Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Información recibida del Ecuador relativa al seguimientode las observaciones finales sobre su cuarto informe periódico * **

[Fecha de recepción: 11 de noviembre de 2021]

Lista de siglas y abreviaturas

ANEAsamblea Nacional del Ecuador

CNIGConsejo Nacional para la Igualdad de Género

CNIPNConsejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades

MEFMinisterio de Economía y Finanzas

MERNNRMinisterio de Energía y Recursos No Renovables

MAATEMinisterio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

MDTMinisterio de Trabajo

SDHSecretaría de Derechos Humanos

SNPSecretaría Nacional de Planificación

I.Introducción

1.Con fecha 14 de noviembre de 2019, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió las observaciones finales al IV informe periódico del Ecuador. En el párrafo 68 del documento, se solicitó al Estado parte que, en los 24 meses siguientes a la aprobación de las presentes observaciones finales, proporcione información sobre la aplicación de las recomendaciones contenidas en los párrafos 6, apartados b) y d) (medidas de austeridad), 18, apartado a) (derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado) y 40, apartado a) (protección de la familia y el niño).

II.Información relativa a la aplicación

Respuesta al párrafo 6 b) de las observaciones finales (E/C.12/ECU/CO/4)

2.El Estado ecuatoriano en el marco de la priorización de gasto en las áreas de educación y salud a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como ente rector de las finanzas públicas y la entidad rectora de la planificación del desarrollo, dentro del ámbito de sus competencias, establece los mecanismos de vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo y los presupuestos del sector público. Durante el período 2018-2021 ha existido una sostenibilidad en inversión de infraestructura y otros proyectos de desarrollo con recursos del Estado y con la colaboración de la inversión privada nacional e internacional bajo el esquema de Alianzas Público Privadas.

3.Adicional, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ha iniciado un proceso de puesta en valor de los distintos activos del Estado identificados, para definir opciones que permitan generar más ingresos para mantener y expandir la infraestructura social y productiva del país.

4.De conformidad con la decimoctava disposición transitoria de la Constitución de la República establece “El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto Interno Bruto”, y; la vigesimosegunda disposición transitoria de la Constitución de la República establece “El Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del sistema nacional de salud, se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto, hasta alcanzar al menos el cuatro por ciento”.

5.El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 178 establece que: “la máxima autoridad de cada entidad y organismo público y los funcionarios y servidores encargados del manejo presupuestario, serán responsables por la gestión y cumplimiento de los objetivos y metas, así como de observar estrictamente las asignaciones aprobadas, aplicando las disposiciones contenidas en el presente código y las normas técnicas”. En este contexto el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas ha cumplido estrictamente con las disposiciones constitucionales plasmadas anualmente en las Proformas presupuestarias y aprobadas por la Asamblea Nacional. Ver Tabla 1.

6.De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador-CRE, artículo 3, numeral 5, establece como deber primordial del Estado, “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir ”. A su vez, el artículo 280, señala que: “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores”.

7.También, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP), en su artículo 10 primer inciso, establece que: “La planificación nacional es responsabilidad y competencia del Gobierno Central, y se ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo. Para el ejercicio de esta competencia, la Presidenta o Presidente de la República podrá disponer la forma en que la función ejecutiva se organiza institucional y territorialmente”.

En este sentido, en el marco de las competencias institucionales, a continuación, señalan los avances registrados en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021:

Principales avances registrados en el año 2018.

8.Debido a las repercusiones del ciclo económico bajo, la apreciación del dólar y la reducción del precio del barril de petróleo entre 2014 y 2016, en 2018, indicadores como la incidencia de la pobreza extrema por ingresos, y la tasa de pobreza multidimensional nacional y rural se han visto afectados. Al respecto, se impulsó programas como Menos pobreza más desarrollo y Mis mejores años que buscaban que las trasferencias monetarias que se realiza a los grupos poblaciones que se encuentran en extrema pobreza, mejoren sus niveles de ingresos, garantizando niveles mínimos de consumo.

9.En el ámbito de la salud, se incrementó el porcentaje de la prevalencia de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida, esto gracias al accionar del Ministerio de Salud Pública, que implementó la adecuación y uso de salas de apoyo a la lactancia materna en las empresas del sector privado, registrando 30 establecimientos preparados para la certificación “Establecimientos Amigos de la Madre y del Niño ( ESAMyN )”. Adicional, con el objetivo de incrementar la tasa de profesionales de la salud, se adjudicaron becas para la formación de profesionales de la salud, beneficiando a 4.365 personas y se amplió la oferta académica para programas de especialidades médicas, alcanzando 98 programas.

10.En cuanto a temas de educación, la oferta de los servicios de educación inicial, básica y bachillerato de calidad, buscó la inclusión, permanencia y conclusión de los estudios en los niveles inicial, básico y bachillerato. Al respecto, se han registrado importantes avances en torno al fortalecimiento de las capacidades de la educación intercultural, para lo cual, la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe ha realizado una ampliación curricular en las 14 nacionalidades indígenas.

Principales avances registrados en el año 2019

11.Con el objetivo de reducir la mortalidad materna, desde el Ministerio de Salud Pública implementó la vigilancia epidemiológica de la morbilidad materna extremadamente grave, en 31 hospitales a nivel nacional, a través de la estrategia “ NEAR MISS”. Adicionalmente, se dio un mayor acceso a métodos anticonceptivos, enfocado a los eventos post obstétrico, garantizando un 30 % de disminución de la mortalidad materna. De manera complementaria, se capacitaron a 300 profesionales de la salud a nivel nacional, en el manejo de emergencias obstétricas y neonatales de tal manera que puedan brindar un mejor manejo.

12.Para disminuir la tasa específica de nacimientos en mujeres adolescentes entre 15 a 19 años, en el año 2019 se llevó a cabo el “Proyecto de Inversión de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2019 - 2022”. A través de esta iniciativa, se establecieron servicios de salud amigables integrales para adolescentes basados en un enfoque de derechos disponibles para mujeres y hombres a nivel nacional de este grupo poblacional. En ese sentido, se trabajó en 930 establecimientos de salud de primer nivel de atención; 1.095 establecimientos de primer nivel con adecuaciones de consultorios polivalentes para atención amigable a adolescentes; 56 establecimientos de segundo y tercer nivel con adecuación de los servicios de primera atención a víctimas de violencia sexual.

13.Otra de las acciones relevantes en política de salud orientada a la niñez y adolescencia, es la emisión de los Lineamientos técnicos para asegurar el acceso a servicios integrales y amigables para adolescentes, mediante Acuerdo Ministerial. Este marco normativo posibilitó la capacitación de 20.208 profesionales de salud en política intersectorial de prevención del embarazo en niñas y adolescentes; en atención integral y amigable para adolescentes; y en asesoría en salud sexual y salud reproductiva.

14.La promoción de la salud se llevó a cabo a través de capacitación sobre salud sexual y reproductiva a 1.472 técnicos, analistas y docentes de la “Campaña todos ABC”; programa que promueve la oferta educativa de alfabetización, post alfabetización, y básica superior. Adicionalmente, se implementó la línea 171 de Asesoría en Promoción de la Salud.

15.Con el objetivo de disminuir la tasa de nacimientos en niñas y mujeres adolescentes de 10 a 14 años de edad, mediante Acuerdo Ministerial se expidió la “Norma Técnica de Atención Integral a víctimas de violencia basada en género y graves violaciones a los derechos humanos”, que incluye un acápite específico para atención a niñas y adolescentes menores de 14 años.

16.Mediante Acuerdo Interministerial se expidió la “Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-2022 ( Pipena )”, la cual se elaboró de manera coordinada entre las Carteras de Estado corresponsables de la atención de esta problemática social y de salud pública; a saber: Ministerio de Salud Pública (MSP), en su calidad de Autoridad Sanitaria Nacional; Ministerio de Educación (Mineduc), como rector del sistema educativo; Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), como rector de la inclusión económica y social de la población de atención; y, el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos (Actual Secretaría de Derechos Humanos).

Principales avances registrados en el año 2020

17.El 2020 fue un año de grandes retos derivados de la pandemia provocada por el COVID-19. En este marco, las acciones emprendidas por el estado ecuatoriano se orientaron a dar continuidad a las intervenciones programadas, considerando las particularidades del nuevo contexto. A continuación, se presentan los principales avances.

18.En el ámbito educativo, el Gobierno Ecuatoriano dio continuidad a nivel nacional la Campaña Todos ABC y el Bachillerato Monseñor Leónidas Proaño, dirigido a personas de 18 a 29 años que no han culminados sus estudios de bachillerato, beneficiando a 25.215 personas. Así también, al programa Educación Básica para Jóvenes y Adultos. Para lo cual, se realizó la reapertura de 108 instituciones educativas rurales cerradas en años anteriores. Adicional, se implementó el “Plan Educativo COVID-19”, por medio del cual, se puso a disposición de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, familias) recursos pedagógicos, fichas pedagógicas, textos escolares digitales, material en prevención de la violencia de género, entre otros recursos educativos digitales.

19.Por otro lado, es importante destacar el incremento de la tasa bruta de matrícula en educación superior de nivel técnico y tecnológico. Para el año 2020, se implementó proyectos de dotación de enlaces de datos, servicio de internet y data centers virtuales, beneficiando a 89 Institutos Superiores Públicos.

20.Los avances en temas de igualdad de género se ven reflejados en la disminución de la brecha salarial entre hombres y mujeres. A pesar que es una problemática que trasciende el accionar del Gobierno Nacional, a partir de la aprobación de la “Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres”, y su Reglamento (2018), se han generado diferentes acciones para promover el conocimiento y aplicación de los principios de igualdad de género y la no discriminación a grupos de atención prioritaria y en estado de vulnerabilidad. Actualmente, se cuenta con “Protocolo de Prevención y Atención de casos de Discriminación, Acoso laboral y toda forma de Violencia contra la Mujer en los espacios de trabajo” (2020).

21.Finalmente, en cumplimiento del principio que reconoce el goce y ejercicio para la migración segura, ordenada, regular, de atención y protección para personas en situación de movilidad humana en condición de vulnerabilidad, se ha implementado diversas acciones tales como, el “Plan Integral para la Atención y Protección de la Población Venezolana en Movilidad Humana en Ecuador 2020 - 2021”, aprobación de reglamentos, protocolos y manuales de procedimientos de los servicios que prestan las coordinaciones zonales, oficinas técnicas y oficinas consulares, además del fortalecimiento de la gestión de servicios a través de capacitación del personal.

22.Sobre la elaboración de proformas presupuestarias de las instituciones que forman parte del Presupuesto General del Estado, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPLAFIP establece que el ente rector de la Planificación Nacional únicamente para el gasto de inversión (gasto no permanente) en coordinación con el ente Rector de las Finanzas Públicas emitirá las Directrices para la Elaboración de la Proforma del Plan Anual de Inversión y la programación Presupuestaria Cuatrienal.

23.De lo anteriormente citado, esta Secretaría de Estado como ente rector de la planificación nacional y de la inversión pública en el marco de sus competencias y responsabilidades envía cada año a las entidades que forman parte del PGE, la Guía para formulación de Proforma del Plan Anual de Inversión, posteriormente unifica la información y remite al Ente Rector de las Finanzas Públicas para consolidación y generación de estructuras presupuestarias para posteriormente presentar todo el presupuesto a la Asamblea Nacional para su aprobación. En el proceso indicado de formulación del PAI se ejecutan las acciones necesarias para la adecuada coordinación con las entidades del PGE con el propósito de la correcta gestión de sus responsabilidades, atribuciones y servicios hacia la sociedad.

24.Referente al período 2019-2021, en el Plan Anual de Inversiones se destinó un monto total de inversión de USD 5.580,69 millones destinados a los sectoriales de i) bienestar social, ii) educación y iii) salud, de acuerdo al siguiente detalle.

Tabla No. 1

Representación de la información de inversión por sectores seleccionados (En millones USD)

Año	Bienestar Social	Educación	Salud
2019	110,42	845,50	186,28
2020	391,14	920,82	545,46
2021	801,77	900,46	878,84

Fuente: Réplica del eSIGEF con corte al 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021.

25.En la representación se observa que para el año 2020 en relación al ejercicio fiscal 2021 se incrementó el presupuesto en USD 715,23 millones alcanzando una relación del 62,62 % y para el año 2021 en relación al ejercicio fiscal 2020 se incrementó USD 723,66 millones alcanzando una relación del 38,96 %.

Gráfico 1

Representación de la información de inversión por sectores seleccionados (En millones USD)

Fuente: Réplica del eSIGEF con corte al 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021.

26.En el gráfico se puede apreciar que los sectores de Bienestar Social y Salud mantienen un crecimiento en relación al año predecesor y que el sector Educación no ha sufrido variación significante en relación a cada uno de los años de análisis.

Respuesta al párrafo 6 d) de las observaciones finales

27.El continuo trabajo del Estado ecuatoriano con el fin de garantizar el goce de los derechos sociales, económicos y culturales se refleja en su ardua labor para la construcción de políticas de políticas que abordan de forma específica y transversal el libre y efectivo goce de los Derechos Humanos de los ecuatorianos en este sentido se resalta en primer lugar la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo para el período 2021-2025, “Creando Oportunidades” fue aprobado mediante Resolución Nro. 002-2021-CNP del 20 de septiembre de 2021.

28.El Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 a través de sus 16 objetivos establece políticas y metas tendientes a la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de la población en concordancia con la Constitución de la República y los compromisos internacionales.

29.El Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 se organiza en cinco ejes programáticos:

Eje Económico: Incluye 4 objetivos y 17 políticas. En este eje se plantean políticas tendientes a la generación de más y mejores empleos con énfasis en mujeres y jóvenes, el fomento al emprendimiento; el fortalecimiento de vínculos comerciales y la atracción de inversiones; la consolidación de exportaciones no petroleras; la producción, competitividad y promoción para los sectores: turístico, industrial, agrícola, acuícola y pesquero; el impulso a la soberanía y seguridad alimentaria; así como también la modernización del sistema financiero nacional y una gestión fiscal sostenible que permita fortalecer el esquema monetario vigente.

Eje Social: Incluye 4 objetivos y 21 políticas. En este eje se abordan temáticas relativas a la erradicación de la pobreza, el acceso a la seguridad social, la garantía del derecho a una vivienda adecuada con acceso a servicios básicos, incluida la conectividad digital y nuevas tecnologías; así como también la erradicación de toda forma de discriminación y violencia, en especial aquella ejercida contra las mujeres. El eje social destaca la importancia del acceso al derecho a la salud integral, gratuita y de calidad, el combate a toda forma de malnutrición, con énfasis en la desnutrición crónica infantil, el fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva, prevención del consumo de drogas y acceso universal a las vacunas; así como la promoción de un sistema educativo inclusivo y de calidad en todos los niveles, impulsar la excelencia deportiva y la generación de nuevas oportunidades para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.

Eje Seguridad Integral: Incluye 2 objetivos y 8 políticas. Este eje abarca la seguridad integral tanto interna como del Estado, resguardando la integralidad territorial y la soberanía nacional, como un tema relevante para el presente gobierno. La seguridad y el orden público, como un derecho de toda la población. Se menciona a la gestión de riesgos de desastres y atención a emergencia con la finalidad de promover una cultura centrada en la planificación y atención oportuna ante los diferentes eventos. Finalmente, se identifica la mejora y fortalecimiento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social desde la prevención, disuasión, control, contención, y respuesta a situaciones de crisis.

Eje Transición Ecológica: Incluye 3 objetivos y 9 políticas. Este eje aborda temas relacionados con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el patrimonio natural, la conservación de los ecosistemas, la reducción de la deforestación, la mitigación y adaptación al cambio climático, la implementación de las mejores prácticas ambientales, considerando al recurso hídrico como unidades hidrográficas esenciales para el desarrollo y la prestación y uso adecuado del agua.

Eje Institucional: Incluye 3 objetivos y 8 políticas. Este eje abarca temáticas relacionadas con la administración de justicia, la regulación y el control, en búsqueda de lograr eficiencia estatal, integridad pública y lucha contra la corrupción, con herramientas como el gobierno abierto y el diálogo político. Se desarrollan políticas tendientes al fortalecimiento de las relaciones internacionales y la inserción estratégica de Ecuador, resaltando el cuidado y respeto a la soberanía nacional terrestre y oceánica; así como también, garantizar derechos a las personas en situación de movilidad humana.

30.Finalmente, es importante mencionar que en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 371 de 19 de abril de 2018 que dispone: “Declarar como política pública del Gobierno Nacional la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, orientada al cumplimiento de sus objetivos y metas en el marco de su alineación a la planificación y desarrollo nacional”, la Secretaría Nacional de Planificación con el apoyo técnico de PNUD, realizó un ejercicio de vinculación de los ODS con los objetivos, políticas y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 – Creando Oportunidades. Cabe indicar que la alineación de los ODS con la planificación nacional, es un paso fundamental para la implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales ligados a los ODS.

31.Desde una perspectiva de derechos humanos, es importante señalar que el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 se recoge los mayores desafíos que actualmente enfrenta el país por lo que se ha planteado objetivos, políticas y metas tendientes a la reactivación económica y medidas de protección social con un enfoque prioritario hacia la población más vulnerable. También tiene previsto la implementación de políticas sociales y económicas para la universalización de los servicios de salud, educación de calidad, protección del empleo y reactivación económica. Todas estas acciones se enmarcan en el Eje 1 y 2 del Plan Nacional de Desarrollo.

32.En la misma línea Ecuador, con especial énfasis en el ser humano emitió la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario el 22 de junio de 2020, la misma está compuesta por cuatro capítulos, siete disposiciones generales, cuatro disposiciones derogatorias y una disposición interpretativa referente al artículo 169 numeral 6 del Código de Trabajo por la terminación de la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor además de 23 disposiciones transitorias. Entre las medidas que se destacan están aquellas en favor del Bienestar Social y la Reactivación Productiva, como es reducción de tasas por pensiones educativas, suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato, no incremento de costos en servicios básicos, rebaja en costo del servicio eléctrico, prohibición de terminación de pólizas de salud ni suspensión de su cobertura por mora, extensión de cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, facilidades de pago a la seguridad social, créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo en el sector privado, tasas de interés para la reactivación, reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero, reprogramación de pago de cuotas de seguros, suspensión de la matriculación y revisión vehicular, fijación de precios del consumo popular.

33.Entre las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo, se resalta el establecimiento de acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, sanción al incumplimiento del acuerdo entre las partes, condiciones mínimas para la validez de los acuerdos, el contrato especial emergente, reducción emergente de la jornada de trabajo, goce de vacaciones, prestaciones del seguro de desempleo, priorización de contratación a trabajadores, profesionales, bienes y servicios de origen local, estabilidad de trabajadores de la salud.

34.En la misma línea, el Ministerio de Trabajo en el marco de la publicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID‑19, emitió los acuerdos ministeriales Nro. MDT-2020-171, MDT-2020-172 y MDT-2020-173, de fecha 09 de septiembre de 2020 mediante los cuales se estableció las Excepciones para la aplicación del Capítulo III de la referida Ley, los mismos que son aplicables para los trabajadores del sector privado o público, velando por el efectivo goce de sus derechos y garantías.

35.Por otra parte, en esa misma fecha, fue emitido el Acuerdo Ministerial Nro. MDT‑2020-174, a través del cual se reformó el Acuerdo Ministerial Nro. MDT‑2020‑077, de fecha 15 de marzo de 2020, expandiendo, una vez más, directrices para la aplicación de la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral durante la declaratoria de emergencia sanitaria.

36.Asimismo, el 14 de septiembre de 2020, fue emitido el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-181, a través del cual, conforme a lo establecido en la Disposición Reformatoria Primera de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, se establecieron las directrices para la aplicación del teletrabajo en el Código del Trabajo, teniendo por objeto el correcto desarrollo de esta modalidad de trabajo coadyuvando a la sostenibilidad del empleo y la reactivación de la economía sin menoscabar los derechos de las partes.

37.El 17 de septiembre de 2020, se emitió el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-185, a través del cual se expidió la fórmula y el procedimiento técnico para el cálculo de la variación anual al salario básico unificado, garantizándose los derechos adquiridos por los trabajadores a través de la imposibilidad jurídica de disminuir el salario básico vigente; y, velándose por la implementación de criterios que disminuyan la discrecionalidad de los actores en el establecimiento del salario básico unificado a través de los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico, en beneficio de la seguridad jurídica y la debida equidad entre las partes de la relación laboral.

38.Apegados a las atribuciones contenidas en el Código del Trabajo, y con el objetivo de promover y generar fuentes de empleo en los diferentes sectores productivos del país, el 30 de octubre de 2020, se emitieron las siguientes normativas: el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-220, mediante el cual se expidió la norma que regula la modalidad contractual especial para los sectores productivos, el Acuerdo Ministerial Nro. MDT‑2020‑221, con el que se regula las modalidades contractuales especiales para los sectores: turístico y/ o cultural y creativo, el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-222, a través del cual se expiden las directrices que regulen el contrato de emprendimiento; y, el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-223, que contiene las directrices para regular el régimen especial de contratación para el acceso de jóvenes al mercado laboral e incentivos a su formación.

39.Por otra parte, con la finalidad de lograr la inclusión de políticas de prevención y erradicación de los casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia a la que puedan ser víctimas los servidores y servidoras públicos, el 25 de noviembre de 2020, se expidió el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-244, mediante el cual se establece el Protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo.

40.Además, se expidieron: el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-249 de 30 de noviembre de 2020, que tiene por objeto fijar a partir del 01 de enero de 2021, el salario básico unificado del trabajador en general, incluidos los trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila; trabajador o trabajadora remunerada del hogar, operarios de artesanías y colaboradores de la microempresa; el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-282 de 22 de diciembre de 2020, para la fijación de sueldos, salarios mínimos sectoriales y tarifas para el sector privado por ramas de actividad, que abarcan las diferentes comisiones sectoriales; y, el Acuerdo Ministerial Nro. MDT‑2020-286 de 24 de diciembre de 2020, mediante el cual se expidió el régimen especial de trabajo para el personal académico de las Instituciones de Educación Superior Particulares.

41.Asimismo, mediante Resolución Ministerial Nro. MDT-2020-054 de 22 de diciembre de 2020, se suspenden los términos y plazos a partir del día 23 de diciembre de 2020, dentro de los siguientes trámites: vistos buenos, sumarios administrativos, recursos administrativos, acciones de cobro, trámites colectivos y demás procesos administrativos y sus prescripciones, seguidos ante cualquier dependencia del Ministerio del Trabajo hasta el día 17 de enero de 2021.

42.Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2021-042 de 5 de febrero de 2021, se expidió la reforma al Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0109, de 10 de julio de 2017, mediante el cual se expidió el Instructivo General de Pasantías, en tal sentido mediante la reforma se incluye a los estudiantes que se encuentran bajo la modalidad de formación dual, para ser considerados por el empleador en el porcentaje de cumplimiento del 4 % de inclusión obligatoria de pasantes.

43.Igualmente, en este contexto el 8 de marzo de 2021 se lanzó la Política Pública Economía Violeta, que pretende impulsar la reactivación económica inclusiva y empoderamiento en derechos de las mujeres. Esta política pública se enmarca en tres aspectos fundamentales: 1) acceso a crédito, a activos productivos y a mercados; 2) protección del empleo y fortalecimiento de emprendimientos; y 3) generación de alternativas de reactivación económica. Entre los actores que intervienen en la implementación de la Política Pública se encuentran las entidades públicas y las instituciones financieras públicas, cuyo aporte se focaliza en la generación de productos crediticios.

44.Finalmente, se resalta el trabajo que continúa haciendo el Estado ecuatoriano a través de la construcción de políticas públicas que van encaminadas hacia la reactivación económica del país y la garantía de derechos:

Política Pública Agropecuaria.

Política Industrial compuesta de la Política Pública Comercial, Arancelaria, de Calidad, y de Promoción y Fomento de Exportaciones y de Competitividad y de la Política Pública de Promoción y Atracción de Inversiones Nacionales e Internacionales.

Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible.

Política Pública Nacional de Reparación Integral a sobrevivientes de violencia contra las mujeres y miembros del grupo familiar y sobrevivientes víctimas de femicidio.

Plan de Desarrollo del Sistema de Educación Superior.

Estrategia para Combatir la Violencia Sexual en el Ámbito Educativo.

Respuesta al párrafo 18 a) de las observaciones finales

45.Como principal acción del Estado ecuatoriano en renovar la normativa mediante la realización de una consulta con los pueblos indígenas sobre la elaboración de un marco legal, administrativo y de política pública necesario para el disfrute del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, se destaca el trabajo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) que se encuentra en un proceso de implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, el cual fue ratificado por el Ecuador, el 21 de mayo de 2020, y su entrada en vigor fue el 22 de abril de 2021. En este sentido, se han identificado varios desafíos en el marco de la implementación, los cuales, están siendo coordinados con la Universidad de los Hemisferios como representante de la sociedad civil y academia, y con el soporte de la Cooperación Técnica Alemana GIZ, en el “Análisis diagnóstico de congruencia del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe con el marco político, normativo e institucional vigente”.

46.Por otra parte, el MAATE comprometido en el cumplimiento del principio sobre participación ciudadana se unió a la Alianza para Gobierno Abierto, del cual forma parte en el Grupo de Trabajo Multisector. Dentro de este proceso, se apoyó en la elaboración del borrador del Plan de Acción que facultará la propuesta de compromisos para esta Alianza. Asimismo, con la finalidad de fortalecer los temas de acceso a la información ambiental, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha puesto a disposición de la ciudadanía en general: la Plataforma Sistema Nacional de Indicadores Ambientales y Sostenibilidad (SINIAS), así como publicaciones de información ambiental nacional generada por el Ministerio. De igual manera, se ha fortalecido al Sistema Único de Información Ambiental para agilitar el acceso y los procesos de regularización, control, monitoreo, certificación ambiental.

47.Cabe destacar que el Estado ecuatoriano es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, publicado en el Registro Oficial No. 206 de 7 de junio de 1999, el cual reconoce el derecho a consulta previa de pueblos indígenas y pueblos tribales y, contiene los principios y procedimientos a los que tienen derecho. El artículo 6 literal a) del referido convenio, dispone “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Conforme el instrumento internacional, la consulta Previa Libre e Informada es un proceso de restitución de Derechos el cual se encuentra contemplado en el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador por lo cual se garantiza a cada una de las comunidades el acceso a la información, este proceso se encuentra también contemplado en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en los artículos 81 y 83.

48.A su vez la sentencia No. 001-10-SIN-CC de 2010 de la Corte Constitucional, reconoció la especial relación de los pueblos indígenas con sus territorios como la consideración fundamental para el correcto entendimiento del deber estatal de consulta previa, libre e informada contemplado en el artículo 57, numeral 7; identificó una serie de criterios que deben ser cumplidos en todo proceso de consulta previa, libre e informada; y dispuso a la Asamblea Nacional que en el plazo de un año emitiera una ley de la materia bajo procedimientos de consulta prelegislativa también establecidos en la sentencia. En este contexto la Corte Constitucional mediante sentencia No. 38-13-IS/19 ordenó “la Asamblea Nacional del Ecuador dentro del plazo máximo de un año, expida las leyes orgánicas correspondientes que regulen el derecho a la consulta previa y prelegislativa”. Hasta la actualidad el instrumento normativo que regule la consulta previa no ha sido emitido aún por la Función Legislativa.

49.Adicional, el Ecuador a través de la Asamblea Nacional y en específico desde la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos tiene en su consignación los siguientes proyectos de ley sobre la materia solicitada: Proyecto de Ley Orgánica de Ejercicio de los Derechos Colectivos, de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas (2014); Proyecto de Ley Orgánica de Protección del Patrimonio Genocultural de las Comunas, Comunidades, Nacionalidades Indígenas, Ancestrales, Pueblos Afroecuatoriano y Montubio y otros Colectivos del Ecuador (2017); Proyecto de Ley Orgánica de Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano (2019). Sobre esta misma materia también consta otro proyecto de ley, el Proyecto de Ley Orgánica de Consulta Prelegislativa a Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades (2012). Todos estos proyectos de ley constan en el “Plan de trabajo 2021” de la Comisión, documentos que serán sometidos a un proceso de unificación en un proyecto de Código Orgánico de ejercicio de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

50.Finalmente, el Ecuador a través del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades estableció la Agenda para la Igualdad de Derechos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Pueblo Afroecuatoriano y Pueblo Montubio 2019-2021, en cuya construcción se contó con los insumos trabajados en territorio con los representantes de las organizaciones y sociedad civil vinculada a pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y al pueblo montubio, a través de veinte y cuatro Parlamentos Provinciales, en el marco del convenio que mantiene el CNIPN y el Consejo Nacional Electoral. Así mismo se tomaron en cuenta los resultados de las mesas de los diálogos interculturales instalados por el Gobierno Nacional del entonces presidente Lenin Moreno, en el contexto del Diálogo Social respaldado en el Decreto Ejecutivo 40. También se recogieron observaciones y sugerencias en el taller nacional con el Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la Minga agropecuaria denominada “Los guardianes de la minga”, con la participación de cuatrocientos miembros de organizaciones productivas del país, el CNIPN y el Seguro Social Campesino. El pleno del Consejo en sesión ordinaria del 12 de septiembre de 2019, aprobó formalmente la Agenda para la Igualdad de Derechos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Pueblo Afroecuatoriano y Pueblo Montubio.

51.En este sentido, se incorpora en la referida agenda el eje 5 Territorio, el cual se establece principalmente el desafío en el aseguramiento de la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias y el control sobre el manejo de los territorios, elemento clave en el proceso de construcción del Estado intercultural y plurinacional. Establece como proceso indispensable del Estado, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales (art. 57º nº 4 y 5) para reconocer y registrar la propiedad comunitaria de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; y que la biodiversidad de sus territorios ancestrales sea protegida mediante medidas legales apropiadas (títulos de adjudicación), demarcación y la implementación de políticas ambientales.

52.Estos derechos sobre las tierras y territorios de los pueblos y nacionalidades, y su aseguramiento, son correlativos con el derecho a la consulta previa, libre e informada, que es obligatoria previa la implementación de planes y programas que impacten directamente en la vida de la población de pueblos y nacionalidades y su territorio.

Respuesta al párrafo 40 a) de las observaciones finales

53.El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 71 manifiesta que “La rectoría del Finanzas Públicas del Ecuador (SINAFIP) corresponde a la Presidenta o Presidente de la República, quien la ejercerá a través del Ministerio a cargo de las finanzas públicas, que será el ente rector del SINFIP”. En este marco, el Ministerio de Finanzas como ente rector de las Finanzas Públicas, en ejercicio de sus competencias provee información en base a la estructura programática, la cual refleja programas, proyectos, actividades e ítems. Los programas presupuestarios responden a los objetivos estratégicos institucionales (y estos a su vez a la misión de la entidad), los cuales indican que productos (bienes y servicios debe generar la entidad) para entregar a la población y cubrir una necesidad específica, es decir los programas presupuestarios responden a una estructura de producción. En este sentido son las entidades ejecutoras y los diferentes entres rectores del sector social, productivo y de trabajo quienes pueden proporcionar información a detalle sobre los recursos destinados a contribuir con la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. En este contexto se adjunta información en donde se detalla el presupuesto codificado y devengado de las entidades que conforman el Sistema Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres en el período 2017-2021. Ver Tabla 2.

54.Por otro lado el Estado ecuatoriano con el objeto de promover la implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVCM), cuenta con la Secretaría de Derechos Humanos que a su vez a través de la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la violencia contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes (SPEVMNNA) quién ha realizado las siguientes acciones orientadas a viabilizar la disponibilidad de recursos financieros y humanos y garantizar el levantamiento de datos sobre la violencia contra Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes (MNNA) y los patrones subyacentes.

55.Elaboración y gestión para la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) por un monto presupuestal de USD. 2’190.344,80 donde el 99 % se designa para los convenios con centros de atención Integral y casas de acogida para atención a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia, que incluye pago de profesionales, capacitación, beneficiarios/as del centro y el rubro para movilización de los equipos técnicos. El 1 % restante se destina al fortalecimiento de los espacios lúdicos de los Servicios de Protección Integral (SPI) y la producción de material edu-comunicacional para los SPI y las Coordinaciones Zonales. Ver Anexo 1.

56.Fortalecimiento de los SPI que brindan orientación psicológica, legal y de trabajo social a nivel nacional. El presupuesto gestionado para esta contratación asciende a USD. 631.797,68 que se administra dentro del rubro de “Egresos en personal para inversión”, para un total de 33 servidores públicos.

57.Capacitación, tanto a prestadores de servicios como a usuarios, en normativa, instrumentos técnicos, herramientas, modelos, protocolos y metodologías que han permitido avanzar hacia la institucionalización en el país de la prevención y erradicación de las violencias contra MNNA. Algunos ejemplos entre varios otros incluyen: a) “Norma técnica para la atención integral a mujeres víctimas de trata de personas en acogimiento institucional”, b) “Lineamientos para el servicio de protección integral para la atención a mujeres víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes”, c) actualización del “Modelo de Atención de Casas de Acogida”, d) “Protocolo de comunicación y atención de casos de violencia de género e intrafamiliar durante la Emergencia Sanitaria por COVID‑19”.

58.Fortalecimiento de capacidades técnicas de los profesionales de la Secretaría de Derechos Humanos dedicados a la atención de víctimas de violencia de género, particularmente casos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, en el marco de alianzas estratégicas con agencias UNICEF, UNFPA, OIM y ONU Mujeres donde cada instancia aporta los procesos de fortalecimiento de capacidades desde su especialización.

59.Suscripción de convenios con organizaciones de sociedad civil (OSC), centros de atención y casas de acogida con experiencia en la prestación de estos servicios en el país, que permite ampliar la cobertura de servicios de atención a víctimas de violencia de género a nivel nacional y contribuir al fortalecimiento de sus modelos de atención.

Gestión de datos sobre la violencia contra la mujer y patrones subyacentes

60.Creación de la “Comisión Especial de Estadísticas de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia” y conformación del “Grupo de fortalecimiento estadístico”, integrados por varias Instituciones públicas, ha permitido superar la ausencia de estadísticas oficiales sobre femicidios a nivel nacional, institucionalizando un único Registro Oficial de Femicidios, esencial para avanzar en la emisión de políticas públicas contextualizadas.

61.Desarrollo e implementación del Sistema Informático de atención especializada a víctimas de violencia y vulneración de derechos —“ALEXANDRA”— que permita el reporte y consolidación de datos sobre atención especializada a víctimas de violencia y que al momento se encuentra en etapa de presentación, socialización y capacitación de los productos realizados por la consultoría Compusoft y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

62.Desarrollo del Sistema de Reporte periódico de Información de Indicadores de Gestión y Resultados (TABLEAU) conforme a los ejes del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNPEVCM) a través de alianza y cooperación con la OIM. El sistema se encuentra al momento en fase de capacitación y testeo con el personal técnico de la SDH y permitirá recopilar la información sobre indicadores de gestión, resultados e impacto y establecer mecanismos de monitoreo y reporte para el fortalecimiento del Sistema Integral de Protección de Derechos y de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (SNPEVCM).

63.Adicional, el Estado a través del Consejo Nacional para la Igualdad de Género ha realizado múltiples procesos dirigidos al cumplimiento de la Ley y al abordaje de temas de violencia. El monto asignado, que incorpora lo referente a recursos financieros y humanos se envía semestralmente a la Secretaría de Derechos Humanos. Ver Tabla 3.

64.En el caso del reporte de los años 2020 y 2021 el indicador para el cálculo del monto considera las capacitaciones, socialización y promoción de los derechos humanos de las mujeres y personas LGBTI.

65.Entre las principales acciones realizadas durante enero de 2020 a junio de 2021 existe: socialización de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVM) y la Caja de Herramientas para la gestión local, proceso de diálogo con sociedad civil, realizado de manera presencial en el mes de marzo y de manera virtual en el mes de septiembre de 2020, donde se socializó la Agenda Nacional para la Igualdad de Género, realización de 8 eventos, en los cuales se contó con la participación de mujeres y personas LGBTI del país (aproximadamente 350 personas). En estos eventos se buscó la representatividad de mujeres diversas, por ciclo de vida, de pueblos y nacionalidades, con discapacidad y en situación de movilidad humana. Entre el material comunicacional socializado están:

Campaña comunicacional sobre participación y violencia política contra las mujeres (https://www.youtube.com/watch?v=Zosub4zxT94&t=2s).

Video del Convenio 190 de la OIT, relativo al acoso y violencia en el mundo del trabajo.

Difusión en las cuentas institucionales (sitio web, redes sociales y canales de youtube) (desde noviembre de 2019) un video sobre la LOIPEVM, el mismo que se puede ubicar en el siguiente vínculo: https://www.youtube.com/watch?v=nNjPCvI68fs.

66.Coordinación de procesos de formación y/o capacitación a organizaciones políticas y organizaciones de sociedad civil, en el derecho a la participación política de las mujeres, personas LGBTI y la prevención en violencia política por razón de género. En vista de las circunstancias presentadas por el Estado de Emergencia y la pandemia, se planteó la realización de capacitaciones virtuales. El CNIG desarrolló el módulo sobre género y política pública, de manera que pueda incorporarse en la plataforma del CNE para uso de las Organizaciones Políticas, para lo cual se entregaron al Instituto de la Democracia los contenidos y la presentación de la Capacitación que se realizó a través de webinarios.

67.Acuerdos entre el CNIG y la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) para promover la participación política de las mujeres en el proceso electoral 2021; la prevención de la violencia política y la vigilancia a las inhabilidades en la inscripción de candidaturas. Para lo cual se realizaron varias reuniones y se desarrollaron algunos insumos, entre los cuales tenemos un documento base con normativa referente a violencia de género, pensiones alimenticias en proceso de candidaturas; paridad y violencia política de género en elecciones 2021.

68.Campaña #Mujeres, Elecciones, Igualdad, difusión en redes institucionales de mensajes y videos referentes a participación política, encabezamiento de listas, violencia política e inhabilidades para candidaturas.

69.Respecto al levantamiento de información se destaca.

70.Implementación de la Guía de Autocuidado y Contención Emocional en el proceso de ejecución de la Encuesta sobre Relaciones Familiares Cayambe 2019, misma que constituye una herramienta estadística para medir la violencia basada en género (física, psicológica, sexual, patrimonial y/o gineco-obstétrica) en el espacio público (social, educativo, laboral) y privado (familiar y de pareja), así como la respuesta institucional.

71.Generación de indicadores de Femicidio y su contexto dentro de la Comisión Especial de Estadísticas Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia. El Grupo de Fortalecimiento del indicador de Femicidio actualiza y reporta semanalmente información sobre el número de víctimas de este delito y el estado del proceso de los casos judicializados por femicidio con la finalidad de ampliar el análisis de información basada en registros administrativos para la toma de decisión en cuanto a la prevención y erradicación de la violencia basada en género. Se cuenta con la participación de sociedad civil a través de la articulación con la Fundación Aldea, representante de las organizaciones que registran las víctimas de muertes violentas por razones de género o femicidios que no necesariamente se judicializan como tal; con el propósito de contribuir en la convalidación del registro de femicidio de sociedad civil y viceversa. Adicionalmente, el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, cuenta con información estadística sobre el indicador de femicidio y homicidio intencional de Ecuador, información que se presenta en este mecanismo de manera comparativa con los países de la región.

72.Construcción de indicadores de seguimiento del Objetivo 5 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, dentro de la Comisión Especial de Estadísticas de Género y Grupos Prioritarios para la medición de la violencia basada en género para la generación de información estadística de género oficial.

73.Definición de variables sobre orientación sexual e identidad de género en el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales.

74.Actualización de la Serie Información Estratégica: Mujeres y Hombres del Ecuador en Cifras, IV versión, con el apoyo del Área de Políticas de Igualdad de Género del Programa EUROSOCIAL y la Coordinación del Proyecto SART Frontera Norte del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Este insumo técnico contiene datos estadísticos que dan cuenta de la realidad de las mujeres y la población LGBTI; además de las grandes brechas de desigualdad por condición de género que provocan pobreza, sobrecarga de trabajo no remunerado, subordinación, situaciones de violencia, problemática que se profundizó en el contexto de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.

75.Página web, con información estadística de género con siete módulos que se cargan progresivamente en las temáticas de población y hogares, educación, salud, economía, uso del tiempo, violencia y participación; cada uno de los cuales, despliega diversos indicadores a los que pueden acceder las instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, personas investigadoras, estudiantes y ciudadanía en general (https://www.igualdadgenero.gob.ec/estadisticas-de-genero/).

76.Desarrollo y difusión de investigaciones sobre violencia de género. Se han difundido estos documentos elaborados con el apoyo del PNUD: Embarazo en mujeres adolescentes con discapacidad, su vinculación con la violencia basada en género y los desafíos en el cuidado humano (2017) y Cuerpos que sí importan. Estudio de casos sobre violencia basada en género en niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad (2019). Las cuales se constituyen en un insumo importante para la definición de políticas pública para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad:

Investigación “Del silencio a la visibilidad: derechos de las mujeres lesbianas en Ecuador: activismos, politización y derechos humanos de las mujeres lesbianas en Ecuador”. El objetivo de la investigación es explicar la evolución de los activismos lésbicos, sus agendas, la situación actual (que incluye contextos de violencia), los derechos humanos de las mujeres lesbianas en el país y plantear propuestas de políticas públicas para la igualdad y no discriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género. Es un documento estructurado en seis capítulos, que incluye datos empíricos.

77.Finalmente, para mayor detalle del presupuesto y acciones de las instituciones en el marco de la implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el levantamiento de datos sobre la violencia contra la mujer y los patrones subyacentes se adjunta Informe de Gestión de la Implementación de la LOIPEVCM por las Instituciones Públicas que conforman el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Primer Semestre (Enero‑Junio 2021), ver Anexo 2.