Distr.GENERAL
E/C.12/KEN/111 de septiembre de 2007
ESPAÑOL
Original: INGLÉS
Período de sesiones sustantivo de 2007
APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Informes iniciales presentados por los Estados Partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto
KENYA*
[7 de septiembre de 2006]
ÍNDICE
Párrafos Página
INTRODUCCIÓN13
I.DOCUMENTO BÁSICO1-183
A.El Territorio y la población1-63
B.Estructura política general7-134
C.Marco jurídico general de protección de los derechos humanos145
D.Autoridades legislativas15-166
E.Información y difusión17-187
II.DISPOSICIONES GENERALES DEL PACTO19-468
Artículo 119-218
Artículo 222-319
Artículo 332-4613
III.REALIZACIÓN DE DERECHOS ESPECÍFICOS A NIVELNACIONAL47-17416
Artículo 647-5516
Artículo 756-6318
Artículo 864-6920
Artículo 970-7321
Artículo 1074-8422
Artículo 1185-13324
Artículo 12134-14435
Artículos 13 y 14145-16938
Artículo 15170-17443
INTRODUCCIÓN
1.El Gobierno de la República de Kenya tiene el honor de presentar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales su informe inicial, de conformidad con el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El informe se ha elaborado de acuerdo con las directrices relativas a la preparación de informes establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
I . DOCUMENTO BÁSICO
A . El territorio y la población
2.Kenya está situado en el África oriental, sobre la línea del Ecuador. Tiene una superficie total de 582.646 km2 y un litoral de 1.000 km al este, sobre el océano Índico. Limita con Somalia al noreste, con Etiopía al norte, con la República del Sudán al noroeste, con Uganda al oeste y con Tanzanía al sur. Atravesando el territorio de Kenya se puede acceder al mar desde Uganda, Rwanda, Burundi y la República Democrática del Congo, sus vecinos sin litoral. Algunas de las regiones de la República Democrática del Congo, que no carece de litoral, no pueden acceder a sus puertos sobre el océano Atlántico, por lo que usan el puerto keniano de Mombasa.
3.La población de Kenya se estima en 32 millones de habitantes y se distribuye entre las zonas rurales de baja densidad demográfica (aproximadamente el 75%) y las zonas urbanas (el 25% restante). La esperanza de vida es de 46,4 años y la tasa de alfabetización de adultos es del 83%. La tasa de mortalidad infantil es de 72 por 1.000 nacidos vivos y la tasa de mortalidad materna es de 590 por 1.000 nacidos vivos, mientras que la tasa de fecundidad es de 4,7. Casi el 50% de la población es menor de 15 años y el 5% es mayor de 65 años. No hay datos fiables sobre el porcentaje de hogares encabezados por mujeres. De acuerdo con las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cifra de personas con discapacidad puede estimarse en el 10% de la población, lo que equivale a 3,2 millones de personas.
4.El idioma nacional es el kiswahili y el oficial es el inglés. Además se hablan muchos otros idiomas locales. Hay 42 grupos étnicos, aunque según los estudios más recientes podría haber hasta 70. Las denominaciones religiosas con mayor número de adeptos son el cristianismo, el islam y el hinduismo, aunque también hay otras religiones minoritarias. La población se dedica sobre todo a actividades como la ganadería y la agricultura, y en las ciudades a empleos en los sectores estructurado y no estructurado.
5.En 2004, las cifras del producto nacional bruto (PNB) y el producto interno bruto (PIB) per cápita fueron de 13 millones y de 320 dólares de los Estados Unidos, respectivamente, y la tasa de crecimiento de la economía fue del 4,3%. La inflación alcanzó una tasa del 11,6% y la tasa de desempleo permanece elevada, aproximadamente en el 40%. La deuda externa asciende a unos 50.400 millones de chelines kenianos (700 millones de dólares a un tipo de cambio de 72 chelines kenianos por dólar). La pobreza sigue impidiendo a muchos kenianos, en especial mujeres y niños, satisfacer sus necesidades básicas y realizar su potencial. En 2004, el 50% de los kenianos vivía con menos de un dólar por día.
6.Kenya ha tropezado con muchos escollos en sus esfuerzos por hacer respetar los derechos sociales, económicos y culturales. Entre ellos cabe mencionar los problemas políticos, sociales y económicos históricos del país, la corrupción y la malversación de recursos, que han supuesto enormes dificultades para el logro de las metas nacionales de reducción de la pobreza. El VIH/SIDA sigue siendo una grave preocupación en los ámbitos de la salud y el desarrollo, junto con el paludismo, que pone en peligro de infección al 70% de la población. La deficiente infraestructura en las zonas con mayor riesgo de epidemia ha impedido una intervención oportuna y el acceso de las personas afectadas a los centros de atención de la salud. Las políticas económicas neoliberales promovidas y apoyadas por las instituciones financieras internacionales también han influido en la capacidad del Gobierno para velar por el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. Valgan como ejemplo claro el programa de ajuste estructural y la reducción de la nómina de empleados públicos y la recesión e inestabilidad económicas prevalecientes en los años noventa.
B . Estructura política general
7.Kenya se independizó de Gran Bretaña en 1963 y ha ido evolucionando hasta constituirse en una democracia multipartidaria. En 1991 se enmendó la Constitución, tras 28 años de régimen de partido único, y en 1992 se celebraron las primeras elecciones con participación de varios partidos. El partido de la Unión Nacional Africana de Kenya (KANU) ganó las primeras elecciones (1964) y se mantuvo en el poder durante 39 años tras vencer en ocho elecciones generales. Por primera vez en 2002, la KANU fue derrotada en las elecciones generales por la Coalición Nacional Arco Iris (NARC) que agrupa a 14 partidos políticos. Este cambio hacia un sistema multipartidario representó una transición política que requirió una reestructuración constitucional fundamental, encaminada a transformar el aparato del Estado para que sirviera no a la represión y la explotación, sino al desarrollo y la modernización de África. Han resurgido las esperanzas de que, con el proceso de cambio político, se restablezca la buena gobernanza y mejoren las relaciones con los donantes bilaterales y multilaterales, con el consiguiente aumento de las posibilidades de realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Así podría resumirse la evolución política y constitucional, de la colonización a un régimen multipartidario de facto a uno multipartidario de jure.
8.La actual Constitución de Kenya establece la separación de los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
9.Según el artículo 30 del capítulo III de la Constitución, el Parlamento de Kenya será el órgano legislativo de la República, y estará integrado por el Presidente y la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional representa a 210 distritos electorales de las 8 provincias, integrados por miembros elegidos en las elecciones nacionales, designados o nombrados de oficio. El Presidente del Parlamento es elegido por los miembros del Parlamento. El Parlamento consta de 210 miembros elegidos, 12 miembros designados y 2 miembros nombrados de oficio, a saber el Fiscal General y el Presidente. Los candidatos al nombramiento de miembros del Parlamento son seleccionados de los partidos parlamentarios, de acuerdo con el criterio de la representación de cada uno, por los miembros elegidos a la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta el principio de la igualdad entre los géneros. Así lo dispone el artículo 33 de la Constitución.
10.El Presidente está al frente del poder ejecutivo, de acuerdo con el capítulo II de la Constitución. Designa al Vicepresidente y a los ministros entre los miembros elegidos del Parlamento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. El poder ejecutivo actúa por conducto de un gabinete, constituido por el Presidente, el Vicepresidente y los ministros, que asiste y asesora al Presidente en el Gobierno de la República.
11.Para frenar los posibles excesos del Gobierno, el párrafo 3 del artículo 17 de la Constitución dispone que el gabinete rendirá cuentas colectivamente ante el Parlamento por todos los actos emanados de la autoridad del Presidente o del Vicepresidente, o de cualquiera de los ministros en el ejercicio de sus cargos.
12.El capítulo IV de la Constitución regula la actuación del poder judicial, tercer poder del Estado. El artículo 60 establece el Tribunal Superior, con facultades de registro y jurisdicción original ilimitada en materia civil y penal. El artículo 64 establece que el Tribunal de Apelaciones será el Tribunal Supremo del país. Es la instancia de apelación contra las decisiones del Tribunal Superior. No tiene jurisdicción original en ninguna materia, salvo las causas por desacato a los tribunales.
13.Al frente del poder judicial se encuentra el Presidente del Tribunal Superior, asistido por los jueces y los magistrados. Según el artículo 65 de la Constitución, el Parlamento tiene la potestad de establecer tribunales subordinados al Tribunal Superior, con la jurisdicción y las facultades definidas por la ley correspondiente. En sendas leyes se crearon los tribunales de primera instancia y los tribunales islámicos. Estos últimos conocen de los asuntos de derecho de las personas concernientes a los fieles de la religión islámica.
C . Marco jurídico general de protección de los derechos humanos
14.El Tribunal Superior de Kenya tiene jurisdicción para conocer de casos de violación de los derechos y las libertades fundamentales y adoptar decisiones al respecto. Toda denuncia relativa a los derechos económicos, sociales o culturales se trataría como una violación de los derechos fundamentales y sería de la competencia del Tribunal Superior. Toda persona que denuncie una violación de sus derechos fundamentales que haya ocurrido, esté ocurriendo o pueda ocurrir podrá pedir una reparación ante el Tribunal Superior. El Tribunal Superior tiene jurisdicción original para conocer de la demanda y resolverla, y podrá dictar la orden u ordenar el remedio correspondiente (según el artículo 84 de la Constitución, sin resaltar en el original). La Carta de Derechos de la Constitución vigente no ha previsto los derechos económicos, sociales y culturales, por lo que los tribunales han estado remisos a pronunciar sentencias que promuevan y protejan esos derechos. Sin embargo, se procuró solucionar este problema mediante el proyecto de constitución de Kenya (2004) que incluía una Carta de Derechos integral en virtud de la cual la protección de los derechos económicos, sociales y culturales podía invocarse ante los tribunales. El proyecto de constitución fue rechazado por el 57% de los votantes en el referendo constitucional celebrado el 21 de noviembre de 2005. Se espera que en un futuro proceso de revisión constitucional los derechos económicos, sociales y culturales pasen a formar parte de la Carta de Derechos de Kenya. No se cuestionaban esos derechos, sino la cuestión de la disponibilidad de recursos. El proceso de revisión constitucional está en marcha. En otras normas, como la Ley sobre la infancia y la Ley de ordenamiento y coordinación ambiental, se reconocen algunos derechos económicos y sociales.
D. Autoridades legislativas
15.El Parlamento de Kenya está facultado para aprobar leyes de promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Las instituciones administrativas encargadas de la protección y la promoción de los derechos humanos son las siguientes:
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (establecida por ley), órgano oficial independiente creado para promover y proteger los derechos humanos, y aplicar políticas y dirigir actividades en la materia.
La Comisión Nacional de Igualdad de Género y Desarrollo (establecida por ley), encargada de promover políticas y programas de desarrollo sostenible en los que se tengan en cuenta las cuestiones de género. Ayuda a elaborar programas y políticas, en procura de una mayor eficiencia en la utilización de los recursos para el desarrollo sostenible.
El Departamento de Gobernanza y Ética, dirigido por un Secretario Permanente que también entiende en los casos de corrupción. Depende de la Oficina de la Presidencia, investiga los casos de mala administración y mala gobernanza, y asesora al Gobierno al respecto. Desde que renunció el primer titular, Sr. John Githongo, no se ha nombrado un sustituto, pero su cargo sigue existiendo, de acuerdo con la circular de la Presidencia que lo creó. Cabe destacar los esfuerzos que ha desplegado este Departamento para acabar con la corrupción mayor.
La Comisión de Lucha contra la Corrupción de Kenya (establecida por ley). La lucha contra la corrupción es pertinente en la medida en que afecta al ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Preocupa que la corrupción desvíe recursos que deberían volcarse al reconocimiento de los derechos y a la prestación de servicios. La Comisión desempeña un importante papel en la lucha contra la corrupción en Kenya.
La Comisión de Reforma Legislativa de Kenya (establecida por ley) con el mandato de examinar todas las demás leyes de Kenya para eliminar las anomalías y las normas obsoletas e innecesarias y, en general, simplificarlas y modernizarlas.
El Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, con el mandato legal de impulsar el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover la equiparación de oportunidades.
16.Los tratados internacionales no se consideran parte de las leyes de Kenya. Ni los tribunales ni las autoridades administrativas pueden aplicarlos directamente si la legislación interna es insuficiente. Un tratado no pasa a formar parte automáticamente del derecho de Kenya tras su ratificación por el país, porque de esa manera la ley podría modificarse sin la aprobación parlamentaria, lo que sería contrario al principio constitucional básico de que sólo en el Parlamento reside la función legislativa. El país emplea el criterio dualista respecto de la aplicación de tratados y rechaza todo efecto interno directo de los tratados internacionales sin la aprobación legislativa correspondiente. Sin embargo, los tribunales interpretan las leyes de Kenya de modo que no entren en conflicto con los tratados en que el país es Parte y, en la práctica, tras la ratificación se implantan estructuras jurídicas y administrativas para apoyar esos instrumentos. No es fácil aplicar los tratados y convenciones en Kenya porque el criterio dualista exige que el Parlamento les reconozca la aplicabilidad en el derecho interno antes de ser aplicados en el país, aunque hayan sido ratificados. La ratificación de los tratados compete al poder ejecutivo. Sin embargo, mediante determinadas prácticas administrativas e institucionales se han aplicado algunos de los tratados y convenciones, por ejemplo, al establecer el departamento y la comisión de cuestiones de género. El problema del criterio dualista se habría solucionado en el proyecto de constitución, que establecía la aplicación directa del derecho internacional en Kenya. Las propuestas siguen pendientes y se incluirán en el proceso en curso de revisión constitucional.
E . Información y difusión
17.La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya se estableció por ley en 2002 con la función de coordinar todas las actividades en la esfera de los derechos humanos. Conforme a su estatuto, es un órgano independiente y autónomo, con un mandato amplio de protección y promoción de los derechos humanos. En la práctica, es un organismo semiautónomo, y el Gobierno no tiene injerencia en sus actividades; tiene independencia operacional aunque no financiera. La Comisión se ha abocado a la formación de los funcionarios de la administración pública y a la sensibilización del público en general en materia de derechos humanos. Se concentra en cinco objetivos estratégicos, el fundamental de los cuales es aumentar las oportunidades de realización de los derechos económicos, sociales y culturales, para lo cual ha venido llevando a cabo las siguientes actividades:
Programas de lucha contra la miseria y la explotación;
Vigilancia y aplicación de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) y de estrategias de recuperación económica;
Elaboración de propuestas de políticas para mejorar los medios de subsistencia de la población pobre;
Vigilancia de las variaciones presupuestarias, incluso desde una perspectiva de género;
Vigilancia de la satisfacción de las necesidades básicas y el respeto de los derechos básicos, por ejemplo, el derecho a la educación, a la atención de la salud y al acceso a los medicamentos contra el VIH/SIDA;
Vigilancia de los niveles y las prácticas de la corrupción;
Vigilancia del respeto de las normas del derecho laboral por los organismos oficiales y las empresas comerciales; y
Celebración de debates, investigaciones y campañas sobre temas concretos relacionados con los derechos sociales y económicos y las cuestiones de género.
Cabe señalar que todas las demás instituciones administrativas creadas por ley que se mencionan en el párrafo 16 llevan a cabo actividades de difusión y concienciación en el ámbito de sus mandatos.
18.Kenya no ha presentado un informe adecuado ni completo desde que se incorporó al Pacto en 1976 por numerosas razones, en especial las diversas dificultades de índole política, social y económica que han afectado al país en los últimos 30 años. Efectivamente, el país no tenía un régimen político que favoreciera la cultura de los derechos humanos y, durante la transición del régimen unipartidario a la democracia multipartidaria, se enfrentaron grandes dificultades.
II . DISPOSICIONES GENERALES DEL PACTO
Artículo 1
19.Kenya reconoce el derecho de todos los pueblos a la libre determinación, y el respeto de este derecho constituye uno de los pilares de la política exterior del país. Es signatario de la Carta de las Naciones Unidas y otros tratados y convenciones internacionales, y suscribe plenamente los principios de la independencia de las naciones, la primacía de los derechos humanos y la igualdad entre los Estados. En toda su historia de país independiente, Kenya ha defendido incondicionalmente los principios de la libre determinación de los pueblos. Por lo tanto, en sus relaciones con otros Estados y en las organizaciones internacionales, ha condenado toda injerencia extranjera en los asuntos internos de un país. Basándose en ese principio, Kenya participa activamente en el proceso de promoción de la paz y la democracia en el África oriental y central. En su política exterior, ha reconocido y sigue reconociendo la libre determinación de todos los pueblos. Este principio se ha incorporado a la política exterior actual del Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular, Kenya ha ayudado a promover la libre determinación del pueblo del Sudán participando activamente en el proceso de paz y también ha ayudado a Somalia a establecer un gobierno de transición por conducto de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD).
20.En las Naciones Unidas, Kenya ha mostrado un profundo y sincero respeto por el principio de la libre determinación, apoyando constantemente las resoluciones de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Consejo de Seguridad en que han expresado su condena a la injerencia en los asuntos internos de otro país, la invasión extranjera, la ocupación y el colonialismo, han dispuesto medidas para ponerles fin y han exigido el respeto del derecho de los pueblos a elegir su propio gobierno y defender su soberanía. En ese espíritu, Kenya ha apoyado al Secretario General en sus esfuerzos para solucionar estos problemas mediante el arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos. Fiel al reconocimiento del derecho a la libre determinación de todos los pueblos, Kenya reconoció al Sáhara Occidental como República, de conformidad con los principios de la Unión Africana, y votó a favor del reconocimiento del Sáhara Occidental en la Unión Africana. El Sáhara Occidental tiene relaciones diplomáticas con Kenya y una embajada en el país. En principio, en las Naciones Unidas Kenya vota a favor de la libre determinación, incluso respecto de la cuestión de Palestina.
21.En lo que respecta a la libre determinación interna, Kenya tiene un Gobierno centralizado, pero muchas decisiones sobre el bienestar político, social y económico de las comunidades se adoptan a nivel local. En la ciudad de Nairobi y en otras ciudades hay un Concejo Municipal, mientras que en los distritos rurales hay Concejos de Condado. Si bien el sistema de gobierno es unitario y centralizado, el Estado tiene presencia a nivel local y se envían fondos a las comunidades. El Gobierno local tiene por objeto representar a la población y debería reflejar su voluntad y sus deseos en los asuntos del desarrollo. La Ley de Gobierno local establece el marco de gobernanza local y regula la actuación de instituciones como los Concejos Municipales de los diferentes centros urbanos y los Concejos de Condado. Los Concejos están integrados por representantes elegidos por la población de las circunscripciones políticas y administrativas más pequeñas. Estas estructuras permiten descentralizar la adopción de decisiones. Los fondos de transferencia a las autoridades locales son asignados por el Gobierno central a estas autoridades, que los distribuyen y administran en beneficio y para el bienestar de los residentes. Entre otros programas oficiales que propician el respeto del derecho a la libre determinación de la población y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales cabe mencionar el fondo para el desarrollo de las circunscripciones (creado por la ley correspondiente), el fondo para la lucha contra el VIH/SIDA administrado por el Consejo Nacional de Lucha contra el SIDA, el fondo de becas de los distritos, y el fondo de la Junta de Infraestructura Vial de Kenya.
Artículo 2
22.La Constitución de Kenya garantiza la aplicación de la Carta de Derechos sin excepciones ni discriminación por motivos de creencias, color, sexo, religión, origen u otros (art. 82). Toda persona que considere violados sus derechos amparados por la Constitución puede solicitar una reparación. Sin embargo, el derecho a votar y a impugnar las elecciones presidenciales, parlamentarias o de las autoridades locales está reservado a los ciudadanos. El párrafo 4 del artículo 82 de la Constitución prevé las siguientes excepciones al principio de la no discriminación:
En relación con los no ciudadanos;
En relación con la adopción, el matrimonio, el divorcio, el entierro, la devolución de bienes tras el fallecimiento o los asuntos de derecho de las personas;
En relación con la aplicación a los miembros de determinada raza o tribu del derecho consuetudinario respecto de un asunto con exclusión de toda ley relativa a ese asunto aplicable al caso de otra persona; o
En relación con una persona de las características mencionadas afectada de una discapacidad o restricción, beneficiaria de un privilegio o ventaja que, teniendo en cuenta su carácter y sus circunstancias especiales, puede justificarse razonablemente en una sociedad democrática.
Durante mucho tiempo se han estado desplegando esfuerzos para revisar la Constitución de Kenya, que culminaron en un proyecto de constitución. El proyecto contenía amplias disposiciones sobre la cuestión de la discriminación y todos los demás derechos y una carta de derechos muy amplia. Fue rechazado por el 57% de los votos emitidos en el referendo constitucional celebrado el 21 de noviembre de 2005. Cabe destacar que el proceso de redacción de un proyecto de constitución sigue en marcha.
23.Los derechos económicos, sociales y culturales no están expresamente protegidos en la Constitución de Kenya, aunque podían invocarse ante los tribunales en el proyecto de constitución. Sin embargo, el Gobierno hace todo lo posible por respetarlos, protegerlos, promoverlos, cumplirlos y garantizarlos, y se recogen en nuestro marco legislativo en diversas leyes, como se verá al analizar cada derecho. Las dificultades económicas han impedido al país garantizar el reconocimiento de estos derechos en pie de igualdad a los kenianos y los no kenianos. Por ejemplo, de acuerdo con la Ley de inmigración y la Ley de restricción de las actividades de los extranjeros (capítulos 172 y 173, respectivamente, de la Recopilación de leyes de Kenya) los no kenianos no gozan plenamente del ejercicio de los derechos reconocidos en el Pacto, como el derecho al trabajo. Cabe mencionar la corrupción como una dificultad y un obstáculo para el reconocimiento de los derechos, y como un impedimento para el crecimiento económico y la erradicación de la pobreza. No obstante, el Gobierno ha implantado medidas administrativas y legales para luchar contra la corrupción, una de las cuales ha sido establecer la ya mencionada Comisión de Lucha contra la Corrupción de Kenya.
24.Los derechos socioeconómicos de los más de 240.000 refugiados que se encuentran en Kenya están limitados únicamente en una medida que se ajusta a las disposiciones del Convenio de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, el Protocolo de 1967 relativo al Estatuto de los Refugiados y la Convención de la Organización de la Unión Africana (OUA) de 1969 que regula los aspectos específicos de los problemas de los refugiados en África. Estudia el Parlamento un proyecto de ley sobre los refugiados que, una vez promulgado, definirá un marco jurídico e institucional que facilitará el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales por los refugiados, de conformidad con las obligaciones que impone a Kenya el derecho internacional. Aunque el proceso de aprobación del proyecto de ley sobre los refugiados de Kenya ha sido largo y tortuoso, el país está empeñado en aprobar esa ley. Desde 1994 se han hecho esfuerzos para aprobar la Ley sobre los refugiados de Kenya. La cuestión presenta varias dificultades, como la de alcanzar el equilibrio entre los intereses nacionales y los internacionales, especialmente sobre la cuestión del asilo y la inseguridad causada por la presencia de refugiados y la permeabilidad de las fronteras internacionales. El Gobierno está haciendo lo posible para registrar a los refugiados para que puedan trabajar y realizar actividades comerciales en los centros urbanos.
25.La política de campamentos de Kenya exige que los refugiados vivan en zonas delimitadas por razones ambientales, de seguridad y de recursos, salvo los casos especiales en que puede permitírseles vivir en zonas urbanas, fuera de los campamentos. Los refugiados de Kenya viven en dos campamentos, Kakuma y Dadaab. La ayuda de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) les permite disfrutar de sus derechos básicos a la alimentación, la vivienda y el vestido. Sin embargo, los servicios no se prestan en la medida suficiente porque los recursos son escasos en relación con el número de refugiados. La función del Gobierno es más de facilitador que de proveedor de servicios. El Gobierno presta ciertos servicios a la población de refugiados, como de seguridad física y de infraestructura. El Ministerio de Inmigración tiene un departamento encargado de los refugiados.
26.Como parte del proceso de revisión constitucional en marcha, se ha redactado un proyecto de constitución. En la Carta de Derechos del proyecto de constitución de Kenya de 2004 se consagraron los derechos económicos, sociales y culturales. Todos esos derechos se garantizan sin discriminación, salvo los siguientes, reconocidos sólo a los ciudadanos: el derecho a acceder a la información en posesión del Estado o de otra persona, necesaria para el ejercicio o la protección de cualquier derecho o libertad (apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 51). Aunque el proyecto fue rechazado al ser sometido a referendo, la Carta de Derechos no estaba en discusión, por lo que es probable que sea aprobada en la futura constitución nacional.
27.Además, el proyecto de constitución dispone la realización progresiva de los derechos conforme haya recursos disponibles. De acuerdo con el párrafo 5 del artículo 29 del proyecto de constitución, cuando se plantea una cuestión en relación con la interpretación y el reconocimiento de determinado derecho o libertad, si el Estado aduce que no tiene recursos para garantizar el reconocimiento de ese derecho o libertad, todo órgano, juzgado, tribunal o foro del Estado se guiará por los principios siguientes:
El Estado es responsable de demostrar que no hay recursos disponibles;
Al asignar recursos, el Estado está obligado a dar prioridad a la garantía del disfrute más amplio posible del derecho, teniendo en cuenta las circunstancias imperantes, en especial la vulnerabilidad de los grupos o individuos que denuncian la violación de su derecho; y
Ningún juzgado, tribunal ni comisión de derechos humanos y justicia administrativa podrá interferir en una decisión de un órgano del Estado relativa a la asignación de los recursos disponibles, únicamente basándose en que el juzgado, tribunal, foro o comisión habría determinado una contribución diferente.
Esta propuesta sigue estando en el proyecto, hasta que se apruebe una nueva constitución que incorpore estos derechos.
28.Los derechos económicos, sociales y culturales no pueden invocarse de por sí ante los tribunales de justicia, ya que no están consagrados en la Constitución, de acuerdo con el artículo 84 referido al reconocimiento de derechos. No obstante, puede solicitarse al tribunal que se haga respetar un derecho reconocido en el marco legislativo vigente.
29.Además, como parte del proceso de revisión constitucional en marcha, cabe señalar que, en el proyecto de constitución de 2004, la Carta de Derechos contenía artículos específicos sobre las necesidades de algunos grupos vulnerables, como los ancianos, los jóvenes, los niños, la familia y los grupos minoritarios y marginados. Como ya se mencionó, aunque el proyecto fue rechazado en el referendo, la Carta de Derechos no despertaba controversia y probablemente se incorpore en su redacción actual en una constitución. Además, el proyecto se redactó después de recabar la opinión de una amplia diversidad de sectores de la población, que en su mayoría creían que debería reforzarse la Carta de Derechos incluyendo estos derechos.
30.Aunque queda mucho por hacer, Kenya ha tomado medidas importantes para promover la realización progresiva de los derechos protegidos en el Pacto, a pesar de que la Carta de Derechos vigente no contiene disposiciones expresas sobre los derechos económicos, sociales y culturales que pueden invocarse ante la justicia. Cabe mencionar las medidas siguientes:
Introducción de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria en enero de 2003. Además, se asignó a las escuelas una suma de 2.000 chelines kenianos (unos 25 dólares de los Estados Unidos) por niño y 10.000 chelines kenianos (140 dólares) para adaptar las escuelas a las necesidades de las personas con discapacidad.
Reducción de la prevalencia nacional del VIH del 13,6% en 2002 a cerca del 7% en 2004. Diversas medidas implementadas por el Gobierno contribuyeron a este cambio positivo, como la declaración de la epidemia de VIH/SIDA desastre nacional y la lucha implacable, concertada y bien coordinada contra la pandemia por todos los interesados y, en particular, por el Gobierno con la ayuda de los colaboradores para el desarrollo. Para liderar la lucha contra el VIH/SIDA, el Gobierno estableció el Consejo Nacional de Lucha contra el SIDA y el propio Presidente puso en marcha la campaña. Se han establecido, incluso a nivel local, centros de pruebas y consultas voluntarias. La reducción de la prevalencia del VIH/SIDA en Kenya ha sido el resultado de la acumulación de los efectos de las diversas medidas.
Introducción del Fondo para el desarrollo de las circunscripciones para acelerar el desarrollo rural y de las bases mediante el alivio de la pobreza en las zonas rurales. Ha sido establecido por la Ley del fondo para el desarrollo de las circunscripciones de 2003. De acuerdo con el párrafo 1 del artículo 4 de la ley, el 2,5% de los ingresos regulares que el Estado recauda en un ejercicio financiero y toda suma que ingrese al Comité Nacional de cualquier otra fuente se destina a este fondo, que aumenta en proporción con el aumento de los ingresos. Los recursos de que dispone el Programa del fondo se distribuyen de forma equitativa, pues cada distrito recibe un monto idéntico. Existe también el fondo de lucha contra la pobreza, que nunca se reduce aunque haya recesión económica. También hay programas básicos de lucha contra la pobreza en el proceso presupuestario que están protegidos de toda reducción del presupuesto.
Promulgación de legislación para facilitar la realización progresiva de los derechos socioeconómicos de todos sin distinción. La legislación promulgada o pendiente incluye el proyecto de constitución de Kenya (2004), fundado en la justicia socioeconómica; la Ley sobre las personas con discapacidad; el proyecto de ley sobre los refugiados; el proyecto de ley sobre los bienes matrimoniales, que perdió vigencia pero volverá a presentarse al Parlamento; el proyecto de ley de empleo; y el proyecto de ley sobre la igualdad entre los géneros, que fue rechazado por el Parlamento pero volverá a presentarse junto con muchos otros proyectos de ley.
31.Kenya participa en la cooperación para el desarrollo y, en ese marco, el Gobierno y sus colaboradores para el desarrollo (entre ellos los donantes multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea (UE), las Naciones Unidas, el USAID y donantes bilaterales) suman sus recursos para promover la educación, la salud, las reformas jurídicas, la lucha contra la pobreza y la vivienda. Algunos ejemplos al respecto son la financiación de la enseñanza primaria gratuita y los proyectos de mejoramiento de los barrios marginales urbanos. De resultas de esa cooperación surgen programas en diversos ámbitos, como la lucha contra el VIH/SIDA, el agua y el saneamiento, la alimentación, las reformas en materia de gobernanza, justicia y legislación, el mejoramiento de los asentamientos informales urbanos y el programa de reforma del régimen penitenciario.
Artículo 3
32.El Gobierno de Kenya ha demostrado preocupación por el bienestar y las necesidades especiales de la mujer. Gracias a la participación del país en la primera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en México en 1975, se puso en marcha el proceso que condujo al establecimiento de la Oficina de la Mujer en el Ministerio de Cultura y Servicios Sociales en 1976, lo cual equivalió a reconocer a las mujeres como un sector de la población con necesidades especiales que requerían particular atención. Se encargó a la Oficina de la Mujer la promoción de los asuntos de la mujer, en especial la formulación, vigilancia, y evaluación de políticas, y la coordinación de las iniciativas y los programas oficiales para la mujer, la reunión y el análisis de la información desglosada por género, y la información y el apoyo a las ONG y las organizaciones de mujeres y otros interesados, así como el establecimiento de enlaces con ellos. No puede subestimarse el papel de la sociedad civil en la realización de los derechos de la mujer. La sociedad civil, por conducto de la intensa actividad de diversas ONG, ha garantizado la realización de esos derechos mediante una labor incesante de cabildeo y promoción de derechos, que ha culminado en diversas iniciativas oficiales de incorporación de la perspectiva de género.
33.El Gobierno reforzó la estructura de los derechos de la mujer al establecer la Comisión Nacional de Igualdad entre los Géneros y Desarrollo en noviembre de 2004 y al elevar a la Oficina de la Mujer a la categoría de Departamento de Género del Ministerio de Asuntos de Género, Deportes, Cultura y Servicios Sociales en diciembre de 2004. Esas entidades promueven la incorporación de las cuestiones de género en todos los demás ministerios del Gobierno. Además, formulan programas y asesoran sobre el establecimiento y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales que promueven la igualdad entre los géneros en todas las esferas de la vida y, en particular, en la enseñanza, el empleo y el acceso a las instituciones nacionales. El problema reside en que la Comisión de Igualdad de Género se enfrenta a diversas dificultades, de las cuales la escasez de recursos es la más grave.
34.El Gobierno elaboró el proyecto de política nacional sobre el género y el desarrollo en el entendido de que, sin un marco general coherente e integral que orientara a los diversos sectores y órganos dedicados a promover el desarrollo, podrían seguir perdiéndose enormes recursos, a menos que en las principales actividades de desarrollo se tuvieran en cuenta las cuestiones de género. El objetivo general de la política de género y desarrollo es facilitar la incorporación de las necesidades y preocupaciones de los hombres y las mujeres en todas las esferas del proceso de desarrollo del país. La política se centra en las siguientes esferas críticas: la economía, la pobreza y los medios de subsistencia sostenibles, el derecho, la participación política y la adopción de decisiones, la enseñanza y la capacitación, la salud y la población, los medios de difusión, el marco de aplicación de políticas y la movilización de recursos. La política de género elaborada para ayudar al Gobierno a integrar la perspectiva de género podrá implementarse una vez examinada en el Parlamento.
35.El Gobierno ha presentado el Documento de política Nº 5 de 2005 con un marco para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, la planificación y la ejecución de programas. El Documento se aprobó en reconocimiento de que las iniciativas relativas al proceso de desarrollo afectan de manera diferente a los hombres y las mujeres. La Comisión Nacional de Igualdad de Género y Desarrollo, como se ha dicho en el párrafo 33, se ha establecido y está comenzando a funcionar. Su objeto es coordinar y facilitar la incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo nacional y asesorar al Gobierno en todos los aspectos pertinentes.
36.Muchas ONG dedicadas a promover la igualdad entre los géneros en el país complementan la labor del Gobierno en este campo. El Gobierno apoya y alienta el trabajo de las ONG en los ámbitos del desarrollo, la reducción de la pobreza, el VIH/SIDA y la infraestructura.
37.El número de mujeres con un empleo remunerado aumentó de 503.400 en 2002 a 511.100 en 2003, en un total nacional de 1.727.600 empleados. Sin embargo, en la práctica la participación de la mujer en las actividades tradicionalmente reservadas a los hombres ha seguido siendo baja. En 2001, la población empleada era de 495.200 mujeres y 1.176.300 hombres, con lo que la participación de la mujer en el sector del empleo moderno era del 29,5%.
38.En 2003, la mayoría de las mujeres empleadas en el sector moderno (58,2%) trabajaban en la comunidad y en servicios sociales y personales.
39.Realizar la igualdad entre los géneros suscita dificultades. Sólo 18 de los 222 miembros del Parlamento son mujeres. Las leyes electorales de Kenya no establecen discriminaciones basadas en el sexo y permiten a los hombres y las mujeres mayores de edad votar y postularse a cargos públicos. Cabe señalar que el 52% de los votantes son mujeres. Sin embargo, los valores y actitudes predominantes en la población fomentan la tendencia de la mujer a rehuir los cargos electivos. Las otras razones que explican el número relativamente bajo de mujeres que acceden a cargos electivos son la pobreza, la cultura y la violencia basada en el género. Se han adoptado diversas iniciativas, como el proyecto de ley sobre la igualdad ya mencionado, para equiparar la situación de los hombres y las mujeres. El Gobierno ha tomado medidas para abordar las desigualdades en las instituciones de enseñanza y de capacitación, para que se respete el derecho a la información. Otras iniciativas del Gobierno han sido la reforma constitucional de 1997, que establece la obligación de los partidos políticos de tener debidamente en cuenta a las mujeres al presentar los candidatos que, en proporción a sus miembros elegidos, podrán ser nombrados entre los 12 miembros especiales del Parlamento. Se insta encarecidamente a todos los partidos a presentar mujeres. El Gobierno y el oficialismo actuaron en consecuencia tras las elecciones de 2002, pues la mayoría de sus candidatos a miembros nombrados del Parlamento fueron mujeres.
40.La Constitución de Kenya prohíbe la discriminación basada en el sexo. Reconoce al derecho consuetudinario para la determinación de los asuntos relativos a la adopción, el matrimonio, el divorcio, y el entierro, la devolución de bienes tras el fallecimiento u otros asuntos de derecho de las personas. Este reconocimiento del derecho consuetudinario supone aceptar determinadas prácticas que, en algunos casos, son discriminatorias por naturaleza. El carácter discriminatorio de las leyes consuetudinarias de África se refleja en los derechos hereditarios y los derechos de propiedad de la mujer. Cabe señalar que los tribunales han sido muy proactivos a la hora de declarar los derechos de la mujer sobre los bienes, en materia de matrimonio, sucesión u otras situaciones. Otros sistemas de derecho de las personas son a veces discriminatorios, como el derecho islámico y las prácticas conexas. Los aspectos culturales en que se basa el derecho consuetudinario siguen planteando dificultades en cuanto a la realización de los derechos de los grupos marginados, especialmente las mujeres y los niños. El Gobierno está trabajando, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, con miras a eliminar esos prejuicios, por ejemplo mediante la revisión de la legislación a cargo de la Comisión de Reforma Legislativa de Kenya y la formación permanente de los funcionarios del sistema judicial.
41.El artículo 5 de la Ley sobre la infancia de 2001 establece que ningún niño será discriminado por motivos de origen, sexo, religión, credo, costumbres, idioma, opinión, conciencia, color de la piel, nacimiento, condición social, política, económica o de otro tipo, raza, discapacidad, tribu, residencia o vinculaciones sociales. No obstante, la ley no atiende adecuadamente la situación de los niños nacidos fuera del matrimonio.
42.Como parte del proceso de revisión constitucional en marcha, de acuerdo con el proyecto de constitución, la mujer y el hombre tienen derecho a un mismo trato en virtud del artículo 37, lo cual comprende la igualdad de oportunidades en las actividades políticas, económicas, culturales y sociales. La mujer y el hombre tienen el mismo derecho a heredar, y a tener bienes y administrarlos. El proyecto prohibió que en virtud de una ley, costumbre o tradición se menoscabara la dignidad, el bienestar, los intereses o la condición de la mujer o el hombre. Además, concretamente dispuso la protección de la mujer y sus derechos, teniendo en cuenta su condición singular y su natural papel de madre en la sociedad. Asimismo, estableció la obligación del Estado de disponer de instalaciones y ofrecer oportunidades razonables para que la mujer gozara de bienestar y pudiera alcanzar su pleno potencial y desarrollo. Sin embargo, el proyecto fue rechazado en el referendo, por lo que serán necesarios esfuerzos adicionales para que estos logros se incorporen en una futura constitución.
43.En otro orden, el artículo 38 del proyecto de Constitución dispuso la protección de los miembros de edad más avanzada de la sociedad y estableció la obligación del Estado de adoptar medidas legislativas y políticas para garantizar el respeto de los siguientes derechos de esas personas:
Participar plenamente en los asuntos de la sociedad;
Atender a su desarrollo personal;
Liberarse de toda forma de discriminación y abuso;
Vivir en condiciones de dignidad y respeto;
Conservar su autonomía social y política; y
Recibir una ayuda razonable de su familia en el marco del Estado.
44.El Gobierno también reconoce que las personas con discapacidad son vulnerables y a veces son tratadas como seres asexuados. En tal sentido, en el artículo 11 de la Ley sobre las personas con discapacidad promulgada en 2003, se establece la obligación del Estado de tomar las medidas que estén a su alcance dentro de los límites de los recursos disponibles con miras a lograr la plena realización de los derechos de las personas con discapacidad. Además, el artículo 42 del proyecto de constitución garantiza a las personas con discapacidad el derecho a gozar de todos los derechos y libertades reconocidos en la Carta de Derechos, y a ser participantes plenos de la sociedad.
45.El proyecto de constitución también dispone que en las medidas legislativas y normativas deberán adoptarse disposiciones especiales en atención a las mujeres con discapacidad. Se ha establecido el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad con el mandato de vigilar la aplicación de la Ley sobre las personas con discapacidad, coordinar y facilitar la equiparación de oportunidades para estas personas, y asesorar al Gobierno en la incorporación de las cuestiones relativas a la discapacidad en todos los aspectos del desarrollo socioeconómico.
46.El Gobierno trabaja en estrecha cooperación con las organizaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad para promover la equiparación de oportunidades. Se ha redactado una política en materia de discapacidad y se ha establecido un comité directivo nacional integrado por representantes del Gobierno y la sociedad civil para vigilar la incorporación de las cuestiones relativas a la discapacidad en las diversas esferas.
III . REALIZACIÓN DE DERECHOS ESPECÍFICOS A NIVEL NACIONAL
Artículo 6
47.La política actual del Gobierno consiste en crear 500.000 puestos de trabajo por año en los sectores estructurado y no estructurado de la economía. El Gobierno se ha comprometido también a promover un entorno propicio para la actividad empresarial y el desarrollo industrial. Sobre esa base se ha promulgado la Ley de la Dirección de Inversiones de Kenya y la Ley de adquisiciones y enajenaciones públicas (Ley Nº 3 de 2005) como uno de los pilares para cumplir los objetivos establecidos por el Gobierno en el documento de estrategia para la recuperación económica. Los datos reunidos por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Planificación indican que en 2004 se crearon aproximadamente 470.000 puestos de trabajo.
48.Con el fin de garantizar el máximo nivel posible de productividad, el Gobierno ha iniciado la firma de contratos basados en los resultados para los funcionarios públicos y ha creado planes estratégicos específicos para cada sector/ministerio y planes de trabajo anuales para el sector público. El Ministerio de Trabajo creó recientemente el Centro de Productividad de Kenya, que empezó a funcionar a fines de 2005.
49.Los párrafos i) y ii) del artículo 73 y los artículos 75 y 81 de la Constitución prohíben la esclavitud, el trabajo forzoso y la enajenación de bienes y garantizan la libre circulación, aspectos todos ellos pertinentes para el derecho al trabajo. La libre circulación garantiza el derecho a trabajar en cualquier parte del país. La Constitución prohíbe someter a una persona a esclavitud o servidumbre, y el país ratificó los Convenios de la OIT Nº 29, sobre el trabajo forzoso, y Nº 105, sobre la abolición del trabajo forzoso, el 13 de enero de 1964. Desde entonces el Gobierno ha adoptado medidas para que el ordenamiento jurídico y la práctica nacionales fueran compatibles con esos convenios. A ese respecto, en 1997 se derogaron los artículos de la Ley de autoridad de los jefes que otorgaban a éstos la facultad de imponer trabajos forzosos en las aldeas (principalmente para ejecutar proyectos comunitarios como el mantenimiento de las carreteras rurales de acceso).
50.El Gobierno está decidido a reformar las disposiciones del Código Penal (capítulo 63 de la Recopilación de leyes de Kenya) que establecen que las personas privadas de libertad pueden ser obligadas a realizar trabajos impuestos como penas. Se prevé examinar también la Ley de la marina mercante (capítulo 389 de la Recopilación de leyes de Kenya) de 1967 y la Ley de conflictos de trabajo (capítulo 234 de la Recopilación de leyes de Kenya), que prohíben a determinadas categorías de trabajadores declararse en huelga. La Oficina del Presidente, la Fiscalía General, la Comisión de Reforma Legislativa de Kenya y el Ministerio de Trabajo están examinando propuestas para que la legislación nacional sea plenamente compatible con el Convenio Nº 105 de la OIT.
51.Un equipo de tareas nombrado por el Gobierno para examinar la legislación laboral ha formulado sus recomendaciones. El equipo ha recomendado revisar la actual Ley de empleo con miras a prohibir específicamente el trabajo forzoso de conformidad con el Convenio Nº 105 de la OIT, a excepción de las categorías de trabajos exentas de las disposiciones del Convenio (como el trabajo o los servicios de índole militar, las obligaciones civiles normales, etc.).
52.Las escuelas y universidades proporcionan asesoramiento sobre la carrera y orientación profesional. A fin de complementar la función de las universidades como lugar de continuación de los estudios tras el paso por la escuela, el Gobierno ha creado también institutos politécnicos municipales y nacionales e instituciones terciarias especializadas en ciencias y tecnología. Sin embargo, la financiación de esas instituciones es un gran obstáculo a causa de las limitaciones fiscales y de los recortes impuestos por los donantes al gasto público destinado a la educación pública. La Dirección de Capacitación Industrial participa también en la promoción de conocimientos técnicos especializados en todos los sectores. También ofrecen programas de formación técnica y profesional el Servicio Nacional para la Juventud, los establecimientos Borstal, los centros de rehabilitación profesional para personas con discapacidad y los centros correccionales para menores situados en las prisiones. La formación profesional se rige por la Ley de capacitación industrial (capítulo 237 de la Recopilación de leyes de Kenya).
53.Los principales obstáculos para lograr el objetivo del empleo pleno, productivo y libremente elegido son, entre otros, la incapacidad de la economía para ofrecer niveles elevados de empleo y la gran inversión necesaria para adaptar el sistema educativo a las necesidades cambiantes de la economía. Para superar esos obstáculos se ha adoptado la Estrategia de Recuperación Económica (ERS) para la creación de riqueza y empleo (2003-2007) como proyecto para que la economía empiece a recuperarse. Además el Gobierno ha adoptado el documento de política sobre la educación (véase la parte del informe dedicada al derecho a la educación), cuyo objetivo central es adaptar el sistema educativo del país a las necesidades del mercado en un entorno social, económico y cultural, tanto nacional como internacional, en constante evolución.
54.Conseguir la paridad entre los géneros, especialmente en los cargos superiores de los sectores público y privado, sigue siendo un desafío considerable. Por ejemplo, de los 26 secretarios permanentes del Gobierno sólo 6 son mujeres. Se prevé que la creación de la Comisión Nacional de Igualdad entre los Géneros y Desarrollo y la elevación de la Oficina de la Mujer a la categoría de departamento en el Ministerio de Asuntos de Género, Deportes, Cultura y Servicios Sociales contribuirán en gran medida a eliminar las desigualdades entre los géneros en el país. A nivel de políticas, el Documento de política Nº 5 de 2005, sobre la igualdad entre los géneros y el desarrollo, prevé la creación de divisiones sobre asuntos de género en la administración pública. La promulgación de la Ley sobre las discapacidades, el proyecto de ley sobre el VIH (control y gestión), cuyo plazo de examen se ha vencido, y el proyecto de ley sobre la igualdad (cuyo plazo también se ha vencido) tiene por objeto luchar contra la discriminación. Esos dos proyectos de ley volverán a ser presentados al Parlamento. La Ley sobre la infancia, de 2001, tipifica la discriminación de niñas y niños en la educación, lo cual tiene efectos positivos en las futuras posibilidades de empleo de las niñas. En cuanto a los asuntos de los jóvenes, el proyecto de política nacional sobre los jóvenes de Kenya se ocupa en gran medida de las cuestiones relacionadas con los jóvenes y el empleo. También se han creado consejos de la juventud en todo el país. En cuanto a las personas con discapacidad, el Gobierno ha mejorado su acceso a la rehabilitación, la educación, la capacitación y el empleo adoptando las siguientes medidas:
La elaboración de políticas para garantizar que los niños y niñas con discapacidad puedan acceder a una educación adecuada a su discapacidad;
Una especial atención a las necesidades de los niños en las zonas rurales; la capacitación de los jóvenes, mujeres y hombres, en los conocimientos especializados que les puedan servir en el mercado laboral;
La promoción de la rehabilitación profesional y, cuando sea posible, la creación de oportunidades para las personas que adquieran una discapacidad en el curso de su vida laboral;
La promoción de los programas de educación y capacitación profesional y para profesional; y
La elaboración de estrategias para promover el empleo de las personas con discapacidad, en particular mediante deducciones e incentivos fiscales.
El país ha presentado informes en relación con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que pueden consultarse para más información.
55.Algunos profesionales, como médicos, abogados y profesores de universidad, se ven obligados a tener más de un empleo a causa de sus bajos ingresos, principalmente en el sector público. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ayuda al Gobierno a aplicar en el país las normas laborales consagradas en sus convenios y los artículos pertinentes del Pacto. Es bastante difícil obtener y reunir información sobre el desempleo y el subempleo.
Artículo 7
56.Kenya ha ratificado el Convenio Nº 111 de la OIT, sobre la discriminación (empleo y ocupación). También ha ratificado siete de los ocho principios y derechos fundamentales en eltrabajo que aprobó la OIT en su declaración de junio de 1998.
57.La Ley de reglamentación de salarios y condiciones de empleo (capítulo 229 de la Recopilación de leyes de Kenya) regula el nivel (e impide la degradación) de los salarios de todos los trabajadores, excepto los de la policía, las fuerzas armadas y el servicio nacional para la juventud. Todos los empleados tienen derecho a un salario mínimo. La Junta Asesora General sobre salarios agrícolas, las direcciones de salarios agrícolas y el Consejo Protector de los Salarios formulan propuestas salariales y asesoran al Ministro de Trabajo al respecto. Éste se basa en ese asesoramiento para fijar el salario mínimo, que se revisa ocasionalmente para reflejar la inflación y otros factores económicos. Actualmente el salario mínimo es de 5.337,50 chelines mensuales, aproximadamente 76,20 dólares de los Estados Unidos. La revisión anual al alza de esa cifra se ha situado alrededor del 8%, lo cual se corresponde con las tendencias inflacionarias generales. El salario mínimo así establecido tiene fuerza de ley como legislación subsidiaria.
58.Las Juntas Salariales supervisan el sistema de salarios mínimos. Todas las Juntas tienen representantes de las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas y están presididas por personas independientes del sector privado. El Ministro de Trabajo nombra a los miembros de las Juntas. Los inspectores de trabajo examinan los lugares de trabajo para comprobar que cumplan las normas laborales. Además del marco descrito, existen acuerdos de negociación colectiva entre trabajadores y empleadores.
59.En Kenya el nivel de remuneración depende del oficio, las calificaciones profesionales, la experiencia laboral y las diversas categorías de servicios para funcionarios públicos. Todos los empleados, sean hombres o mujeres, perciben una remuneración conforme a sus calificaciones y tienen el mismo sueldo por desempeñar el mismo trabajo. Sin embargo, existen disposiciones que prohíben a las mujeres trabajar por la noche (de las 18.30 a las 06.30 horas) en lugares de carácter industrial. Esas disposiciones van a ser objeto de examen, ya que a primera vista pueden ser consideradas discriminatorias y contribuir en parte al desempleo y subempleo. En el proyecto de ley sobre la igualdad (aún no promulgado) se propuso crear la junta de igualdad y el tribunal de igualdad para proporcionar un marco institucional a la lucha contra la discriminación. La supervisión del cumplimiento de la normativa sobre el salario mínimo no ha sido eficaz por falta de personal, limitaciones financieras y la baja motivación de los inspectores de trabajo. El Gobierno ha iniciado el proceso de ratificación del Convenio Nº 150 de la OIT, sobre la administración del trabajo.
60.La remuneración y los ascensos de los empleados se basan en las evaluaciones anuales de su desempeño y sus resultados. Con ello se respeta el principio de igualdad de oportunidades en materia de ascensos.
61.En noviembre de 2004 el Gobierno estableció normas de salud y seguridad laborales en la industria y los lugares de trabajo sobre las que se debe informar todos los años. La Ley de empleo obliga a los empleadores a proporcionar a sus empleados agua y vivienda, así como atención médica. La ley prevé también las licencias anuales (21 días por cada 12 meses consecutivos de trabajo), la licencia por maternidad (2 meses) y los días de descanso semanales (1 día por semana). Esos son los requisitos establecidos por la ley, pero muchos empleados firman contratos laborales en los que no se les conceden esas ventajas a causa de los altos niveles de desempleo y la competencia existente por las ofertas de trabajo disponibles.
62.Al Gobierno le preocupan las categorías de trabajadores no incluidos en el marco descrito, como los trabajadores domésticos, los trabajadores de las zonas industriales francas (ZIF) y los trabajadores del sector no estructurado de la economía, y está estudiando cómo incluirlos en la legislación laboral. Todos los trabajadores tienen derecho a las ventajas que establece la Ley de empleo, pero hasta la fecha la aplicación de dicha ley no ha sido eficaz en lo relativo a los trabajadores domésticos del sector no estructurado. Los trabajadores de las ZIF son otra categoría que ha sido difícil inspeccionar, pese a que la legislación laboral y salarial pertinente los incluye. No obstante cabe observar que las ZIF están exentas de las normas de salud y seguridad laborales.
63.El Gobierno ha tenido muchas dificultades para asegurar que se cumplan las normas laborales en las ZIF. El Gobierno está decidido a mantener las mejores condiciones laborales posibles para todos los trabajadores, pero las concesiones que se han hecho a las empresas de las ZIF para atraer y retener la igualmente importante inversión extranjera directa (IED) invalidan algunos de los logros obtenidos por las normas de salud y seguridad laborales para proteger los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el Gobierno está trabajando para modificar esa exención, que se introdujo mediante un proyecto de ley de finanzas.
Artículo 8
64.Como Kenya ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y presentó un informe periódico relativo al Pacto en 2004, el Comité tal vez desee consultar dicho informe en lo relativo a los derechos sindicales. No obstante cabe observar que la Constitución garantiza la libertad sindical, incluido el derecho a adherirse a sindicatos o constituirlos (art. 79). La Ley de organización sindical (cap. 233) y la Ley de conflictos de trabajo (cap. 234) complementan esa disposición constitucional.
65.En el pasado ha habido retrasos en la inscripción de sindicatos. En otros casos se denegó la inscripción de determinados sindicatos y se anuló la inscripción de otros. Desde enero de 2003 se ha inscrito a los sindicatos a los que se había denegado o anulado la inscripción, en particular el sindicato de funcionarios públicos y el sindicato del personal académico universitario.
66.El procedimiento para constituir un sindicato comienza con la presentación al registro de sindicatos de una solicitud en regla. Para inscribirse, el sindicato debe tener un mínimo de seis afiliados. Deben proporcionarse el nombre, la ocupación y la dirección de los afiliados propuestos, así como el nombre del sindicato, la dirección de su domicilio social y el nombre, el tratamiento y la ocupación de los miembros de su cuadro orgánico.
67.En la actualidad existen determinados tecnicismos jurídicos y circunstancias nacionales que dificultan la ratificación del Convenio Nº 87 de la OIT, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Algunas secciones del derecho keniano consisten en restricciones generales al ejercicio de los derechos sindicales, lo cual es contrario al Convenio. Sin embargo, la mayoría de los principios están expresados en las leyes y prácticas nacionales. El Equipo de Tareas sobre la Legislación Laboral ha recomendado eliminar esas incongruencias y el Gobierno ha iniciado el proceso de ratificación del Convenio Nº 87. Para ello ha entablado conversaciones con las tres partes interesadas por conducto del Ministerio de Trabajo.
68.Los sindicatos necesitan la autorización del Registro para asociarse a otros sindicatos. Sin embargo, las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen libertad para constituir federaciones o confederaciones nacionales o adherirse a ellas, y estos órganos tienen libertad para afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores o empleadores. La mayoría de los sindicatos inscritos están afiliados a órganos internacionales. El órgano que abarca a todos los sindicatos inscritos es la Organización Central de Sindicatos (COTU), que está afiliada a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). En cuanto a las organizaciones de empleadores, el órgano que las abarca a todas es la Federación de Empleadores de Kenya (FKE), que está afiliada a la Organización Internacional de Empleadores. Con arreglo a la Ley de organización sindical, el Ministro de Trabajo y Desarrollo de los Recursos Humanos participa en la celebración de elecciones en los sindicatos, así que éstos no tienen total libertad para llevar a cabo sus actividades. En el pasado, la facultad del Ministro le ha permitido interferir en el funcionamiento de los sindicatos. Ha habido ocasiones en que empleadores, inspectores de trabajo y funcionarios sin escrúpulos del Ministerio han actuado en colusión para impedir que las cuotas deducidas a los trabajadores fueran transferidas a los sindicatos. Como consecuencia de ello, los sindicatos no pueden funcionar eficazmente ni representar adecuadamente a sus afiliados. El Gobierno actual tiene sumo interés en ocuparse de esas cuestiones y, en particular, estudiar la mejor forma de velar por que los sindicatos funcionen con la mayor libertad posible. En resumen, los sindicatos de Kenya se rigen por la Ley de organización sindical y están inscritos en el registro de sindicatos. Tienen libertad para llevar a cabo sus actividades y elecciones de conformidad con sus reglamentos constitutivos. El Ministerio de Trabajo supervisa las elecciones principalmente porque la oficina del registro de sindicatos no tiene capacidad para hacerlo. Ha habido casos en que algunos empleadores no han transferido al registro de sindicatos las cuotas sindicales correspondientes.
69.El derecho a la huelga no está consagrado en la Constitución, aunque la Ley de organización sindical prevé la declaración de huelgas lícitas y el procedimiento que debe seguirse para declarar una huelga. La ley prohíbe a determinadas categorías de trabajadores (como los que participan en servicios esenciales) declararse en huelga. Los empleados que pueden adherirse a sindicatos pueden declararse en huelga por conducto de su sindicato previo aviso de 21 días al Ministro y si éste no ha resuelto el problema en ese plazo. La policía, las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad no pueden adherirse a sindicatos ni constituirlos. En consecuencia, esos grupos no pueden declararse en huelga.
Artículo 9
70.La Seguridad Social de Kenya tiene varias subdivisiones. Existe un sistema de atención médica denominado Fondo nacional de seguridad hospitalaria (NHIF), que es un sistema de contribuciones obligatorias para todos los empleados del sector estructurado y en el que pueden participar voluntariamente los trabajadores del sector no estructurado. El fondo sufraga un pequeño porcentaje de los gastos médicos (sólo la cama) en caso de hospitalización o ingreso en una maternidad. Existe también el Fondo nacional de seguridad social (NSSF), un fondo de contribuciones obligatorias establecido para financiar las pensiones de los empleados cuando se jubilan. La Ley de indemnización por accidentes y enfermedades profesionales dispone la financiación de las indemnizaciones que se otorgan a los trabajadores que sufren lesiones en el trabajo. En la administración pública se aplican deducciones a los funcionarios varones, y su mujer e hijos reciben la indemnización correspondiente en caso de fallecimiento. Los funcionarios casados se benefician de deducciones fiscales que los ayudan con sus cargas familiares. El NHIF y el NSSF abarcan también a los trabajadores del sector no estructurado. Los fondos sufragan la mayoría de las categorías de seguridad social, pero algunas de ellas pueden no ser cubiertas, según el plan particular: las prestaciones por enfermedad, maternidad, vejez, invalidez, fallecimiento (para el cónyuge supérstite), lesión laboral, desempleo y familiares a cargo se conceden de conformidad con las directrices de presentación de informes.
71.Desde 1997 el Gobierno ha adoptado medidas para garantizar la realización del derecho a la seguridad social. La Ley de prestaciones de jubilación (Ley Nº 3 de 1997) fue promulgada por el Parlamento para crear la Dirección de Prestaciones de Jubilación (RBA), encargada de regular, supervisar y promover los planes de prestaciones de jubilación, crear un sector de prestaciones de jubilación y otras cuestiones conexas. La ley creó también un tribunal dependiente de la Dirección para solucionar las controversias en el sector. Se han creado diversos reglamentos con arreglo a la ley. El reglamento de prestaciones de jubilación ocupacional de 2000 y el reglamento de prestaciones de jubilación individual de 2000 regulan los planes establecidos por los empleadores para sus empleados y los establecidos por particulares, respectivamente. Los diversos planes de jubilación privados establecidos por los sectores privado y público se rigen por esos reglamentos. En la actualidad, el NSSF no es regulado por la RBA, pero se está planeando que así sea. Asimismo, el reglamento de prestaciones de jubilación (financiación mínima y liquidación) de 2002 establece los niveles mínimos de financiación y las circunstancias y la forma en que se puede liquidar un plan para proteger los derechos y prestaciones de los afiliados. Antes de que entraran en vigor la Ley de prestaciones de jubilación y los reglamentos conexos, el sector no estaba regulado y había muchos casos en que las deducciones hechas a los empleados y empleadores no se transferían al plan. Como consecuencia de ello, la financiación de algunos planes es muy insuficiente y sus afiliados no tienen garantías de que recibirán las prestaciones acumuladas ni los intereses devengados cuando se jubilen o de manera oportuna. Ejemplos de ello son el plan de pensiones y fondo de previsión para los trabajadores de los Ferrocarriles de Kenya, el plan de pensiones establecido por el Concejo Municipal de Nairobi y el plan de pensiones y fondo de previsión de Teleposta. En todos esos planes, el empleador debe a los miembros miles de millones de chelines en concepto de contribuciones no remitidas y el Gobierno está buscando financiación para garantizar el derecho de los trabajadores a la seguridad social.
72.Durante mucho tiempo los empleados podían acceder a las prestaciones de jubilación cuando se suprimía su puesto de trabajo, se los despedía o se jubilaban anticipadamente. Como consecuencia de ello, para cuando una persona llegaba a los 55 años, edad de jubilación, no tenía seguridad social. Las enmiendas introducidas en el reglamento de prestaciones de jubilación en 2005 impiden que un empleado acceda antes de jubilarse a las contribuciones aportadas por el empleador. Ese cambio es positivo para la realización de la seguridad social.
73.Una de las deficiencias más significativas del sistema público de seguridad social de Kenya es el número limitado de personas que acceden a la seguridad social en el sector no estructurado y entre los empleados autónomos. Sin embargo, recientemente se revisaron las leyes que regulan el NHIF y el NSSF para incluir a esos grupos en dichos planes. Se introdujo en el Parlamento el proyecto de ley del seguro médico nacional para elaborar un programa progresivo de seguro médico obligatorio para todos los ciudadanos. El proyecto no ha sido aún promulgado porque no obtuvo el consentimiento presidencial, pero se siguen estudiando las propuestas.
Artículo 10
74.Kenya es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del NiñoAfricano. La sociedad keniana define la familia como un hombre y una mujer (padres) y sus hijos biológicos u otros parientes extensos, hijos a cargo u hogares encabezados por niños. La Ley sobre la infancia define al niño como toda persona menor de 18 años. No obstante, a los efectos de la Ley de empleo se considera niño a toda persona menor de 16 años. Kenya presentó recientemente su segundo informe periódico en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño, que puede consultarse para más información sobre los derechos del niño.
75.La Ley de matrimonio (capítulo 150 de la Recopilación de leyes de Kenya) regula el matrimonio en Kenya. Pueden contraer matrimonio dos personas mayores de 18 años (hombre y mujer) que consienten. En la práctica aún se celebran matrimonios precoces en algunas partes del país, aunque han sido tipificados como delitos por la Ley sobre la infancia. Otras disposiciones legislativas sobre el matrimonio son la Ley de matrimonio y divorcio cristianos africanos (capítulo 151 de la Recopilación de leyes de Kenya), la Ley de matrimonio y divorcio hindúes (capítulo 157 de la Recopilación de leyes de Kenya), la Ley de inscripción del matrimonio y el divorcio musulmanes y la Ley de matrimonio, divorcio y sucesión musulmanes (capítulos 155 y 156 de la Recopilación de leyes de Kenya respectivamente), así como el derecho consuetudinario africano.
76.El Gobierno permite la acogida y adopción de niños con arreglo a la Ley sobre la infancia. El aborto está prohibido en Kenya. Desafortunadamente, aunque las campañas realizadas por el Gobierno y la sociedad civil en los años ochenta tuvieron un éxito significativo en materia de planificación familiar, estudios recientes muestran un retroceso al respecto en los años noventa y 2000. Ese retroceso en materia de planificación familiar se ha atribuido también a que se han destinado más recursos y esfuerzos a la lucha contra el VIH/SIDA. No obstante, la adopción de medidas de planificación familiar sigue siendo una función fundamental del Ministerio de Salud.
77.El Gobierno de Kenya está decidido a proteger y ayudar a la familia en su calidad de unidad básica de la sociedad. Por ese motivo se han preparado la Ley sobre la infancia, el proyecto de ley sobre la igualdad y otras disposiciones legislativas. No obstante, el Gobierno reconoce que debe seguir luchando contra prácticas que perjudican a la estabilidad de la familia, como el uso indebido de drogas, los matrimonios precoces, la mutilación genital de la mujer, el abandono escolar y otras prácticas, en especial las perjudiciales para las niñas y las mujeres.
78.Con arreglo a la Ley sobre la infancia, el Estado y los padres comparten la obligación de velar por que todo niño acceda a una educación gratuita y obligatoria. Existe una política nacional sobre niños huérfanos y vulnerables que prevé el disfrute de los derechos y libertades fundamentales por los niños huérfanos y desfavorecidos. En el segundo informe periódico de Kenya presentado con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño se analizan a fondo las políticas públicas sobre la infancia.
79.No existe ningún fondo específico para la familia, pero ésta se beneficia del Fondo para el desarrollo de circunscripciones (CDF) y el Fondo de becas para las circunscripciones (CBF). Estos fondos tienen por objeto aliviar la pobreza y elevar el nivel de vida de los pobres de las zonas rurales y urbanas.
80.El CDF fue creado por una ley del Parlamento en 2003 para financiar proyectos de desarrollo en las 210 circunscripciones del país. El fondo recibe el 2,5% de los ingresos totales del Estado. El CBF es un plan de becas concebido para que los estudiantes necesitados puedan acceder a la educación, algo que no podrían hacer sin las becas. El objetivo establecido de la beca es proteger a los hogares contra las consecuencias cada vez mayores de la pobreza y los niveles crecientes de la pandemia de VIH/SIDA. Ambos planes permiten que los fondos para el desarrollo lleguen al nivel comunitario y, por lo tanto, a la unidad familiar.
81.La Ley de empleo prevé una licencia por maternidad de 60 días. Las mujeres que disfrutan de la licencia pueden acceder a los servicios médicos proporcionados por planes como el NHIF u otros planes privados. La situación de las embarazadas con discapacidad física es particularmente preocupante. Aunque la Ley sobre la persona con discapacidad obliga ahora a que las instalaciones sean accesibles para las personas con discapacidad, no todos los hospitales cumplen todavía esa obligación. Como consecuencia de ello se han registrado casos de madres con discapacidad que no han podido acceder a una cama de hospital.
82.Kenya ha presentado un informe en relación con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; se hace referencia a ese informe en relación con la cuestión de los servicios médicos de maternidad.
83.La Ley sobre la infancia prohíbe el trabajo infantil. Aunque faltan datos fiables sobre el número exacto de niños que trabajan, el trabajo infantil es un problema que el Gobierno está decidido a erradicar. El Ministerio del Interior ha aportado grandes contribuciones al respecto mediante diversos programas, algunos en colaboración con el ministerio del Gobierno local en relación con los niños que antes trabajaban en la calle. Los niños y familias de la calle han sido realojados en residencias administradas por el gobierno local. El Ministerio del Interior ha contribuido también a encontrar un puesto de trabajo para los ex niños de la calle que reciben formación profesional del servicio nacional para la juventud y se gradúan con éxito. El Gobierno ha adoptado muchas más medidas para luchar contra el trabajo infantil, como se expone en el segundo informe periódico presentado con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño, entre ellas la tipificación del trabajo infantil y la integración de la lucha contra este problema en el sistema educativo, al exigir a los maestros que informen de si alguno de sus alumnos trabaja.
84.No obstante, la Ley de empleo permite trabajar a los niños que tengan al menos 16 años, pero les impone limitaciones con respecto al horario y el tipo de trabajo y obliga a que inspectores de trabajo realicen inspecciones periódicas en los lugares en que trabajan. Los niños están también protegidos contra todo trabajo que pueda ser perjudicial para su bienestar físico o moral. El Gobierno está encontrando problemas para erradicar el trabajo infantil; uno de los principales es la pobreza, que obliga a los niños a contribuir a los ingresos familiares. Los niños huérfanos a causa del VIH/SIDA se ven también obligados a trabajar para sobrevivir.
Artículo 11
85.El porcentaje de kenianos que viven por debajo del umbral de la pobreza va en aumento. En 2002 se calculaba que las personas que se encontraban en esa situación (viviendo con menos de 1 dólar de los EE.UU. al día) representaban el 56% de la población. El Gobierno ha emprendido muchas iniciativas para invertir esa situación. Entre ellas cabe mencionar la adopción del Plan Nacional de Erradicación de la Pobreza (NPEP), el documento de estrategia de lucha contra la pobreza y el Marco de Gastos a Mediano Plazo (MTEF). El Gobierno está aplicando también la ERS para reducir la pobreza. El índice actual de crecimiento económico es del 4,6%; cuando se produce desarrollo y crecimiento económicos se reduce la pobreza. También contribuye a la lucha contra la pobreza el hecho de que el Gobierno también está tratando de alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio.
86.Incluso antes de que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entrara en vigor el 3 de enero de 1976, Kenya había demostrado su firme resolución de mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. En esa resolución se basó el Documento de Política Nº 10 de 1965, titulado "El socialismo africano y su aplicación a la planificación y el desarrollo". En él, el Gobierno describe sumariamente su firme resolución de erradicar la pobreza, la ignorancia y las enfermedades.
87.Durante años el Gobierno ha realizado varios cambios de política destinados a mejorar la prestación de servicios. Algunos de esos cambios son la reducción de la función del Estado, que ha pasado de participante directo en las actividades económicas a facilitador, la promoción de las alianzas entre los sectores público y privado en la prestación de servicios y bienes públicos, y la reforma de las empresas de titularidad pública y el funcionariado.
88.Los motivos de esos cambios fueron la desaceleración del desarrollo económico, los limitados recursos de que disponía el Gobierno como consecuencia del reducido número de contribuyentes, la mala administración de los recursos, los resultados deficientes de las empresas de titularidad pública y un funcionariado excesivo.
89.El Gobierno sigue haciendo hincapié en el crecimiento económico como medio principal para reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de los kenianos. A ese respecto ha adoptado políticas y programas como el Programa de Reforma del Reasentamiento, el Programa Especial de Desarrollo Rural, el Programa de Obras Rurales y la Estrategia de Prioridad en los Distritos para el Desarrollo Rural.
90.En un contexto de amplias reformas, el Gobierno aprobó los programas de ajusteestructural del Banco Mundial y el FMI mediante la publicación del Documento de política Nº 1 de 1986, relativo a la administración económica para reanudar el crecimiento. Esos programas se presentaron como la panacea para el subdesarrollo y la pobreza en el país, pero el recorte del gasto público en sectores sociales clave ha tenido un efecto devastador en el goce de los derechos socioeconómicos en general y del derecho a un nivel de vida adecuado en particular.
91.En 1986 el Gobierno inició el Programa de Racionalización Presupuestaria (BRP) para propiciar cambios en la composición del gasto público. El programa tenía por objeto, junto con otras iniciativas, mejorar la asignación de los recursos presupuestarios disponibles y velar por una asignación adecuada de recursos a las actividades básicas, así como alentar al sector privado a desempeñar una función destacada en el desarrollo económico. El Programa de Inversiones Públicas (PIP) de 1992, el Examen del Gasto Público (PER) de 1997 y el MTEF son otras intervenciones emprendidas por el Gobierno para velar por la utilización eficiente de los recursos públicos. Esos cambios de política han repercutido en el Gobierno, alentándolo a adoptar enfoques estratégicos y aumentar su capacidad y competencia para responder eficazmente.
92.El MTEF vincula la planificación de políticas con el proceso presupuestario. En el contexto del MTEF, los ministerios tratan de conseguir recursos de los grupos de trabajo sectoriales (SWG) a los que pertenecen (hay ocho). Los programas ministeriales deben estar vinculados con las prioridades de política sectoriales para justificar la asignación de recursos. La planificación estratégica puede ayudar a los ministerios a determinar sus funciones básicas, prioridades de política y objetivos estratégicos. El MTEF es importante para la realización de los derechos protegidos por el Pacto, ya que proporciona un marco en el que se aplican los recursos.
93.Las estrategias recientes del Gobierno en materia de desarrollo se han centrado en la reducción de la pobreza y la mejora del nivel de vida de la población. Los documentos normativos que forman ese marco son los siguientes: el Octavo Plan de Desarrollo, el documento de estrategia de lucha contra la pobreza y la ERS para la creación de riqueza y empleo (2003).
94.En el Octavo Plan de Desarrollo se estableció el Plan Nacional de Erradicación de la Pobreza, cuyo objetivo es reducir la pobreza en un 50% para el año 2015 y fortalecer la capacidad de los pobres y los grupos vulnerables para obtener ingresos. En el documento de estrategia de lucha contra la pobreza se expresa el compromiso y el enfoque de Kenya con respecto a la lucha contra la pobreza y a la mejora del nivel de vida de sus ciudadanos. Su idea central es que la lucha contra la pobreza no puede ser eficaz sin la participación de los propios pobres. En la ERS para la creación de riqueza y empleo (2003-2007) se establecen las medidas y programas de política claves que el Gobierno está decidido a llevar a cabo para mejorar el nivel de vida de la población. En mayo de 2004 el Gobierno inició un proceso de planificación y formulación de políticas basado en los objetivos de desarrollo del Milenio con el propósito de reducir a la mitad la pobreza y el porcentaje de la población sin acceso a agua potable apta para el consumo, así como mejorar la vida de los habitantes de barrios marginales, para 2015.
95.Con 33 millones de habitantes, Kenya se enfrenta a un enorme problema para abastecer de agua y servicios de alcantarillado a una población cada vez más numerosa. La mayoría de los habitantes viven en zonas rurales (24 millones), mientras que en las zonas urbanas viven 9 millones de personas, la mitad de ellas en asentamientos informales. Actualmente se calcula que el 68% de la población de las zonas urbanas y el 49% de las zonas rurales tienen acceso a agua apta para el consumo. En cuanto a los servicios de saneamiento, se calcula que pueden acceder a ellos el 65% de la población de las zonas urbanas y el 40% de las zonas rurales. No obstante, la cobertura general ha disminuido en cuanto a la calidad y cantidad, la fiabilidad y la naturaleza del acceso.
96.Sólo el 31% de los hogares de Kenya tenían acceso a agua corriente en 1999, en comparación con el 32% en 1989. Esa reducción es achacable a los resultados insatisfactorios del sistema de abastecimiento de agua corriente en algunas zonas. En 1999 menos del 45% de los hogares de las zonas rurales tenían acceso a sistemas de agua corriente, sondeos y pozos, en comparación con el 80% de los hogares de las zonas urbanas. Aproximadamente el 28% de la población rural dependía de los ríos y lagos para sus necesidades hídricas. El agua procedente de esos dos recursos se considera sucia porque no es sometida a ningún tipo de tratamiento y está más expuesta a elementos contaminantes (véase el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya sobre la situación de los derechos humanos, 2004, pág.121).
97.En 2001 casi el 70% de la población urbana tenía acceso a agua potable apta para el consumo. Ese porcentaje se elevó hasta el 75% en 2003. Aproximadamente el 50% de la población rural tenía acceso a agua potable. Sin embargo, esos porcentajes disminuyeron a causa del crecimiento de la población y de la insuficiencia de recursos para aumentar y mantener los programas de abastecimiento de agua.
98.El abastecimiento de agua en Kenya es regulado por el Ministerio del Agua y el Regadío. El presupuesto del Ministerio para 2004/05 fue de 6.410 millones de chelines, mientras que en 2005/06 aumentó a 9.960 millones de chelines. Antes de 2002 el marco institucional y jurídico del abastecimiento de agua estaba previsto en el capítulo 372 de la Recopilación de leyes de Kenya, que concedía exclusivamente al Gobierno la responsabilidad de la prestación de servicios de abastecimiento de agua. Con arreglo a ese marco, la reglamentación y la adopción de políticas sobre la gestión y prestación de esos servicios estaban centralizadas. Las responsabilidades de la ordenación de los recursos hídricos se dividían entre varios organismos, lo cual representaba un gran obstáculo para la ordenación integrada de esos recursos.
99.La política definitiva para el sector quedó establecida en el Documento de política Nº 1 de 1999, sobre la ordenación y el desarrollo de los recursos hídricos, en el que se hizo un llamamiento para que se descentralizaran las actividades operacionales del Gobierno central hacia otros agentes, entre ellos las autoridades locales y el sector privado, y para que las comunidades participaran en mayor medida en el aumento de la eficiencia de la prestación de los servicios. El Gobierno no pudo lograr un entorno propicio mediante las políticas y reglamentos apropiados.
100.En marzo de 2003 el Gobierno promulgó la Ley de abastecimiento de agua de 2002 e inició un proceso de reforma en el sector del agua. La Ley de abastecimiento de agua engloba la comercialización de los programas de agua de las zonas urbanas y la participación de la comunidad en el abastecimiento de agua en las zonas rurales. La ley establece también mecanismos para financiar la protección y ordenación de los recursos hídricos y, por lo tanto, permite al Gobierno aplicar la política nacional sobre el agua. El objetivo central de las reformas es separar la ordenación y el desarrollo de los recursos hídricos de la prestación de los servicios de abastecimiento de agua. Entre los elementos clave de las reformas cabe mencionar:
La creación de la Dirección de Gestión de los Recursos Hídricos (WRMA), responsable de la ordenación de los recursos hídricos del país;
La creación de la Junta Reguladora de los Servicios de Abastecimiento de Agua (WSRB), responsable de supervisar la prestación de esos servicios y el otorgamiento de las licencias conexas;
La creación de las Juntas de Servicios de Abastecimiento de Agua (WSB), responsables de la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y del desarrollo de la infraestructura conexa;
La creación del Fondo Fiduciario de Servicios de Abastecimiento de Agua (WSTF) para facilitar la financiación del desarrollo de esos servicios en las zonas rurales y de ingresos bajos del país;
La transferencia de los programas de servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento a las juntas de servicios, las comunidades y otros agentes de base;
La participación del sector privado en la financiación y gestión de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento;
La creación de modelos de distribución de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento; y
La reforma de la Empresa Nacional de Conservación y Canalización del Agua y su reorientación para pasar de la prestación de servicios de abastecimiento de agua a la creación de estructuras de conservación del agua y la realización de sondeos.
101.Se han creado la WRMA, la WSRB y siete juntas regionales de servicios de abastecimiento de agua. A fin de aplicar plenamente las reformas se ha ejecutado también el plan que establece los principios y procedimientos para la transferencia de infraestructuras y de responsabilidades en la prestación de servicios. Asimismo, se ha creado el Fondo fiduciario de servicios de abastecimiento de agua, que ha recibido fondos públicos y de donantes y también ha comenzado a proporcionar asistencia a las comunidades en respuesta a las propuestas de proyecto que ha recibido hasta la fecha.
102.De conformidad con la Ley de abastecimiento de agua de 2002, se ha elaborado un proyecto de estrategia de gestión de los recursos nacionales que establece los principios, objetivos, procedimientos y disposiciones institucionales para determinar las necesidades de los usuarios en materia de recursos hídricos, clasificar esos recursos y determinar las zonas que deberían ser designadas zonas protegidas y zonas de conservación de las aguas superficiales. Asimismo se ha elaborado un proyecto de estrategia nacional de servicios hídricos con el objetivo de velar por que todos los ciudadanos tengan acceso al abastecimiento de agua y ejecutar un programa para dotar paulatinamente de servicios de alcantarillado a todos los centros de población de Kenya.
103.A fin de que todos los hogares tengan acceso a agua potable a una distancia razonable, el Gobierno, junto con otros interesados, sigue rehabilitando las estructuras de abastecimiento de agua de las zonas rurales, realizando sondeos y construyendo presas y centros de depuración del agua en todo el país.
104.En el ejercicio económico 2003/04, el Gobierno rehabilitó 45 centrales hidrológicas y de vigilancia de la calidad del agua, reunió y analizó 6.000 muestras de agua, rehabilitó y aumentó 32 sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento de zonas urbanas y rehabilitó los sistemas de saneamiento para reducir el despilfarro de agua.
105.El Gobierno ha reconocido la necesidad de acelerar el desarrollo de las zonas áridas y semiáridas para lograr un crecimiento económico más rápido. Una gran aportación al desarrollo de esas zonas es la disponibilidad de agua para el ganado, el uso doméstico y el regadío. Así, el objetivo del Gobierno de integrar las zonas áridas y semiáridas en la estrategia global de desarrollo entraña principalmente crear mecanismos que aprovechen los limitados recursos hídricos de esas zonas para fomentar el desarrollo en otros sectores.
106.Se han terminado de rehabilitar 83 sistemas de abastecimiento de agua en zonas rurales y 150 pequeñas presas y depósitos de agua en 44 distritos de la región de las zonas áridas y semiáridas. Se excavaron un total de 39 sondeos y se aumentó en 2,5 millones de m3 la capacidad de reserva de agua de esas zonas.
107.Actualmente el país puede almacenar 124 millones de m3 de agua. Para el año 2010 es necesario aumentar esa capacidad hasta llegar aproximadamente a 3.400 millones de m3 para lograr que el abastecimiento de agua sea fiable; esa cifra es casi 30 veces superior a la actual. Enlos últimos 15 años no se han realizado inversiones importantes en el almacenamiento de agua. Si la degradación de las zonas de captación de agua y la deforestación continúan al ritmo actual, la capacidad de almacenamiento que necesitará el país para el año 2010 será mucho mayor.
108.Durante la ejecución de la ERS se necesitarán más de 13.000 millones de chelines para mejorar el acceso a agua potable y apta para el consumo, aumentar la capacidad de retención de agua y proteger la vida y los bienes en las zonas rurales. Se necesitarán más de 10.000 millones de chelines para mitigar las variaciones del clima almacenando agua durante las estaciones de lluvia para utilizarla durante las épocas secas, especialmente en las zonas áridas y semiáridas.
109.Durante el período del plan se necesitarán 5.500 millones de chelines para rehabilitar unos 35 sistemas de abastecimiento de agua en zonas urbanas, crear 7 sistemas de alcantarillado e institucionalizar las reformas enunciadas en la Ley de abastecimiento de agua de 2002. Se necesitarán 3.200 millones de chelines para lograr que el agua propicie el desarrollo social y económico de las zonas urbanas. Se crearán grandes sistemas de abastecimiento de agua para las grandes ciudades y sistemas más pequeños para las ciudades y centros urbanos de menor tamaño. Todas las instituciones previstas en la Ley de abastecimiento de agua de 2002 estarán funcionando al final del período del plan. Ya se han creado y están funcionando 10 de las 11 instituciones previstas en la ley. Se están rehabilitando los diques de contención de los ríos Nyando, Budalangi y Nzoia para proteger la vida y los medios de subsistencia de las comunidades vecinas.
110.El desarrollo sostenible de los sistemas de regadío ha sido motivo de preocupación a causa de diversos problemas. En los sistemas nacionales de regadío, los agricultores no están bien preparados para asumir -y en ocasiones no quieren asumir- las responsabilidades derivadas de la la comercialización liberalizada de los cultivos. En los sistemas minifundistas, el principal desafío es la mejora de la productividad de la tierra y los recursos hídricos. Un problema que afecta tanto a los sistemas nacionales como a los minifundistas es la financiación, el funcionamiento y el mantenimiento de las infraestructuras de regadío y drenaje. En el sector privado, el principal obstáculo es la reducción de costos mediante la mejora de la ordenación del agua y el logro de las normas necesarias para obtener los productos. El promedio nacional de eficiencia del regadío es del 45%, lo cual limita en gran medida la ordenación de los recursos hídricos.
111.Para sufragar los costos de la ordenación de los recursos hídricos, la Estrategia Nacional sobre los Servicios de Abastecimiento de Agua (NWSS) creará una estructura apropiada de gravámenes y cuotas que garantice la recuperación de los costos para permitir la ordenación sostenible de los recursos hídricos. Los sistemas de gestión financiera se racionalizarán para aumentar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas. En última instancia se prevé que la WRMA alcance la autonomía financiera. Ello contribuiría a atraer capital extranjero e inversiones técnicas en el sector.
112.La mayoría de los sistemas existentes de abastecimiento y tratamiento de agua y alcantarillado se construyeron hace 20 a 40 años. A causa del mantenimiento insuficiente, el hecho de que no se haya sustituido el equipo obsoleto y la falta de nuevas estructuras, así como la merma de las asignaciones presupuestarias, esas instalaciones de abastecimiento de agua y alcantarillado se han deteriorado rápidamente. En la actualidad no pueden satisfacer la demanda de agua en cantidad ni en calidad. Ello produce un elevadísimo nivel de agua perdida, de hasta el 70%. Esto significa que de cada 100 m3 de agua producida, sólo 30 m3 llegan a los usuarios. Las pérdidas se producen por causas técnicas, como fugas e ineficiencias en el sistema físico de cañerías, bombas, sistemas de tratamiento, válvulas y medidores, y sociales, como el robo de agua, las conexiones "informales", no autorizadas y no pagadas, así como otros mecanismos utilizados para obtener agua sin pagar.
113.Actualmente no se satisfacen las necesidades de agua en ninguno de los sectores. Hasta hace poco tiempo se daba prioridad al abastecimiento de agua y se descuidaba la ordenación de los recursos hídricos. Los niveles de almacenamiento para las necesidades urbanas y rurales son muy bajos, y la calidad del funcionamiento y mantenimiento es deficiente. Las infraestructuras se están reduciendo cada vez más a causa de la sedimentación causada por la degradación de las zonas de captación. La carencia de recursos y la falta de control de la utilización del agua están produciendo conflictos entre los usuarios. A fin de satisfacer las demandas actual y futura de agua y promover el desarrollo del país, se está ejecutando el Programa de Ordenación Integrada y Sistemática de los Recursos Hídricos. Para ello es preciso proteger todos los recursos hídricos de manera coordinada.
114.A nivel internacional, el Acuerdo Tripartito sobre el Lago Victoria firmado en el marco de la Comunidad del África Oriental (CAO) ayudó a crear las condiciones para el Programa de Ordenación Ambiental del Lago Victoria (LVEMP) y la Iniciativa de la Cuenca del Nilo, que sienta las bases para la cooperación de todos los países ribereños en el desarrollo de los recursos hídricos de la cuenca del Nilo. Se hace hincapié en la necesidad de compartir equitativamente los recursos hídricos y los beneficios que se obtienen del desarrollo de los recursos hídricos compartidos, la sostenibilidad de los recursos, la necesidad de fomentar la confianza y la cooperación entre los países ribereños y la necesidad de proteger los recursos. Como consecuencia de esas iniciativas hay grandes oportunidades de mejorar significativamente la ordenación de los recursos hídricos compartidos. Es fundamental que Kenya fortalezca su capacidad de negociación y gestión en relación con las aguas internacionales compartidas.
115.Existen conflictos en relación con la utilización compartida de los recursos hídricos entre las comunidades y los terratenientes privados, que suelen ser extranjeros. El Gobierno no se ha ocupado de resolver los conflictos relacionados con la utilización de recursos comunes, especialmente las aguas, que son una fuente de subsistencia y bienestar económico de las comunidades marginadas de Kenya, por terratenientes privados, con frecuencia extranjeros. Por ejemplo, el común de los kenianos no puede acceder al lago Naivasha porque está rodeado por propiedades privadas. Las autoridades reguladoras descritas están estudiando esos conflictos de conformidad con sus mandatos. Existe también la Dirección de Desarrollo de los Ríos Tana y Ardhi, cuya función es regular y supervisar la utilización, conservación y gestión de las aguas de los dos ríos más caudalosos de Kenya, el Tana y el Ardhi, de manera orientada al desarrollo.
116.El Gobierno se ha ocupado del derecho a la alimentación en varias de sus iniciativas. Entre ellas figuran el Plan Nacional de Erradicación de la Pobreza, el documento de estrategia de lucha contra la pobreza y el MTEF. Se ha adoptado también la Política Nacional en Materia de Alimentos, destinada a mejorar la seguridad alimentaria en los hogares y a nivel nacional. Los programas de alimentación escolar en las zonas áridas y semiáridas complementan las necesidades dietéticas de los niños y mejoran el nivel de escolarización y los resultados escolares.
117.El Gobierno ha destinado una partida presupuestaria de 1.500 millones de chelines al desarrollo de los recursos hídricos en las zonas áridas y semiáridas. El presupuesto destinado al desarrollo aumentó de 4.000 millones de chelines en el ejercicio 2004/05 a 7.760 millones de chelines en el ejercicio 2005/06. De esa cantidad, 3.900 millones proceden del Estado. Esa cifra representa el 12% del presupuesto nacional.
118.Sólo el 20% del territorio de Kenya es apropiado para la agricultura de secano. El 80% restante sólo puede utilizarse para cultivos de regadío. De las aproximadamente 540.000 ha de tierra que pueden destinarse a ese fin sólo se utilizan 85.000. En el marco del plan estratégico decenal de regadío se crearán sistemas de regadío para 90.000 ha de tierra, que se utilizarán para plantar cultivos alimentarios.
119.Hasta la fecha se han conseguido varios logros sectoriales en el primer año de aplicación de la ERS establecida en el documento de estrategia a mediano plazo:
El Gobierno ha expropiado la empresa Kenya Co-operative Creameries para aumentar el acceso de los agricultores a las instalaciones de producción.
Se ha mejorado la calidad del pescado de Kenya, lo cual permite que las exportaciones de pescado del país pasen de la lista II a la lista I de la UE y puedan llegar sin restricciones a sus Estados miembros.
Se ha promulgado y ha entrado en vigor la nueva Ley de enmienda de las sociedades cooperativas de 2004.
El Departamento de Silvicultura ha rehabilitado 1.759 ha de bosque degradado, y otras 3.273 ha han sido creadas por otros interesados.
Han empezado a funcionar las instituciones responsables de la ordenación ambiental, como la Dirección Nacional de Ordenación Ambiental (NEMA), el Consejo Ambiental Nacional (NEC) y el Tribunal Ambiental Nacional (NET).
Se ha publicado un documento de política sobre la política de vivienda de Kenya; los interesados están estudiando también el proyecto de ley de vivienda. Entre otras medidas relativas a la vivienda cabe mencionar el plan de vivienda del NSSF, el plan de vivienda para el personal policial y penitenciario, la mejora de las viviendas informales (proyectos de mejora de los barrios marginales en Mathare 4A, Kibera, etc.), el descenso de los intereses hipotecarios, la venta de casas a funcionarios, etc.
120.Kenya ha iniciado un proceso de revisión de la Constitución y, pese a que el proyecto de constitución fue rechazado por los votantes en el referendo celebrado a fines de 2005, aún hay esperanza de que el país tenga una nueva constitución más detallada en lo relativo a los derechos económicos, sociales y culturales. En el proyecto de constitución se enunciaba el derecho de toda persona a una vivienda accesible y adecuada, a no pasar hambre y a obtener una alimentación suficiente y de calidad aceptable, a agua suficiente y de calidad adecuada y a un nivel razonable de saneamiento. Las disposiciones relativas a la vivienda no fueron objeto de controversia, y es probable que se reflejen en la futura constitución.
121.El objetivo último de Kenya en relación con la seguridad alimentaria es garantizar la autosuficiencia alimentaria de toda la población. El enfoque adoptado consiste en mejorar el acceso a los alimentos. Se están redoblando los esfuerzos para reducir el número de personas malnutridas. Sin embargo, Kenya está lejos de conseguir su objetivo de suficiencia alimentaria. Según las encuestas alimentarias realizadas en 1997, se calcula que el 17% de los kenianos que viven en zonas rurales y el 29% de los que viven en zonas urbanas son carentes de alimentos. El porcentaje de los niños menores de 5 años con malnutrición grave aumentó del 5% en 1993 al 7% en 2000, mientras que el porcentaje de la población en situación de hambre aguda era del 13% en 2000. Esas tendencias indican que la seguridad alimentaria sigue siendo un gran desafío. La disponibilidad de agua tiene diversos efectos en la seguridad alimentaria.
El derecho a una alimentación adecuada
122.La agricultura representa el 26% del PIB de Kenya y el 60% de sus ingresos derivados de las exportaciones. Así pues, constituye un importante medio de lograr la creación de empleo y la erradicación de la pobreza. Alrededor del 80% de la población de Kenya vive en zonas rurales, y la agricultura constituye su medio de subsistencia. El 56% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza, y el 80% esas personas habita en zonas rurales. Entre el 50% y el 60% de la población de Kenya no tiene acceso a una alimentación adecuada y equilibrada desde el punto de vista nutricional. La incidencia y prevalencia de la inseguridad alimentaria es más grave en las zonas áridas y semiáridas. Del total de los pobres de Kenya, los agricultores y pastores de subsistencia representan más del 50%.
123.La agricultura de Kenya depende de la lluvia y, en un momento u otro, alrededor de 2 millones de personas de zonas propensas a la sequía padecen inseguridad alimentaria transitoria y reciben socorro alimentario. En sequías graves el número puede llegar a los 5 millones de personas. La primera política alimentaria se elaboró en 1981 con el objetivo principal de mantener la autosuficiencia general de los principales alimentos para asegurar que se distribuyeran equitativamente entre todos los ciudadanos alimentos con valor nutricional. La política se modificó 1994 para tener en cuenta el nuevo orden económico mundial, en particular los programas de ajuste estructural. No obstante, se observó que las políticas anteriores no habían funcionado porque eran inadecuadas, obsoletas, incompatibles, no estaban armonizadas o estaban mal coordinadas. Se está redactando una nueva política de alimentación y nutrición para tener en cuenta la situación del país en materia de seguridad alimentaria.
124.La información sobre la seguridad alimentaria procede de grupos de trabajo que se encargan de la agricultura y la ganadería, la enseñanza de emergencia, la salud y la nutrición, los datos y la información, la gestión de desastres y la estimación de la ayuda alimentaria, o son grupos directivos de distritos. Esos grupos de trabajo constituyen el Grupo Directivo de Seguridad Alimentaria de Kenya, dependiente del Comité Nacional de Coordinación de la Seguridad Alimentaria. Aparte del Grupo Directivo, otras instituciones independientes o cuasi no gubernamentales proporcionan información pertinente sobre cuestiones de seguridad alimentaria.
125.Desde julio de 2004 se han sucedido cinco cosechas malas o escasas. Actualmente, casi 3,5 millones de personas de comunidades pastorales y agrícolas rurales, entre ellas 500.000 niños en edad escolar de 25 distritos, se han visto afectadas y necesitan asistencia de emergencia para subsistir y proteger sus medios de vida. Ya han muerto miles de cabezas de ganado y muchos miles más sucumbirán a medida que se intensifiquen los efectos de la sequía. Las tasas de malnutrición aguda global han aumentado de forma pronunciada en las partes nororientales del país, hasta alcanzar entre el 18 y el 30%, valores considerablemente superiores al umbral del 15% establecido por la OMS, lo cual indica una situación crítica. Los pronósticos del clima de las autoridades internacionales y los departamentos meteorológicos locales y regionales coinciden en que las largas lluvias estarán muy mal distribuidas, por lo que se prevé una situación más grave para 2006. Se necesitarán 396.525 tm de ayuda alimentaria entre marzo de 2006 y febrero de 2007.
126.Para asegurar que la población afectada tengo acceso a la alimentación, el Gobierno se puso en contacto con colaboradores para el desarrollo y organizaciones de socorro a fin de que contribuyan en efectivo o mediante ayuda alimentaria. Se hace hincapié en la designación de destinatarios y distribución de la ayuda basadas en la comunidad para que las propias comunidades se hagan responsables del proceso. Se han designado 25 distritos que se beneficiarán de la distribución general de alimentos durante seis meses, y seguirán ejecutándose los programas vigentes de trabajo por alimentos. En relación con la población de las zonas de pastoreo, se ha reservado alimentación complementaria para mujeres embarazadas (381.000) y lactantes y niños menores de 5 años. También se ejecutará un programa ampliado de alimentación en las escuelas para alrededor de 500.000 niños de zonas afectadas por la sequía para alentarlos a permanecer en la escuela.
127.Los programas de intervención que no proporcionan ayuda alimentaria incluyen el suministro de semillas a agricultores afectados por la sequía, por valor de 1,3 millones de dólares de los EE.UU., la reducción del número de ganado para proporcionar efectivo a los ganaderos antes de que mueran los animales, por valor de 8 millones de dólares, y abonos para mantener las hierbas de alimentación por valor de 200.000 dólares. También se proporcionará apoyo sanitario de emergencia al ganado a un costo de 330.000 dólares de los Estados Unidos. En el ámbito de la salud y la nutrición se prevé proporcionar alimentación suplementaria a niños malnutridos, mejorar el acceso a la salud básica y mejorar la nutrición y la vigilancia de enfermedades para dar prioridad a las intervenciones y servir de alerta temprana. También se prestará apoyo a la población afectada en los ámbitos de la educación y el acceso al agua.
128.Entre los pastores y agricultores en pequeña escala hay grupos importantes que desconocen los principios de la nutrición. El Ministerio de Salud necesita fondos para desplegar a personal suficiente y adquirir productos nutricionales especializados, así como apoyo técnico para vigilar que se respeten los protocolos correspondientes.
129.El crecimiento de la economía rural ha tropezado con una serie de obstáculos, como los problemas de tenencia de la tierra y acceso a la tierra de las mujeres de las comunidades locales, la incoherencia de las políticas y la ejecución deficiente de las políticas vigentes y una utilización de las tierras y una ordenación ambiental inadecuadas. Para promover la seguridad alimentaria, se están adoptando medidas de reforma agraria por conducto de políticas agrarias nacionales, que se están terminando de formular; esas políticas reglamentan los derechos a la tierra de todos los ciudadanos y mejorarán su ejercicio. Se están reformando los programas de extensión agrícola para que aumente la productividad de las tierras.
El derecho a la vivienda
130.La demanda es muy superior a la oferta, en particular para los grupos de ingresos medios y bajos de las zonas urbanas. En las zonas rurales el problema no es tanto la escasez de vivienda como su baja calidad. Entre los grupos vulnerables y desfavorecidos cabe mencionar las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los pobres.
131.La población de barrios marginales y de asentamientos informales vive en viviendas inadecuadas. No es fácil obtener datos al respecto, pero se estima que esa población representa el 30% en Nairobi, el 35% en Kisumu y el 30% en Mombasa, sobre la base del relevamiento cartográfico de los barrios marginales llevado a cabo en junio de 2002 en un esfuerzo concertado entre el Concejo Municipal de Nairobi, ONU-Hábitat, la Dirección Central de Estadística y el Departamento de Vivienda.
Medidas adoptadas para asegurar el derecho a la vivienda
132.La primera medida adoptada para asegurar el derecho a la vivienda fue establecer el Ministerio de la Vivienda, antes integrado en el Ministerio de Tierras y Vivienda. Por tratarse de un ministerio independiente, el Ministro y su personal pueden concentrarse en mejorar el problema de la vivienda de Kenya. Además, el Gobierno ha formulado y publicado la política de vivienda y el proyecto de ley nacional de vivienda. Entre los principales elementos de la política de vivienda de Kenya cabe mencionar:
-El fomento de estrategias habilitantes:
El examen y la adopción en junio de 2004 de un plan de vivienda que promueve las asociaciones a la hora de proporcionar viviendas.
La preparación de un proyecto de ley nacional de vivienda para instrumentar la Ley de vivienda, que hace más fácil a otros interesados el proporcionar viviendas. Esas organizaciones pueden funcionar con libertad y no necesariamente reciben recursos financieros del Gobierno, excepto la Corporación Nacional de Vivienda.
-Medidas que adopta el Estado en relación con la construcción de viviendas:
El Gobierno construye viviendas para funcionarios públicos en el marco del plan para funcionarios públicos.
El Gobierno colabora con ONU-Hábitat y otros interesados para mejorar los barrios marginales aumentando el número de viviendas y mejorando sus condiciones.
Se están aprovechando mejor las tierras por medio de actividades de renovación y desarrollo urbanos en el marco del programa para funcionarios públicos.
Aumentarán los recursos para el fondo de mejoramiento de barrios marginales; en el ejercicio económico 2005/06 el Gobierno le asignó 488 millones.
Se alienta el desarrollo de centros pequeños y medianos que promuevan la igualdad en materia de vivienda.
Se imparte capacitación acerca de la utilización de los materiales de construcción y la tecnología disponibles en la localidad para mejorar la calidad de las viviendas.
Se ejecutan programas de renovación urbana en cuyo marco se entablan negociaciones y consultas con personas que han ocupado terrenos públicos y se advierte con la debida antelación a los residentes. En los últimos tiempos los desalojos forzosos han sido escasos o nulos.
-Problemas que se están afrontando:
Se carece de datos fidedignos sobre la situación en materia de vivienda en Kenya;
No hay recursos suficientes para reunir y actualizar los datos relativos al derecho a una vivienda adecuada y a los desalojos ni para mantener una base de datos al respecto;
Los datos son imprecisos porque reúnen la información diferentes instituciones.
Papel que desempeña la asistencia internacional
133.La comunidad internacional y los colaboradores para el desarrollo destinarán recursos específicamente a la promoción de la plena realización del derecho a una vivienda adecuada. El Gobierno está empeñado en facilitar la realización progresiva del derecho a la vivienda adecuada, pero la falta de recursos es un obstáculo importante. Ese derecho se consagró en el proyecto de constitución y, como no fue una cuestión controvertida, cabe esperar que, si se promulga una nueva constitución, también quede plasmado en ella.
Artículo 12
134.La población de Kenya se calcula en 32 millones de habitantes, de los cuales el 5% tiene menos de 1 año de edad, el 20% tiene menos de 5 años y el 50% tiene menos de 15. Los datos sobre morbilidad indican que el paludismo es una enfermedad contra la que hay que luchar con carácter prioritario, seguida de las infecciones agudas de las vías respiratorias, las enfermedades de la piel y los parásitos intestinales. Desde luego, la pandemia del VIH/SIDA sigue siendo el más grave problema de salud de Kenya. Se ha intensificado la lucha contra el paludismo, especialmente de las embarazadas y los niños menores de 5 años. Entre otras medidas, se han distribuido mosquiteros en zonas afectadas por el paludismo. En los últimos años la salud de la población de Kenya ha empeorado. En la Encuesta demográfica y sanitaria de Kenya de 2003 se observaron retrocesos en el ámbito de la atención de la salud. Por ejemplo, ha empeorado la atención en las maternidades, que indica la capacidad del sistema de salud de reducir la mortalidad materna.
135.Kenya ha establecido una Política general de salud en la que se incorporan los elementos de atención primaria de la salud recomendados por la Organización Mundial de la Salud y se añaden otros elementos, como la salud prenatal y la salud odontológica. En la política de salud se abordan entre otras cuestiones la prestación de servicios de salud -que incluye los servicios curativos, preventivos y de promoción-, el personal de salud y el suministro de medicamentos y productos farmacéuticos. Con respecto a la atención primaria de la salud, el Gobierno se comprometió a mejorar los servicios de salud maternoinfantil, que incluyen los servicios de bienestar antenatal, prenatal e infantil, asegurar la inmunización contra enfermedades prevenibles, atender las necesidades nutricionales de los grupos vulnerables (los niños, las embarazadas, los pobres, las personas de edad y las personas con discapacidad), tratar las afecciones leves, sobre todo las comunes en los niveles primario y comunitario del sistema de salud, y asegurar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento para prevenir y combatir las enfermedades contagiosas, en particular las relacionadas con la mala higiene y eliminación de excrementos.
136.Según el estudio del gasto público, ha ido aumentando gradualmente el porcentaje del total del presupuesto que se dedica a la salud, aunque sigue representando alrededor de la mitad del 15% fijado como objetivo en la Declaración de Abuja. El aumento obedece en parte a fondos aportados por donantes al presupuesto de desarrollo. En el ejercicio económico 2002/03, el presupuesto total del Ministerio de Salud representó alrededor del 1,5% del PIB y el 8% del gasto público total. Ello supone, en líneas generales, un aumento de 1% en los cinco últimos años. El Gobierno tiene previsto aumentar esa consignación al 12% del presupuesto para 2008. Los niños menores de 5 años tienen acceso gratuito a la atención de la salud en los hospitales públicos.
137.El Gobierno tiene previsto mejorar los servicios atención de salud materna promoviendo la maternidad segura, y se ha fijado el objetivo de reducir progresivamente la mortalidad materna a una tasa de 560 cada 100.000 nacidos vivos para 2006/08. El 42% de la población tiene acceso a personal capacitado para atender partos.
138.Entre otras medidas que se consideran necesarias para mejorar la salud física y mental de la población de Kenya cabe mencionar la promulgación y ejecución del proyecto de ley de seguridad social nacional, el aumento de las consignaciones presupuestarias para el Ministerio de Salud, haciendo especial hincapié en programas destinados a los grupos vulnerables, y la formulación y ejecución de programas concretos de lucha contra la pobreza para mejorar la subsistencia de los grupos de bajos ingresos de la sociedad.
139.Entre otras medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar el sistema de salud cabe mencionar el aumento de las consignaciones presupuestarias para el Ministerio de Salud, la mayor disponibilidad de suministros médicos mediante reformas en virtud de las cuales estableció la Dirección de Suministros Médicos de Kenya y la creación de un entorno propicio para que el sector privado y otros interesados participen en la atención de la salud.
140.Con respecto a la higiene ambiental e industrial, el Gobierno han formulado una política de saneamiento e higiene ambientales. Además, ha aumentado la colaboración entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo de la República de Kenya por una parte y la OIT, la OMS y otros organismos internacionales por la otra en los ámbitos de la salud ocupacional y la higiene industrial. También se ha dado prioridad al aumento de la capacidad del personal en los ámbitos de la salud y la seguridad ocupacionales y a la aplicación de instrumentos como la Ley de salud pública, capítulo 242 de la Recopilación de leyes de Kenya, la Ley de fábricas, capítulo 514 de la Recopilación de leyes de Kenya, la Ley de alimentos, medicamentos y sustancias químicas, capítulo 254 de la Recopilación de leyes de Kenya, y la Ley de ordenación y coordinación ambientales.
141.Entre otras medidas que ha adoptado Kenya para prevenir, tratar y combatir enfermedades endémicas, ocupacionales y otras cabe mencionar:
La colaboración entre departamentos gubernamentales y colaboradores para el desarrollo como ONG, la sociedad civil y el sector privado;
La reorientación gradual de los recursos del Ministerio de Salud hacia los servicios de prevención, promoción y otros servicios de atención primaria de la salud y, en particular, para mejorar la vigilancia de las enfermedades y los sistemas de respuesta a nivel de distrito;
El Gobierno también se ha concentrado en el cumplimiento de todas las normas y reglamentaciones de salud pública;
El mejoramiento de los sistemas de adquisición y distribución de medicamentos, principalmente en los establecimientos de nivel primario.
Fomento de la capacidad y capacitación del personal sanitario
142.Para asegurar la atención y los servicios médicos de todos los kenianos en caso de enfermedad, el Gobierno ha aumentado la cobertura de los servicios médicos, principalmente en las zonas rurales y en favor de otros grupos vulnerables o zonas con servicios insuficientes. Además, el Gobierno ha seguido reforzando los sistemas de remisión tanto entre establecimientos públicos como entre centros públicos y privados. Se prevé que esas medidas tendrán efectos positivos en la población vulnerable al brindarles un mejor acceso a la atención de la salud. Además, el cumplimiento de las leyes permitirá proteger la salud ambiental y así mejorar las condiciones de vida. El costo de la atención de la salud de las personas de edad ha suscitado particular preocupación. Aunque el país no se puede permitir eximirlos del pago de tarifas por los servicios que reciben, gozan de una exención general en todos los hospitales públicos, que abarca a todas las personas que no pueden sufragar sus gastos médicos por falta de recursos. También se exime de esas tarifas a las personas con discapacidad, conforme a la Ley sobre las personas con discapacidad.
143.Para aumentar al máximo la participación de la comunidad se han adoptado las siguientes medidas:
Se celebran foros de salud en los distritos, con la participación de representantes de todas las partes interesadas, incluida la comunidad.
A raíz de esos foros, los distritos preparan planes de salud con prioridades claramente definidas y financiación anual. Las comunidades participan en la planificación, organización, gestión y control de la atención primaria de la salud mediante su representación en todas las juntas de administración de la salud y comités de establecimientos de salud. También se alienta en particular a los integrantes de la comunidad a participar en todos los enfoques de atención primaria de la salud basados en la comunidad y a hacerlos propios.
144.Entre las medidas que se adoptan para educar acerca de los problemas de salud prevalecientes y las formas de prevenirlos y combatirlos cabe mencionar:
La educación en materia de salud pública basada en la comunidad por medio de reuniones informales ("barazas") generalmente convocadas por dirigentes y trabajadores de salud pública de la localidad;
La educación por medio de la prensa escrita y electrónica, afiches, etc.;
La celebración de sesiones de educación para la salud en todos los centros públicos de salud en beneficio de los pacientes ambulatorios;
La intensificación del programa de salud de las escuelas.
Artículos 13 y 14
145.En la Constitución vigente no se ha consagrado el derecho a la educación. El proyecto de constitución habría corregido esa omisión, pues su artículo 62 dispone que toda persona tiene derecho a la educación y obliga al Estado a garantizar el derecho de todos los niños a la educación gratuita y obligatoria. Se espera que esa disposición se mantenga en la revisión constitucional en marcha. Los distintos aspectos de la educación se abordan de una manera u otra en 14 leyes, como la Ley de educación, capítulo 211 de la Recopilación de leyes de Kenya, la Ley de la infancia, capítulo 586 de la Recopilación de leyes de Kenya 2001, la Ley de la junta de educación de adultos, capítulo 223 de la Recopilación de leyes de Kenya, y otras, por las que se establecen las diversas universidades. Mediante la mayoría de esas leyes se establecen las instituciones de enseñanza y de administración de esas instituciones.
146.La Ley de educación obliga al Ministerio de Educación a promover la educación de los kenianos y el desarrollo progresivo de las instituciones dedicadas a promover la educación en cumplimiento de la política nacional de educación. También permite al Ministerio formular periódicamente un plan de desarrollo de la educación compatible con cualquier plan nacional de educación y desarrollo social de Kenya. En la ley se establecen instituciones básicas de enseñanza como el Instituto de Educación de Kenya, que tiene por función la coordinación de las instituciones dedicadas a la formación de docentes, los exámenes, la investigación educacional, el material educacional y asuntos conexos.
147.En la Ley de la infancia (2001) se incorpora al derecho interno la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Entre sus principales disposiciones relativas a los derechos sociales cabe mencionar el derecho a la educación básica gratuita y obligatoria y el derecho a la atención de la salud. En el artículo 7 de la ley se dispone que todos los niños tendrán derecho a la educación, y que el Gobierno y sus padres tendrán la responsabilidad de impartirla. Además, todos los niños tienen derecho a una educación básica gratuita y obligatoria de conformidad con el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Además de garantizar el derecho, la ley sanciona a toda persona que lo viole deliberadamente con una pena de prisión no superior a los 12 meses o una multa no superior a los 50.000 chelines kenianos, o ambas cosas.
148.El sistema de educación abarca 8 años de escuela primaria, 4 años de escuela secundaria y 4 años de universidad. El año escolar consta de 3 trimestres, que comprenden 13 semanas de aprendizaje. El horario escolar es de 08.00 a 16.00 horas. Los alumnos que no cursan estudios universitarios pueden matricularse en institutos politécnicos nacionales, colegios politécnicos para jóvenes, colegios técnicos o colegios privados.
149.En 1998, el Gobierno, respondiendo a la insatisfacción de la población respecto de la estructura del sistema educativo vigente (8-4-4) y en cumplimiento de su promesa electoral de reformar la educación, estableció una Comisión de Investigación del Sistema Educativo de Kenya. La Comisión recomendó programas de estudio viables a todos los niveles, así como la ampliación de la enseñanza básica a 12 años para que incluyera la escuela secundaria. En su informe la Comisión propuso que se estableciera un nuevo marco jurídico general que incluyera aspectos de la educación no abordados por la Ley de educación vigente, como la educación en la primera infancia y la enseñanza técnica y especial, y pidió que se consolidaran todas las leyes relativas a la educación en una sola ley amplia. Aún debe efectuarse la mayor parte de estas reformas. No obstante, el Gobierno ha establecido un grupo de trabajo con el mandato de armonizar todas las leyes relativas a la educación. También ha aprobado el Documento de política Nº 1 de 2005 sobre el marco normativo para la educación, la capacitación y la investigación.
150.En colaboración con otros interesados, el Gobierno ha elaborado un Plan rector de educación y formación (1997-2010) a fin de impartir orientación normativa al preparar al país para cumplir el objetivo de la industrialización para 2020. El informe abarca aspectos como la elaboración de planes de estudios para que su contenido fuera de alta calidad y respondiera a las necesidades económicas; la formación y colocación eficaces de los docentes, la movilización y asignación de recursos, la gobernanza y la gestión, el aumento de la eficacia y la eficiencia, el aumento de la equidad en la participación y la reducción de los costos para los padres sin aumentar necesariamente las consignaciones presupuestarias del erario público. Se prevé que con todas esas recomendaciones mejorarán distintos aspectos del derecho a la educación en Kenya. En el Documento de política Nº 1 de 2005, que ha de instrumentarse mediante el programa de apoyo al sector del educación de Kenya, también se plantean cuestiones similares.
151.Entre otras intervenciones normativas que han tenido repercusiones en el sector hasta la fecha cabe mencionar la introducción de cupos de admisión en 1985. En virtud de esa política, el Gobierno obligó a las escuelas secundarias de cada distrito a reservar el 85% de las plazas a alumnos del distrito y de las escuelas primarias provinciales y a dejar el 15% a los alumnos del resto del país. Posteriormente los porcentajes se cambiaron por 60 y 40% respectivamente. La política tenía por objeto abordar la cuestión de la equidad entre los grupos marginados en la educación.
152.El plan de becas implantado por el Ministerio de Educación responde a las cuestiones de acceso y equidad en relación con los niños pobres. El presupuesto para el plan aumentó de 548 millones de chelines en 2001/02 a 770 millones de chelines en 2002/03. La administración del plan se ha descentralizado aún más para que llegue a todos sus beneficiarios en todo el país.
153.La política de educación primaria universal de 2003 es una política progresista que ha hecho aumentar considerablemente las tasas de matriculación en el país. No obstante, el logro de sus objetivos se ve amenazado por la incidencia del trabajo infantil, que aparentemente ocupa a 1,9 millones de niños, 1,3 millones de los cuales no cursan ningún tipo de estudios.
154.El plan nacional de erradicación de la pobreza 1999-2015 pone de relieve el objetivo de la educación básica para todos, reconociendo la merma de las tasas de matriculación y de conclusión de estudios de los pobres, el fracaso de la estrategia de participación en la financiación de gastos y el empeoramiento de los indicadores sociales, y reafirma la importancia de que se utilicen fondos públicos para financiar el ciclo básico abierto de educación, utilizando de esa manera un servicio clave de desarrollo humano para contribuir a mitigar la desigualdad. La consignación presupuestaria para la educación es relativamente grande; representa el 19% del presupuesto nacional y el 40,56% del presupuesto ordinario. En el ejercicio 2005/06, la consignación presupuestaria fue de 91.920 millones de chelines, mientras que en 2004/05 había sido de 84.700 chelines.
155.El número de escuelas primarias se triplicó, pasando de 6.508 a 18.617, mientras que el número de escuelas secundarias aumento de 151 a 3.207 en los 37 últimos años. Las universidades han crecido a la par de la notable expansión de las instituciones técnicas y de formación profesional. Esas cifras evidencian el esfuerzo constante del Gobierno por aumentar el acceso a la educación de los kenianos en los 40 últimos años.
156.La matriculación en la enseñanza preescolar (primera infancia) aumentó en un 33,3% entre 2000 y 2004. En 2000 se habían matriculado 636.808 niños y 609.793 niñas; en 2004 los niños eran 815.775 y las niñas 788.764. En 2004 había 267.000 niños más que en 2003 matriculados en las escuelas primarias. El total de niños matriculados en escuelas primarias fue de 7,1 millones en 2004 (6,1 millones en 2002). Cabe atribuir el aumento al advenimiento de la enseñanza primaria gratuita. La tasa de matriculación neta vigente es el 84,5% de la población en edad escolar, lo que indica que aún quedan muchos niños de 6 a 13 años de edad sin acceso a la enseñanza primaria gratuita. En 2002, antes de su introducción, se habían matriculado 3.143.100 niños y 2.988.000 niñas. Dos años después de la introducción de la enseñanza primaria gratuita, la matriculación había aumentado a 3.810.400 niños y 3.574.400 niñas, lo que representa un aumento en cifras netas de la matriculación del 20,45%.
157.Con respecto a la enseñanza secundaria, el total de matriculados en 2002 ascendía a 819.227, 431.279 niños y 387.948 niñas, y en 2004 a 912.624, 481.620 niños y 413.004 niñas. El número de estudiantes matriculados en las escuelas secundarias aumentó en 93.391 (el 11,4%). Subsisten las diferencias entre los géneros, aunque la relación entre las tasas de matriculación de niños y niñas mejoró ligeramente, de 53/47 en 2002 a 52/48 en 2004.
158.El número de estudiantes matriculados en las universidades aumento de 59.193 en 2000/01 a 91.541 en 2004/05. Cabe atribuir el aumento a la introducción de un programa de aprendizaje flexible en diversas universidades públicas, para beneficio de empleados de los sectores público y privado y alumnos que habían abandonado los estudios y que reunían las condiciones para cursarlos pero no podían asimilarse en los programas ordinarios. En 2001/20 se habían matriculado 39.637 alumnos y 23.040 alumnas; en 2004/05, 53.394 alumnos y 28.097 alumnas, lo que indica un aumento del 34% en el número de alumnos y del 21% en el de las alumnas.
159.La tasa anual de deserción escolar mejoró al reducirse del 5,0% en 1999 al 2% en 2004. En beneficio de quienes abandonan los estudios, el Gobierno adoptó las siguientes medidas:
Readmitió a las muchachas que habían abandonado los estudios por encontrarse embarazadas;
Abrió centros de educación extraescolar para los niños de más edad;
Implantó la enseñanza primaria gratuita y obligatoria;
Hizo optativa la compra del uniforme escolar;
Intensificó los programas de alimentación de las escuelas de zonas marginales;
Amplió las instalaciones de las escuelas secundarias para aumentar las tasas de transición de los estudios primarios a los secundarios;
Desarrolló planes de estudio para la educación extraescolar y la postalfabetización para los que abandonan los estudios o estudian en la edad adulta, en reconocimiento de la importancia de alfabetizar funcionalmente a estas personas una vez adquirida la alfabetización básica;
Mejoró el acceso de los adultos a la educación como forma de promover el objetivo de la educación para todos. El total de matriculados aumentó el 1,4%, de 108.431 en 2003 a 109.923 adultos en 2004. Las mujeres, que representaron el 71,3%, constituyeron la mayoría de los adultos matriculados en el sistema educativo en 2004.
160.La tasa de transición del primario al secundario fue de 47,3% en 2002 y de 52,6% en 2004. El Gobierno espera alcanzar una tasa del 70% mediante apoyo a la infraestructura y el mejoramiento del plan de becas. Para reducir las tasas de deserción escolar de la primaria al 20% fijado como objetivo, se han aumentado los créditos para la comida de mediodía. El presupuesto de los programas de alimentación en las escuelas aumentó de 665 millones de chelines en 2002/03 a 1.356 millones en 2004/05. El programa se ejecuta principalmente en las regiones áridas y semiáridas y en los asentamientos informales urbanos, que registran las tasas de retención más bajas. Se ha propuesto un componente de apoyo a los huérfanos del VIH/SIDA, con una consignación anual de1.800 millones de chelines para los cinco próximos años, en apoyo de la enseñanza primaria y secundaria.
161.Para mejorar el acceso a la educación de los niños con necesidades especiales, el Gobierno otorga ayudas de 2.000 chelines anuales por cada niño con necesidades especiales o con discapacidad. Además, el Gobierno otorga a cada escuela 10.000 chelines para que se adapte a las necesidades de las personas con discapacidad. Para abordar el problema de las tasas de deserción y el acceso en las zonas áridas y semiáridas, el Gobierno ha aumentado el apoyo a las escuelas primarias de pupilos. En el período de aplicación de la ERS, el sector ampliará la capacidad de esas escuelas. En los dos últimos años, el Gobierno ha gastado más de 191 millones de chelines, lo que incluye los subsidios de capitación para la educación para todos en esas escuelas.
162.No obstante, hay problemas en la proporción entre la cantidad de estudiantes y la de docentes. En la escuela primaria la proporción habría sido de 42 alumnos por maestro pero, por disparidades regionales y distribución desigual, la proporción fue de 26 alumnos por maestro en las zonas áridas y semiáridas y 68 alumnos por maestro en los centros urbanos en 2004. En las escuelas secundarias había 19 estudiantes por profesor en 2004. No se ha resuelto por completo el problema de la distribución desigual de los maestros.
163.Entre otras dificultades que se plantean en el sistema de educación de Kenya cabe mencionar el exceso de alumnos de las escuelas primarias y la presión excesiva que soporta la infraestructura (aulas, baños, etc.) -especialmente desde que se estableció la enseñanza primaria gratuita-, la incapacidad de los niños de zonas y barrios marginales de acceder a la educación a pesar de que es gratuita y obligatoria; la insuficiencia de docentes en comparación con el número de alumnos, por falta de recursos para emplear a docentes, y la falta de disciplina las escuelas desde que se suprimieron los castigos corporales.
164.Hay normas para establecer escuelas privadas, las cuales deben registrarse. Las sanciones son más severas en lo relativo al registro de escuelas a fin de controlar la calidad de la educación que se imparte. Algunas escuelas primarias surgen como iniciativas comunitarias; distinto es el caso de las escuelas secundarias. El Gobierno no duda en cerrar escuelas secundarias privadas que no respetan los reglamentos, porque se ven afectados menos padres y profesores. A veces esas escuelas se someten a la administración del Gobierno, que se ocupa de dotarlas de docentes.
165.Poder costear la educación sigue siendo un gran obstáculo para muchos, especialmente desde que se introdujo la participación en la financiación de los gastos en las escuelas secundarias y las universidades. En 1999, la participación media en la financiación de los gastos de la educación era demasiado alta para los hogares, pues representaba cuatro meses de ingresos, a raíz de lo cual los hogares pobres le destinaban menos recursos y retiraban a sus hijos de las escuelas. Incluso después de implantarse la enseñanza primaria universal, los alumnos de hogares muy pobres no pueden asistir a causa del costo de los uniformes, el alimento y el transporte. El establecimiento de la enseñanza primaria gratuita es una medida enérgica que demuestra el compromiso del Gobierno de brindar a todos los niños kenianos acceso a la educación y de que su costo no sea prohibitivo. Para fines de 2003 se habían matriculado más de 1,3 millones de niños de los 3 millones que, según las estimaciones, no asistían a la escuela, tendencia que parece ir contrarrestando la disminución observada en los últimos años.
166.En las escuelas secundarias, donde no se ha aplicado la política de educación gratuita y los padres aún sufragan los gastos, éstos representan un porcentaje elevado de los gastos de los hogares: el 46% para las escuelas diurnas, el 63,8% para las escuelas de pupilos y una media general del 56,6% para ambas.
167.Con respecto a la equidad (cuán asequibles son las escuelas respecto del nivel de ingresos), en general menos del 9% de los estudiantes secundarios provienen de hogares que pertenecen al quintil más pobre medido según los gastos per cápita, mientras que casi el 30% pertenece al quintil más rico. Al igual que sucede con la educación primaria, hay graves disparidades entre distritos en el acceso a la educación. La tasa bruta de matriculación para todo el país es del 26%, pero hay cinco distritos con una tasa inferior al 5%, y la zona del antiguo Nyanza meridional registra apenas el 1,2%. En esas regiones se registran las más altas tasas de pobreza, mortalidad infantil, VIH/SIDA y mortalidad, así como las mayores disparidades entre los géneros. Así pues, en Kenya la educación es menos accesible para los pobres, cuya necesidades básicas de supervivencia exigen que destinen sus ingresos en primer lugar a la alimentación.
168.Los niños con necesidades especiales de educación no han podido ejercer su derecho a la educación de la misma manera que los demás. Aunque el Ministerio de Educación reconoció la necesidad de formar maestros para niños con necesidades especiales e incluso estableció el Instituto de Kenya para la Educación Especial, el Gobierno no le ha prestado apoyo suficiente. El porcentaje de fondos que el Gobierno destina a la educación especial disminuyó del ínfimo 0,46% que representaba en 1980 al 0,09% en 2000/01, según las encuestas económicas correspondientes a esos años. De acuerdo con el plan nacional de desarrollo 2002-2008, de los 1,8 millones de niños con discapacidad de 1 a 19 años sólo se ha registrado a 100.000, de los cuales apenas 22.000 (el 22%) se ha matriculado en escuelas ordinarias o especiales. Incluso para ese pequeño grupo que tiene acceso a la educación, la calidad de ésta deja que desear, pues escasean los docentes capacitados. Cabe atribuir la baja tasa de matriculación a la mala gestión y al costo elevado de la formación de docentes; apenas 40 docentes por año concluyen los dos años de estudios en el Instituto de Educación Especial de Kenya necesarios para impartir esa educación.
169.A fin de proporcionar enseñanza primaria gratuita, el Gobierno ha cooperado con sus colaboradores para el desarrollo. Los principales colaboradores que han prestado apoyo al programa son el Banco Mundial, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Organismo Sueco para el Desarrollo Internacional, el Organismo Canadiense para el Desarrollo Internacional, el Organismo Japonés de Cooperación Internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Su asistencia se orienta principalmente a la distribución de libros de texto y material institucional, el desarrollo y la rehabilitación de la infraestructura (aulas, baños, etc.) y la alimentación de los alumnos en el marco del programa de alimentación en las escuelas. Los diversos colaboradores para el desarrollo también han prestado apoyo en otros ámbitos del sector de la educación aparte de la enseñanza primaria gratuita.
Artículo 15
170.En Kenya, el derecho consuetudinario africano tiene fuerza de ley siempre y cuando no sea contrario a la justicia ni incompatible con las leyes escritas. Así lo dispone la Ley del poder judicial, capítulo 8 de la Recopilación de leyes de Kenya. La Constitución vigente no se pronuncia respecto de la cultura y las costumbres, aunque el proyecto de constitución de Kenya de 2004, rechazado por los votantes en el referendo de 21 de noviembre de 2005, contenía todo un capítulo sobre la cultura. En él se disponía el establecimiento de la Comisión Nacional de Cultura y se proclamaba el 26 de diciembre Día de la Cultura. En el proyecto de constitución también se obligaba al Estado a reconocer la diversidad del pueblo de Kenya y a promover y proteger las culturas de sus comunidades. Es probable que en el proceso de revisión constitucional en curso las disposiciones relativas a la cultura que se incorporen en la futura constitución se basen en gran medida en el proyecto de constitución de 2004.
171.Desde la primera infancia se enseña acerca de distintos aspectos culturales en las escuelas; los programas de las escuelas también incluyen asignaturas como historia y educación cívica, que enseñan acerca de aspectos culturales de las diferentes comunidades de Kenya. Esos conocimientos, combinados con los festivales de teatro y de música, promueven la identidad cultural, el reconocimiento mutuo y la coexistencia entre los distintos grupos étnicos.
172.El Ministerio de Asuntos de Género, Deportes, Cultura y Servicios Sociales ha visto aumentar su presupuesto de desarrollo de 164 millones de chelines en 2004/05 a 495 millones de chelines en 2005/06. Los gastos periódicos también han aumentado, de 1.590 millones de chelines en 2004/05 a 1.620 millones de chelines en 2005/06.
173.El Gobierno ha adoptado medidas para preservar la cultura de los pueblos de Kenya, como el establecimiento del Teatro Nacional de Kenya, los Museos Nacionales de Kenya y el Ministerio del Patrimonio Cultural Nacional, para complementar la labor del Departamento de Cultura del Ministerio de Asuntos de Género, Deportes, Cultura y Servicios Sociales. El Gobierno también ha establecido el marco jurídico, constitucional y normativo para preservar y ordenar la vida silvestre como parte del patrimonio nacional de Kenya. Se ha previsto establecer leyes de protección de los bienes culturales, aún los que están en manos privadas. Hay un proyecto de ley de museos y patrimonio nacional. El Gobierno está considerando la posibilidad de declarar museos a más sitios. Cabe mencionar que un comité directivo facilita el proceso de normalización de las cuestiones relativas a los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos y los derechos de propiedad intelectual en el contexto de la OMPI. El crecimiento reciente de la industria de la medicina alternativa es una forma en que el Gobierno promueve la cultura y la medicina tradicional.
174.La investigación científica se rige por la Ley de ciencia y tecnología y se lleva a cabo en las universidades y en institutos de investigación públicos, como el Instituto de Investigaciones Agrícolas de Kenya, el Instituto de Investigaciones Médicas de Kenya, el Instituto de Investigación y Desarrollo Industriales de Kenya y otros. La propiedad intelectual y la innovación están protegidos por la Ley de propiedad industrial, que establece un órgano normativo denominado Instituto de Propiedad Industrial de Kenya. El país también está considerando la posibilidad de elaborar un proyecto de ley sobre los organismos genéticamente modificados.
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