Comité de D erechos E conómicos, S ociales y C ulturales
45.º período de sesiones
Ginebra, 1.º a 19 de noviembre de 2010
Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Respuestas del Gobierno de Uruguay a la lista de cuestiones (E/C.12/URY/Q/3-4) que deben abordarse al examinar el tercero y cuarto informe periódico de Uruguay (E/C.12/URY/3-4)*
Uruguay
[30 de julio de 2010]
Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones (E/C.12/URY/Q/3-4)
La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) fue aprobada el 17 de diciembre de 2008 en el Parlamento y el 24 de diciembre fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Resta sin embargo la elección por el Parlamento de sus miembros y dotar a la INDDHH de la estructura administrativa y de los recursos para su efectivo funcionamiento. La ley prevé en sus disposiciones transitorias que el Poder Ejecutivo afectará como sede de la INDDHH un inmueble emblemático y simbólico para la naturaleza de la función que desarrollará. La definición del primer presupuesto para garantizar su funcionamiento se hará en la Ley de Presupuesto Nacional que se aprobará en febrero de 2011. Actualmente se encuentra en elaboración el diseño de la estructura burocrática y de las instalaciones necesarias para su adecuado funcionamiento en un proceso impulsado por la Defensoría del Vecino de Montevideo y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, con el apoyo de la secretaría técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el sistema de las Naciones Unidas. Este diseño tendrá asignaciones presupuestarias que conformarán el proyecto a ser incluido en el Presupuesto Nacional. La instalación efectiva de la INDDHH y el inicio de sus funciones está proyectado para julio de 2011.
La INDDHH tiene competencia en materia de derechos económicos sociales y culturales. Si bien no se menciona en forma explícita, la utilización de la expresión “derechos humanos” empleada en la ley de creación de la INDDHH, debe ser entendida en sentido amplio y abarcativo de todos los derechos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos en los que el Estado sea parte, tal como a texto expreso se manifiesta en el párrafo c del artículo de dicha ley. Más aún, sus competencias abarcan todas las cuestiones relativas a derechos fundamentales más allá de su inclusión en tratados ya ratificados por el país, en la medida en que es competente para promover la suscripción, aprobación, ratificación, adhesión e implementación de tratados internacionales relacionados con derechos humanos. La detallada formulación de las competencias de la INDDHH que presenta la ley no solo la habilita a tramitar denuncias de violación de derechos económicos, sociales y culturales, sino a realizar informes, relatorías y recomendaciones para identificar la situación de los derechos y para reclamar al Estado el cese o adopción de acciones, la creación o modificación de leyes, la modificación de prácticas institucionales, la adopción de medidas de política pública, entre otras acciones.
Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones
Una de las áreas estratégicas de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) es la de “Educación en Derechos Humanos”. Su actividad prioritaria es la elaboración de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos a implementar a través de todas las áreas educativas del país. Frente a las dificultades de generar un plan de estas características, la Dirección ha realizado actividades de menor complejidad para iniciar los avances en el tema: edición de publicaciones, formación de docentes y convocatoria de instancias de diálogo entre la sociedad civil e instituciones educativas.
Desde 2008 funciona el programa “1000 promotores de derechos humanos en el Uruguay”, realizado por el MEC junto a ONGs, en el marco de “Unidos en la acción” (PNUD). Está dirigido a miembros activos de las comunidades locales (funcionarios, políticos, profesionales, docentes, estudiantes, militantes sociales), y busca sensibilizar sobre la temática de derechos humanos, identificar situaciones locales de vulnerabilidad e impulsar proyectos comunitarios para responder a ellas.
La Dirección de Derechos Humanos del MEC ha realizado desde 2007 —en el marco de la Escuela Nacional de Administración Pública— un curso de educación en derechos humanos para funcionarios públicos con cargos de dirección media. Cada curso consta de 18 horas presenciales y la realización de un trabajo. Se realizan entre dos y tres cursos por año y en cada curso participan aproximadamente 25 funcionarios.
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ha realizado en 2008 un curso de Derechos Humanos y Educación en Derechos Humanos para docentes de la ANEP. La propuesta formativa consistió en un curso-taller con evaluación, con una duración de 42 horas presenciales y en 2009, dos jornadas de especialización en Educación y Derechos Humanos con participación de 40 docentes. Durante 2009 se desarrolló el proyecto “Derechos Humanos y Género” como herramienta para el trabajo en contextos críticos, dirigido a docentes de enseñanza secundaria de todo el país, con los objetivos de:
a)Sensibilizar y capacitar en bases del enfoque de Derechos Humanos, Género y Memoria;
b)Conformar una red de trabajo en las áreas de Derechos Humanos y Género de alcance nacional;
c)Relevar experiencias y dificultades para la aplicación de este enfoque en los centros educativos.
Se han desarrollado cuatro instancias de formación, con una cobertura aproximada de 300 docentes en los departamentos de Colonia, San José, Florida y Maldonado.
También desde 2007 se desarrolló —con la participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el MEC y la ANEP— el proyecto “Construyendo el Futuro con Trabajo Decente”. En una primera etapa se elaboró material didáctico y capacitó a los Profesores, Directores e Inspectores sobre los Derechos Fundamentales del Trabajo y los Principios del Trabajo Decente. En un segundo momentose realizó una experiencia piloto en seis centros educativos: tres de Montevideo y tres del Interior del país donde los profesores trabajaron con sus alumnos en la elaboración de proyectos relacionados al tema que involucró a 9000 estudiantes. Finalmente se incorporó la temática en los programas y se examina la posibilidad de extender las acciones a todos los establecimientos de enseñanza del país.
Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones
A comienzos del año 2007 se formalizó la participación de Uruguay como uno de los ocho países “piloto"” del proceso de reforma del Sistema de las Naciones Unidas, siendo el único país de América Latina y el único de “renta media alta”.
Uruguay considera al programa experimental “Unidos en la acción” como una oportunidad para “probar” nuevas modalidades de trabajo conjunto, que se orienten hacia el fortalecimiento del multilateralismo en el marco del debate sobre el futuro de la Sistema de Naciones Unidas, al fortalecimiento de la coherencia, eficiencia, eficacia e impacto de las Agencias en el terreno.
A partir de la activa participación del Gobierno en la elaboración del Marco de Asistencia para el Desarrollo 2007 –2010 (UNDAF) se acentúa la apropiación o titularidad (ownership) del proceso por parte del Gobierno, desde la definición de las prioridades y áreas de trabajo identificadas, como en la coordinación y articulación del trabajo entre instituciones y entre organismos, en un cambio cualitativo respecto al relacionamiento preexistente con el sistema de las Naciones Unidas en el Uruguay.
El 20 de mayo de 2010 se firmó un nuevo UNDAF para el período 2011-2015, contemplando las prioridades y áreas estratégicas del gobierno para este período y en el marco del cual se están armando nuevos proyectos.
La reforma de las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas no sólo procura un recorte de presupuestos, sino que se traduce en una mejora de la eficiencia en la ejecución de los programas, así como la optimización de los recursos que a ellos se destinan.
Entre el 14 y el 16 de junio de 2010, Hanoi fue sede de la Conferencia Tripartita de Alto Nivel de países en que se ejecuta el programa experimental “Unidos en la acción”, convocada con el objetivo de considerar las lecciones de las evaluaciones nacionales y el camino a seguir.
Uruguay presentó la evaluación nacional independiente del Programa en tanto país piloto. Ella concluye que el Programa ha permitido a Uruguay mejorar las estrategias de apoyo a las políticas de gobierno para el logro de los principales objetivos nacionales. Asimismo, formula recomendaciones para contribuir en la toma de decisiones informada de los actores nacionales y al avance más eficiente, eficaz y sostenible del trabajo interagencial de Naciones Unidas, a la vez que identifica las lecciones aprendidas susceptibles de ser transferidas a otros países con características similares a las de Uruguay.
En el convencimiento de que este Programa contribuye a dar mayor coherencia, eficiencia, eficacia e impacto al trabajo de los organismos de las Naciones Unidas en el terreno, contribuyendo al logro de los objetivos de desarrollo del Milenio y a la positiva experiencia arrojada en nuestro país, Uruguay ofreció ser sede de la próxima Conferencia Tripartita del Programa.
En la medida que la implementación del Programa en Uruguay fortaleció los ámbitos transversales de coordinación de políticas públicas y de la demanda de la cooperación internacional, generó, asimismo, nuevas sinergias, facilitando la identificación y concreción de iniciativas de cooperación Sur-Sur, en áreas donde el país presenta fortalezas relativas.
La participación de Uruguay fue evaluada muy positivamente por los demás países piloto y el propio sistema de las Naciones Unidas, lo que es particularmente relevante, dado que las lecciones aprendidas por Uruguay son susceptibles de ser transferidas a muchos otros países con características similares, en tanto países “de renta media”, o de índices de “desarrollo humano alto”.
Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones
La información estadística social es producida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de los censos y la Encuesta Continua de Hogares (ECH). El INE centraliza la información generada en las instituciones con competencias sociales específicas. A su vez, los datos de la Encuesta Continua de Hogares son procesados y divulgados por el propio INE, así como por otras instituciones en base a sus temas de interés particular.
Habitualmente la información permite evaluar la condición de distintos colectivos en función de género, edad y territorio (división político-administrativa en departamentos).
Más recientemente se han incorporado nuevas categorías y áreas temáticas. Se han aplicado indicadores de género en relación al acceso a cargos jerárquicos en el sector privado y público y en los poderes del estado, los cuales se suman a la dimensión de género presente en los indicadores clásicos de acceso a servicios públicos o al mercado de trabajo. En forma puntual el INE ha desarrollado estudios especiales que confluyen sobre temáticas de género, como la cuantificación del uso del tiempo y la extensión del trabajo no remunerado (2008).
De incorporación reciente es también la dimensión étnica. En 2006 se incorporó un módulo de raza a la ECH, y a partir de 2007 las preguntas relativas a esa temática pasaron a formar parte del cuestionario general de la encuesta. En 2009 se realizó además una encuesta de raza específica, la que al ser hecha con la misma estructura de la ECH, permitirá la comparación de datos generales presentados en función de la raza.
También se incluirán preguntas sobre raza en el censo 2010.
La creación del Sistema de Información de Género del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), combina los dos componentes antes mencionados, ocupándose del análisis y difusión de datos en clave de género, considerando dentro de dicho marco la situación diferencial en función de etnia.
La información discriminada por ingreso es utilizada en algunas áreas de política social —fundamentalmente en las del sistema educativo— mientras en otras, dicha dimensión depende del uso de indicadores indirectos —como el uso del sistema público o privado en la salud—.
Por otra parte, un aspecto particular y especialmente importante de la relación entre estadísticas de ingreso y de vivienda —con consecuencias sobre aspectos sanitarios— es la situación de los asentamientos irregulares. La generación de estadísticas específicas sobre asentamientos también es reciente, y en los últimos años ha comenzado a ser cubierta en forma habitual desde el tercer sector.
Artículo 2
Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones
El informe presentado por la República Oriental del Uruguay dice en su párrafo 14 : “La República Oriental del Uruguay es un Estado sin presencia indígena organizada en tanto pueblos”, y agrega seguidamente: “Los colectivos actuales se identifican como descendientes de indígenas, y el Estado ha promovido proyectos de rescate de su identidad cultural”. Respecto de este punto cabe aclarar que en los censos nacionales realizados en el país en el siglo XX, no se incorporaba una pregunta relacionada con el ítem etnia o raza. Se obtuvieron datos relacionados a la diversidad de la población recién en las Encuestas Nacionales Permanentes de Hogares realizadas en los años 1996 y 2006 por parte del Instituto de Estadísticas y Censos.
En el año 2006 el término incorporado en la pregunta fue la ascendencia. Al respecto Marisa Bucheli y Wanda Cabella en el informe técnico “Perfil demográfico y socioeconómico de la población uruguaya según su ascendencia racial” entienden que “este concepto remite a la herencia genética de las personas, pero no involucra necesariamente su aspecto físico. La respuesta dependerá en parte de los rasgos físicos, en parte de la conciencia racial o étnica de cada individuo y de la medida en que la ascendencia sea un elemento relevante en la conformación de su identidad individual y familiar.”
En la actualidad las organizaciones y personas que integran el Consejo de la Nación Charrúa se reconocencomo charrúas, ejerciendo el derecho a la identidad, basados en su conciencia y voluntad de pertenencia a una cultura originaria, a una nación histórica. Basados en esta concepción participan de la Presidencia del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos indígenas de América y el Caribe como indígenas.
En cuanto a la promoción de proyectos de rescate de la identidad indígena, en 2009 el Uruguay aprobó la Ley N.º 18589 que declara el día 11 de abril de cada año "Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena”. Asimismo establece que en esa fecha, el Poder Ejecutivo y la Administración Nacional de Educación Pública dispondrán la ejecución o coordinación de acciones públicas que fomenten la información y sensibilización de la ciudadanía sobre el aporte indígena a la identidad nacional, los hechos históricos relacionados a la nación charrúa y lo sucedido en Salsipuedes en 1831.
Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones
Con respecto a las medidas concretas que ha llevado a cabo la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, cabe consignar que desde su instalación en el año 2007 recibió 64 informaciones referidas a actos o actitudes relacionadas con discriminación racial, discriminación por orientación sexual, por discapacidad, por libertad religiosa, por VIH y por distintas discriminaciones en el ámbito laboral, a las que se dio el trámite correspondiente.
Con relación a la competencia de impulsar campañas educativas tendientes a la preservación del pluralismo social, cultural o religioso, a la eliminación de actitudes racistas, xenófobas o discriminatorias y en el respeto a la diversidad, participó en el Seminario sobre Legislación Antidiscriminatoria organizado por el Comité Central Israelita; en el Foro Divergencias, sobre Discriminación y Orientación Sexual, y en el Seminario “Pluralismo Religioso y Laicidad en el Uruguay”.
Asimismo, participaron en programas radiales y televisivos para informar sobre los objetivos de la Comisión.
En relación también con esta competencia, la Comisión asesoró el Proyecto de Ley que declara el 11 de Abril como el “Día de la Resistencia de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena”, que luego se convirtió en ley, y en el Proyecto de Ley sobre cambio de nombre-identidad de género.
La Comisión participó en la ronda de consultas convocada por el INE sobre la inclusión del ítem etnia/raza en los formularios que se usarán en el próximo Censo Nacional.
La Comisión apoyó e impulsó una propuesta de la entidad Universitarios y Técnicos Afro-Uruguayos (UAFRO) de inclusión del ítem etnia en los formularios de ingreso-egreso de estudiantes de la Universidad de la República (UDELAR), el cual fue aprobado por ese organismo. La resolución comenzará a implementarse en 2010 y 2011.
La Comisión presentó ante la UDELAR denuncias de trato discriminatorio a nivel laboral y en la selección en llamados a cubrir cargos.
La Comisión realizó una propuesta ante la ANEP y el Consejo Directivo Central (CODICEN) solicitando que se contemplaran las festividades de carácter étnico o religioso de los estudiantes en los asuetos, exámenes y pruebas. Esta solicitud tuvo una respuesta favorable en la resolución del Consejo Directivo Central de la ANEP, del 25 de marzo de 2009; sin embargo, no tuvo éxito en la UDELAR pues el CODICEN rechazó el planteo.
La Comisión elevó un reclamo ante la ANEP sobre el acceso físico a los institutos de enseñanza para las personas con capacidades diferentes. Logró la instalación de una rampa de acceso interna en el Liceo N.º 13, “Dámaso Antonio Larrañaga”; como consecuencia, los nuevos centros de enseñanza son diseñados teniendo en cuenta las dificultades de acceso de alumnos con discapacidad física y los edificios viejos están siendo adaptados.
Asimismo, la Comisión envió a la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP una nota señalando la necesidad de promover una capacitación dirigida a los encargados de Inspección sobre el tema Discriminación.
La Comisión abogó por la urgente instauración de la denominada “educación inclusiva”, tal como se obligó Uruguay al ratificar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y lo dispuesto por la Ley N.º 16095, que fuera modificada por la Ley N.º 18651, del 19 de febrero de 2010, donde se contemplan esas aspiraciones.
A través del representante de la ANEP, la Comisión ha logrado avances en el impulso de la sensibilización, capacitación y medidas concretas con relación al tema de la discriminación a nivel educativo. Señalamos los más significativos:
a)Inclusión y reforzamiento de los derechos humanos en planes y programas en todos los niveles ;
b)Realización de cursos y talleres de capacitación y sensibilización en derechos humanos donde la temática de discriminación ha estado presente ;
c)Integración para el año 2010 de una comisión que trabaje específicamente estos temas ;
d)Diseño de líneas transversales en educación sexual, en política de enseñanza de lenguas y en educación para adultos, entendiéndolas no sólo en sus contenidos específicos, sino también como políticas de derechos humanos y contra la discriminación ;
d)Los programas de atención educativa especial, tales como maestros comunitarios, aulas comunitarias y programas de impulso a la universalización; el programa “Uruguay Educa” contiene la confluencia de derechos.
Otra medida que reclama la Comisión es que se establezca un riguroso mecanismo de control sobre el cumplimiento por parte de los organismos públicos de su obligación de proveer al llenado de las vacantes de cargos con personas con discapacidad en el porcentaje fijado por la ley.
Se ha iniciado contacto con la Intendencia Municipal de Florida y la Junta Departamental de Montevideo con el fin de analizar la posibilidad de crear comisiones similares a nivel departamental.
Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones
En cuanto a las medidas adoptadas por el Estado referidas a la participación de las comunidades autóctonas y minorías étnicas en la adopción de decisiones que les afecten, en el presente año 2010 ha comenzado a implementarse el proyecto “componente afrodescendiente” del Plan Nacional contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, en el cual la participación de la población objetivo es fundamental.
Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones
En nuestro país los datos estadísticos emanados de la Encuesta Permanente de Hogares realizada en el año 1997-98 (hoy actualizada con los datos de la ENHA 2006) mostraron desventajas del colectivo afrodescendiente en el área educativa, laboral y salarial que significa una calidad de vida inferior al resto de la población.
Una de las áreas por estimular es la educativa. La deserción del sistema educativo del colectivo afrodescendiente es alta, lo que luego repercute en la calidad de los empleos, los salarios y en definitiva, en el nivel de vida.
Una de las medidas temporales especiales para nivelar la desigualdad que sufre un colectivo largamente discriminado es el estímulo en la educación. Por ese motivo se incentivó la discusión parlamentaria de una beca que estimulara los estudios de los afrodescendientes. La Beca “Carlos Quijano”, creada por la ley 18046 de 24 de octubre de 2006, no contemplaba esa distinción; a los efectos de que esta beca fuera una acción afirmativa se impulsó la corrección de esta omisión.
Es así que el decreto del Poder Ejecutivo de fecha 17 de septiembre de 2007, en su artículo 4 establece: “En los primeros 24 meses de ejecución del Fondo, la beca ‘Carlos Quijano’ tendrá como beneficiarios prioritarios a los ciudadanos uruguayos afrodescendientes para cualquier disciplina de las ciencias exactas, sociales y humanas así como de las artes (...)”. El Decreto crea un Consejo integrado por los Directores de Educación, Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura y un tercer miembro, designado por el Ministerio de Educación y Cultura.
Artículo 3
Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones
En atención a lo que dicta el Artículo 17 en su numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a los efectos de acceder a la información solicitada, corresponde remitirse a la publicación Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe País Uruguay 2009, ODM 3 "Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer", donde se describe la situación actual de los indicadores utilizados para medir las desigualdades de género a nivel nacional.
Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Por iniciativa del Poder Ejecutivo, en mayo de 2007 fue aprobada la Ley de Promoción de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre hombres y mujeres (N.º 18104), que establece que el Estado uruguayo deberá adoptar todas las medidas necesarias tendientes a asegurar el diseño, elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas de manera que integren la perspectiva de género (PIODNA, 2007). Este plan, que abarca el período 2007-2011, se plantea como objetivos “...contribuir a la igualdad de oportunidades y derechos, y la no discriminación de las mujeres, con una herramienta integral e integradora que posibilite la articulación de las instituciones y de las políticas públicas en la sociedad uruguaya”.
Para la elaboración del Plan fue realizada una sistematización de los mecanismos y políticas dirigidas a la igualdad de género existentes en el Estado uruguayo y en coordinación con el INE se actualizaron los indicadores de género que el país poseía, de manera de contar con un fundamento empírico contundente. El Plan fue sometido a consultas técnicas y políticas a través de varios actores y puesto a discusión en un amplio proceso de participación ciudadana en todo el país, realizando 19 Asambleas Departamentales en las que participaron más de 3.000 mujeres.
Propone una serie de líneas estratégicas de igualdad (LEI) que se desarrollan conforme a los enfoques de derechos y de género como ejes transversales que orientan el accionar del Plan.
La inclusión social, política y cultural de las mujeres es un objetivo central, pero también es una forma de realización del Plan. Considerando este principio, el Plan busca incluir al ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, a colectivos de mujeres que por diversas razones no los han podido ejercer hasta ahora. Se trata de prestar especial atención a las intersecciones de género con pobreza, raza, etnia, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad de género y lugar de residencia.
El Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos forma parte del Plan de Equidad, el cual contempla otras acciones que involucran de manera directa situaciones que afectan directamente a las mujeres.
Principales acciones en curso
Políticas de género a nivel territorial. Desde el año 2006 se trabaja en conjunto con las Intendencias Departamentales, los organismos públicos en el territorio y las organizaciones locales de mujeres, para diseñar y emprender acciones que promuevan espacios de participación y promoción de los derechos de las mujeres en todo el territorio nacional. A la fecha se cuenta con 12 referentes en los departamentos de Artigas, Canelones, Colonia, Florida, Maldonado, Rivera, Río Negro, Rocha, Salto y Tacuarembó y un equipo técnico a nivel central en Montevideo.
Seguridad social y género. En el marco del Diálogo Nacional Sobre Seguridad Social, Inmujeres colocó en agenda las brechas de desigualdad de género como aspecto central a tener en cuenta en el proceso de reforma de la seguridad social. Así, en forma interinstitucional se trabajó en el proyecto “Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado” junto con la UDELAR, el INE y el sistema de las Naciones Unidas. En el marco de mesas de diálogo con actores gubernamentales y de la sociedad civil se debatieron propuestas y avances para impulsar un sistema integrado de cuidados y elaborar políticas que apunten a una mayor equidad de género en la seguridad social y en el ámbito laboral y profesional. Por otro lado, el Inmujeres generó insumos para el debate público a través de investigaciones en las áreas de corresponsabilidad, cuidados de niños/as y adultos/as mayores y modelos de bienestar.
Presupuestos con Perspectiva de Género. Inmujeres viene trabajando en la temática de los presupuestos sensibles al género en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), creando un espacio interinstitucional a esos efectos. De acuerdo con la Ley 18104, se realiza desde el año 2008 la rendición de cuentas anual de los avances en la ejecución del Plan Nacional de Oportunidades y Derechos ante la Asamblea General. Dicho documento, elaborado entre otros por los organismos que comprometieron acciones en el Plan, es incorporado desde el año 2007 como “Anexo” en el “proyecto de ley de rendición de cuentas y ejecución presupuestal”.
Programa Calidad con Equidad. A propuesta de Inmujeres y OPP y con el apoyo del PNUD y del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), se desarrolla el “Programa de Gestión de Calidad con Equidad” (PGCE), cuyo propósito es promover la equidad de género en la gestión de las organizaciones públicas y privadas. El Programa cuenta con el asesoramiento del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) en el diseño e implementación de los procesos de generación del Modelo de Calidad con Equidad de Género y el Sello de Calidad que Inmujeres otorgará a las empresas u organizaciones que incorporen a su gestión de calidad criterios de equidad de género. En la primera fase del Programa Piloto, se realizaron Diagnósticos Organizacionales con Perspectiva de Género de cada empresa (UTE, OSE, ANTEL, ANCAP y ANP), identificando brechas y espacios de segregación así como buenas prácticas y oportunidades de mejora.
Lucha contra la Violencia Doméstica. Con el conjunto de organismos que integran el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica (CNC) se han logrado avances en la implementación del Plan Nacional de Lucha Contra la Violencia Doméstica 2005–2010, aprobado en el año 2004. Inmujeres es el organismo responsable de presidir el CNC y a través de su Departamento de Violencia basada en Género implementa una política pública de enfrentamiento a la violencia desde una perspectiva de género. Se ha avanzado en las siguientes líneas de trabajo: a) Promoción de derechos y prevención de violencia doméstica; b) Formación y capacitación permanente de recursos humanos; c) Abordaje en crisis, atención, tratamiento y rehabilitación; d) Articulación de acciones y trabajo en red.
Departamento de las mujeres afrodescendientes. Atendiendo las diversas formas de racismo y discriminación que sufren las mujeres afrodescendientes, en el año 2005 se instaló el Programa para mujeres afrodescendientes, el que en 2007 se constituyó en un Departamento de Inmujeres a través de la Ley de Presupuesto. Así, se crea por primera vez en la órbita del Estado un mecanismo de equidad racial y de género, el cual trabaja en la elaboración de programas, proyectos y acciones tendientes a capacitar a decisores/as y operadores/as, sensibilizar en la temática de la equidad racial, e impulsar acciones focalizadas a las población femenina afrodescendiente, al tiempo que se promueve la identidad étnico-racial y de género de modo de garantizar la participación política y social de las mujeres afrodescendientes para el ejercicio pleno de sus derechos. Las acciones se desarrollan principalmente en las zonas de frontera y en los departamentos que cuentan con mayor cantidad de población afrodescendiente.
Integración Regional y seguimiento de los compromisos internacionales. A partir de la responsabilidad conferida a Inmujeres por la Ley N.° 17930, de velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por el país en materia de género, se destaca la elaboración y difusión del Informe País acerca de la aplicación de la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer – (CEDAW, 1981), así como la elaboración del Informe País sobre los compromisos asumidos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará).
Entre 2008 y 2009 se trabaja en el marco de la Reunión Especializada de la Mujer del MERCOSUR (REM), formulando e implementando un proyecto regional con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el cual consta de tres componentes, a saber: trata y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, participación política de las mujeres en la región, y la conformación de un registro único homologable de violencia basada en género.
Participación política de las mujeres. La aprobación de la Ley 18476 en marzo de 2009, constituye un avance significativo en esta materia. La ley declara que es “de interés general la participación equitativa de ambos sexos en la integración de los órganos electivos Nacionales y Departamentales y de dirección de los partidos políticos”, debiendo cada lista incluir en su integración personas de ambos sexos en cada terna de candidatos, titulares y suplentes, en el total de la lista presentada o en los primeros quince lugares de la misma. Se establece que esta ley debía entrar en vigencia en dos etapas: para la integración de las autoridades nacionales y departamentales de los partidos políticos, a partir de las elecciones internas de junio de 2009, lo que ya se cumplió; y para las elecciones nacionales y departamentales a partir del año 2014.
La aprobación de esta ley es una señal de los efectos positivos que han tenido las numerosas acciones que, tanto desde el gobierno como desde la sociedad civil organizada, se han promovido para modificar el equilibrio actual de poder entre mujeres y hombres. Su aplicación permitirá comenzar a revertir la baja participación política de las mujeres que históricamente ha tenido el país y que ha sido señalada como una de sus debilidades en materia de equidad de género.
Sistema de Información de Género (SIG). Es creado en mayo de 2008 con el objetivo de sistematizar, ordenar y analizar información para la construcción de indicadores de género que son un insumo para instituciones, actores políticos y organizaciones sociales, hacia la toma de decisiones en materia de políticas públicas y acciones relativas a la equidad de género. El SIG elabora estadísticas de género que evidencian los ámbitos en los que se producen y reproducen las inequidades entre varones y mujeres. Las estadísticas e indicadores que se calculan y difunden además de evidenciar las desigualdades de género en diversos ámbitos (salud, pobreza, política, empleo, etc.) incorporan la dimensión étnico-racial, mostrando la interseccionalidad de las discriminaciones que enfrentan las mujeres. Asimismo el sistema articula y aporta insumos al Observatorio Social del MIDES y trabaja en conjunto con la Dirección de Evaluación y Monitoreo para el seguimiento de las políticas.
Cabe destacar además, la elaboración y aprobación de leyes que aportan un marco legal e institucional para promover la equidad de género: Ley de registro de deudores alimentarios (N.º 17957); Ley de deudores alimentarios morosos (N.º 18244); Ley de integridad personal de niños, niñas y adolescentes (N.º 18214); Ley de Unión Concubinaria (N.º 18246); Ley de Migración (N.º 18250); Ley de Asignaciones Familiares (N.º 18227); Ley de Licencias especiales para las/los trabajadores de la actividad privada (N.º 18345); Ley de defensa a la salud sexual y reproductiva (N.º 18426); Ley de prevención y sanción al acoso sexual en el ámbito laboral y en el ámbito educativo (N.º 18561).
Avances en políticas específicas de cada Ministerio comprometidas en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos:
a)En materia de fortalecimiento del marco institucional (Derechos Humanos- Ministerio de Educación y Cultura):
i)Creación del Área de Derechos Humanos a través de Resolución del Ministerio de Educación y Cultura. Uno de sus objetivos es desarrollar acciones tendientes a la eliminación de toda clase de discriminación por razones, étnicas, de género, religión, opción sexual, etc.;
ii)Dentro de la Dirección de Derechos Humanos, creación del área específica de Derechos Humanos, género y trabajo;
b)En materia de salud (Ministerio de Salud Pública):
i)Programa Nacional de Salud de la Mujer y Género;
ii)Plan Integral en Salud Sexual y Reproductiva;
iii)Aplicación de la Ordenanza 369 “Medidas de Protección Materna frente al aborto en condiciones de riesgo”: orientación en situación de embarazo no planificado para la toma de la decisión y la atención integral post – aborto;
iv)Materiales de distribución masiva sobre “Derechos sexuales y reproductivos, ITS-SIDA, violencia de género, cáncer génito-mamario”;
v)Constitución a nivel nacional de los “Comités de auditoría de Muerte de Mujeres por embarazo, parto, cesárea y aborto”.
vi)Confección y distribución de “Guías en Salud Sexual y Reproductiva” (30 noviembre 2005) entre equipos de salud públicos y privados, academia y médicos de familia;
c)Programa Infamilia (Ministerio de Salud Pública –Ministerio de Desarrollo Social):
i)Acompañamiento y seguimiento de madres adolescentes;
ii)Formación de recursos humanos en salud sexual y reproductiva con énfasis en población adolescente;
iii)Programa Prioritario de ITS/SIDA;
iv)Programa de intervención en promoción de salud y prevención de las ITS/VIH en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Canelones;
d)Otras acciones en materia de salud:
i)Ley de acompañamiento del trabajo de parto y reglamentación. (Ley N° 17386, Decreto 67/006);
ii)Realización de campañas de promoción con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos;
iii)Decreto día libre para la realización de papanicolau y mamografía para trabajadoras;
iv)Generación de bases de datos desagregadas por sexo;
e)En materia de Empleo, Seguridad Social y Negociación Colectiva (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social):
i)Ley Nº 18395 del 24 de octubre de 2008 de flexibilización de acceso a la jubilación a partir de la cual se reduce de 35 a 30 la cantidad de años exigidos para configurar causal de jubilación común, a lo que se agrega a las mujeres el cómputo de un año adicional de servicio por cada hijo nacido vivo o que haya sido adoptado, siendo éste menor o discapacitado, con un máximo de cinco años;
ii)A partir de 2008, inclusión de cláusulas relacionadas a la igualdad de género en las negociaciones de los Consejos de Salario. La incorporación fue gradual en los procesos de negociación de acuerdo al período: en 2005 se incluyeron 21 cláusulas, mientras que en las rondas de actuación de 2006 y 2008 se incluyeron 38 y 97 cláusulas respectivamente. El contenido de dichas cláusulas se detalla en el Informe “Mapa de Género” publicado en 2009 por CIEDUR;
iii)Diseño e implementación del PROIMUJER. (Programa de empleo promovido; convenio entre DINAE y CINTERFOR);
iv)Estrategias de coordinación con Intendencias Municipales para promover transversalización del enfoque de género en las políticas de empleo locales e instalación de comisiones tripartitas;
v)Jornadas de capacitación y sensibilización a entidades que ejecutan programas PROIMUJER Y PROJOVEN con enfoque de género;
f)En materia de vivienda (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente):
i)Creación de la Comisión de Género, Vivienda y Hábitat;
ii)Creación de Refugios para mujeres en situación de calle y víctimas de violencia doméstica;
g)En materia de Seguridad Ciudadana (Ministerio del Interior):
i)Elaboración de la Guía de Procedimiento Policial en Violencia Doméstica (Ministerio del Interior - Inmujeres)
Artículo 6
Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones
Durante la administración de gobierno 2005/2009 varias fueron las líneas estratégicas aplicadas para combatir la exclusión, el desempleo y la informalidad. En términos de políticas activas de empleo se crearon programas específicos que atendieran a las poblaciones más vulnerables, orientados principalmente a generar mayores oportunidades de inserción laboral, y por ende de inclusión social para desocupados de larga duración integrantes de hogares en situación de pobreza. Dichos programas, “Objetivo Empleo” y “Uruguay Trabaja”, fueron impulsados desde el MTSS y el MIDES en forma coordinada. Mediante la implementación de trabajos transitorios y programas de formación y capacitación, se promueve la integración de estos trabajadores y la superación de situaciones de larga exclusión.
En relación a los resultados obtenidos, se destaca que las personas inscriptas en la iniciativa “Objetivo Empleo” de la DINAE/MTSS ascendieron a 35.000, representando un 75 % mujeres y 25% hombres. “Uruguay Trabaja” cumplió y superó la meta de cobertura propuesta en 2008 con la participación de 3133 personas, mientras que en 2009 participaron 3.714 personas a nivel de todo el territorio nacional en una experiencia interinstitucional que involucra al MIDES, Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), ANEP, Banco de Previsión Social (BPS), Banco de Seguros del Estado (BSE), Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), Intendencias Departamentales e Instituciones Educativas y de Promoción Social.
Otra de las herramientas creadas fue la figura jurídica de las Cooperativas Sociales, cuyo cometido principal es promover el desarrollo de proyectos colectivos que, como tales, tienen una identidad basada en principios y valores de cooperación. La cooperativización está dirigida a personas y hogares en situación de vulnerabilidad social que sufren algún tipo de exclusión, generalmente relativa a su inserción en el mercado laboral. Las trayectorias laborales de los miembros de estas cooperativas están signadas por un acceso al mercado laboral formal intermitente o nulo, y por la alternancia de la situación de desempleo, con logros laborales bajo la modalidad de “changas” en condiciones de irregularidad de los contratos.
Actualmente se encuentran en funcionamiento 160 cooperativas sociales en todo el país, lo cual supone la creación de unos 1.500 puestos de trabajo directos , de los cuales 1090 corresponden a cooperativistas (39% hombres; 61% mujeres), siendo el resto contratados.
Al mismo tiempo y como forma de jerarquizar la importancia de las políticas activas de empleo, se creó en 2008 el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Es un ámbito que, por su carácter tripartito, refuerza la coordinación de las políticas de empleo dando participación a los sectores empresariales y de trabajadores.
Finalmente corresponde destacar que la reinstauración de la negociación colectiva contribuyó al logro de una mayor formalización de los trabajadores, así como impulsó el crecimiento del salario real. Dicha recuperación salarial y el incremento del Salario Mínimo Nacional (SMN) en un contexto de crecimiento económico, no fueron una traba para la creación de nuevos puestos de trabajo. Muestra de ello es el aumento registrado en el período 2005/2009 en el número de puestos de trabajo, estimado en 160.000.
Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones
En relación a este punto corresponde señalar que en el marco de la aplicación del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Hombres y Mujeres que da sustento a la Ley Nº18104 aprobada en mayo de 2007, numerosas acciones que son implementadas refieren a la disminución de la brecha que en el ámbito laboral aún persiste entre hombres y mujeres. Específicamente se trabaja en el diseño de un sistema integrado de cuidados, que contemple, entre otros objetivos, mayor igualdad de oportunidades para las mujeres en el ámbito laboral y profesional. La información ampliada sobre este punto se detalla en la respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones.
Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones
Recursos humanos y financieros del INEFOP. La Ley N.º 18406 de creación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional establece que dispondrá de los siguientes recursos: la recaudación del Fondo de Reconversión Laboral y su saldo al momento de creación del Instituto; las partidas que se le asignen por las leyes presupuestales o de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal; los ingresos propios que perciba como contraprestación por las actividades que pueda realizar, en virtud de contratos, convenios o disposición legal, para entidades públicas, privadas o personas físicas; el producto de la enajenación de bienes o valores que constituyan su patrimonio; el rendimiento procedente de sus niveles y valores; las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y legados y otras aportaciones a título gratuito de entidades privadas y de particulares; ingresos de personas físicas o jurídicas como consecuencia del patrocinio de actividades o instalaciones.
Con relación a los recursos humanos, el Instituto está presidido por un Consejo Directivo, integrado por el Director General de Empleo del MTSS en su carácter de Presidente, dos miembros designados por el Poder Ejecutivo, dos miembros propuestos por las organizaciones más representativas de trabajadores y dos miembros propuestos por las organizaciones más representativas de los empleadores. Se incorporaron además las personas que, previamente a la creación del Instituto, estaban afectadas al cumplimiento de servicios personales relacionados con los programas de capacitación y emprendimientos productivos dependientes de la Junta Nacional de Empleo.
Artículo 7
Respuesta al párrafo 13 de la lista de cuestiones
Consejos de Salario . A través del decreto Presidencial N.º 105/005 se dispuso la convocatoria a los Consejos de Salario, como forma de promover el trabajo como derecho humano fundamental que requiere de un activo papel del Estado en el sistema de relaciones laborales y de actores sociales fuertes y representativos. De esta forma se propicia el ejercicio efectivo de la libertad sindical, la negociación colectiva y el tripartismo, prácticas éstas que habían estado ausentes por más de 15 años. Este ha sido un cambio cualitativo de magnitud en las relaciones laborales en el país, en el mercado de trabajo y en el funcionamiento económico en general.
Para el sector privado se creó un Consejo Superior Tripartito, entre cuyos cometidos estaba el de redefinir los grupos de actividad, adecuándolos a las nuevas realidades económicas. La negociación colectiva abarcó cuatro nuevos grupos (el sector Servicio Doméstico y el Sector Rural, que se desagregó en tres) e incluyó más de 200 mesas de diálogo para acordar el salario y las condiciones laborales de más de 700.000 trabajadores privados. El aumento salarial promedio acumulado en el período fue de 39,7% nominal y 11,5% real. Del análisis realizado por rama de actividad, surge que los tres sectores que acumularon un mayor aumento real son los siguientes: sector de la construcción 17,9%; servicios sociales y de salud 13,6%; y educación 13,4%. Si el aumento mediano del total de sectores por período se compara con la evolución del índice medio de salarios (IMS), se observa que, excepto en el primer período, el IMS se ha movido igual o por encima del ajuste mediano. Esto implica que el ajuste pautado en los convenios ha sido cumplido o hasta superado en la práctica.
En el ámbito público se creó un Sistema de Negociación Colectiva, cuyo Consejo Superior está integrado por: la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina Nacional de Servicio Civil y el Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Poder Ejecutivo; y en representación de los trabajadores del sector público lo integran: COFE, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes y los sindicatos de la enseñanza en sus respectivas ramas sectoriales. Dicho Consejo tiene el objetivo de fomentar y promover la negociación colectiva entre el Estado y sus funcionarios.
En el ámbito rural, por primera vez en la historia del país, se convocaron Consejos de Salarios. Se creó un Consejo Superior Tripartito Rural que, una vez definidos los grupos, comenzó a negociar sobre las condiciones laborales de los trabajadores rurales. Comentarios similares cabe para el sector de trabajadoras y trabajadores domésticos que, como colectivo, se integró a las negociaciones colectivas a fines del 2007.
Respecto de la duración de los acuerdos, se enfatizó la importancia de consagrar plazos relevantes. Se trabajó sobre acuerdos de un año, con ajustes salariales cada seis meses para el sector privado y anual para el sector público. En el año 2005 prevalecieron acuerdos de un año de duración, mientras que en 2006 la mayoría pautó tiempos superiores a un año.
En cuanto al nivel de salarios, se buscó recuperar la pérdida de salario real ocurrida en los años previos, marcados por la profunda crisis que vivió el país. Para ello los porcentajes de ajuste salarial se compusieron fundamentalmente de tres elementos: el primero, por concepto de inflación esperada; otro, por recuperación o crecimiento, y un correctivo, por la diferencia entre la inflación proyectada y la efectiva. En el primer año de las negociaciones, los ajustes salariales se pautaron considerando la inflación pasada, mientras que en 2006 se logró un mayor número de ajustes en función de la inflación prevista o futura.
Como forma de dimensionar este resultado corresponde decir que en materia de negociación colectiva se convocaron 20 grupos de actividad económica, los cuales se conformaron formalmente y negociaron en algo más de 150 subgrupos. Las rondas tripartitas de 2005 y 2006 arrojaron resultados elocuentes, alcanzando consensos en el 89% de las negociaciones, mientras que en la ronda realizada en 2008 se llegó al consenso en el 84% de los casos.
Asimismo la política de diálogo impulsada por el Gobierno en todos los niveles también repercutió en la cobertura de los trabajadores amparados por convenios colectivos. En efecto, mientras a comienzos de 2005 sólo un 20 % de los asalariados de la actividad privada estaba cubierto por convenios colectivos y/o acuerdos, a fines del mismo año lo estaba, prácticamente, toda la población asalariada. En 2008, el 100% de los trabajadores estaban comprendidos en ámbitos de negociación, incluidos rurales y trabajo doméstico, que nunca antes habían realizado convenios colectivos.
Por su parte, en la División Negociación Colectiva del MTSS, durante 2007, se triplicó el número de conflictos resueltos a través de la negociación, con respecto a los resueltos en 2004 y 2005. Asimismo, se incrementó sensiblemente la cantidad de audiencias destinadas a la solución de conflictos colectivos, obteniéndose acuerdos en el 96,5% de los casos.
La reinstauración de la negociación colectiva contribuyó al logro de una mayor formalización de los trabajadores, e impulsó el crecimiento del salario real. Dicha recuperación salarial y el incremento del Salario Mínimo Nacional (SMN), en un contexto de crecimiento económico, no fueron una traba para la creación de nuevos puestos de trabajo.
En materia de recuperación salarial los resultados también son sustanciales, consecuencia del efecto de la recuperación económica, así como también del cambio de enfoque dado por la administración del Presidente Dr. Tabaré Vázquez en lo referente al mercado de trabajo. En efecto, el cambio de enfoque hacia un modelo de crecimiento incluyente produjo una recuperación del salario real del 34,1% entre enero 2004 y enero 2010.
Otro elemento relevante de la política salarial ha sido el manejo del SMN. La desvinculación, realizada ya en 2004, entre el SMN y las prestaciones de la seguridad social, así como de otras prestaciones y contribuciones, al haberse creado la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), permitió emprender un proceso de continuo incremento del SMN.
Respuesta al párrafo 14 de la lista de cuestiones
Brecha salarial entre hombres y mujeres. El indicador definido para medir la diferencia de remuneración entre varones y mujeres es uno de los utilizados para el seguimiento de las metas del Milenio relativas al objetivo de desarrollo del Milenio n.º 3, Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. El comportamiento de dicho indicador, su evolución y situación actual, se describen en el Informe Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe País Uruguay 2009, remitido a las Naciones Unidas en diciembre de 2009
En relación a los avances registrados en dicha materia, cabe destacar las medidas en curso que, en aplicación de la Ley 18104, se han implementado para superar esta situación de inequidad. Las mismas se detallan en la respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones.
Artículo 8
Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones
Negociación Colectiva. Los resultados de la negociación colectiva en el sector privado son citados en la respuesta al párrafo 13 de la lista de cuestiones.
Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones
Las guardias gremiales son acordadas de forma bipartita entre los sindicatos y las empresas, dependiendo de la actividad desarrollada. La Ley 13720 de diciembre de 1968), en sus artículos 3, 4 y 5, regula los “Servicios Esenciales”, los cuales pueden ser declarados como tal por decreto del Poder Ejecutivo. Por “Servicios Esenciales” se entienden aquellos que comprometen la vida, la salud y la seguridad pública. Al ser por decreto no existe limitación sobre cuáles pueden y cuáles no pueden ser declarados tales. Se declara un servicio como esencial pero no se prohíbe la huelga. El decreto de esencialidad de un servicio debe establecer los turnos que deben ser mantenidos, teniendo el sindicato la obligatoriedad de cumplir esos servicios con guardias gremiales en situaciones de conflicto con la empresa.
Artículo 9
Respuesta al párrafo 17 de la lista de cuestiones
La estructura financiera del Banco de Previsión Social presenta los siguientes componentes (datos año 2007):
a)Por concepto de recursos: i) aportes e ingresos varios provenientes de los distintos sectores de afiliación, 61,14%; ii) asistencia neta, 7,79%; iii) impuestos afectados, 31,08%
b)Por concepto de gastos: i) pasividades por Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, 69,12%; ii) seguro por enfermedad, 15,25%; iii) seguro por desempleo, 2,01%; iv) asignaciones familiares (contributivas y no contributivas), 5,09%; v) fondos especiales, 1,58%; vi) gastos de funcionamiento, 6,95%.
En relación al peso que tiene dicho gasto sobre el PBI, y tal como se señala en el informe periódico (E/C.12/URY/Q/3-4, párr. 94), el mismo registra un proceso de caída a partir de la superación de la crisis, situándose sus últimos registros en 11,47%, 11,29% y 10,77% del PBI para los ejercicios 2005, 2006 y 2007 respectivamente.
Diálogo Nacional sobre Seguridad Social. Durante el transcurso del año 2007 el Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Sectorial de Seguridad Social, convocó a los actores gubernamentales, sociales, académicos y políticos a un Diálogo Nacional en Seguridad Social. Dicha actividad se realizó con el apoyo de la Universidad de la República, de las Naciones Unidas y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Los objetivos centrales de dicho diálogo eran generar insumos para realizar reformas graduales en seguridad social y contribuir a fortalecer la gobernabilidad democrática por su aporte al proceso de diálogo entre diversos actores.
Se convocó a unas 80 instituciones y organizaciones (gremios de trabajadores, empresarios, jubilados, instituciones gubernamentales y de seguridad social, administradoras de fondos previsionales, universidades, organismos internacionales, partidos políticos, etc.). Medio centenar de estas organizaciones convocadas participaron permanentemente, representadas por unas 130 personas en más de 20 sesiones plenarias.
Asimismo, trabajaron cinco comisiones (demografía, inclusión, cobertura, protección social y financiamiento), realizándose otras 20 reuniones donde participaron 30 instituciones y más de 70 representantes.
Todos los documentos fueron elaborados por representantes sociales de los principales sectores organizados del país y delegados gubernamentales, y se aprobaron por consenso, expresando las organizaciones sus constancias respectivas cuando lo consideraron pertinente.
En una segunda etapa, entre los meses de abril y agosto de 2008, con los insumos surgidos del Diálogo, la Comisión Sectorial de Seguridad Social, en consulta con las organizaciones sociales de empleadores, trabajadores y jubilados, elaboró proyectos de ley relativos al seguro de desempleo y la flexibilización de las condiciones de acceso a los beneficios jubilatorios.
Seguro de Desempleo: Principales contenidos de la nueva ley
La ley Nº 18399 de 24 de octubre de 2008 prioriza la situación de los desempleados de 50 años de edad o más, estableciendo una mejora sustantiva de su cobertura. En ese sentido, se prevé para este grupo de trabajadores una extensión adicional de seis meses del seguro de desempleo (o el equivalente a 72 jornales), totalizando una duración máxima de 12 meses. Esta modificación considera las mayores dificultades que enfrenta este colectivo para reinsertarse en el mercado laboral. Se introduce además, un esquema de prestaciones decrecientes para el caso de la causal despido. Dicho esquema supone redistribuir el monto total percibido por el trabajador en el período máximo de cobro (6 meses). Esto permitirá mejorar sensiblemente la prestación en los primeros meses del episodio de desempleo, siendo ésta progresivamente decreciente a medida que el trabajador agota el plazo máximo de utilización del seguro. Junto a ello, se incorpora una regla de política por la cual se faculta al Poder Ejecutivo para aumentar la duración del subsidio por desempleo en los casos de despido, cuando la economía atraviesa por una fase recesiva. En concreto, se prevé que, en tales circunstancias, la duración general de la prestación pueda llegar a 8 meses. Con esta medida se busca mejorar el perfil contracíclico del seguro de desempleo y fortalecer especialmente la red de protección social cuando se deteriora el contexto económico general.
Asimismo, se articula la prestación del seguro de desempleo con las políticas activas de empleo, principalmente aquellas vinculadas a la capacitación y formación profesional. Esta medida resulta complementaria de la reforma en el área de las políticas activas de empleo (Ley N.º 18406, de creación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional).
Flexibilización de acceso a la jubilación, principales contenidos de la ley vigente desde febrero 2009:
La ley N.º 18395 de 24 de octubre de 2008, reconociendo las notorias dificultades e incluso la virtual imposibilidad de jubilarse a que se verán enfrentados numerosos trabajadores por la elevada cantidad de años de servicio exigida para configurar causal de jubilación común, redujo esa exigencia de 35 a 30 años. Esta disposición entró en vigencia en julio de 2009. Asimismo, para el acceso a la jubilación por incapacidad, elimina la exigencia de actividad en los seis meses inmediatamente previos a la incapacidad, así como en los casos de incapacidad sobrevenida después del cese en la actividad, el requisito es que esa incapacidad acaezca dentro de los dos años siguientes a dicho cese.
Se modifica también la causal por edad avanzada: desde la entrada en vigencia de la mencionada ley, se incorporan dos causales adicionales: 69 años de edad y 17 de trabajo, y 68 años de edad y 19 de trabajo respectivamente); a partir de enero 2010 se suman tres causales más: 67 años de edad y 21 de trabajo, 66 años de edad y 23 de trabajo, y 65 años de edad y 25 de trabajo, respectivamente.
Se instituye un subsidio especial de inactividad compensada para desocupados de larga duración, que cuenten con 58 o más años de edad y un mínimo de 28 años de servicio. Por último, las mujeres tienen derecho a computar un año adicional de servicio por cada hijo nacido vivo o por cada hijo que hayan adoptado, siendo éste menor o discapacitado, con un máximo total de cinco años.
La integración, temas abordados y resoluciones de las Comisiones Ejecutivas que sesionaron durante el Diálogo Nacional de Seguridad Social, así como el informe analítico que detalla el financiamiento, implementación, propuestas consideradas y resoluciones adoptadas, se encuentran disponibles en www.dialogoseguridadsocial.org.
Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones
Ley 17963 del 19 de mayo de 2006 : p rincipales contenidos
El Banco de Previsión Social podrá otorgar facilidades de pago a los contribuyentes deudores al mes anterior a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, por las deudas mantenidas a dicha fecha por concepto de tributos personales por dependientes, tributos por cargas salariales por el Aporte Unificado a la Construcción y tributos patronales por servicios bonificados. Los contribuyentes podrán cancelar sus deudas en la siguiente forma: a) El monto de la obligación original se cancelará de acuerdo al régimen previsto por los artículos 32 a 34 del Código Tributario, sin multas ni recargos, hasta en 36 cuotas; b) En sustitución de las multas y recargos se deberá pagar la rentabilidad máxima del mercado de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, que el monto a que refiere el literal anterior, hubiera generado entre la fecha de la obligación original y la del convenio. A tales efectos, la obligación original se convertirá a unidades reajustables del mes en que fue exigible y sobre esta base se aplicará la referida rentabilidad. El monto resultante será pagadero en hasta 72 cuotas mensuales calculadas en unidades reajustables, con un interés del 2% anual, hasta la extinción total de la obligación.
Artículo 10
Respuesta al párrafo 19 de la lista de cuestiones
Los párrafos 118 a 120 del tercer y cuarto informe periódico dan cuenta de los objetivos generales y estrategia de intervención del Programa Infamilia, por lo cual, y para evitar repeticiones, la información proporcionada a continuación se remite a describir el diseño de los programas y líneas de trabajo desarrolladas desde 2005 a la fecha.
Protección en Primera Infancia:Entre el 2005 y el 2008 Infamilia financió directamente convenios de Centros CAIF. La mayor cantidad fue de 130 centros, disminuyendo paulatinamente. La modalidad financiada era la llama por entonces “Modalidad Semanal”, heredada de la administración de gobierno anterior, del Presidente Dr. Jorge Batlle la que suponía la atención de niños/as entre 0 y 4 años en 2 o 3 talleres semanales. A partir del 2007 y en forma más intensa desde la entrada en vigencia del Plan de Equidad (enero del 2008) el Plan CAIF desarrolló un proceso de mejora de la gestión de todos sus Centros, procurando brindar atención diaria a los niños y niñas de 2 años en adelante, a la vez que dejaba de atender a los mayores de 4 años que eran integrados a los jardines de la ANEP/CEP en el marco del proceso de universalización de la Educación Inicial concretado en el primer gobierno del Frente Amplio.
Programas de Inclusión Educativa : los programas y proyectos que se describen a continuación fueron y siguen siendo, acciones que procuran atender los problemas de repetición, desvinculación del sistema educativo formal, relacionamiento del sistema educativo con la familia y el entorno comunitario, temas todos ellos identificados conjuntamente con los responsables de la educación pública.
Programa Maestros Comunitarios (PMC): Surge de un esfuerzo conjunto del Consejo de Educación Primaria (CEP) de la ANEP y el Programa Infamilia del MIDES.
Se ha implementado desde el año 2005 en las escuelas categorizadas de contexto sociocultural crítico (CSCC) con una matrícula mayor a 100 alumnos y en escuelas comunes.
Orientado a construir nuevas formas de hacer escuela, busca diversificar la propuesta educativa en los sectores sociales más desfavorecidos (con mayor repetición, extra edad). Incorpora mayor tiempo pedagógico para los alumnos con bajo rendimiento escolar (basado en metodologías activas y variadas, que permiten atender la diversidad de ritmos de aprendizaje), así como trabajo con las familias y la comunidad (fortaleciendo el capital social familiar y las posibilidades de apoyo a la tarea escolar de los niños). Las escuelas son seleccionadas por los inspectores departamentales, quienes deciden la distribución de los maestros comunitarios.
En 2010 el Programa de Maestros Comunitarios se está desarrollando en 337 escuelas en todo el país, en las que desempeñan la función de maestro comunitario 553 docentes del CEP/ANEP. Para este año se estima una participación aproximada de 17.000 niños.
Universalización de la Educación Física en las Escuelas: En diciembre del año 2006 el Poder Ejecutivo presentó un Proyecto de Ley, el cual expresa: “Declárese obligatoria la enseñanza de la Educación Física en las escuelas de Enseñanza Primaria de todo el país” con el objetivo de que “la igualdad también se exprese en el derecho de nuestros niños y niñas al bienestar físico y al deporte”.
Dicho Proyecto del Ley era por entonces el reflejo de los esfuerzos que desde el año 2005 realizaban conjuntamente las nuevas autoridades de Infamilia/MIDES, de la Dirección de Deportes del Ministerio de Turismo y Deporte (MTD) y de la ANEP/CEP para dotar de un marco uniforme de referencia para la inserción de esta disciplina en las escuelas de enseñanza primaria; en forma complementaria a la oferta educativa que ya brindan para continuar avanzando hacia una educación integral en el desarrollo de competencias educativas genéricas y específicas referidas a lo motriz, promueven procesos que permitan lograr la integración y socialización de los niños con sus pares y el fortalecimiento de la relación escuela-comunidad.
Dada la bajísima cobertura de educación física existente en las escuelas públicas al momento de aprobada la ley, el proceso seguido fue ir avanzando hacia la universalización comenzando por las Escuelas de Contexto Crítico. En principio los profesores fueron financiados por Infamilia del MIDES y paulatinamente se incorporaron como cargos docentes al CEP.
A marzo de 2010, todas las escuelas públicas urbanas del país cuentan con un Profesor de Educación Física, que forma parte de la plantilla docente del CEP, que trabaja con todos los grupos de la escuela, de 1° a 6° grado, con una carga horaria semanal de 20 horas de lunes a viernes. En los casos de escuelas con matrícula superior a 800 alumnos se contó con dos docentes por centro escolar. Asimismo, Infamilia financió los materiales deportivos necesarios para el desarrollo de la actividad.
Tanto el Programa de Maestros Comunitarios como la Universalización de la Educación Física en las Escuelas fueron desarrollados desde la Coordinación Técnica de Infamilia con el CEP. Dicha Coordinación sigue funcionando en el año 2010.
El Programa de Aulas Comunitarias (PAC) es un modelo de intervención educativa dirigido a adolescentes entre 12 y 16 años con problemas de vinculación a la educación media formal, sea porque: a) se desvincularon de la misma; b) nunca registraron matriculación; o que, c) cursando Primer Año del Ciclo Básico, presenten elevado riesgo de desvinculación (inasistencias reiteradas, dificultades en el comportamiento y la convivencia en el aula, bajo rendimiento). El programa se ejecuta entre la ANEP/CES, el MIDES/Infamilia y también participa el MTSS/INDA para brindar la alimentación en las aulas, lo cual forma parte de la propuesta. Tiene por objeto la re-incorporación y permanencia de los adolescentes en los centros de enseñanza públicos de Educación Media. Se implementa en espacios denominados “Aula Comunitaria”, las cuales son gestionadas por organizaciones de la sociedad civil (OSC), especializadas en el trabajo con adolescentes y seleccionadas mediante concurso público y docentes del CES. En las Aulas Comunitarias participan docentes de Educación Secundaria y técnicos de las OSC contratadas.
Se trabaja en tres modalidades: en la primera los y las adolescentes cursan primer año de ciclo básico —idéntico a que lo hicieran en un Liceo de Secundaria— y a su egreso están en condiciones de ingresar a segundo año de ciclo básico; en la segunda forma, los adolescentes participantes trabajan en algunas materias de primer año (lengua, matemática) las que pueden llegar a acreditar; luego de finalizada esta modalidad ingresa a la primera modalidad del PAC descripta precedentemente. Esta última está principalmente dirigida a adolescentes con desvinculación prolongada del sistema educativo. La tercera modalidad supone al apoyo liceal de los adolescentes participantes de las dos modalidades anteriores e incorpora también a adolescentes que concurren a liceos de las zona cercana al Aula. Todo ese trabajo pedagógico es apoyado por técnicos de las OSC que trabajan con los adolescentes en actividades extracurriculares y el vínculo con sus familias y la comunidad. Desde su inicio en el segundo semestre del año 2007, Infamilia del MIDES financiaba el total del PAC, o sea los costos asociados a las OSC como el pago del total de los docentes del CES. Paulatinamente el CES fue asumiendo el financiamiento del PAC, llegando a que, desde marzo del 2010 su costo total fuera asumido por el Consejo de Secundaria.
Actualmente están funcionando un total de 18 Aulas Comunitarias, distribuidas en los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, San José, Rocha y Paysandú, y participan anualmente 1500 adolescentes. El Programa de Aulas Comunitarias se desarrolla desde el inicio de actividades por la Coordinación Técnica de Infamilia/MIDES con el CES/ANEP. Dicha Coordinación sigue funcionando en el año 2010.
Programa Inter In: es un dispositivo intersectorial e interdisciplinario para favorecer la integración exitosa de los niños y niñas a la escuela. Atiende fundamentalmente las dificultades de aprendizaje en los primeros años (desde inicial hasta 2º año).
Desde el diseño del Proyecto se consideró imprescindible romper la visión fragmentaria y sectorial de las políticas públicas que dominó en el pasado. De esta forma, se crearon equipos interdisciplinarios con una conformación y apuesta intersectorial (Administración de los Servicios de Salud del Estado [ASSE], ANEP, INAU y MIDES) que se llaman Equipos Inter-In. A su vez, se creó el Comité Ejecutivo Intersectorial (CEI) que es quien diseña y coordina la experiencia de todos los equipos que intervienen a nivel territorial también con una conformación interinstitucional.
Como objetivos específicos este modelo de intervención se plantea: fortalecer el vínculo familia/escuela/comunidad, analizando las situaciones desde su máximo nivel de complejidad, efectuando aportes que puedan enriquecer la conceptualización del maestro en relación con las problemáticas de aprendizaje en el aula y con las estrategias educativas pertinentes. Para ello, se trabaja dentro de las escuelas promoviendo salud y fortaleciendo a la institución escolar, en abordajes poblacionales de promoción, prevención y detección precoz de dificultades, así como en la búsqueda de estrategias grupales. Adicionalmente, brinda atención directa de carácter socio-terapéutico-educativo-interinstitucional a niños, niñas y sus familias, para aquellos que presentan situaciones de vulnerabilidad o daño en su desarrollo, que condicionan los procesos de socialización y adaptación al contexto escolar y que no pueden resolverse exclusivamente a través de estrategias escolares.
Inter In inició su implementación en el año 2009, con la conformación de cinco equipos, dos localizados en el departamento de Canelones (Barros Blancos y Colonia Nicolich) y otros tres en Montevideo (Cerro, Casavalle y Centro-Ciudad Vieja). Cada equipo trabaja al menos con cinco escuelas con capacidad de abordaje de promoción, prevención y fortalecimiento de la acción educativa escolar de aproximadamente mil niños y de atención individualizada de al menos cien niños al año. El Programa Inter In se desarrolla desde el inicio de sus actividades por la Coordinación Técnica Intersectorial de Infamilia/MIDES con ASSE, ANEP/CEP, INAU. Dicha Coordinación sigue funcionando en el año 2010.
Acreditación escolar e inserción a la educación media (Programa Puente): es una propuesta de acción coordinada entre la Dirección Sectorial de Educación de Adultos (DSEA) de la ANEP y el Programa Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social. Este dispositivo tiene como objetivo facilitar la culminación del ciclo primario escolar a adolescentes entre 13 y 17 años, favoreciendo la continuidad del ciclo educativo mediante la integración a la educación media. El Programa Puente inició su implementación en el mes de marzo de 2009, con la instalación de cuatro “Espacios Puentes”, ubicados en áreas territoriales del Programa Infamilia de los departamentos de Montevideo y Canelones. Participaron un total de 100 adolescentes.
Para la gestión de dichos Espacios, el Programa Infamilia contrata Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con probada experiencia en la implementación de programas socio educativos con población adolescente y trabajo comunitario. El equipo de Coordinación central está integrado por una Coordinación Pedagógica designada por la DSEA-CODICEN y una Coordinación Operativa designada por Infamilia – MIDES. Desde dicho ámbito se monitorean las intervenciones a desarrollar en los territorios y son la referencia para los equipos de trabajo. Dicha Coordinación sigue funcionando en el año 2010.
Para este ciclo 2010, se incorporaron tres nuevos espacios de acreditación en una nueva modalidad, dos en Soriano y uno más en Montevideo. Estas experiencias ya se venían desarrollando en el marco de la DSEA, a partir de iniciativas comunitarias; este año se acompañará a los docentes con la misma orientación pedagógica y se los integrará al seguimiento que se realiza desde Infamilia.
Formación Profesional Básica (FPB): es un plan de inclusión social que procura revincular al sistema educativo a adolescentes y jóvenes de 15 años en adelante, que no han completado la educación media básica, por lo que está dirigido a quienes tienen Primaria completa y Ciclo Básico de Secundaria o de UTU incompleto. Ofrece un sistema flexible con un abordaje que combina la formación técnico profesional con la general, pero con un programa integral de carácter modular y centrado en las necesidades de las personas.
El plan es implementado por el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP, ex UTU). El perfil de egreso es el de Operario Práctico, en áreas tales como Electricidad, Carpintería, Mecánica, Gastronomía, Belleza, Agraria, entre otros. Quienes culminen el FPB estarán habilitados a continuar estudios en 4º año de Secundaria o en tecnicaturas de UTU. Los cursos se ofrecen en Escuelas Técnicas de todos los departamentos del país, con 2.800 alumnos inscriptos para el año 2010, que cuentan con apoyo de educadores como RRHH que conforman los equipos docentes. En el marco de un acuerdo entre CETP/UTU e Infamilia, desde el año 2009 se desarrollan experiencias de FPB Comunitarios en los barrios Lavalleja y Conciliación de Montevideo, Colonia Nicolich en Canelones, ciudad de Tacuarembó y Paysandú. Infamilia financia a educadores que complementan el trabajo de los docentes aportados y financiados por la UTU que trabajan con los adolescentes en actividades extracurriculares y el vínculo con sus familias y la comunidad.
Para el trabajo del FPB Comunitario y el apoyo al monitoreo y evaluación interna del FPB en general, se ha conformado una Coordinación Técnica Infamilia/MIDES con ANEP/CETP. Dicha Coordinación sigue funcionando en el año 2010.
Salud:a continuación se describen los programas y líneas de trabajo en materia de salud, los que están dirigidos principalmente a temas asociados a la salud sexual y reproductiva, la detección precoz del embarazo y atención a la primera infancia.
Salud Sexual y Reproductiva:ASSE, con el apoyo de Infamilia del MIDES, aborda la temática del embarazo adolescente en el marco del desarrollo integral de la adolescencia y fundamentalmente en el campo de la salud sexual y reproductiva, mediante tres acciones concretas:
Agentes Socio Educativas: El propósito del Agente Socioeducativo es brindar apoyo para el cuidado de la salud de las madres y padres adolescentes, conjuntamente con la del niño, mejorando la inclusión social a través de la reinserción en el sistema educativo, en el mercado laboral y otros espacios de socialización. El Agente es un profesional con experiencia en el área de la salud integral, que se caracteriza por presentar una formación específica en Adolescencia, Atención Primaria en Salud, Salud Sexual y Reproductiva y Género. Este profesional desarrolla sus actividades en el primer nivel de atención (Red de Atención Primaria [RAP] en Montevideo, Centro de Salud u Hospital en el interior), y depende precisamente de la RAP en Montevideo y de los Coordinadores de ASSE en el caso de los departamentos del interior, en forma articulada con el responsable de la unidad ejecutora de referencia. Actualmente existen 44 agentes socioeducativas, las que inicialmente fueron financiadas por Infamilia/MIDES y en la actualidad están todas incluidas en el presupuesto de ASSE y que atienden anualmente aproximadamente 2000 adolescentes.
Espacios Adolescentes: son ámbitos de atención y promoción de la salud, dotados para la asistencia integral en temas relacionados con la Salud Sexual y Reproductiva, dirigido a los adolescentes. Se ubican dentro de los Centros de Salud de ASSE o en un local comunitario del entorno, contando con infraestructura adecuada para la atención de los adolescentes, en un horario diferencial que garantice la privacidad a los protagonistas. Están enfocados en el fortalecimiento de una atención especializada y diferencial para el trabajo con adolescentes. Infamilia financió parte de su equipamiento inicial.
Actualmente existen 39 Espacios Adolescentes, distribuidos en los departamentos de: Artigas, Canelones, Colonia, Durazno, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rivera, Cerro Largo, Río Negro, San José, Salto, Soriano, Lavalleja, Flores, Florida, Durazno y Tacuarembó (ver anexo VI para su ubicación)
Arrimate a la Salud: es una propuesta que invita a los adolescentes a generar acciones de promoción y prevención en salud para el logro de una mejor calidad de vida de los y las adolescentes, al desarrollo de hábitos de vida saludable e implementación de estrategias para evitar la aparición de situaciones problemáticas. En su última edición participaron aproximadamente 2000 adolescentes distribuidos en todo el territorio nacional.
Todas las líneas de trabajo mencionadas precedentemente y las descriptas en el caso de primera infancia fueron desarrolladas desde la Coordinación Técnica de Infamilia con el ASSE (área de niñez y adolescencia). Dicha Coordinación sigue funcionando en el año 2010. Atención a situaciones de especial vulnerabilidad: a continuación se describen los programas y líneas de trabajo desarrollados.
Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV).El SIPIAV fue creado el 25 de abril de 2007, es presidido por el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), y conformado además por el MIDES, Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio del Interior y la ANEP, contando con el apoyo del UNICEF y el PNUD.
El objetivo del SIPIAV es construir un sistema nacional de atención, mediante un abordaje interinstitucional que responda a la problemática de la violencia contra la niñez y la adolescencia. Esto supone fortalecer el sistema de promoción, protección y de garantías de sus derechos, avanzando en la materialización de acuerdos estratégicos que involucren a los diversos organismos competentes. Articula sus acciones en una dinámica intersectorial, no sólo en materia de capacitación y prevención, sino también en lo que refiere a su modelo de atención. Dicha intervención es concebida en un marco en el cual operan diversos organismos y si bien el INAU desde sus servicios de atención se constituye en una referencia importante, también la articulación de la demanda implica una participación central de todas las instituciones en el plano territorial.
Previo a su creación, Infamilia financiaba a OSC que realizaban atención directa de casos, con abordaje familiar pero sin coordinación con un Sistema Integral, que obviamente no existía. Para efectivizar el abordaje interinstitucional del SIPIAV se estableció un Comité de Coordinación Interinstitucional (CCI), que sesiona mensualmente con representantes de ANEP, MSP, MIDES, MI y Organizaciones de la Sociedad Civil (en convenios con INAU) UNICEF y PNUD siendo coordinado por INAU. Dicho Comité procura además, el intercambio y la discusión conceptual relacionada con el abordaje de la problemática de la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Si bien desde el año 2008 Infamilia del MIDES dejó de financiar la atención directa (la cual fue absorbida en su totalidad por el INAU), continúa apoyando la instancias de capacitación e investigaciones sobre la temática. En la actualidad el SIPIAV coordina con las Jefaturas INAU Interior y las Mesas Interinstitucionales del MIDES con el fin de relevar el abordaje de la problemática en el territorio. Para el trabajo del SIPIAV se ha conformado con el INAU una Coordinación Técnica que sigue funcionando en el año 2010.
Atención a Niños/as y Adolescentes en Situación de Calle Extrema. Entre los años 2005 y 2008 Infamilia conjuntamente con el INAU desarrollaron el Proyecto “infacalle”. Dicho proyecto atendió a más de 600 niños, niñas y adolescentes. Como resultado del mismo una tercera parte logró superar su situación de calle integrándose a otras propuestas del INAU y/o al sistema educativo y casi la totalidad de los restantes fueron absorbidos por proyectos de atención en calle del propio INAU.
Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones
En el marco de las reformas introducidas en la Red de Asistencia e Integración Social del Plan de Equidad se diseña, como una de las políticas de protección especial, la Estrategia Nacional para el trabajo con niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Es elaborada en consulta con diversos actores públicos y privados, y define una intervención específica para la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y calle extrema, cuya atención se profundiza en algunos aspectos y se modifica en otros, procurando unificar y dar coherencia programática a las diversas intervenciones.
Surge a partir de la convocatoria del Directorio de INAU a la conformación del Espacio Calle, integrado por autoridades de este organismo y todas las Organizaciones de la Sociedad Civil que ejecutan “Proyectos Calle” en convenio con el Instituto, con la finalidad de ajustar el sistema de respuestas existentes a la realidad emergente. En este ámbito, se procedió a la reformulación del Perfil de Proyectos Calle, lo que involucra aspectos ligados a las zonas de trabajo, perfiles abordados, conformación de equipos, modelo de supervisión, etc.
Los principales cambios introducidos refieren principalmente a dos aspectos: aumento de la cobertura en función de los perfiles definidos, tanto en la modalidad tiempo parcial como tiempo completo, y profundización de acciones orientadas a prevenir el surgimiento de nuevas situaciones de calle.
En ese marco se crean en el año 2008, una Red de Atención específica y especializada para los perfiles de calle con situaciones de vulnerabilidad extrema, y una Unidad Móvil de Intervenciones Inmediatas que recorre todo Montevideo y se vincula con niños, niñas y adolescentes en zonas y horarios sin cobertura.
Por otra parte, merecen especial destaque las articulaciones de los Programas Calle con otras instituciones públicas y privadas hacia la búsqueda de una adecuada inserción social de los niños en diversos ámbitos (educativos, deportivos, culturales, etc.). Para un correcto abordaje de dicho proceso se elaboró un “Mapa de ruta para niños en situación de calle en edad escolar" entre ANEP y las instituciones y organizaciones que atienden esta problemática. Por su parte el INAU refuerza sus equipos técnicos dando ingreso a 100 educadores especializados en calle, quienes intervienen además en los programas donde posteriormente son derivados los niños.
Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones
En relación a la edad mínima para contraer matrimonio, el Código Civil uruguayo indica en el Título V, Artículo 91, Numeral 1 que la "edad requerida" podrá ser de "catorce años cumplidos en el varón y doce cumplidos en la mujer", con consentimiento de padres o tutores. Actualmente existe un proyecto de ley, ya sancionado por la Cámara de Senadores en setiembre de 2009 y en estudio de Comisiones de la Cámara de Representantes, para modificar dicho numeral. El proyecto de ley dice: "Artículo Único. Sustitúyese el numeral 1º del artículo 91 del Código Civil por el siguiente: "La falta de edad, esto es, los dieciséis años cumplidos".
Es decir, de ser aprobada esta ley, la edad mínima para contraer matrimonio pasaría a ser 16 años con consentimiento, y se eliminaría la diferencia por género.
Respuesta al párrafo 22 de la lista de cuestiones
Durante el período de gobierno 2005/2009 se trabajó con todos los organismos que integran el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica para avanzar en el cumplimiento del Plan Nacional de Lucha Contra la Violencia Doméstica 2005 – 2010 aprobado en noviembre de 2004. En este marco se destacan las siguientes iniciativas:
Se ha implementado el Programa Piloto de Capacitación “Violencia Doméstica: Posibles estrategias para su abordaje”, el cual estuvo dirigido a técnicos y profesionales de todo el país, con especial énfasis en los operadores del sistema judicial, policial y de salud. El mismo se realizó en cinco regiones y participaron alrededor de 250 operadores de diversos organismos.
Se crearon 17 comisiones departamentales de lucha contra la violencia doméstica que con distintos niveles de desarrollo representan un espacio de vital importancia para el desarrollo del trabajo a nivel Nacional.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha instalado hasta el momento siete Servicios de Atención en Violencia Doméstica en los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Florida, Lavalleja, Montevideo y Río Negro. Se continúa trabajando para lograr la instalación de dichos servicios en todos los departamentos del país.
Cabe destacar que, fruto del trabajo conjunto entre el “espacio referencial de género” del Ministerio del Interior e Inmujeres llevado a cabo desde el 2005, se han mejorado sustancialmente las respuestas de la Policía en este tema. Como resultado del trabajo realizado en abril de 2008 se presento la “Guía de Procedimiento Policial, actuaciones en Violencia Doméstica contra la Mujer”, la cual permite brindar respuestas más adecuadas y eficientes a las situaciones de violencia doméstica. Actualmente el Inmujeres realiza cursos de capacitación en distintos niveles de la Policía. Por su parte el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior ha contribuido a la medición del problema mejorando los registros y creando indicadores específicos.
Por otra parte, en el área de la salud se generó un marco legal e institucional para un mejor abordaje de la problemática a partir de la promulgación por el Poder Ejecutivo del Decreto 494/2006 del MSP sobre atención en Violencia doméstica, por el cual los Servicios de Salud, tanto públicos como privados, quedan comprometidos a prestar atención y asistencia a las mujeres en esta situación. A tales efectos se define una Guía de Procedimientos en el Primer Nivel de Atención en Salud para abordaje de situaciones de violencia hacia la mujer. Se implementó además un formulario con preguntas acerca de la posible existencia de violencia doméstica y orientaciones al personal de salud, el cual debe ser aplicado por los equipos de salud adjuntando los datos a la historia clínica de las mujeres mayores de 15 años.
Por su parte la Ley 18426 de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, en su Artículo 4º, numeral f, ordena “brindar atención integral de calidad y derivación oportuna a las personas de cualquier edad que sufran violencia física, sicológica o sexual, en los términos de la ley 17514 del 2 de julio de 2002 y del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica y Sexual”.
Desde el Inmujeres se han desarrollado materiales de difusión masiva (folletos, afiches, videos, spot publicitarios) con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el fenómeno y de brindar orientación y apoyo a las personas que sufren estas situaciones. Por su parte se han realizado decenas de talleres con operadores de distintos organismos y distintas disciplinas de forma de brindar herramientas para su abordaje.
La información referida a la Ley 18214 de 2007 que prohíbe el castigo corporal, es aportada en la respuesta al punto 19 del Artículo 10, en el segmento que describe los programas de “atención a situaciones de especial vulnerabilidad”.
Artículo 11
Respuesta al párrafo 23 de la lista de cuestiones
La evaluación final del PANES aún no ha culminado su proceso de revisión.
Evaluaciones preliminares identificaron un efecto sustantivo del programa en la reducción de la indigencia.
Los efectos complementarios han sido más débiles y su registro ha sido menos regular entre una y otra de las instancias de evaluación.
Entre ellos se ha señalado un efecto favorable en materia de vivienda (reparación y ampliación). En cambio no se registra un efecto sólido en el incremento de la cobertura de servicios: la cobertura en educación varía con diferente signo según niveles educativos, y si bien la cobertura en salud registró una mejora en la etapa inicial del programa, esta no se consolidó en evaluaciones posteriores.
A su vez, no se registran tampoco efectos negativos en la disminución del esfuerzo de los beneficiarios por acceder al mercado laboral. En cambio, hay sí indicios débiles de que el programa puede haber alentado en ciertos casos la informalidad (estrategia de algunos beneficiarios para acceder al mercado laboral sin perder los beneficios del programa).
En otro orden, los efectos complementarios más sólidos se ubican en el plano subjetivo: fuerte percepción de mejora personal en los beneficiarios, de la confianza interpersonal, y de la confianza en el gobierno y el sistema político, y en las instituciones de política social.
Respuesta al párrafo 24 de la lista de cuestiones
La competencia directa sobre el tema en la órbita nacional corresponde a la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeña y Mediana Empresa (DINAPYME), unidad ejecutora del Ministerio de Energía y Minería. Promueve mejoras tecnológicas, gerenciales, de capacitación de recursos humanos y de competitividad. Para ello asesora sobre líneas de crédito, evalúa proyectos sujetos a asistencia financiera, realiza talleres de capacitación y desarrolla investigaciones orientadas al diseño de políticas.
También en el área nacional el Ministerio de Desarrollo Social se ha enfocado con prioridad a la formación de cooperativas (p. ej., nucleando a pequeños productores agropecuarios y de manufactura artesanal de alimentos en el interior del país).
A nivel departamental el mayor desarrollo en el tema ha sido realizado por la Intendencia Municipal de Montevideo: acciones de asistencia técnica, capacitación, promoción e identificación de oportunidades de negocios para PYMES, a través de talleres específicos y del asesoramiento puntual para que los emprendedores con proyectos económicamente viables obtengan un documento oficial que avale esa situación.
Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones
La audiencia pública (consulta a la comunidad local y actores relacionados al emprendimiento en curso) es una figura prevista en el procedimiento jurídico de evaluación de impacto ambiental así como en la aplicación de otras herramientas, como el sistema de áreas protegidas.
En evaluación de impacto ambiental se aplica a los proyectos que lo requieran según la categoría de riesgo que les haya sido asignada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).
En la instauración de nuevas áreas protegidas es parte del procedimiento normativo obligatorio para constituir el área y discutir elementos para el diseño del plan de manejo.
El mayor avance reciente en materia normativa sobre participación y ambiente es la Ley de Ordenamiento Territorial, la cual determina que los procesos de consulta a las comunidades locales deben ser parte integrante de todo proceso de planificación territorial efectuado por las instituciones.
Respuesta al párrafo 26 de la lista de cuestiones
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) busca avanzar hacia un abordaje sistemático del tema, presente en el país con anterioridad aunque implementado de forma dispersa y fragmentaria.
El nuevo sistema establece un patrón común de procedimiento jurídico, técnico y de consulta a los actores involucrados para el ingreso y categorización de las áreas protegidas. Por esta vía se han creado áreas nuevas e ingresado bajo una matriz común casos de zonas de protección implementados previamente. En estos últimos, el ingreso al sistema implica establecer un plan de manejo y definir el área de intervención, que en ocasiones no habían sido pautados o afectaban superficies más reducidas. Mientras este proceso avanza conviven dos realidades administrativas: áreas previas ya ingresadas al sistema y nuevos casos implementados directamente bajo las claves del SNAP, y zonas donde hay medidas de protección implementadas pero que no han procesado su incorporación al sistema.
La implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial está en sus etapas iniciales de desarrollo y depende en forma sustantiva del nivel subnacional. A partir de la ley, los gobiernos departamentales pasan a tener competencia directa en la implementación de políticas de ordenamiento en sus territorios. De ahí que los avances de implementación sean diferenciales según el grado en que cada gobierno departamental haya recurrido a las herramientas a las que la ley los habilita. En los casos de mayor avance se han constituido “mesas representativas” de diálogo entre instituciones y población local para discutir los lineamientos de los planes de ordenamiento a aplicar en cada zona. Como estas zonas tienden a coincidir con las alcaldías —nivel de gobierno municipal, recientemente creado por la Ley de Descentralización—, su aplicación podrá en el futuro involucrar al nuevo estrato de autoridades locales que se constituye a partir del presente año.
Respuesta al párrafo 27 de la lista de cuestiones
En virtud de la información que se detalla en el apartado del informe “El derecho a una vivienda digna” (E/C.12/URY/3-4, párrs. 211 a 229), y en el entendido que la misma da cuenta de todos los cambios y avances en materia de políticas públicas de vivienda y hábitat que se registran desde el período de gobierno anterior (2005/2009), la información que se agrega a continuación sólo actualiza datos que refieren a los Programas PIAI y MEVIR.
Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR). En función de la participación de MEVIR en el Plan de Equidad se estructuraron planes operativos que contemplan el propósito de contribución al desarrollo de un hábitat sustentable.
Se crearon dos programas que atienden problemáticas específicas:
a)Programa Sosteniendo Vínculos, encargado de acciones sobre el stock: recuperación de viviendas, combate a la morosidad, regularización de alquileres, atención a los reclamos por deficiencias de obras, readjudicación de unidades;
b)Investigación y Desarrollo es un programa que procura profesionalizar los estudios sobre demanda y planificación integral de la intervención de MEVIR. Se ha avanzando en el diseño de una metodología interdisciplinaria de investigación territorial para detectar la demanda hacia MEVIR
En el área de Promoción Social, que focaliza su atención en la dimensión social de las personas con las que trabaja MEVIR, se procura estimular el desarrollo metodológico que habilite procesos de empoderamiento de la población destinataria.
En el plano de la Capacitación para el trabajo rural se ha continuado con el convenio con DINAE y JUNAE, el que tiene por finalidad contribuir a fortalecer el desempeño laboral así como las estrategias de empleo de asalariados rurales y pequeños productores familiares. Finalmente, MEVIR cuenta desde el comienzo de 2008 con la Unidad de Evaluación y Monitoreo y Acompañamiento. A través de esta oficina se diseña y efectúa el monitoreo de las distintas actividades de la organización.
Principales resultados
Al primer semestre de 2009 han sido entregadas 4775 unidades de construcción, lo que incluye viviendas nucleadas y unidades productivas (UP). Estos apoyos se materializan en mejoras tanto de la vivienda como en la infraestructura productiva (galpones, salas de ordeñe, queserías, etc.) procurando apuntalar la inserción productiva de las familias. Se han construido además siete salones comunales o de usos múltiples y seis obras mediante convenios con otras instituciones, tres de ellas Centros CAIF.
En el marco de las acciones del Programa Sosteniendo Vínculos, en el período 2005/2009 se han recuperado (de situaciones irregulares abandonadas, alquiladas, etc.) 250 viviendas, además de 321 viviendas reparadas por daños causados por fenómenos atmosféricos.
En coordinación con este programa, la dirección de MEVIR ha puesto el acento en regularizar la situación de los participantes al día en sus compromisos, procediendo a realizar las correspondientes escrituras, cuestión casi sin antecedentes en la organización. En lo que va de la gestión de esta administración, se han escriturado 680 unidades, las que representan el 73% del total posible (927).
En el marco del programa Investigación y Desarrollo, entre setiembre de 2008 y julio de 2009, fueron investigadas 23 localidades de 12 departamentos. En el área de Promoción Social, se registran avances en el diseño e inicio de dos experiencias piloto: una en la localidad de Cerrillos, Canelones y otra en San Gabriel, Florida, en cooperación con el programa Uruguay Integra - MIDES. En el plano de la Capacitación, en el periodo 2005/2009 se han desarrollado 195 cursos en 22 tipos temáticos distintos, en los 19 departamentos, en 118 localizaciones, alcanzando a un total de 3.937 participantes.
En el plano del relacionamiento institucional, merecen destacarse los acuerdos alcanzados con el programa Uruguay Rural del MGAP en el plano constructivo y de articulación con el programa de capacitación que gestiona MEVIR con fondos de la Junta Nacional de Empleo. Con el INAU, los acuerdos permitieron la realización de tres centros CAIF. Con el Instituto de Colonización, se avanza en la priorización de colonos, beneficiarios de unidades productivas y acuerdos en el uso de tierras. Con el Ministerio de Desarrollo Social, se han hecho acuerdos de cooperación en dos direcciones: a) con el Programa Uruguay Integra se lleva a cabo la experiencia piloto en la localidad de San Gabriel ya mencionada, b) con el Observatorio Social de Programas e Indicadores se trabaja en la elaboración de un módulo de información rural.
Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI). El PIAI fue creado en 1999 con el objetivo de promover la integración socio-urbana de los habitantes de los asentamientos, de modo de contribuir a mejorar su calidad de vida. El monto total de este programa fue originalmente de 110 millones de dólares. El 70% de esta cantidad proviene de un préstamo solicitado al BID y el 30% restante es aportado por el Gobierno uruguayo. Como resultado de la crisis de 2002 se redujeron 20 millones del endeudamiento externo.
El PIAI busca dar una respuesta integral a la problemática de los asentamientos irregulares, desde el punto de vista físico y social. Para ello, mejora y/o construye infraestructura, realizando obras de vialidad, saneamiento, tendido de redes de agua potable y electricidad, alumbrado y espacios públicos. También se realizan obras de ingeniería para mejorar condiciones ambientales, como la canalización de cañadas. Para contribuir al objetivo de promover la integración social de los habitantes en asentamientos, todos los proyectos del PIAI desarrollados en el período 2005-2009 incluyen la construcción de equipamientos sociales, que brindan herramientas para desarrollar el vínculo de los pobladores de los asentamientos irregulares con su entorno.
Los proyectos de mejoramiento barrial surgen de un diagnóstico integral realizado en cada asentamiento por parte de equipos técnicos multidisciplinarios que trabajan junto a los vecinos para identificar y priorizar las necesidades del barrio. En este sentido y en acuerdo con las instituciones responsables, el PIAI construye servicios comunitarios como policlínicas, centros CAIF, centros de jóvenes, espacios deportivos polifuncionales y espacios públicos con equipamiento urbano y juegos infantiles, entre otros. La construcción de viviendas se restringe a los casos en que sea imprescindible por el trazado del proyecto.
En diciembre de 2008 fue firmado un nuevo préstamo con el BID por 300 millones de dólares que serán invertidos en 15 años.
A partir de este préstamo, el PIAI ya no se limitará a intervenir dentro del perímetro de los asentamientos, sino que actuará sobre todo el tejido urbano de las Áreas Precarias, que se definen como unidades territoriales donde existen dos o más asentamientos, en cuyas zonas aledañas existen graves carencias urbanas y socio-económicas.
Es importante destacar que existe otra importante diferencia entre el préstamo anterior y el acordado en 2008, ya que el 17% del nuevo préstamo se destinará a prevenir la formación de nuevos asentamientos y a fortalecer las capacidades institucionales, a través de diversas acciones.
Principales resultados
Entre 2005 y 2009 inclusive se invirtieron 63 millones de dólares (más del doble de la inversión del período anterior). Se terminaron obras en 24 proyectos, que incluyen a 39 asentamientos, beneficiando directamente a 6974 hogares (1868 fueron los hogares en la etapa anterior).
Con recursos del nuevo préstamo se ha finalizado el mejoramiento de tres asentamientos y, durante el año 2009, se realizaron obras en otros 39 asentamientos por un total de 23 millones de dólares. Como parte de los procesos de regularización urbana, al finalizar el período sumaron 802 las viviendas realojadas. En todos los casos se trata de viviendas adecuadas a las necesidades específicas de las familias a las cuales están destinadas.
En lo que hace a la mejora de las condiciones de las viviendas precarias, especialmente las que no cuentan con baño, los proyectos ejecutados entre 2005-2009 incluyen la construcción y mejoramiento de 970 baños (más del doble que los 474 realizados entre 2000 y 2004).
En los proyectos que se están gestionando actualmente (2009/2010), se construirán y mejorarán 660 baños más. A esto debe agregarse que en el período anterior 1.400 familias ya accedieron al saneamiento y otras 3.200 familias recibirán este servicio básico.
En cuanto a las infraestructuras básicas urbanas, cabe destacar que en los proyectos ejecutados ente 2005 y 2009, el PIAI ha construido más de 41 kilómetros de redes eléctricas y de alumbrado público, y 42 kilómetros de redes de agua potable; a la vez que se están gestionando y construyendo más de 42 kilómetros de redes eléctricas, 50 kilómetros de alumbrado público y 24 nuevos kilómetros de red de agua potable.
Entre 2005 y 2009 el PIAI ha construido 74 equipamientos comunitarios: policlínicas, centros CAIF, centros de jóvenes, canchas de bochas, espacios deportivos polifuncionales, plazas, espacios verdes, entre otros. Finalmente, es importante destacar los acuerdos interinstitucionales logrados, imprescindibles para materializar la transferencia de la propiedad de los predios a las familias de los asentamientos regularizados. Para hacer efectivo este beneficio, entre otras acciones realizadas, se destaca el convenio firmado con la Asociación de Escribanos del Uruguay.
En resumen, el total de los proyectos gestionados en el período 2005-2009 alcanza a más de 32.600 beneficiarios directos, que viven en 75 asentamientos ubicados en los departamentos de Artigas, Rivera, Salto, Paysandú, Río Negro, Colonia, Maldonado, Canelones y Montevideo.
En cuanto a la relación de los programas PIAI y MEVIR con las leyes de protección e impacto medioambiental, corresponde señalar que sus intervenciones en el territorio están regidas por la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable aprobada en 2008, la que en su artículo 16 determina que los Gobiernos Departamentales deben elaborar las Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. En ellas se planifica el desarrollo integrado y ambientalmente sostenible del territorio departamental mediante el ordenamiento del suelo y la previsión de los procesos de transformación del mismo.
Respuesta al párrafo 28 de la lista de cuestiones
Es importante destacar que la problemática central del país en materia de vivienda -con derivaciones a muchos otros aspectos, incluido el sanitario- no es el procedimiento legal para efectuar desalojos en caso de irregularidades en el pago, sino la formación de asentamientos irregulares (cinturones de pobreza concentrados en los márgenes de las grandes áreas urbanas, principalmente en el área metropolitana de la capital).
Los asentamientos irregulares, generados por población que no tiene capacidad de pago para continuar habitando en la trama urbana formal, a menudo suman a la precariedad jurídica (viviendas construidas sobre terrenos usurpados a sus propietarios o sobre tierra fiscal) una severa precariedad de condiciones de vida.
El problema fundamental a resolver es el realojamiento de las familias de los asentamientos irregulares en viviendas con condiciones adecuadas en el plano estructural y en su dotación de servicios básicos.
Si bien esa tarea ha sido encarada por el estado, eliminando parte de los asentamientos y suministrando a sus moradores viviendas formales adecuadas, este esfuerzo no ha alcanzado hasta el momento a revertir de manera sustantiva el fenómeno de los asentamientos debido a su extensión, crecimiento y reproducción (a veces incluso en los mismos terrenos desalojados por familias de ocupantes que fueron regularizados en otros predios).
Hasta el momento el énfasis principal en el combate a los asentamientos estuvo puesto en regularizar la propiedad y la estructura de servicios de los predios ocupados con el fin de convertir a los ocupantes en propietarios de los predios mediante acuerdos de pago o por concesión de terrenos, o bien en realojarlos en los predios disponibles más cercanos.
Actualmente se encuentra en proceso un reenfoque de la política en varias dimensiones. En primer lugar, incrementando su dotación presupuestal y convirtiéndola en la política social de mayor crecimiento en el futuro próximo. Por otra parte, se amplían ejes complementarios en la misma política: desarrollando instrumentos de solución y prevención al crecimiento de los asentamientos por vía de facilitar el acceso al alquiler de viviendas. Finalmente, esa ampliación de la política en su faceta de regulación de acceso a viviendas en el mercado inmobiliario implica también un nuevo énfasis en redireccionar los esfuerzos hechos para el realojamiento de las familias asentadas: eludir, cuando sea posible, el realojamiento de los asentamientos en conjuntos de viviendas creados ad hoc en las zona periférica (lo cual implica duplicar esfuerzos para urbanizar y dotar de servicios a nuevas áreas mientras queda vacío el núcleo urbano), y propiciar su reubicación en forma dispersa dentro de la trama formal ya constituida en el núcleo urbano, donde algunos barrios con dotación completa de servicios tienen cada vez mayor proporción de viviendas vacías.
También es importante destacar que el fenómeno de los asentamientos irregulares no tiene como clave fundamental un componente étnico.
Respuesta al párrafo 29 de la lista de cuestiones
Programa Alimentario Nacional (PAN) del INDA. El PAN tiene como finalidad contribuir a promover un adecuado estado de salud y nutrición en las familias en situación de inseguridad alimentaria, ocasionada por un compromiso en el acceso a los alimentos, mediante la complementación alimentaria y la coordinación de acciones con las diferentes políticas sociales.
La población beneficiaria del PAN la constituye las familias más pobres, focalizando sus acciones en las madres embarazadas y/o en lactancia en situación de extrema pobreza; los hogares integrados con menores de 18 años en situación de extrema pobreza; y hogares que –independientemente de los ingresos del núcleo familiar- presenten riesgo nutricional valorado por el servicio de salud.
El PAN actúa en dos modalidades, denominadas como riesgo social o riesgo nutricional, lo que se expresa en la población beneficiaria de este programa. Como se señala en el informe (E/C.12/URY/3-4, párr. 185), las canastas de “riesgo social” han sido reemplazadas por una transferencia mensual, mediante el acceso a una tarjeta magnética (Tarjeta Equidad). En relación a las canastas de “riesgo nutricional”, y previa valoración de los servicios de salud y en coordinación con estos, se mantiene el uso de las canastas de alimentos.
El Programa Nacional de complementación alimentaria para pensionistas a la vejez y por discapacidad (PNCA) tiene como objetivo principal complementar los ingresos del sector más vulnerable de la tercera edad y de quienes reciben el beneficio de la pensión por imposibilidad para desempeñarse en el mercado de trabajo, como consecuencia de limitaciones físicas o psíquicas.
Respuesta al párrafo 30 de la lista de cuestiones
La Comisión Interinstitucional para la Seguridad Alimentaria (CISA), convocada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), buscaba avanzar, como el anterior informe expresaba, en la constitución de un organismo rector único que coordinara a las instituciones que actualmente tienen competencias sobre áreas específicas del tema (repartidas entre distintos ministerios, institutos y gobiernos departamentales). Por otra parte, la reciente reestructura del MSP indicaba como una de las nuevas competencias de la Dirección General de la Salud, propiciar la creación de un organismo regulador general, como el que la Comisión Interinstitucional buscaba crear.
La CISA no ha mantenido continuidad, dado que el MSP, que se encontraba en el anterior período abocado a la conformación del Sistema Nacional Integrado de Salud, no pudo priorizar, por motivos coyunturales, el trabajo hacia la creación de un organismo rector en la materia. De replantearse el interés por el tema en el MSP, la CISA podría retomar su funcionamiento en este nuevo período de gestión.
En la actualidad las distintas instituciones con competencias parciales sobre el tema siguen desarrollando tareas en sus ámbitos específicos.
En el MSP la actualización regular de normativa alimentaria continúa a cargo del “Sector Alimentos y Otros” (perteneciente a la Dirección General de la Salud, División Habilitación Sanitaria, Departamento de Evaluación de la Conformidad). Sus líneas básicas son la incorporación de la normativa generada a nivel del MERCOSUR y respuestas a solicitud de parte —fundamentalmente de las empresas que trabajan en el sector—.
En 2009, como parte de la mencionada reestructura administrativa del MSP, se dispuso la creación de un área específica para ocuparse de la faz normativa de la gestión sobre alimentos, aunque dicha área aún no se encuentra operativa en tanto resta que reciba la asignación de recursos que el nuevo presupuesto deberá proveerle.
Paralelamente, la tarea de generar un registro común de alimentos y de sus productores a nivel nacional, estaba siendo desarrollada en el marco del Congreso de Intendentes (instancia de diálogo de los gobiernos departamentales), y continuará en dicha órbita. La iniciativa apunta a facilitar a los productores de alimentos la posibilidad de comercializarlos más allá de su departamento de origen.
Respuesta al párrafo 31 de la lista de cuestiones
Sobre ese tema, el Comité podrá acceder directamente a la información completa en el sitio web de la Corte Internacional de Justicia de La Haya: www.icj-cij.org.
Artículo 12
Respuesta al párrafo 32 de la lista de cuestiones
Desigual asignación de recursos entre usuarios del sector público y privado previa a la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
Una de las inequidades más importantes del sistema previo a la reforma se reflejaba a través de las diferencias en el gasto por usuario entre ASSE y el promedio de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC). En 2005, el gasto promedio en ASSE representaba aproximadamente el 35% del vigente en las IAMC, mientras que esta relación en 2008 fue de casi un 70% y en 2009 del 85%, logrando la reducción de esta desigualdad. Esta disminución de la brecha entre prestadores se explica principalmente por el incremento del gasto promedio de ASSE, generado por el fuerte incremento presupuestal que recibió en el período, así como por una disminución del número de usuarios ante la ampliación del Seguro Nacional de Salud (SNS) a trabajadores públicos y menores. El gasto promedio por usuario pasó de ser 281 dólares en 2005 a 800 dólares en 2009.
El aumento presupuestal de ASSE otorgado en el período 2005/2009 se destinó tanto a inversiones como a incrementos de los salarios del sector.
Ley sobre salud mental de 1934. Actualmente existe un anteproyecto de Ley de Salud Mental elaborado en el Grupo de Trabajo 1 “Política, Legislación y Derechos Humanos en Salud Mental”, de la Comisión Asesora Técnica Permanente (CATP) del Programa Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública. Este anteproyecto tiene por objeto “garantizar en la República Oriental del Uruguay el derecho humano a la salud mental de todas las personas, tanto en forma individual como familiar, grupal o comunitaria, así como su calidad de sujeto de derecho, no perdiéndose, ni suspendiéndose esta, en ninguna circunstancia”. Se reconoce así la concepción de la salud mental como inseparable de la salud integral.
Asimismo en este anteproyecto se garantiza la universalidad y la accesibilidad en promoción, atención, rehabilitación y reinserción comunitaria y la función del Estado como garante y responsable de hacer efectivo el derecho a la salud mental individual, familiar, grupal y comunitaria.
Actualmente en materia de salud mental todavía está en vigencia la Ley 9581 del 8 de agosto de 1936, “Ley de asistencia de psicópatas”.
Respuesta al párrafo 33 de la lista de cuestiones
Tal como se señala en el párrafo 280 del informe periódico, el pasaje del PRONADIS a la órbita de la Dirección de Políticas Sociales del MIDES a partir del 2007, se relaciona con un cambio en las estrategias para enfrentar esta temática apuntando a las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social y a su inclusión así como al desarrollo y promoción social de todo este colectivo. En ese marco se destacan las siguientes acciones:
Baja visión y ceguera. Apartir de 2007 se incorporaron nuevos servicios de Rehabilitación Básica Funcional para personas con ceguera o baja visión, descentralizando los servicios brindados en Montevideo mediante la implementación de 5 Unidades de Rehabilitación Básica (funcional) —orientación y movilidad, actividades de la vida diaria (AVD) y lecto-escritura Braille— en las Ciudades de Salto, Tacuarembó, Mercedes, Durazno y Maldonado.
A partir del 2006 se implementaron servicios de rehabilitación profesional en el Centro de Rehabilitación Tiburcio Cachón. Estos nuevos servicios incluyen talleres pre-laborales de: carpintería, música, huerta e informática (capacitación en el programa informático JAWS); y mediante un convenio con PROCLADIS, un curso de gestor en administración además de las clases de apoyo a estudiantes. Se capacitaron durante el año 2009 intérpretes en lengua de señas en distintos departamentos del país y se contrataron instructores de educación física que están atendiendo a niños y jóvenes de 10 Instituciones de Discapacidad intelectual. Asimismo, en el Instituto Nacional de Ciegos General Artigas (asociación civil sin fines de lucro intervenida, que funciona en la órbita del MIDES) se ha incorporado un servicio de residencias transitorias que brinda alojamiento y alimentación para personas del Interior del país que necesiten realizar una capacitación, consultas médicas u otro tipo trámites en Montevideo.
Participación política y discapacidad. Con la finalidad de garantizar la participación política de las personas con discapacidad se crea el Consejo Consultivo de la Discapacidad, en el cual tienen representación 55 organizaciones de primer grado de todo el país. Con ello se pretende promover la asociación y fortalecer la capacidad de demanda, como una primera y fundamental forma de atacar la invisibilidad de la discapacidad.
Convenios. A través de un convenio con el Centro de Integración de Discapacitados (CINDIS), se constituyó el Centro de Recursos cuyas principales acciones se orientan a brindar orientación a personas con discapacidad, familiares, agentes comunitarios y público en general, apoyada en una base de datos sobre los recursos y servicios existentes para permitir una derivación adecuada y oportuna. También se dirigen a la sensibilización y capacitación en centros educativos y organismos públicos. Se firmaron varios convenios con Cuba para la formación de técnicos en diseño y fabricación de prótesis; educación inclusiva; formación en áreas culturales (artes plásticas, música) y en tratamiento en el campo de baja visión.
Se han implementado además durante 2009 programas de Recreación y Tiempo Libre, y programas culturales como el denominado “cine para todos” destinado a personas sordas, para el cual se han hecho adaptaciones de películas nacionales con lengua de señas y leyenda.
Respuesta al párrafo 34 de la lista de cuestiones
La ley N.º 18426 de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva determina que “...el Estado garantizará condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población.” A tales efectos se definen objetivos generales y específicos que promueven políticas nacionales de salud sexual y reproductiva:
a)Objetivos generales:
i)Universalizar en el nivel primario de atención la cobertura de salud sexual y reproductiva, fortaleciendo la integralidad, calidad y oportunidad de las prestaciones con suficiente infraestructura, capacidad y compromiso de los recursos humanos y sistemas de información adecuados;
ii)Garantizar la calidad, confidencialidad y privacidad de las prestaciones; la formación adecuada de los recursos humanos de la salud tanto en aspectos técnicos y de información como en habilidades para la comunicación y trato; la incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones y las condiciones para la adopción de decisiones libres por parte de los usuarios y las usuarias;
iii)Asegurar el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las personas institucionalizadas o en tratamiento asistencial, como parte de la integralidad bio-sico-social de la persona;
iv)Capacitar a las y los docentes de los ciclos primario, secundario y terciario para la educación en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como parte de una ciudadanía plena y en el respeto de los valores de referencia de su entorno cultural y familiar;
v)Impulsar en la población la adopción de medidas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad y estimular la atención institucional de los temas prioritarios en salud sexual y reproductiva;
vi)Promover la coordinación interinstitucional y la participación de redes sociales y de usuarios y usuarias de los servicios de salud para el intercambio de información, educación para la salud y apoyo solidario.
b)Objetivos específicos:
i)Difundir y proteger los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas adultas en materia de información y servicios de salud sexual y reproductiva;
ii)Prevenir la morbimortalidad materna y sus causas;
iii)Promover el parto humanizado garantizando la intimidad y privacidad; respetando el tiempo biológico y psicológico y las pautas culturales de la protagonista y evitando prácticas invasivas o suministro de medicación que no estén justificados;
iv)Promover el desarrollo de programas asistenciales con la estrategia de disminución del riesgo y daño que incluyen un protocolo en la atención integral a los casos de "embarazo no deseado-no aceptado" desde un abordaje sanitario comprometido con los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos;
v)Promover la maternidad y paternidad responsable y la accesibilidad a su planificación;
vi)Garantizar el acceso universal a diversos métodos anticonceptivos seguros y confiables;
vii)Incluir la ligadura tubaria y la vasectomía con consentimiento informado de la mujer y del hombre, respectivamente;
viii)Fortalecer las prestaciones de salud mental desde la perspectiva del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la violencia física, sicológica, sexual y las conductas discriminatorias;
ix)Prevenir y tratar las enfermedades crónico-degenerativas de origen genito-reproductivas;
x)Promover climaterios saludables desde la educación para la salud;
xi)Prevenir y reducir el daño de las infecciones de transmisión sexual;
xii)Prevenir y reducir el daño de los efectos del consumo de sustancias adictivas legales e ilegales.
El cumplimiento de los objetivos generales y específicos corresponde al MSP. Los servicios de salud sexual y reproductiva en general y los de anticoncepción en particular, formarán parte de los programas integrales de salud que se brinden a la población.
Respuesta al párrafo 35 de la lista de cuestiones
El incremento en la contratación de enfermeros ha sido un fuerte reclamo de los trabajadores del sector, especialmente en los hospitales públicos. Durante los últimos años se atendió este planteo, aunque aún no en forma suficiente de acuerdo a las demandas formuladas.
El Ministerio de Salud Pública ha reconocido la deficiencia del país en el ratio médicos/enfermeros y procura mejorar esta relación en forma paulatina y en diálogo con las instituciones de salud y los trabajadores.
Por otra parte, el problema de la falta de trabajadores en el ámbito de la enfermería se ve agudizado por la fuerte tendencia migratoria constatada en todo el personal de la salud (migración dirigida principalmente a los estados Unidos, Canadá y España en los médicos, y a España, Italia y países latinoamericanos vecinos en los enfermeros).
Al momento de iniciarse la actual gestión de gobierno, el Colegio de Enfermeras ha estimado en unos 3.500 los nuevos puestos de trabajo que deberían cubrirse en el sector público y las instituciones de asistencia médica mutual para resolver las dificultades actuales en la provisión de servicios.
Artículo 13
Respuesta al párrafo 36 de la lista de cuestiones
Los dos ejes fundamentales de educación de adultos son el programa “Aprender Siempre” (Ministerio de Educación y Cultura) y el programa de alfabetización básica “En el país de Varela, Yo Sí Puedo” (que reproduce el formato “Yo sí puedo”, creado por el IPLAC). “Aprender Siempre” gestiona cursos de educación no formal para jóvenes y adultos desde 2008. Dichos cursos han estado orientados a diversos temas: educación en salud, trabajo y empleo, género, participación ciudadana, cultura e identidad, recreación y deporte, y comunicación. En 2008-2009 participaron mil cuatrocientas personas, en cursos realizados en once de los diecinueve departamentos del país, parte de ellos realizados en conjunto con el programa de promoción de derechos “Uruguay Integra”, del MIDES.
El programa de alfabetización básica está dirigido a población mayor de 18 años en situación social crítica que nunca concurrió a educación primaria o no la completó. Fue creado en 2007 al identificarse entre la población beneficiaria del PANES un margen significativo de población no alfabetizada. El programa fue implementado por el Ministerio de Desarrollo Social junto al MEC (Administración Nacional de Educación Pública) y en 2007-2009 alfabetizó a más de cinco mil personas.
El país no desarrolla políticas educativas focalizadas en términos de etnia. Hay para ello dos motivos básicos: por una parte, no existen áreas donde una minoría étnica a nivel nacional sea mayoritaria en lo local. La población afrodescendiente es siempre una proporción pequeña dentro de la población estudiantil total, cualquiera sea el área que se considere. Por otra parte, si bien en el informe se indica, correctamente, que la población afrodescendiente tiene niveles de participación en el sistema educativo menores a los de la población blanca, esto está fuertemente influido por el hecho de que entre los afrodescendientes la pobreza es mayor que en el resto de la población.
En base a la Encuesta Continua de Hogares (2006-2007) se ha establecido que la población de entre 0 y 19 años que se sitúa en el quintil de ingresos más bajo, es de 29% en la población blanca y 47% en la afrodescendiente. De modo que, aún sin realizarse políticas específicas en función de los afrodescendientes, estos reciben en mayor proporción que la población blanca el impacto de las políticas educativas focalizadas hacia los sectores de bajos recursos, las que en los últimos años han sido reforzadas. Finalmente, así como no hay zonas donde la población afrodescendiente sea mayoritaria, sí es habitual que la pobreza se concentre en áreas específicas, motivo por el cual el sistema educativo puede adaptar sus estrategias imprimiendo características especiales a los centros educativos en contextos de pobreza, de un modo que no puede hacer en función de clivajes étnicos.
Breve informe sobre lo actuado en el Programa “EN EL PAÍS DE VARELA: YO, SÍ PUEDO” aplicado en el marco de los Convenios MIDES-MEC y MIDES-ANEP.
Los inicios
La detección de miles de personas que nunca concurrieron a la escuela o lo hicieron por menos de tres años durante el relevamiento desarrollado para el Programa de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) al inicio del Gobierno Nacional que asumió en marzo de 2005 hizo que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) desarrollara el llamado Proyecto AlFa, que incluye el Programa de Alfabetización “En el País de Varela: yo, sí puedo”.
Considerando la experiencia internacional en este aspecto, se seleccionó el Programa “Yo, sí puedo” por haber sido experimentado, haber obtenido resultados evaluables y, fundamentalmente, pasible de contextualización a las características uruguayas.
Desde su concepción, el MIDES consideró la herramienta audiovisual propia del Programa como un recurso curricular a ser empleado por profesionales de la enseñanza.
Como característica de la aplicación en nuestro país, han sido y son maestros de la plantilla de la ANEP quienes aplican el Programa en cada centro de alfabetización.
Pilotaje
La aplicación experimental desarrollada a partir del 19 de marzo de 2007, fecha en la que se conmemora el natalicio del principal referente de la educación pública uruguaya, José Pedro Varela, fue evaluada por parte de la Comisión MIDES, responsable de coordinar la aplicación. Informadas las autoridades del MIDES y ANEP, confluyeron en la conveniencia de generalizar la experiencia, disponiendo de contratos docentes y de la logística imprescindibles.
Entre el 2007 y el 2009 se intervino en doscientas cincuenta localidades del territorio, incluyendo poblaciones de no más de doscientos habitantes y otras, como Montevideo, con millón y medio de pobladores.
A partir de la experiencia, tomando en cuenta aciertos y errores, fortalezas y debilidades, aspectos no significativos fueron evaluados y modificados, procurando los mejores resultados.
Durante las tres primeras etapas de generalización, entre 2007 y 2009, participaron en el Programa más de 5000 personas, lográndose la alfabetización del 81,4% de ellas, habiendo participado unos trescientos docentes. Aun conociendo la distribución geográfica de las personas que componen la población objetivo del Programa, la mayor dificultad se ha encontrado al momento de ubicar, convocar e integrar a la propuesta a las personas a quienes va dirigida la intervención.
La necesidad de mejorar la detección y convocatoria conducirían a la creación de nuevas estrategias para ser aplicadas a partir del año 2010.
Población objetivo
Este Programa está dirigido a personas que no han cursado más allá de tercer año escolar, que nunca concurrieron a un centro educativo, o que aun habiendo concurrido, no han adquirido ni desarrollado las estrategias de la lecto-escritura. Su población objetivo se conforma con ciudadanos desde los 15 años y sin límite de edad. En su mayor parte están en situación de vulnerabilidad social, habitan en zonas periféricas de las ciudades o en el medio rural y la participación por género es casi equivalente.
Las razones por las que han llegado a la situación de desventaja socio-educativa, son múltiples y se retroalimentan, generándose un círculo del cual es sumamente difícil salir. Las numerosas situaciones de desventaja y de discriminación que se plantean generan un sentimiento, mezcla de temor y vergüenza, que impide la superación de las mismas. Es por ello que el mayor desafío consiste no solo en detectar a quienes se encuentran en esa situación, sino en estimular su acercamiento al Programa, en el entendido de que la utilidad del manejo de la lectoescritura posibilita el empoderamiento personal, la construcción de ciudadanía y el restablecimiento de vínculos sociales.
Logros
Hasta el momento, aproximadamente 5.000 personas han logrado la alfabetización básica en todo el país. Luego deberán continuar asistiendo a cursos de adultos para finalizar el ciclo de educación primaria. Este Programa tiende a generar el deseo de aprender siempre y durante toda la vida, dando cumplimiento a los diversos acuerdos internacionales suscritos por nuestro país.
Más de 300 maestros de la plantilla de educación de Adultos de ANEP, han desarrollado la tarea directamente apoyados por un soporte audiovisual pero fundamentalmente basados en su formación técnico-pedagógica, experiencia, creatividad y compromiso.
Una Comisión bipartita MIDES-ANEP, a nivel nacional, es la responsable de generar las condiciones para su desarrollo, monitorearlo, acompañar a los diversos actores, sistematizar los datos obtenidos periódicamente y realizar los informes respectivos al culminar cada etapa.
En 250 localidades se han conformado grupos con personas que se han interesado o que han sido detectadas por los diversas instituciones públicas y privadas mediante intenso trabajo en redes y que han capitalizado en conjunto sus resultados. En todas las etapas, el porcentaje de aprobación ha sido de 82% y el índice de retención ha alcanzado a 94 %.
Cabe aclarar que estos datos ya fueron suministrados a UNESCO en enero de este año.
Aplicación en curso
La Escuela Pública Uruguaya y sus maestros, presentes en casi todo el territorio nacional, constituyen un significativo referente de la comunidad. El conocimiento de la situación educativa de familiares de alumnos y vecinos con que cuenta este colectivo, debía considerarse como un recurso fundamental al momento de la detección y la convocatoria de participantes. El MIDES, por lo expuesto, solicitó al Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP-ANEP) la promoción en las escuelas de su órbita de la realización de tareas en este sentido.
Paulatinamente la sociedad uruguaya elabora la concientización de que la educación es tarea y responsabilidad de todos. Desde el MIDES se promueve que, sus Oficinas Territoriales en primer lugar, organizaciones sociales y civiles, escuelas y distintos actores locales, se comprometan en este esfuerzo común con el propósito de sortear de la mejor manera esta dificultad claramente detectada.
Han resultado auspiciosos los logros obtenidos, debiéndose corregir algunos aspectos y profundizar las líneas de trabajo.
A poco más de un mes de iniciada esta etapa cincuenta centros de alfabetización cumplen con la tarea, distribuidos en trece de los diecinueve departamentos que componen la República.
Respuesta al párrafo 37 de la lista de cuestiones
El programa CEIBAL —una computadora por niño en todas las escuelas del país— completó en 2009 la cobertura de la educación primaria. En la actualidad está extendiéndose a la educación secundaria.
En tanto las computadoras portátiles son utilizadas por los niños en sus hogares, se ha constatado una gran incidencia de dicha herramienta, tanto en su uso didáctico por los niños, como en la utilidad que reporta para el hogar el disponer de ella y los conocimientos de los niños sobre cómo utilizarla para acceder a información que los adultos necesitan (incluyendo por ejemplo trámites habituales ante diversas instituciones, consultas sobre derechos, seguridad social y acceso a servicios públicos, etc.).
La aplicación del plan impulsó la generación de contenidos específicos para la herramienta: programas informáticos didácticos desarrollados por la enseñanza primaria, instancias de capacitación docente e incluso un programa en la televisión estatal destinado a divulgar diversos usos educativos de los programas informáticos disponibles en las computadoras del plan a los docentes, al alumnado y a sus familias.
No obstante el trabajo en generar contenidos asociados y formar a los docentes en su utilización es una tarea que continúa en desarrollo, resulta claro que la implementación del plan hace que esa tarea amplíe notablemente su horizonte.
Artículo 15
Respuesta al párrafo 38 de la lista de cuestiones
El rediseño de la institucionalidad aplicada al desarrollo de ciencia y tecnología se inició en 2005, con la conformación de un “gabinete ministerial de innovación” integrado por el MEC (quien lo preside), MEF, MGAP, MIEM y OPP. A partir de allí se busca superar la dispersión de esfuerzos institucionales en el tema, coordinando la acción de actores públicos y privados, y trazando líneas de avance hacia un Plan Estratégico en ciencia y tecnología.
Tales lineamientos fueron elaborados por el gabinete de innovación en consulta con el CONICYT (Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, gobiernos departamentales, universidades privadas y pública, empresas y sindicatos) y aprobados en 2006. A partir de entonces se dispuso que las instituciones involucradas en la concreción del plan, explicitaran en sus planes operativos anuales y presupuestales, en sus programas de promoción e informes de evaluación, cuál es la contribución de las actividades que realizan o apoyan al logro de los objetivos que el plan estratégico estableciera.
Las “bases y principales lineamientos” del Plan Estratégico Nacional en Ciencia Tecnología e Innovación fueron aprobados en 2009. El plan define cinco objetivos estratégicos generales así como áreas de prioridad.
El plan estratégico, el CONICYT como consejo consultivo, y la actual DICyT (Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que orienta las políticas del MEC para dicha área) buscan superar el cuadro de fragmentación y limitaciones con que se ha diagnosticado el problema en el país. Tal problemática incluye un bajo nivel de inversión en I+D (que por otra parte es hecha casi exclusivamente por el sector público), falta de coordinación de las instituciones involucradas, reducida comunidad académica, y débil articulación entre sector público y privado y entre ámbitos académicos de innovación y sector productivo.
Respuesta al párrafo 39 de la lista de cuestiones
El canal nacional de televisión es el Canal 5 (Televisión Nacional Uruguay [TNU]) es el canal público del estado uruguayo. Estuvo integrado al Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE) hasta el año 2002, en el que se lo convirtió en una Unidad Ejecutora independiente, perteneciente al Ministerio de Educación y Cultura. El 40% de sus programas son informativos, brindando su apoyo de difusión a emprendimientos culturales y de responsabilidad social.
A partir del mes de noviembre de 2007, TNU empezó a transmitir las 24 horas ininterrumpidas de de lunes a domingo. Transmite por aire a todo el país, totalizando 11 horas de contenidos informativos a través de periodísticos, flashes e informativos de producción propia.
El canal de televisión estatal Televisión Nacional Uruguay, ha desarrollado un proceso en el cual se reconstituyó como canal cultural. Este proceso ha avanzado a lo largo de la década, y particularmente en los últimos años, incrementando la trasmisión de contenidos generados por las entidades de televisión pública de la región. Actualmente el canal difunde programas culturales realizados por la televisión pública de diversos países latinoamericanos (tanto nacionales como de productoras trasnacionales), y de extra región (BBC). También cuenta con algunos programas culturales difundidos por la televisión para abonados.
En los últimos años ha incrementado los espacios para programación nacional, con énfasis en música y cinematografía. También recibe contenidos de TV Ciudad (canal para abonados gestionado por la Intendencia de Montevideo).
El SODRE ha incorporado paulatinamente más emisoras. Actualmente gestiona dos emisoras en AM —dedicadas una a programación periodística y otra a música clásica—, y dos de FM —dedicadas una a música popular nacional y otra a jazz—. Por otra parte, recientemente el SODRE reabrió su auditorio, como escenario para música y danza.
Si bien en su papel institucional el SODRE se define como la institución central del Estado generadora de la actividad cultural del país, existen múltiples creadores de actividades culturales. Desde el Estado también existen otros generadores de actividades culturales, especialmente la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.
El SODRE cuenta hoy con cinco cuerpos estables: Orquesta Sinfónica, Conjunto de Música de Cámara, Cuerpo de Baile, Coro y Elenco de Radioteatro, a los que se incorporó la Escuela Nacional de Danza y la de Arte Lírico; tres emisoras radiales en onda media, dos en onda corta y una en frecuencia modulada, un canal de televisión en Montevideo (Canal 5) y 18 repetidoras en el resto del país. Tiene un Museo de la Palabra –el primer archivo parlante del país– que atesora grabaciones de intelectuales, personalidades del arte, la cultura, la sociedad, la política, así como un Archivo Nacional de la Imagen que, además de conservar un valioso patrimonio histórico, produce y exhibe filmes y videos. Está destinado a reunir, preservar, documentar y difundir sus acervos audiovisuales, colecciones de filmes, fotografías y videos.
Respuesta al párrafo 40 de la lista de cuestiones
Ambas candidaturas fueron propuestas, presentadas y coordinadas por la Delegación del Uruguay ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en París, y aprobadas por la Asamblea General de la UNESCO en septiembre de 2009.