Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Quinto informe periódico que Francia debía presentar en 2021 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto * * *

[Fecha de recepción: 30 de julio de 2021]

I.Cuestiones de particular importancia

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 2 de la lista de cuestiones (E/C.12/FRA/QPR/5)

1.En Francia, la Escuela Nacional de la Magistratura, que se ocupa de formar a los jueces, organiza dos tipos de capacitación que pueden guardar relación con las disposiciones y la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, “el Pacto”), a saber:

En el marco de la formación inicial, todos los auditores de justicia (jueces pasantes) efectúan una pasantía de seis semanas en instituciones distintas de los tribunales judiciales, durante la cual pueden familiarizarse en la práctica con la aplicación del derecho internacional y, en particular, del Pacto. En 2021, cuatro de esos auditores están realizando su pasantía en el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, otro en la Defensoría del Pueblo, otro en el Instituto Internacional de Derechos Humanos y otro en la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH). Por último, una parte de ellos pueden realizar una pasantía internacional de tres semanas en institutos de formación de jueces en el extranjero, en embajadas o con jueces de enlace destinados en las embajadas. En 2020, 78 personas (23 % de la promoción) se beneficiaron de ese tipo de pasantías.

En el marco de la formación continua, una jueza administradora del Tribunal de Casación y la Secretaria General de la CNCDH imparten un curso de tres días sobre el tema “Derecho de las Naciones Unidas en materia de Libertades Fundamentales”. En ese curso no se aborda exclusivamente la temática del Pacto, sino también la organización de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos y la aplicabilidad directa o no de las convenciones de las Naciones Unidas y de los mecanismos de control de algunas de ellas. En 2021 han aprovechado ese curso diez participantes.

2.Las disposiciones y la aplicación del Pacto no se enseñan sistemáticamente en las escuelas de formación de abogados. De hecho, se trata de un requisito para aprobar el examen de ingreso al Centro Regional de Formación Profesional de Abogados (CRFPA), ya que es una de las asignaturas fundamentales de las facultades de derecho. El Pacto figura pues en el “programa” del Gran Examen Oral del CRFPA. El Consejo Nacional de Colegios de Abogados ha informado a los servicios del Ministerio de Justicia que la referencia a ese instrumento jurídico va a figurar en la próxima edición de su vademécum de derechos humanos.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 3 de la lista de cuestiones

3.La ley de 27 de mayo de 2009 instituye la Comisión Nacional de Evaluación de las Políticas del Estado en Ultramar, cuya misión es seguir de cerca y evaluar la aplicación de las políticas públicas en los territorios de ultramar, en particular las medidas destinadas a favorecer el desarrollo económico y social. La Comisión está organizada en cinco grupos de trabajo (políticas de inserción profesional y de empleo de los jóvenes, mecanismos de formación de los precios y nivel de estos, políticas de continuidad territorial, políticas de vivienda social, e inclusión de las realidades ultramarinas en las políticas públicas nacionales). Cada dos años, la Comisión presenta al Parlamento un informe público de evaluación de los efectos socioeconómicos de las medidas aplicadas. El último informe data del período 2018-2019.

4.El Ministerio para los Territorios de Ultramar elabora periódicamente informes de evaluación sobre la situación existente en los departamentos y regiones de ultramar y las medidas que se han aplicado en ellos. En marzo de 2020 se publicó un informe de evaluación de la aplicación de las medidas de prevención destinadas a los niños escolarizados del Programa Nacional de Nutrición y Salud 2011-2015 (PNNS3) y del Plan Obesidad 2010‑2013. Ese informe y sus recomendaciones constituyen la base del PNNS4, cuyo componente relativo a los territorios de ultramar empezará a aplicarse en el último trimestre de 2021. Para mejorar el acceso a una educación de calidad, en las circunscripciones educativas de ultramar y en Wallis y Futuna existen dispositivos que favorecen la consideración de las situaciones de multilingüismo. En diciembre de 2020, esos dispositivos fueron objeto de un informe de evaluación en el que se hizo, en particular, el balance del dispositivo de intervinientes en lengua materna, establecido en la Guayana francesa en 1998. Por último, en un documento publicado en mayo de 2021 se evalúa la situación existente y las medidas adoptadas para luchar contra la precariedad alimentaria y la malnutrición en los territorios de ultramar. En ese documento se presenta el PNNS4 y el próximo programa nacional para 2021-2027 i26

del Fondo Social Europeo, del que van a beneficiarse las regiones ultramarinas y que incluye un objetivo de lucha contra la privación material mediante el suministro de ayuda alimentaria y/o asistencia material a las personas más necesitadas.

II.Aplicación del Pacto

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 4 a) de la lista de cuestiones

5.Entre 2009 y 2019, la tasa de pobreza en Francia (porcentaje de la población cuyo nivel de vida es inferior al umbral de pobreza) aumentó del 13,6 al 14,6 %. En alza tras la crisis económica de 2008, esa tasa bajó en 2012 y 2013 y posteriormente varió poco entre 2014 y 2017. La evolución del nivel de desigualdad, entendido como la relación entre los ingresos totales del decil más rico de la población y los ingresos totales del 40 % más pobre, puede analizarse entre 2008 y 2018. Esa relación se ubicó entre un mínimo de 1,07 y un máximo de 1,18 durante este último período, con un aumento anual regular salpicado de bajas significativas en 2013 (0,09 puntos) y 2016 (0,03 puntos). Las cifras de 2019 son las últimas disponibles, ya que los datos del año N se confirman el año N+2.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 4 b) de la lista de cuestiones

Gastos e ingresos públicos

6.Véase el anexo 1.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 4 c) de la lista de cuestiones

Tipo impositivo (en porcentaje)

7.Véase el anexo 2.

Impuesto sobre la renta (en porcentaje)

8.Véase el anexo 3.

Indicadores de pobreza desde 1997

9.Véase el anexo 4.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 4 d) de la lista de cuestiones

Presupuesto público asignado a los gastos sociales desde 2014

10.Véase el anexo 5.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 4 e) de la lista de cuestiones

Gastos sociales (en miles de millones de euros )

11.Véase el anexo 6.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 5 de la lista de cuestiones

12.Francia está firmemente determinada a asegurarse de que se tengan en cuenta los derechos sociales y ambientales en la política comercial común de la Unión Europea (UE). En el marco de las negociaciones comerciales vela por que se incluyan condiciones en los componentes relativos al comercio y al desarrollo sostenible. Por ejemplo, los acuerdos concertados con Viet Nam, la República de Corea o Singapur contienen compromisos específicos relacionados con el acatamiento de los convenios fundamentales de la OIT por las partes en los acuerdos. En caso de controversia sobre esos componentes, los acuerdos de la UE prevén la celebración de un diálogo político y la intervención de un grupo de expertos encargado de presentar un informe en que se pronuncie sobre la violación de los componentes. Ello ocurre en el caso del procedimiento en curso entre la UE y la República de Corea relacionado con la falta de ratificación por esta última de los convenios fundamentales de la OIT que se había comprometido a ratificar. Para avanzar en esa dirección, Francia sostiene la posibilidad de imponer sanciones comerciales.

13.La implementación de los componentes de comercio y desarrollo sostenible forma parte integral de las atribuciones del nuevo Alto Responsable de la Aplicación de la Política Comercial (Chief Trade Enforcement Officer) de la Comisión, que, en noviembre de 2020, puso en marcha una plataforma de presentación de reclamaciones que pueden utilizar las empresas, las asociaciones, los Estados miembros, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los ciudadanos para comunicar dificultades en la aplicación de las disposiciones de los acuerdos comerciales relativas al trabajo, el medio ambiente o el clima.

14.Con miras a la revisión del reglamento sobre el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), que debe entrar en vigor el 1 de enero de 2024, Francia apoya el establecimiento de una base común de convenios prioritarios en materia de derechos humanos, respeto de los derechos sociales y protección del medio ambiente, que deberán ratificarse y aplicarse para todos los países beneficiarios. Esa base común incorporaría los convenios previstos en el reglamento sobre el SGP y se completaría con los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente y biodiversidad (Convenio sobre la Diversidad Biológica, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Acuerdo de París sobre el cambio climático). También podrían incluirse otros textos en el régimen SGP+, como la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), el Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Francia también desea que en el reglamento revisado se establezcan condiciones más estrictas para el sector textil y de la indumentaria, tanto en el componente social como en el ambiental.

15.Por último, Francia apoya el establecimiento de un dispositivo europeo para reforzar la lucha contra el trabajo forzoso en las cadenas de valor de la Unión Europea, especialmente en el marco de una iniciativa legislativa europea sobre la gobernanza sostenible de las empresas, que debe llegar a buen término a más tardar en el tercer trimestre de 2022. A este respecto, el 12 de julio de 2021 la Comisión Europea publicó una guía sobre el deber de diligencia de las empresas europeas para hacer frente al riesgo de trabajo forzoso en sus operaciones y cadenas de suministro.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 6 a) de la lista de cuestiones

16.En 2018, el Comité Interministerial de Cooperación Internacional y Desarrollo (CICID) estableció una doctrina clara sobre la asignación de los recursos de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), que se tradujo en un compromiso diplomático y financiero sin precedentes en favor de los bienes públicos mundiales y en la aprobación, el 20 de julio de 2021, de la Ley de Programación relativa al Desarrollo Solidario y a la Lucha contra las Desigualdades Mundiales. La AOD francesa superó por primera vez el umbral de 10.000 millones de euros en 2017 y se situó en 0,43 % del ingreso nacional bruto (INB) en 2018 y 0,44 % en 2019. Con 10.900 millones de euros de AOD en 2019 y 12.400 millones en 2020 (0,53 % del INB), Francia sigue siendo el quinto proveedor de asistencia del mundo. La AOD francesa seguirá aumentando pese a la caída prevista del INB y en 2022 alcanzará el objetivo de 0,55 % del INB dedicado a la AOD.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 6 b) de la lista de cuestiones

17.En el período 2015-2018, Francia aportó al Fondo Verde para el Clima una contribución de 774 millones de euros (1.000 millones de dólares de los Estados Unidos en el momento de la constitución del Fondo), o sea, la cuarta contribución en monto. Para el período 2020-2023 ha duplicado su contribución, a 1.550 millones de euros. En 2021, Francia ha asumido la copresidencia del Fondo, con antelación a la CP 26.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 6 c) de la lista de cuestiones

18.A raíz de las conclusiones del CICID de 8 de febrero de 2018, relativas a la inclusión de la política de Francia en materia de cooperación para el desarrollo en una perspectiva basada en los derechos humanos, el 10 de diciembre de 2018 se adoptó la estrategia interministerial “Derechos Humanos y Desarrollo”, en ocasión del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

19. Esa estrategia tiene estos dos objetivos: i) convertir a la política de Francia en materia de cooperación y asistencia para el desarrollo en un impulsor de su diplomacia en favor de la promoción de los derechos humanos; y ii) asegurarse de que la ejecución de los proyectos y programas financiados por Francia no menoscabe los derechos humanos, de conformidad con el Consenso Europeo sobre Desarrollo, adoptado en junio de 2017.

20.Para la aplicación de la estrategia se establecieron estas cuatro prioridades:

Educación en materia de derechos humanos y promoción del vínculo entre desarrollo sostenible y ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Apoyo a los agentes del desarrollo para la puesta en práctica de la perspectiva basada en los derechos humanos.

Apoyo a los defensores de los derechos humanos frente a la restricción cada vez mayor del espacio de la sociedad civil.

Apoyo a la implementación efectiva del Examen Periódico Universal (EPU) y de los mecanismos regionales similares.

21.Desde 2019, Francia ha aumentado significativamente el monto de su contribución al Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Asistencia Financiera y Técnica en la Aplicación del Examen Periódico Universal (110.000 euros en 2020, destinados prioritariamente a Madagascar y el Iraq). Además, Francia apoya actividades de fomento de la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para favorecer su participación en el proceso del EPU. Por ejemplo, en 2020 aportó 28.000 euros a la asociación Human Dignity, que apoyó a la sociedad civil nigerina en la redacción de un informe alternativo presentado en ocasión del EPU del Níger. En 2021, Francia ha financiado a la ONG UPR Info con 25.000 euros, para un proyecto de concienciación de las instituciones nacionales de derechos humanos y de la sociedad civil acerca del seguimiento de la aplicación de las recomendaciones del EPU en Liberia, Mauritania y Madagascar.

22.En 2020 se elaboró un plan de acción plurianual (2020-2024) en que se establecen las modalidades operacionales de cumplimiento de los compromisos contraídos en la estrategia, en cooperación con todos los agentes del desarrollo franceses que trabajan en el ámbito de la cooperación en materia de derechos humanos.

23.La integración de los derechos humanos en la estrategia de Francia en materia de asistencia para el desarrollo y en sus actividades relacionadas con los ODS requiere, entre otras cosas, la formación del personal de la administración central, de las colectividades territoriales y de los agentes públicos de desarrollo sobre la perspectiva del desarrollo basada en los derechos humanos y las modalidades de su puesta en práctica. Por consiguiente, en 2021 la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) ha organizado un ciclo de formación para sus agentes.

24.Por otra parte, un grupo de trabajo que agrupa a los principales agentes públicos de desarrollo franceses examinará el conjunto de las políticas operacionales de estos para asegurarse de que se ajusten a los principios de no causar daño y producir un máximo de efectos positivos.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 6 d) de la lista de cuestiones

25.Desde 2006, Proparco (filial de la AFD que se dedica al sector privado) lleva a cabo un proceso de medición de los resultados y efectos de su financiación. En particular, evalúa los efectos de cada proyecto financiado sobre: i) el mantenimiento o la creación de empleos; ii) el empleo de las mujeres; iii) las prácticas sociales (condiciones de empleo, higiene y seguridad de los trabajadores, entre otras); y iv) el mejoramiento del acceso de la población a bienes y servicios esenciales. Desde un punto de vista metodológico, Proparco elaboró, en cooperación con sus homólogos de las instituciones europeas de financiación para el desarrollo (European Development Finance Institutions), una metodología armonizada sobre las empresas y los derechos humanos basada, entre otras cosas, en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Estas exigencias orientarán la elaboración de una guía práctica y de herramientas operacionales. A final de 2021, Proparco establecerá un plan de acción para la aplicación de la metodología de las instituciones europeas mencionadas, que tratará, entre otras cosas, de la promoción de la inclusión de los derechos humanos en las operaciones llevadas a cabo ante las empresas financiadas y las instituciones asociadas.

26.Además, Proparco estableció el Mecanismo Independiente de Tramitación de las Reclamaciones Ambientales y Sociales, elaborado conjuntamente con sus homólogos alemán y holandés. Ese mecanismo brinda a las personas o los grupos de personas que se consideren perjudicados por los aspectos ambientales o sociales de un proyecto financiado por Proparco la posibilidad de presentar una reclamación ante Proparco y de que esta sea tramitada por un grupo de expertos independientes. En 2020 se llevó a cabo una operación de comunicación y concienciación sobre el Mecanismo ante las empresas financiadas por Proparco, mediante la introducción de cláusulas específicas en los acuerdos de financiación suscritos.

27.En 2015, le fondo FISEA, fondo de inversión y apoyo a las empresas en África, financiado por la AFD y gestionado por Proparco, invirtió 5,5 millones de dólares de los Estados Unidos en el fondo de impacto Novastar Ventures East Africa Fund (Novastar I), junto con otros bancos de desarrollo europeos. La misión del fondo Novastar es invertir en empresas sociales que cumplen los criterios de la iniciativa “ social business ” puesta en marcha por el grupo AFD. Como tal, la sociedad BIA era una de las cuatro sociedades de la cartera de Novastar. En septiembre de 2019, el FISEA se comprometió a invertir 10 millones de dólares en el fondo Novastar II. Este nuevo fondo de capital inicial y capital de riesgo invertirá en pequeñas empresas africanas nuevas de fuerte impacto económico y social para favorecer el desarrollo del empleo formal de la población local y un mejor acceso a los bienes de consumo y a los servicios sociales y financieros.

28.En el marco de sus inversiones, Proparco aplica una estrategia de control de los riesgos ambientales y sociales de los intermediarios financieros a los que financia, concebida en común con las instituciones europeas de financiación del desarrollo con un ánimo constante de mejoramiento y armonización. Por ejemplo, Proparco exige que los intermediarios financieros evalúen los proyectos que financian basándose en las normas de desempeño de la CFI (Grupo Banco Mundial) y en los convenios fundamentales de la OIT. Cuando la evaluación produce resultados insuficientes, se elabora con el intermediario financiero un plan de acción que se anexa al contrato.

29.En 2015, durante la tramitación del proyecto de inversión en Novastar, Proparco realizó un estudio razonable de terreno que incluyó los aspectos ambientales y sociales para analizar las sociedades destinatarias de las inversiones, incluida BIA. En el marco de ese estudio se realizó una entrevista con el promotor (sobre el modelo, los aspectos reglamentarios, la accesibilidad, los aspectos ambientales y sociales y la estrategia de Novastar) y se visitaron dos escuelas BIA en Kenya. Además, se realiza un seguimiento trimestral ante el administrador y los equipos de BIA.

30.Según la información obtenida de la administración de fondos Novastar, las operaciones de BIA se ajustaban a los requisitos de acatamiento de las normas nacionales e internacionales. Proparco también mantuvo intercambios regulares con las ONG sobre este tema. Teniendo en cuenta la importancia de este sector de intervención para el grupo AFD, la influencia de la empresa y las preocupaciones de la sociedad civil al respecto, el proyecto BIA sigue siendo objeto de una vigilancia reforzada por su parte y por parte del conjunto de los inversores, y Proparco sigue de cerca los trabajos del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman de la CFI. El informe final está previsto de aquí a diciembre de 2021.

31.Como el FISEA no es más que un inversor minoritario, el grupo AFD no tiene la posibilidad de obligar a Novastar a suspender su financiación a BIA. Por consiguiente, en espera de las conclusiones del mecanismo de gestión de reclamaciones de la CFI y en caso de nueva inversión de Novastar en BIA, el FISEA pediría ejercer su derecho de excusa para no contribuir a la financiación de BIA antes de que se conocieran los resultados de la investigación y se dieran respuestas claras sobre las diferentes cuestiones planteadas por la sociedad civil.

32.Por último, el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, en cooperación con el grupo AFD, empezó a redactar un documento de posicionamiento global para detallar los principios y reglas que deben acatarse en el caso de la financiación otorgada a los agentes privados del ámbito de la educación, tengan fines lucrativos o no, en el marco de la AOD de Francia. Ese documento recuerda los principios de derecho internacional que deben acatar todas las inversiones francesas de la AOD, entre otros los enunciados en el Pacto (véase el artículo 13, relativo al derecho a la educación).

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 7 de la lista de cuestiones

33.En el balance de la Estrategia Nacional de Transición Ecológica hacia un Desarrollo Sostenible 2015-2020 se da cuenta de las principales políticas públicas que contribuyeron al eje 3 de la Estrategia, en relación con los derechos económicos, sociales y culturales:

En materia de salud y medio ambiente: Programa Nacional de Alimentación 2 (2014‑2019), Tercer Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente (2015-2019), Plan Nacional de Reducción de las Emisiones de Contaminantes Atmosféricos (2017), Estrategia Nacional de Salud (2018-2022), Ley EGALim (2018), Programa Nacional de Alimentación y Nutrición (2019-2023), Estrategia Nacional de Deporte y Salud (2019-2024) y Estrategia “Envejecer con Buena Salud” (2020-2022).

En materia de vulnerabilidad energética: Hoja de Ruta para la Renovación Energética (2017), Ley de Evolución de la Vivienda, la Ordenación Territorial y la Tecnología Digital (2018), Cheque Energía (2018) y Dispositivo “MaPrimeRenov” (2020).

En materia de desigualdad social: Hoja de Ruta del Plan Plurianual de Lucha contra la Pobreza y para la Inclusión Social (2015-2017), Hoja de Ruta del Comité Interministerial para la Discapacidad (2017), Conferencia Permanente del Deporte Femenino (2017), Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza (2018), Ley de Lucha contra la Violencia Sexual y Sexista (2018), Estrategia Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2018), Ley de Medidas Económicas y Sociales de Emergencia (2018), Plan Discapacidad e Inclusión (2019) y Trayectoria Ultramar 5.0 (2019).

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 8 de la lista de cuestiones

34.La Estrategia Nacional de Bajas Emisiones de Carbono, adoptada el 21 de abril de 2020, persigue dos objetivos ambiciosos, a saber, alcanzar la neutralidad en carbono a más tardar en 2050 y reducir la huella de carbono de los franceses. La Estrategia se sustenta en un proceso de escenarización prospectiva basada en los conocimientos actuales. A partir de ese derrotero al que se apunta, la Estrategia establece presupuestos nacionales en materia de carbono para los períodos 2019-2023, 2024-2028 y 2029-2033. Además, la Programación Plurianual de la Energía (PPE), adoptada el 21 de abril de 2020, establece las prioridades de la política energética para los próximos diez años. La Programación tiene por finalidad diversificar la combinación de fuentes de energía, reducir el consumo de energía en todos los sectores y garantizar la seguridad del suministro de energía.

35.Determinadas orientaciones de la Estrategia se recogen a nivel legislativo, en particular en:

La Ley de Energía y Clima, núm. 2019-1147, de 8 de noviembre de 2019, y sus cuatro ejes principales: reducir nuestra dependencia de las energías fósiles y acelerar el desarrollo de las renovables, luchar contra los coladores térmicos, crear herramientas de orientación, gobernanza y evaluación de nuestra política climática, y controlar mejor el precio de la energía.

La Ley de Orientación de la Movilidad, núm. 2019-1428, de 24 de diciembre de 2019, y sus tres pilares (invertir más y mejor en los transportes públicos cotidianos, facilitar y fomentar la aplicación de nuevas soluciones para permitir que todas las personas se desplacen, e iniciar la transición hacia una movilidad más limpia).

La Ley de Lucha contra el Derroche y de Economía Circular, núm. 2020-105, de 10 de febrero de 2020.

36.Los trabajos sobre los textos de aplicación de estas leyes están en curso (véase la respuesta del Gobierno al informe del Consejo Superior del Clima).

37.Con carácter complementario, el Gobierno está trabajando en la aplicación de las 149 propuestas formuladas por la Convención Ciudadana para el Clima, “panel” de ciudadanos establecido en 2020 por iniciativa del Presidente de la República, compuesto de 150 miembros elegidos por sorteo y que se pretendía que reflejasen la diversidad de la sociedad francesa. El objetivo del panel era proponer medidas que permitieran reducir, a más tardar en 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40 % respecto a 1990, en aras de la justicia social. A tal fin, el Gobierno movilizó diferentes vectores (disposiciones de la ley de presupuestos, decisiones adoptadas por el Consejo de Defensa Ecológica, plan de reactivación, proyecto de ley específico). En mayo de 2021, el Gobierno consideró que ya se habían aplicado 75 medidas en el marco de todos los vectores legislativos. 71 están aplicándose y solo 3 se han descartado. Un sitio web específico permite seguir de cerca las respuestas dadas a esas propuestas. El 20 de julio de 2021, el Parlamento aprobó el proyecto de ley de lucha contra el cambio climático y de reforzamiento de la resiliencia ante sus efectos, presentado para dar curso a las propuestas de la Convención Ciudadana. Esa ley prevé nuevas medidas concretas, como la prohibición de vender los vehículos más contaminantes a partir de 2030, la prohibición de alquilar “coladores térmicos” o la creación de un “ecopuntaje” para mostrar el impacto ambiental de los bienes y servicios consumidos en Francia.

38.El plan Francia Reactivación establecido por el Gobierno para sostener la economía frente a la crisis sanitaria y presentado el 3 de septiembre de 2020 consagra la transición ecológica como objetivo estratégico asignándole 30.000 millones de euros.

39.La gobernanza climática se ha reforzado significativamente con la creación del Consejo Superior del Clima (organismo consultivo encargado de asesorar a los que adoptan las decisiones políticas acerca de las orientaciones de medio y largo plazo y de evaluar de manera independiente la política climática francesa), el establecimiento de un procedimiento de “presupuestación ambiental”, así como las cartas de misión en materia climática dirigidas por el Primer Ministro a diez ministros y los consiguientes planes de acción.

40.El Ministerio de Transición Ecológica desarrolló sus instrumentos de análisis y evaluación para tener en cuenta los efectos socioeconómicos de las medidas relacionadas con la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Los efectos económicos y sociales de la Estrategia Nacional de Bajas Emisiones de Carbono fueron objeto de una evaluación específica en el marco del informe complementario de la Estrategia. Al respecto, el Gobierno estableció una tarificación incitativa a nivel de las inversiones y de los sistemas de subvención y apoyo a la inversión. En 2020 también aumentó el apoyo a las familias más modestas en el marco de la aplicación de las medidas de transición energética (por ejemplo, selección reforzada y bonificaciones en las ayudas para la renovación energética o el cambio de vehículos) y en el período 2021-2022 está potenciando aún más esa orientación:

Los grandes sectores económicos que pueden verse más afectados por el cambio climático en Francia en el ámbito del empleo son la construcción (2 millones de empleos), el transporte (1,2 millones), el turismo (1,5 millones) y la agricultura y la pesca (1,6 millones).

En marzo de 2007, el Ministerio de Transición Ecológica constituyó un grupo interministerial para evaluar los daños y las medidas que permitieran limitar el costo de los efectos del cambio climático. A falta de una prospectiva socioeconómica de largo plazo regionalizada y por sector en Francia, se ha decidido trabajar sobre la base de un escenario de “economía constante” manteniendo la situación socioeconómica francesa actual, lo que permite aislar los efectos del cambio climático de los de otros cambios. Solo se ha estudiado un número limitado de sectores en los que el análisis se ha referido únicamente a una selección de efectos del cambio climático.

Los sectores económicos sensibles a los recursos hídricos, como la industria, la agricultura o el abastecimiento de agua potable, se verían afectados por un déficit global de 2.000 millones de metros cúbicos de agua por año. A urbanización constante y a falta de adaptación, los efectos de los riesgos costeros (erosión y sumersión), deberían afectar a la larga a varios centenares de miles de personas y destruir viviendas. Los sectores agrícola y agroalimentario serán los más afectados. La viticultura también se verá afectada por el cambio climático, con grandes disparidades territoriales. En razón de las restricciones relacionadas con los recursos hídricos, son de prever una baja del 15 % de la producción de electricidad por las centrales hidroeléctricas, para las cuales el agua constituye la “materia prima”, y pérdidas de rendimiento de las infraestructuras de producción y transporte de energía.

En 2100 es de prever una repercusión significativa en el volumen de negocios estival, a raíz de una tendencia a la baja del atractivo turístico, excepto en el norte de Francia y algunos departamentos de los Alpes. En general, el sector turístico deberá adaptarse a las manifestaciones futuras del cambio climático para limitar sus efectos negativos y aprovechar sus potenciales oportunidades.

El cambio climático también podría hacer necesaria una adaptación de las infraestructuras viarias, aunque actualmente no se conocen los efectos de la repetición de períodos de calor intenso. El riesgo de sumersión marina permanente relacionado con un aumento generalizado de un metro del nivel del mar tendría un costo que podría alcanzar los 2.000 millones de euros en caso de que las defensas actuales resultaran insuficientes.

41.En 2006 se publicó una primera estrategia nacional de adaptación. Posteriormente, en 2011, Francia se dotó del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) para el período 2011-2015. En 2016, un proceso de concertación permitió preparar el PNACC-2, que abarca el período 2018-2022. Las medidas previstas en este último plan se distribuyen en seis grandes esferas de acción que tienen en cuenta el conjunto de los problemas planteados por los efectos en curso y previstos del cambio climático, a saber:

Gobernanza: Establecimiento de una coordinación efectiva entre el Estado y las regiones para la aplicación y el seguimiento del PNACC-2; creación de observatorios regionales de los efectos del cambio climático, especialmente en los territorios de ultramar.

Prevención y Resiliencia: Búsqueda y aplicación de soluciones basadas en la naturaleza frente al recrudecimiento previsto de los fenómenos extremos.

Naturaleza y Medios Naturales: Adaptación y preservación de los medios naturales para garantizar la evolución favorable de la biodiversidad y del patrimonio ambiental cuyos servicios ecosistémicos son esenciales para hacer frente a numerosos efectos del cambio climático.

Sectores Económicos: Adaptación de los grandes sectores económicos, que también tendrá por finalidad crear empleo y limitar los efectos del cambio climático que puedan destruir empleos.

Conocimiento e Información: Mejora de los conocimientos y los medios de formación e información de los distintos agentes y el público general para acelerar la adaptación de Francia y consolidar las bases sobre las cuales se toman las decisiones, prestando particular atención a los territorios de ultramar.

Dimensión Internacional: Desarrollar y exportar la experiencia francesa en la materia y contribuir a mantener la influencia de la diplomacia francesa en las negociaciones climáticas.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 9 de la lista de cuestiones

42.El establecimiento de un fondo de indemnización para las víctimas de los plaguicidas, enteramente operativo desde final de 2020, permite indemnizar a los asalariados, los agricultores en actividad y jubilados y los niños expuestos antes de nacer en el marco de la actividad profesional de uno de sus progenitores.

43.El reconocimiento de las enfermedades profesionales relacionadas con la clordecona requiere el dictamen de una junta médica sobre la relación de causalidad entre la actividad profesional y la patología. En el caso del mal de Parkinson y los linfomas no Hodgkin, todo trabajador que haya expuesto a los plaguicidas puede beneficiarse de la presunción de origen. Para facilitar el reconocimiento del cáncer de próstata, a final de 2020 se formularon recomendaciones al comité único de reconocimiento del Fondo de Indemnización. Por último, se ha empezado a consultar a los interlocutores sociales en las comisiones paritarias competentes, basándose en los resultados del peritaje colectivo de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de los Alimentos, Medio Ambiente y Trabajo sobre esta cuestión, para que los interlocutores sociales hagan llegar a las autoridades públicas su opinión sobre la creación de un cuadro de enfermedades profesionales.

44.El Plan Clordecona IV 2021-2027 no prevé un mecanismo de reparación e indemnización para las “víctimas ambientales”, pero sí dispositivos de apoyo financiero para los profesionales afectados económicamente (pescadores y agricultores) y programas de salud pública para apoyar a la población en el plano médico, ya sea la población general (pruebas gratuitas de clordeconemia, seguimiento de los grupos más vulnerables o más expuestos, asesoramiento en materia de prevención por medio de los programas JaFa y Titiri o consultas de patologías ambientales, entre otras cosas) o los profesionales (medidas adoptadas para garantizar un mejor seguimiento médico de los trabajadores expuestos a fin de apoyarlos en los trámites de reconocimiento de las enfermedades profesionales o proteger mejor a los trabajadores mediante medidas de prevención en las empresas).

45.En la Guayana francesa, la contaminación de la población por mercurio es objeto de investigaciones, estudios epidemiológicos y programas de prevención desde hace muchos años.

46.En la misma línea que el polo “Mercurio”, creado en 2003, el polo de competencia “Mercurio Plomo”, creado en 2017, en el que participan servicios y organismos públicos, tiene por finalidad comprender mejor los mecanismos de contaminación y determinar las medidas que deben aplicarse para prevenir los efectos del mercurio y el plomo en la salud.

47.Las recomendaciones de 2021 del Consejo Superior de Salud Pública en materia de promoción de la salud deberían permitir reforzar la prevención sobre el terreno.

48.La lucha contra la contaminación por mercurio se organiza a nivel internacional por medio del Convenio de Minamata, ratificado por Francia el 28 de julio de 2016.

49.En 2014, la Dirección General de Salud (DGS) pidió a la Sociedad de Toxicología Clínica (STC) que elaborase recomendaciones para los profesionales sanitarios con miras a la evaluación biometrológica, vigilancia y atención de las embarazadas expuestas al mercurio en el medio ambiente, así como a la evaluación y vigilancia de la exposición de sus hijos.

50.En 2021, el Consejo Superior de Salud Pública hace suyas esas recomendaciones en un dictamen sobre las desigualdades en materia de salud en la Guayana francesa. Las recomendaciones preconizan, con fines de prevención, la realización de operaciones de detección en grupos de población seleccionados y la aplicación de medidas de reducción de los riesgos mediante la información y educación de los sectores de población en riesgo y su seguimiento médico.

51.La Ley de Reconocimiento e Indemnización de las Víctimas de los Ensayos Nucleares Franceses, núm. 2010-2, de 5 de enero de 2010, estableció condiciones de lugar, tiempo y patología para poder cobrar una indemnización calculada según un principio de reparación integral a las presuntas víctimas de esos ensayos. Las personas deben cumplir el requisito de padecer una de las patologías causadas por radiación que figuran en una lista establecida por decreto, tras haber permanecido en el Sahara entre el 13 de febrero de 1960 y el 31 de diciembre de 1967 o en la Polinesia Francesa entre el 2 de julio de 1966 y el 31 de diciembre de 1998.

52.Las solicitudes de indemnización se presentan al Comité de Indemnización de las Víctimas de los Ensayos Nucleares (CIVEN), organismo administrativo independiente desde 2013. Ese comité tramita las solicitudes basándose, entre otras cosas, en las metodologías recomendadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Desde 2018, la metodología del CIVEN, confirmada por lo dispuesto en el apartado V del artículo 4 de la mencionada Ley de 5 de enero de 2010, se basa, entre otras cosas, en el artículo R.1333-11 del Código de Salud Pública, que fija en 1 milisievert (mSv) por año el límite de exposición para el público.

53.En cuanto a las indemnizaciones, de los 584 expedientes aceptados desde 2010 se han acordado 485 ofertas de indemnización.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 9 de la lista de cuestiones

54.La Ley sobre el Deber de Vigilancia de las Empresas Matrices y las Empresas Subcontratantes, núm. 2017-399, de 27 de marzo de 2017, prevé un mecanismo de ejecución que funciona de la siguiente manera:

Si una parte interesada considera que la empresa ha incumplido su obligación de vigilancia, puede intimarla a cumplirla dentro de un plazo de tres meses.

Una vez transcurrido ese plazo, si la parte considera que la empresa sigue incumpliendo su obligación, puede pedir al tribunal competente que le ordene cumplirla, si es necesario con una pena en caso de incumplimiento. El presidente del tribunal también puede actuar con ese fin en el marco de un procedimiento de urgencia.

55.La Ley sobre el Deber de Vigilancia, que hasta hace muy poco era única en el mundo, es uno de los instrumentos de que dispone Francia para aplicar su plan de acción nacional relativo a las empresas y los derechos humanos. Desde que entró en vigor esa Ley, los denunciantes (a menudo ONG) han entablado varios procedimientos de intimación y emplazamiento contra diferentes empresas multinacionales francesas. Es demasiado pronto para hacer un balance de esos procedimientos contenciosos, que aún se están sustanciando. En enero de 2020, el Consejo General de Economía (CGE) publicó un informe de evaluación de la aplicación de la Ley en el que señalaba que, aunque esta había suscitado una mayor toma de conciencia entre los dirigentes, los niveles de compromiso y madurez de las empresas en relación con este tema seguían siendo heterogéneos al prepararse el informe.

56.Varias administraciones francesas velan por concienciar a los agentes económicos sobre la Ley y promoverla entre las partes interesadas y los asociados internacionales. A este respecto, Francia apoya activamente los trabajos europeos iniciados en 2020 sobre la gobernanza de empresas sostenibles para elaborar una obligación europea general y transversal de deber de vigilancia de las empresas, que se completaría con dispositivos específicos (lucha contra el trabajo forzoso, lucha contra la deforestación y la degradación forestal o suministro de minerales para las baterías), en coherencia con las futuras obligaciones en materia de presentación de informes no financieros y con la taxonomía. En febrero de 2021, Francia presentó por escrito una contribución sobre el deber de vigilancia europeo, así como varios documentos oficiosos sobre el tema.

57.Francia se basa asimismo en la actuación del Punto de Contacto Nacional (PCN) francés de la OCDE para la conducta empresarial responsable. La Secretaría del PCN lleva a cabo su actividad de concienciación y promoción del contenido de los deberes de vigilancia y diligencia (normas de la OCDE, las Naciones Unidas y la OIT, guías sectoriales sobre el deber de diligencia y las cadenas de suministro mundiales, y foro mundial, entre otras cosas) entre las partes interesadas y especialmente el sector privado, para contribuir a la aplicación correcta de la Ley y, de modo más general, a la aplicación efectiva de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. La Secretaría pone en valor la concordancia existente entre las normas internacionales en materia de conducta empresarial responsable, a saber, los Principios Rectores de las Naciones Unidas, las Líneas Directrices de la OCDE y las normas fundamentales de la OIT.

58.Desde hace varios años, la Secretaría del PCN participa en trabajos universitarios pluridisciplinarios sobre el tema del deber de vigilancia para examinar el alcance de la Ley y los retos que plantea su aplicación. Por último, cumple su función de órgano de solución de controversias en materia de responsabilidad social de las empresas y conducta empresarial responsable. Más del 50 % de los casos tramitados desde 2011 guardan relación con el deber de diligencia de las empresas y más del 70 % con los derechos humanos, incluidos los sociales. Esta actividad contribuye a velar por que las empresas ejerzan su deber de diligencia y a promover una aplicación efectiva de las normas internacionales en materia de conducta empresarial responsable. La Secretaría del PCN asegura el seguimiento de las recomendaciones que formula a las empresas, lo que da lugar a la publicación de un comunicado de seguimiento.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 11 de la lista de cuestiones

59.El Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE) y la Dirección de Investigación, Estudios, Evaluación y Estadística del Ministerio de Solidaridad y Salud publican periódicamente datos sobre los grupos desfavorecidos. El Gobierno transmite al Parlamento un cuadro anual de seguimiento, compuesto de indicadores sobre 11 objetivos temáticos de lucha contra la pobreza, como la lucha contra la pobreza monetaria y la desigualdad o contra la pobreza de los niños o de las personas de edad.

60.Un comité de evaluación se encarga del seguimiento de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza (2018-2022). Ese comité evalúa anualmente las 35 medidas de la Estrategia mediante indicadores seleccionados en función de los resultados previstos. Algunas medidas también son objeto de una evaluación científica de impacto para determinar sus efectos. Cada año se realiza asimismo una evaluación del conjunto de la Estrategia, que tiene en cuenta las políticas que comparten el objetivo de lucha contra la pobreza o se destinan al mismo sector de población, como las que persiguen otros objetivos y cuyos efectos pueden repercutir en la Estrategia.

61.Por último, en diciembre de 2020 se estableció el Comité Nacional de Coordinación de la Lucha contra la Precariedad Alimentaria (COCOLUPA) para hacer un inventario compartido, crear un espacio de diálogo y estructurar la coordinación entre los agentes de la lucha contra la precariedad alimentaria.

62.En cuanto a los departamentos y regiones de ultramar, sírvanse remitirse a la cuestión 3.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 12 de la lista de cuestiones

63.Desde 2019, todas las empresas de más de 250 asalariados y, desde 2020, todas las de más de 50 deben publicar cada año su índice de igualdad profesional entre mujeres y hombres (nota global sobre 100). En 2021, el 70 % de las empresas de más de 50 asalariados han publicado su nota, frente al 59 % en 2020. Aun cuando solo el 2 % de las empresas tienen la nota máxima (100), el porcentaje de empresas de todas las categorías que tienen una nota superior a 75 ha aumentado del 55 al 56 % respecto a 2020. Dos de cinco indicadores tienen las mismas notas medias que en 2020 (retorno de licencia de maternidad 11/15; y paridad en las diez mejores remuneraciones /10). Solo la cuarta parte de las empresas respetan una paridad o una cuasi paridad.

64.En 2018, la pensión de una mujer resultante de sus derechos jubilatorios propios (derecho directo, sin el incremento por hijos) seguía siendo en promedio un 41 % inferior a la de un hombre, frente al 50 % en 2004. La pensión de viudez, que beneficia mayoritariamente a las mujeres, permite limitar esa diferencia a un 28 %, pero la pensión media bruta de las mujeres sigue siendo netamente inferior a la de los hombres (1.398 euros por mes, frente a 1.954). Esa brecha, que tiende a estrecharse, refleja ante todo las disparidades existentes durante la vida activa. En efecto, las mujeres tienen en promedio remuneraciones más bajas y carreras más irregulares que los hombres, en este último caso a raíz de las interrupciones debidas a la maternidad y a la educación de los hijos y a un mayor recurso al tiempo parcial. Sin embargo, las reglas de validación de trimestres en el régimen general atenúan los efectos de una actividad de duración reducida sobre los derechos jubilatorios.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 13 de la lista de cuestiones

65.En los diez últimos años, el Gobierno de Francia ha introducido varias reformas para apoyar la inserción profesional de los grupos vulnerables.

Dispositivos transversales para las personas desempleadas

66.En 2017 se puso en marcha el Plan de Inversión en las Competencias (PIC) por un monto de unos 15.000 millones de euros. Está destinado prioritariamente a los jóvenes y los solicitantes de empleo poco cualificados, en particular los que tienen una discapacidad o viven en zonas geográficas desfavorecidas. El PIC debe garantizar, durante el período 2018‑2022, la formación de 1 millón de solicitantes de empleo poco o nada cualificados y 1 millón de jóvenes distanciados del mercado de trabajo.

67.En 2018 se reformó la política de contratos subvencionados mediante la creación de los contratos PEC (Parcours emplois-compétences). Destinados al sector no lucrativo, los PEC permiten proporcionar empleo a las personas desempleadas, pero también formación y apoyo por el empleador y el servicio público de empleo.

68.En 2020, 134.000 personas desempleadas se beneficiaron de un programa de inserción mediante la actividad económica. En 2021 se sigue apoyando el crecimiento del sector para favorecer la reactivación en coherencia con el ambicioso pacto para la inserción mediante la actividad económica. De ese modo se trata de apoyar a más de 200.000 personas en 2021 y 240.000 en 2022.

69.Desde que se puso en vigor la Ley sobre la Libertad de Elegir el Propio Futuro Profesional, núm. 2018-771, de 5 de septiembre de 2018, los trabajadores poco cualificados y las personas con discapacidad gozan de un complemento anual incrementado de sus cuentas personales de formación (800 euros por año en vez de 500, con un límite de 8.000 euros en vez de 5.000), lo que les permite tener un acceso facilitado a la formación.

70.Por otra parte, se está extendiendo el experimento de los territorios libres de personas desempleadas desde hace mucho tiempo. Puesto en marcha en 2017 en diez territorios franceses con un resultado muy positivo mediante la Ley de Experimentación Territorial para Eliminar el Desempleo de Larga Duración, núm. 2016-231, de 29 de febrero de 2016, ese dispositivo va a extenderse a 50 territorios en virtud de la Ley de Reforzamiento de la Inclusión en el Empleo mediante la Actividad Económica y de Experimentación “Territorio Libre de Desempleados de Larga Data”, núm. 2020-1577, de 14 de diciembre de 2020. El dispositivo permite, mediante la creación de empresas con fines de empleo en un territorio delimitado, emplear con un contrato de duración indefinida (CDI) a personas que están desempleadas desde hace mucho tiempo transfiriéndoles los costos del desempleo. Esas empresas del sector de la economía social y solidaria ofrecen prestaciones que no están cubiertas en el territorio y, por lo tanto, no representan una competencia para las empresas locales. Las personas contratadas en esas empresas con fines de empleo suelen ser mujeres, jóvenes (más de la mitad tienen menos de 42 años) y personas con pocos títulos. La mayoría no tiene ninguno (28,3 %). Si no hubiera existido ese dispositivo, solo el 55,9 % de los asalariados de las empresas con fines de empleo habrían estado empleados y apenas más de un tercio lo habrían estado con un contrato de duración indefinida.

Jóvenes

71.En 2013 se aprobó un plan importante para favorecer el empleo de los jóvenes y responder a la adopción de la recomendación europea “Garantía Juvenil”. Se estableció un dispositivo de apoyo reforzado a los jóvenes en búsqueda de empleo, a saber, el contrato de acompañamiento hacia el empleo, con una modalidad reforzada para los más frágiles, la “garantía jóvenes”. Ese dispositivo, aplicado por las misiones locales, tiene por finalidad proponer a los jóvenes menores de 26 años que no estudian, no trabajan ni reciben formación profesional una solución duradera de inserción profesional (aprendizaje, empleo, pasantía o formación). Se les proponen programas de 12 meses que asocian sesiones de actualización, trabajo sobre las competencias transversales y las aptitudes interpersonales, y apoyo social. En el marco de la modalidad más intensiva de esos programas, a saber, la “garantía jóvenes”, también se otorga un subsidio.

72.El organismo nacional de empleo Pôle Emploi también propone a los jóvenes de 16 a 29 años un apoyo reforzado de 3 a 6 meses mediante un dispositivo de acompañamiento intensivo.

73.La crisis de la COVID-19 interrumpió la reducción del desempleo juvenil que se venía registrando. Desde la crisis se está aplicando el plan masivo de emergencia “Un Joven, Una Solución” por un monto de 6.700 millones de euros. El Gobierno se compromete a proporcionar una solución de inserción profesional o de retorno a la formación inicial a todo joven que la necesite. El conjunto combina ayudas para la contratación y para los contratos de trabajo y formación, programas de formación en competencias y oficios de futuro y programas de inserción a medida para los jóvenes con menos posibilidades de empleo.

74.Para hacer frente a las dificultades económicas de los jóvenes, a partir del 1 de enero de 2021 se ha extendido la asignación del contrato de acompañamiento hacia el empleo y se han establecido ayudas pecuniarias específicas para los jóvenes cuyo seguimiento asegura la APEC y que son objeto de acompañamiento intensivo por Pôle Emploi.

75.Por último, se están celebrando consultas para preparar la renta de compromiso, que debería empezar a aplicarse al reanudarse las actividades en septiembre de 2021. El principio de la renta de compromiso para los jóvenes consiste en proponer a cada joven que lo necesite un derrotero hacia el empleo durante el cual se evaluarán sus necesidades, así como un acompañamiento individualizado y adaptado a sus dificultades. Los jóvenes que tengan dificultades económicas percibirán una renta en el marco de ese acompañamiento. Además, deberán firmar un contrato de compromiso. Se trata de un compromiso recíproco entre los agentes del servicio público de empleo y los jóvenes. El comité que se ocupa de la renta de compromiso para los jóvenes se ha reunido y ultimará el mecanismo de aquí a su puesta en marcha.

Trabajadores de edad

76.La contratación y el mantenimiento en el empleo de los trabajadores de edad se fomentan mediante varios programas. Los empleadores pueden solicitar una ayuda pecuniaria para contratar a solicitantes de empleo mayores de 45 años con contratos específicos de trabajo y formación que culminen con una cualificación profesional (contratos de profesionalización).

77.El contrato de duración determinada (CDD) “Senior” tiene por finalidad facilitar la reincorporación al empleo de las personas mayores que están terminando su carrera y permitirles adquirir derechos jubilatorios complementarios.

78.En el marco de los PEC, los empleadores que contratan a una persona mayor que está en situación de desempleo de larga duración para un empleo permanente o un contrato de más de seis meses de duración reciben un subsidio mensual de un monto equivalente al 30 a 60 % del salario mínimo bruto pagado.

Personas con discapacidad

79.Las modalidades de apreciación de la obligación en materia de empleo de trabajadores con discapacidad, que fija en el 6 % de la plantilla el umbral obligatorio para las empresas de más de 20 asalariados, se han reforzado a partir del 1 de enero de 2020 y se ha establecido, en el marco del plan nacional de reactivación, una prima temporal de hasta 4.000 euros por la contratación de trabajadores con discapacidad.

80.La reforma de las empresas adaptadas, que entró en vigor el 1 de enero de 2019, permite experimentar nuevas formas de apoyo en materia de acompañamiento de las personas con discapacidad hacia el empleo facilitando los vínculos entre las empresas adaptadas y las demás.

81.Las personas con discapacidad se benefician prioritariamente de determinadas medidas del plan de inversión en las competencias (véase infra) y hasta la edad de 30 años pueden beneficiarse de la “garantía jóvenes” de los contratos de acompañamiento hacia el empleo. También se benefician de un complemento anual incrementado de sus cuentas personales de formación (véase supra).

82.Otro elemento de la reforma de la Ley sobre la Libertad de Elegir el Propio Futuro Profesional, núm. 2018-771, de 5 de septiembre de 2018, es la reforma de los acuerdos homologados. Los empleadores podían eximirse de las contribuciones en caso de un acuerdo homologado por el Estado con los interlocutores sociales que incluyera medidas que favoreciesen la contratación o el mantenimiento de trabajadores con discapacidad. Desde 2020, la duración de esos acuerdos se limita a tres años renovables una sola vez.

83.Además, se ha comprobado que el 80 % de las discapacidades son invisibles y que a menudo los empleadores no las conocen. Para asegurarse del aumento efectivo de la representación de las personas con discapacidad y de la propia discapacidad en los medios audiovisuales, de conformidad con los compromisos contraídos por los signatarios de la carta del Consejo Superior de Medios Audiovisuales firmada el 3 de diciembre de 2019 en el marco del Comité Interministerial de Discapacidad, se creó el comité editorial con las asociaciones especializadas para abordar mejor la discapacidad en esos medios.

84.Las autoridades francesas persiguen plena y constantemente el objetivo de un cambio de actitud respecto a las competencias de las personas con discapacidad, en particular mediante la hoja de ruta “Atrevámonos al Empleo”. A este respecto, el efecto contacto se favorece mediante actividades de inmersión profesional. La iniciativa DuoDay (puesta en contacto directo entre empleadores y personas con discapacidad) y, más recientemente, de los contratos de trabajo y formación en el marco de DuoDay son un ejemplo de ello. El efecto contacto desempeña un papel decisivo en la lucha contra los estereotipos.

Personas que viven en zonas geográficas desfavorecidas

85.Las personas que viven en las zonas geográficas desfavorecidas (barrios prioritarios de la política urbana y zonas de revitalización rural) se benefician de dispositivos de inserción profesional específica.

86.En el marco de los “empleos francos” se presta apoyo pecuniario a los empleadores que contratan a personas que viven en un barrio prioritario (barrio prioritario incluido en la política urbana).

87.En el contexto de las medidas de lucha contra los efectos de la crisis de la COVID‑19, las personas que viven en barrios prioritarios de la política urbana y en zonas de revitalización rural se benefician de contratos PEC (véase supra) con índices de subvención incrementados.

88.En el marco del plan “Un Joven, Una Solución”, el dispositivo “Un Joven, Un Mentor” tiene por finalidad aumentar el número de jóvenes que gozan del acompañamiento de un mentor (estudiante, profesional en ejercicio o jubilado) durante su escolaridad, en la elección de su orientación profesional o en la fase de inserción profesional. Esa medida prioriza a la población de las zonas geográficas desfavorecidas (barrios prioritarios de la política urbana y zonas de revitalización rural) y a los grupos vulnerables.

89. El Presidente de la República ha fijado un objetivo de 100.000 jóvenes beneficiarios en 2021, o sea, el triple que en 2020, y 200.000 en 2022.

90.Entre 2012 y 2020, la proporción de personas víctimas de actos de discriminación que decidieron iniciar acciones a raíz de esos actos aumentó en un 19 %. Actualmente, un 75 % de las personas en actividad que han sido objeto de discriminación declaran haber iniciado acciones. Desde hace ocho años, las víctimas de actos de discriminación que han iniciado acciones a raíz de esos actos son dos veces más numerosas. Actualmente, la mitad de las personas que han sido objeto de discriminación la han denunciado a su empleador, frente al 31 % anteriormente. En el mismo período, en el sector privado la iniciación de procedimientos contenciosos aumentó del 8 al 14 % y el recurso a un abogado del 8 al 17 %. El recurso a los representantes del personal o a un sindicato, que había disminuido entre 2010 y 2013, registró un gran incremento entre 2012 y 2020, pasando del 21 al 36 %. Por último, el 32 % contactó a la Inspección de Trabajo, lo que representa un aumento de 19 puntos.

91.Más de la mitad de las personas en actividad (52 %) consideran que los sindicatos y los representantes del personal son eficaces para ayudar a los asalariados y los agentes de la administración pública que han sido objeto de discriminación o acoso discriminatorio.

92.En 2021, Pôle Emploi está recibiendo partidas adicionales en el marco del plan de reactivación, a saber:

250 millones de euros para hacer frente al aumento del desempleo (recursos humanos y gastos de intervención).

69 millones de euros están asignados en Francia Reactivación en razón del aumento del número de beneficiarios del dispositivo de acompañamiento intensivo de jóvenes. Esas partidas permitirían la contratación de 1.300 equivalentes de tiempo pleno (ETP) adicionales. Esos ETP son necesarios para que el número de jóvenes acompañados aumente de 135.000 a 240.000.

160 millones de euros para complementar el mercado nacional existente (mercado de formación abierta y/o a distancia) a fin de aumentar el potencial de ofertas de formación a distancia y permitir financiar 30.000 programas de formación adicionales.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 14 de la lista de cuestiones

93.La reforma en curso del seguro de desempleo prevé el establecimiento de un bonus‑malus sobre los aportes patronales en concepto de seguro de desempleo, que consiste en modular al alza o a la baja el porcentaje de cotización, que actualmente es del 4,05 %, en función del número de términos de contrato de trabajo o de contratos temporales que dan lugar a la inscripción en Pôle Emploi. El objetivo es combatir la precariedad incitando a las empresas a ofrecer más contratos de duración indefinida y a prolongar los de duración determinada.

94.La Ley consagra el principio de que lo normal es el CDI y regula estrictamente sus alternativas. Ni el CDD ni el contrato de trabajo temporal (CTT) pueden tener por objeto o efecto proporcionar de manera duradera un empleo relacionado con la actividad normal y permanente de la empresa.

95.La Ley establece una lista limitativa de los casos de recurso autorizados. El incumplimiento de las normas relativas al CDD o al CTT expone al empleador o a la empresa usuaria a diferentes sanciones civiles y penales. En el plano penal, el incumplimiento de determinadas normas se castiga con multa de 3.750 euros y, en caso de reincidencia, con 7.500 euros y seis meses de cárcel.

96.Determinadas irregularidades en el recurso al CDD o al CTT o en la forma de estos otorgan al asalariado el derecho a que se recalifique su contrato como CDI. Cuando se violan determinadas normas relativas al contrato de corta curación, se presume que este se ha concertado por tiempo indeterminado y esa presunción no puede refutarse. Por el contrario, en el caso de las normas a las que no se aplica la presunción, el empleador puede aportar la prueba de la duración determinada del contrato.

97.La recalificación del CTT como CDI con la empresa usuaria es automática en caso de ocupación irregular de un asalariado temporero tras concluir su contrato o de recurso irregular a un asalariado temporero. Por lo tanto, si la empresa usuaria sigue haciendo trabajar a un asalariado temporero una vez concluido su contrato sin haber concertado con él un contrato de trabajo o sin un nuevo contrato de puesta a disposición, se considerará que el asalariado está ligado a la empresa usuaria mediante un CDI. Si el tribunal acepta la solicitud de recalificación del asalariado, le concederá, con cargo al empleador o a la empresa usuaria, una indemnización que no podrá ser inferior a un mes de salario, sin perjuicio de cualquier reparación o indemnización por daños y perjuicios debida en caso de despido.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 15 de la lista de cuestiones

98.Ningún asalariado podrá ser sancionado, despedido u objeto de una medida discriminatoria por sus actividades sindicales (artículo L1132-1 del Código de Trabajo (CT)). Se prohíbe al empleador tener en cuenta esas actividades al adoptar sus decisiones, en particular en materia de contratación, ascenso y remuneración (CT, art. L2141-5). Si el asalariado que se considera víctima de discriminación puede presentar elementos que permitan suponer la existencia de una discriminación, incumbirá al empleador probar que su decisión se justifica por elementos objetivos, ajenos a toda discriminación (CT, art. L1134‑1).

99.El despido de un miembro elegido, titular o suplente, de la delegación del personal del comité social y económico o de un representante sindical integrante de ese comité, solo podrá tener lugar previa autorización del inspector de trabajo. La protección contra el despido de un ex representante sindical subsiste durante los seis primeros meses siguientes a la expiración del mandato o la desaparición de la institución.

100.El incumplimiento de las disposiciones en materia de discriminación sindical se penaliza severamente, con una multa de 3.750 euros, y puede ser objeto de sanciones penales en caso de denegación de contratación, sanciones o despido discriminatorio (tres años de cárcel y 45.000 euros de multa).

101.Los servicios de la Inspección de Trabajo realizan periódicamente investigaciones para detectar un posible vínculo entre la actividad sindical de los asalariados y actos de gestión cometidos en detrimento de estos.

102.El riesgo potencial de acentuación de las desigualdades en las condiciones de trabajo relacionada con los convenios de empresa se ve contrarrestado por la primacía de los convenios sectoriales sobre los empresariales en materias esenciales para la regulación social. El sector también puede decidir que los convenios sectoriales prevalecerán sobre los empresariales en estas cuatro materias: la prevención de los efectos de la exposición a los factores de riesgo profesional, la inserción profesional y el mantenimiento en el empleo de los trabajadores con discapacidad, el número de trabajadores a partir del cual pueden designarse los delegados sindicales, el número de estos y la valorización de su carrera sindical, así como las primas por trabajo peligroso o insalubre.

103.En cuanto a las materias para las cuales el legislador ha previsto la primacía del convenio de empresa, el sector puede seguir desempeñando plenamente su papel de regulador, aplicando disposiciones supletorias en el caso de las empresas que no concierten ningún acuerdo en la materia en cuestión. Esas disposiciones también influyen en la negociación de los convenios de empresa, ya que, a falta de acuerdo entre las partes, sigue siendo aplicable el convenio sectorial.

104.La concertación de los convenios de empresa está sujeta a un umbral de mayoría elevado. Para ser válido, el convenio empresarial debe ser firmado por una o varias organizaciones sindicales de asalariados representativas que hayan obtenido más del 50 % de los votos expresados en las elecciones profesionales. De no haber delegados sindicales en la empresa, los proyectos de convenio que se presenten para la aprobación directa por los asalariados deberán ser aprobados por una mayoría de dos tercios del personal.

105.El recurso al referendo de empresa para la aprobación directa de un proyecto de convenio por los asalariados en las empresas de menos de 20 asalariados solo es posible si no hay un delegado sindical o un miembro elegido de la delegación del personal del comité social y económico. Por consiguiente, solo se aplica a las situaciones en que es imposible negociar con las organizaciones sindicales o representantes elegidos del personal.

106.Además, el Código de Trabajo prevé un plazo mínimo de 15 días entre el momento en que el empleador propone el proyecto de convenio a los asalariados y el momento en que puede organizarse la consulta del personal. Ese plazo debe permitir que los asalariados interactúen con las organizaciones sindicales departamentales y/o el observatorio de análisis y apoyo para el diálogo social y la negociación de su departamento a fin de que les faciliten información sobre el desarrollo del procedimiento y el contenido de los convenios que se les proponen.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 16 de la lista de cuestiones

107.La reforma del régimen de seguro de desempleo introducida en julio de 2019 preveía inicialmente:

El paso a un período mínimo de seis meses de afiliación para gozar de la prestación, frente a cuatro meses anteriormente y un mes en caso de recarga de los derechos.

Una nueva modalidad de cálculo de la prestación, establecida sobre la base del ingreso medio anterior del asalariado.

El establecimiento de una disminución progresiva de la prestación en el caso de los ingresos más altos.

108.A raíz de la crisis sanitaria, el Gobierno se propuso poner de acuerdo a los interlocutorios sociales para adaptar la reforma a la nueva realidad económica y social. El Decreto núm. 2021-346, de 30 de marzo de 2021, publicado tras esa concertación, tiene por finalidad favorecer la admisibilidad de los solicitantes de empleo al seguro mientras no haya mejorado de manera duradera la situación económica y social, así como limitar los efectos de la nueva modalidad de cálculo de la prestación sobre el nivel de compensación de los trabajadores que se encuentran en situación más precaria.

109.Así pues, el período mínimo de afiliación requerido para gozar de la prestación, ya reducido a partir del 1 de agosto de 2020, seguirá siendo de cuatro meses, y el plazo tras cuyo vencimiento la prestación se reduce progresivamente en el caso de determinados solicitantes de empleo se aumenta a ocho meses, frente a seis anteriormente, hasta que se verifiquen estas dos condiciones:

Que el total de declaraciones anteriores a la contratación en el caso de los contratos de más de un mes sea superior a 2.700.000 durante un período de cuatro meses consecutivos.

Que en la categoría A el total de solicitantes de empleo haya disminuido en al menos 130.000 durante los seis meses anteriores.

110.Por último, a partir del 1 de julio de 2021 se rectifican las nuevas modalidades de cálculo de la prestación. Se mantiene el principio de la reforma consistente en calcular el monto de la prestación sobre la base de un ingreso mensual medio y no únicamente del número de días trabajados. Sin embargo, para proteger a los trabajadores en situación de precariedad cuyos períodos de empleo son particularmente fragmentarios, el número de períodos de inactividad que se tienen en cuenta para calcular la prestación tendrá un límite, por lo que esos períodos no podrán acarrear una reducción demasiado importante del nivel de compensación.

111. La reforma de las jubilaciones incluida en los proyectos de ley que establecen un sistema universal de jubilación se ha postergado a raíz de la crisis sanitaria.

112.En 2018, el monto medio de las pensiones percibidas por las generaciones recientes de jubilados (las de 65 a 74 años de edad) se fijó en el 74 % del monto medio de los ingresos laborales de las personas que ocupaban un empleo y se acercaban a la edad de jubilación (las de 55 a 59 años de edad). Ese porcentaje relativamente elevado contribuye de manera decisiva a que el nivel de vida global de las parejas de jubilados alcance el de las que están en actividad. Por otra parte, los jubilados están insuficientemente representados entre los primeros deciles de nivel de vida. En 2018, su tasa de pobreza seguía siendo pues muy inferior a la del conjunto de la población (8,7 %, frente al 14,8 %). En 2018, la jubilación neta media era de 1.382 euros.

113.Para reducir en gran medida las situaciones de pobreza de las personas mayores, entre 2018 y 2021 se ha revalorizado en un 10 % el monto máximo de la asignación de solidaridad para las personas de edad (ASPA), hasta 906,81 euros por mes en el caso de una persona sola desde el 1 de enero de 2020.

114.El importe de la jubilación completa pagada por el sistema general de seguridad social no puede ser inferior a un monto mínimo, denominado mínimo contributivo. En 2021, el monto mínimo contributivo es de 705,36 euros por mes, o sea, 8.464,28 por año. Esta prestación se otorga sin tener en cuenta los ingresos percibidos por el jubilado además de sus pensiones. Esos montos corresponden a la pensión básica, a la cual hay que añadir la complementaria. Al 31 de diciembre de 2019, 4.762.000 jubilados cobraban esa jubilación mínima.

115.Para hacer frente a la epidemia de COVID-19 y evitar los despidos que podría provocar la menor actividad resultante, el Gobierno reforzó el dispositivo de actividad parcial. Ese dispositivo no otorgaba a su beneficiario el derecho a la jubilación básica. Según las hipótesis de la Caja Nacional de Seguro de Vejez, de no aplicarse medidas destinadas a tener en cuenta el desempleo parcial para los derechos jubilatorios, el 5,5 % de los asalariados en actividad parcial validarían menos trimestres en 2020 que los que habrían validado si no se hubiera reducido la actividad.

116. Para paliar esa situación, el Gobierno decidió reconocer el derecho a la jubilación básica a los asalariados colocados en situación de actividad parcial para los períodos comprendidos entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. Esa decisión también se aplica a los asalariados colocados en situación de actividad parcial de larga duración. Por consiguiente, los períodos de actividad parcial se tienen en cuenta para la jubilación básica.

117.La labor analítica realizada, entre otras instituciones, por el Consejo de Orientación en Jubilaciones permite individualizar al menos dos factores que explican la falta de solicitación de la ASPA, a saber: i) el mal conocimiento de la prestación o el desconocimiento de su existencia; y ii) la reticencia o renuncia a solicitar la ASPA a causa de la complejidad de los trámites administrativos o por temor a la estigmatización.

118.En su informe sobre la seguridad social correspondiente a 2012, el Tribunal de Cuentas planteó el problema de la falta de información de los asegurados. Entre otras cosas, señalaba que la obligación de información impuesta por la ley a las cajas de jubilación se limitaba a facilitar información a los asegurados en el momento de liquidarse su pensión. Sin embargo, muchos jubilados todavía no tienen derecho a la pensión mínima de vejez en el momento de liquidarse su jubilación y solo lo adquieren a la edad de 65 años.

119.Desde el 1 de enero de 2017, cada beneficiario del sistema de jubilaciones, cotizante o jubilado, tiene acceso a una “cuenta personal de jubilación” accesible en línea y puede acceder a todos los datos jubilatorios (número de trimestres, monto de los aportes, puntos), así como a un cálculo de las pensiones futuras.

120.Prevista por la ley de 2014, la Liquidación Única de los Regímenes Alineados (LURA) se empezó a aplicar el 1 de julio de 2017. Permite presentar una solicitud única para la liquidación del conjunto de pensiones jubilatorias, en el caso de los afiliados que han trabajado en el marco del régimen general o del régimen agrícola o como trabajadores autónomos. Basándose en simulaciones sobre la generación de 1942, la LURA, por sí sola, habría disminuido en un 10 % la proporción de no solicitantes parciales.

121.A comienzos de 2017, las autoridades públicas introdujeron una serie de medidas de simplificación destinadas, en particular, a los beneficiarios de la asignación para adultos con discapacidad. A la edad legal de jubilación, los beneficiarios de esa asignación que tienen una discapacidad del 80 % o superior ya no están obligados a solicitar la ASPA. Por consiguiente, todas las personas nacidas a partir del 1 de enero de 1955 pueden decidir conservar el beneficio de la asignación para adultos con discapacidad. En ese caso, deben dirigirse al organismo del que dependen para asegurarse de que seguirá pagándoseles esa asignación después de la edad legal de jubilación.

122.Desde 2014, la Caja Nacional de Asignaciones Familiares (CNAF) puso en marcha un plan ambicioso para reducir la falta de solicitación de las prestaciones sociales mediante un nuevo dispositivo denominado “cita de las prestaciones”. Según el sistema de ventanilla única, las cajas de asignaciones familiares proponen a sus beneficiarios más vulnerables una entrevista personalizada para examinar numerosas prestaciones sociales, gestionadas o no por ellas.

123.En 2016 se realizó una encuesta específica por petición de la CNAF para estudiar qué efectos tenían esas entrevistas en los beneficiarios. Según esa encuesta, en marzo de 2016 una media del 63 % de las personas a las que se había informado durante la entrevista que podían beneficiarse de al menos una prestación accedieron a una en los tres meses siguientes. En el total de entrevistas, 4 de cada 10 personas accedieron a una prestación tras la entrevista.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 17 de la lista de cuestiones

124. Las plataformas telefónicas, los grupos de apoyo y las asociaciones son algunos de los medios establecidos para reforzar la lucha contra el maltrato en el hogar. La red más conocida es la Federación 3977, que se dedica a combatir el maltrato mediante actividades de asesoramiento, orientación e información a las familias a través de un número nacional único, el 3977. En 2019, la plataforma 3977 recibió 25.000 llamadas. El dispositivo nacional documentó más de 4.200 casos de maltrato, que dieron lugar a 28.000 intervenciones de apoyo y 6.000 actuaciones individuales. Las víctimas son principalmente personas de edad (75 %), en particular de más de 80 años. El 25 % de las situaciones señaladas tienen que ver con casos de maltrato contra personas adultas con discapacidad. Los malos tratos denunciados se cometen en el domicilio de la víctima (73 %) o en instituciones (27 %).

125.Las autoridades públicas han establecido herramientas para cambiar la actitud hacia las personas mayores vulnerables en las residencias, que son verdaderas piezas clave de la lucha contra el maltrato. Próximamente se pondrá en práctica un plan de acción plurianual 2021-2023 en concertación con los agentes interesados. Ese plan se basa en los trabajos de la Comisión de Lucha contra el Maltrato y Promoción del Buen Trato y también se integra en los trabajos del proyecto de ley “Por las Generaciones Solidarias”.

126.La Agencia Nacional de Evaluación y Calidad de los Establecimientos y Servicios Sociales y Médicosociales publica periódicamente recomendaciones de buenas prácticas para los directores y el personal de las instituciones que acogen a personas mayores.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 18 de la lista de cuestiones

127.Según la estimación adelantada del INSEE, en 2019 la tasa de pobreza monetaria en la Francia metropolitana sería del 14,5 %, o sea, que 9,1 millones de personas vivían por debajo del umbral de pobreza. Aún no se conocen las cifras correspondientes a 2020, pero, al parecer, la crisis sanitaria tiene y tendrá consecuencias económicas y sociales muy importantes.

128.El Comité de Evaluación de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza ha publicado su informe de 2021, en el que hace un balance de la aplicación efectiva de la Estrategia, expone los primeros elementos disponibles sobre su evaluación y los trabajos de evaluación en curso y futuros, aclara cuestiones que desea señalar a las autoridades públicas en relación con la política de estas en materia de lucha contra la pobreza, y formula recomendaciones. La Estrategia persigue dos grandes objetivos, a saber, evitar la reproducción social de la pobreza y lograr que las personas dejen de ser pobres. El Comité Nacional de Evaluación decidió evaluar la Estrategia también en relación con un tercer objetivo, el de no dejar a nadie en la pobreza extrema.

129. El Comité señala estas seis cuestiones que requieren atención: definir y comprender mejor la pobreza extrema, luchar contra los efectos de la crisis del coronavirus sobre la pobreza, reforzar la lucha contra la falta de solicitación, ayudar a los jóvenes de 18 a 24 años más necesitados, evaluar la eficacia del acompañamiento en su totalidad y acelerar la aplicación del plan “La Vivienda Primero”.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 19 de la lista de cuestiones

130.La Estrategia Nacional de Salud 2018-2022, cuya finalidad es la prevención y que se plasma en el plan nacional de salud pública “Prioridad a la Prevención”, prevé el establecimiento de una política de promoción de la salud que se traduce, en el ámbito de la nutrición, en el Programa Nacional de Nutrición y Salud 4 (PNNS 2019-2023), con el objetivo de mejorar la salud de la población mediante la alimentación y la actividad física. Ese programa tiene por finalidad disminuir en un 20 % la frecuencia del sobrepeso y la obesidad en los niños y adolescentes, estabilizar el sobrepeso de los adultos y reducir su obesidad en un 15 %. Se apoya en dos pilares:

Lograr que el entorno sea más favorable a la salud: El PNNS 4 apoya a los franceses facilitándoles la elección de su dieta e incita a los fabricantes a mejorar la calidad nutricional de los alimentos (Nutri Score). También prevé limitar la influencia en los niños de la publicidad y el marketing de alimentos poco nutritivos.

Facilitar la adopción de comportamientos que favorezcan la salud, proporcionando orientaciones mediante las nuevas recomendaciones en materia de alimentación y actividad física incitando a reducir el exceso de sedentarismo relacionado con el tiempo pasado ante las pantallas en un contexto extraprofesional y a aumentar la práctica de la actividad física. El Ministerio de Solidaridad y Salud y la CNAM establecieron el programa experimental “Misión: Recupera Tu Rumbo”. En cuatro departamentos (Sena-San Dionisio, Norte, Paso de Calais y La Reunión), en el marco de ese programa se presta a los niños de 3 a 8 años en riesgo de sobrepeso u obesidad una atención precoz y pluridisciplinaria (dietética, psicológica y de actividad física) adaptada a sus necesidades.

131.Con carácter de complemento del PNNS, el Programa Nacional de Alimentación 2019-2023 (PNA 3) se encuadra en las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El PNA 3 aplica una metodología transversal dirigida a un público diverso (niños, adultos, colectividades, profesionales de la cadena alimentaria y asociaciones, entre otros). El Programa introduce tres ejes temáticos, a saber, justicia social, lucha contra el derroche de alimentos y educación alimentaria, y dos ejes transversales, esto es, proyectos alimentarios territoriales y restauración colectiva. En 2021 también se ha puesto en marcha un plan de proteínas vegetales para permitir producir más cantidad de esas proteínas en Francia y fomentar su consumo a fin de responder a las nuevas recomendaciones en materia de nutrición. La agricultura francesa también se ha embarcado en la transición agroecológica. El conjunto de esas iniciativas, unidas a la política agrícola común europea, contribuyen a mantener en Francia una agricultura familiar en todo el territorio.

132.En el ámbito internacional, la Estrategia Internacional de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Agricultura Sostenible (2019-2024) de Francia constituye su nueva hoja de ruta y comprende estos cinco ejes:

Reforzar la gobernanza mundial de la seguridad alimentaria y de la nutrición.

Desarrollar sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles para hacer frente al cambio climático y a la degradación de la biodiversidad.

Reforzar la política francesa de nutrición para intervenir de manera integrada en los diferentes factores que causan la malnutrición de los niños pequeños y las mujeres embarazadas y lactantes.

Apoyar la organización de sectores agroalimentarios sostenibles para favorecer la creación de empleos dignos en los territorios rurales, especialmente para los jóvenes.

Reforzar las intervenciones en materia de asistencia alimentaria a los grupos vulnerables y mejorar su resiliencia.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 20 de la lista de cuestiones

133.La dificultad para obtener una vivienda es particularmente importante en las grandes ciudades. Se han establecido numerosos dispositivos para reducir esa dificultad, en particular un parque importante de más de 5 millones de viviendas sociales.

134.El plan “La Vivienda Primero” tiene por finalidad reorientar duraderamente a las personas sin hogar hacia la vivienda y ofrecer un apoyo adaptado y modulable. Esa política tiene en cuenta las necesidades de las personas tal y como las manifiestan. El plan se basa, en particular, en el desarrollo de una vivienda adaptada u ordinaria para regular y disminuir el parque de alojamiento, especialmente las pernoctaciones hoteleras. Al acelerar el acceso a la vivienda, el plan “La Vivienda Primero” apunta a que el alojamiento de emergencia se convierta en su objetivo prioritario de acogida incondicional e inmediata de las personas en situación crítica.

135.El acceso directo o lo más rápido posible a la vivienda también es uno de los principios rectores de la política de eliminación de las barriadas de tugurios y de la política de vivienda para los refugiados.

136.En 2020 se adjudicaron 13.821 viviendas sociales a familias albergadas en alojamientos de emergencia, centros de alojamiento y reinserción social u hoteles, y 7.970 a familias que declaraban no tener techo o vivir en un alojamiento precario, o sea, un total de 21.791 viviendas. Tras dos meses de interrupción casi total de las adjudicaciones en el segundo trimestre de 2020 debida al confinamiento, una recuperación significativa permitió limitar la brecha entre 2020 y 2019 a un 6 % menos. Entre junio y diciembre de 2020 se registraron 1.700 adjudicaciones más que en el mismo período de 2019. Por su parte, el conjunto de adjudicaciones de viviendas sociales se ha reducido en un 15 %.

137.La prioridad otorgada a las familias sin hogar se traduce en el aumento de la tasa de adjudicaciones en su favor (5,63 % del total de adjudicaciones en 2020, frente al 3,93 % en 2017).

138.Por otra parte, en 2020 se pusieron 9.865 viviendas a disposición de 18.092 refugiados. Estos datos se refieren a las viviendas puestas a disposición de los beneficiarios de la protección internacional a nivel local, en el ámbito nacional y en el marco del Programa de Reasentamiento Europeo. Así pues, desde 2018 más de 60.000 refugiados han accedido a la vivienda gracias a la acción del Gobierno.

139.En 2020 se crearon 9.441 nuevas plazas en intermediación locativa, o sea, el 107 % del objetivo anual. La tasa de consecución del objetivo 2022 (40.000 plazas más) es del 60 %.

140.La creación de plazas financiadas por el Estado se aceleró considerablemente a raíz del plan de reactivación de la intermediación locativa de 2018. En tres años, el parque constituido en diez años entre 2008 y 2017 aumentó en un 75 %.

141.Al 31 de diciembre de 2020, el parque instalado contaba pues con unas 57.000 plazas para aproximadamente 22.000 viviendas puestas a disposición (una media de 2,6 plazas por vivienda).

142.En 2020 se crearon solo 656 plazas de pensiones familiares y residencias de acogida. A todas luces, el parón de las obras en el segundo trimestre provocó retrasos importantes y la postergación de la creación de plazas hasta 2021.

143.Sin embargo, la dinámica sigue siendo muy positiva y en 2020 se otorgaron 1.574 habilitaciones PLAI-PF. En el período 2018-2020 se otorgaron 4.282 habilitaciones, o sea, casi tantas como las concedidas en los siete años del período 2011-2017. En 2020, las habilitaciones PLAI (préstamos locativos subvencionados de instalación) financiadas registraron una baja significativa respecto a 2019 (un 13 % menos). Entre esas PLAI financiadas en 2020 se contaban 5.799 para residencias sociales generales y 1.574 para pensiones familiares o residencias de acogida.

144.En ese marco se han puesto en marcha programas específicos para las mujeres víctimas de violencia, las madres antes y después del parto y las personas muy marginadas (convocatoria de proyecto).

145.En cuanto a las personas en situación irregular, se dispone de un parque de alojamiento que cuenta con 200.000 plazas y en el que la acogida es incondicional.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 21 de la lista de cuestiones

146.Desde hace unos 20 años han vuelto a aparecer en la Francia metropolitana barriadas de tugurios implantadas ilegalmente en terrenos o en edificaciones ocupadas ilegalmente, habitadas en su mayoría por migrantes intracomunitarios pobres. En julio de 2021 había unos 430 asentamientos de más de 10 habitantes ocupados por más de 21.000 personas, de las cuales 14.000 eran ciudadanos europeos migrantes. Estos datos provienen de la plataforma digital Résorption-bidonvilles, creada en 2019, que permite a los servicios del Estado en los departamentos inventariar los asentamientos, terrenos o construcciones ocupados con carácter duradero sin derecho ni título.

147.La Instrucción del Gobierno de 25 de enero de 2018 tiene por finalidad dar un nuevo impulso a la eliminación de los campamentos ilícitos y las barriadas de tugurios. En esa instrucción se reafirman los principios de humanidad y acatamiento de las leyes de la República y se establece una exigencia de eficacia, con miras a la eliminación de esas barriadas.

148.En la Instrucción se pide a los prefectos que pongan en marcha lo antes posible una operación de eliminación de los asentamientos, de ser posible desde su implantación y con independencia de que se hayan iniciado o no procedimientos jurídicos con miras a su evacuación. Esa operación implicará asegurar las condiciones de vida, gestionar la organización del asentamiento, realizar diagnósticos antes de la evacuación y poner en práctica soluciones que permitan a los ocupantes abandonar el asentamiento para ajustarse al derecho común, hasta la desaparición completa del campamento. La eliminación de un asentamiento requiere que las dos terceras partes de sus habitantes hayan encontrado una solución de vivienda duradera y que no haya habido un reasentamiento en otro terreno.

149.Las operaciones de eliminación en las colectividades territoriales se apoyan mediante un paquete nacional de créditos. En septiembre de 2019, el Gobierno decidió duplicar ese presupuesto para 2020, que aumentó pues de 4 a 8 millones de euros. Entre 2018 y 2020, las operaciones cofinanciadas gracias a los créditos de ese paquete permitieron que más de 4.100 personas accedieran a la vivienda y que más de 2.500 obtuvieran un empleo.

150.En cuanto a la clausura de asentamientos de más de diez habitantes (ciudadanos europeos y extraeuropeos):

En 2019 se clausuraron 233, de los cuales 125 lo fueron mediante una decisión administrativa o judicial; y se eliminaron 19.

En 2020 se clausuraron 264, de los cuales 91 lo fueron mediante una decisión administrativa o judicial; y se eliminaron 17.

151.Los asentamientos que no habían sido evacuados desaparecieron porque sus habitantes se habían instalado en otro terreno o habían regresado a su país de origen. Por otra parte, las evacuaciones se preparan mejor, ya que se realiza un diagnóstico social para conocer la situación de las personas y reorientarlas cuando se clausura el asentamiento.

152.La política de eliminación se integra en una estrategia global que tiene por objeto a la vez el acceso a los derechos (alojamiento, vivienda, atención sanitaria, escuela, empleo), la protección de la infancia, los derechos de las mujeres, la lucha contra la delincuencia y contra la trata de personas, y el respeto del orden público y de la regularidad de la residencia. Para 2021 se mantiene el presupuesto de 8 millones de euros, pero este no alcanza para satisfacer las demandas de los departamentos interesados. Se incita a los servicios descentralizados a buscar cofinanciación ante el Estado, las colectividades territoriales y la Unión Europea.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 22 de la lista de cuestiones

153.Durante la crisis sanitaria causada por la COVID-19, las barriadas de tugurios plantearon retos sanitarios y humanitarios, especialmente en materia de agua e higiene. Para potenciar la gestión de la crisis, el Gobierno adoptó las siguientes medidas:

Fomentó y apoyó intervenciones en los asentamientos destinadas a mejorar las condiciones de vida (facilitación del acceso al agua, al saneamiento y a la higiene); al 2 de junio de 2020, un 90 % de los habitantes tenían acceso al agua gracias a una movilización muy importante de los agentes locales.

Solicitó el apoyo logístico de los agentes humanitarios y de emergencias con carácter de complemento de las asociaciones tradicionales de apoyo social (intervenciones en materia de agua, saneamiento e higiene, distribución de alimentos, prevención sanitaria). Durante el período en cuestión intervinieron Solidarités International, Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo y la Cruz Roja francesa.

Adaptó la herramienta digital Résorption-bidonvilles para incorporar la información sobre la COVID-19 y las condiciones de vida en los asentamientos. Esa plataforma permite a los agentes interesados saber si el suministro de agua y electricidad es efectivo en cada asentamiento o si debe realizarse una intervención.

154.Esa movilización permitió que surgieran nuevas prácticas y nuevas alianzas, que ahora deberán traducirse en la elaboración y ejecución de estrategias locales de eliminación de las barriadas de tugurios.

155.En cuanto a los campamentos de migrantes, la ayuda proporcionada varía según los territorios. En la región parisiense, los migrantes que viven en la calle son objeto de un seguimiento regular (dos veces por semana) mediante rondas efectuadas por las asociaciones especializadas (France Terre d’Asile). Ese seguimiento permite llevar a cabo operaciones de evacuación de campamentos en pequeña y gran escala organizadas por los servicios de las prefecturas para evitar que se formen campamentos y se consoliden los existentes. Esas operaciones permiten orientar a las personas que viven en la calle hacia estructuras temporales de acogida. Por ejemplo, en 2020 se realizaron 19 operaciones de puesta a cubierto en los departamentos de París y Sena-San Dionisio, que permitieron cobijar a 8.691 personas, entre ellas algunas en situación de aislamiento y vulnerabilidad (mujeres solas y familias). Entre el 1 de enero y el 21 de julio de 2021 se llevaron a cabo en el departamento de París 17 operaciones que permitieron cobijar y atender a 4.225 personas. Paralelamente, todos los días se realizan rondas para informar a las personas sin techo que se encuentran en el lugar acerca del derecho de residencia, el procedimiento de asilo y los dispositivos de alojamiento, organizar operaciones de distribución de alimentos y proponer atención sanitaria.

156.En lo que respecta a los campamentos de migrantes de Calais, el Estado estableció varios servicios de carácter humanitario para prevenir condiciones de vida indignas. En 2020, el número de personas que estaban en Calais varió entre 400 y 1.200 durante el tercer trimestre. Desde agosto de 2017 se pusieron en práctica diferentes dispositivos sobre el terreno, a saber:

Acceso al agua: Hasta agosto de 2020, dos o tres camiones cisterna de 1.000 l recorrieron el territorio de Calais con una rampa de diez grifos cada uno. El acceso al agua está disponible todos los días de 09.30 a 18.30 horas en tres asentamientos diferentes de Calais. En agosto de 2018 se instaló una fuente con dos grifos accesibles todos los días. Una “caravana móvil” que contiene 400 l y cuenta con tres lavabos completa el dispositivo. Debido al reajuste de este en razón de la crisis sanitaria de la COVID, la población migrante dispone de 52 grifos de agua, de los cuales 10 están en el asentamiento de Monod, disponibles todos los días, y 42 en el asentamiento de la carretera de San Omero, disponibles cinco días por semana. Este dispositivo se completa con la distribución periódica de bidones de agua de 5 l, que desde julio de 2018 ha permitido distribuir 99.765 bidones reutilizables de 5 .

Acceso a los sanitarios: En los tres lugares más frecuentados por los migrantes hay 34 cabinas sanitarias disponibles todos los días y mantenidas diariamente. Este dispositivo se completa con un local de duchas que cuenta con 14 retretes. Por lo tanto, hay un total de 48 cabinas sanitarias individuales a disposición de las personas migrantes. Un equipo de una asociación compuesto por 20 ETP asegura el acceso al agua y a los sanitarios todos los días del año. Este servicio se completa con 28 duchas que todos pueden utilizar. Están instaladas en una zona especialmente acondicionada. Las personas migrantes acceden a esta en un autobús especial cinco días por semana.

Acceso a una alimentación equilibrada y adaptada: Cuando estuvo en Calais, el 16 de enero de 2018, el Presidente de la República se propuso ampliar la ayuda humanitaria decidiendo que se distribuyeran alimentos a la población migrante. Este servicio se puso en marcha el 6 de marzo y permite distribuir alimentos dos veces por día todos los días, en un desayuno y una comida compuesta de dos raciones diarias, correspondientes a las necesidades nutricionales de una población masculina compuesta por adultos jóvenes.

Información proporcionada a la población migrante: Unos equipos móviles recorren Calais todos los días para proporcionar información fiable y clara sobre los lugares de alojamiento, los diferentes dispositivos de acceso al procedimiento de asilo, el derecho de residencia o el acceso a la atención sanitaria o al suministro de alojamiento.

Alojamiento y cobijo: En 2020 se atendió a 8.581 personas en todos los establecimientos.

Por último, cinco días por semana funciona una guardia sanitaria dependiente del centro hospitalario (6.795 consultas en 2020).

157.En enero de 2017, a raíz de la aprobación de la Ley de Igualdad y Ciudadanía se adoptó un nuevo marco reglamentario para las zonas de acogida temporal de nómadas (marzo de 2019) y las zonas permanentes de acogida y los terrenos familiares arrendables (diciembre de 2019). La estabilización del marco reglamentario relativo a la acogida y el hábitat de las personas nómadas debería facilitar el desarrollo del equipamiento de acogida y la diversificación del hábitat de esas personas para atender mejor sus necesidades de asentamiento.

158.A fin de facilitar esas nuevas orientaciones y mejorar la información proporcionada a los distintos agentes y los decisores, se han elaborado herramientas específicas de común acuerdo con el conjunto de los interlocutores interesados. A título de ejemplo, la Delegación Interministerial para el Alojamiento y el Acceso a la Vivienda y la Comisión Nacional Consultiva de las Personas Nómadas organizaron una jornada técnica nacional a fin de proponer elementos metodológicos y buenas prácticas para la revisión del régimen departamental de acogida y hábitat en el segundo trimestre de 2019. Como resultado de esa jornada, el Ministerio de Vivienda elaboró una guía nacional junto con un grupo de agentes interesados. Publicada en el último trimestre de 2020, esa guía se difundió ampliamente a las prefecturas y los servicios del Estado (salud, educación nacional y asuntos sociales, entre otros) y se puso en línea para facilitar la asimilación de las nuevas disposiciones reglamentarias y las buenas prácticas.

159.Por último, en el marco del plan de reactivación aprobado para hacer frente a la crisis sanitaria, se prestó un apoyo excepcional a las personas en situación de gran precariedad a fin de mejorar sus condiciones de vida. Para 2021 y 2022 se ha asignado un presupuesto específico de 20 millones de euros a las mancomunidades de colectividades locales que deseen acelerar la rehabilitación en gran escala de las zonas permanentes de acogida de las personas nómadas.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 23 a) de la lista de cuestiones

160.Desde que se puso en vigor la Ley de Financiación de la Seguridad Social para 2004, las modalidades de financiación de los establecimientos sanitarios por el seguro de salud se determinan en función de las disciplinas ejercidas y de la condición jurídica de los establecimientos, a saber:

En el caso de las actividades médicas, quirúrgicas, obstétricas y odontológicas, los establecimientos sanitarios son objeto de una financiación mixta por actividad (T2A) o mediante asignaciones (asignación anual, MIGAC, subsidios anuales o incentivos financieros para el mejoramiento de la calidad).

En el caso de las actividades psiquiátricas y de estancia media, los centros sanitarios reciben una financiación por asignación para los establecimientos públicos y privados sin fines lucrativos y por actividad mediante el pago de la tarifa diaria. Una parte de sus recursos para los tratamientos de reeducación y readaptación también se modulan en función de la actividad realizada (asignación modulada por actividad inferior al 10 %).

161.Entre 2011 y 2020, los recursos de los establecimientos sanitarios públicos y privados aumentaron constantemente en un 2,3 % anual en promedio y 2,1 % en el caso de los recursos asignados a la financiación por actividad (T2A y pago de tarifa diaria). En consecuencia, desde hace diez años no se ha constatado ninguna reducción de la financiación de los gastos hospitalarios en el sector de la salud. En el marco de la estrategia de transformación del sistema de salud se ha empezado a buscar la forma de hacer evolucionar las modalidades de financiación de los establecimientos sanitarios.

162.En 2019, el conjunto de las perspectivas de evolución fue objeto de un informe cuyas primeras medidas se pusieron en práctica a partir de ese mismo año en torno a los ejes siguientes:

Desarrollo de la financiación para el mejoramiento de la calidad.

Reforma del modelo de financiación de las actividades de psiquiatría, tratamientos de reeducación y medicina de urgencia mediante la introducción de la financiación por población.

Experimentación de una financiación por población en medicina a partir de 2022.

163.La puesta en práctica de esas reformas tiene por finalidad alcanzar un objetivo del 50 % de financiación de los recursos de los establecimientos por actividad.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 23 b) de la lista de cuestiones

164.El seguro de salud está compuesto por el seguro básico obligatorio, provisto por la Seguridad Social, y el seguro complementario, que es facultativo y que proveen las entidades aseguradoras (instituciones de previsión, mutuales y compañías de seguros). En 2019, el seguro básico obligatorio se hacía cargo del 78,2 % de los gastos de salud y las entidades complementarias del 13,4 %. La parte que corría a cargo de las familias siguió disminuyendo, hasta el 6,9 %, una de las más bajas de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

165.Desde el 1 de enero de 2016, la protección sanitaria universal completa el dispositivo iniciado por la cobertura sanitaria universal básica y se prevé el pago de los gastos de salud por los seguros, a título individual y sin riesgo de interrupción de las prestaciones, para todas las personas que ejercen una actividad profesional o residen en Francia de manera estable y regular.

166.Las condiciones de adquisición de derechos se han visto pues simplificadas, por lo que:

Los asalariados ya no tienen que justificar una actividad mínima y solo se tiene en cuenta el ejercicio de una actividad profesional.

Los trabajadores independientes también tienen derecho a que se sufraguen sus gastos de salud desde el comienzo de su actividad profesional.

167.Las personas que no realizan una actividad profesional tienen derecho a que se sufraguen directamente sus gastos de salud por el solo hecho de residir en Francia de manera estable y regular. Esta protección permite mantenerse en el régimen de seguro de salud propio, incluso en caso de pérdida de actividad o cambio de situación personal.

168.Con el 95 % de personas cubiertas por un seguro complementario, Francia es, entre los principales países de la OCDE, el que tiene una cobertura privada más extendida. Varias medidas han permitido alcanzar ese resultado: desde enero de 2016, el empleador debe garantizar a todos sus asalariados una cobertura médica complementaria (seguro de salud complementario colectivo), cualquiera sea su antigüedad en la empresa (la empresa se hace cargo del 50 % de la cuota), y dos dispositivos destinados a favorecer a las personas más modestas también han permitido alcanzar ese nivel de cobertura: la cobertura médica universal complementaria (CMU-C) en 2000 y la ayuda para el seguro de salud complementario (ACS) en 2005, dispositivos fusionados en 2019 para crear el seguro de salud complementario solidario (CSS).

169.El CSS es gratuito para los hogares cuyos ingresos son inferiores a 752 euros por mes (persona sola). En el caso de los hogares cuyos ingresos son inferiores a 1.016 euros por mes (persona sola), existe una cuota cuyo monto varía entre 8 y 30 euros por mes según la edad (monto máximo de 1 euro por día).

170.La prima media de un seguro complementario es de 36 euros por mes para los estudiantes y 112 euros para las personas mayores de 65 años.

171.El CSS dispensa pues totalmente a sus beneficiarios del pago anticipado de los gastos (pago directo integral) y les permite gozar de tarifas sin exceso de honorarios en el caso de los médicos y la mayoría de los profesionales sanitarios. En caso de hospitalización, la tarifa diaria se sufraga sin límite de tiempo. Además, los beneficiarios están exentos del copago de 1 euro por las consultas o prestaciones médicas, los exámenes radiológicos, los análisis clínicos y la franquicia médica sobre los medicamentos, las prestaciones paramédicas y los transportes sanitarios.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 23 c) de la lista de cuestiones

172.En 2019, la hepatitis C afectó a menos de 200.000 personas en Francia y ese número disminuye constantemente.

173.Actualmente existen pruebas rápidas de orientación diagnóstica, menos eficaces que la detección de anticuerpos específicos y la búsqueda de ARN viral mediante PCR, pero que presentan la ventaja de poder realizarse en tiempo real a partir de una simple extracción de sangre. Son una herramienta complementaria, particularmente adaptada para ser utilizada por asociaciones en los grupos de riesgo que no acceden a la atención sanitaria.

174.En el marco de la Estrategia de Prevención, Detección y Acceso al Tratamiento para los Consumidores de Drogas, la prevención de las contaminaciones y nuevas contaminaciones se basa en la reducción de los riesgos y daños, que el Estado se esmera en ampliar i) mejorando los materiales e instrumentos de reducción de riesgos y daños (RDRD), ii) aumentando su accesibilidad para los consumidores (programas de intercambio de jeringuillas en las farmacias y envío de material de prevención por correo, entre otras cosas), y iii) ampliando la gama de dispositivos de RDRD eficaces. El reto consiste en adaptar las intervenciones a esos grupos vulnerables adaptando las herramientas ofrecidas, por un lado, y, por el otro, experimentando medidas conformes a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Financiación de la Seguridad Social para 2018. Ello incluye, entre otras cosas, Depist’C Pharma y el Test and Treat Hépatite C (equipo móvil dotado de material de diagnóstico y de un aparato PCR automático para la búsqueda del ARN viral en la sangre capilar). Por otra parte, la evolución de la organización de las estructuras y el apoyo a las asociaciones permite asimismo adaptar las intervenciones a los grupos vulnerables. Por último, esa adaptación consiste en facilitar el acceso al tratamiento de la hepatitis C, a saber, el acceso universal a los fármacos antirretrovíricos de acción directa para todos los pacientes desde 2016 (mecanismo completado en 2019 mediante dos medicamentos pangenotípicos que actualmente pueden obtenerse con receta de un médico privado).

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 24 a) de la lista de cuestiones

175.La estrategia del Gobierno consistió en proponer muy rápidamente una serie de soluciones adaptables a cada contexto local en torno a estos ejes:

Suministro de ayudas individuales para la instalación en los territorios tensionados, negociadas en el marco convencional, aplicación de medidas para facilitar el cúmulo de empleo y jubilación y de medidas para desarrollar el ejercicio profesional en las zonas insuficientemente dotadas, incluso sin instalación, y cooperación entre los profesionales sanitarios.

Medidas destinadas a favorecer las pasantías en consultorios privados o casas o centros de salud para los futuros profesionales en formación. por ejemplo, el subsidio para tutores de pasantía implantados en las zonas tensionadas se revalorizó en un 50 % (300 euros).

Puesta en práctica de la revolución digital en el sector de la salud, en particular apoyando decididamente el desarrollo de la telemedicina (consulta, diagnóstico y tratamiento a distancia).

Mejor organización de las actividades de los profesionales sanitarios para garantizar una presencia médica permanente y continua mediante, entre otras cosas, el desarrollo de su ejercicio coordinado. Además de las casas de salud pluriprofesionales y de los centros de salud, se fomentarán todas las formas de ejercicio coordinado en función de los territorios. Así, los equipos de atención primaria compuestos por médicos generales y otros profesionales sanitarios o las comunidades profesionales territoriales de salud que agrupen más ampliamente a los agentes sanitarios de un territorio en torno a un proyecto común también forman parte de los medios que deben movilizarse.

176.Es difícil evaluar con precisión los efectos de esta política, en vista, entre otras cosas, de la diversidad de medios utilizados.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 24 b) de la lista de cuestiones

177.Los diferentes planes en materia de autismo y la estrategia nacional que se están ejecutando han permitido aplicar una política activa de detección precoz de las señales de alerta, mejora del acceso al diagnóstico y escolarización.

178.Para medir la adecuación de esta política y hacerla evolucionar para atender mejor las necesidades particulares de las personas que presentan esos trastornos del desarrollo neurológico, a final de 2019 la Delegación Interministerial encargada de la Estrategia Nacional para el Autismo puso en marcha un primer estudio de impacto entre las personas y familias interesadas. En 2021 se realizó una nueva encuesta, a la que respondieron 14.000 personas, con estos resultados:

En materia de salud, la primera detección de los trastornos sigue realizándose en su mayor parte en el grupo allegado a la persona y la familia (63 %). El 65 % de los padres cuyos hijos han tenido diagnóstico desde que se estableció la Estrategia en 2018 han recibido apoyo antes del diagnóstico o menos de tres meses después.

La proporción de padres que declaran tener un acceso efectivo a una solución inclusiva aumentó del 67 al 73 %.

La proporción de niños autistas escolarizados a tiempo completo aumentó del 61 al 67 %.

179.La Estrategia Nacional adoptada en 2018 se elaboró teniendo en cuenta los datos y publicaciones científicos internacionales. El primer objetivo de esa estrategia es volver a poner la ciencia en el centro de la política pública en materia de autismo dotando a Francia de excelencia en materia de investigación. Para ello, la Estrategia prevé: i) la creación de una red de investigación de excelencia (estructuración de la comunidad de investigadores en torno a una agrupación de cooperación científica, creación de tres centros de excelencia nacionales y creación de puestos de investigador); ii) la constitución de bases de datos fiables para la investigación; iii) una difusión más rápida de los conocimientos mediante, entre otras cosas, programas de formación continua; y iv) el apoyo al desarrollo de las tecnologías que facilitan el aprendizaje y la autonomía de las personas autistas.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 25 de la lista de cuestiones

180.Las últimas medidas relativas a la asistencia médica del Estado (AME) se adoptaron a raíz de una misión llevada a cabo por la Inspección General de Asuntos Sociales y la Inspección General de Finanzas, que dio lugar, en octubre de 2019, a la publicación del informe titulado “Asistencia Médica del Estado: Diagnóstico y Propuestas”. Entre otras cosas, esa misión estudió la trayectoria médica y administrativa de los extranjeros en situación irregular que deseaban recibir atención médica. La misión preconizó que se encarase con prudencia todo cambio de la AME que tuviera por efecto aumentar la renuncia a la atención médica y menoscabar el estado de salud de los grupos destinatarios. Por ejemplo, el paquete de tratamientos que estaba a cargo de la AME no fue objeto de modificaciones estructurales. Dado que las recomendaciones se referían más que nada a la seguridad del dispositivo, el Gobierno adoptó medidas para prevenir abusos y desviaciones de la AME, velando a la vez por la justa atribución de la prestación, como la obligación de presentar personalmente la primera solicitud de AME a la caja de seguro médico para verificar la presencia física de los solicitantes.

181.Cuando un extranjero se presenta ante el consejo departamental y declara ser menor de edad y estar aislado en territorio francés, el consejo le brinda cobijo e inicia una evaluación de su edad y aislamiento, para la cual es el único órgano competente. En el marco de esa evaluación pluridisciplinaria, el presidente del consejo departamental puede pedir a la prefectura que realice una pericia documental o verifique si el presunto menor ya es conocido en el dispositivo llamado Apoyo a la Evaluación de la Minoría de Edad (AEM), en el sistema Visabio o en la aplicación de gestión de los expedientes de los extranjeros en Francia (sobre la base de la toma de sus huellas digitales). Concluir que el extranjero es conocido o desconocido no pone punto final a la evaluación, que prosigue. El resultado de la consulta de las bases de datos es solo uno de los elementos del conjunto de indicios que reúne el consejo departamental. Por consiguiente, el Decreto núm. 2019-57, que autoriza la creación del dispositivo AEM, no tiene ningún efecto sobre los derechos de esos menores no acompañados. Simplemente añade una etapa posible en el proceso de evaluación llevado a cabo por el consejo departamental. Tras brindarle cobijo mientras dura la evaluación, solo mediante una decisión del juez de menores se podrá colocar al menor bajo la protección de los servicios de ayuda social a la infancia con carácter permanente.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 26 de la lista de cuestiones

182.La política de educación prioritaria consiste en reforzar los medios destinados a los alumnos de las 1.094 “redes de educación prioritaria” existentes en los territorios más desfavorecidos y los barrios donde hay más segregación social, apoyándose en estos diferentes pilares: aumento de los medios de enseñanza, tiempo de concertación y formación de los docentes, revalorización de las remuneraciones para que los puestos sean más atractivos, apoyo educativo y actividades extraescolares reforzadas para los alumnos, cooperación reforzada con las colectividades territoriales y los asociados de la escuela, dirección pedagógica y gobernanza en red de establecimientos. En 2015 se reformó el mapa de la educación prioritaria para aumentar la pertinencia de esta política. Esa importante reforma permitió facilitar la puesta en práctica de un reforzamiento constante de los medios desde 2015, a saber:

En la educación prioritaria, el desdoblamiento de las clases de CP (curso preparatorio) y CE1 (primer año del curso elemental) iniciado en septiembre de 2017 permitió crear 10.800 clases. Esa medida beneficia a unos 300.000 alumnos. El 100 % de las clases de CP y CE1 de educación prioritaria están desdobladas desde el comienzo del año lectivo 2020. Esta medida permitió crear 10.700 equivalentes de tiempo pleno (ETP) adicionales respecto al comienzo del año lectivo 2016, lo que aumentó a 12,7 el número medio de alumnos por clase.

La medida de desdoblamiento se extiende progresivamente al último año del jardín de infantes desde el comienzo del año lectivo 2019 y, al inicio del año lectivo 2021, se aplicará prioritariamente a todos los alumnos del último año en las REP+ (redes de educación prioritaria reforzada). Con el tiempo concernirá a 150.000 alumnos.

183.Cabe señalar asimismo que se están experimentando los contratos locales de acompañamiento, cuyo objetivo es conceder un mayor margen de maniobra a las autoridades de las circunscripciones educativas para apreciar las dificultades existentes a nivel local y formular una estrategia de esas circunscripciones en materia de diferenciación de la acción educativa, más allá de la política de educación prioritaria formulada a nivel nacional para las REP+.

184.Se han removilizado las “cordadas del éxito” para reforzar las trayectorias educativas ambiciosas y promover la continuación de los estudios en la enseñanza superior. Gracias, entre otras cosas, a la inversión del plan de reactivación (10 millones de euros adicionales), esas “cordadas” permiten prestar un apoyo personalizado a partir del 4º año y hasta el final del último año combinando acciones colectivas de apertura cultural y descubrimiento de los oficios y sectores profesionales y la puesta en contacto con un estudiante mentor. El dispositivo debería permitir apoyar a 200.000 alumnos en 2021.

185.La instrucción obligatoria hasta la edad de 18 años se implantó en el Código de Educación y se puso en práctica a partir del comienzo del año lectivo 2020 para luchar mejor contra el abandono escolar. La reforma de los establecimientos de enseñanza secundaria superior general y tecnológica y la transformación del sistema de formación profesional tienen ese mismo objetivo, ya que ofrecen más libertad a los alumnos en la construcción de sus proyectos de orientación profesional y una mejor articulación con las oportunidades de continuación de estudios mediante la reforma del ingreso en la enseñanza superior (Parcoursup) y el reforzamiento del apoyo social (becas de estudio) a los estudiantes. Además, esas reformas contribuyen a diversificar las trayectorias de éxito y tienen por finalidad reforzar el apoyo a la orientación profesional, en particular mediante el establecimiento de un horario específico que rige desde la enseñanza secundaria elemental hasta el final de la secundaria superior.

186.El procedimiento de asignación de los estudiantes en los establecimientos de enseñanza superior mediante la plataforma Parcoursup se basa en principios de no discriminación e igualdad. Los efectos de estos dispositivos de apoyo a la orientación profesional y de promoción de una trayectoria educativa ambiciosa solo se constatarán al cabo de un seguimiento de cohortes realizado durante varios años para determinar la evolución de la orientación elegida por los alumnos en cuestión. El Ministerio de Educación Nacional, Juventud y Deportes está constituyendo un centro de información basado en los datos en materia de orientación profesional, asignación y abandono escolar registrados en los sistemas de información existentes.

187.El programa “Ciudades Educativas” se ha experimentado a partir de 2020 en 80 barrios prioritarios incluidos en la política urbana entre los más desfavorecidos, para aumentar la cooperación entre los municipios y los asociados de la escuela. Con una dotación de 100 millones de euros en tres años (2020-2022), el programa permitió, entre otras cosas, hacer frente a la crisis sanitaria en el segundo trimestre de 2020 mediante la compra de material informático y garantizar así la continuidad pedagógica efectiva a distancia a los alumnos de barrios desfavorecidos y la movilización de todos los asociados del Estado central y de las colectividades territoriales en la detección de los alumnos que abandonaban los estudios y el apoyo que se les prestaba. En 2021, el programa se extiende a otros 46 barrios, y otras 80 “ciudades educativas” recibirán certificación a más tardar en 2022.

188.En cuanto a las ayudas sociales, el Estado distribuyó desayunos a los alumnos de las escuelas más desfavorecidas en los municipios que participan voluntariamente, habiéndose fijado un objetivo de 200.000 desayunos en 2021, y ejecuta un programa ambicioso para revalorizar las becas y las primas de internado.

189.A fin de hacer frente al abandono escolar y a la desconexión de los alumnos durante la crisis sanitaria, en el tercer trimestre de 2020 se ejecutó el programa de “vacaciones estudiosas” con estos dispositivos: “cursillo de éxito” (apoyo escolar en francés y matemáticas), “escuela abierta” (apoyo escolar y actividades deportivas y culturales) y acogida en centros de actividades recreativas y colonias de vacaciones. 950.000 jóvenes se beneficiaron del programa y “escuela abierta” se prolongó durante las vacaciones del último trimestre del año movilizando a unos 620 establecimientos de enseñanza secundaria y escuelas, lo que permitió acoger a algo más de 50.000 alumnos.

190.Desde el comienzo del año lectivo 2017 se realizan evaluaciones nacionales para medir la influencia de los dispositivos de lucha contra el determinismo social en el rendimiento escolar (conocimientos adquiridos en francés y matemáticas en CP, CE1 y 6º año). El análisis realizado deja claro que, a comienzos de la escolaridad primaria, los progresos alcanzados en 2018/19 quedaron anulados en 2019/20. La presencia de los niños todo el año, la personalización de los derroteros a la cual contribuyen esas evaluaciones, y las prácticas pedagógicas eficaces que permiten adquirir una perspectiva, trazan la vía del éxito. Los primeros efectos de un enfoque reforzado de los conocimientos fundamentales se hacen sentir de manera muy alentadora, pero sigue siendo elevada la proporción de alumnos que tienen dificultades en francés y matemáticas al comienzo de la educación secundaria elemental.

191.En cuanto a los niños con discapacidad, desde 2014 se han establecido en varios textos los procedimientos y herramientas que permiten evaluar mejor las necesidades de los alumnos con discapacidad, como el papel de los distintos agentes o la creación de herramientas normalizadas (proyectos de escuela y de establecimiento de enseñanza secundaria, proyecto personalizado de escolarización, guía de evaluación de las necesidades de compensación en materia de escolarización, o modificación de la composición del equipo pluridisciplinario de las casas departamentales de personas con discapacidad, que ahora incluye obligatoriamente a un docente cuando se pronuncia sobre cuestiones de escolarización). Además, para favorecer la autonomía de los alumnos con discapacidad, en los establecimientos escolares se contrata a acompañantes de alumnos con discapacidad. Son agentes del Estado con contrato y su función consiste en acompañar al niño en los actos de la vida diaria, facilitarle el acceso al aprendizaje y ayudarlo a participar en las actividades de la vida social y de relación.

192.Con respecto al acceso a la enseñanza superior, es posible reexaminar la candidatura si se ha propuesto al candidato un destino que no se adecúa a las necesidades que tiene por su discapacidad. Los establecimientos que dependen del Ministerio de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación reciben asignaciones presupuestarias por un total de 7,5 millones de euros anuales para contribuir a las ayudas específicas concedidas a los estudiantes con discapacidad (217 euros por estudiante en 2019), a los cuales se añaden las cantidades asignadas por los establecimientos en sus propios presupuestos. El Ministerio establece anualmente en una circular los criterios de atribución de los derechos de beca sobre la base de criterios sociales. En ese marco, se otorgan derechos adicionales a los estudiantes con discapacidad cuya formación puede ser más prolongada que la media.

193.Los niños romaníes y los niños migrantes gozan de las mismas garantías de acceso a la educación que cualquier otro niño residente en el territorio francés, regidas por el derecho nacional, así como del conjunto de dispositivos de apoyo a la escolaridad existentes.

194.El Decreto núm. 2020-811, de 29 de junio de 2020, enuncia los justificantes que pueden pedirse en la inscripción en las listas escolares y establece que una declaración jurada bastará para justificar la identidad del niño y de sus representantes legales, así como el domicilio.

195.Los alumnos alófonos recién llegados a Francia son inscritos en una clase ordinaria y pueden gozar de dispositivos de escolarización particulares (las unidades pedagógicas para alumnos alófonos recién llegados – “UPE2A” o “UPE2A-NSA”, no escolarizados anteriormente) que les permiten recibir una instrucción específica adaptada a sus necesidades particulares (aprendizaje intensivo del idioma francés y cursos específicos de matemáticas y lengua viva, entre otras cosas). Entre los alumnos alófonos recién llegados hay dos categorías que necesitan una vigilancia particular debido a su situación de gran precariedad, a saber, los que viven en barriadas de tugurios y los menores no acompañados.

196.Cuando se pone en práctica un dispositivo global de apoyo de la Delegación Interministerial de Alojamiento y Acceso a la Vivienda (DIHAL) para el abandono del barrio de tugurios, el 80 % de los niños están escolarizados, frente al 20 % que lo están sin ese apoyo. La DIHAL ha abierto el acceso a su plataforma digital Résorption bidonvilles a los directores departamentales de los servicios de Educación Nacional (DASEN) y a los centros departamentales de escolarización de los alumnos alófonos y los niños de familias nómadas (CASNAV) para anticipar las necesidades existentes determinando el número de niños que hay en las barriadas de tugurios.

197.La asistencia a los menores no acompañados está a cargo de la Protección Judicial del Menor de Edad, que los confía a la Ayuda Social a la Infancia, encargada de su alojamiento y seguimiento educativo. Esos menores gozan de una acogida específica y de la competencia pedagógica de los CASNAV. Una evaluación de los conocimientos escolares y lingüísticos adquiridos realizada por un docente y una entrevista efectuada por un consejero de orientación-psicólogo en el marco de unidades de acogida permiten formular una propuesta de orientación en función del nivel escolar y del proyecto personal del alumno.

198.Para ofrecer respuestas más adaptadas a las nuevas necesidades pedagógicas (aumento de la proporción de alumnos que han interrumpido su escolaridad durante períodos prolongados o están en situación de analfabetismo), las circunscripciones educativas más afectadas han experimentado dispositivos específicos en la enseñanza secundaria superior para los alumnos en situación de gran precariedad social y fragilidad escolar. Por otra parte, los menores no acompañados de 16 a 18 años deben recibir una formación que les permita volverse socialmente autónomos y abandonar el dispositivo de protección de la Ayuda Social a la Infancia. No obstante, la continuación de sus estudios y su formación suele verse comprometida, cuando cumplen 18 años, por la suspensión de la asistencia que les prestan los organismos sociales.

199.En cuanto a las familias nómadas que se desplazan mucho, los alumnos pueden recibir educación a distancia impartida por el Centro Nacional de Enseñanza a Distancia (CNED). En el año lectivo 2019/20 recibieron ese tipo de educación 10.138 alumnos.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 27 de la lista de cuestiones

200.En virtud del principio de indivisibilidad de la República y de conformidad con los principios de igualdad y no discriminación, Francia no reconoce derecho colectivo alguno a ningún grupo, determinado por una comunidad de origen, cultura, lengua o creencias. Para Francia, los derechos son inherentes al individuo. En ese contexto, no se puede comunicar ningún indicador de seguimiento que mencione el origen.

201.En 2015 se empezó a sustituir el dispositivo de programas de enseñanza de la lengua y la cultura de origen (ELCO). Los programas internacionales de enseñanza de lenguas extranjeras (EILE) sustituyen progresivamente los ELCO y los primeros acuerdos bilaterales relativos a los EILE se firmaron en 2016 y 2017.

202.Dos países que eran nuestros asociados en los ELCO, a saber, Croacia y Serbia, decidieron no integrar el dispositivo de los EILE. Las familias interesadas en la enseñanza del idioma croata o serbio pueden inscribir a sus hijos en el marco asociativo establecido desde hace mucho tiempo por esos países. Los demás países asociados firmaron con Francia un acuerdo bilateral sobre los EILE y se está tramitando la firma de los últimos acuerdos.

203.Desde el año lectivo 2020/2021, el dispositivo vigente es el de los EILE y los idiomas que se imparten son el árabe literario, el italiano, el portugués y el turco.

204.La principal diferencia entre los ELCO y los EILE consiste en que estos últimos son optativos (siempre a elección de la familia) y están abiertos a todos los alumnos, sin distinción de origen y en el marco de programas de enseñanza que se apoyan en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Los EILE se imparten desde el primer año del curso elemental (CE1) hasta el segundo año del curso medio (CM2).

205.La Decisión núm. 2021-818 DC del Consejo Constitucional, de 21 de mayo de 2021, relativa a la Ley de Protección Patrimonial y Promoción de las Lenguas Regionales, establece la inconstitucionalidad de la enseñanza por inmersión en una lengua distinta del francés y de la utilización de signos diacríticos de las lenguas regionales en las partidas de registro civil.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 28 de la lista de cuestiones

206.En 2018, el Ministerio de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación presentó un plan nacional de ciencia que preveía la generalización del acceso abierto a las publicaciones y la estructuración y apertura de los datos en materia de investigación enmarcándose en una dinámica duradera, europea e internacional. Además, el Ministerio publica cada año un barómetro de la ciencia abierta que permite observar y medir la situación y los cambios en materia de ciencia abierta.

207.Un departamento del Ministerio se ocupa de la gestión nacional de la política pública de cultura científica, técnica e industrial, y, más ampliamente, de las relaciones entre los medios científicos y la sociedad. Ese departamento asegura la gestión y el seguimiento de la estrategia nacional de cultura científica por medio del Consejo Nacional de Cultura Científica, administra la financiación de eventos nacionales como la Fiesta de la Ciencia en colaboración con los agentes de la enseñanza superior y la investigación, apoya a las asociaciones nacionales que se dedican a la cultura científica y técnica, y garantiza la supervisión principal o secundaria de los organismos públicos nacionales autónomos que actúan en este ámbito.

208.En materia de igualdad entre mujeres y hombres, desde 2013 el Ministerio gestiona la red de misiones de igualdad de los establecimientos de enseñanza superior e investigación. Esas misiones garantizan la transversalidad y coordinación de las políticas de igualdad aplicadas en sus establecimientos. En octubre de 2020, la red contaba con unas 300 personas. El Ministerio mantiene contactos regulares con ellas, especialmente por medio de la Conferencia Permanente de los Jefes de Misión Igualdad-Diversidad, que cumple una función de coordinación en red y formación. Desde 2014, el Ministerio también organiza las jornadas nacionales de las misiones de igualdad de los sectores de la enseñanza superior y la investigación, que favorecen el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

209.El 17 de mayo de 2021, el Ministerio publicó la nueva guía “Lucha contra el Odio y la Discriminación anti-LGBT+”, cuya finalidad es apoyar a los establecimientos de enseñanza superior e investigación en la aplicación de medidas de prevención, concienciación y lucha contra la LGBT-fobia. En el mismo sentido, en 2020 el Ministerio de Cultura publicó dos guías destinadas a su personal y sus escuelas, a saber, “Acompañamiento para el Cambio de Identidad de Género” y “Lucha contra el Racismo y el Antisemitismo”.

210.La Red de Referentes “Racismo y Antisemitismo” en los establecimientos de enseñanza superior e investigación se estableció en el marco del plan “Gran Movilización de la Escuela por los Valores de la República” de 2015. Actualmente cuenta en los establecimientos con más de 140 especialistas cuya función es informar, prevenir y hacer frente al racismo y el antisemitismo.

211.El Ministerio de Cultura también gestiona una red de referentes de ambos sexos (denominados “responsables de la prevención de la discriminación”) presentes en cada servicio, establecimiento y escuela. Los miembros de esa red, que actualmente son unos 200, se reúnen periódicamente para intercambiar las buenas prácticas entre las distintas estructuras, detectar las carencias y necesidades y presentar los nuevos trabajos y dispositivos. Desde 2020 tienen a cargo nuevas misiones de prevención y lucha contra la violencia sexual y sexista, en virtud de la circular de 30 de noviembre de 2019 relativa a la designación de referentes de ambos sexos en materia de igualdad en la administración pública central.

212.Los trabajos e intervenciones del Ministerio de Cultura en materia de lucha por la igualdad y contra la discriminación y la violencia sexista y sexual se presentan anualmente en la Hoja de Ruta de Igualdad del Ministerio. Esas actuaciones se basan en los datos recogidos en los diferentes sectores de la cultura. Las actuaciones que promueven la igualdad y la diversidad puestas en marcha y fomentadas por el Ministerio de Cultura conciernen e implican a los servicios y establecimientos del Ministerio en colaboración con las colectividades territoriales, el conjunto de las instituciones públicas locales y nacionales que se ocupan de la cultura y la creación, y las empresas de los sectores de la cultura y la creación.

213.En esas escuelas de cultura y creación ya existen o están elaborándose módulos sobre la inclusión y la lucha contra la discriminación. Esos módulos ofrecen una reflexión sobre los estereotipos, un análisis de las representaciones de las mujeres desarrolladas en los repertorios, y elementos de comprensión de los comportamientos, para que las y los estudiantes estén en condiciones de desentrañarlos y, de ser necesario, oponerse a ellos. El Ministerio trabaja también con las editoriales de manuales escolares, agrupadas en la asociación Editores de Educación, para detectar los estereotipos existentes en los textos y las ilustraciones de los manuales.

214.Los ministerios de Cultura, Educación Nacional, Enseñanza Superior e Investigación, Empleo, y Solidaridad y Salud están elaborando conjuntamente un portal editorial accesible acompañado de un plan de digitalización de los libros adaptados no accesibles. El objetivo es aumentar considerablemente el número de libros disponibles para las personas que tienen una discapacidad que les dificulta la lectura. En 2021, junto con las distintas asociaciones y el Comité Interministerial para la Discapacidad, los ministerios competentes acordaron iniciar un estudio, que se publicará a final de año, para dimensionar ese servicio y dejar claros los diferentes escenarios a fin de organizarlo y ponerlo en funcionamiento.

215.En cuanto al “desarrollo” de la cultura, el Ministerio de Cultura y sus agentes se esfuerzan por acelerar la diversificación de las posturas y aptitudes teniendo como objetivo la paridad en las designaciones para los cargos directivos de las instituciones que están bajo su autoridad; apoyando o creando proyectos específicamente destinados a grupos socialmente desfavorecidos en sectores culturales específicos; velando por la igualdad de acceso a los medios de creación y producción; estableciendo cupos, cuando es posible, como el cupo del 30 % de realizadoras vigente en los canales de France Télévisions; y estableciendo el condicionamiento de las ayudas públicas al cumplimiento de los compromisos en favor de la lucha contra la violencia sexual y sexista, que pone freno a la carrera de las mujeres.

216.En el marco de sus atribuciones, el Ministerio de Cultura creó, por iniciativa del Presidente de la República, un nuevo espacio de intercambio y encuentro, una plataforma de servicios denominada “pass Culture”, destinada principalmente a los jóvenes de 18 años. Tras haber sido experimentado en 5 departamentos y luego en otros 14, desde mayo de 2021 se extiende al conjunto del territorio francés metropolitano y también a los territorios de ultramar.

217. Además de eliminar las limitaciones económicas en el acceso a la cultura, el “pass Culture” tiene por finalidad fomentar la diversidad de las prácticas artísticas y culturales y proponer ofertas para cada joven, sin distinción. De hecho, uno de los retos principales del “pass” es llegar a los sectores del público que, por naturaleza, están más alejados de la oferta cultural. Por ejemplo, se llevan a cabo actividades específicas destinadas a los jóvenes de los barrios prioritarios incluidos en la política urbana, los jóvenes de las zonas rurales y los jóvenes con discapacidad. Este dispositivo tiene por objeto acompañar a los adolescentes hacia la autonomía en la elección de las prácticas culturales que permite el “pass Culture”.

218.Desde hace dos años, el Ministerio de Cultura trabaja, junto con la provincia de Quebec, en la noción de “descubrilidad” de los contenidos culturales en línea. En el ámbito digital, la “descubrilidad” de un contenido se refiere a su disponibilidad en línea y su capacidad para ser detectado entre un amplio conjunto de otros contenidos, en particular por las personas que no lo estaban buscando expresamente. Esos trabajos han dado lugar a la elaboración de un proyecto de estrategia conjunta de Francia y la provincia de Quebec que contiene doce propuestas de acción que podrían ponerse en marcha en los dos territorios de manera independiente o coordinada.

III.Buenas prácticas

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 29 de la lista de cuestiones

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 30 a) de las anteriores observaciones finales del Comité (E/C.12/FRA/CO/4)

219.Desde 1987 se celebra cada año, el 17 de octubre, el Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema. En 2020 fue organizado por la asociación ATD Cuarto Mundo, el colectivo “Por un Mundo sin Miseria 2020” y 60 organizaciones francesas, en la Plaza de las Libertades y los Derechos Humanos de la explanada del Trocadero, en París.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 30 b) de las anteriores observaciones finales del Comité

220.El Decreto núm. 2020-764, de 23 de junio de 2020, relativo a las condiciones de adquisición y mantenimiento de los derechos en materia de determinadas prestaciones familiares en el contexto de la epidemia de COVID-19, prevé exenciones temporales y excepcionales de las condiciones de adquisición del derecho al complemento de libre elección del modo de guarda de la prestación de acogida del niño pequeño, así como de determinadas reglas específicas a la adquisición de derechos en materia de prestaciones familiares por los extranjeros.

221.En cuanto comenzó la crisis sanitaria se empezaron a aplicar medidas de apoyo económico urgente a las familias necesitadas. Por ejemplo, la asignación familiar percibida por unos 32 millones de personas se pagó a los beneficiarios a principios de abril de 2020, antes de la fecha habitual, para que las familias necesitadas no se encontraran sin recursos. Para los hogares beneficiarios de la renta de solidaridad activa o de la asignación de solidaridad específica se estableció una ayuda excepcional de solidaridad de 150 euros. Las familias con hijos perciben además 100 euros por hijo menor de 20 años a cargo. Esta prestación se paga automáticamente a 4,1 millones de familias.

222.Para evitar toda interrupción del pago de las prestaciones, los derechos en materia de ingreso mínimo social se prorrogaron tres meses y el reembolso de los pagos indebidos se suspendió indefinidamente. Paralelamente, las familias directamente afectadas por la crisis pueden solicitar una revisión urgente de su situación y sus asignaciones.

223.El cierre de las escuelas, las guarderías y los centros para niños con discapacidad puede representar un costo adicional para las familias, por lo que las autoridades públicas se han comprometido a reembolsar los días de guardería no asegurados desde el comienzo del confinamiento. Los cuidadores familiares que se ocupan del niño a tiempo completo cobran un subsidio diario financiado por la Seguridad Social. Por último, para apoyar a los hogares de los niños a los que no se suministraron comidas debido a la interrupción de los servicios de los comedores escolares, se paga a las familias de los alumnos de 3 a 17 años una ayuda local de 35 euros destinada a los departamentos de ultramar.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 30 c) de las anteriores observaciones finales del Comité

224.Revisar el sistema de otorgamiento de las prestaciones sociales es una meta importante de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza 2018-2022. Para hacer frente a la falta de solicitación y facilitar el acceso a las prestaciones, el Gobierno, entre otras cosas, está apoyando a los beneficiarios de la renta de solidaridad activa y poniendo en marcha una fusión de los ingresos mínimos sociales mediante el proyecto de creación de una renta universal de actividad.

225.Como la reforma de la renta universal de actividad tiene por finalidad beneficiar a la cuarta parte de las familias que viven en Francia, se celebró una consulta pública en el período 2019-2020 y se estableció un jurado ciudadano. Los resultados de esa concertación ya se han publicado, pero, dada la crisis sanitaria, no se ha podido garantizar la continuación de los trabajos. Actualmente se está considerando qué curso dar a la reforma.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 30 d) de las anteriores observaciones finales del Comité

226.Para garantizar la continuidad del acceso a las prestaciones al mayor número de beneficiarios durante la crisis sanitaria de la COVID-19, se establecieron procedimientos simplificados en materia de acceso a las prestaciones sociales (renta de solidaridad activa, prestaciones familiares) y a la salud y la atención médica. Por ejemplo, el sistema de solicitudes de asistencia médica del Estado por vía electrónica implementado durante todo el período de emergencia sanitaria sin la obligación de presentarse personalmente a las cajas primarias de seguro de salud ha facilitado el acceso a las prestaciones de las personas que están en situación irregular según la reglamentación francesa sobre la residencia en Francia y permite disminuir la falta de solicitación.