la aplicación de numerosas medidas destinadas a la integración y la protección de los migrantes, los solicitantes de asilo y los niños no acompañados, prestando especial atención a las siguientes esferas:

Acogida e inclusión social de niños no acompañados: desde 2016 se han financiado 86 proyectos con un total de 93.352.396,82 euros

10.La estrategia implicaba:

La creación de un sistema nacional de acogida de primera línea para los niños no acompañados mediante servicios de atención altamente especializados.

La mejora del sistema nacional de acogida de segunda línea para los niños no acompañados.

La puesta en marcha de programas específicos para la asistencia de los casos vulnerables, en particular la asistencia jurídica de los niños no acompañados en los lugares de desembarco e identificación.

11.Logros (hasta el 31 de diciembre de 2020):

42.798 niños recibieron asistencia jurídica en los lugares de desembarco e identificación.

9.163 niños no acompañados fueron acogidos en instalaciones de acogida de primera línea, y otros 1.002 niños no acompañados fueron aceptados en centros de acogida de segunda línea.

2.330 niños no acompañados se beneficiaron de servicios de inclusión social.

Se han establecido numerosos servicios relacionados con la asistencia jurídica, el apoyo psicológico y social, la mejora del instituto de protección jurídica, las actividades recreativas, el apoyo educativo y la admisión escolar, con el propósito de asegurar la inclusión efectiva de los niños no acompañados.

Promoción de la autonomía de los refugiados tras abandonar los servicios de acogida: se han financiado 42 proyectos (30 de ellos en curso) con un total de 34.125.688,58 euros

12.La estrategia requería:

La mejora de los servicios relacionados con la integración o inclusión social, económica y cultural (esto es, el acceso al alojamiento o la vivienda y al mercado de trabajo, entre otras cosas).

La adaptación de los servicios según las necesidades particulares de cada beneficiario.

La utilización complementaria de los recursos nacionales y europeos a fin de evitar la superposición o la duplicación de servicios.

13.Logros (hasta el 31 de diciembre de 2021):

1.285 beneficiarios de protección internacional recibieron asistencia durante su transición al nuevo entorno socioeconómico mediante una orientación y un apoyo adecuados.

875 beneficiarios completaron satisfactoriamente sus planes individuales de inclusión socioeconómica, y 498 beneficiarios alcanzaron una autonomía socioeconómica plena.

Educación cívica y enseñanza de idiomas: se han financiado 84 proyectos (44 de ellos en curso) con un total de 72.701.224 euros

14.La estrategia requería:

Dos niveles complementarios de intervención: a nivel nacional, la prestación de servicios educativos cualificados, reforzados mediante una formación regional específica, llevada a cabo en colaboración con el Ministerio de Educación, las regiones, la institución pública para la educación de adultos (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti), las administraciones locales y una serie de asociaciones; a nivel local, se han financiado actuaciones piloto destinadas a personas vulnerables con necesidades educativas específicas.

La integración de los centros de acogida y los servicios de enseñanza de idiomas.

El seguimiento de los servicios, las mejores prácticas y los instrumentos educativos.

Logros (hasta el 31 de diciembre de 2020):

60.278 nacionales de terceros países (10.459 de ellos pertenecientes a grupos destinatarios vulnerables) se beneficiaron de actividades de formación específicas.

34.340 migrantes obtuvieron un certificado de idioma italiano.

Se impartieron 4.592 cursos (con un total de 320.395 horas).

Se han creado o elaborado diversas plataformas en línea, productos multimedia, aplicaciones, modelos de evaluación, guías y materiales pedagógicos con fines educativos.

Protección de la salud y apoyo para los solicitantes de asilo y los beneficiarios de protección internacional pertenecientes a algún grupo vulnerable: se han financiado 30 proyectos (19 de ellos en curso) con un total de 31.872.835,41 euros

15.La estrategia tenía el propósito de establecer un sistema global para la inclusión de los migrantes en condiciones de vulnerabilidad en el sistema nacional de atención de la salud. Prevé la identificación de las vulnerabilidades y la remisión al sistema nacional de atención de la salud mediante la puesta en marcha de redes y procedimientos específicos, así como el consiguiente procedimiento de inclusión.

16.Logros (hasta el 31 de diciembre de 2020):

Se ha prestado asistencia y apoyo a 12.834 solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional.

5.454 profesionales sanitarios recibieron formación sobre el tratamiento de la vulnerabilidad postraumática y la angustia psicológica.

Se han establecido 61 equipos multidisciplinares.

Mejora del sistema educativo en entornos multiculturales, también mediante medidas para hacer frente a los obstáculos a la educación y la formación continua: se han financiado 16 proyectos con un total de 12.186.994,79 euros

17.Hasta la fecha, 36.523 estudiantes extranjeros han participado en actividades relacionadas con la inclusión escolar, y otros 10.500 siguen recibiendo asistencia mediante los 19 proyectos en curso.

Promoción del acceso a los servicios de integración: se han financiado 16 proyectos con un total de 12.401.057,80 euros, mediante los cuales 46.926 nacionales de terceros países se han beneficiado de una serie de servicios sociales, sanitarios y relacionados con la vivienda en el período 2017-2018. Además, se está prestando asistencia a 19.364 nacionales de terceros países en el marco de los 19 proyectos en curso

Protección especial

18.En cumplimiento de la Ley núm. 132/2018 sobre inmigración y seguridad, la protección humanitaria fue sustituida por una protección de tipo complementario. Partiendo del principio de “no devolución”, las Comisiones Territoriales pueden reconocer la protección especial, y la Questura (policía) es la autoridad responsable de evaluar los “casos especiales” que se enumeran a continuación con el fin de emitir un permiso de residencia:

Víctimas de violencia doméstica (art. 18 bis del Texto Consolidado sobre Inmigración).

Asistencia médica (art. 19, c.2, d-bis del Texto Consolidado sobre Inmigración).

Desastres naturales (art. 20 bis del Texto Consolidado sobre Inmigración).

Explotación laboral excepcional (art. 22 del Texto Consolidado sobre Inmigración).

Actos cívicos excepcionales (art. 42 bis del Texto Consolidado sobre Inmigración).

Víctimas de la trata de seres humanos.

19.A fin de mejorar la Ley núm. 132/2018, en cumplimiento de los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el reciente Decreto Ley núm. 130/2020, convertido en la Ley núm. 173/2020, ha ampliado la aplicación del principio de no devolución a otros casos, además del riesgo de persecución y tortura:

Casos abarcados por las obligaciones nacionales o constitucionales e internacionales de Italia que tienen en cuenta la existencia de vulneraciones sistemáticas y graves de los derechos humanos en el Estado de origen del nacional de un tercer país.

Casos en los que es probable que la persona extranjera sufra un trato inhumano y degradante en su país de origen.

Casos en los que existan motivos razonables para creer que la devolución entraría en conflicto con el respeto a la vida privada y familiar de la persona extranjera, salvo que se considere necesaria la expulsión por motivos de seguridad nacional, orden público o seguridad pública.

20.En cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, la citada reforma también permite convertir los permisos de residencia basados en la protección especial en permisos de residencia y trabajo, y por razones de respeto a la vida privada y familiar.

21.Véase más información en el anexo I.

Xenofobia

22.En 2010 se estableció el Observatorio de Seguridad contra Actos de Discriminación en el Ministerio del Interior, a fin de mejorar la coordinación entre las fuerzas policiales italianas (en particular la Policía Nacional y el Cuerpo de Carabineros) en la prevención y la lucha contra los delitos de odio. En el marco de sus competencias, el Observatorio de Seguridad contra Actos de Discriminación se ocupa, naturalmente, de la xenofobia y de los abusos verbales o físicos contra los migrantes, los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas. Con ese fin también se creó una dirección de correo electrónico particular (oscad@dcpc.interno.it) para recibir denuncias “informales” por parte de las víctimas, los testigos y las organizaciones no gubernamentales (ONG). Los expertos del Observatorio analizan esas denuncias y, cuando corresponde, inician intervenciones específicas por parte de la Policía Nacional o el Cuerpo de Carabineros. Asimismo, el Observatorio facilita el contacto de las víctimas con los organismos policiales competentes en caso de que estén dispuestas a presentar una denuncia.

23.Además, el Observatorio de Seguridad contra Actos de Discriminación promueve la concienciación general sobre cómo hacer frente a los delitos motivados por la discriminación (es decir, los discursos y los delitos de odio) mediante una serie de actividades de formación o de aprendizaje electrónico destinadas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y la organización de seminarios dirigidos a un público más amplio (véase más información en el anexo II).

24.En este contexto, la UNAR (mencionada en el punto 2) también desempeña un papel muy importante. Desde su creación, en 2004, presta apoyo a las víctimas de la discriminación mediante un Centro de Contacto y recopila datos sobre las causas a fin de realizar un seguimiento de su incidencia y evolución (véase información más detallada en el punto 13).

25.Los informes tramitados por la UNAR en los últimos años confirman que los casos de discriminación más relevantes se refieren a motivaciones basadas en el origen étnico o racial. Por ejemplo, en 2019, la gran mayoría de las 3.394 denuncias tramitadas por la Oficina (en concreto, 2.496 casos, lo que equivale al 73,5 % del total) estaban relacionadas con la discriminación basada en “el origen racial y étnico”, mientras que la discriminación basada en “la religión o las creencias personales” fue el motivo de 326 casos (el 9,6 % del total) y se registraron 212 casos contra el islamismo y 69 relativos al antisemitismo. Además, 219 casos estaban relacionados con “la orientación sexual y la identidad de género”, 188 con “la discapacidad” y 108 con “la edad”, y 53 fueron clasificados como casos de “discriminación múltiple”.

C.Pensiones de vejez

26.Las pensiones de vejez se abonan, previa solicitud, a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia inscritos en el Seguro General Obligatorio que tengan como mínimo 67 años de edad y 20 años de cotización.

27.Desde enero de 2012, en virtud del Decreto-ley núm. 201/2011, los requisitos de acceso son más estrictos, ya que se estableció un aumento gradual de los requisitos relativos a la edad con el propósito de equiparar la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Dicha equiparación se produjo a partir de enero de 2018. Además, en 2013, 2016 y 2019 el requisito relativo a la edad aumentó sucesivamente en función de la esperanza de vida (y no volverá a modificarse hasta diciembre de 2022).

28.Las pensiones se abonan desde el primer día del mes siguiente al cumplimiento de la edad de jubilación.

29.Para obtener el derecho a percibir una pensión de vejez, los trabajadores también deben cumplir el requisito de que el importe de la pensión sea superior a 1,5 veces la cuantía del subsidio social.

30.Desde enero de 2008, los trabajadores empleados en actividades especialmente fatigosas y pesadas tienen derecho a jubilarse a una edad más temprana. Entre esas actividades cabe mencionar, por ejemplo: el buceo en aguas profundas, el trabajo a altas temperaturas, las horas de trabajo nocturno, el trabajo en cadena y la conducción de vehículos de transporte público (de 9 plazas como mínimo), entre otras.

31.El beneficio consiste en la posibilidad de jubilarse de acuerdo con el sistema de “cuotas”, esto es, con una antigüedad de al menos 35 años, una edad mínima de 61 años y 7 meses, y siempre que la suma de esos requisitos equivalga, al menos, a una cuota de 97,6.

32.Dicho de otro modo, el sistema permite jubilarse cuando la suma de la edad y las cotizaciones dé como resultado 97,6. Sin embargo, para acceder a este sistema, existe un requisito mínimo de edad y de cotización:

61 años y 7 meses en lo que respecta a la edad.

35 años en cuanto a las cotizaciones.

Evolución del sistema de pensiones

33.Los planes de reforma del actual sistema de pensiones prevén una mayor flexibilidad para la salida del mercado de trabajo y pretenden abordar la estructura de la seguridad social de la generación joven, teniendo en cuenta su carrera laboral discontinua.

34.Las principales esferas que están siendo objeto de examen para su reforma son las siguientes:

El establecimiento de una pensión garantizada para los jóvenes con el fin de asegurar una cuantía adecuada de las pensiones para los trabajadores con carreras intermitentes y períodos en los que tienen bajos salarios.

El cambio de los requisitos de acceso a la jubilación para permitir más estrategias de salida hacia la jubilación en relación con la vía suplementaria de acceso a las pensiones denominada “cuota 100” (disposiciones para los trabajadores que tengan al menos 67 años de edad y 38 años de cotización), que finaliza en 2021.

La revisión de los requisitos de acceso a la pensión en el sistema contributivo.

El estudio de nuevos mecanismos de revalorización de las pensiones.

D.“Reddito di Cittadinanza”

35.En cuanto al “Reddito di Cittadinanza” sírvanse consultar el punto 2 y el anexo III.

II.Aplicación en curso del Pacto

36.La creación de una institución nacional de derechos humanos está siendo objeto de intensos debates a nivel parlamentario. El proyecto de ley correspondiente se está examinando en la Comisión I de la Cámara de Diputados, tras la fusión (“Testo unificato”) de dos proyectos de ley anteriores sobre ese tema, de acuerdo con los Principios de París.

A.Intimidación a periodistas y defensores de los derechos humanos

37.En 2017 el Ministro del Interior estableció el “Centro de coordinación de la actividad de seguimiento, análisis e intercambio permanente de información sobre el fenómeno de los actos intimidatorios contra los periodistas”, que tiene la capacidad adicional de formular propuestas con el fin de determinar estrategias de prevención y lucha contra ese fenómeno. Además, en 2018 se creó el Organismo Permanente de Apoyo al Centro de Coordinación.

38.En ese contexto, el análisis sobre la intimidación de los periodistas puso de manifiesto algunas cuestiones fundamentales que tienen especial importancia a nivel local. Entre otras cosas, los datos evidenciaron una tendencia al alza (163 casos en 2020, en comparación con 87 incidentes en 2019 y 27 en 2018), siendo las regiones en las que se había producido un mayor número de incidentes Lacio, Sicilia, Campania, Calabria y Lombardía. Por otra parte, ha habido un aumento significativo del número de intimidaciones realizadas en las redes sociales en comparación con los años anteriores (24 % en 2018 y 23,5 % en 2019), alcanzando el 44 % en 2020 (71 incidentes). Además, algunos actos intimidatorios afectaron a periodistas o profesionales de los medios de comunicación que trabajaban en temas relacionados con la protección de los derechos humanos. El anexo IV contiene información sobre casos concretos.

39.Desde el punto de vista legislativo, la seguridad de los defensores de los derechos humanos y los periodistas, incluida su protección contra la exposición a riesgos, no está regulada por separado, sino que forma parte del sistema nacional de medidas de protección personal y vigilancia que Italia adopta para garantizar la seguridad individual de las personas en el territorio nacional. En particular, la protección personal abarca todas las medidas de seguridad previstas para prevenir, evitar o limitar todo daño no deseado a la seguridad física o la integridad de la vida, así como toda amenaza, intimidación u obstaculización en relación con el ejercicio de las funciones y actividades laborales de una persona expuesta a riesgos.

40.El sistema de protección personal de Italia distingue tres niveles de adopción de decisiones e intervención:

a)Medidas de seguridad personal previstas en el Decreto-ley núm. 83 (convertido, con modificaciones, en la Ley núm. 133/2002) por el que se crea la Oficina Central Conjunta para la Seguridad Personal;

b)Medidas especiales de protección para los testigos judiciales y las personas que colaboran con la justicia;

c)Medidas ordinarias de protección, delegadas a la competencia exclusiva de los Prefectos y las Autoridades Provinciales de Seguridad Pública, como instrumentos de protección que atienden a objetivos de seguridad más generales.

41.La protección de los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los actores de la sociedad civil corresponde al primer nivel de medidas.

42.En particular, la Oficina Central Conjunta para la Seguridad Personal tiene la tarea de asegurar, de forma exclusiva y coordinada, la adopción de medidas de protección y vigilancia en todo el territorio nacional, en el marco de las competencias específicas atribuidas al Ministro del Interior, como Autoridad Nacional de Seguridad Pública, a fin de proteger a las personas expuestas a riesgos particulares.

43.Así pues, la Oficina Central Conjunta para la Seguridad Personal está integrada en el Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y tiene la misión de ámbito nacional de:

Recopilar y analizar la información de inteligencia.

Determinar los regímenes de protección.

Prever su adopción e implementación.

Planificar la utilización de los recursos pertinentes.

Supervisar las necesidades de instrumentos y medios especiales.

Supervisar la idéntica formación de los funcionarios que trabajan en esta esfera.

44.La legislación también prevé un complejo proceso de evaluación, basado en un doble nivel de examen de las posiciones individuales, que debe realizarse de forma preliminar a nivel provincial por parte de las denominadas Oficinas de Seguridad Personal establecidas en las prefecturas. El anexo V contiene información adicional.

B.Reducción de las emisiones

45.Italia ratificó el Acuerdo de París en 2016 y adopta medidas de mitigación ante el cambio climático en el marco de la Unión Europea. En la actualidad, Italia cumple los requisitos establecidos en la Unión Europea, y el cambio climático ocupa un lugar central en la agenda política italiana. El Gobierno aprueba anualmente el plan de reducción, que se publica como anexo al documento de planificación económica y financiera.

46.En Italia, la protección del medio ambiente, los ecosistemas y los recursos culturales es una competencia exclusiva del Gobierno central. El Ministerio de Medio Ambiente y Protección de la Tierra y el Mar lleva a cabo las actividades relacionadas con el cambio climático a nivel nacional e internacional. De conformidad con la estrategia europea, en 2015 dicho Ministerio aprobó la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Italia, como instrumento para fomentar medidas de adaptación en las actividades de planificación a nivel nacional, regional y local. Actualmente el Ministerio está trabajando en la implementación de la Estrategia mediante la redacción del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que brindará a las autoridades nacionales y locales orientación institucional para diseñar nuevas estrategias regionales, también mediante la planificación espacial y sectorial.

47.En concreto, el proyecto del Plan Nacional de Adaptación tiene en cuenta los siguientes sectores: recursos hídricos, medios marinos, aguas interiores y de transición, zonas costeras, inestabilidad hidrogeológica, desertificación, degradación del suelo y sequía, ecosistemas terrestres, ecosistemas forestales, agricultura y producción de alimentos, pesca marítima, acuicultura, turismo, asentamientos urbanos, transporte, industria, patrimonio cultural, energía y salud. El proyecto del Plan Nacional de Adaptación incluye una evaluación del impacto y la vulnerabilidad, así como un conjunto de medidas para los distintos sectores que se tienen en consideración. La salvaguardia de todos los sistemas naturales y todos los sectores sociales y económicos ante los efectos del cambio climático también permitirá reforzar los derechos a la alimentación, la vivienda, el agua y la salud.

Derecho al agua

48.En consonancia con los derechos enunciados en el Pacto, Italia emplea numerosos instrumentos legislativos, reglamentarios, impositivos y organizativos para asegurar el acceso universal al agua de calidad, garantizar la protección de los recursos hídricos frente a la contaminación, y salvaguardar a la población y los territorios de las inundaciones. A nivel normativo, el poder legislativo italiano identificó el uso del agua potable como una utilización prioritaria, reservando el agua de mejor calidad para ese fin.

49.Desde 2016, Italia aplica una política nacional destinada a asegurar un acceso homogéneo al agua por parte de todos los ciudadanos sin discriminación, prestando especial atención a los usuarios vulnerables. En particular, en virtud de un Decreto del Presidente del Consejo de Ministros (octubre de 2016), que aplica el art. 60 de la Ley núm. 221/2015 (denominada Ley sobre el Medio Ambiente), se ha regulado la tarifa social y, por medio del Decreto de agosto de 2016 que aplica el art. 61 de la misma Ley, se adoptaron un conjunto de nuevas medidas para abordar la cuestión de la contención de la morosidad. Mediante esas medidas, que establecen los criterios para acceder a una cantidad mínima de agua, a fin de proteger la dignidad de las personas sin descuidar la protección de los recursos hídricos, Italia constituye uno de los ejemplos más estructurados en cuanto a asegurar el acceso al derecho al agua. El anexo VI contiene información adicional.

C.Las empresas y los derechos humanos

50.El primer Plan de Acción Nacional sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Italia (2016-2021), revisado en 2018, está en proceso de ser relanzado para el próximo ciclo.

51.El Plan de Acción Nacional sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Italia contiene una referencia a la necesidad de promover unas relaciones más sólidas con las empresas, como medio fundamental de reforzar la cooperación a fin de proteger un alto grado de respeto de los derechos humanos. Ese compromiso se ha traducido en la petición dirigida a las empresas de que respeten la legislación nacional vigente, de conformidad con el derecho internacional con y sin fuerza obligatoria, en relación con el derecho de asociación y de reunión, los derechos laborales, los derechos de los consumidores y la conservación del medio ambiente. Al mismo tiempo, los actores institucionales tienen el compromiso de informar sobre la promoción de los derechos humanos, facilitando iniciativas de múltiples interesados con la participación de las empresas, velando por una comunicación transparente sobre las repercusiones de las actividades de las empresas en los derechos humanos, y logrando la protección de un alto grado de respeto de esos derechos mediante la puesta en común y la adopción de las mejores prácticas nacionales e internacionales.

52.Con esa finalidad, Italia ha aceptado las recomendaciones formuladas en el tercer ciclo del examen periódico universal que hacen una referencia explícita a la cuestión de los derechos humanos en el trabajo: 148.121 Velar por que sus políticas, leyes, reglamentos y medidas de ejecución sirvan efectivamente para prevenir y hacer frente al mayor riesgo de que la participación de las empresas dé lugar a abusos en situaciones de conflicto, lo que incluye las situaciones de ocupación extranjera; 148.122 Apoyar a las empresas para que hagan frente a las formas contemporáneas de esclavitud en las cadenas de suministro aplicando la legislación nacional relativa a la explotación laboral, de 2016, y alentar a las empresas agrícolas a adherirse a la “red de agricultura de calidad”.

53.En cuanto a la legislación italiana, el Decreto-ley núm. 231/2001 estableció un fuerte incentivo para la adopción de programas de cumplimiento adecuados que pueden exonerar a una empresa de la responsabilidad corporativa por los delitos cometidos en su interés (y actualmente está pendiente de aprobación en el Parlamento de Italia un proyecto de propuesta sobre la adopción de modelos obligatorios para las sociedades limitadas que tengan un determinado nivel de beneficios anuales).

54.La Ley núm. 273/2002 prevé la creación del punto nacional de contacto en el Ministerio de Desarrollo Económico – Dirección General de Política Industrial, Innovación y Pymes, encargado de promover las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y que tiene, entre otras, las siguientes tareas:

Tramitar las denuncias específicas de incumplimiento de las Líneas Directrices de la OCDE, especialmente en lo que respecta al deber de respetar los derechos humanos.

Formular recomendaciones y prestar apoyo a las empresas en la implementación de un proceso de debida diligencia, mediante el que puedan determinar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre el modo en que abordan los efectos adversos, reales y potenciales, que esté incluido en sus sistemas de toma de decisiones y gestión de riesgos.

55.Además, como autoridad competente para la aplicación nacional del Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Ministerio de Desarrollo Económico de Italia tiene la tarea de realizar controles ex post sobre el cumplimiento del deber de los importadores de aplicar la debida diligencia en la cadena de suministro.

56.Italia también participa en el proceso de la Unión Europea destinado a asegurar una debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos. Desde la aprobación del Decreto Legislativo núm. 254/2016 (en consonancia con la Directiva 2014/95/UE4), las empresas y los grupos más grandes ya tienen la obligación de publicar, para cada ejercicio económico, un estado no financiero que contenga información relativa a cuestiones medioambientales y sociales, así como al personal, el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

57.Además, en la actualidad la aplicación de procedimientos de diligencia debida en la cadena de suministro es un criterio opcional a la hora de que las administraciones públicas seleccionen proveedores de productos textiles.

58.El anexo VII contiene información adicional.

D.Exportación de armas

59.La Ley núm. 105/2012 introdujo cambios importantes en la legislación italiana relativa al control de las exportaciones de armamento (Ley núm. 185/1990), teniendo en cuenta, entre otras cosas, la legislación europea. Como resultado de ello, actualmente la autoridad nacional en materia de exportación de armamento (UAMA, por sus siglas en italiano) se ocupa de centralizar los controles de todas las transferencias de armas militares, manteniendo el principio de que toda persona o entidad, ya sea privada o pública, tiene que solicitar y recibir una autorización antes de transferir alguno de los productos incluidos en la lista de control nacional. También se revisaron los procedimientos de autorización de las exportaciones, con el propósito de incrementar los controles y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el derecho internacional. Estos últimos incluyen la evaluación del respeto de los derechos humanos en el país de destino final, como se establece en el artículo 2, criterio 2, de la Posición Común núm. 2008/944/PESC y, desde 2014, el artículo 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas. De acuerdo con esos procedimientos, se estableció un mecanismo regular de intercambio de información entre la UAMA y los departamentos del Ministerio de Asuntos Exteriores encargados de evaluar el respeto de los derechos humanos, el respeto a las mujeres y a los niños, el desarme y la no proliferación. En consecuencia, se elaboró una lista de países de destino de las exportaciones de armas que se deben examinar: a) con especial atención; b) partiendo de que están en situación de riesgo. Esa lista, que se actualiza cada cuatro meses, incluye actualmente 84 países, 22 de los cuales están clasificados como “en situación de riesgo”. Se dispone de un perfil para cada uno de esos países en el que consta su actuación en el ámbito del respeto de los derechos humanos y su fiabilidad política y militar. Los perfiles de los países no solo recopilan información procedente del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino también de asociados internacionales, fuentes de inteligencia abiertas e institutos de investigación.

60.De acuerdo con los procedimientos establecidos desde 2012, toda solicitud de exportación de armas hacia un país incluido en la lista se presenta a los departamentos pertinentes del Ministerio de Asuntos Exteriores para reforzar la evaluación del riesgo. La información sobre los usuarios finales y el resto de la información también se presenta para su verificación a las embajadas y oficinas en el extranjero. Además, la UAMA toma en consideración el comportamiento de los socios de la Unión Europea por medio del sistema en línea del Grupo “Exportación de Armas Convencionales” (COARM). La evaluación del riesgo también tiene en cuenta el riesgo de desvío, como se describe en el artículo 11 del Tratado sobre el Comercio de Armas. Italia es especialmente consciente de que el desvío afecta principalmente a las armas pequeñas y ligeras, que es la categoría de armas más utilizada en la vulneración de los derechos humanos y en la violencia de género o violencia doméstica, lo que tiene un efecto multiplicador en la violencia contra las mujeres y los niños. Se han denegado diversas licencias por los motivos mencionados.

61.Además, la UAMA aplica un programa regular de inspecciones y controles sobre la cuestión de la diligencia debida en materia de derechos humanos por parte de las entidades empresariales de la industria armamentística. De forma rotativa, cada año se inspeccionan como mínimo 11 empresas de exportación de armas. En el marco de ese programa de inspección, se alienta encarecidamente a las empresas a reforzar la dependencia dedicada al cumplimiento. Al impulsar que destinen más recursos humanos y financieros al sistema de control interno, se promueve que la industria armamentística italiana asegure el respeto de la legislación nacional e internacional.

62.A raíz de los informes de las Naciones Unidas y de la información sobre los bombardeos contra la población civil yemení, el 26 de junio de 2019 el Parlamento de Italia aprobó la Resolución núm. 1-00204, que, entre otras cosas, requería que el Gobierno suspendiera la exportación de bombas de aviación y misiles, y sus componentes, a la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos hasta que se produjeran avances concretos en el proceso de paz en el Yemen. Como consecuencia de ello, desde entonces no se han expedido nuevas licencias de exportación de esos artículos. Las solicitudes de exportación hacia esos países de otros artículos militares se examinan minuciosamente, atendiendo a su letalidad y al riesgo de que puedan utilizarse contra la población civil. Mediante la Resolución núm. 1‑00204 también se suspendieron las licencias de exportación de bombas de aviación y misiles a la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos autorizadas antes de junio de 2019. En enero de 2021, tras la aprobación por el Parlamento de la nueva Resolución núm. 7/00589, de 22 de diciembre de 2020, esas licencias fueron revocadas definitivamente.

63.Las estimaciones preliminares de la pobreza absoluta en 2020 proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística permiten hacerse una idea de las graves consecuencias económicas producidas por la crisis pandémica, ya que los niveles de pobreza absoluta alcanzaron sus valores más altos desde 2005, lo que afectaba tanto a la situación de las familias (más de 2 millones) como a la de las personas individualmente (más de 5,6 millones). En cuanto a las familias, el nivel de pobreza absoluta ha pasado del 6,4 % en 2019 al 7,7 % en 2020, (es decir, un total de + 335.000) y, en cuanto a las personas, se ha pasado del 7,7 % al 9,4 % (es decir, un total de + 1 millón).

64.En el transcurso de la crisis pandémica se perdieron las mejoras conseguidas en 2019. Sin embargo, antes de la pandemia, el número y la proporción de familias y personas en situación de pobreza absoluta habían empezado a disminuir de forma significativa, aunque se mantenían en valores más altos que los que existían antes de la crisis económica iniciada en 2008, cuando la incidencia de la pobreza absoluta entre las familias era inferior al 4 % y a nivel de las personas se situaba en torno al 3 %. Según el Instituto Nacional de Estadística, muchas familias que cayeron por debajo del umbral de pobreza en 2020 han mantenido, no obstante, un mayor gasto de consumo, entre otras cosas gracias a las medidas gubernamentales destinadas a apoyar a los ciudadanos necesitados (como la renta de ciudadanía, la renta de emergencia y otras).

65.El anexo VIII contiene más datos e información.

E.Lucha contra la corrupción

66.Se ha reforzado el marco jurídico italiano de lucha contra la corrupción mediante la Ley núm. 3/2019, denominada “Medidas para combatir los delitos contra la administración pública, y sobre la prescripción de los delitos y la transparencia de los partidos y movimientos políticos”, lo que consolida un proceso basado en la Ley núm. 190/2012 y la Ley núm. 69/2015 (potenciación del sistema de lucha contra la corrupción). La nueva Ley representa un paso importante para contar con un régimen de lucha contra la corrupción más completo, particularmente en el sector público.

67.Sus principales características son las siguientes:

La Ley adopta un doble enfoque, ya que acentúa el enjuiciamiento y la sanción (penales) de la corrupción y su prevención (administrativa) en los sectores público y privado.

Fomenta la coordinación entre las instituciones públicas a las que afecta esta problemática.

Promueve el enfoque de múltiples partes interesadas, instando al sector privado a desempeñar un papel activo en la prevención de la corrupción.

Evidencia cuán importantes son los efectos de los convenios multilaterales, las recomendaciones y los estándares establecidos en los foros pertinentes (Grupo de los 20, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención para Combatir el Cohecho de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y convenios penales y civiles del Consejo de Europa, así como los respectivos procesos de examen entre pares), ya que también son el resultado de una mayor consonancia del sistema nacional de lucha contra la corrupción con esos marcos. Tras la aprobación de la Ley de Libertad de Información y la protección de los denunciantes de irregularidades, tanto en el sector público como en el privado, ahora es el turno de los agentes encubiertos en las investigaciones relacionadas con la corrupción.

68.La Ley núm. 3/2019 también recoge algunas medidas de la experiencia de la lucha contra la delincuencia organizada y las adapta a la lucha contra la corrupción.

69.Entre sus medidas más importantes figuran las siguientes:

Orden de prohibición (inhabilitación) tanto para los funcionarios públicos como para los particulares condenados por corrupción. Incapacidad permanente de establecer contratos con las administraciones públicas e inhabilitación permanente para el ejercicio de cargos públicos, incluso en caso de rehabilitación.

Los informadores que presenten denuncias sobre sí mismos y colaboren no serán considerados responsables.

Agravamiento de las sanciones individuales y económicas: los funcionarios públicos y los particulares condenados serán objeto de sanciones económicas más severas, en proporción a la importancia del delito.

La Ley establece mayores requisitos de transparencia en relación con la financiación de los partidos políticos, lo que da respuesta a recomendaciones anteriores formuladas en los mecanismos de examen entre pares sobre esta cuestión.

El plazo de prescripción se interrumpirá al término del enjuiciamiento en primera instancia, de modo que la segunda instancia pueda continuar.

70.Estas disposiciones se hacen cumplir por medio de la detección, la investigación y el enjuiciamiento por parte de un poder judicial sólido e independiente, sujeto además al principio de obligatoriedad de la acción penal. Se puede proceder de oficio en los casos de soborno entre particulares y de malversación o incitación a la corrupción entre particulares, circunstancias en las que la pena puede incrementarse en más de una tercera parte. La pena accesoria es aplicable aun en caso de suspensión condicional de la pena principal.

71.Además, en 2017 el Parlamento aprobó un régimen jurídico integral sobre la denuncia de irregularidades, que se extendió al sector privado (incluidas las empresas estatales). Desde enero de 2019, la Autoridad Nacional Anticorrupción independiente de Italia ha pasado a ser el principal canal de recepción de las denuncias, además de la autoridad judicial y los órganos internos de la organización afectada. Con ese fin, existe un servicio de atención a los denunciantes de irregularidades que señalen casos de comportamiento ilegal en su lugar de trabajo. Todas las denuncias se obtienen mediante un sistema informático específico que garantiza la confidencialidad, la seguridad y la fiabilidad de los denunciantes de irregularidades. La Autoridad Nacional Anticorrupción ha puesto a disposición de otras administraciones públicas dicha plataforma en línea.

72.Además, la Autoridad Nacional Anticorrupción está facultada para imponer sanciones en caso de medidas discriminatorias o de represalia contra los empleados denunciantes, o en caso de incumplimiento de los procedimientos o las actividades de supervisión y examen de las denuncias. En el sector público, ello convierte a la Autoridad Nacional Anticorrupción en una autoridad de gobernanza y regulación, habida cuenta de sus facultades de investigación y sanción cuando se trate de medidas discriminatorias aplicadas tras la presentación de una denuncia.

73.Por otra parte, algunas grandes empresas italianas, que anuncian una política de “tolerancia cero” contra el fraude y la corrupción, han sido pioneras en esta esfera, ya que establecieron canales de denuncia protegidos, con garantía de anonimato, mucho antes de que la ley les obligara a ello. Con el apoyo de la sección de Italia de Transparency International, han establecido recientemente, de forma voluntaria, una plataforma en línea de denuncia de irregularidades que es más avanzada que los instrumentos actuales y cumple con los más altos estándares de confidencialidad.

74.La protección de los denunciantes de irregularidades se ve reforzada, en lo que respecta a los procedimientos judiciales, por el principio de inversión de la carga de la prueba: corresponderá a la entidad pública o privada demostrar que las medidas finalmente adoptadas contra el denunciante no son discriminatorias —concretamente en caso de despido— y que se han tomado por motivos ajenos a la alerta.

75.El anexo IX contiene información adicional.

F.Lucha contra la discriminación

76.El principio de no discriminación está recogido en numerosas fuentes reglamentarias nacionales (véase el anexo X), como se indica en el documento básico común presentado por Italia en mayo de 2016. Además, en cuanto a la legislación más reciente, cabe señalar:

La Ratificación del Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) de la Organización Internacional del Trabajo.

La aprobación por la cámara baja del Parlamento (Cámara de Diputados) de un proyecto de ley sobre la homofobia y la transfobia.

Ajustes razonables para los trabajadores con discapacidad

77.En consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley núm. 68/1999 prevé el establecimiento de fondos regionales destinados al derecho al trabajo de las personas con discapacidad, mediante los que se proporcionarán aportaciones para:

El reembolso (total o parcial) de los gastos derivados de la adopción de ajustes razonables en favor de los trabajadores con una capacidad de trabajo reducida superior al 50 %.

La adopción de tecnologías de teletrabajo o la eliminación de barreras arquitectónicas que limiten el empleo de personas con discapacidad.

La contratación de personas encargadas de la inserción laboral en el lugar de trabajo.

Las regiones deben crear los fondos regionales para financiar programas de integración laboral y servicios conexos.

78.Tras el inicio de la emergencia epidémica, el Decreto-ley núm. 104/2020 dispuso que (a partir del 16 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2020) los trabajadores con riesgo sanitario certificado (esto es, relacionado con la inmunodepresión, patologías oncológicas, terapias destinadas a salvar vidas, etc.) y sus familiares convivientes deberían desempeñar normalmente su trabajo de forma ágil, lo que podría incluir su empleo en un puesto de trabajo diferente pero de la misma categoría o nivel de clasificación.

79.Los casos de discriminación denunciados ante la UNAR figuran en el anexo XI.

G.Apatridia

80.En Italia, el fenómeno de la apatridia “de facto” resurgió de manera significativa en la década de 1990, tras el conflicto en la ex Yugoslavia. Los romaníes (procedentes de Bosnia y Herzegovina, Serbia, Macedonia del Norte y Kosovo) son una de las comunidades que han sufrido consecuencias más duraderas en este sentido; todavía hay en Italia muchas personas de segunda o tercera generación que nunca han adquirido la ciudadanía italiana ni han determinado su condición de apátridas. A fin de abordar esos problemas, se estableció un grupo de trabajo específico en el marco de la Estrategia Nacional para la Inclusión de los Romaníes, los Sinti y los Camminanti. Sin embargo, debido a la actual emergencia epidémica, el grupo de trabajo ha interrumpido su labor.

81.En cuanto al procedimiento, en Italia la condición de apátrida se puede certificar por vía administrativa o puede ser constatada por jueces ordinarios, siendo mecanismos independientes entre sí (véanse datos en el anexo XII).

82.En el caso de las certificaciones administrativas, la autoridad competente es el Ministerio del Interior, mediante un procedimiento regulado por el art. 17 del Decreto del Presidente de la República núm. 572/1993, “Reglamento de aplicación de la Ley núm. 91/1992”.

83.En el procedimiento judicial, el poder judicial tiene poderes más amplios de verificación en comparación con la administración. En cuanto a la prueba de la condición de apátrida, las pruebas indiciarias se consideran suficientes, según la jurisprudencia establecida, junto con el requisito de probar una residencia permanente en el territorio italiano.

84.Según la Ley núm. 91/1992, las personas apátridas pueden adquirir un “ status civitatis ” después de cinco o más años de residencia legal en Italia (art. 9), y los hijos de progenitores reconocidos como apátridas nacidos en Italia adquieren la ciudadanía italiana al nacer (art. 1). Además, en consonancia con las obligaciones derivadas de la Convención de Nueva York de 1954, los apátridas tienen derecho a recibir el mismo trato que los ciudadanos italianos en una serie de sectores, y en otros tienen los mismos derechos que las personas extranjeras.

H.Equilibrio de género

85.Desde la aprobación de la Ley núm. 120/2011, Italia ha experimentado una importante revolución en cuanto al liderazgo de las mujeres, gracias a la disposición que exige una representación de género equitativa en los órganos de dirección de las empresas que cotizan en bolsa. En 2013 ese requisito se extendió a las empresas públicas. Además, el Texto Consolidado de la Ley de Empresas Públicas reforzó el principio del equilibrio de género, requiriendo que, como mínimo, una tercera parte de los nombramientos en el nivel directivo tengan que corresponderse con el género menos representado.

86.En 2018 se estableció un observatorio interinstitucional destinado a supervisar la aplicación de la Ley núm. 120/2011, en el marco de un memorando de entendimiento de cinco años entre el Departamento de Igualdad de Oportunidades de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa, y el Banco de Italia. Además, al actuar como órgano de supervisión de la participación femenina, el Departamento de Igualdad de Oportunidades inició 391 procedimientos administrativos contra empresas en las que la composición de los consejos de administración o las juntas de auditores legales no respetaba el equilibrio de género.

87.En conjunto, estas medidas han demostrado que son instrumentos eficaces para promover la presencia de mujeres en altos cargos y han evidenciado la existencia de una correlación positiva entre el empoderamiento de las mujeres y la mejora de los resultados de las empresas. En consecuencia, la Ley antes mencionada se ratificó en 2019, en el marco de la Ley del Presupuesto de 2020, con el objetivo de lograr que la representación femenina en los consejos de administración de las empresas alcance el 40 %.

88.Actualmente, el porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa se sitúa en el 33,5 %, (en comparación con el 6 % antes de la aplicación de la nueva ley), superando así la proporción exigida por la Ley (1 de cada 3); la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas públicas (que actualmente se sitúa en un 32,1 %) ha aumentado un 75 % en aproximadamente cinco años (véanse más datos en el anexo XIII).

89.Asimismo, en el sector empresarial, desde 2013 el Gobierno de Italia puso en marcha una importante iniciativa para apoyar la iniciativa empresarial y las oportunidades de empleo de las mujeres, basada en proporcionar una garantía pública para cubrir las transacciones financieras de las pymes italianas, destinada a las actividades empresariales realizadas por mujeres. En particular, el propósito de la iniciativa era facilitar los procedimientos de “acceso al crédito”, ya que es uno de los principales problemas a los que hacen frente las mujeres que tienen empresas y trabajan por cuenta propia. Hasta la fecha, se han beneficiado de esa garantía más de 16.000 empresas propiedad de mujeres y participan en la operación aproximadamente el 42 % de las instituciones financieras italianas.

90.En cuanto a la presencia femenina en la esfera política, también se han producido algunos signos positivos. El porcentaje de mujeres elegidas en las elecciones generales de 2018 aumentó hasta el 35,4 % (en comparación con el 30,7 % en la anterior legislatura) y la representación de mujeres italianas en el Parlamento Europeo (41,7 %) prácticamente duplica la que existía diez años antes, en consonancia con la media europea.

91.Sin embargo, a pesar de esos importantes logros, en Italia la brecha de género en el empleo sigue siendo amplia, y las condiciones de trabajo de las mujeres, que ya estaban rezagadas, se han deteriorado, en especial durante la crisis epidémica y particularmente en el sur del país. Hay que tener en cuenta que las mujeres están empleadas principalmente (y de forma precaria) en el sector de los servicios, que fue el más afectado durante el pasado año. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2020 había 470.000 mujeres empleadas menos que en el mismo trimestre de 2019, y 323.000 mujeres menos empleadas con un contrato de duración determinada. Así pues, la tasa de empleo entre las mujeres de entre 15 y 64 años de edad se sitúa actualmente en el 48,4 %, en comparación con el 66,6 % en el caso de los hombres, lo que sitúa a Italia en la penúltima posición de la clasificación europea, superando únicamente a Grecia.

92.Por otra parte, la situación del desempleo femenino en Italia llama la atención si se tiene en cuenta que el nivel educativo de las mujeres es comparativamente más alto que el de los hombres. Por ejemplo, en 2019, casi 2 de cada 3 mujeres tenían un título de bachillerato, superando en alrededor de cinco puntos porcentuales a los varones (64,5 % y 59,8 %, respectivamente), y el 22,4 % de las mujeres tenían un título universitario (en comparación con el 16,8 % de los hombres).

93.En total, la tasa de empleo femenino solo ha aumentado 15 puntos en los últimos 40 años (pasando del 33,5 % en 1977 al 48,4 % en 2020), a pesar de que las inversiones en educación, la terciarización de la economía y los progresivos cambios culturales han contribuido significativamente a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo.

I.Desempleo entre los jóvenes

94.Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2018 los denominados ninis (jóvenes, de entre 15 y 29 años sin estudios, trabajo ni formación) ascendieron a 2.116.000, lo que representaba el 23,4 % del total de jóvenes de esa franja de edad. Su distribución en el territorio italiano es desigual, ya que había aproximadamente 1.099.000 ninis en las regiones del sur, 666.000 en las del norte y 336.000 en las regiones centrales.

95.En 2015, el Departamento de Políticas de Juventud y Servicio Civil Universal y el Departamento de Políticas de Lucha contra las Drogas de la Presidencia del Consejo de Ministros publicaron un aviso público, titulado “Prevenir y combatir el malestar de los jóvenes”, destinado a financiar actuaciones específicas para hacer frente al malestar y a las conductas de riesgo de los jóvenes relacionadas con la identificación y reinserción de los ninis.

96.El anexo XIV contiene información sobre la fuerza de trabajo.

Políticas laborales sobre las personas con discapacidad

97.Italia aprobó la Ley núm. 68/1999 con el fin de “promover la inclusión y la integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, mediante servicios de apoyo y colocación selectiva”. Sus disposiciones se aplican a:

Las personas en edad de trabajar afectadas por deficiencias físicas, mentales o sensoriales y las personas con discapacidad intelectual que debido a ello tengan una reducción de la capacidad de trabajar superior al 45 %.

Las personas incapacitadas para trabajar con un grado de invalidez superior al 33 %.

Las personas ciegas o sordomudas.

Las personas inválidas de guerra, inválidas civiles de guerra o inválidas para el servicio que tengan alguna discapacidad.

98.La Ley también establece que los empleadores no pueden pedir a un trabajador con discapacidad que preste un servicio que no sea compatible con su discapacidad (art. 10), y tienen la obligación de mantener el puesto de trabajo de aquellas personas que no tuvieran ninguna discapacidad en el momento de la contratación y hayan sufrido una discapacidad debido a un accidente del trabajo o una enfermedad profesional (art. 1).

99.A fin de asegurar el acceso al trabajo de las personas con discapacidad, la legislación italiana también prevé “cuotas reservadas” específicas para su contratación. Desde enero de 2018, las empresas privadas que tengan entre 15 y 35 empleados tienen la obligación de que al menos uno de ellos sea un trabajador con discapacidad.

100.Por otra parte, en la Administración Pública, el Decreto Legislativo núm. 75/2017 dispuso lo siguiente:

El establecimiento del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad en el Lugar de Trabajo.

La designación de un responsable de la integración de las personas con discapacidad.

La asignación de la tarea de supervisar la aplicación de la Ley 68 en el ámbito público.

101.Además, Italia ofrece una serie de incentivos para la contratación de personas con discapacidad, en particular desde que el Decreto Legislativo núm. 151/2015 innovó la disciplina en esta materia y el funcionamiento del fondo pertinente. En concreto, el sistema que preveía la asignación presupuestaria anual para las regiones y su posterior desembolso a los empleadores (que se basaba en las contrataciones del año anterior) fue sustituido por una asignación inmediata para el empleador, de modo que actualmente los incentivos se pagan en función de los informes de las cotizaciones mensuales, mediante un procedimiento telemático del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

102.El incentivo económico está en función del salario bruto imponible a efectos de la seguridad social y varía según el grado y el tipo de reducción de la capacidad laboral de la persona contratada. La duración de la prestación contributiva también varía según las características del trabajador contratado y el tipo de relación de trabajo. En concreto, en el caso de los empleadores que contraten a personas con discapacidad por un período indefinido, se concede un incentivo de 36 meses por la contratación de trabajadores con discapacidad que tengan una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 67 %. Además, se pueden ofrecer incentivos del 70 % del salario bruto mensual durante un período de tiempo más prolongado (60 meses) por la contratación de trabajadores con discapacidad intelectual o mental. En el caso de esos trabajadores también existen incentivos para los contratos de duración determinada siempre que no sean inferiores a 12 meses.

103.En cuanto a los incentivos para las personas incapacitadas para trabajar, la Ley núm. 190/2014 atribuyó al Instituto Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo una serie de competencias en materia de integración y reintegración laboral de las personas con discapacidad. Entre ellas figura la promoción de proyectos o intervenciones personalizadas destinadas a conservar el puesto de trabajo o a buscar un nuevo empleo mediante la formación profesional, así como a adaptar los puestos de trabajo o a eliminar las barreras arquitectónicas en el lugar de trabajo.

J.Salarios mínimos

a)En Italia, la fijación de los salarios mínimos y las condiciones de trabajo corresponde a la libre negociación entre los interlocutores sociales y a la negociación colectiva nacional de cada categoría. Por lo tanto, las condiciones reglamentarias y económicas se definen en los convenios colectivos nacionales de trabajo correspondientes a cada sector, según su respectiva clasificación y niveles de los trabajadores. Actualmente está en curso la negociación de una directiva europea sobre salarios mínimos que, cuando se apruebe, se aplicará a nivel nacional;

b)Según el Decreto Legislativo núm. 216/2003 relativo a la “Aplicación de la Directiva 2000/78/CE para la igualdad de trato en materia de empleo y condiciones de trabajo”, el principio de la igualdad de trato se aplica a: a) el acceso al empleo y al trabajo, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, incluidos los criterios de selección y las condiciones de contratación; b) las condiciones de empleo y de trabajo, incluida la promoción profesional, la remuneración y las condiciones de despido; c) el acceso a todos los tipos y niveles de orientación y formación profesional, formación continua y reciclaje profesional, incluidas las prácticas profesionales; d) la afiliación y la actividad en organizaciones de trabajadores, de empleadores y otro tipo de organizaciones profesionales, y los servicios prestados por dichas organizaciones. El anexo XV contiene datos a este respecto.

104.En cuanto a las personas con discapacidad, la igualdad de trato en las condiciones de trabajo está garantizada también por la Ley núm. 67/2006, que prevé su protección judicial permitiéndoles recurrir a los tribunales para lograr el cese de los actos discriminatorios. Los sindicatos y las organizaciones representativas pueden tener derecho a actuar por delegación en los casos de discriminación colectiva, y a que se ordenen procedimientos administrativos para anular los actos que perjudiquen los intereses de las personas. Además, la Ley permite que el juez ordene la publicación de las medidas judiciales en un periódico nacional o en los periódicos más difundidos de un territorio.

105.Además, la Ley núm. 68/1999 establece que los accidentes o enfermedades no constituyen una razón justificada para el despido de los trabajadores que se vean incapacitados para desempeñar sus funciones como consecuencia de una lesión o enfermedad, sino que ellos deben ser asignados a funciones equivalentes o, en su defecto, a funciones inferiores. En caso de que se les asignen funciones inferiores, las personas con discapacidad tienen derecho a conservar el trato más favorable correspondiente a su anterior puesto de trabajo. Si fuera imposible asignar a esos trabajadores funciones equivalentes o inferiores, se les colocará en otra empresa en la que puedan realizar actividades compatibles con su capacidad laboral residual.

c)El informe anual sobre el mercado de trabajo de 2020 (en su cuarta edición), que es resultado de la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguros de Accidentes Laborales y la Agencia Nacional de Políticas Activas de Empleo, indica que, de los 561.000 accidentes del trabajo notificados en 2019, se reconocieron un total de 369.000. La mayoría de ellos se produjeron durante la actividad laboral y el 21 % ocurrió “fuera de la empresa” ( in itinere ). En ese contexto, se notificaron 1.179 casos mortales por accidentes del trabajo, de los cuales 677 fueron casos constatados y 389 casos “fuera de la empresa” (más del 57 %).

106.El anexo XVI contiene más datos sobre los accidentes del trabajo.

d)En cuanto a las medidas relativas a las inspecciones del trabajo, cabe destacar lo siguiente:

La creación, en enero de 2017, de un organismo único para las inspecciones del trabajo (la Inspección Nacional del Trabajo) con el fin de: reducir la duplicidad de las inspecciones, facilitar la uniformidad de las conductas y las pautas interpretativas, y asegurar una planificación eficaz de la actuación supervisora.

El refuerzo de las advertencias y disposiciones de comprobación, con el fin de simplificar el uso de las instituciones existentes y ampliar la protección sustantiva de los trabajadores.

107.El anexo XVII contiene más información.

e)En el ejercicio de su labor de supervisión, las oficinas territoriales de la Inspección Nacional del Trabajo también realizan investigaciones relacionadas con las normas sobre la igualdad de oportunidades y la prohibición de la discriminación de género en el lugar de trabajo, en particular en cuanto a la remuneración. Además, en lo que respecta a las cuestiones de género relacionadas con la igualdad y la igualdad de oportunidades, se tienen en cuenta los informes presentados por los consejeros y las consejeras de igualdad, en el contexto de su cooperación institucional con la Inspección Nacional del Trabajo, como se prevé en el artículo 15 del Decreto Legislativo núm. 198/2006.

108.En ese sentido, en 2018 se firmó un nuevo memorando de entendimiento entre la Inspección Nacional del Trabajo y la Consejera Nacional de Igualdad, destinado a potenciar la colaboración entre el organismo de inspección y la Red Nacional de Consejeras y Directoras de Igualdad, que presta especial atención a la protección física y económica de las madres embarazadas y trabajadoras. En consecuencia, en 2019 el personal de inspección intervino en favor de 466 trabajadoras del sector terciario, tradicionalmente caracterizado por una mayor tasa de empleo femenino y por ser el sector en el que se produce el mayor porcentaje de ese tipo de infracciones (concretamente, el 81 %, en comparación con el 16 % en la industria, el 2 % en la construcción y el 1 % en la agricultura). Además, el personal inspector realiza actividades de prevención (de conformidad con el artículo 8 del Decreto Legislativo núm. 124/2004) a fin de promover métodos correctos de aplicación de la legislación vigente en el mercado de trabajo (esto es, entre las empresas privadas, las organizaciones de empleadores, los sindicatos y las asociaciones profesionales).

109.El anexo XVIII contiene más información.

K.Trabajadores migrantes en situaciones irregulares

110.Entre los principales ámbitos de intervención de la planificación anual de supervisión de la Inspección Nacional del Trabajo figura la lucha contra el trabajo no declarado, la contratación ilegal y la explotación laboral de los migrantes (el anexo XVIX contiene datos sobre la explotación laboral). En particular, los migrantes sujetos a explotación laboral, y especialmente los que carecen de permiso de residencia, están incluidos en las categorías de trabajadores más vulnerables y dignos de protección. Desde el inicio de la crisis epidémica, el tejido productivo nacional quedó especialmente expuesto al riesgo de la economía ilegal y, en lo que atañe a las inspecciones, esos efectos se contrarrestarán mediante las siguientes medidas:

Campañas de inspección en sectores de producción y contextos territoriales específicos, que se intensificarán haciéndolas coincidir con las etapas en las que aumenta la actividad de producción.

Las iniciativas previstas en el “Plan trienal contra la explotación y la contratación ilegal en la agricultura” (2020-2022), que recoge la estrategia nacional de lucha contra la contratación ilegal y la explotación laboral en la agricultura.

La participación de la Inspección Nacional del Trabajo en proyectos específicos destinados a reforzar la lucha contra la contratación ilegal y la explotación laboral. En ese contexto, el proyecto Su.Pr.Eme, basado en el Fondo “Asilo, Migración e Integración”, tiene por objeto promover formas eficaces de integración de los migrantes en determinadas zonas del sur de Italia. Además, el proyecto “A.L.T. Caporalato!”, que se lleva a cabo sobre todo en las regiones del centro y el norte de Italia, apunta a contrarrestar la contratación ilegal, también en sectores distintos de la agricultura.

La adopción de un enfoque de múltiples instituciones y el establecimiento de grupos de trabajo específicos evidencian la importancia y la utilidad de trabajar en colaboración con otros organismos de supervisión, mantener estrechos contactos con los fiscales y promover la participación de los actores sociales del territorio (sindicatos, asociaciones de lucha contra la trata de personas, intérpretes y mediadores culturales). Estos últimos, en particular, desempeñan un papel crucial en cuanto a facilitar las relaciones entre las fuerzas de inspección y los trabajadores explotados, gracias a su capacidad para comprender y superar las barreras lingüísticas y las diferencias culturales.

111.Véase información sobre la trata en el anexo XX.

L.Sindicatos

112.En Italia, la libertad sindical está consagrada en el art. 39 de la Constitución.

113.Ello también garantiza la asociación sindical de los trabajadores y su representatividad en los contextos empresarial y público. Así, los sindicatos están reconocidos como una forma institucional de autoprotección exclusiva, con el objetivo de dar prioridad a la actuación colectiva frente el ejercicio individual de las libertades fundamentales.

114.La legislación pertinente en la materia se desarrolló especialmente a partir de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (títulos II y III), lo que marcó el principio de la libre actividad sindical en el lugar de trabajo. El Estatuto de los Trabajadores tenía la doble misión de consolidar algunos logros sindicales en el plano legislativo y procurar una delicada coordinación entre la labor sindical en el lugar de trabajo y las necesidades empresariales. En particular, el título II especifica las “situaciones protegidas jurídicamente” que dan derecho a la realización de actividades sindicales en la empresa, a las que corresponden necesariamente algunas obligaciones por parte del empleador.

115.El ejercicio real del derecho de huelga se ha regulado de distintas maneras: unilateralmente por parte de los sindicatos o mediante acuerdos específicos con la contraparte empleadora. El Texto Consolidado de la Ley de Representación (10 de enero de 2014) también establece que, en los convenios colectivos nacionales de trabajo, las confederaciones adheridas deben prever cláusulas específicas y procedimientos de “moderación” destinados a garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los contratos, así como sanciones adecuadas en caso de incumplimiento de esas obligaciones.

116.En caso de incumplimiento o falta de reconocimiento de los derechos sindicales o la libertad de asociación pueden aplicarse diversas normas sancionadoras del ordenamiento jurídico italiano.

M.Servicios de cuidado infantil

117.En Italia, la oferta actual de plazas disponibles en los servicios de atención y educación de la primera infancia se sitúa como promedio en el 25,5 %, con importantes variaciones en los distintos territorios del país.

118.En el año académico 2018/19 funcionaron 13.335 servicios infantiles con 355.829 plazas autorizadas (el 51,6 % en estructuras municipales). La oferta incluye: guarderías tradicionales (81 %); guarderías para niños de entre 24 y 36 meses (10 %); servicios de integración para la primera infancia, como ludotecas, centros para niños y progenitores, y servicios domiciliarios (9 %). En comparación con el año anterior, la oferta aumentó ligeramente en el sector público (2.000 plazas más), pero la oferta total sigue estando por debajo de la meta fijada en la Unión Europea (33 %) para apoyar la conciliación entre la vida familiar y laboral y promover una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Tanto la zona del noreste como la del centro se sitúan justo por encima del objetivo europeo (33,6 % y 33,3 %, respectivamente) y el noroeste no está muy lejos del objetivo (29,9 %), pero el sur (13,3 %) y las islas (13,8%) siguen estando muy lejos. A nivel regional, los niveles de cobertura más altos son los del Valle de Aosta (45,7 %), Umbría (42,7 %), Emilia-Romagna (39,2 %), Toscana (36,3 %) y la provincia autónoma de Trento (38,4 %).

119.En algunas zonas geográficas la situación también varía considerablemente entre los distintos municipios. En general, los servicios de cuidado infantil se concentran en los municipios grandes y en las zonas más desarrolladas económicamente. Las capitales de provincia se sitúan en una media del 33 %, pero todos los demás municipios tienen en promedio 22,4 plazas por cada 100 residentes menores de 3 años. En las áreas metropolitanas, solo las ciudades de Florencia (48,2 %), Bolonia (46,9 %) y Roma (44,0 %) y otras ciudades de las zonas del centro y el norte superan o se acercan a una cobertura del 40 %, pero en las ciudades del sur y de las islas la cobertura no supera el 15 %, con la excepción de Cagliari (26,5 %). Algunas áreas metropolitanas (por ejemplo, Bolonia, Milán y Génova) pueden garantizar una buena oferta, incluso en los municipios periféricos, pero en la zona periférica de Roma la cobertura está por debajo de la media nacional (21,1 %).

120.Según la encuesta por muestreo europea sobre los ingresos y las condiciones de vida de las familias, el 25,7 % de los niños italianos menores de 3 años asisten a un centro educativo (mientras que la media de la Unión Europea es del 35,1 %). Uno de los factores que determinan las elecciones de las familias es el coste del servicio: el coste medio anual estimado de los servicios de guardería ha aumentado, pasando de 1.570 euros en 2015 a 2.208 euros en 2019.

121.Diez años después del “Plan Extraordinario para el Desarrollo de los Servicios Socioeducativos para la Primera Infancia”, la reforma de ámbito nacional denominada “Buona Scuola” (Ley núm. 107/2015) estableció la integración de la educación y los cuidados en la primera infancia (0 a 3 años) y los jardines de infancia (3 a 6 años) en un único “sistema integrado de educación y enseñanza desde el nacimiento hasta los 6 años”. El propósito de esa reforma era ofrecer servicios de calidad y un número adecuado de plazas a fin de alcanzar los objetivos fijados en el Consejo Europeo de Barcelona en 2002, mediante una estrategia global que incumbe a distintos actores en todos los niveles, tanto nacional, regional como local. El Ministerio de Educación ha establecido el “Fondo Nacional para el Sistema Integrado de Educación y Formación” (Decreto Legislativo núm. 65/2017), con un presupuesto total de 264 millones de euros en 2020 destinado a los servicios de cuidado infantil (0 a 6 años).

122.En 2018 una nueva ley otorgó competencias específicas para el desarrollo de los servicios de atención y educación de la primera infancia a la Presidencia del Consejo de Ministros (Departamento de Políticas de la Familia) y al Ministerio de Políticas de la Familia.

123.La Ley del Presupuesto de 2020 creó el Fondo de Servicios de Atención y Educación de la Primera Infancia y de Cuidado Infantil, asignándole 100 millones de euros anuales en el período 2021-2023 y 200 millones de euros anuales en el período 2023-2034. A fin de asegurar su óptima implementación, se estableció un comité directivo coordinado por el Departamento de Políticas de la Familia en el que participan otras autoridades competentes (esto es, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Infraestructuras y Transportes, y la Conferencia de las Regiones y las Provincias Autónomas).

Licencias paternales y de paternidad

124.El Gobierno de Italia adoptó una serie de medidas legales con objeto de mejorar el bienestar de los niños y los progenitores, apoyando al mismo tiempo la política nacional de natalidad, como la licencia de paternidad obligatoria, establecida por la Ley núm. 92/2012, que se amplió de 5 a 7 días mediante la Ley núm. 160/2019.

125.En junio de 2020 el Consejo de Ministros aprobó la denominada “Ley de la Familia”, que establece un conjunto de medidas nuevas para las familias con hijos. El nuevo proyecto de ley también pretende combatir la baja tasa de natalidad de Italia y, al mismo tiempo, apoyar la función parental, promover la conciliación entre la vida laboral y familiar, y facilitar el papel social y educativo de las familias, a fin de lograr un crecimiento armonioso de los niños y los jóvenes. La Ley prevé, entre otras cosas: el establecimiento de una asignación mensual universal por hijo (desde el nacimiento hasta la edad adulta y sin límite de edad en el caso de los niños con discapacidad); el refuerzo de las políticas destinadas a las familias que apoyan la cobertura de los gastos educativos y escolares; la promoción de las actividades deportivas y culturales; y la ampliación de las licencias parentales a todos los profesionales, también en lo que respecta a las licencias obligatorias y de paternidad.

126.En el contexto de la epidemia de COVID, el Decreto-ley núm. 18/2020 (denominado Decreto “Cura Italia”) estableció una licencia y una bonificación extraordinarias para los progenitores a fin de prestarles apoyo durante el período de suspensión temporal de los servicios destinados a la infancia y las actividades escolares.

N.Etiquetado de los alimentos

127.En consonancia con el marco normativo de la Unión Europea, la propuesta italiana sobre el etiquetado nutricional (NutrInform Battery) pretende contribuir al debate en curso sobre la aplicación correcta y uniforme de las disposiciones del Reglamento de la Unión Europea 1169/2011.

128.A este respecto, Italia notificó a la Comisión Europea y posteriormente aprobó un decreto ministerial que establece la forma de presentación y las condiciones de uso de un logotipo nutricional que las empresas alimentarias pueden optar por aplicar como información complementaria adicional destinada a los consumidores.

129.El objetivo del logotipo italiano es proporcionar información sobre los niveles de consumo de los nutrientes, utilizando los valores de referencia como una base científica. La forma gráfica (una “batería” o “pila”) diseñada por Italia tiene el propósito de que la información sobre los nutrientes fundamentales (estos es, grasas, grasas saturadas, azúcares y sal, entre otros) y los valores energéticos por porción consumida sea más fácil de entender por parte de los consumidores. De hecho, los resultados de la experimentación con el logotipo de NutrInform Battery indican que los consumidores mejoraron sus conocimientos nutricionales.

Necesidades nutricionales en la infancia

130.De acuerdo con las directrices propuestas por la Unión Europea, el Ministerio de Salud de Italia ha elaborado dos documentos destinados, por una parte, a regular la promoción de los alimentos para lactantes y, por otra, a compartir algunos objetivos de mejora de la calidad nutricional de los productos consumidos por los niños de 3 a 12 años de edad. Los documentos son el resultado de una fructífera colaboración entre el Ministerio de Salud y las asociaciones comerciales del sector alimentario, lo que, de hecho, ha dado lugar a excelentes mejoras en la calidad de determinados productos alimentarios en cuanto a la reducción de azúcares, grasas saturadas y sal.

Seguridad nutricional

131.En Italia, la “Mesa Técnica sobre Seguridad Nutricional” lleva a cabo una amplia gama de actividades, que van desde el diseño de intervenciones para prevenir las deficiencias de micronutrientes y macronutrientes hasta la puesta en marcha de estudios e investigaciones sectoriales en ámbitos específicos. En ese marco, la Mesa Técnica también ha alentado a otras instituciones a poner en marcha plataformas tecnológicas que permitan compartir datos sobre las políticas nutricionales, a fin de supervisar los efectos de todas las medidas adoptadas en este sector. La labor de la Mesa Técnica está estrechamente vinculada al Decenio de Acción sobre la Nutrición (Mesa de Italia para el Decenio sobre la Nutrición) establecido para alcanzar los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025), con el fin de combatir la triple carga de la malnutrición, la carencia de micronutrientes y la obesidad.

Estrategias sobre la calidad de la dieta y la nutrición

132.En Italia se ha determinado que la restauración colectiva (escolar, hospitalaria y comercial) es un instrumento importante para contribuir a que la población consuma una dieta variada y equilibrada, y a educar sobre ello. En ese sentido, en 2010 se elaboraron las directrices nacionales para la restauración escolar. También se prepararon las directrices sobre la restauración hospitalaria en el sector pediátrico, a fin de prevenir la malnutrición y los riesgos nutricionales y de asegurar que la restauración hospitalaria cumpla con todos los criterios de satisfacción, salubridad y calidad, influyendo al mismo tiempo en la elección de los alimentos. De conformidad con el artículo 144 del Decreto Legislativo núm. 50/2016, se actualizaron las directrices nacionales para la restauración escolar, hospitalaria y asistencial (actualmente pendientes de publicación en el Boletín Oficial).

Lactancia materna

133.La Mesa Técnica Operativa Interdisciplinaria para la Promoción de la Lactancia Materna funciona permanentemente en el Ministerio de Salud. Una de sus actividades es el seguimiento de las tasas de lactancia materna tras el alta hospitalaria. Teniendo en cuenta que los datos sobre la lactancia materna son parciales y difíciles de determinar, ese seguimiento requiere un sistema uniforme de recopilación de datos a nivel nacional que sustenten la adopción de medidas para proteger y apoyar la lactancia materna. Con ese fin, se ha elaborado recientemente un documento en el que se definen: a) las categorías de nutrición infantil; b) los indicadores elegidos para el seguimiento a nivel nacional; c) la duración del seguimiento; d) las recomendaciones concluyentes para la aplicación del sistema de seguimiento a nivel nacional, basadas en el análisis de los problemas más importantes y las soluciones propuestas para la recopilación de datos en el lugar de nacimiento.

Obesidad

134.En Italia, los datos de 2019 del sistema de vigilancia denominado “OKkio alla SALUTE” confirman que el fenómeno del sobrepeso y la obesidad infantil (niños de 8 y 9 años) está disminuyendo lentamente, aunque de forma constante. En concreto, la obesidad disminuyó del 12 % en 2008-2009 al 9,4 % en 2019, y el sobrepeso disminuyó del 23,2 % en 2008-2009 al 20,4 % en 2019. No obstante, siguen existiendo acusadas diferencias geográficas, con porcentajes más altos en las regiones del sur y del centro del país. Según la Iniciativa Europea para la Vigilancia de la Obesidad Infantil (COSI) de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Italia sigue estando entre los países en los que el porcentaje de niños con exceso de peso es más elevado. La encuesta de 2019 también confirma que algunos hábitos alimentarios incorrectos están muy extendidos: el 8,7 % de los niños se salta el desayuno; el 52,2 % toma un tentempié demasiado abundante a media mañana; el 24,3 % consume frutas o verduras menos de una vez al día; y el 25,4 % toma bebidas azucaradas o carbonatadas diariamente. Además, el 20,3 % de los niños no había realizado actividad física el día anterior al de la encuesta y el 73,6 % no va a la escuela andando o en bicicleta. El 40,3 % de las madres de niños que tienen obesidad o sobrepeso considera que su hijo tiene un peso inferior al normal.

135.En cuanto a los adolescentes, los datos del estudio sobre el comportamiento de los escolares en materia de salud de 2018 indican que: el 16,6 % de los estudiantes de 11, 13 y 15 años tienen sobrepeso, y el 3,2 % obesidad; el exceso de peso es mayor entre los varones y en las regiones del sur, y disminuye solo ligeramente al aumentar la edad. En comparación con el estudio realizado en 2014, los valores se mantienen bastante estables. En dicho estudio también se evidenció el hábito frecuente de no desayunar los días lectivos, siendo más habitual entre las niñas en todos los grupos de edad analizados. Solo una tercera parte de los adolescentes consume frutas o verduras al menos una vez al día, con mejores resultados entre las niñas. Los niveles recomendados de actividad física diaria solo los cumplen el 9,5 % de los jóvenes de 11 a 15 años de edad. Los datos de 2019 del sistema de vigilancia PASSI ( Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia ) con respecto a la población adulta del país (de 18 a 69 años) indican que, de cada 10 personas adultas, 3 tienen sobrepeso (índice de masa corporal entre 25 y 29,9) y 1 obesidad (índice de masa corporal ≥ 30). El sobrepeso es más frecuente a medida que aumenta la edad, particularmente entre los hombres, las personas con dificultades económicas y/o bajo nivel de estudios, y las personas que residen en las regiones del sur. Entre las personas con sobrepeso, menos de la mitad considera que su peso corporal es demasiado elevado, aunque existe una mayor conciencia entre las personas obesas. No obstante, más de 1 de cada 10 personas considera que su peso es correcto. En general, las mujeres son más conscientes del problema que los hombres.

O.Vivienda

136.A fin de contribuir a dar una alternativa a los asentamientos romaníes, los lugares de confinamiento y la degradación física, la UNAR (en su calidad de punto nacional de contacto de la Estrategia Nacional para la Inclusión de los Romaníes 2012-2020) ha puesto en marcha una serie de propuestas de proyectos y, al mismo tiempo, ha supervisado las actividades en curso destinadas a promover alternativas de agrupamientos residenciales en los que no resida un único grupo étnico. Esas iniciativas se basan en el desplazamiento residencial de las familias y se diseñan sobre la base del diálogo territorial y acuerdos sustentados en consultas con los diversos actores sociales y los beneficiarios romaníes afectados. Desde 2016, la UNAR promueve un correcto uso de los recursos disponibles en favor de las políticas de vivienda para las comunidades romaníes, tanto en el marco del PON Metro como en sinergia con las intervenciones del PON Inclusione y los planes operativos regionales. Así pues, la UNAR trabaja en coordinación con la Agencia de Cohesión Territorial y con las ciudades metropolitanas, que son, respectivamente, el organismo responsable de la gestión y los organismos intermedios del PON Metro.

137.Con el propósito de apoyar a las administraciones locales, en 2018 la UNAR puso en marcha el proyecto PAL (Planes de Acción Local), a fin de poner en marcha servicios adicionales para el establecimiento y la reactivación de mesas municipales en las ciudades metropolitanas afectadas (Roma, Cagliari, Milán, Génova, Nápoles, Bari, Palermo y Catania). La primera fase del proyecto abarcó el período 2018-2020 y se ha previsto una segunda fase para el período 2021-2022.

138.En particular, la activación de las mesas municipales se basa en los cuatro ejes principales de la Estrategia (vivienda, trabajo, educación y salud), que hacen referencia a dar una alternativa a los asentamientos como cuestión fundamental. Para ello, la iniciativa promueve una mayor coordinación entre los niveles regional y municipal, a fin de optimizar las intervenciones y los recursos disponibles. En las consultas con los municipios afectados, uno de los temas que se tratan son los desalojos de los asentamientos romaníes ilegales y los principios fundamentales para la protección del derecho a la vivienda, así como la protección social de las personas vulnerables. En general, el objetivo es reforzar el complejo proceso de gobernanza de la Estrategia Nacional de Inclusión, centrándose en el ámbito local, sobre la base de potenciar las sinergias de las políticas y las intervenciones en favor de las comunidades romaníes y de promover su participación en la vida social, política, económica y cívica. En los Planes de Acción Local, aprobados por medio de resoluciones en las ocho ciudades metropolitanas afectadas, se prevé el desarrollo de metodologías e intervenciones en materia de vivienda que incluyen la cuestión de la reubicación de las comunidades que viven en contextos de viviendas precarias o desfavorecidas, en consonancia con la Estrategia Nacional y con el fin de proteger los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad.

P.Segregación residencial de las comunidades romaní, sinti y camminanti

139.El Programa Nacional Ciudades Metropolitanas 2014-2020 (PON Metro), financiado por múltiples fondos (Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo Social Europeo), tiene el propósito de mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos residentes y a los usuarios de la ciudad, y en él participan 14 municipios que son capitales (Milán, Turín, Venecia, Bolonia, Génova, Florencia, Roma, Nápoles, Bari, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania y Cagliari). Las intervenciones relativas a la vivienda de las comunidades romaníes se centran en la Acción 3.2.1 del resultado previsto 9.5 “Vías de acceso a la vivienda para las comunidades marginadas”.

140.Dicha Acción se basa en un enfoque integrado, basado en una interacción constante entre las intervenciones en los distintos ámbitos (educación, salud y regularización de la situación jurídica o en materia de empleo de los romaníes, entre otras), proporcionando así una vía de acompañamiento a las medidas en materia de vivienda adoptadas por los municipios afectados. En particular, la Acción se basa en:

El análisis de las necesidades de los hogares unifamiliares con el fin de identificar correctamente el apoyo necesario para su integración en relación con la vivienda.

La preparación de acuerdos personalizados para su integración en relación con la vivienda.

La búsqueda de una solución habitacional, principalmente mediante la identificación de una vivienda en el mercado privado.

La contribución al alquiler como parte de la vía de acompañamiento.

La puesta en marcha de servicios de acompañamiento, tanto para la familia o la persona romaní como para la comunidad.

141.A pesar de las dificultades que persisten en todo el territorio nacional, se realizan numerosos esfuerzos a distintos niveles para hallar soluciones diversificadas en relación con la vivienda y las condiciones de vida de la población romaní, y algunas de las intervenciones identificadas en la Estrategia 2012-2020 (trabajo, educación, vivienda y salud) son ejemplos de “buenas prácticas”.

142.Por ejemplo:

En Turín, un protocolo firmado en 2019 con el fin de dar una solución a los campamentos permitió resolver el alojamiento de 11 familias (aproximadamente 95 personas) y, en consecuencia, clausurar el campamento de Via Germagnano. El Ministerio del Interior también participó en este proyecto.

En la ciudad de Milán se asignaron a las entidades del tercer sector diversos proyectos de alojamiento en estructuras residenciales (aproximadamente 100 personas). En particular, se pusieron en marcha proyectos para facilitar el traslado a las estructuras de vivienda y realizar el seguimiento. En cuanto a los jóvenes, se han puesto en práctica nuevos planes para combatir la prostitución y facilitar la inclusión, la escolarización y el inicio de actividades laborales. El Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales ha participado en esos proyectos y también se han utilizado fondos europeos.

La ciudad de Roma ha puesto en marcha un plan destinado a hacer posible la clausura de los campamentos de Castel Romano y Monachina en 2021, que incluye la aportación de fondos para reubicar a las familias afectadas.

143.Además, con el fin de supervisar las intervenciones a nivel local, la UNAR estableció un acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística con vistas a realizar una encuesta cualitativa y cuantitativa entre los romaníes que han abandonado los asentamientos para alojarse en otras formas de vivienda. El proyecto, financiado mediante el PON Inclusione, cuenta con el apoyo del Grupo de Trabajo Estadístico y la participación de un representante de la Plataforma Nacional de Romaníes. La encuesta ha llenado un vacío estadístico y cognitivo sobre los problemas que enfrentan las comunidades romaníes en materia de vivienda, y también ha proporcionado datos precisos sobre las medidas adoptadas por la administración central y las administraciones locales para resolver el problema de los campamentos. Entre los resultados más significativos de la encuesta de 2020 (que abarca 745 municipios con más de 15.000 habitantes) figura la identificación de 373 asentamientos formales o informales en 126 ciudades (42 de ellas habían puesto en marcha un total de 96 proyectos de transición en materia de vivienda destinados a familias romaníes desde 2012). En total, 42 municipios han iniciado proyectos en períodos abarcados por la Estrategia Nacional de Inclusión de los Romaníes (2012-2020), que entre todos suman 96 proyectos y 1.342 familias beneficiarias (3.104 personas han pasado a contar realmente con un alojamiento permanente). La mayor parte de las personas que han accedido a una vivienda estable están en el Piamonte (870 personas), Cerdeña (843 personas), Toscana (436 personas), Emilia-Romagna (250 personas) y Trentino-Alto Adigio (189 personas). Las regiones con un mayor número de municipios que han puesto en marcha proyectos de transición habitacional son: Emilia-Romagna (7 municipios), Piamonte (5 municipios), Lombardía (5 municipios), Véneto (5 municipios) y Toscana (5 municipios). Además, hay otros 63 proyectos de transición habitacional en 27 municipios que están todavía en fase de ejecución.

Q.Atención pública de la salud

144.En Italia, la atención primaria se garantiza en el distrito sociosanitario, concebido como un elemento de integración territorial sociosanitaria y como punto de referencia para los ciudadanos, mediante la colaboración de los médicos generalistas y los pediatras de libre elección. En el último decenio las políticas sanitarias se han orientado cada vez más hacia la reorganización de la atención primaria, entre otras cosas mediante la identificación de modelos organizativos basados en la integración profesional y la participación de los pacientes y las familias. Ello ha permitido aplicar un enfoque multidisciplinar a las necesidades de los ciudadanos, asegurando al mismo tiempo la necesaria continuidad de los procesos de atención preventiva, curativa y de rehabilitación. Con el fin de establecer itinerarios de atención integrados y de asegurar un acceso unificado a los servicios sociales y de atención de la salud, la legislación italiana ha dado un gran impulso a la reorganización de la atención primaria, estableciendo que las regiones, en el ámbito de su autonomía decisoria y organizativa, deben crear las unidades complejas de atención primaria y las agregaciones funcionales territoriales. Estas representan dos formas organizativas de la medicina integrada en la que participan los empleados del Servicio Nacional de Salud para prestar servicios de atención primaria. Las unidades complejas de atención primaria suelen estar organizadas en un único centro, vinculado a la red corporativa y/o telemática regional, y funcionan organizativamente de forma multiprofesional, en la que participan médicos generalistas, pediatras de libre elección, especialistas ambulatorios y otros profesionales. Las agregaciones funcionales territoriales están vinculadas operativamente a las unidades complejas de atención primaria y funcionan de forma monoprofesional con todos los profesionales adscritos a ese servicio médico (médicos generalistas y pediatras de libre elección).

145.En cuanto al acceso a los servicios territoriales o de distrito, el hecho de que exista un “único punto de acceso” a los servicios sociales y de atención de la salud reviste una importancia estratégica a la hora de dar una respuesta eficaz e inmediata a los pacientes. El proceso de refuerzo del sistema de atención primaria en Italia prevé también el establecimiento de estructuras asistenciales con residencia temporal, como los hospitales de la comunidad, destinados a asegurar las intervenciones sanitarias con un nivel medio de medicalización de 24 horas. Esos centros tienen una función intermedia entre la asistencia domiciliaria y la hospitalización. Están destinados a aquellos pacientes que, tras un episodio agudo o de agravamiento de enfermedades crónicas, requieran una asistencia clínica de baja intensidad que se podría prestar a domicilio pero que, debido a que los pacientes carecen de un domicilio adecuado, requiere hospitalización. La asistencia es prestada por enfermeros, médicos generalistas y otros médicos empleados por el Servicio Nacional de Salud o afiliados a este, y se lleva a cabo mediante hospitalizaciones de corta duración (15 a 20 días), de acuerdo con las disposiciones del Pacto por la Salud 2014-2016 y el Decreto Ministerial núm. 70/2015.

146.Además, en virtud del Pacto por la Salud 2019-2021 y de acuerdo con las regiones, se ha reorganizado la asistencia territorial, a fin de facilitar un enfoque integrado en una serie de actividades de prevención y promoción de la salud, en particular, vías de atención de la cronicidad basadas en la medicina de iniciativa. El nuevo Pacto también pretende reforzar la atención domiciliaria, semirresidencial y residencial, a fin de prevenir el agravamiento de las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento de la población. En ese contexto, se ha previsto ampliar los servicios de pruebas de las farmacias como una ayuda importante para atender a los pacientes y controlar que sigan los tratamientos. Al mismo tiempo, se potenciará la asistencia de enfermería familiar y comunitaria, a fin de asegurar una atención continuada e integrada, en el contexto del cumplimiento terapéutico, especialmente para las personas más vulnerables de la población.

147.Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 se aprobaron una serie de disposiciones para reforzar la asistencia pública a nivel territorial. En particular, el Decreto-ley núm. 34/2020 estableció que las regiones y las provincias autónomas debían adoptar planes de reorganización de la red de atención de la salud para reforzar la evaluación diagnóstica, el seguimiento y la vigilancia de la circulación del virus. Con el fin de interceptar rápidamente cualquier brote o transmisión, el sistema previsto se dirige a los pacientes infectados y a sus contactos, asegurando al mismo tiempo la atención temprana de todos los casos confirmados, incluidos los pacientes en aislamiento domiciliario o fiduciario obligatorio, así como a los pacientes dados de alta o paucisintomáticos.

148.Los planes territoriales de asistencia contienen medidas específicas con respecto a:

La identificación y gestión de los contactos.

La vigilancia realizada por los departamentos de prevención, en colaboración con los médicos generalistas y los pediatras de libre elección.

El seguimiento constante y la continuidad de la atención de la salud.

El seguimiento temprano de todos los casos y sus contactos, a fin de determinar el fin de su aislamiento, su tratamiento u otras medidas.

149.Las regiones y las provincias autónomas también aseguran la labor de vigilancia y seguimiento activo en las residencias sanitarias asistidas y otras estructuras residenciales, y garantizan la colaboración y el asesoramiento de los médicos especialistas en relación con las necesidades sanitarias de las personas asistidas, mediante los recursos humanos, instrumentales y financieros disponibles según la legislación vigente.

150.Con respecto a las personas infectadas identificadas mediante las actividades de vigilancia del riesgo sanitario y las personas vulnerables cuyo estado se ve agravado por la emergencia en curso, las regiones y las provincias autónomas dirigen e incrementan la asistencia terapéutica a nivel domiciliario, tanto con el objetivo de asegurar el seguimiento de la emergencia epidemiológica como el de reforzar los servicios de atención domiciliaria integrada. Junto a los pacientes en cuarentena o aislamiento domiciliario, dichos servicios también atienden a las personas que tienen enfermedades crónicas, las personas con discapacidad, las que tienen trastornos mentales o adicciones patológicas, las que no son autosuficientes, las que necesitan cuidados paliativos, las que requieren terapia para el dolor o, más en general, las personas que estén en situaciones de fragilidad.

151.Además, en virtud de la Ley núm. 27/2020 se establecieron las unidades especiales de continuidad asistencial, que se encargan de las actividades de vigilancia en la asistencia territorial, tanto de los pacientes de COVID-19 como de los casos sospechosos. Dada la creciente complejidad de la gestión y la necesidad de armonizar todas las actuaciones ante la emergencia, las unidades especiales de continuidad asistencial prestan apoyo a la coordinación del enorme esfuerzo organizativo que se realiza tanto a nivel nacional como territorial, mediante el intercambio simultáneo de datos, protocolos, disposiciones y otras informaciones pertinentes. En ese contexto, la coordinación de las actividades sanitarias y sociales locales también se aborda en el Decreto Legislativo núm. 34/2020, que establece que las regiones y las provincias autónomas activarán centros operativos regionales para que se ocupen de todas las funciones relacionadas con el sistema de emergencia y urgencia, entre otras cosas mediante instrumentos de información y telemedicina. En el marco de cada organización regional, esos centros de coordinación y comunicación telemática, que están al servicio de todos los operadores pertinentes, son un instrumento fundamental para determinar cuál es la vía más adecuada para los pacientes.

152.La tabla de los niveles esenciales de asistencia es el instrumento con el que se certifica el cumplimiento del “Mantenimiento del desembolso de los niveles esenciales de asistencia”, que es uno de los compromisos previstos en el Acuerdo del Estado y las Regiones de 23 de marzo de 2005, según el cual las regiones deben acceder a una mayor financiación por parte del Servicio Nacional de Salud. La verificación de esas obligaciones la lleva a cabo el Comité de los Niveles Esenciales de Asistencia. Desde enero de 2020 está en vigor el Nuevo Sistema de Garantías para el control de la asistencia sanitaria, como requiere el Decreto Ministerial de 12 de marzo de 2019. El subconjunto de indicadores “básicos” previsto en el Nuevo Sistema de Garantías sustituirá a la tabla de los niveles esenciales de asistencia a partir del año de evaluación 2020, como se establece en el art. 3, párr. 6, del Decreto Ministerial de 12 de marzo de 2019.

R.VIH y sida

153.El Plan de Acción Nacional contra el VIH y el Sida, compartido con las regiones en virtud del acuerdo de 26 de octubre de 2017, traza el mejor camino posible para alcanzar los objetivos señalados como prioritarios por los organismos internacionales (Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, ONUSIDA, Organización Mundial de la Salud). En 2019, el Ministerio de Salud financió el proyecto denominado “Estudio de intervención sobre el apoyo entre pares para aumentar el cumplimiento y la continuidad en un programa nacional de profilaxis previa a la exposición por parte de las personas en riesgo de transmisión sexual del VIH”. El Comité Técnico de Salud promovió proyectos de investigación con organismos públicos del sector sanitario cuyos resultados finales son una referencia útil para las asociaciones y constituyen una actualización para los interesados en estrategias de prevención innovadoras y específicas. Además, esos resultados pueden servir de apoyo a los profesionales sanitarios para identificar las necesidades sanitarias y sociales de las personas enfermas.

Personas que se inyectan drogas

154.En los últimos años, las pautas de consumo y los contextos han cambiado: la heroína no es la única sustancia que se consume por vía inyectable y se ha producido un aumento significativo de los métodos de consumo de drogas no intravenosas; existen nuevas sustancias psicoactivas disponibles en el mercado y se están extendiendo prácticas como el “chemsex”. El consumo de drogas puede dar lugar a otros comportamientos de riesgo, como una mayor frecuencia de relaciones sexuales sin protección, con un riesgo significativo de que las personas resulten infectadas por el VIH, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y la sífilis, y a una posible disminución del cumplimiento de las terapias antivirales (profilaxis previa a la exposición o CART). Según un estudio realizado en 2012 por el centro nacional de salud pública, el Istituto Superiore di Sanità, solo el 47,9 % de las personas que se inyectan drogas conocen las vías de transmisión del VIH. A nivel internacional, las estrategias de reducción del daño, como la distribución de jeringuillas y agujas (según el contexto y el modo de consumo) son políticas recomendadas para contrarrestar la propagación de infecciones relacionadas con el consumo de drogas inyectables y no inyectables. También se recomiendan las intervenciones de prevención del VIH en las prisiones. El anexo XXI contiene más información sobre el consumo de drogas.

Vigilancia del VIH y el sida

155.La recopilación sistemática de datos sobre los casos de sida comenzó en 1982; en 1984 se formalizó el sistema de vigilancia a nivel nacional (Registro Nacional del Sida) y en 1986 (Decreto Ministerial núm. 288) la notificación del sida pasó a ser obligatoria. La recopilación de datos de nuevos diagnósticos de infección por el VIH comenzó en 1985 y el sistema de vigilancia se instituyó en 2008. En 2012 todas las regiones alcanzaron progresivamente una cobertura homogénea y completa. En la actualidad, los nuevos diagnósticos de infección por el VIH y los registros nacionales sobre el sida no pueden fusionarse, ya que el flujo de información, el formulario de recogida de datos y los sistemas de identificación individual son diferentes. Es por ello que se ha puesto en marcha el proyecto “Estudio de viabilidad de la vigilancia del VIH/sida mediante el establecimiento de una plataforma nacional única”, a fin de evaluar la posibilidad de establecer una plataforma nacional única de vigilancia del VIH/sida.

Virus de la hepatitis C

156.El grupo de trabajo para el examen orgánico y coordinado del Plan Nacional de lucha contra las Hepatitis Víricas B y C ha elaborado una vía de atención diagnóstica y terapéutica (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) para asegurar la igualdad de acceso al tratamiento. Hasta la fecha, se ha iniciado el tratamiento de 213.000 pacientes en el marco del plan de erradicación de la infección por el virus de la hepatitis C, entre otras cosas gracias a la Ley núm. 232/2016, que estableció el reembolso completo de los medicamentos antivirales directos hasta 2020. A pesar del gran número de pacientes que han recibido tratamiento, se estima que un número considerable de personas siguen sin saber que están infectadas (los denominados “sumergidos”), lo que constituye un reservorio del virus y una fuente de nuevas infecciones, por lo que resulta fundamental realizar campañas de detección. Dado que la mayor parte de las infecciones se diagnostican en personas de edad avanzada y en grupos particulares que tienen conductas de riesgo, el Decreto-ley núm. 162/2019 aprobó una dotación de fondos para llevar a cabo una campaña nacional de detección gratuita del virus de la hepatitis C en 2020-2021, destinada a las personas nacidas entre 1969 y 1989, las que están en prisión o las que están a cargo de los servicios públicos que se ocupan de la adicción a las drogas.

157.La adicción a las drogas tiene importantes repercusiones sociosanitarias, con consecuencias directas e indirectas en el orden público y en el gasto sanitario y social. El progresivo descenso de la edad en la que se consumen sustancias psicoactivas por primera vez, confirmado por todos los estudios epidemiológicos, está asociado a un mercado que ofrece una amplia gama de principios activos a precios cada vez más bajos. Ello hace que los fenómenos de consumo adquieran dimensiones importantes en cuanto a los efectos en la salud pública, incluso en las etapas que preceden a la aparición de situaciones de verdadera adicción a las drogas. Las consecuencias negativas directas para la salud se derivan de los efectos farmacológicos de la sustancia y de la forma de consumo, y las consecuencias indirectas incluyen, entre otras, las hepatitis B y C, el sida y trastornos del sistema nervioso central. El tema de la prevención de la adicción a las drogas se ha incluido en el Plan Nacional de Prevención 2020-2025. En 2018, los servicios para la drogodependencia atendieron a un total de 133.060 pacientes (el 85,8 % eran hombres, con una ratio entre hombres y mujeres = 6). En 2018, el 64,7 % de los usuarios fueron tratados por consumo de heroína como sustancia principal, el 19,6 % por cocaína y el 11,4 % por cannabinoides. En 2018 se realizó la prueba del VIH a 371.941 pacientes, lo que equivale al 29,5 % de las personas tratadas. De esas personas, 1.585 obtuvieron un resultado positivo, lo que equivale al 1,3 % de las personas tratadas, con un rango de valores que van desde el 0 % en la provincia autónoma de Trento hasta el 3,5 % en la región de Lombardía. Se realizó la prueba del virus de la hepatitis B a 26.786 personas (el 21,3 % de los usuarios): el 0,4 % de los usuarios (513 personas) dieron un resultado positivo, con importantes diferencias entre las regiones. Se realizó la prueba del virus de la hepatitis C a 25.274 pacientes (el 20,1 % de los usuarios tratados). El 8,5 % de los pacientes (10.692 personas) dieron un resultado positivo, también con una considerable variabilidad territorial: el porcentaje de usuarios que obtuvieron un resultado positivo con respecto al virus de la hepatitis C fue desde el 0 % en la región de Molise hasta el 33,3 % en la de Emilia-Romagna. En total, el 4,3 % de las personas sometidas a la prueba estaban infectadas por el VIH, el 1,9 % por el virus de la hepatitis B y el 42,3 % por el virus de la hepatitis C, con grandes diferencias regionales.

Prevención del uso indebido de drogas

158.En Italia, las medidas de prevención temprana desempeñan un papel crucial, especialmente en los entornos escolares y durante los períodos lectivos, y, desde 2018, la labor para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas por parte de las escuelas ha aumentado considerablemente, en vista de la identificación de conductas de riesgo y condiciones de vulnerabilidad psicoconductual. A nivel local y en la mayoría de las regiones del país también se concede gran importancia a la prevención, y en esa labor participan diversos agentes, en particular las escuelas y los servicios sociales y de salud. Las regiones, en colaboración con los ayuntamientos y las autoridades sanitarias locales, se ocupan de los territorios de su competencia mediante proyectos dirigidos a los consumidores y a las personas en situación de riesgo, aunque las intervenciones dirigidas a grupos específicos todavía no se realizan de manera uniforme en todo el territorio nacional. Además, la colaboración entre las regiones y las escuelas incluye, entre otras cosas, la formación de las personas de referencia (esto es, el personal médico y sanitario, los agentes de policía, los docentes y los progenitores).

159.Las medidas de prevención que ha puesto en marcha el Ministerio de Salud tienen los siguientes objetivos:

Promover intervenciones de prevención mediante planes de acción integrados en los departamentos de prevención, en particular en las Unidades Operativas de Promoción de la Salud, los Departamentos sobre Adicciones Patológicas, las áreas sociales, las escuelas, las fuerzas de seguridad, las asociaciones por categoría, el tercer sector y las asociaciones de voluntariado, entre otros.

Promover la adopción de una estrategia que, distinguiendo entre el consumo, el uso indebido y la dependencia, introduzca modelos de contraste que se adapten a las nuevas necesidades, de acuerdo con una serie de supuestos fundamentales.

Aplicar las directrices de la política integrada de las Escuelas Promotoras de la Salud.

De acuerdo con las evidencias y las directrices elaboradas a nivel de la Unión Europea, consolidar la implementación de un sistema orgánico de programas y medidas de reducción del daño, según las disposiciones del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 12 de enero de 2017 sobre los niveles esenciales de asistencia, que incluyen también el suministro de artículos sanitarios (como jeringuillas esterilizadas, preservativos, naloxona y otros) y actividades de asesoramiento.

Reforzar la colaboración entre los servicios específicos que atienden a las personas con comorbilidades (departamentos de las autoridades sanitarias locales que se ocupan de las adicciones, la salud mental y la prevención).

Reducción del riesgo y el daño

160.En la mayoría de las regiones, las actividades de reducción del daño están a cargo principalmente de los servicios ambulatorios territoriales para las adicciones, los servicios de umbral bajo y las unidades móviles. En algunas regiones, esa labor también es llevada a cabo por los servicios de salud mental, las estructuras residenciales (comunidades terapéuticas y/u hospitales), las farmacias, los servicios de primera acogida y de asistencia sin cita previa y/o los equipos de profesionales que intervienen en los lugares de ocio. Las actividades en materia de reducción del daño consisten principalmente en la distribución de material informativo, ya que la distribución de artículos (como jeringuillas y agujas desechables esterilizadas, desinfectantes y preservativos) está algo menos extendida (13 regiones). Existen programas de intercambio de jeringuillas y agujas desechables en 11 regiones. Se distribuyen filtros en 7 regiones; ácido cítrico o ascórbico y kits estériles de inhalación (por ejemplo, pipetas) en 6 regiones; y recipientes estériles para realizar mezclas en 5 regiones. A fin de reducir el riesgo y los daños relacionados con el consumo de drogas, las principales prácticas en materia de prevención consisten en el asesoramiento individual, y también se realizan campañas de detección del riesgo de enfermedades (esto es, hepatitis B, hepatitis C, VIH y sida). Se han realizado campañas de vacunación contra el virus de la hepatitis B en 14 regiones, en las que se ha abarcado a la mayoría de las personas toxicómanas que lo solicitaron, aunque no a todas; en 17 regiones, los servicios de reducción del riesgo suministraron tratamientos farmacológicos para la hepatitis C y tratamientos antirretrovirales para el VIH. Además, a fin de prevenir las sobredosis, 11 regiones organizaron actividades de formación o cursos formativos de supervivencia sobre “el uso seguro y/o el uso seguro de las inyecciones”, 9 regiones sobre “la prevención de las muertes relacionadas con las drogas” y 8 regiones sobre “la prevención de las sobredosis”.

161.Italia promueve desde 1991 la distribución de naloxona a los consumidores de drogas y, en la actualidad, esa estrategia va acompañada de tratamientos con medicamentos sustitutivos, a fin de reducir el riesgo de sobredosis de opiáceos. En la mayoría de los casos, la naloxona forma parte del equipamiento estándar de las ambulancias, cuyo personal recibe formación sobre su utilización. En siete regiones el uso de la naloxona se limita a los hospitales, los departamentos de emergencia y/o los vehículos de emergencia y el personal médico. La distribución de naloxona está incluida en los programas entre pares de seis regiones.

Marco normativo

162.En Italia, desde 1990, el consumo de drogas se considera un acto ilegal de carácter administrativo, y no un delito. El ordenamiento jurídico es marcadamente contrario a toda conducta que implique el consumo de drogas o sustancias psicoactivas, excepto cuando se trate de la utilización de productos medicinales que contengan moléculas psicoactivas de probada eficacia terapéutica, en contextos específicos sujetos a una prescripción y administración bajo control médico. Las sanciones dependen del tipo de conducta ilícita: la venta, la producción, el cultivo, el tráfico y otras conductas similares entran en el ámbito del derecho penal; la posesión de drogas para consumo personal es sancionable en el marco administrativo. Se aplican distintas sanciones en función de las diferentes conductas delictivas, según el tipo de delito y de droga de que se trate.

163.La ley aprobada mediante el Decreto Presidencial núm. 309/1990 establece el marco legal para la prohibición y el castigo de las actividades ilegales relacionadas con el tráfico de drogas y sustancias psicoactivas, así como para su tratamiento y prevención. En particular, la posesión para uso personal se rige por el art. 75 y se castiga con sanciones administrativas (como la suspensión del permiso de conducir). El límite entre la posesión personal y el tráfico se determina en función de las circunstancias del caso concreto (el acto, la posesión de los instrumentos de envasado, el tipo de drogas poseídas, el número de dosis que superen la dosis media diaria, los medios de organización, etc.). En virtud de la Ley núm. 79/2014, se distingue entre drogas menos y más peligrosas. Las sanciones administrativas por posesión personal pueden tener una duración de entre 1 y 3 meses en el caso de las drogas menos peligrosas y de entre 2 y 12 meses si se trata de las más peligrosas. Las personas halladas en posesión de drogas ilícitas por primera vez no suelen recibir una sanción, sino una advertencia del prefecto y una petición formal de que se abstengan de consumir. De acuerdo con la misma Ley, además de las sanciones administrativas puede ofrecerse un programa terapéutico y de rehabilitación social.

164.Hasta 2018, las penas establecidas por los delitos relacionados con la producción, el tráfico y la tenencia de estupefacientes o sustancias psicotrópicas eran las siguientes:

En el caso de drogas duras, una pena de 8 a 22 años de prisión y una multa de entre 25.822 y 309.874 euros.

En el caso de drogas blandas, una pena de 2 a 6 años de prisión y una multa de entre 5.164 y 77.468 euros.

Para todos los tipos de drogas (con independencia de la distinción entre blandas y duras) y si el delito se considera menor (párr. 5 del mismo artículo), una pena de 6 meses a 4 años de prisión y una multa de entre 1.032 y 10.329 euros.

165.Ahora bien, en enero de 2019 esas disposiciones fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional de Italia. Por lo tanto, en la actualidad, todos los delitos relativos a actividades no autorizadas con sustancias estupefacientes o psicotrópicas se castigan con penas de 6 a 20 años de prisión y una multa de entre 26.000 y 260.000 euros.

166.Cuando se trata de delitos menores (en relación con los medios, las modalidades o las circunstancias), se aplican penas de prisión de entre 6 meses y 4 años, con independencia del tipo de droga. La evaluación sobre si el delito es menor también debe tener en cuenta el modo de actuación, los motivos del delito, la personalidad del delincuente y su conducta durante la comisión del delito o en el período posterior, así como su situación familiar y social.

167.En esa perspectiva, el Tribunal de Casación de Italia (Sesión Conjunta) declaró en 2019 que todo acto de transferencia, venta o comercio al público de cualquier producto obtenido a partir del Cannabis sativa es punible como delito, excepto cuando dichos productos carezcan realmente de eficacia dopante concreta. Además, en una sentencia reciente, el Tribunal estableció que el cultivo de la droga constituye un delito, independientemente de la cantidad de principio activo que se obtenga.

168.No obstante, la ley no se aplica en los casos de cultivo doméstico de cannabis a pequeña escala destinado exclusivamente al uso personal del cultivador.

169.La misma Ley (art. 74) castiga a las personas que promuevan, constituyan o financien asociaciones destinadas a cometer los delitos a los que se refiere el art. 73 (tráfico ilegal de sustancias) con una pena de al menos 20 años de prisión.

170.Además, la Ley (arts. 90 y 94) establece que se deben aplicar programas adaptados a los delincuentes drogodependientes condenados a penas de prisión, regulando la posible suspensión de la pena y su asignación a servicios de tratamiento en casos particulares.

Servicios de aborto

171.Con el fin de supervisar la aplicación de la Ley núm. 194/1978, el Ministro de Salud estableció una “mesa técnica” permanente, en la que participan los departamentos regionales desde 2013, que se encarga de supervisar cada uno de los hospitales y clínicas familiares en relación con la opción de la objeción de conciencia. Se han establecido una serie de indicadores de seguimiento, resumidos en tres parámetros, a fin de verificar la adecuada aplicación de la Ley a nivel local e identificar cualquier cuestión crucial que podría no detectarse teniendo solamente en cuenta el marco general a nivel regional:

Parámetro 1 – Oferta de servicios de interrupción voluntaria del embarazo en relación con el número absoluto de instalaciones disponibles.

Parámetro 2 – Oferta de servicios de interrupción voluntaria del embarazo en relación con la población femenina en edad de procrear y los servicios de maternidad.

Parámetro 3 – Carga de trabajo semanal media en interrupciones voluntarias del embarazo por cada ginecólogo no objetor.

172.El análisis de los datos relativos a cada parámetro se incluye en el informe que el Ministro de Salud presenta anualmente al Parlamento.

173.El Ministerio de Salud tiene el compromiso de realizar una evaluación constante de los métodos de funcionamiento, con el fin de garantizar la oferta de servicios sociales y sanitarios a todos los ciudadanos. Se garantiza un acceso gratuito y directo a la atención mediante las clínicas familiares, que son centros sanitarios establecidos por la Ley núm. 405/1975, únicos en el mundo en lo que se refiere a su planificación.

174.Las clínicas familiares son un sistema de referencia eficaz para todas las mujeres, incluidas las que deseen realizar una interrupción voluntaria del embarazo, ya que constituyen una red de servicios en todo el territorio italiano, gestionada por las regiones, pero cuya gestión financiera y organización está a cargo de las autoridades sanitarias locales.

175.El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo funciona en Italia desde 1980, con la participación del Ministerio de Salud, el Istituto Superiore di Sanità, el Instituto Nacional de Estadística, las regiones y las provincias autónomas, los hospitales y las redes territoriales de asistencia. Al mismo tiempo que controla la evolución de la interrupción voluntaria del embarazo, este sistema de vigilancia proporciona los datos y los análisis correspondientes para el informe que el Ministro presenta anualmente ante el Parlamento, da respuestas a preguntas específicas y aporta indicaciones para la investigación en profundidad del fenómeno de la interrupción voluntaria del embarazo.

176.Hasta la fecha, el nivel de objeción de conciencia en Italia no parece perjudicar el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. Además, el fenómeno se equilibra gracias a una serie de factores, esto es: la movilidad del personal; contratos especiales con especialistas en obstetricia y ginecología; la introducción del aborto farmacológico en los centros ambulatorios y en las clínicas familiares, de acuerdo con las directrices emitidas tras el dictamen técnico positivo del Consejo Superior de Sanidad en 2020. En el análisis (parámetro 3) del informe sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la carga de trabajo media en interrupciones voluntarias del embarazo por ginecólogo no objetor se estimó en 44 semanas de trabajo al año. La evaluación de ese parámetro incluye la capacidad organizativa regional para asegurar el servicio mediante la movilidad temporal del personal no objetor en otras estructuras.

177.Además, en el contexto de la epidemia de COVID-19, el Ministerio emitió una serie de directrices organizativas para los hospitales y servicios territoriales, destinadas a reorganizar los servicios de interrupción voluntaria del embarazo entre los servicios sanitarios inaplazables en el ámbito ginecológico. El anexo XXII contiene más datos e información.

Salud reproductiva

178.Una serie de medidas del sistema italiano garantizan el acceso a los servicios de salud reproductiva y el derecho de las mujeres a decidir libremente a ese respecto.

179.En particular, el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 12 de enero de 2017 define y actualiza los niveles esenciales de asistencia, previendo específicamente lo siguiente:

(art. 24) Asistencia sociosanitaria para los menores, las mujeres, las parejas y las familias. Establece que el Servicio Nacional de Salud garantiza a las mujeres, los menores, las parejas y las familias los servicios médicos especializados, diagnósticos y terapéuticos, obstétricos, psicológicos y psicoterapéuticos, y de rehabilitación, también a nivel domiciliario, mediante la utilización de los métodos e instrumentos necesarios/adecuados, basados en la evidencia científica más avanzada, en las siguientes esferas:

Educación y asesoramiento para una maternidad y paternidad responsables;

Provisión de los medios necesarios para una procreación responsable;

Asesoramiento previo a la concepción;

Protección de la salud de las mujeres, prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, prevención y diagnóstico precoz de los tumores genitales femeninos, en colaboración con los centros de detección, y de las patologías benignas del aparato genital;

Atención a las mujeres embarazadas y protección de la salud del niño por nacer, también con el fin de prevenir los trastornos mentales conexos;

Cursos de acompañamiento al parto en colaboración con las unidades hospitalarias;

Atención postnatal, promoción y apoyo a la lactancia materna y apoyo en el cuidado del recién nacido;

Asesoramiento, apoyo psicológico y asistencia para la interrupción voluntaria del embarazo y expedición de certificados;

Asesoramiento, apoyo psicológico y asistencia en caso de problemas de esterilidad e infertilidad y para la procreación médicamente asistida.

(art.59) La atención ambulatoria especializada para mujeres embarazadas y para la protección de la maternidad está excluida de la participación en el coste de los servicios ambulatorios especializados para la protección de la maternidad recibidos en los centros sanitarios públicos y privados acreditados, incluido el asesoramiento familiar. No obstante, quedan excluidos de la participación en el coste las visitas obstétricas y ginecológicas periódicas y los servicios ambulatorios especializados para determinar los riesgos procreativos relacionados con una condición patológica o un riesgo genético de uno o ambos progenitores (es decir, puestos de manifiesto por los antecedentes reproductivos o familiares de la pareja) prescritos por el especialista.

180.En junio de 2020, el Ministerio de Salud publicó las “Directrices para la reactivación progresiva de las actividades programadas consideradas aplazables en el curso de la emergencia por COVID-19”, destinadas a la reactivación segura de los servicios sociales y sanitarios reducidos o suspendidos debido a la emergencia por COVID-19 y al restablecimiento progresivo de todos los niveles esenciales de asistencia. Con el fin de prevenir la propagación del virus, las directrices hacen referencia a todas las actividades sanitarias, públicas (institucionales y profesionales) y privadas, acreditadas y no acreditadas.

181.Entre las intervenciones destinadas a reforzar las redes territoriales de atención de la salud, se prevé el fortalecimiento de las clínicas familiares: un modelo único de servicio multidisciplinar del Servicio Nacional de Salud destinado a proteger la salud de las mujeres y los adolescentes, y las relaciones familiares y de pareja. Mediante la integración de las actividades sociosanitarias básicas, los centros de asesoramiento estarán marcadamente orientados hacia la prevención y la promoción de la salud. Además, en 2018, el Ministerio de Salud puso en marcha un proyecto concreto para actualizar el inventario de las clínicas familiares y sus actividades.

S.Abandono escolar

182.En los últimos años, el Ministerio de Educación ha puesto en marcha diversas iniciativas para reducir la incidencia del abandono escolar y promover la educación inclusiva y las oportunidades de formación, así como el derecho a una educación de calidad. Esos objetivos contaron con una financiación específica del presupuesto nacional, y también se han realizado otras intervenciones ad hoc financiadas con cargo a otros presupuestos (por ejemplo, los de las autoridades locales).

183.A nivel institucional, las medidas más importantes que ha puesto en marcha el Ministerio de Educación son las siguientes:

La línea de intervención destinada a combatir el abandono escolar financiada anualmente por el departamento competente del Ministerio de Educación que, además de crear un fondo de 4.500.000 euros para hacer frente a la emergencia educativa, y entre otras medidas, ha establecido que se designe un centro educativo de referencia para que actúe como coordinador territorial de las acciones contra el abandono escolar en cada una de las oficinas escolares regionales.

La puesta en marcha de la tarjeta “Io Studio”, que asegura a todos los estudiantes del segundo ciclo de enseñanza secundaria, tanto de las escuelas públicas como privadas, un acceso sostenible al derecho a la educación y, más ampliamente, a todos los servicios culturales de distinto tipo. Dicha tarjeta de prepago recargable permite una gestión segura y rastreable de las compras por parte de los estudiantes, dándoles la oportunidad de beneficiarse de tarifas de descuento específicas.

El suministro gratuito de libros de texto a los estudiantes que provienen de entornos desfavorecidos en toda Italia, con fondos específicos garantizados por el departamento competente del Ministerio de Educación, en cumplimiento del art. 27 de la Ley 448 de 23 de diciembre de 1998. El resultado de esta medida ha sido el préstamo de libros de texto y ayudas digitales para apoyar a los estudiantes de entornos desfavorecidos, con una asignación de 10 millones de euros.

184.En el anexo XXIII se presentan otras medidas ad hoc que se han llevado a cabo con otras fuentes de financiación.

185.Además, en enero de 2020, el Ministerio de Educación firmó un memorando de entendimiento con la Asociación Nacional de Municipios Italianos para profundizar la cooperación en la lucha contra el abandono escolar y promover la igualdad de oportunidades en el derecho a la educación.

Niños con discapacidad

186.Desde la aprobación de la Ley núm. 517/1977, Italia cuenta con un marco y un modelo escolar basado en la integración, por lo que todas las normas y reglamentos posteriores han tenido el propósito de superar la lógica de la exclusión y la educación separada. En los últimos años, las medidas destinadas a apoyar el aprendizaje de los alumnos con discapacidad introdujeron una serie de instrumentos especiales, como impresoras de braille, interfaces oculares para tetrapléjicos, software para la comunicación alternativa aumentativa y software de reconocimiento del habla, entre otros. El presupuesto anual de 10 millones de euros para los años escolares 2017/18, 2018/19 y 2019/20 ha servido para adquirir más de 32.000 artículos de equipos didácticos para estudiantes con discapacidad.

187.Con el fin de optimizar la utilización de esos recursos, el Ministerio de Educación también ha puesto en marcha cursos de formación especiales y una plataforma de aprendizaje electrónico para el personal de las escuelas, tanto públicas como privadas, con el fin de aumentar la concienciación sobre las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Esas actividades de formación se centran en diferentes esferas, entre ellas: el papel del plan educativo individualizado, basado en la CIF; la identificación de las mejores tecnologías asistidas para diversos marcos funcionales; los procedimientos de compra y gestión de los instrumentos de apoyo a la enseñanza; la elección de los instrumentos de apoyo a la enseñanza más adecuados y sus instrucciones de uso.

188.En virtud de la Ley núm. 197/2020 (“Decreto Ristori”), el fondo para la adquisición de instrumentos individuales para el disfrute de la enseñanza digital integrada aumentó en 85 millones de euros. Los nuevos instrumentos y dispositivos, que se distribuirán en préstamo a los estudiantes y a los alumnos desfavorecidos, serán adquiridos por sus respectivas instituciones educativas, en función de las necesidades específicas tanto de la enseñanza a distancia como de la conectividad digital (es decir, el número de estudiantes y los contextos socioeconómicos familiares).

Personal docente para niños con discapacidad

189.En 2019 se impulsó una importante iniciativa para ayudar a mitigar el abandono escolar y apoyar la continuidad educativa, mediante la creación de un nuevo portal para los estudiantes que no pueden participar en la escolarización tradicional. Además de ofrecer servicios específicos para la escolarización en el domicilio y en el hospital, el portal apoya la labor de los docentes en cuanto a la utilización de las tecnologías.

190.En el año escolar 2017/18, 68.900 estudiantes se beneficiaron de la escolarización hospitalaria, con el apoyo de 740 docentes. El servicio abarca todo el territorio nacional, pero está más extendido en las regiones de Campania, Lacio, Liguria y Sicilia. El servicio de educación en el domicilio está destinado a los estudiantes de todos los niveles que tengan que estar sometidos a un tratamiento en el domicilio y ello les impida asistir a la escuela durante un período de 30 días como mínimo, aunque no sea de forma continuada. En el año escolar 2017/18, 1.306 alumnos se beneficiaron de ese servicio, lo que representó un total de 64.715 horas de educación en el domicilio.

191.Además, el “Fondo para la Implementación del Plan Nacional de Formación”, destinado a la formación obligatoria de los docentes que trabajan con estudiantes con discapacidad, se incrementó en 10 millones de euros.

Estudiantes extranjeros

192.Dado el creciente fenómeno migratorio en Italia y sus repercusiones en el sistema escolar nacional, el Ministerio de Educación controla el porcentaje de alumnos extranjeros que existe en las escuelas y las clases a fin de garantizar la inclusión escolar. La Circular Ministerial de fecha 8 de enero de 2010 establece un umbral máximo de un 30 % de alumnos con conocimientos reducidos de italiano por clase, a fin de asegurar unas condiciones que permitan una integración adecuada y un aprendizaje y una participación provechosos. Según la encuesta de 2020 sobre el porcentaje de estudiantes extranjeros en las escuelas italianas, en el año escolar 2018/19 aproximadamente el 6,4 % de las escuelas del país superaban el umbral del 30 %, lo que se concentraba en los niveles de jardín de infancia y enseñanza primaria.

193.El renovado esfuerzo para integrar a los niños extranjeros en el sistema escolar también se evidencia en la reactivación, en 2019, del Observatorio Nacional para la Integración de los Alumnos Extranjeros y la Interculturalidad en el Ministerio de Educación. Dicho órgano consultivo, cuya composición se renovó parcialmente en 2019, tiene la misión de identificar soluciones con vistas a modular las políticas de integración escolar en función de las necesidades de una sociedad cada vez más multicultural y un sistema escolar en constante evolución.

194.Además, se presta especial atención a los niños pertenecientes a grupos étnicos específicos, como los niños romaníes, sinti y camminanti. Desde 2013, el Ministerio de Educación colabora con el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, el Ministerio de Sanidad y el Istituto degli Innocenti de Florencia en el proyecto nacional para la inclusión e integración de los niños de esas comunidades, en el marco de la “Estrategia Nacional para la Inclusión de los Romaníes, los Sinti y los Camminanti”, formulada por la UNAR.

195.El anexo XXIV contiene información adicional.

T.Diversidad cultural y minorías étnicas

196.A fin de proteger y promover la diversidad cultural de las minorías étnicas (por ejemplo, los romaníes), el Programa Operativo 2014-2020 del Fondo Social Europeo para la Inclusión Social incluye una serie de medidas destinadas a la integración socioeconómica de las comunidades romaníes (prioridad 9), partiendo de un enfoque global de la cultura romaní (acción 9.5.4). En concreto, dicho enfoque pretende mejorar la mediación social, educativa y familiar, así como promover la participación de los romaníes y la resolución de conflictos. En ese marco, en 2017 la UNAR también puso en marcha una estrategia para promover la cultura romaní, implementada mediante un memorando de entendimiento con una empresa pública interna (Formez), a fin de diseñar iniciativas específicas para combatir los prejuicios y los estereotipos hacia los romaníes, los sinti y los camminanti (es decir, mediante iniciativas de comunicación y concienciación sobre su historia, su arte y su idioma), haciendo que también participen representantes de esas comunidades. En particular, en 2018-2020, los tres pilares del proyecto se centraron en lo siguiente: campañas de concienciación, actividades formativas e intervenciones sociales, dirigidas a la opinión pública y a grupos específicos (como estudiantes y docentes de las escuelas, periodistas de medios de comunicación, tanto tradicionales como nuevos, y otros).

Diversidad cultural

197.En consonancia con la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Ministerio de Cultura impulsa una serie de iniciativas para apoyar la libertad artística y la expresión cultural, especialmente entre los jóvenes. Entre otras, cabe mencionar las siguientes:

La asociación plurianual entre el Ministerio de Cultura y la Asociación para el Circuito de Jóvenes Artistas Italianos, con el fin de asegurar la continuidad del proyecto MOVIN’UP (actualmente en su 21ª edición), destinado a apoyar la creación artística emergente. Fruto de la colaboración entre diferentes organizaciones comprometidas con el arte contemporáneo y las nuevas generaciones, el proyecto presta apoyo a jóvenes profesionales de la creación (de 18 a 35 años) que han sido admitidos o invitados por instituciones culturales extranjeras para desempeñar o mostrar sus habilidades y conocimientos en el extranjero (por ejemplo, festivales, residencias, seminarios, talleres o pasantías).

La promoción plurianual del “Bono Cultura/18App”, que proporciona una cantidad nominal de 500 euros para que los jóvenes de 18 años accedan a la cultura (por ejemplo, espectáculos teatrales o cinematográficos, monumentos y museos, exposiciones y eventos, etc.) y a los parques naturales, así como para sufragar el coste de cursos culturales o de lenguas extranjeras.

Las medidas adoptadas en respuesta a la emergencia por la COVID-19 y sus repercusiones en la situación de los artistas y trabajadores culturales (en consonancia con la Recomendación relativa a la Condición del Artista de la UNESCO – 1980). En ese contexto, el Ministerio de Cultura aprobó, entre otras cosas, recursos complementarios para los trabajadores asalariados; medidas de apoyo a los ingresos para los autores, intérpretes, ejecutantes y agentes; un subsidio especial de 600 euros para los trabajadores intermitentes y los profesionales del espectáculo; y un subsidio especial de 1.000 euros para los trabajadores intermitentes y los profesionales del espectáculo.

Reconocimiento de una entidad confesional

198.La Constitución de Italia garantiza los derechos fundamentales de todas las confesiones religiosas (es decir, la misma libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de organización de los fieles y libertad de culto) y permite que todas las personas profesen su religión (o que no profesen ninguna). En particular, el artículo 3 afirma el principio de no discriminación por motivos religiosos, y el artículo 19 establece que “toda persona tiene derecho a profesar libremente sus creencias religiosas de cualquier forma, individualmente o en compañía de otros, así como a promoverlas y celebrar ritos en público o en privado, siempre que no se atente contra la moral pública”.

199.Relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas:

De acuerdo con el art. 7 de la Constitución, el principal instrumento que regula la situación jurídica de la Iglesia Católica y sus relaciones con el Estado italiano es el Acuerdo para la Revisión del Concordato de Letrán, que tiene el valor y la dignidad de un tratado internacional. Dado que el objetivo del Acuerdo es adecuar las relaciones con la Iglesia Católica a los principios laicos de la República de Italia, la disposición del Tratado de Letrán que reconocía a la Iglesia Católica como religión del Estado ya no se considera vigente.

En cuanto a las confesiones religiosas distintas de la Iglesia Católica, el art. 8 de la Constitución establece que: “Todas las confesiones religiosas serán igualmente libres ante la ley. Las confesiones religiosas distintas de la católica tendrán derecho a organizarse según sus propios estatutos en la medida en que no se opongan al ordenamiento jurídico italiano. Sus relaciones con el Estado estarán reguladas por la ley sobre la base de acuerdos con sus representaciones respectivas”.

200.Para iniciar un procedimiento de negociación de un acuerdo (Intesa) con una confesión religiosa, la práctica requiere el reconocimiento previo de la personalidad jurídica de la confesión de que se trate por parte del Ministerio del Interior, de conformidad con la Ley núm. 1159/1929. El reconocimiento de la personalidad jurídica es el resultado de un procedimiento llevado a cabo por el Ministro del Interior, ratificado mediante un decreto del Presidente de la República tras un dictamen del Consejo de Estado y una decisión del Consejo de Ministros. Hasta la fecha, han adquirido personalidad jurídica 37 confesiones religiosas.

201.El anexo XXV contiene información adicional.

U.Acceso a la ciencia y la cultura

202.La no discriminación, como un “principio fundamental” de la Constitución de Italia, se aplica también a la educación y a la enseñanza superior (art. 34). En particular, el art. 117 (apartado m)) confía al Estado la competencia sobre la determinación de los niveles esenciales de las prestaciones relativas a los derechos civiles y sociales en todo el territorio nacional, mientras que la competencia legislativa sobre el derecho a cursar estudios universitarios corresponde a las administraciones regionales. Además, la política de inclusión italiana relativa a la educación superior se regula en el Decreto Legislativo núm. 68/2012, cuyo propósito es eliminar las barreras económicas y sociales que limitan la igualdad de los ciudadanos para acceder a la educación y alcanzar los niveles educativos más elevados.

203.De acuerdo con su competencia exclusiva en este ámbito específico, las regiones regulan y activan la mayoría de las intervenciones sociales y económicas destinadas a asegurar el acceso y la finalización de los estudios universitarios por parte de los estudiantes (por ejemplo, mediante becas, material didáctico y servicios de transporte, restauración, y alojamiento, entre otras cosas). El Ministerio de Universidades e Investigación asigna anualmente a las regiones recursos del Fondo Suplementario del Estado para que puedan conceder becas a estudiantes capaces y merecedores de ellas que carezcan de medios suficientes.

204.De acuerdo con las disposiciones de la Ley núm. 232/2016, los estudiantes que tengan una declaración del Indicador de la Situación Económica Equivalente de hasta 13.000 euros están exentos de abonar las tasas por servicios docentes, administrativos y científicos. El Decreto Ley núm. 34/2020 amplió esa exención a los estudiantes que tengan una declaración del Indicador de la Situación Económica Equivalente de hasta 20.000 euros, y el reciente Decreto núm. 234/2020 ha ampliado la exención parcial a otros casos.

205.El Ministerio de Universidades e Investigación y el Ministerio del Interior han adoptado numerosas medidas para apoyar la integración de los refugiados, también en colaboración con organismos privados (por ejemplo, el Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, que es el centro oficial en Italia de la Red de la Comunidad Europea de los Centros Nacionales de Información sobre el Reconocimiento Académico, y la Conferencia de Rectores de las Universidades Italianas). En particular, la Conferencia de Rectores de las Universidades Italianas presta apoyo a la integración de los refugiados y los beneficiarios de protección internacional en las universidades italianas por medio de:

El otorgamiento de 100 becas anuales para que los beneficiarios de protección internacional se matriculen en una universidad italiana, mediante una convocatoria anual (desde 2016) gestionada con el Ministerio del Interior; todas las universidades asociadas a la Conferencia de Rectores de las Universidades Italianas (84) participan en el proyecto.

Un proyecto de tutoría para reforzar la integración de los estudiantes refugiados, gestionado (desde 2019) con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM-Italia) y el Ministerio del Interior; en 2020 participaron 10 universidades.

Reconocimiento de las cualificaciones de los refugiados

206.En consonancia con la Convención de Lisboa, Italia adaptó su legislación sobre el reconocimiento de las cualificaciones de los refugiados mediante el Decreto Legislativo núm. 251/2007 (art. 26). Además, los “Procedimientos de acceso para los estudiantes extranjeros que soliciten visados para acceder a cursos de educación superior” invitan a las instituciones italianas de educación superior a “... reconocer los ciclos y períodos de estudio realizados en el extranjero y evaluar las cualificaciones de los refugiados y los beneficiarios de protección subsidiaria, incluso en los casos en que falten total o parcialmente los documentos conexos que certifican las cualificaciones”.

207.El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional ofrece un servicio de solicitud de Declaraciones de Validez (Dichiarazione di valore) para los refugiados y los beneficiarios de protección internacional y subsidiaria.

208.El Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (que es el centro oficial en Italia de la Red de la Comunidad Europea de los Centros Nacionales de Información sobre el Reconocimiento Académico, y funciona bajo la autoridad y el apoyo financiero del Ministerio de Universidades e Investigación de Italia) elabora, por medio de su propio servicio de certificación, “Declaraciones de Comparabilidad” de las cualificaciones extranjeras de forma gratuita para las personas con estatus de refugiado, beneficiarias de protección subsidiaria o internacional y personas detenidas. Dicho Centro también ha patrocinado la “Coordinación Nacional para la Evaluación de las Cualificaciones de los Refugiados” (una red informal de expertos del sector administrativo, que trabajan en instituciones de educación superior y se ocupan del reconocimiento de las cualificaciones), a fin de compartir los procedimientos de evaluación, los casos problemáticos, las fuentes de información y las prácticas metodológicas con respecto a las cualificaciones que poseen los refugiados, incluso en los casos en los que carezcan de documentación o esta sea escasa.

209.En el marco del proyecto del Consejo de Europa “Pasaporte Europeo de Cualificaciones para Refugiados”, que cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Universidades e Investigación de Italia, el Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche y la Conferencia de Rectores de las Universidades Italianas iniciaron una fase de prueba del “Pase Académico de Cualificaciones para Refugiados”, mediante un procedimiento innovador de evaluación de la cualificación de los refugiados. En ese contexto, en 2019 se asignaron 100 becas para estudiantes con estatus de refugiado, en colaboración con la asociación ANDISU y el Ministerio de Interior.

210.Acceso de las personas con discapacidad a instrumentos de tecnología de la información. La Ley núm. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”) amplió la obligación de hacer accesibles los sitios web y las aplicaciones para tabletas y teléfonos inteligentes a otras entidades públicas y privadas que prestan servicios de interés social.

211.Además, con el fin de promover la plena inclusión de las personas con discapacidad en la vida social y cultural de la comunidad, la utilización de la Tarjeta Europea de Discapacidad en Italia tiene el propósito de facilitar su acceso a una serie de servicios en el ámbito del transporte, la cultura y el ocio (sin coste o a precios reducidos), en reciprocidad con otros países de la Unión Europea. La Ley de Presupuestos de 2019 (art. 1) reservó recursos financieros específicos para la puesta en marcha de esa Tarjeta y, en 2020, se definieron mediante un decreto legislativo los criterios y métodos para la identificación de sus beneficiarios.

212.El objetivo de que las personas con discapacidad puedan superar las barreras arquitectónicas, cognitivas y sensoriales también es una prioridad del Ministerio de Cultura, que en 2018 publicó las Directrices para la Superación de las Barreras Arquitectónicas en los Lugares de Interés Cultural y las directrices para la elaboración del “Plan para la eliminación de las barreras arquitectónicas en los museos, los complejos museísticos, las zonas arqueológicas y los parques”. En la misma perspectiva, el proyecto “Ad. Arte” del Ministerio de Cultura desarrolló un sistema de información sobre la calidad del disfrute del patrimonio cultural por parte de las personas con necesidades específicas. El proyecto consistió en la realización y difusión de un análisis de las características arquitectónicas y los servicios que se ofrecen en los sitios culturales del país en relación con su accesibilidad para los visitantes con necesidades específicas. Las fichas de accesibilidad de los primeros 80 lugares se pueden consultar en www.accessibilitamusei.beniculturali.it.

213.Además, el proyecto “Cultura e Sviluppo-PON”, centrado en la digitalización del patrimonio cultural, está promoviendo desde 2020 otras 32 intervenciones destinadas a mejorar el acceso y el disfrute del patrimonio cultural en el sur de Italia por medio de: plataformas de creación de conocimientos e información, sistemas integrados de información, espacios para socializar y compartir orientados a la web, archivos digitales, realidad virtual, 3D y aplicaciones de juegos.

214.Además, la inclusión de los estudiantes con discapacidad y con discapacidades de aprendizaje en las escuelas y universidades está garantizada en distintas normas, en particular la Ley núm. 170/2010 y sus posteriores decretos. En consonancia con el principio de autonomía universitaria, cada universidad se ocupa de aplicar las medidas a este respecto, por conducto de sus respectivos delegados para la discapacidad y las discapacidades de aprendizaje y con apoyo financiero del Ministerio de Universidades e Investigación. En el marco de sus respectivas estrategias universitarias, cada delegado formula medidas y proyectos para apoyar a la población de estudiantes con discapacidad o discapacidades de aprendizaje, mediante un enfoque personalizado destinado a reducir los riesgos de exclusión y garantizar la igualdad de oportunidades para alcanzar buenos resultados. Además, la Conferencia Nacional Universitaria de Delegados para la Discapacidad actúa como organismo de coordinación a nivel nacional. De forma análoga, para aplicar las políticas en materia de género las universidades cuentan con delegados específicos que se encargan de las estrategias en esa esfera.

215.En consonancia con la Ley núm. 107/2015 y el principio de igualdad de oportunidades, el plan escolar trienal sobre la oferta educativa promueve la igualdad de género y la prevención de la violencia de género y de todas las formas de discriminación, en todos los niveles educativos, con el fin de concienciar a los estudiantes, los docentes y los progenitores sobre los riesgos derivados de descuidar esas cuestiones. Además, en 2017 el Ministerio de Educación publicó las directrices nacionales sobre la “educación en las escuelas para la igualdad de género, la prevención de la violencia de género y cualquier otra discriminación”, como documento de referencia que destaca los principios consagrados en el artículo 3 de la Constitución italiana. En Italia, el riesgo de discriminación entre las niñas y los niños en la escuela está relacionado a menudo con su participación en los itinerarios educativos del ámbito técnico y científico, dadas las brechas de género que existen en los porcentajes de empleo en ese sector, y esa brecha es aún mayor entre los actuales estudiantes de cursos técnicos y científicos (aproximadamente el 17 % de las niñas en comparación con el 26 % de los niños).

216.Con el fin de reducir esa brecha, el Ministerio de Educación y el Departamento de Igualdad de Oportunidades de la Presidencia del Consejo de Ministros pusieron en marcha, desde 2018, el programa denominado “Mes CTIM”, con objeto de promover el estudio de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas entre todos los estudiantes y en todos los niveles educativos. Dicho proyecto proporcionó a las escuelas nuevos instrumentos útiles para combatir los estereotipos de género tradicionales y poner de relieve el atractivo de las disciplinas científicas, haciendo hincapié en las extraordinarias oportunidades que podrían aportar las disciplinas CTIM en relación con una futura carrera profesional.

217.En los últimos años, el Ministerio de Educación también ha reforzado el portal nacional www.noisiamopari.it, centrado en las “buenas prácticas” de las escuelas en cuanto a combatir la violencia y los estereotipos de género. El portal pone en contacto a las instituciones nacionales, las escuelas, los estudiantes y las empresas que participan en las políticas en materia de género destinadas a promover el papel de las mujeres en la vida social y el número de mujeres que participan en ella. Además, la promoción de la campaña de concienciación “¡Las alumnas cuentan!” permitió que muchas escuelas y estudiantes compartieran ejemplos de buenas prácticas para concienciar sobre la igualdad de género y la violencia.

218.Por último, se ha financiado la iniciativa “Safer Internet Centre (SIC) – Generations Connected project”, destinada a concienciar sobre el acceso seguro a Internet, con un presupuesto anual de 398.000 euros en los años escolares 2018/19 y 2019/20. El proyecto forma parte de una red promovida por la Comisión Europea mediante la plataforma en línea “Better Internet for Kids”, gestionada por la European Schoolnet en colaboración con INSAFE (red que agrupa a todos los SIC europeos) e INHOPE (red que agrupa a todas las líneas de asistencia telefónica europeas).

219.En Italia, el proyecto está coordinado por el Ministerio de Educación, en colaboración con muchos organismos importantes que se ocupan de los problemas de seguridad en la red: la Autoridad Independiente Italiana para la Infancia y la Adolescencia, la Policía del Estado, el Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales, la Universidad de Florencia y la Universidad “La Sapienza” de Roma, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, la cooperativa EDI onlus, Skuola net, la agencia de prensa DIRE y Giffoni Experience.

220.Los Safer Internet Centres se crearon para proporcionar información, asesoramiento y apoyo a niños, adolescentes, progenitores y docentes con experiencias (problemáticas) en Internet, facilitando la denuncia de material ilegal en línea y compartiendo buenas prácticas o instrumentos de formación útiles para promover un uso positivo y crítico de la red.

221.Otras campañas y actuaciones en línea destinadas a concienciar sobre los riesgos del uso de Internet incluyen la producción de dibujos animados y vídeos tutoriales que se difunden en YouTube y otros medios sociales dirigidos a niños, progenitores y educadores.

222.Además, en consonancia con la estrategia europea “Better Internet for Kids”, el Gobierno de Italia aprobó la Ley núm. 71/2017 con vistas a reforzar la lucha contra el ciberacoso, y el Ministerio de Educación publicó las “Directrices para prevenir y combatir el fenómeno del ciberacoso” como instrumento para dar respuesta a los retos educativos y pedagógicos relacionados con las nuevas tecnologías.

223.En consonancia con ese marco normativo, se creó la Plataforma Elisa como un instrumento para implementar un programa nacional de formación sobre la lucha contra el acoso y el ciberacoso destinado a los docentes de referencia. Se prevé que cada escuela establezca un grupo de trabajo de hasta tres docentes que se encargue de supervisar esos fenómenos en las escuelas de enseñanza primaria y secundaria por medio de encuestas periódicas.

224.La Dirección General de Estudiantes, Integración y Participación también promueve iniciativas para concienciar e informar sobre el discurso de odio en línea y los riesgos conexos, entre otras cosas mediante concursos para estudiantes de enseñanza secundaria destinados a estimular la reflexión sobre los riesgos y los peligros de la violencia y el odio en línea.

225.Por último, también cabe mencionar el memorando de entendimiento entre el Ministerio de Educación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (octubre de 2018) destinado a mejorar la implementación en Italia de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que, entre otras cosas, prevé la promoción de la educación digital activa para el uso consciente de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

III.Buenas prácticas

226.El Observatorio de Seguridad contra Actos de Discriminación fue incluido como mejor práctica italiana en la lucha contra los delitos de odio en el Compendio de Buenas Prácticas elaborado por el “Grupo de Trabajo para mejorar el registro de los delitos de odio en la Unión Europea” de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De 2014 a 2016, el Observatorio también participó en el grupo de Trabajo creado en respuesta a las “Conclusiones del Consejo sobre la lucha contra los delitos de odio en la Unión Europea” y copresidió el subgrupo responsable de la formación.

227.En 2018, el Observatorio de Seguridad contra Actos de Discriminación publicó la “Guía sobre el Judaísmo para Oficiales de Policía”, en colaboración con la Unión de las Comunidades Judías Italianas y, desde entonces, esa colaboración se ha extendido a otras actividades de denuncia de delitos de odio. En 2019, los dos organismos desarrollaron un formulario de denuncia específico, basado en los indicadores de prejuicios antisemitas más importantes.

228.En enero de 2020, el Observatorio de Seguridad contra Actos de Discriminación organizó la conferencia titulada “Las víctimas del odio” en la Presidencia del Consejo de Ministros, con el fin de reforzar el compromiso de las fuerzas del orden con la prevención y la lucha contra todas las formas de discriminación, promoviendo al mismo tiempo los valores de la tolerancia y la inclusión. Durante el acto, la Secretaría del Observatorio también presentó el artículo titulado “Cuando el odio se convierte en delito. El delito de odio: definición y marco legal para combatirlo”, publicado en la revista oficial de la Policía Nacional, Polizia Moderna, en enero de 2020.

229.El método de acción desde la base de la UNAR para apoyar la participación de los romaníes en el desarrollo social y la formulación de políticas puede considerarse una buena práctica, en la medida en que emplea instrumentos innovadores. En particular, la Plataforma Nacional de Romaníes de la UNAR, creada en 2017, es un instrumento eficaz para el diálogo entre las comunidades romaníes y las administraciones públicas, tanto a nivel central como local, en consonancia con el objetivo estratégico de la UNAR de promover redes en todo el territorio nacional. En ese contexto, el Foro de las Comunidades Romaníes (compuesto por 25 ONG romaníes) constituye el núcleo central de la Plataforma, ya que actúa como órgano de contacto y consulta en relación con la implementación de la Estrategia para los Romaníes y su evaluación y examen periódicos. El Foro expresa una posición común ante las instituciones competentes en temas importantes como la vivienda y las alternativas a los campamentos. Con ese fin, la Plataforma Nacional de Romaníes también ha nombrado un delegado para cada ámbito de intervención mediante una votación pública. La Plataforma y el Foro se reúnen varias veces al año, con el fin de debatir situaciones concretas y cuestiones importantes de ámbito nacional o local, o diseñar actividades de formación y fomento de la capacidad, así como estrategias políticas y medidas más amplias para la inclusión de los romaníes.

230.El establecimiento de la mesa permanente de consulta de la UNAR para la protección de los derechos de las personas LGBT también tenía por objeto elaborar un plan estratégico. La mesa, dividida en sesiones plenarias y sectoriales, contó con una amplia participación de asociaciones (66) que trabajan sobre el terreno. Además, la UNAR puso en marcha una serie de medidas (financiadas por el Fondo Social Europeo/PON Inclusione) relacionadas con la inclusión laboral de las personas LGBT, en particular proyectos de apoyo al empleo por cuenta propia para personas transgénero. Otras prácticas que revisten interés son: la traducción y difusión de las normas de conducta de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la gestión de la diversidad; el establecimiento de redes con ONG, sindicatos y empresarios, mediante las que se llevan a cabo actividades de formación y de intercambio de buenas prácticas (por ejemplo, seminarios en línea ad hoc); y la creación del primer portal web institucional para personas transgénero (INFOTRANS.IT), que se centra en el acceso a los servicios locales de atención de la salud y se diseñó en colaboración con el Instituto Nacional de Salud.

231.A fin de hacer frente a la emergencia de la pandemia y a sus repercusiones en el mercado de trabajo, desde febrero de 2020 se han aprobado una serie de nuevas medidas para proporcionar un apoyo adicional a los ingresos de los trabajadores, reforzando así las redes de seguridad social ya existentes (Fondo de Despido Ordinario (Cassa Integrazione Ordinaria), Fondo Extraordinario de Despido (Cassa Integrazione Straordinaria-CIGS), Subsidio Ordinario (Assegno Ordinario) y Fondo Excepcional de Despido (Cassa Integrazione in Deroga)).

232.Además, en agosto de 2020, los Decretos-ley núm. 14 y núm. 104 (el denominado “Decreto Agosto”) y otros decretos posteriores (“Decreti Ristori”) reforzaron esas medidas, antes de que la Ley del Presupuesto de 2021 confirmara y ampliara el apoyo al mercado de trabajo.

233.El anexo XXVI contiene información adicional sobre las medidas específicas destinadas a apoyar la recuperación tras la crisis pandémica.

234.Por último, en cuanto a la promoción de la diversidad cultural, cabe señalar que Italia ha facilitado muchas sinergias interinstitucionales en relación con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con los objetivos de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO (2005), prestando especial atención a la libertad de expresión artística y a la Recomendación relativa a la Condición del Artista de la UNESCO (1980).