Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

61 er período de sesiones

29 de mayo a 23 de junio de 2017

Tema 6 a) del programa provisional

Examen de los informes:

I nformes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto

Lista de cuestiones relativa al quinto informe periódico de Uruguay

Adición

Respuestas de Uruguay a la lista de cuestiones *

[Fecha de recepción: 14 de marzo de 2017]

I.Información General

1.Sírvanse indicar si los derechos consagrados en el Pacto pueden ser invocados ante los tribunales nacionales y aplicados directamente como fundamento de las decisiones judiciales, y en su caso, proporcionen ejemplos de casos específicos de jurisprudencia durante los últimos cinco años. Sírvanse asimismo indicar en qué medida se ha dado cumplimiento a tales decisiones judiciales.

1.Por Ley núm. 13751 del 10 de julio de 1969, Uruguay ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin lugar a dudas los derechos consagrados en el PIDESC pueden ser invocados ante los tribunales nacionales y aplicados directamente como fundamento de sus decisiones judiciales. Como ejemplos de sentencias en las cuales los tribunales uruguayos han aplicado directamente las disposiciones del Pacto y se han cumplido a cabalidad, se pueden mencionar:

Sentencia núm. 0006-000158/2013 del 17 de septiembre de 2013 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno, órgano que, conociendo en un proceso de amparo promovido a fin de obtener un medicamento costoso para el tratamiento de una enfermedad terminal, recordó que el artículo 12 del Pacto establece que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona “al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, y lo invocó como uno de los fundamentos normativos de su decisión.

Sentencia núm. 0007-000123/2014 del 13 de junio de 2014 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er Turno, en la cual se aplicó el mencionado artículo 12 del Pacto para resolver un caso de análogas características al mencionado en el párrafo anterior.

Sentencia núm. 0009-000003/2015 del 30 de enero de 2015 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno. Idem caso anterior.

Sentencia núm. 211/2016 del 25 de julio de 2016 de la Suprema Corte de Justicia. El máximo órgano del Poder Judicial uruguayo, conociendo en un proceso de declaración de inconstitucionalidad de una ley que les prohíbe a los policías el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación de los lugares de trabajo, recordó que el artículo 8.2 del Pacto dispone que “El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado”.

II.Cuestiones relativas a las disposiciones generales delPacto(arts. 1 a 5)

2.Sírvanse proporcionar información sobre los recursos presupuestarios destinados al gasto social y sobre su ejecución durante los últimos cinco años, particularmente con relación a empleo, seguridad social, vivienda, salud y educación, indicando el porcentaje de cada línea de presupuesto en relación al presupuesto total nacional y al producto interno bruto.

2.La estimación del Gasto Público Social (GPS) del Uruguay se realiza en acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Dado que se está trabajando en una revisión y actualización de esa estimación, la información presentada corresponde al período 2005-2013.

3.En 2013 el gasto en seguridad y asistencia social representó el 49,5% del gasto total y el gasto en salud y educación un 24,3% y 17,9% respectivamente. En cuanto a la distribución del gasto público social por componente, a lo largo del período 2005 a 2013 el cambio más importante fue el aumento del gasto en salud, que pasó de un 17% del gasto total en 2005 a un 24% en 2013.

Cuadro 1

Distribución del GPS por concepto en miles de pesos uruguayos y porcentaje. Año 2013

	Miles de $	%
Total	296 123 557	100,0%
Educación	53 095 065	17,9%
Salud	72 016 948	24,3%
Seguridad y Asistencia Social	146 476 712	49,5%
Vivienda, medio ambiente, agua y saneamiento	20 478 745	6,9%
Gasto No Convencional	4 056 087	1,4%

Gráfico 1

Distribución porcentual del GPS según componentes. Evolución 2005 a 2013

Gasto No Convencional	Vivienda, medio ambiente, agua y saneamiento
Seguridad y Asistencia Social	Salud
Educación

Gráfico 2

Evolución del Gasto Público Social en términos reales. Total y principales incisos . Evolución 2005-2013 . Índice 2005=100

Gasto No Convencional	Vivienda, medio ambiente, agua y saneamiento
Seguridad y Asistencia Social	Salud
Educación	GPS Total

4.El crecimiento promedio del Gasto Público Social (GPS) fue de 8,1% anual, acumulando un crecimiento del 101,1% en términos reales para el período 2005-2013. Esto fue impulsado en gran medida por el gasto en salud, que creció casi 200% en términos reales, acompañado por un crecimiento significativo del gasto en educación de 122,4% en los nueve años analizados.

5.La importancia que el país ha dado a las políticas sociales se ve claramente en que la prioridad macroeconómica, es decir la relación entre el GPS y el Producto Interno Bruto (PIB) de la economía ha mostrado crecimiento, alcanzando el 25% en 2013. De la misma forma, se destaca un aumento de la prioridad fiscal —GPS en relación del Gasto Público Total (GPT).

Gráfico 3

Prioridad Macroeconómica, fiscal y situación de pobreza de person as

3.Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para aumentar los niveles efectivos de recaudación fiscal en aras de mejorar los recursos para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, y para combatir las desigualdades socioeconómicas.

6.La principal medida para aumentar la recaudación fiscal en el país tuvo lugar en el año 2007 al aprobarse la Ley núm. 18083 que buscó promover la equidad relacionando la carga tributaria con la capacidad contributiva de los habitantes del país. En el tiempo transcurrido, esta reforma tuvo como objetivo disminuir las brechas de equidad existentes, siendo actualmente el desafío alcanzar la consolidación fiscal a través de medidas tanto en gastos como en ingresos.

7.Los ajustes posteriores incluyeron una nueva reglamentación de la ley de inversiones, disminución focalizada del IVA y ajustes en IRPF-IASS, que estuvieron en línea con el objetivo delineado y en aportar instrumentos desde el sistema tributario para apuntalar el crecimiento económico.

8.En las respuestas que se proporcionan se brinda información sobre el desarrollo del sistema de protección social, producto de una política de gasto con énfasis en la equidad.

4.Sírvanse informar si el Estado parte está dando cumplimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en ese sentido explique cómo ha previsto asegurar que la implementación de dicha agenda sea realizada tomando en cuenta las obligaciones emanadas del Pacto, asegurando que nadie sea excluido en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales.

9.En marzo de 2016 la Presidencia de la República instauró el Diálogo Social, foro amplio y participativo de la sociedad uruguaya que tiene como objetivo generar insumos en diversas áreas y temáticas para contribuir a producir una estrategia de desarrollo del país sostenible en el mediano y largo plazo, teniendo especialmente en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El diálogo se llevó adelante mediante la metodología de mesas donde participaron 2.500 personas y se elaboraron once informes sobre los temas antes mencionados. En los próximos meses será publicado el informe final del proceso de Diálogo Social, documento clave para generar la futura política pública, incorporando la implementación de las metas y los objetivos aprobados en el marco de la Agenda 2030.

10.En este sentido debe destacarse además que la Dirección de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) trabaja con la perspectiva de la planificación 2030, mismo horizonte temporal que el Diálogo Social, y se encuentra terminando de confeccionar el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las metas e indicadores que los ODS establecen, articulando con las instituciones con mayor vinculación en la aplicación de políticas públicas y en las capacidades técnicas para el trabajo.

No discriminación (art. 2, párr. 2)

5.A la luz de lo mencionado en el informe del Estado parte (véase E/C.12/URY/5, párr.17), sírvanse indicar si se ha adoptado una legislación integral de lucha contra la discriminación. Sírvanse además proporcionar información sobre los mecanismos legales existentes para prevenir, combatir y sancionar todas las formas de discriminación, tanto directa como indirecta. Sírvanse asimismo indicar si existe un mecanismo independiente para recibir denuncias sobre discriminación y en su caso el número de denuncias que han sido investigadas, los juicios incoados y las sanciones impuestas.

11.En el año 2003 se aprobó la Ley núm.17677 sobre incitación al odio, desprecio o violencia o comisión de estos actos contra determinadas personas, que prevé la condena penal de quienes cometen estos delitos; en el año 2004 se aprobó la Ley núm. 17817 de lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, que crea la Comisión Honoraria Contra el Racismo, la Xenofobia y Toda Otra Forma de Discriminación (CHRXD), en tanto que en el año 2013 se aprobó la Ley núm. 19122 (https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19122-2013/4) y su Decreto Reglamentario en 2014 (https://www.impo.com.uy/bases/decretos/144-2014), que establecen normas para favorecer la participación de la población afrodescendiente en las áreas educativa y laboral.

12.Existen varios mecanismos dispuestos para la recepción de denuncias por discriminación por todo motivo, especialmente en el ámbito del Estado. Sin embargo, interesa destacar a efectos del presente informe a la CHRXD y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

13.La CHRXD comenzó a funcionar en el año 2007. Integrada por representantes de instituciones estatales y de organizaciones no gubernamentales con reconocida trayectoria en la lucha contra el racismo y la xenofobia, sus competencias principales se encuentran numeradas en el texto de la ley (https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17817-2004), mientras que sus potestades han sido determinadas en su decreto reglamentario (https://www.impo.com.uy/bases/decretos/152-2006).

14.Debe señalarse que la Comisión tiene la potestad de emitir un dictamen, pero no de sancionar o imponer una multa, competencia exclusiva del Poder Judicial, la Inspección General del Trabajo (en materia laboral) o las instituciones respectivas a la hora de realizar las investigaciones administrativas o sumarios. Las denuncias recibidas en el período 2007‑2016 son 236, correspondiendo 44 al último bienio. Asimismo, la CHRXD presentó informes al Poder Judicial en 5 oportunidades.

15.Por su parte, la INDDHH fue creada, en cumplimiento de las directrices de los Principios de París, como un órgano estatal autónomo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo.

16.Según información publicada por la INDDHH, durante el año 2015 se presentaron un total de 152 denuncias (176 en 2014, 260 en 2013) de las cuales 26 se relacionaban con la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, principalmente por motivos relacionados a la diversidad sexual, género y etnicoracial.

17.Siendo que las competencias son compartidas, las denuncias recibidas por la INDDHH por temas de discriminación racial se articulan principalmente con la CHRXD a efectos de no doblar esfuerzos, y tal como mencionado más arriba, estos organismos interactúan a su vez en coordinación con otras instancias del Estado como la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) y municipales, como la Defensoría del Vecino del Departamento de Montevideo, en el estudio y propuestas de acción frente a las denuncias recibidas.

6.Sírvanse proporcionar información y datos estadísticos sobre el impacto de las medidas específicas adoptadas para combatir la discriminación estructural contra las personas afrodescendientes y pueblos indígenas. En particular, sírvanse proporcionar información sobre el impacto de la implementación de la Ley núm. 19122 del 21 de agosto de 2013 sobre normas para favorecer la participación de la población afrodescendiente en las áreas educativas y laboral.

18.Luego de la aprobación del Decreto Reglamentario de la Ley núm. 19122, la Comisión de Implementación de la Ley (CIL) elaboró un Plan de Acción 2015-2020 en consulta con la sociedad civil. Desde ese momento hasta la fecha, se sumaron a la CIL nuevos miembros—Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) y Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)—, habiéndose constituido en 2015 el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil.

19.El impacto de la ley de acciones afirmativas en sus dos años de aplicación ha tenido un desempeño dispar, ya que mientras se ha superado ampliamente la meta para las becas, no ha sido aún alcanzado el porcentaje estipulado en la cuota de los cupos laborales. En lo que respecta al área educativa, según datos de la Oficina Nacional de Becas del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en el período que va desde 2011 a la fecha, ha aumentado considerablemente la cantidad de becas otorgadas a estudiantes afrodescendientes. En el caso de las becas de educación media se otorgaron en 2011 (1,39%), en 2014 (9,31%), en el 2016 (19,02%). En el caso de la educación universitaria, el cruce de datos de las becas otorgadas con el censo universitario, indica que un 13% de las personas becadas declaran ser afrodescendientes.

20.Los informes de la ONSC, por su parte, señalan que el cumplimiento del cupo laboral estipulado por la ley, continúa sin ser cumplido. En el año 2014 ingresó el 1,1% (Poder Ejecutivo 1,7%, Poder Judicial 1,1%, gobiernos departamentales 0,4% y Poder Legislativo 0%). Datos más recientes proporcionados por el informe de desempeño de 2015, establecen que la aplicación de la cuota tuvo un crecimiento global del 143,5%, siendo el porcentaje de personas afrodescendientes que ingresaron al estado del 2,71% (Poder Ejecutivo 4,82%, Poder Judicial 1,53%, gobiernos departamentales 0,5% y Poder Legislativo del 0%).

21.Finalmente se destaca que en los llamados al ingreso a la función pública realizados en el transcurso del 2016 se alcanzó un porcentaje de 10% de personas afrouruguayas inscriptas, superando el 7% del año anterior. Recientemente, a propuesta de la ONSC, se realizó una modificación normativa a través de la cual los organismos de la administración central únicamente serán autorizados a proveer cargos públicos, previo informe sobre la forma en que se asegurará cumplir con la cuota establecida en la Ley núm. 19122.

7.Sírvanse proporcionar información y datos estadísticos sobre el impacto de las medidas adoptadas para combatir la discriminación de las personas con discapacidad. Sírvanse asimismo brindar información sobre el impacto que han tenido las medidas para combatir la discriminación en base a la orientación sexual y/o la identidad de género, en particular en el acceso al trabajo, la educación y los servicios de salud, incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva.

22.Recientemente fue puesto en marcha el Plan Nacional de Acceso a la Justicia y Protección Jurídica de las Personas en Situación de Discapacidad 2015-2020, que presenta Líneas Estratégicas de trabajo transversales, coordinadas y que superan el desarrollo puntual de planes, programas y acciones focalizadas para este grupo. El Plan Nacional tiene como ejes centrales los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y su implementación y seguimiento podrá ser evaluado en un futuro próximo.

23.En materia de políticas tendientes a combatir la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, se continuó la implementación de cuotas para personas trans en diferentes programas del Estado, al tiempo que se acordó con la Cámara de Comercio LGBT y específicamente con la compañía IBM, la incorporación de 10 personas trans al proceso de formación y selección interna de la empresa.

24.En el marco del Consejo Nacional de Diversidad Sexual se elaboró una propuesta de ley integral para personas trans que será presentada próximamente para aprobación del Poder Legislativo.

Igualdad de derechos para hombres y mujeres (art. 3)

8.Sírvanse proporcionar información sobre los desafíos que persisten para lograr la igualdad de género, después de la implementación del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2007-2011). Sírvanse proporcionar ejemplos de cómo las medidas para combatir la desigualdad de género están siendo integradas en las políticas públicas por el Instituto Nacional de las Mujeres y los ministerios responsables.

25.Los obstáculos y las barreras que se interponen hacia la igualdad de género son múltiples, complejos y responden a factores estructurales fuertemente arraigados socialmente. Para el período 2015-2020 se ratifica la importancia del Consejo Nacional de Género (CNG) como organismo de interlocución para priorizar la política de género, elaborar propuestas, prioridades y marcar el rumbo de la búsqueda de mayor igualdad entre mujeres y varones. Para este período se definieron en el Documento Base de Trabajo 2015‑2020 (http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/22379/1/documento-base-cng-2015-2020.pdf) 7 ejes de trabajo para la elaboración de la Política Nacional de Género: i) derecho a una vida libre de violencia de género, ii) derecho al acceso a una educación y cultura sin estereotipos culturales de género, iii) derecho a una vida saludable, iv) derechos a mejores oportunidades de desarrollo en el mundo del trabajo productivo y empresarial, v) derecho al empleo de calidad y al desarrollo de capacidades laborales, vi) derecho a los cuidados y a la protección social y, vii) derecho a la participación ciudadana.

26.En materia de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, cada institución integrante del CNG ha desarrollado acciones y comprometido esfuerzos para priorizar estrategias de defensa de los derechos de las mujeres, atendiendo principalmente a la carrera funcional y prevención del Acoso Sexual Laboral (ASL), aprobando procedimientos de actuación de acuerdo a lo exigido por la Ley núm. 18561 y estableciendo procedimientos escritos para abordar situaciones de forma responsable y confidencial.

27.Finalmente, en noviembre de 2015 se aprobó la Ley núm. 19353 que crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, siendo uno de sus principios “la inclusión de las perspectivas de género y generacional, teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres, hombres y grupos etarios, promoviendo la superación cultural de la división sexual del trabajo y la distribución de las tareas de cuidados entre todos los actores de la sociedad”.

III.Cuestiones relativas a disposiciones específicas del Pacto (arts. 6 a 15)

Derecho a trabajar (art. 6)

9.Sírvanse proporcionar información estadística sobre la situación de empleo en el Estado parte desglosada por edad, sexo, discapacidad, origen étnico o nacional, zona urbana y rural. Sírvanse además proporcionar mayor información sobre la implementación, resultados y evaluación de las medidas adoptadas para aumentar la tasa de participación laboral, en particular entre los jóvenes. En ese sentido, sírvase indicar cuáles han sido los logros de la implementación de la Ley de Fijación de Normas sobre el Fomento del Empleo Juvenil (Ley núm. 19133) y del programa “Uruguay Trabaja”.

28.Las Tasas de Actividad, Empleo y Desempleo para el total del país en el período comprendido entre 2006 y 2015 muestran una evolución claramente favorable. La Tasa de Actividad se incrementó en 3,1%, explicado por el comportamiento de las mujeres, cuya tasa de actividad pasó de 50,8% en 2006 a 55,4% en 2015.

29.Por otra parte, se observa que la Tasa de Empleo de la población afro es levemente superior a la tasa de empleo de la población no afro, para todos los años. En 2006 la tasa para la población afro era de 56,8% y para la población no afro de 53,9%; en 2010 pasaron a ser 59,8% y 58,3% y en 2015 de 59,6% y 58,9%, respectivamente. La brecha entre ambas poblaciones ha disminuido a lo largo del período, debido a que el crecimiento del empleo de la población no afro fue mayor al crecimiento del empleo de la población afro.

30.En cuanto al sesgo regional, la desigualdad en la tasa de empleo puede también observarse a nivel departamental, siendo los departamentos del sur del país los que presentan mayores niveles de empleo con tasas superiores al 60%. En el otro extremo, los departamentos del norte evidencian las tasas de empleo más bajas (Paysandú 53,1%, Treinta y Tres 53,2% y Cerro Largo 53,4%).

31.Sin perjuicio de lo anterior, a pesar de las tendencias favorables, la proporción de ocupados varía según las características de la población, el siguiente cuadro muestra la tasa de empleo según sexo, tramos de edad, ascendencia étnico racial, área geográfica y quintiles de ingreso per capitapara el total país, 2006-2010 y 2015.

Gráfico 4

32.En http://www.ine.gub.uy/documents/10181/30865/ECH+Diciembre+2016/99c3ad13-0fe8-406a-ae99-7ba7699f75c6 se encuentra la última publicación de datos estadísticos realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre actividad, empleo y desempleo en base a la Encuesta Continua de Hogares (ECH).

33.Finalmente y en relación al Programa Uruguay Trabaja, durante 2015 el número de participantes fue de 3.081 personas, 3.340 en 2014, 3.381 en 2013, 3.379 en 2012 y 3.288 en 2011, de los cuales un promedio de 73% en el período son mujeres. La distribución porcentual de participantes por edad es equitativa, tal como demuestra el siguiente cuadro.

Cuadro 2

	2011	2012	2013	2014	2015
18 a 29 años	44,6%	44,7%	48,9%	51,0%	51,1%
30 a 65 años	55,4%	55,3%	51,1%	49,0%	48,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

10.Sírvanse proporcionar información sobre el impacto que ha tenido el programa PROIMUJER del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y de otras medidas adoptadas para combatir la segregación vertical y horizontal, basada en el género, en el mercado de trabajo, y para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres.

34.En materia de empleo, si se compara la tasa de actividad femenina (% de mujeres activas en relación a la población en edad de trabajar femenina) del año 2015 con la del año 2006, la misma muestra un crecimiento de 9% (4,6 puntos porcentuales de tasa), en el total del país urbano. La tasa de Informalidad (2006 a 2015) presenta una caída en ambos sexos, aunque la tasa de informalidad femenina disminuye 33,3% frente a 26,1% de los varones. Esto supone que a partir de 2012 y hasta la fecha la tasa de no registro a la seguridad social es mayor para los varones que para las mujeres (25,5% y 23,8% respectivamente). En términos de equidad de género en el mercado de trabajo sin embargo, continúa la concentración del empleo femenino en un número relativamente reducido y determinado de ocupaciones y sectores. Las ocupaciones de servicios y vendedores y de trabajo no calificado (encontrándose en este último grupo las trabajadoras domésticas), concentran más de la mitad de las ocupaciones de mujeres (52%). Las ramas de Comercio, Servicios de los hogares, Servicios sociales y de salud y la Enseñanza, aparecen con la mayor concentración de mujeres.

Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (art. 7)

11.Sírvanse proporcionar mayor información sobre el impacto de las medidas adoptadas para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores domésticos, incluyendo trabajadores domésticos migrantes en el Estado parte. Sírvanse proporcionar información sobre inspecciones laborales realizadas en este sector y sus resultados. Además, proporcionen información sobre el número de denuncias sobre abusos o explotación laboral, las investigaciones realizadas y las sanciones impuestas.

35.De acuerdo a la información proporcionada por el Banco de Previsión Social (BPS), organismo de coordinación de los servicios estatales de previsión social y organización de la seguridad social, la afiliación a la seguridad social del sector doméstico alcanzó los 71.953 puestos en el año 2015, incrementándose por encima de la variación en los totales de los puestos cotizantes.

Cuadro 3

Año	Total cotizantes	Var. Ac. (%)	Af . doméstica	Var. Ac.(%)
2009	1 266 259	-	54 618	-
2010	1 329 109	5,0	57 403	5,1
2011	1 388 233	9,6	61 024	11,7
2012	1 440 521	13,8	64 381	17,9
2013	1 464 054	15,6	66 531	21,8
2014	1 477 130	16,7	68 402	25,2
2015	1 468 660	16,0	71 953	31,7

36.De todas formas, la evasión en el sector doméstico continúa siendo un problema persistente y que supera el del resto de los sectores de afiliación.

Cuadro 4

Sector de Afiliación	2012	2013	2014	2015*
Doméstico	51,75	48,32	43,74	38,01
Industria y Comercio	18,71	18,37	17,36	18,15
Construcción	26,67	25,92	29,99	34,82
Totales	19,45	18,67	17,65	17,95

37.Reconociendo que este grado de informalidad, aunque disminuye cada año, priva a un número importante de la población de subsidios tales como a la maternidad, enfermedad o desempleo, así como eventualmente el acceso a la jubilación, se han mantenido continuas acciones de sensibilización y fiscalización para continuar disminuyendo el porcentaje de informalidad del sector doméstico. Es en este marco que los órganos estatales (BPS, MTSS y MIDES) en coordinación con el sindicato de trabajadores y la Liga de Amas de Casa en algunos casos, han llevado adelante campañas de difusión y capacitación con especial hincapié en la normativa, los derechos de los trabajadores y la profesionalización del trabajo doméstico.

38.En materia de inspecciones, el cuadro siguiente presenta la información por zona geográfica (Montevideo y resto del país) de cantidad de solicitudes recibidas, diferenciando si fueron probadas (más del 80% en todo el período) o no y si el origen se trata de una denuncia o un trámite jubilatorio del trabajador/a.

Cuadro 5

R esultados de solicitudes de inspección de servicio doméstico, años 2007 a 2015

Año	Causal	Probada	No probada	Sub total	Total país
Mdeo .	Interior	Mdeo .	Interior	Mdeo .	Interior
2007	Denuncia	825	155	160	23	985	178	1 163
Trámite jubilat .	43	63	14	11	57	74	131
2008	Denuncia	417	244	72	20	489	264	753
Trámite jubilat .	57	49	16	9	73	58	131
2009	Denuncia	329	133	81	17	410	150	560
Trámite jubilat .	52	87	22	9	74	96	170
2010	Denuncia	374	152	60	16	434	168	602
Trámite jubilat .	73	105	22	18	95	123	218
2011	Denuncia	261	116	41	10	302	126	428
Trámite jubilat .	63	106	29	24	92	130	222
2012	Denuncia	272	150	77	20	349	170	519
Trámite jubilat .	94	148	37	21	131	169	300
2013	Denuncia	260	150	53	27	313	177	490
Trámite jubilat .	104	162	46	50	150	212	362
2014*	Denuncia	247	94	59	16	306	110	416
Trámite jubilat .	72	91	28	35	100	126	226
Omisos	78	0	20	0	98	0	98
2015	Denuncia	180	27	45	11	225	38	263
Trámite jubilat .	34	32	23	7	57	39	96
Omisos	106	0	3	0	109	0	109

39.Complementando la información, durante 2016 la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social del MTSS visitó 1.784 hogares, 79% en Montevideo y 21% en el interior del país. En el 20% (357) de estos hogares se fiscalizó trabajo doméstico, siendo 96,4% mujeres. En cuanto a las infracciones constatadas, el 38% no pudo presentar al momento de la inspección la documentación de seguridad social, el 36% no presentó recibos de sueldo y el 26% no proporcionaba ropa de trabajo.

40.En relación a los trabajadores domésticos migrantes formalizados, a noviembre de 2016, de un total de 58.109 personas registradas en el BPS en la aportación Servicio Doméstico, 2,5% serían personas inmigrantes. La proporción es levemente superior en hombres (3,0%) que en mujeres (2,5%), aunque estas últimas constituyen la inmensa mayoría de afiliados del sector (97,7% mujeres y 2,3% hombres).

12.Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para asegurar la efectiva implementación de la Ley núm. 19196 sobre Accidentes Laborales e indicar si se ha adoptado una política nacional sobre seguridad y salud en el trabajo. Sírvanse además brindar información sobre los recursos asignados a la Inspección General del Trabajo, y asimismo si cubre a todos los trabajadores, incluyendo a los que laboran en la economía informal.

41.La Ley de Responsabilidad Penal Empresarial núm. 19196 se encuentra en vigor. En materia de la política nacional sobre seguridad y salud en el trabajo, cabe destacar que el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (CONNASAT) consensuó un proyecto normativo que amplía el ámbito de aplicación del Decreto núm. 128/2014 sobre servicios de prevención y salud en el trabajo (Convenio OIT núm. 161). Asimismo, se trabaja en las Comisiones Tripartitas Sectoriales de Seguridad y Salud en el Trabajo (construcción; salud privada; puerto; industria del medicamento; peajes; industria química; industria metalúrgica; supermercados; rural; call centers; repartidores; industria láctea y otros del ámbito público, donde se cumplieron instancias de difusión, capacitación y propuestas normativas.

13.Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para dar efectivo cumplimiento al principio de igual salario por trabajo de igual valor.

42.Como fuera señalado en el V Informe Nacional, desde 2008 la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo del MTSS promueve la incorporación de cláusulas de igualdad de género en la negociación de los consejos de salarios, haciendo énfasis en la igualdad de remuneraciones para trabajos de igual valor, acceso igualitario a puestos de trabajo de calidad y capacitación, eliminación de la discriminación en la selección y promoción, garantía y protección a la maternidad y corresponsabilidad, prevención y sanción del acoso sexual y moral.

43.A pesar de los avances realizados, en materia de igualdad continúan desafíos en términos de equidad de género en el mercado de trabajo. La concentración del empleo femenino se encuentra en un número relativamente reducido y determinado de ocupaciones y sectores, siendo las ocupaciones de servicios y vendedores y de trabajo no calificado (caso de las trabajadoras domésticas) donde se concentra más de la mitad de las ocupaciones de mujeres (52%), junto con las ramas de servicios sociales y de salud y de Enseñanza.

44.En concreto, la remuneración media por hora de trabajo de las mujeres representa un 91% de la remuneración media de los hombres. El salario por hora de mujeres es inferior al de los varones para todos los niveles educativos alcanzados. Dicha brecha se incrementa con la mayor cantidad de años de estudio. Con la excepción de los trabajadores agropecuarios y pesqueros, electricidad gas y agua, transporte, administración pública y defensa y la construcción, en la mayoría de las ramas los ingresos por hora de los hombres superan a los de las mujeres.

Derechos sindicales (art. 8)

14.Sírvanse proporcionar información sobre la manera en que están reconocidos los derechos de huelga y negociación colectiva en la legislación del Estado parte y sobre las garantías que existen para que tales derechos sean ejercidos de manera efectiva y de conformidad al artículo 8 del Pacto.

45.El mecanismo de CCSS fue creado en el año 1943. A través de la negociación tripartita, se establecen aspectos relevantes referidos a los ajustes salariales, salarios mínimos y condiciones laborales. La cantidad de subgrupos que participan en los CCSS fue aumentando progresivamente, alcanzando en 2015 los 241 CCSS que abarcan a casi 900.000 trabajadores. En la última ronda de negociación finalizada en diciembre de 2013, el 86% de los acuerdos fueron alcanzados por consenso entre las tres partes.

Derecho a la seguridad social (art. 9)

15.Sírvanse proporcionar información sobre las medidas que ha adoptado el Estado parte para asegurar que las personas que trabajan en la economía informal, así como los solicitantes de asilo, los refugiados y los migrantes, tengan acceso a la seguridad social.

46.En adición a la información proporcionada al respecto en el V Informe Nacional y a efectos brindar una cuantificación clara de la evolución de las empresas y trabajadores de los regímenes de Monotributo y Monotributo Social, se presentan los siguientes cuadros (http://www.bps.gub.uy/8698/libro-45---julio---setiembre.html), debiendo señalarse que desde el año 2012 se incorporan las empresas del Monotributo MIDES o Social.

Cuadro 6

Cantidad de empresas monotributistas con nómina

Año	Régimen general	Monotributo Social	Total
2012	20 998	393	21 391
2013	22 825	709	23 534
2014	23 878	1 252	25 130
2015	25 046	2 194	27 240

Cuadro 7

Cantidad de personas del Monotributo

Año	Régimen general	Monotributo Social	Total
2012	23 145	460	23 605
2013	25 139	788	25 927
2014	26 213	1 389	27 602
2015	27 470	2 426	29 896

16.Sírvanse proporcionar información sobre la cobertura de los programas no contributivos y si el monto de las prestaciones es suficiente para garantizar un nivel de vida adecuado.

47.Una persona mayor se considera cubierta por el Sistema de Seguridad Social si percibe al menos una prestación por vejez, invalidez o sobrevivencia. Se estima la proporción sobre el total de personas de 65 años y más.

Cuadro 8

Régimen Previsional Uruguayo. Cobertura de Personas de 65 años y más ( En porcentajes)

	Jubilados y pensionistas de 65 años y más	Pensionistas por Vejez e Invalidez de 65 años y más 1	Total
2004	88,83	4,40	93,23
2005	88,82	4,43	93,25
2006	88,78	4,53	93,30
2007	87,92	4,70	92,62
2008	87,35	5,47	92,82
2009	88,14	5,85	93,99
2010	89,14	6,11	95,26
2011	90,35	6,27	96,62
2012	91,12	6,16	97,29
2013	91,21	6,19	97,41
2014	91,96	6,27	98,24
2015 2	92,24	6,37	98,61

48.Asimismo, en relación a la suficiencia del monto de las prestaciones de los programas no contributivos, debe señalarse que el ratio pensión promedio no contributiva en términos de la línea de pobreza fue creciente en el período 2006-2015 y mostró una recuperación del poder de compra de las prestaciones entre esos años. En el año 2006 el valor de la pensión promedio equivalía al 60% del valor de la canasta básica per capitapromedio mientras que en 2015 alcanza el 83%. El índice del valor real de la pensión no contributiva promedio muestra que el poder de compra de las mismas se incrementó un 50% entre el 2006 y 2015.

Cuadro 9

Valor de las Pensiones Vejez-Invalidez en términos de la Línea de Pobreza e Índice de la pensión promedio en términos reales

	Pensión no contributiva por vejez e invalidez promedio mensual 2 (En dólares corrientes 1 )	Valor de la Línea de Pobreza per capita 3 (En dólares corrientes 1 )	Pensión promedio/LP per capita	Índice de la Pensión mensual promedio en términos reales 4 (Base 2006=100)
2006	103,9	174,6	0,60	100,0
2007	119,3	193,8	0,62	103,6
2008	154,8	239,6	0,65	110,9
2009	164,1	241,8	0,68	118,5
2010	206,8	284,7	0,73	124,5
2011	238,3	327,7	0,73	127,8
2012	257,5	349,1	0,74	134,3
2013	289,0	367,8	0,79	140,0
2014	286,7	353,7	0,81	144,8
2015	274,7	330,0	0,83	150,0

Protección de la familia, las madres y los hijos (art. 10)

17.Sírvanse proporcionar información actualizada incluyendo datos estadísticos desglosados sobre la proporción del trabajo infantil en el Estado parte. En este sentido, proporcionen información sobre: a) los resultados de las medidas adoptadas para prevenir la participación de niños menores de 15 años en el trabajo infantil; b) el impacto de las medidas adoptadas para prevenir la participación de los niños en el trabajo en condiciones peligrosas; c) las medidas concretas adoptadas para proteger a los niños contra toda forma de abusos y/o explotación.

49.En el marco de la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia (ENIA) se brindó continuidad y profundización a las políticas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los niños y adolescentes que si bien no son específicamente dirigidas a la prevención y erradicación del trabajo infantil, generan un impacto en dicha problemática. Tal es el caso del establecimiento de la obligatoriedad de la educación en primera infancia a partir de los 4 años de edad así como hasta el Ciclo Básico, el Plan de Formación Básica, las Aulas Comunitarias, la focalización de la prestación por Asignación Familiar y la Tarjeta Uruguay Social. Asimismo los programas Uruguay Crece Contigo (UCC), el Programa de fortalecimiento de las capacidades familiares (Cercanías), Jóvenes en Red, Yo estudio y Trabajo, los Centros de atención a la infancia y la familia (CAIF) y los Centros de Capacitación Productivos (CECAP).

50.El Comité de Erradicación del Trabajo Infantil (CETI) continúa trabajando en base a los ejes acordados en las “Líneas de acción para la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente permitido en Uruguay. 2015-2020”: Trabajo Infantil y Trabajo Adolescente Peligroso, Trabajo Rural, Trabajo Doméstico Intensivo y Formalización del Trabajo Adolescente Permitido. Sobre este último, la formalización de la actividad laboral en el sector privado para la franja etaria de 16 a 18 años creció 120% entre 2004 y 2014 (5.700 adolescentes que trabajan en la actividad privada en el año 2004frente a 14.000 adolescentes que lo hacían en el 2014). Por su parte, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) realizó 3.032 inspecciones laborales a nivel país y otorgó 3.132 permisos de trabajos durante el año 2015, los cuales asocian la formalización laboral garantizando la continuidad de los adolescentes en el sistema educativo.

51.La siguiente tabla muestra datos sobre trabajo infantil (menores de 15 años) registrado en el BPS (http://www.bps.gub.uy/1940/evolucion-de-los-cotizantes.html).

Cuadro 10

Promedio anual de puestos cotizantes (*) por edad declarados en nómina . Promedio anual en base a mes de cargo

A ño	0 a 15	16 a 18	19 a 24	25 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 ó más	Total
2004	286	5 826	80 969	115 553	230 151	239 845	177 194	60 766	10 402	920 991
2005	293	7 664	95 286	124 833	245 073	250 670	188 045	66 861	10 846	989 571
2006	305	8 721	108 220	132 622	263 141	260 668	200 322	73 339	11 357	1 058 694
2007	288	10 319	121 410	139 724	280 028	268 022	211 504	78 014	11 863	1 121 171
2008	241	11 588	134 409	147 333	300 168	278 088	223 732	83 187	12 239	1 190 984
2009	213	11 075	136 414	148 665	311 000	283 298	232 053	85 831	12 558	1 221 107
2010	186	12 199	146 064	157 099	329 497	295 936	245 198	86 860	12 958	1 285 996
2011	200	13 764	154 710	165 902	345 313	307 031	258 190	88 761	13 236	1 347 106
2012	320	15 136	160 662	173 031	361 555	318 717	273 145	90 306	13 716	1 406 586
2013	258	15 184	162 945	177 271	371 159	326 525	285 370	92 985	14 167	1 445 863
2014	226	14 266	161 653	180 392	377 444	332 853	294 112	97 104	14 824	1 472 873
2015	198	11 892	153 035	177 527	374 749	336 396	298 439	100 944	15 421	1 468 602

18.Sírvanse proporcionar una evaluación del impacto de las medidas adoptadas para combatir la violencia doméstica y sobre los retos persistentes para sancionar a los responsables, proteger a las víctimas y prevenir casos de violencia doméstica.

52.Entre los resultados en el marco del Consejo Nacional Consultivo de Lucha Contra la Violencia Doméstica (CNCLVD), se destacan especialmente:

Aprobación del Decreto núm. 306/015 “Plan de Acción 2016-2019, por una Vida libre de Violencia de Género, con mirada generacional”, con el objetivo de contribuir a consolidar una política pública nacional que permita prevenir, enfrentar, reducir y reparar la violencia basada en género en sus manifestaciones diversas y concretas;

Presentación y actualmente a estudio del Poder Legislativo del proyecto de ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género.

53.Se numeran a continuación algunos datos relevantes por organismos del Sistema Interinstitucional de Respuesta Integral en Violencia Basada en Género:

Inmujeres: El Sistema de Respuesta a la Violencia Basada en Género atendió 1978 mujeres y 189 varones (período enero-septiembre de 2016).

Ministerio del Interior: se recibieron 24.454 denuncias policiales por causa de violencia doméstica entre enero y octubre 2016. Se dispuso la colocación de 280 dispositivos electrónicos (tobilleras)entre enero y septiembre de 2016.

Ministerio de Salud Pública: se redefinieron los 113 Equipos de Referencia en Violencia Doméstica y se elaboró el documento “Pautas para la atención en los Servicios de emergencia en todo el país frente a situaciones de violencia aguda”.

Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay: cuenta actualmente con 28 Comité de recepción local del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia.

Banco de Previsión Social: durante 2016 cubrió el 100% de la demanda de atención psicológica a personas huérfanas por violencia doméstica (6 nuevos casos en la capital y 5 en un departamento norteño). En el período enero-octubre de 2016, otorgó asimismo 82 asignaciones familiares especiales y 192 pensiones para personas huérfanas por violencia doméstica.

54.Debe dejarse constancia que a partir del16 de julio de 2017 entrará en vigor en todo el territorio nacional un nuevo sistema procesal penal. Entre los cambios que se incluyen en el nuevo Código del Proceso Penal, aparece la figura de la víctima (inexistente en el anterior código), se reformula la misión de la Fiscalía General de la Nación (FGN), incluyéndose el“proteger y atender a víctimas y testigos de delitos, así como víctimas de violencia doméstica, violencia de género y violencia generacional, y a niños, niñas y adolescentes en situación de derechos amenazados o vulnerados”. De la misma forma, entre los objetivos estratégicos de la FGN para el período 2015-2019 se encuentra identificado el contribuir al diseño de una política pública deerradicación de violencia de género y generacional e intervenir judicialmente para la protección de las víctimas.

55.Finalmente debe señalarse que en breve será aprobado por el Poder Legislativo el proyecto de Ley de Femicidio, el cual incorpora esta figura al artículo 312 del Código Penal como agravante especial del homicidio a una mujer por motivos de odio o menosprecio. La modificación incluye además al homicidio especialmente agravado como acto de discriminación por orientación sexual, identidad de género, raza, origen étnico, discapacidad u otra condición.

Derecho a un nivel de vida adecuado (art. 11)

19.Sírvanse proporcionar datos estadísticos desglosados sobre la situación de pobreza en el Estado parte e indíquese qué medidas específicas han sido adoptadas para la lucha contra la pobreza que afecta particularmente a niños, niñas y adolescentes, personas afrodescendientes y pueblos indígenas, así como a otros grupos desfavorecidos y marginados.

56.La proporción de personas en situación de pobreza ha disminuido en los últimos 10 años, pasando de 32,5% en el 2006 a 9,7% en 2016. Si se analiza la pobreza por diversas características, es posible observar que existe una mayor proporción de personas en situación de pobreza en la infancia, afrodescendientes y en la capital del país, tal como lo muestra el siguiente gráfico.

Gráfico 5

57.El siguiente cuadro permite observar la disminución del porcentaje de niñas, niños y adolescentes que viven en situación de pobreza, llegando en el año 2015 al índice más bajo en casi dos décadas.

Gráfico 6

Porcentaje de niños según situación de pobreza por tramos de edad en la infancia . País urbano, 1998-2015

58.Sin embargo, aunque la proporción de personas por debajo de la línea de pobreza ha descendido de modo continuo, siguen siendo los menores de 4 años quienes conforman el grupo de edades con mayores niveles de pobreza: uno de cada cinco niños menores de 4 años se encuentra por debajo de la línea de pobreza (20,9%).

Gráfico 7

Evolución de la pobreza por grupo de edad 2006-2014

20.Sírvanse brindar información sobre el impacto que ha tenido la Ley núm. 18795 sobre el Acceso a la Vivienda de Interés Social y cómo ha contribuido a reducir el déficit de vivienda social. Sírvanse proporcionar información estadística desglosada sobre el acceso a una vivienda adecuada y asequible, particularmente para los grupos e individuos más desfavorecidos y marginados y grupos con bajos ingresos.

59.El objetivo de la Ley núm. 18795 fue fomentar a través de exoneraciones fiscales, la construcción de viviendas, promoviendo además el desarrollo de áreas centrales de las ciudades y así optimizar la inversión realizada en servicios por parte del Estado. Este programa ha permitido facilitar a familias de ingresos medios y medios bajos la compra o arrendamiento, a través de exoneraciones tributarias a inversores privados para la construcción, ampliación o reciclaje de viviendas. Desde la aprobación de la Ley hasta junio de 2015, fueron promovidas en este marco un total de 11.311 Viviendas de Interés Social (70% en Montevideo), 15,71% de las cuales fueron finalizadas y 51,55% se encuentran en obra.

60.Concomitantemente a lo anterior, se constituyó el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios (FOGACH), con la finalidad de otorgar garantías parciales a personas físicas, para facilitar el acceso a la vivienda de aquellas familias que aún con la capacidad de pagar una cuota mensual, no tienen el ahorro previo suficiente para comprar un inmueble a través de un crédito hipotecario.

61.Por otro lado, las diferentes formas de tenencia de la vivienda tienen su correlato en las garantías legales que brindan con respecto a los derechos de propiedad o usufructo. La propiedad sobre la vivienda y el terreno es la situación predominante para los hogares uruguayos. La ocupación de la vivienda y terreno sin permiso y la propiedad de la vivienda (pero no del terreno) son las que presentan mayores niveles de inseguridad para el hogar.

Gráfico 8

Distribución porcentual de los hogares según régimen de tenencia de la vivienda . Total país

Propietario solo de la vivienda	Ocupante con relación de dependencia
Ocupante gratuito sin permiso	Inquilino
Ocupante gratuito con permiso	Propietario de la vivienda y el terreno

62.De la misma forma, el hacinamiento es considerado una dimensión de la habitabilidad de las viviendas, ya que hace referencia a la posibilidad de los hogares de contar con suficientes espacios que permitan la privacidad y el desarrollo de las actividades cotidianas de los distintos miembros del hogar.

63.Los avances en los últimos años evidencian que los hogares con hacinamiento (más de dos miembros del hogar por habitación para dormir)pasaron de ser 14,1% en 2006 a 9,9% en 2015, sin embargo, como se evidencia en el gráfico, la situación difiere principalmente según los niveles de ingreso de los hogares. En 2015 aún el 40% de los hogares más pobres presentaban condiciones de hacinamiento.

Gráfico 9

Porcentaje de hogares con hacinamiento según área geográfica y quintiles de ingreso per capita . Total país, 2006-2010 y 2015

21.Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para asegurar que las personas que viven en asentamientos irregulares tengan acceso a servicios básicos adecuados y para que no sean objeto de desalojos forzosos.

64.En 2012 se realizó el primer estudio con base en información censal comparable con el relevamiento de 2006, en vistas a evaluar la dinámica del fenómeno de la irregularidad urbana utilizando la información disponible del Censo poblacional 2011.

65.Se estimó que en Uruguay existen 589 asentamientos irregulares, donde residen 165.271 personas. El 78% de estas personas se localizan en asentamientos de Montevideo y Canelones. Los resultados globales del estudio se resumen en los siguientes cuadros.

Cuadro 11

Resumen de resultados globales

	Asentamientos	Viviendas	Personas
Total	589	48 708	165 271
Montevideo	332	31 921	112 101
Canelones	91	5 064	16 488
Resto del interior	166	11 723	36 682

Cuadro 12

C omparación de resul t ados 2006-2011

	Asentamientos	Viviendas	Personas
Relevamiento 2006	662	49 263	179 545
Relevamiento 2011	589	48 708	165 271
Diferencia intercensal	-73	-555	-14 274
Tasa de crecimiento intercensal	-11 , 00%	-1 , 10%	-8 , 00%
Tasa de crecimiento media anual	-2 , 20%	-0 , 16%	-1 , 10%

Fuente: Relevamiento de asentamientos irregulares. Primeros resultados de población y viviendas a partir del Censo 2011. Unidad de Evaluación y Monitoreo – PMB , 2012. Disponible en www.piai.gub.uy .

66.Dado el alto nivel de consolidación de la irregularidad urbana en el país, no es esperable la reducción rápida de los asentamientos, incluso en un contexto de mejora global de los indicadores socioeconómicos. Por esto además debe señalarse que las regularizaciones y relocalizaciones realizadas en el período 2006-2011 fueron el principal factor que explica la reducción del número total de asentamientos: si bien en el período 2006-2011 surgen 18 nuevos asentamientos, los programas públicos regularizan o realojan en el mismo período 91 asentamientos.

67.Surge asimismo que los nuevos asentamientos son más pequeños que los asentamientos regularizados o realojados. En términos de población, mientras los nuevos asentamientos tienen 99 personas en promedio, los asentamientos que dejaron de serlo por efecto de la regularización o realojo tienen promedialmente 430 personas.

68.A partir del Balance del Plan Quinquenal de Vivienda 2010-2014, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente presentó el Plan Quinquenal de Vivienda 2015-2019: http://www.mvotma.gub.uy/el-ministerio/transparencia/plan-quinquenal-de-vivienda-2015-2019.html.

22.A la luz de lo mencionado en el párrafo 181 de su informe, sírvanse proporcionar mayor información sobre el impacto de las medidas adoptadas para mejorar la calidad del agua y para la protección de los recursos hídricos. Además, sírvanse indicar los avances alcanzados para lograr el acceso universal al agua potable y para mejorar el acceso al saneamiento para todas las personas, en particular las que viven en asentamientos irregulares.

69.Se indican a continuación los avances alcanzados para lograr el acceso universal al agua potable y para mejorar el acceso al saneamiento para todas las personas, en particular de las que viven en asentamientos irregulares (actualización a diciembre de 2015).

70.Acceso al agua potable:

1.135.000 conexiones de agua potable;

15.000 km de redes de agua potable;

400 localidades con agua potable;

300 pequeñas localidades y escuelas rurales con agua potable;

Cobertura población urbana: 98,9%;

Cobertura población total: 94,9%.

71.Servicios de saneamiento:

302.000 conexiones de saneamiento;

3.500 km de redes de saneamiento;

192 localidades con saneamiento;

Cobertura población urbana con redes de alcantarillado: 49, 1%;

Cobertura población total con redes de alcantarillado: 44,8%.

72.Acciones vinculadas a la universalización de los servicios:

Consolidación del Plan de Abastecimiento de Agua Potable a Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales: 300 nuevos sistemas con agua potable: actualmente fase de control, mantenimiento y monitoreo;

Regularización del servicio de agua en asentamientos: 6.000 conexiones (adecuaciones y nuevas) promedio anual; con gestión participativa;

Plan Nacional de Conexión al Saneamiento: apoyo económico (subsidio total o parcial) para los sectores de mayor vulnerabilidad social;

Convenios tripartitos para ampliación de redes de agua potable y saneamiento;

Trabajo conjunto con MVOTMA, ANV, CIVIS, para brindar servicios de agua potable y saneamiento a cooperativas de viviendas.

Derecho a la salud física y mental (art. 12)

23.Sírvanse informar sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para asegurar que los establecimientos, servicios, bienes e información en materia de salud sexual y reproductiva sean accesibles para todas las mujeres y adolescentes en todas las regiones del país. Infórmese además sobre las medidas adoptadas para prevenir los embarazos entre las adolescentes, incluyendo programas de educación y campañas de sensibilización sobre la salud sexual y reproductiva dirigidos a la población adolescente.

73.Con la adopción de la Ley núm. 18426 de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, que promueve políticas nacionales y programas en base a los principios de universalización a nivel primario de la cobertura en salud sexual y reproductiva (SSR), garantiza la confidencialidad y privacidad de las prestaciones y capacita a docentes de la enseñanza primaria, secundaria y terciaria para la educación en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos (en todos los subsistemas educativos se implementa el programa de educación sexual), el país dio un paso sustantivo en materia de derechos sexuales y reproductivos.

74.De la misma forma en los últimos años vale resaltar la adopción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y el Decreto 009/2011 que asegura el acceso universal de los métodos anticonceptivos a través de la provisión de preservativos (sin costo para usuarios del sector público o copago mínimo para privados) en todos los prestadores del SNIS.

75.La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) (prestador de salud integral más grande del país) implementó a cabalidad la Ley núm. 18426 fortaleciendo el primer nivel de atención para la provisión de información e insumos en anticoncepción; la actualización y capacitación permanente de equipos de salud; los servicios de salud sexual y reproductiva disponibles en todo el país; la incorporación de métodos de larga duración (LARCs): implantes subdérmicos, disponibles en todo el país; la incorporación y promoción del uso de condones femeninos; la mejora en el acceso a los anticonceptivos orales (implementación de cuponeras de retiro mensual y/o trimestral); la flexibilización del acceso a condones femeninos y masculinos (implementación de cuponeras y dispensación a demanda sin receta médica) y actividades comunitarias de promoción de derechos sexuales y reproductivos.

76.Válido es reconocer que se mantiene como desafío el poder abatir inequidades en el acceso a estas prestaciones en poblaciones específicas, como mujeres rurales, mujeres con discapacidad y migrantes.

24.Sírvanse proporcionar mayor información sobre el estado en que se encuentra el proceso de elaboración y adopción de la nueva Ley sobre Salud Mental, y si se ha previsto la elaboración de una política nacional sobre salud mental. Sírvanse, en su caso, indicar cómo la ley y/o la política sobre salud mental prevén mejorar la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad de servicios adecuados de salud mental en todo el territorio del Estado parte. Con base en la anterior recomendación (véase E/C.12/URY/CO/3-4, párr. 26), sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para mejorar las condiciones de vida en las clínicas psiquiátricas de Bernardo Etchepare y de Santin Carlos Rossi.

El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2015, fue aprobado por la Cámara de Senadores del Poder Legislativo en octubre de 2016, restando la aprobación de la Cámara de Representantes.

77.El proyecto de ley, en consonancia con las normativas internacionales, tiene por objeto garantizar el derecho a la protección de la salud mental de los habitantes residentes en el país, con una perspectiva de respeto a los derechos humanos de todas las personas y particularmente de aquellas con trastorno mental en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.

78.Se impulsará también la desinstitucionalización de las personas con trastorno mental, mediante un proceso progresivo de cierre de estructuras asilares y monovalentes, las que serán sustituidas por un sistema de estructuras alternativas.

79.Para mejorar la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad de servicios, la ley establece la Creación de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, entre cuyos cometidos principales pueden destacarse: supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de las personas hospitalizadas por razones de salud mental y en dispositivos residenciales públicos y privados, incluyendo las sujetas a procedimientos judiciales y, en coordinación con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, difundir en la comunidad, con la mayor amplitud posible, información sobre las normas aplicables a la atención en salud mental (…) así como sobre los dispositivos para la protección de los mismos a nivel nacional e internacional.

Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (CE.RE.M.O.S), exColonias de Asistencia Psiquiátrica Dr. Bernardo Etchepare y Dr. SantínCarlosRossi

80.El actual Equipo de Gestión de CE.RE.M.O.S se ha propuesto como meta principal la superación definitiva del modelo asilar, orientando la asistencia brindada desde un marco centrado en los derechos de las personas y en sus capacidades de recuperación. En este sentido la reorganización de los distintos servicios se lleva a cabo según un modelo de cuidados, de recuperación, de rehabilitación y de bienestar que responda a una estrategia de acercamiento humano, que preserve las habilidades de las personas y habilite el desarrollo de nuevas estrategias en la búsqueda del mejor funcionamiento psicosocial y de la reinserción comunitaria, familiar y social.

81.Las principales acciones implementadas para mejorar las condiciones de vida en las clínicas psiquiátricas son:

Demolición de Pabellones 24, 29 y 30 del exsector Bernardo Etchepare, los cuales no contaban con las condiciones edilicias necesarias para la atención de las personas internadas;

Refacción y puesta a punto del nuevo Pabellón de Contención;

Mejoramiento de la iluminación, limpieza, reparaciones, vigilancia y un protocolo para el control continuo de la población de canes;

Reestructura del Departamento de Enfermería atendido de forma permanente por Licenciados en Enfermería;

Reestructura de los Departamentos de Psiquiatría, Medicina, Rehabilitación y Nutrición.

82.Asimismo, el Equipo de Gestión trabaja en la creación de los Departamentos de Nutrición y Rehabilitación y de un Área Asistencial para Usuarios de Alta Dependencia (habilitando el funcionamiento de los pabellones 8 y 11 remodelados), en tanto se continúa el trabajo con familiares e instituciones interesadas en apoyar el proceso de reconversión en CEREMOS.

83.Finalmente se entiende pertinente señalar que el Programa de Egresos cuenta con 139 pacientes (datos 2015) que residen fuera de las colonias, con un seguimiento presencial de los Equipos de Egreso en el domicilio de los cuidadores mientras que continúa funcionando el dispositivo llamado RBC Centro Diurno (Rehabilitación Basada en la Comunidad).

Derecho a la educación (arts. 13 y 14)

25.Sírvanse proporcionar información sobre las medidas concretas que han sido adoptadas para aumentar las inscripciones a la educación secundaria y para disminuir el alto índice de abandono en dicha etapa escolar, particularmente en áreas rurales, así como entre niños afrodescendientes, niños con discapacidad y niños provenientes de hogares de bajos ingresos. Sírvanse además informar sobre las medidas adoptadas para mejorar la calidad de la educación, en particular en cuanto a fortalecer la capacitación de los maestros y mejorar sus condiciones laborales.

84.A los sistemas de becas y apoyos a estudiantes existentes, y otras medidas ya implementadas para evitar la deserción escolar y en la enseñanza media, se destaca la creación del Sistema de protección de trayectorias educativas (SPTE) en 2015. Este sistema es de aplicación a toda la educación media y tiene como propósito asegurar el desarrollo de procedimientos de protección y acompañamiento de las trayectorias educativas de toda persona en edad de cursar la educación media con el fin de que logre la culminación de los ciclos obligatorios.

85.Como parte del SPTE, durante el año 2016 se diseñó y se puso en práctica el “Protocolo de Protección de Trayectorias Educativas” para los estudiantes de educación media. Las acciones y etapas que en él se prevén están directamente vinculadas a un sistema de información, que incluye datos identificativos e información de la trayectoria de cada estudiante, así como un conjunto de Alertas Tempranas, asociadas a una serie de indicadores que permite detectar rápidamente a los estudiantes con riesgo de desvinculación, que desencadenan diferentes repertorios de acciones tendientes a promover la permanencia y continuidad de cada estudiante en el sistema educativo formal.

86.Asimismo, el “Proceso de Inscripción Temprana” para estudiantes de 6 años de educación primaria tiene como principal objetivo minimizar los riesgos en la continuidad educativa provocados por el interciclo, asegurando que toda niña, niño o adolescente tenga un centro asignado para cursar el 1eraño de educación media, antes de egresar de la educación primaria.

87.Esta preinscripción que se realiza online en la plataforma Gurí (empleada para el seguimiento en la educación primaria), también opera como mecanismo de relevamiento de las preferencias de las familias a la hora de elegir la educación media para sus hijos. En noviembre de 2016 se logró la preinscripción del 98,3% de la población en condiciones de egresar de la educación primaria.

88.En materia de formación docente, entre los objetivos que se trazó el Consejo de Formación en Educación (CFE) para el período 2015-2020 se destaca la transición hacia la Universidad de la Educación (Instituto Universitario de la Educación), poniendo el foco en la formación universitaria de los docentes en Uruguay.

89.Con visión universitaria se trabajará para:

1)Profundizar el proceso hacia un Sistema de Formación en Educación. Esto significa tener una visión sistémica de la formación, lo que supone una mirada global, coherente y relacionada de los diferentes momentos de la formación de los docentes, y sostenida por los mismos principios.

2)Continuar en el camino de la construcción institucional, procurando una institución abierta, flexible, con fuerte vinculación con la creación de conocimientos, potenciada por la investigación en todos los niveles y atenta a los cambios culturales, sociales y tecnológicos de comienzos del siglo XXI.

3)Crear las bases académicas e institucionales acordes a la formación con nivel universitario, profundizando la reflexión a partir de los aportes del período anterior. En este sentido será necesario realizar un estudio de la actual estructura académica basada en la departamentalización, con vistas a generar una estructura de coordinación que contemple la investigación, la extensión y la enseñanza abarcando campos del conocimiento más amplios que incluyan en su interior las disciplinas favoreciendo el trabajo transdisciplinar.

4)Redefinir el rol de los docentes y los coordinadores de los departamentos para que favorezcan la enseñanza, la investigación y la extensión.

5)Reformular la estructura de cargos docentes estableciéndola como grados académicos renovables a partir de evaluaciones integrales que incluyan la autoevaluación, la evaluación de los estudiantes, la de sus pares y docentes responsables (coordinadores de departamento, Directores de centro).

6)Elaborar normas estatutarias propias del CFE, diferentes a las que rigen a los demás Consejos de manera de viabilizar y poder implementar los ítems anteriores.

26.Sírvanse indicar la proporción de estudiantes que prosigue la educación superior y qué medidas han sido adoptadas para lograr que la educación superior sea accesible y asequible, en particular para los estudiantes provenientes de familias desfavorecidas y marginadas, incluyendo los afrodescendientes y personas con discapacidad.

90.De acuerdo a los resultados del Censo Universitario del año 2012, la población de estudiantes efectivos de grado es de 85.905, que representen 109.563 inscripciones de estudiantes a nivel de servicios, y 130.941 inscripciones a nivel de carreras. Esto significa que por cada estudiante efectivo de la Universidad de la República (Udelar) existen aproximadamente 1,5 inscripciones a carrera.

Gráfico 10

Porcentaje de estudiantes según áreas

T ecnologías y ciencias de la naturaleza y del habitat	CIOs (4)
S ocial y artística	Carreras compartidas
Ciencias de la salud

91.Un aspecto de suma relevancia es la región de las sedes de estudio donde los estudiantes cursan sus carreras. En este sentido los resultados del censo web 2012 indican que el 93,9% de los estudiantes efectivos de la Udelar (85.905) estudia en sedes de Montevideo, el 5,2% lo hace en las sedes del Interior, mientras que el 1,0% estudia en sedes de Montevideo y del Interior.

92.A nivel de matrícula (130.941) el número total de inscripciones correspondientes a estudiantes que cursan en sedes del Interior es de 6.734, lo cual representa el 5,1% de la matrícula de toda la Udelar.

93.Por otro lado en el año 2015 ingresaron por primera vez a la Universidad 15.373 estudiantes, de los cuales 11.750 (76,4%) egresaron de la Educación Media Superior el año anterior.

94.La Educación Superior Estatal es gratuita tal como lo establece la Ley General de Educación núm. 18437. No obstante, Uruguay cuenta con el Fondo de Solidaridad cuyo objetivo principal es trabajar para que más jóvenes puedan acceder a la educación terciaria mediante la gestión profesional de un sistema de becas que se sustenta con el aporte solidario de los egresados de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional. Pueden acceder a este Sistema de Becas las y los estudiantes uruguayos de la Udelar, de la Universidad Tecnológica (UTEC) y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional que provienen de hogares que no cuentan con los medios suficientes para apoyarlos económicamente en su proyecto educativo.

95.Por su parte el Departamento de Programas y Proyectos Sociales de la Universidad de la República tiene como cometido la promoción de actividades que tiendan al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y estudiantes de la Udelar con el fin de promover el acceso y la equidad para todos, y ejercer por tanto, un rol democratizador de la enseñanza.

96.Para el alcance de sus objetivos generales desarrolla estrategias de relacionamiento e integración de toda su población entre las que se destacan el Programa de Becas (alimentación y transporte, entre otras), Programa de Alojamiento, Garantía de Alquiler, Programa Descentralización y Programa Género.

97.Asimismo, y en materia de derechos de las personas con discapacidad, existe financiamiento para que las personas sordas estudiantes cuente con intérpretes de lengua de señas así como apoyo en el traslado de estudiantes con dificultades motrices durante todo el año a cursos y exámenes. También en este marco, se rindió el apoyo total a estudiantes que padecieron accidentes graves o requirieron tratamientos para la lucha de enfermedades crónicas. En la mayoría de los casos se apoyan las solicitudes relacionadas con problemas médicos o de salud, especialmente exámenes médicos especiales, compra de audífonos y/o prótesis.

98.En relación a las personas afrodescendientes, el artículo 6 de la Ley núm. 19122 establece que los sistemas de becas y apoyos estudiantiles que se resuelvan y asignen a nivel nacional y departamental, aun cuando su fuente de financiamiento sea la cooperación internacional, deberán incorporar cupos para personas afrodescendientes en la resolución y asignación de las mismas. La Beca Carlos Quijano (artículo 32 de la Ley núm. 18046, de 24 de octubre de 2006) asignará al menos un 30% (treinta por ciento) del fondo para personas afrodescendientes.

27.Sírvanse proporcionar información sobre las medidas concretas adoptadas para la protección de la diversidad cultural, así como para crear conciencia sobre el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes, y para crear condiciones favorables para que puedan conservar, desarrollar, expresar y difundir su identidad, historia, idioma, tradiciones y costumbres.

99.Las actividades de los Centros MEC están abocadas a la protección de la diversidad cultural y difusión de las identidades locales. Durante 2016 se desarrollaron en todo el país las siguientes actividades donde participaron en total más de 425.000 personas.

Cuadro 13

Charlas	245
Cursos y talleres	1 061
Espectáculos de artes escénicas	422
Espectáculos musicales	373
Proyecciones audiovisuales	301
Actividades recreativas	314
Exposiciones y muestras	136

100.El compromiso asumido por el país con la ratificación en 2007 de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales se implementa a través de líneas de acción y acciones concretas.

101.Programa Fábricas de Cultura: Creado en el año 2007, tiene como misión fortalecer el capital humano y productivo de nuestro país mediante la creación de espacios de formación y desarrollo de emprendimientos culturales. Este programa ha permitido valorizar saberes populares, apoyar colectivos desfavorecidos y consolidar emprendimientos productivos a partir de la cultura. Entre otros colectivos, las 29 fábricas que se crearon durante este período, trabajan con población afrodescendiente, población LGBT, colectividades rurales, personas con discapacidad y personas privadas de libertad.

102.Programa Usinas Culturales: consiste en centros equipados con sala de grabación y de audiovisual, orientados a la participación de población de recursos escasos, especialmente adolescentes y jóvenes, a volcar su potencial creativo hacia nuevas tecnologías relacionadas con la comunicación y la cultura. Actualmente hay 18 centros distribuidos en el país con experiencias en barrios de la capital, ciudades del interior, acciones en establecimientos penitenciarios y una usina en un hospital psiquiátrico.

103.Programa Urbano: Programa que trabaja con personas en situación de calle y trabaja directamente en torno a los postulados de respecto a los derechos humanos y libertades fundamentales; igualdad y dignidad de todas las culturas y acceso equitativo a las expresiones culturales.

28.Sírvanse indicar las medidas adoptadas por el Estado parte para garantizar el acceso asequible a Internet a las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, incluso en las zonas rurales.

104.A agosto de 2016, el 75% de los hogares del país se encontraban conectados a internet a través de banda ancha. Por su parte, la cobertura territorial 4GLTE a la misma fecha es de 97% de los hogares de Montevideo y un promedio de 90% en las capitales de los 18 departamentos restantes del país.

105.Como es de conocimiento del Comité, desde el año 2007 se lleva adelante el Plan Ceibal, iniciativa que universalizó el acceso a computadoras personales — laptops —en todo el sistema educativo público desde educación inicial a educación media con acceso gratuito a internet en todo el sistema educativo incluyendo las zonas rurales. Este programa se complementa a partir del año 2015 con el Plan Ibirapitá, que promueve la inclusión digital de los adultos mayores de menores recursos. Para ello, entrega de forma gratuita una tablet con una interfaz especialmente desarrollada para ser intuitiva y amigable para sus destinatarios. Realiza, además, talleres de capacitación y pone a disposición el soporte necesario para que la experiencia de uso sea exitosa.