Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

59º período de sesiones

19 de septiembre a 7 de octubre de 2016

Tema 6 a) del programa provisional

Examen de los informes: Informes presentados por los Estados partes

en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto

Lista de cuestiones relativa al tercer informe periódico de Túnez

Adición

Respuestas de Túnez a la lista de cuestiones * **

[Fecha de recepción: 12 de julio de 2016]

Información general

Cuestión 1

1.En la Constitución de enero de 2014 se previeron expresamente numerosos derechos económicos, sociales y culturales con arreglo al Pacto, sobre todo en los artículos 37 a 40 y 42 a 48. En aplicación del artículo 49 de esa Constitución, en la que se prevé que las autoridades jurisdiccionales velen por defender los derechos y las libertades contra toda vulneración, los tribunales están obligados a defender esos derechos, de conformidad con el Pacto.

2.No obstante y aunque los tribunales tengan la posibilidad de aplicar directamente el Pacto conforme al artículo 20 de la Constitución, no es normal que los litigios que tengan por objeto el respeto de esos derechos o susciten debates sobre la aplicación del Pacto se sometan a su consideración. Por ello, las decisiones relativas a la aplicación directa del Pacto son raras.

3.Por otra parte, cabe señalar que, aun cuando los tribunales recurran a las disposiciones del Pacto para interpretar las normas jurídicas internas, en particular las de la nueva Constitución, no es normal que el recurso a esas disposiciones se mencione claramente en los fallos.

4.Además, hay que subrayar que la debida aplicación del Pacto, ya sea directa o indirecta, está estrechamente ligada a la necesidad de formar a los jueces en derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales y sus mecanismos de aplicación en el ordenamiento interno y en los fallos judiciales. El Ministerio de Justicia, en colaboración con diversos donantes, imparte cursos de formación en ese ámbito, pero no específicamente en el de los derechos económicos, sociales y culturales.

5.Habida cuenta de su función de defensores de los derechos y las libertades, sobre todo los previstos en los citados artículos 37 a 40 y 42 a 48, las autoridades jurisdiccionales tunecinas (la constitucional, la judicial y la administrativa) deben aceptar la justiciabilidad de esos derechos con arreglo a la norma jurídica suprema que es la Constitución.

Cuestión 2

6.En el artículo 13 de la Constitución de Túnez se dispone que los recursos naturales pertenecen al pueblo tunecino. El Estado ejerce la soberanía sobre esos derechos en nombre de aquel. Los acuerdos de inversión relativos a esos recursos se someten a la consideración de la Comisión Especial de la Asamblea General de Representantes del Pueblo. Los convenios correspondientes se someten a la aprobación de la Asamblea.

7.Y ese control parlamentario constituye una garantía de que en esos convenios se respetarán los derechos humanos.

Cuestión 3

8.Se ha elaborado un proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos, previa celebración de consultas nacionales y regionales y con la ayuda de expertos nacionales e internacionales, para que esté en consonancia con la Constitución y los Principios de París. En el proyecto de ley se enuncia que la Comisión poseerá personalidad jurídica y autonomía económica y administrativa. La Comisión se ocupará de todos los casos de vulneración de los derechos humanos y las libertades, emprenderá las investigaciones oportunas y tomará todas las medidas necesarias.

9.Dentro de la Comisión se crearán varias comisiones especializadas en resolver las infracciones de los derechos humanos, en particular una comisión que se ocupará de las infracciones de los derechos económicos, sociales y culturales.

Cuestión 4

10.Túnez, por medio del Ministerio de Relaciones con las Instancias Constitucionales, la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, prepara una serie de seminarios informativos para el año 2017, que versarán sobre los instrumentos internacionales que no ha ratificado todavía, y en particular sobre el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

11.El objetivo de esos seminarios es dar a conocer, a los poderes públicos y parlamentarios y a la sociedad civil, la importancia que tienen esos instrumentos para promover los derechos humanos en Túnez y entablar un diálogo sobre la conveniencia de ratificarlos.

Cuestión 5

12.El presente informe lo ha elaborado una comisión que representa a los ministerios competentes. Se ha organizado una consulta para recibir recomendaciones de la sociedad civil y del Comité Superior de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. En la versión final del informe se han tomado en consideración las recomendaciones surgidas de esa consulta.

Cuestiones relativas a las disposiciones generales del Pacto

Artículo 2, párrafo 1Obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles

Cuestión 6

13.Después de que Túnez hubo ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y aprobado el Decreto-ley marco núm. 2011-120, de 14 de noviembre de 2011, de lucha contra la corrupción, el Ministerio de Justicia creó, por decisión del Ministro titular de 2012, un centro judicial financiero dependiente de la jurisdicción del Tribunal de Apelación de Túnez y vinculado al Tribunal de Primera Instancia de la ciudad. Ese centro tenía como función juzgar los asuntos relativos a todo tipo de corrupción por medio de jueces especializados en ese campo. A fin de afianzar institucionalmente ese centro y de definir mejor sus prerrogativas y composición, se ha presentado a la Asamblea General de Representantes del Pueblo, a principios del presente año, un proyecto de ley que se halla en vías de deliberación.

14.Con miras a proteger a quienes denuncien irregularidades, en las disposiciones del artículo 25 de la Ley orgánica núm. 2016-22, de 24 de marzo de 2016, del derecho de acceso a la información, se excluyen, de los datos sobre los cuales se tendrá derecho de acceso, los datos relativos a la identidad de las personas que hayan facilitado informaciones en las que se denuncien abusos o casos de corrupción.

15.Asimismo, se va a presentar, a la Asamblea General de Representantes del Pueblo, un proyecto de ley de denuncia de irregularidades, para que delibere sobre él y lo apruebe.

Cuestión 7

16.Túnez, al igual que todos los países en desarrollo o de ingresos nacionales reducidos, carece de recursos suficientes para realizar proyectos de desarrollo destinados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Para realizarlos, está obligado a endeudarse con instituciones financieras internacionales públicas o privadas, nacionales o internacionales, accionistas y donantes multilaterales o bilaterales, por lo que procura lograr un equilibrio apropiado entre el cumplimiento, por parte del Estado, de sus obligaciones de pago de la deuda externa y sus obligaciones jurídicas de respetar, proteger y hacer efectivos progresivamente los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales proclamados por los organismos internacionales de derechos humanos.

17.Sin embargo, ese problema no se plantea en Túnez, sobre todo en el caso de los préstamos de carácter bilateral, por las siguientes razones:

La existencia de un Plan Nacional de Desarrollo

Túnez aplica, cada cinco años, un plan nacional de desarrollo en el que se definen las orientaciones estratégicas del país y se enumera una lista de grandes proyectos de desarrollo. En la elaboración del plan participan todas las partes interesadas, como la sociedad civil, la administración, los partidos políticos, etc.

El respeto de los objetivos y las estrategias definidos en el Plan Nacional de Desarrollo

Se deben negociar convenios de préstamo, comprendidos convenios bilaterales, para financiar los proyectos de desarrollo que estén previstos en el Plan o que estén en consonancia con los planteamientos de este.

El empleo de fondos procedentes de asociados bilaterales

Los fondos procedentes de donantes bilaterales se emplean para financiar proyectos de desarrollo que permitan a los ciudadanos ejercer debidamente sus derechos. En el cuadro que figura a continuación se citan algunos ejemplos de proyectos.

Alemania Instituto de Crédito para la Reconstrucción (KfW) y Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)	Italia	Suiza	Francia Organismo Francés de Desarrollo (AFD)	Japón Organismo Japonés de Cooperación Internacional (JICA)
Derecho al empleo •Fondos para la formación y la promoción del empleo de los jóvenes en Túnez •Programa de ayuda a las pequeñas y medianas empresas para la promoción del empleo, etc. Derecho a un medio ambiente sano •Centro de tratamiento de residuos peligrosos, •Vertederos controlados, •Fondos de descontaminación industrial, etc.	Derechos sanitarios y sociales •Proyecto de ayuda al Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer •Proyectos de ayuda a hospitales •Proyectos de ayuda a la inserción social de las personas con discapacidad Derecho a un medio ambiente sano •Programa de protección del medio ambiente •Proyecto de vertederos controlados en Tozeur, Zaghouan y Mahdia	Derechos sociales, políticos y cívicos •Proyecto de educación cívica para los analfabetos •Creación de clubes de ciudadanía en seis escuelas primarias y ocho escuelas secundarias de primer ciclo •Ayuda en gestión de archivos a ocho asociaciones de derechos humanos	Derecho al empleo y la inserción social y profesional •Programa de ayuda a la formación profesional y el empleo •Rehabilitación de centros de formación profesional •Reforzamiento del dispositivo de la formación profesional •Asesoramiento en el desarrollo de empresas	Derecho a las infraestructuras •Puente de Rades Derecho al agua •Plantas desaladoras
Derecho al agua •Planta desaladora de agua marina de Yerba, suministro de agua potable en Beja, etc. Derecho a la educación •Proyecto de “Modernización de los Establecimientos Docentes”	Derechos económicos y derecho al empleo •Programa de ayuda al sector privado, línea de crédito a las pequeñas y medianas empresas Mejora de las condiciones de vida en las regiones desfavorecidas •Proyecto de medidas complementarias en la región de Riim Maatoug	Derechos económicos •Fortalecimiento de las cadenas de valor textiles •Aprovechamiento de los productos de la tierra •Proyecto de formación e inserción de jóvenes de barrios desfavorecidos de la gran zona metropolitana de Túnez •Programa de suministro de agua a Kasserine	Derecho al agua potable •Programa para garantizar agua potable a las zonas rurales •Programa de inversiones sectoriales en recursos hídricos •Programa de ordenación de cuencas hidrográficas Derecho a la educación superior •Escuela Nacional de Ingeniería de Bizerta

La negociación y las condiciones de los convenios de préstamo de carácter bilateral

Los convenios de préstamos se negocian, con frecuencia, de manera bilateral. Las condiciones financieras de esos préstamos son muy favorables:

Tipo de interés: bastante bajo, entre el 0% y el 4%;

Plazo de amortización: entre 10 y 40 años;

Período de gracia: entre 3 y 10 años.

Reestructuración de la deuda

Varios donantes bilaterales han accedido a aliviar la carga de la deuda tunecina, lo que ha potenciado los esfuerzos que hace el Estado para dar más efectividad a los derechos de los ciudadanos y afianzarlos.

Alemania	Francia	Italia
Firma de dos acuerdos de reestructuración de la deuda en 2012 y 2013, por un valor total de 60 millones de euros	Firma de un acuerdo de reestructuración de la deuda el 22 de enero de 2016	•Fondos de compensación para la revisión de los tipos de interés de los créditos públicos italianos (acuerdo firmado en 2002) •Acuerdo de reestructuración de la deuda (en vías de negociación)

18.Por lo que respecta a las medidas adoptadas para garantizar el libre acceso a la información y la transparencia en materia de ordenación de los recursos naturales, Túnez ha cerrado una etapa importante que desemboca en una mayor transparencia en el sector de las industrias extractivas, gracias a la publicación de más de 50 contratos petroleros importantes del país en la base de datos abierta del Ministerio de Energía y Minas.

19.Túnez se ha sumado a la nueva tendencia mundial de promover la transparencia de los contratos y se ha unido a la lista de países, compuesta por más de 25, que han publicado, de manera total o parcial, contratos petroleros. Ese proceso permitirá a los ciudadanos analizar las reglas que se aplican a la extracción de los recursos naturales que son propiedad de ellos (de conformidad con las disposiciones del artículo 13 de la Constitución) y ayudar en el proceso de publicación de contratos en Túnez para restaurar la confianza y disipar los malentendidos acerca de los contratos privados.

Cuestión 8

20.El Estado tunecino ha programado una reforma de la administración tributaria y de la administración aduanera.

Reforma de la administración tributaria

21.La administración tributaria debería permitir al Estado recaudar ingresos y aliviar, así, la carga impositiva que pesa sobre los contribuyentes. El objetivo es mejorar la eficacia del sistema tributario y promover la aceptación voluntaria de los impuestos.

22.De conformidad con las recomendaciones del “congreso nacional de tributación” (celebrado en noviembre de 2014), mediante la reforma se debería integrar el conjunto de los servicios tributarios en una administración tributaria unificada.

23.Asimismo, la instauración de un sistema de información centrado en el contribuyente mejoraría la gestión de los impuestos. Ello facilitaría el cotejo de la información y permitiría, por tanto, mejorar y optimizar el control. Un sistema de información integrado permitiría a la administración tributaria granjearse una reputación de eficacia, precisión y fiabilidad, lo que animaría a los contribuyentes a cumplir sus obligaciones tributarias voluntariamente. También permitiría reducir la evasión de impuestos.

24.Ya se ha emprendido la lucha contra la evasión de impuestos con unas medidas previstas en la Ley de Finanzas de 2016 (caja registradora, factura electrónica, implantación de los sistemas de información sobre el mercado laboral en la gran zona metropolitana de Túnez, tributación de empresas contratistas generales, código deontológico), pero la aplicación de esas medidas, aun siendo importante, no es sino una etapa más en la intensificación de la lucha contra esa evasión. Hay que adoptar otras medidas, como las siguientes:

Revisión de los incentivos y las prerrogativas tributarios;

Revisión del impuesto sobre el valor añadido;

Revisión de los gravámenes para dotar fondos especiales;

Revisión de la tributación local;

Promulgación de un código tributario único.

Modernización de la administración aduanera

25.Se ha aprobado el plan de modernización de las aduanas tunecinas, cuya aplicación llevará aparejadas una simplificación de los procedimientos (y su digitalización), una mejora de la gestión de los riesgos, una reorganización de los servicios aduaneros y un plan de formación. Entre los principales procedimientos que se pondrán en marcha dentro de ese plan, figuran “la digitalización de los procedimientos aduaneros”, que entrañará la realización electrónica de entre el 80% y el 90% de los trámites, con garantía de seguridad de las transacciones (pagos y firmas electrónicos), y la reducción de las autorizaciones administrativas.

26.La modernización de las aduanas requiere también que se simplifiquen los aranceles aduaneros. En la Ley de Finanzas de 2016 se implantó un sistema de derechos de aduana con dos tipos, uno del 0% (para materias primas y productos semielaborados, así como bienes de equipo que no tuvieran equivalente local) y otro del 20% (para productos elaborados), y se mantenían los tipos de los 24 primeros capítulos de productos agrícolas hasta que el país finalizara las negociaciones con la Unión Europea (Acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo) y la Organización Mundial del Comercio.

27.En el ámbito anterior, el Estado tunecino ha previsto medidas detalladas en la Ley de Presupuesto de 2016 (Boletín Oficial de la República de Túnez), núm. 104, de 29 de diciembre de 2015 (págs. 3141 a 3145, 3467 y 3468), que figuran en el anexo I.

Artículo 2, párrafo 2No discriminación

Cuestión 9

28.Un colectivo de organizaciones no gubernamentales (ONG) formado por el Forum tunisien des droits économiques et sociaux, la red Euromed de derechos humanos y la Commission pour le respect des droits et libertés presentaron, el 14 de junio de 2016, a la Asamblea General de Representantes del Pueblo, un proyecto de ley de lucha contra “todas las formas de discriminación”.

29.El proyecto de ley tenía por objeto erradicar todas las formas de discriminación entre los seres humanos “por motivos de raza, color, procedencia, religión o género”.

30.Se organizó una conferencia de prensa en la sede de la Asamblea, en el Bardo, en presencia de diputados y presidentes de grupos parlamentarios, mientras se aguardaba a que las comisiones especiales examinaran el proyecto de ley.

31.En ese proyecto de ley se prevén varias medidas coactivas contra quienes cometan actos discriminatorios, así como mecanismos de protección para las víctimas:

32.Ese proyecto de ley, que consta de 36 artículos, tiene los siguientes fines:

Instituir, de conformidad con la Constitución tunecina y las convenciones internacionales, un marco jurídico que proteja a todas las víctimas de discriminación;

Tipificar como delito toda práctica discriminatoria, a fin de subsanar las lagunas jurídicas;

Poner fin a la impunidad de que gozan todos quienes han cometido actos discriminatorios o formulado expresiones discriminatorias.

33.Paralelamente a esa labor asociativa, se ha creado un comité de reflexión en el Ministerio de Relaciones con las Instancias Constitucionales, la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, con objeto de reexaminar las políticas y las leyes discriminatorias de Túnez y colaborar con todos los agentes interesados en ese ámbito.

34.En los párrafos siguientes se exponen las medidas adoptadas para combatir la discriminación contra los grupos más desfavorecidos y marginados.

35.Cabe señalar que en el artículo 21 de la Constitución se dispone que “los ciudadanos y las ciudadanas son iguales en derechos y obligaciones. Son iguales ante la ley sin discriminación”.

36.Desde 2011, el Ministerio de la Mujer, la Familia y la Infancia empezó a tomar medidas de ayuda y asistencia a los grupos de mujeres vulnerables. Se han organizado programas de formación dirigidos a las reclusas en las cárceles de Manouba, El Kef, Sousse y Sfax. Más de 90 reclusas se han beneficiado de esos programas, que forman parte de un convenio de asociación con el Ministerio de Justicia.

37.También se han organizado medidas de sensibilización y de apoyo psicológico en el marco de una alianza con asociaciones que trabajan en ese ámbito.

38.Por lo que respecta a la ayuda a las madres solteras, el Ministerio de la Mujer, la Familia y la Infancia ha prestado apoyo a diversas asociaciones, para que organicen medidas de fomento de la capacidad y de hallar soluciones psicosociales para esas mujeres.

39.En cuanto a la elaboración del plan quinquenal de desarrollo para el período 2016‑2020, el citado ministerio ha revisado su planteamiento de la actividad que realiza en favor de las mujeres con necesidades específicas. Y una de sus líneas de trabajo consiste en fomentar la integración económica y social de esas mujeres a partir de un enfoque participativo y de conjunto.

40.Por lo que atañe a la mejora de las condiciones de las mujeres de las zonas rurales, el citado ministerio ha dirigido expresamente muchos de sus programas a esa categoría de mujeres, dado que son ellas quienes sufren más problemas, sobre todo de acceso a servicios de toda índole.

41.Por lo que se acaba de exponer, el Gobierno se ha dedicado, desde hace años, a trazar una estrategia de mejora de las condiciones de las mujeres de las zonas rurales, cuyos objetivos son los siguientes:

La revisión del aparato jurídico discriminatorio;

El refuerzo de la autonomía económica y la mejora de las condiciones laborales de las mujeres de las zonas rurales;

La divulgación de los derechos de esas mujeres y el incremento de su participación en la gestión de los asuntos locales;

La lucha contra la deserción escolar y el analfabetismo entre las niñas y las mujeres jóvenes de las zonas rurales.

42.Esos objetivos se basan en una selección mejor de las actividades que se realizan en favor de esas mujeres y en el refuerzo de la colaboración con los ministerios competentes y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de ese segmento de población seleccionado.

Acceso a la educación

43.A pesar de los progresos registrados en la lucha contra la pobreza, la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo de los recursos humanos, sigue habiendo disparidades regionales y desigualdades sociales. Estas se deben a la distribución desigual de la riqueza, a formas de injusticia social que afectan, sobre todo, a los segmentos más vulnerables, y al funcionamiento deficiente del sistema de formación del capital humano. La educación es uno de los pilares sobre los que se asentará el nuevo Túnez, un Túnez que será garante de los derechos.

44.La gratuidad efectiva de los estudios y la imposición de la escolarización obligatoria entre los 6 y los 16 años de edad han permitido a Túnez obtener una tasa de escolarización muy satisfactoria, casi del 100% actualmente, en el caso de los niños de 6 años, con paridad entre ambos sexos. En ese tramo de edad (que corresponde a la educación básica), la tasa de escolarización ha subido del 90,1% en el año escolar de 2001/02 al 94,2% en el de 2014/15, sin diferencia apreciable entre los sexos (véase el anexo 2).

45.Cabe señalar que el Estado realiza esfuerzos sin medida para ampliar el mapa de distribución escolar anualmente, a fin de garantizar el acceso a la escuela a todo el mundo; todos los años se programan y ejecutan iniciativas de construcción de establecimientos docentes, acondicionamiento de locales y ampliaciones. Hoy en día, hay 4.597 escuelas primarias y 1.499 escuelas secundarias de primer y segundo ciclo en todo el territorio del país.

46.Se han tomado medidas de acompañamiento para garantizar el transporte de los alumnos en las zonas más apartadas y facilitarles el acceso a los establecimientos docentes, que es una de las cuestiones que suelen preocupar a los gestores del sistema educativo.

47.Una de las medidas que se ha adoptado es la de aumentar el número de comedores escolares que ofrecen una comida caliente o fría a los alumnos, sobre todo en las regiones rurales, con miras a persuadir a los alumnos de que no falten a clase y a asegurarse de su asistencia. La reorganización y la rehabilitación de los internados ha resultado ser una de las soluciones en las que se apoya y fundamenta la oferta educativa en las regiones rurales.

48.Por lo que respecta a la enseñanza superior, en el artículo 6 de la Ley núm. 19 de 2008, de 25 de febrero de 2008, de la enseñanza superior, se autoriza el acceso a ella a los poseedores de un título de bachiller o de un título extranjero reconocido y convalidado, dependiendo de las aptitudes del estudiante y sin distinción.

49.Se calcula que la tasa de escolarización de la enseñanza superior es del 36,9%, un porcentaje parecido al previsto en las normas internacionales para el grupo de edades comprendidas entre 20 y 24 años (véase el anexo 3).

Acceso a la atención de la salud

50.En las leyes y los reglamentos vigentes, en particular en el Decreto núm. 81-1634, de 30 de noviembre de 1981, sobre el Reglamento General Interior de los Hospitales, Institutos y Centros Especializados adscritos al Ministerio de Salud Pública, se dispone que los establecimientos hospitalarios y sanitarios públicos no deben hacer discriminación alguna en la atención que dispensan a los enfermos.

51.Y para mitigar las situaciones concretas de desigualdad y poner fin a la discriminación en la práctica, el Ministerio de Salud ha adoptado las siguientes medidas especiales para que se ejerza el derecho a la salud sin discriminación:

Aplicar políticas públicas para reducir las desigualdades y las disparidades entre las regiones en materia de medicina especializada;

Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la atención de la salud pública;

Incorporar a las habitantes de zonas apartadas en las pruebas de diagnóstico del cáncer de mama;

Hacer los ajustes razonables que se requieran para facilitar el acceso de las personas con discapacidad sensorial a los establecimientos de atención;

Poner a disposición de todos los ciudadanos informaciones de salud precisas (por medio de circulares, carteles…), para que todos ellos, y en particular los más vulnerables, dispongan de las informaciones necesarias;

Crear centros y establecimientos sanitarios en los que las pruebas de diagnóstico de infección por el VIH/SIDA se efectúen de manera voluntaria;

Prestar servicios de salud escolar y universitaria, tanto paliativos como preventivos, a la totalidad de la población escolar sin discriminación por región, sector de actividad (público o privado), sexo o nacionalidad.

52.Esos servicios se prestan en los establecimientos educativos preescolares, escolares y universitarios, los centros de servicios básicos de salud, estructuras públicas de salud (segunda línea) y centros médicos escolares y universitarios.

Acceso al empleo

53.El Estado tunecino ha procurado aliviar el desempleo, sobre todo el de los jóvenes, mediante los programas activos del mercado laboral. A partir de lo ocurrido en enero de 2011, ha aumentado el número de iniciativas para ayudar a los jóvenes encontrar empleo. Esas iniciativas las ejecutan o financian organismos gubernamentales y departamentos dependientes de ellos o por asociados técnicos y financieros, en el marco de sus políticas de asistencia al desarrollo. Entre estos últimos se cuentan las organizaciones internacionales multilaterales, los organismos de cooperación bilaterales, las ONG nacionales e internacionales y el sector privado.

54.Esos programas y medidas se dirigen a todos los jóvenes, sin discriminación.

Cuestión 10

55.Entre los programas y las medidas adoptados por el Estado para combatir la discriminación contra los grupos más desfavorecidos y marginados cabe citar los siguientes.

56.El Programa Nacional de Ayuda a las Familias Necesitadas, que constituye el principal programa de asistencia a las familias pobres. Se creó en 1986, abarca la totalidad del territorio y presta asistencia económica directa y acceso gratuito a la atención de la salud a las familias necesitadas. Tiene por objeto limitar los efectos negativos del Programa de Ajuste Estructural que implantó Túnez a mediados del decenio de 1980, después de un período de fuerte agitación y de inestabilidad social.

57.En el marco de ese programa, el Ministerio de Asuntos Sociales ampara, desde 2007, a los hijos escolarizados de familias necesitadas, a las que ofrece unas ayudas económicas suplementarias de 10 dinares mensuales por hijo escolarizado, con un límite de tres hijos, y 30 dinares al inicio del año escolar.

58.Después de la revolución de 2011, la cifra de familias beneficiarias del Programa Nacional de Ayuda experimentó una subida importante, ya que pasó de 135.000 en 2010 a 250.000 en 2016. El importe de las asignaciones se revisó al alza y la ayuda directa que percibe cada familia se eleva actualmente a 150 dinares mensuales.

59.La evolución de la cifra de familias beneficiarias por región indica que no había equidad en la inclusión de las familias pobres en el Programa Nacional de Ayuda. En un intento de enmendar los errores de selección de beneficiarios acumulados a lo largo de los años, los gobiernos que se sucedieron a partir de 2011 llegaron a doblar casi la cifra de familias beneficiarias.

60.La asistencia económica brindada por medio del Programa Nacional de Ayuda no ha logrado erradicar la injusticia social, las dificultades para obtener un trabajo digno y la reducción de la amplitud de las disparidades locales en materia de pobreza. Ese programa no ha sido evaluado hasta 2013, fecha en que lo evaluó el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales.

61.Paralelamente al Programa Nacional de Ayuda a las Familias Necesitadas, hay un programa de atención con tarifa reducida destinado a 650.000 familias con ingresos reducidos (Programme de carnet de soins à tarifs réduits (AMG 2)).

62.El Ministerio de Asuntos Sociales, que es consciente de las irregularidades que ha habido en la inclusión de familias necesitadas y de la opacidad que ha habido en la gestión de los dos programas citados en el ámbito local, ha emprendido actualmente un estudio exhaustivo que abarca a las 900.000 familias beneficiarias del Programa Nacional de Ayuda y del Programa AMG2 y que debería desembocar en la fijación de los elementos básicos de una estrategia de integración de los sistemas de protección social y en la aplicación de una reforma general del sistema.

Programas de desarrollo regional

63.Programa Regional de Desarrollo: las actividades previstas en este programa guardan relación, sobre todo, con la realización de obras de ámbito regional y con otros aspectos como la mejora de las viviendas, el abastecimiento de agua y la electrificación.

64.A partir de 2011 y después de que se hubo adoptado la decisión de doblar la dotación destinada a las obras regionales, ese programa se volvió muy atractivo y recibe asistencia.

Cuestión 11

65.Desde la revolución tunecina, ha habido una evolución importante de las libertades colectivas, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de crear partidos políticos, etc.; sin embargo, hay disposiciones jurídicas antiguas que siguen coartando, hoy en día, algunas libertades individuales. Por ello, el Presidente de la República de Túnez ordenó que se creara una comisión que se encargaría de elaborar un código de libertades individuales destinado a evitar toda forma de discriminación.

Cuestión 12

66.En el artículo 48 de la nueva Constitución de Túnez, aprobada el 26 de enero de 2014, se proclama expresamente que el Estado protegerá a todas las personas discapacitadas frente a toda forma de discriminación.

67.El principio de no discriminación se aplica a las personas con discapacidad en los siguientes ámbitos:

El derecho a participar en elecciones:

Decreto-ley núm. 2011-72, de 3 de agosto de 2011, artículo 61 que modifica y complementa el Decreto-ley núm. 2011-35, de 10 de mayo de 2011, de elección de una asamblea nacional constituyente.

La decisión de la instancia superior independiente en el caso de las elecciones del 4 de octubre de 2011, en virtud de la cual se fijaron las medidas para facilitar el ejercicio del derecho de voto por parte de los electores con discapacidad, determina los procedimientos de accesibilidad aplicables a cada elección en favor de esos electores.

La inserción socioeconómica:

La realización de un proyecto de hermanamiento con la Unión Europea (España y Alemania), con objeto de lograr la inserción socioeconómica de las personas con discapacidad (2011-2014), que ha dado lugar a una estrategia nacional de promoción de esas personas cuyo plan de acción se aplicará en colaboración con asociados italianos.

El trabajo:

Ley núm. 20124, de 22 de junio de 2012, de disposiciones derogatorias en materia de contratación en el sector público, y Decreto núm. 2012-833, de 20 de julio de 2012, de contratación de personas con discapacidad en el sector público con arreglo a la Ley Marco núm. 2005-83, de 15 de agosto de 2005, de promoción y protección de las personas con discapacidad.

La Ley núm. 201641, de 16 de mayo de 2016, de reforma de la Ley marco núm. 2005-83, ha aumentado el porcentaje de contratación de personas con discapacidad.

La educación:

A partir de 2011 todas las escuelas se han vuelto inclusivas y su programa es tutelado por el Ministerio de Educación.

El Ministerio de Asuntos Sociales garantiza el apoyo a los niños con discapacidad escolarizados, a quienes proporciona un seguimiento especializado y las ayudas técnicas necesarias (gafas, aparatos auditivos, sillas de ruedas, etc.).

Los centros especializados atienden a los niños con discapacidad escolarizados y también a los niños cuya integración escolar resulta difícil; esta atención la garantizan unos equipos multidisciplinarios.

Se ha firmado un convenio sectorial de asociaciones que se ocupan de proteger a las personas discapacitadas, que entró en vigor en el mes de octubre de 2013 y en el que se organizan y reestructuran los centros de educación especializada, con objeto de mejorar la calidad de los servicios que prestan.

Los ajustes razonables:

Se ha realizado un proyecto experimental de desarrollo inclusivo en las regiones de Manouba y Menzel Bourguiba, donde se han emprendido iniciativas de ordenación del medio ambiente para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad a las instalaciones públicas y privadas.

En el marco de ese proyecto, se ha elaborado una guía de accesibilidad (una cartografía de los servicios accesibles).

Se ha elaborado otra guía con las normas de accesibilidad, que se ha distribuido en diversos ámbitos de los sectores público y privado.

Actualmente, el Ministerio de Asuntos Sociales se ocupa de las obras de realización de ajustes en los servicios sociales de todo el territorio tunecino, para que sean accesibles sin excepción. A principios de 2016, se emprendió una labor de coordinación con varios departamentos públicos para sensibilizarlos respecto de la accesibilidad y alentarlos a que hicieran accesibles sus servicios.

Artículo 3Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

Cuestión 13

68.La Constitución aprobada el 27 de enero de 2014 abre nuevos horizontes gracias a varios de sus artículos, entre los cuales cabe citar el 21, el 34 y el 46, en los que se reconoce a las mujeres la igualdad de derechos socioeconómicos y políticos y se prevén medidas de lucha contra la discriminación y la violencia de género.

69.Por otra parte, se halla en curso el proceso de aprobación de una ley integral para prevenir la violencia contra las mujeres, reprimirla y proteger a las mujeres.

70.El 24 de octubre de 2011, Túnez promulgó el Decreto-ley núm. 103, de levantamiento de las reservas formuladas por el Gobierno tunecino en 1985 con motivo de la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Túnez remitió la notificación correspondiente al Secretario General de las Naciones Unidas, el 17 de abril de 2014.

71.En el plano gubernamental, se han constituido varias estructuras y organizaciones desde el decenio de 1990, para incorporar la cuestión del género en la actividad general, con la ayuda del Ministerio de la Mujer, la Familia y la Infancia.

72.Respecto de lo anterior, cabe señalar que para luchar contra la discriminación, sobre todo la de género, el Ministerio de la Mujer emprendió, en 2015, la revisión del plan nacional de incorporación de una perspectiva de género. En 2016, se aprobó un decreto gubernamental de creación de un consejo de interlocutores para la igualdad entre las mujeres y los hombres presidido por un representante del Gobierno.

73.A finales de 2015, el Gobierno empezó a preparar el plan quinquenal de desarrollo para el período 2016-2020. Al ser el primer plan estratégico desde la revolución, era muy importante para afianzar la transición democrática.

74.En la nota orientativa de dicho plan se insistía en los siguientes aspectos:

La aplicación de planes operacionales, con miras a facilitar la atención y la protección a las mujeres víctimas de violencia y reforzar la creación de redes y la coordinación entre los diversos agentes que operan en ese ámbito;

La elaboración de un plan de comunicación global, a fin de luchar contra la violencia que sufren las mujeres;

La finalización de la normativa jurídica correspondiente, en este caso la promulgación de una ley de prevención y de lucha contra la violencia de que son víctimas las mujeres;

La integración de una perspectiva de género como instrumento que permita medir las disparidades y optimizar la eficacia de los programas de desarrollo y sus efectos en la mejora de la situación de las mujeres;

La potenciación del papel efectivo de las mujeres en la sociedad civil;

La elaboración de unos estudios sobre las condiciones en que viven las mujeres que permitan comprender su situación, para lo cual habrá que reforzar el papel del Centro de Investigaciones, Estudios, Documentación e Información sobre la Mujer y su Observatorio para la Igualdad de Oportunidades.

75.El Ministerio de la Mujer, la Familia y la Infancia, aplicando un enfoque participativo (dentro de su comisión sectorial, que se divide en subcomisiones temáticas), fijó los siguientes objetivos para el período 2016-2020:

La revisión de las disposiciones jurídicas discriminatorias, con miras a armonizar el ordenamiento jurídico con los preceptos constitucionales y los compromisos adquiridos por Túnez a escala internacional;

El fortalecimiento de la capacidad empresarial de las mujeres y el aumento del porcentaje de inserción de las mujeres en el mercado laboral;

El aumento de la tasa de participación de las mujeres en la vida pública y la gobernanza local, así como el fortalecimiento de su papel en las esferas social y cultural;

La concreción de los ejes de la estrategia nacional de lucha contra la violencia que sufren las mujeres, en concreto mediante la aprobación de una ley de prevención de esa violencia y de lucha contra ella, la creación de servicios diversificados y apropiados para prestar asistencia a las mujeres partiendo de un enfoque intersectorial e integrado, así como la intensificación del trabajo de promoción y sensibilización social, con miras a erradicar la violencia de género;

La integración del género en las políticas, los programas y los presupuestos públicos, mediante su incorporación en los planos central y regional;

La participación en la inserción económica y social de las mujeres con necesidades específicas;

La lucha contra la deserción escolar y el analfabetismo de las niñas y las mujeres, sobre todo en las zonas rurales;

La divulgación de los derechos de las mujeres y los principios de ciudadanía entre las propias mujeres, sobre todo en las zonas rurales.

Cuestiones relativas a las disposiciones específicas del Pacto

Artículo 6Derecho al trabajo

Cuestión 14

76.En un estudio realizado en 2015 se comprobó que había alrededor de 83 programas de ayuda al empleo para los jóvenes. Esas iniciativas se pueden clasificar en cuatro categorías de servicios destinados a ayudar a los jóvenes a encontrar empleo. La primera categoría, que es la de la “formación habilitante”, ofrecen una amplia gama de formaciones posacadémicas, con miras a subsanar las deficiencias formativas del sistema educativo oficial, y un conjunto de medidas dirigidas a resolver los problemas derivados del fracaso de la formación. La segunda categoría es la de la “promoción de la capacidad empresarial”, cuya finalidad es mejorar las oportunidades que tienen los empresarios jóvenes ofreciéndoles una serie de medidas (de asistencia pedagógica, técnica y económica), a fin de que pongan en marcha sus propias empresas. La tercera categoría ofrece “servicios de ayuda al empleo” consistentes en servicios de información, consejo y orientación, así como incentivos económicos para aumentar la demanda de contratación de jóvenes y suprimir las prácticas discriminatorias. Por último, la cuarta categoría ofrece a los jóvenes solicitantes de puestos de trabajo “subvenciones al empleo”, así como puestos de trabajo en obras públicas.

Cuestión 15

77.A continuación se analiza la participación de las mujeres en el mercado laboral, en los diversos sectores de la actividad económica (véase el anexo 4).

78.Según los resultados de la encuesta nacional de población y empleo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2014, la población activa tunecina consta de más de 3,8 millones de personas y la tasa de población activa femenina llegó al 28,5%, en comparación con el 24% de 2004. El Ministerio de la Mujer, la Familia y la Infancia confirma que esa tasa sigue siendo parecida en 2016 y que está previsto que llegue al 35% de aquí al año 2020, de conformidad con las directrices del plan quinquenal de desarrollo para el período 2016-2020. De esa encuesta se desprende que dos tercios de las mujeres activas se concentran en tres sectores principales: el agrícola, el textil y el de los servicios.

Cuestión 16

79.Se entiende por “sector informal” el conjunto de actividades irregulares cuyo ejercicio ilegal constituye una infracción de las normas tributarias, la legislación laboral y el derecho mercantil. Puede tratarse de actividades legales realizadas por personas autorizadas, pero que posean características que permitan clasificarlas en el sector informal, como el impago del impuesto sobre la renta, el impago de las cuotas a la seguridad social y la elusión de determinados procedimientos administrativos.

80.Entre las causas esenciales del trabajo informal en Túnez cabe citar el ritmo insuficiente de creación de empleos formales, debido a la débil tasa de crecimiento económico, el desempleo, la no aplicación de la ley y el escaso grado de instrucción de los trabajadores, a lo cual se añade la situación de transición en que se halla el país y las consecuencias que tiene ello en el plano económico.

81.En cuanto a las medidas adoptadas por el Estado para mejorar las condiciones de trabajo en los diversos sectores de actividad, incluidos el sector informal y el agrícola, cabe recordar la serie de compromisos, directrices y contenidos que figuran en los diversos apartados del contrato social firmado el 14 de enero de 2013. Hay una medida principal que, una vez concretada, contribuirá a instaurar un nuevo modelo de desarrollo, que abarcará los siguientes ámbitos:

La revisión de la política tributaria a partir de la equidad y la transparencia, a fin de aliviar la presión tributaria que pesa sobre los empleados y las categorías sociales vulnerables, así como sobre las empresas cuya gestión es transparente, y la lucha contra la evasión de impuestos;

La adopción de medidas para procurar que haya una migración progresiva del sector informal al formal, organizando una formación profesional apropiada.

82.En cuanto al sector agrícola, el 12 de mayo de 2015 se firmó un convenio colectivo marco por el que se regirían las relaciones laborales en ese sector entre el sindicato de empleados UGTT (Unión General Tunecina del Trabajo) y la patronal UTAP (Unión Tunecina de Agricultura y Pesca). Mediante ese convenio se pretende impulsar el sector de la agricultura y garantizar a los trabajadores pertenecientes a ese sector un conjunto de derechos fundamentales (el derecho de sindicación, la representación en los centros de trabajo, los ascensos y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo). Ese convenio abocará a la firma de otros convenios sectoriales que harán de la agricultura un sector capaz de ofrecer oportunidades de empleo.

Artículo 7Derecho a unas condiciones de trabajo justas y favorables

Cuestión 17El salario mínimo

83.En Túnez hay un salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) en los sectores no agrícolas que se rigen por el Código del Trabajo y un salario mínimo agrícola garantizado (SMAG). Esos dos tipos de salario mínimo se fijan por decreto y se aplican a los trabajadores de ambos sexos que tengan una edad mínima de 18 años.

84.No hay un salario menor. Además, en las empresas cuya actividad se rija por convenios colectivos sectoriales o convenios de empresa, los salarios mínimos que se fijen en esos convenios habrán de ser superiores al SMIG en los sectores no agrícolas regidos por el Código del Trabajo. Los salarios mínimos del sector público (administración pública o empresas públicas) son muy superiores al SMIG.

85.Los salarios mínimos no dejan de aumentar cada año. La tasa de incremento del SMIG de 2000 a 2015 fue de alrededor del 4,1%. Y subió al 5,65% en 2015. Por su parte, el SMAG se ha incrementado en el mismo porcentaje, más o menos, que el SMIG, salvo en 2012, año en el que hubo un acercamiento entre el salario diario de los trabajadores regidos por el SMIG y el gasto diario de los regidos por el SMAG (incremento del 30% del SMAG).

86.La tasa de incremento del SMIG entre 2005 y 2015 se eleva al 50,81%, mientras que la del SMAG se eleva al 88,28% en el mismo período.

87.Por lo que respecta a las dificultades que hay para vigilar el cumplimiento de la legislación sobre salarios mínimos, particularmente en la economía informal, cabe recordar que esas dificultades se resumen en el hecho de que los diferentes órganos de fiscalización, que son la Inspección del Trabajo, la Inspección Médica del Trabajo y los inspectores de la Tesorería Nacional de la Seguridad Social, no pueden ocuparse de todos los trabajadores comprendidos en esa categoría, dada la naturaleza y la diversidad de sus actividades, por una parte, y la renuencia de los empleadores a respetar la reglamentación social, por otra.

La industria textil y de la indumentaria

88.Sigue siendo el primer sector manufacturero de Túnez en términos de puestos de trabajo. Durante el período comprendido entre 2011 y 2015, la cifra de empresas constituidas ha sido del orden de 506, que han creado alrededor de 40.000 puestos de trabajo, con lo que el total de empresas ha subido a 1.769 y el de personas empleadas, a 175.000, según las últimas estadísticas del Ministerio de Industria.

89.En cuanto a las condiciones de trabajo en el sector, las relaciones laborales se rigen por dos convenios colectivos sectoriales, el convenio colectivo de la industria textil y el convenio colectivo de la industria del punto, el ganchillo y la confección, y las obreras gozan, en general, de sus derechos fundamentales (el derecho de sindicación, la representación en los centros de trabajo, los ascensos, un salario legal, la licencia de maternidad).

90.En caso de accidente laboral y según el artículo 1 de la Ley núm. 94-28, de 21 de febrero de 1994, del régimen de reparación de los daños y perjuicios derivados de accidentes laborales y enfermedades profesionales, se instituye dicho régimen en favor de las víctimas o de sus derechohabientes. En caso de incapacidad laboral transitoria ocasionada por un accidente laboral, la víctima tendrá derecho a un subsidio diario equivalente a dos tercios de su remuneración diaria habitual, con independencia de lo que dure la incapacidad. La jornada de trabajo en la cual se produjo el accidente la pagará íntegramente el empleador.

91.Según las disposiciones del artículo 42 de la citada ley, la víctima de una incapacidad laboral permanente igual o superior a un 15% tendrá derecho a una renta. En caso de que el accidente provoque el fallecimiento del trabajador, el cónyuge y los hijos y, en su caso, los ascendientes y los descendientes de aquel percibirán una prestación de familiares supérstites.

Información sobre las condiciones laborales en el sector textil, en particular las de las trabajadoras

92.El sector textil y de la indumentaria tiene más de 2.000 empresas y emplea a unos 250.000 trabajadores. Los puestos de trabajo están bastante estereotipados (tejeduría, hilado, confección…). El trabajo es eminentemente repetitivo y la carga postural es importante. La mano de obra es casi exclusivamente femenina y de un nivel socioeconómico bastante bajo. Lo normal es que sus condiciones de vida extralaborales sean difíciles: un gran número de hijos a cargo, labores domésticas onerosas, trayectos a menudo largos. En el mundo laboral se constata, de manera general, que hay un descenso apreciable del rendimiento de las mujeres en el trabajo después del matrimonio, después de la primera maternidad y, aún más, después de las maternidades sucesivas, lo que repercute directamente en su bienestar en el trabajo y en su calidad de vida en general. Además, se produce cada vez más, un aumento del número de casos de enfermedades profesionales y sobre todo las lesiones por movimientos repetitivos, que se registran, sobre todo, en el sector de la confección y afectan, sobre todo, a las mujeres (63%). Esas lesiones se han convertido en la primera enfermedad laboral declarada en Túnez (70%).

Medidas adoptadas para aplicar las convenciones ratificadas por Túnez

93.Las medidas adoptadas para aplicar las convenciones ratificadas por Túnez en materia de salud y seguridad en el trabajo consisten en efectuar inspecciones de las condiciones de higiene, salud y seguridad en el trabajo en las empresas sujetas al Código del Trabajo. Se hacen 8.000 visitas anuales al conjunto de los sectores, las cuales van seguidas de informes sobre los fallos y las deficiencias registrados, en los que se formulan recomendaciones para aplicar las disposiciones legislativas, incluidas las de las convenciones internacionales ratificadas, y las reglamentarias.

94.A falta de iniciativas y medidas de prevención, se presentan denuncias o se levantan actas de infracción, pero estos casos suelen ser raros y no van más allá de varias decenas, y ello se debe a que las empresas atraviesan una coyuntura socioeconómica difícil y a que las sanciones distan mucho de ser acordes con la gravedad de las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.

95.El cuerpo de agentes de inspección médica del trabajo (cuya proporción no supera el 0,42 por cada 15.000 trabajadores) imparte sesiones informativas, de sensibilización y de formación a los miembros de los comités de salud y seguridad laboral y participan en la organización de actos locales, regionales y nacionales sobre temas de prevención específicos de determinados sectores, categorías de trabajadores o riesgos.

96.El Estado estudia la posibilidad de ratificar las convenciones internacionales núms. 155, 161 y 187, con miras a promover la esfera de la salud y la seguridad en el trabajo, con arreglo a lo previsto en el Contrato Social que vincula al Estado, la Unión Tunecina de la Industria, el Comercio y la Artesanía (UTICA) y la UGTT.

Indemnización recibida por un empleado o una empleada y su familia en caso de accidente laboral

97.En el artículo 20 de la Ley núm. 1994-28, de 21 de febrero de 1994, del régimen de reparación de los daños y perjuicios derivados de accidentes laborales y enfermedades profesionales, se dispone que las víctimas de esos accidentes y enfermedades tendrá los siguientes derechos:

Derecho a recibir los cuidados que requiera su condición;

Derecho a percibir una indemnización diaria por pérdida de sueldo;

Derecho, cuando después de la curación subsista una incapacidad laboral permanente, a obtener las prótesis o los aparatos ortopédicos necesarios, según proceda, y, cuando la incapacidad lo justifique, a percibir una indemnización pecuniaria consistente en una renta que revertirá a los derechohabientes de la víctima en caso de fallecimiento de esta;

Derecho, cuando al accidente le siga el fallecimiento, a que los derechohabientes perciban una suma a tanto alzado por concepto de gastos fúnebres.

98.Asimismo, en el artículo 9 de la Ley núm. 95-56, de 28 de junio de 1995, del régimen particular de reparación de los daños y perjuicios derivados de accidentes laborales y enfermedades profesionales en el sector público, se dispone que las víctimas de esos accidentes y enfermedades tendrán los siguientes derechos:

Derecho a recibir las ayudas y los cuidados que requiera su condición;

Derecho a seguir percibiendo su remuneración mientras dure la incapacidad transitoria;

Derecho a una indemnización pecuniaria, en forma de capital o de renta compensatoria, que revertirá a los derechohabientes en caso de fallecimiento de la víctima, y ello conforme a las disposiciones de la citada ley;

Derecho a obtener las prótesis y los aparatos ortopédicos necesarios, cuando así lo justifique una incapacidad laboral permanente.

99.Por lo que respecta a la cuestión de la reparación en caso de accidente laboral, cabe señalar que el seguro contra los riesgos de accidente laboral es uno de los primeros elementos de la seguridad social aparecidos en Túnez. Se ha instituido un régimen de reparación de los daños y perjuicios derivados de accidentes laborales y enfermedades profesionales en el sector privado, del que son beneficiarios las víctimas o sus derechohabientes. La Tesorería Nacional del Seguro de Enfermedad se encarga de gestionar ese régimen.

100.En virtud de la Ley núm. 94-28, de 21 de febrero de 1994, se reforma totalmente el régimen de reparación de los daños y perjuicios derivados de accidentes laborales y enfermedades profesionales, particularmente en el sector privado.

101.Su campo de aplicación se extiende, pues, a todos los trabajadores o equivalentes empleados por personas físicas o jurídicas en la forma que sea y con independencia de la naturaleza de la actividad, la condición del trabajador o su modalidad de remuneración.

102.Se aplica también a las siguientes personas:

Aprendices en prácticas;

Alumnos de establecimientos de formación técnica o profesional, con independencia de la especialidad o el nivel, cuando el accidente laboral esté ligado directamente a los programas de enseñanza o formación;

Los reclusos, por accidentes sobrevenidos por, o con ocasión de, trabajos ejecutados en el marco de una utilización regular de la mano de obra penitenciaria;

Los trabajadores de las obras nacionales o regionales de desarrollo y los empleados del servicio doméstico.

103.También se aplica a las personas enviadas por sus empleadores en misión o a un curso al extranjero, salvo en los casos en que el accidente se deba a motivos que no tengan relación con el objeto de la misión o del curso y no esté cubierto, en el país de acogida, por un régimen de reparación tan favorable, al menos, como el previsto en la citada ley.

104.Las víctimas de los accidentes laborales tienen los siguientes derechos:

Derecho a recibir los cuidados que requiera su condición;

Derecho a percibir una indemnización diaria por pérdida de sueldo cuyo importe se calculará a partir de la remuneración diaria percibida por la víctima en la fecha de su recaída;

Derecho, cuando después de la curación subsista una incapacidad laboral permanente, a obtener las prótesis y los aparatos ortopédicos necesarios, según proceda, y, cuando la incapacidad lo justifique, a percibir una indemnización pecuniaria en forma de renta que revertirá a los derechohabientes en caso de fallecimiento de la víctima;

Derecho, cuando al accidente le siga el fallecimiento, a que los derechohabientes perciban una suma a tanto alzado por concepto de gastos fúnebres.

105.En el sector público, los agentes del Estado, las administraciones locales y los establecimientos públicos de carácter administrativo afiliados al Fondo Nacional de Pensiones, Jubilación y Previsión Social, con la excepción de los militares y las fuerzas de seguridad interior, están sujetos a un régimen particular.

106.Las víctimas de accidentes laborales tienen los siguientes derechos:

Derecho a recibir las ayudas y los cuidados que requiera su condición;

Derecho a seguir percibiendo su remuneración mientras dure la incapacidad transitoria;

Derecho a percibir una indemnización pecuniaria, en forma de capital o de renta compensatoria, que revertirá a los derechohabientes en caso de fallecimiento de la víctima;

Derecho a obtener las prótesis y los aparatos ortopédicos necesarios, cuando así lo justifique una incapacidad laboral permanente.

107.La gestión de ese régimen de reparación incumbe:

Al empleador, por lo que respecta al mantenimiento del salario y la prestación de las ayudas y los cuidados;

A la Tesorería Nacional de Jubilación y Previsión Social, por lo que respecta al pago de las indemnizaciones compensatorias por incapacidad laboral permanente a las víctimas, o a sus derechohabientes en caso de fallecimiento de aquellas.

108.Las cargas inherentes a ese régimen recaen sobre el empleador, el cual restituye las indemnizaciones compensatorias abonadas por la Tesorería Nacional de Jubilación y Previsión Social.

Cuestión 18

109.Por lo que atañe a la enmienda de las disposiciones del artículo 226 del Código Penal, cabe señalar que, en 2014, se creó una comisión de reforma de ese Código que revisa actualmente las disposiciones de ese artículo, a fin de ajustarlas a las previstas en la nueva Constitución, respetando las normas internacionales.

110.También está previsto, dentro del proyecto de ley de lucha contra la violencia que sufren las mujeres, enmendar las disposiciones de ese artículo, para velar por la protección de las mujeres que son víctimas de violencia sexual y poner fin a la eventual impunidad de sus agresores.

Cuestión 19

111.En el marco de la reforma de la administración pública tunecina, se va a emprender un conjunto de reformas, particularmente del régimen de licencias y vacaciones.

Cuestión 20

112.Las zonas francas económicas se han reemplazado por polígonos de actividades económicas en virtud del artículo 1 de la Ley núm. 2001-76, de 17 de julio de 2001.

113.Los tunecinos que trabajen en empresas situadas en esos polígonos gozan de los mismos derechos previstos en la legislación nacional, salvo el derecho de titularidad del puesto de trabajo y los derechos que dimanen de este. En el artículo 23 de la citada Ley núm. 92-81, de 3 de agosto de 1992, se dispone que “[s]in perjuicio de cualquier otra norma jurídica, los contratos de trabajo entre los empleados y las empresas emplazadas en los polígonos de actividades se considerarán contratos de plazo fijo con independencia de su forma, duración o modalidad de ejecución”.

Artículo 8Derechos sindicales

Cuestión 21

114.El sindicalista, que es titular de un mandato, goza de un estatuto de protección que le garantiza disponer de determinado número de horas, que detraerá de su horario laboral, para ejercer su mandato. Asimismo, no puede ser despedido sin el asentimiento del Director General de la Inspección del Trabajo, a fin de evitar cualquier abuso por parte del empleador. En su condición de representante sindical, dispone igualmente de un tiempo de formación sindical. El estatuto de protección lo tiene garantizado en virtud de las disposiciones legislativas (artículos 166 y 169 ter) del Código del Trabajo, las disposiciones de los convenios (54 convenios colectivos sectoriales) y el convenio colectivo marco.

115.Cabe señalar que, en la nueva Constitución del 26 de enero de 2014, se refuerza el derecho de sindicación, que se constitucionalizó por primera vez en sus artículos 35 y 36.

116.Después de la ratificación del Convenio núm. 135 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los representantes de los trabajadores, se enmendó el Código del Trabajo en virtud de la Ley núm. 2007-19, de 12 de abril de 2007, para adaptar la legislación nacional a las disposiciones del citado convenio internacional.

117.Durante los últimos cinco años, se han constituido varias organizaciones sindicales. Hay cinco grandes organizaciones de los trabajadores: la OTT (Organización Tunecina del Trabajo), la CGTT (Confederación General Tunecina del Trabajo), la UTT (Unión de los Trabajadores Tunecinos), la UGTT (Unión General Tunecina del Trabajo) y la LTO (Liga Tunecina Obrera), que es la última que ha aparecido en escena, así como varios sindicatos de base que representan a cuerpos particulares.

118.Cabe señalar que, al constituirse, las organizaciones sindicales no están obligadas a presentar sus estatutos ni la lista completa de los encargados, en la función que sea, de su administración o dirección. No están obligadas a declarar (en un plazo legal) el número de sus afiliados.

Cuestión 22

119.En el artículo 49 de la Constitución de Túnez se prevé que “la ley fijará las modalidades de los derechos y las libertades que se garantizan en la presente Constitución, así como las condiciones de su ejercicio, que no atentarán contra su esencia. Esos medios de control se instituyen exclusivamente para atender a las necesidades de todo Estado civil democrático y para proteger los derechos de terceros o por razones de seguridad pública, de defensa nacional, de salud pública o de moral pública y con el debido respeto de la proporcionalidad y de la necesidad de esos controles. Las instancias judiciales velarán por proteger los derechos y las libertades ante cualquier vulneración”.

120.Por consiguiente y dado que el derecho de huelga está reconocido en el artículo 36 de la Constitución, su ejercicio solo puede ser objeto de restricción cuando se cumplan las tres condiciones previstas en el artículo 49, ya citado, a saber:

La condición legal de la existencia de una norma jurídica;

La condición legítima de proteger los derechos de terceros o de aplicarse por razones de seguridad pública, de defensa nacional, de salud pública o de moral pública;

La condición de proporcionalidad y necesidad.

121.Cabe señalar que el Gobierno de Túnez no ha promulgado, por el momento, el decreto relativo a la lista de servicios mínimos, a pesar de que en el artículo 381 ter del Código del Trabajo se prevea que la lista de esos servicios se fijará por decreto.

Artículo 9Derecho a la seguridad social

Cuestión 23

122. Al igual que la mayoría de los países del mundo, Túnez ha elaborado un sistema de protección social compuesto por un sistema de seguridad social contributivo y otro sistema no contributivo consistente en una serie de programas de asistencia y promoción social destinados a mejorar las condiciones de vida de los segmentos de población desfavorecidos y luchar contra la pobreza, la precariedad y la exclusión social.

123.Túnez dispone de dos programas principales de asistencia social (dentro del sistema no contributivo):

El Programa Nacional de Ayuda a las Familias Necesitadas es uno de los programas más amplios en términos de población beneficiaria y de implantación geográfica. Entró en funcionamiento en 1986. Se dirige a las familias necesitadas, incluidas las personas de edad que no han cotizado, a las que abona una asignación pecuniaria directa de periodicidad mensual por valor de 150 dinares, a la que se añade otra asignación de 10 dinares por hijo escolarizado, para un máximo de tres hijos.

El programa de cobertura sanitaria de las familias indigentes o de ingresos reducidos. Se instituyó en 1998. Con arreglo a él se expiden tarjetas de atención gratuita (AMG1), de las que se beneficiaron 235.000 familias en 2014, y tarjetas de atención con tarifa reducida (AMG2), que han permitido a 602.000 familias recibir atención médica en los establecimientos públicos de salud mediante el pago de una escasa cuota anual fija.

124.Esos programas se financian con cargo al presupuesto del Estado.

125.Por lo que respecta a la cuestión de la existencia o no existencia de una pensión de jubilación para las personas que no han trabajado nunca en el sector formal o que solo hayan trabajado en él durante un período limitado, cabe señalar que el sistema tunecino de seguridad social es un sistema de cobertura profesional. La cobertura del régimen de seguridad social está ligada al ejercicio de una actividad profesional. Aunque estén cubiertos legalmente, los trabajadores del sector informal no pueden percibir una pensión de jubilación con cargo al seguro social obligatorio. No obstante, quienes hayan trabajado durante un período limitado en el sector formal podrán percibir una pensión de vejez cuando reúnan determinados requisitos (tener una edad de 60 años o menos, justificar un período de carencia mínimo de 120 meses de cotización efectiva o equivalente y no ejercer una actividad profesional sujeta a los regímenes de la seguridad social).

126.El requisito de la edad (60 años o menos) puede reducirse a 55 años para algunas categorías de personas que hayan ejercido trabajos muy duros o insalubres.

127.La pensión de vejez equivale al 40% del promedio de los salarios sujetos a cotización que haya percibido el asegurado en el curso de los tres o cinco últimos años antes de cumplir la edad que le dé derecho a la pensión.

128.Los trabajadores que hayan cumplido un período de 60 meses, al menos, de cotización efectiva o equivalente y tengan una edad de 60 años o menos perciben una pensión proporcional que se calcula tomando como base la pensión a la que el asegurado tendría derecho si hubiera cumplido el período de carencia mínimo de 120 meses y prorrateando el número de meses cotizados en total por el asegurado por el número de meses exigidos para obtener esa pensión.

129.Los trabajadores que hayan cumplido un período de carencia inferior a 60 meses perciben un pago único cuyo importe equivale a las retenciones efectuadas sobre la remuneración del asegurado por concepto de cotizaciones salariales al régimen de pensiones.

130.Por lo que respecta a la cuestión de las mujeres que se ocupan de sus familiares, cabe señalar que las empleadas que sean madres de tres hijos vivos y justifiquen 180 meses de cotizaciones válidas tienen derecho a una pensión de jubilación sin requisitos de edad, si bien el disfrute de la pensión se aplaza hasta que cumplan los 50 años.

Cuestión 24

131.En el plano legal, la seguridad social cubre todos los sectores de actividad y la casi totalidad de las categorías socioprofesionales, ya que, a lo largo de los años, se han instituido diversos regímenes en cuya concepción se ha tenido en cuenta la capacidad contributiva de cada categoría de trabajadores, lo que les ha permitido acceder económicamente a la seguridad social pública (véase el anexo 5).

132.Asimismo, en el plano legal, la cobertura social comprende todas las categorías socioprofesionales, incluidas las personas que trabajan en la economía informal y los trabajadores y las trabajadoras del servicio doméstico, cuya cobertura está asegurada por un régimen específico creado en 2002 (régimen de trabajadores con ingresos bajos). Las personas sin domicilio fijo están cubiertas por los programas de asistencia social mencionados anteriormente.

133.En el plano práctico, la seguridad social cubre, en 2015, a cerca del 83,6% de la población activa (cifra estimada) de los sectores público y privado, pero su cobertura sigue siendo reducida en el caso de las categorías de ingresos bajos (trabajadores agrícolas, trabajadores del servicio doméstico, trabajadores precarios e itinerantes).

134.A fin de garantizar una mejor selección de los beneficiarios de los programas de promoción y asistencia social (esto es, de reducir los errores de inclusión y de exclusión) y la buena gobernanza de los regímenes de seguridad social, con miras a extender la cobertura social efectiva a todas las categorías de trabajadores, es preciso reformar todo el sistema de protección social, reforma que debe hacerse de manera paralela e integrada con todas las reformas y las iniciativas emprendidas para elaborar una estrategia de desarrollo posrevolucionaria armoniosa y coherente a todos los niveles.

135.La aprobación de la nueva Constitución, sobre todo su artículo 38, en el que se garantiza el derecho a la cobertura sanitaria y social a todas las personas, y la firma del contrato social en 2013 entre el Gobierno y los interlocutores sociales, fundado en los valores de la democracia y la justicia social, ofrecen una ocasión decisiva para mejorar la pertinencia, la eficacia y la efectividad del sistema de protección social, a fin de lograr un desarrollo general e inclusivo (véase el anexo 6).

136.Para aplicar esas recomendaciones, se ha creado una subcomisión tripartita de protección social que reúne a los representantes de las partes firmantes del contrato social (el Gobierno, la UGTT y la UTICA).

137.Cabe señalar, asimismo, que en el marco de la aplicación de la recomendación núm. 202 de 2012 de la OIT y de un enfoque prospectivo y coherente de la integración social que permita instaurar un modelo de desarrollo inclusivo y equitativo, se ha aprobado un proyecto de fijación de un nivel mínimo nacional de protección social. Ese proyecto figura entre los ejes prioritarios del plan de desarrollo quinquenal de Túnez para el período 2016-2020. Con él se pretende garantizar, entre otras cosas, unos ingresos estables a todos los ciudadanos, una cobertura universal contra el riesgo de enfermedad y una vivienda digna para todas las familias, a fin de luchar contra la pobreza y reducir la injusticia social entre las categorías socioprofesionales, las regiones y las generaciones.

138.Actualmente, se reflexiona sobre cómo arbitrar las garantías prioritarias que debe llevar aparejadas el nivel mínimo de protección (esto es, el contenido del lote de prestaciones que se ofrecerán vertical y horizontalmente).

Cuestión 25

139.Los regímenes de seguridad social de Túnez están libres de toda forma de discriminación. Así pues, a nivel legislativo, las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres.

140. Para garantizar el acceso de las mujeres a la seguridad social, se han tomado ya algunas medidas y se están ideando otras. Cabe citar, a modo de ejemplo, la elaboración de una estrategia de comunicación para difundir la cultura de la seguridad social sobre todo en el sector informal y en las zonas rurales, mediante la organización de campañas de sensibilización y la creación de equipos móviles comunitarios de la seguridad social. Se prevé revisar la legislación vigente para adaptarla a las peculiaridades del trabajo de los temporeros agrícolas y las demás categorías de trabajadores no cubiertas por el sistema de seguridad social, en el marco de la reforma general de los regímenes de seguridad social prevista en el contrato social.

Cuestión 26

141.Gracias a la aplicación de la reforma que se emprendió el 1 de julio de 2007 mediante la fusión de los segmentos médicos de los diversos regímenes de la seguridad social en un nuevo régimen único, se ofrecen las mismas prestaciones a todos los asegurados y se les aplica la misma cuota. Con ese nuevo régimen, se puede acceder a la atención privada, algo que no se podía hacer tradicionalmente con el seguro médico obligatorio, en el marco de un régimen convencional que organiza las relaciones entre el Fondo Nacional del Seguro de Enfermedad y los proveedores de servicios del sector privado.

142.La gestión del seguro de enfermedad de Túnez está encomendada al Consejo Nacional del Seguro de Enfermedad creado en virtud de la misma ley, que aglutina a todos los agentes del sistema. Esta institución se encarga de evaluar periódicamente el régimen y de proponer las medidas correctivas necesarias para su buena gestión.

143.El régimen del seguro de enfermedad brindaba cobertura sanitaria a más 4.159.350 (cifra estimativa) beneficiarios de la seguridad social en 2015 (trabajadores activos y pensionistas, sin contar sus derechohabientes), de los cuales 1.075.233 eran beneficiarios del sector público y 3.084.117, beneficiarios del sector privado.

144.Cabe señalar que el sistema de cobertura sanitaria tunecino se basa en otros dos pilares complementarios, que son los siguientes:

Asistencia médica para las personas vulnerables;

Cobertura sanitaria complementaria ofrecida por las compañías de seguros y las mutuas.

145.Por su parte, la asistencia médica a los indigentes y los no beneficiarios de la seguridad social (atención gratuita, atención con tarifa reducida) está garantizada por unos regímenes específicos que gestiona el Ministerio de Asuntos Sociales.

146.Categorías específicas como las personas de edad, las familias pobres con hijos a cargo y los enfermos crónicos se consideran prioritarias en cuanto al acceso a la cobertura sanitaria. Se han revisado las normas legislativas correspondientes para garantizarles ese derecho.

147.Las personas con discapacidad gozan, asimismo, de atención totalmente gratuita, de conformidad con la ley vigente.

148.También se otorga el beneficio de la atención y la hospitalización gratuitas en los establecimientos sanitarios públicos a todas las personas participantes en campañas preventivas o aquejadas de enfermedades epidémicas.

149.En cuanto a la cobertura sanitaria complementaria, hay regímenes convencionales que se han elaborado a lo largo de los años para paliar las deficiencias de los regímenes básicos. Esos regímenes los gestionan los seguros colectivos y las mutuas. Permiten cubrir las prestaciones no cubiertas por el régimen básico o la parte de los gastos de atención que corra por cuenta del asegurado.

150.Como ya se ha indicado, el proyecto de fijación de un nivel mínimo nacional de protección social, que figura entre los ejes prioritarios del plan de desarrollo quinquenal para el período 2016-2020, atestigua la fuerte voluntad que tienen los poderes públicos de universalizar la cobertura médica en Túnez y la atención particular que prestan a esta cuestión.

151.Por lo que respecta a la cuestión de la cobertura sanitaria de los trabajadores despedidos, el Estado tunecino presta una atención particular a esta categoría de trabajadores (los trabajadores despedidos por razones económicas o técnicas o por cierre imprevisto o ilegal de las empresas que los emplean sin respetar los procedimientos previstos en el Código del Trabajo) y ha instituido unos mecanismos de protección social entre los cuales se cuenta, en materia de cobertura sanitaria, el mantenimiento del derecho a la atención de la salud durante un año suplementario, para garantizar a los empleados despedidos una cobertura mínima hasta que reanuden su actividad laboral.

152.De conformidad con lo dispuesto en el contrato social, está previsto crear un sistema de seguros por pérdida de empleo mediante un fondo independiente que cubra a los empleados despedidos por razones económicas o técnicas o que hayan perdido su empleo por razones ajenas a su voluntad a raíz del cierre imprevisto y definitivo de la empresa. Ese sistema se financiará de manera tripartita, a partes iguales entre los empleadores y los trabajadores y con ayuda económica del Estado.

Artículo 10Protección de las familias, las madres y los niños

Cuestión 27

153.En 2014 se emprendió el proceso de aprobación de un proyecto de ley sobre la violencia que sufren las mujeres:

Elaboración de un estudio analítico del ordenamiento jurídico tunecino y del derecho internacional en relación con el asunto de la prevención y la protección de las mujeres contra toda forma de violencia;

Constitución de un comité de reflexión interdisciplinario para elaborar el proyecto de ley;

Organización de una serie de consultas regionales;

Organización del foro de la sociedad civil en el que se presentarían el procedimiento y el enfoque previstos para elaborar el proyecto de ley;

Organización de un seminario nacional sobre el procedimiento de aprobación del proyecto de ley en la Asamblea Nacional Constituyente el 13 de agosto de 2014, para sensibilizar y movilizar a los representantes del pueblo en favor de su aprobación;

Elaboración de un primer borrador que se halla en vías de revisión y terminación.

154.Actualmente, el Ministerio de la Mujer, la Familia y la Infancia está en vías de terminar ese proyecto para someterlo a la consideración de la Asamblea General de Representantes del Pueblo lo antes posible.

155.Se está elaborando un plan de promoción, sensibilización y comunicación respecto de la citada ley.

156.En relación con los artículos 218 y 319, cabe recordar que el desistimiento en virtud del cual se detienen las actuaciones, el proceso o la ejecución de la sentencia no puede emanar de las mujeres víctimas de violencia sino de los ascendientes y de los cónyuges.

157.Cabe señalar que en 2014 se creó una comisión de reforma del Código Penal, que revisa las disposiciones de ese código para adaptarlo a las disposiciones previstas en la nueva Constitución, respetando las normas internacionales.

158.Por otra parte, en el marco del proyecto de ley de lucha contra la violencia que sufren las mujeres está previsto revisar las disposiciones de los dos artículos citados, a fin de proteger a las mujeres víctimas de violencia sexual y poner fin a la eventual impunidad de sus agresores.

159.Por lo que respecta a las medidas adoptadas para procurar que ninguna víctima de violencia sea estigmatizada y no se ejerza ninguna presión sobre ella para que retire la denuncia o acepte medidas de reconciliación, se ha puesto en marcha un proyecto de atención a mujeres víctimas de violencia, en colaboración con los ministerios competentes, entre ellos el Ministerio de Justicia. En el proyecto se pretende fijar unos protocolos de atención intersectoriales para cada ministerio competente, que irán seguidos de un convenio intersectorial de creación de redes de contacto entre esas instituciones. El proyecto ha tomado la circunscripción de Ben Arous como sede experimental de sus servicios de atención.

160.Cabe señalar que las medidas o las ordenanzas de protección de las mujeres víctimas de violencia no están previstas en el derecho tunecino. Sin embargo y a fin de llenar ese vacío jurídico, en el proyecto de ley de lucha contra la violencia que sufren las mujeres, se ha previsto aplicar medidas de esa índole.

161.Se aportan estadísticas sobre las actuaciones y los fallos judiciales en casos de violencia conyugal, dado que la mujeres víctimas de violencia pueden obtener reparación en un proceso civil o personándose como parte civil en un proceso penal, y se han dictado diversos fallos en ese sentido (véase el anexo 7).

Cuestión 28

162.Por lo que respecta a la práctica de los matrimonios consuetudinarios o los matrimonios “orfi” como medio de eludir la prohibición del matrimonio polígamo, cabe recordar que, en el artículo 18 del Código del Estatuto Personal, se dispone que “la poligamia está prohibida. Quien, habiendo contraído un vínculo matrimonial, contraiga otro antes de la disolución del precedente será condenado a una pena de cárcel de un año y una multa de 240.000 francos o a una de las dos sanciones, aun cuando el nuevo matrimonio no se haya contraído conforme a la ley”. “Se impondrán las mismas sanciones a quien, habiendo contraído matrimonio fuera de las formas previstas en la Ley núm. 57-3, de 1 de agosto de 1957 (4 de moharem de 1377), en la que se reglamenta el estado civil, celebre una nueva unión y prosiga la vida en común con su primer cónyuge. Se impondrán las mismas sanciones al cónyuge que, a sabiendas, contraiga matrimonio con una persona a la que se le apliquen las disposiciones de los dos párrafos anteriores. El artículo 53 del Código Penal no es aplicable a las infracciones previstas en el presente artículo”.

163.Dejando de lado el matrimonio polígamo, en el artículo 31 de la Ley núm. 57-3, de 1 de agosto de 1957 (4 de moharem de 1377), en la que se reglamenta el estado civil, se dispone que “el acto del matrimonio se celebra en Túnez ante dos notarios o ante el funcionario del Registro Civil y en presencia de dos testigos honorables. El matrimonio de tunecinos en el extranjero se celebra ante los agentes diplomáticos o consulares de Túnez, o según la ley local”.

164.Así pues, como sanción por la infracción del citado artículo y como consecuencia de la celebración de un matrimonio consuetudinario, en el artículo 36 de esa misma ley se prevé que “la unión que no se celebre de conformidad con el artículo 31 supra será nula. Además, ambos cónyuges serán condenados a una pena de tres meses de cárcel. Cuando se incoen actuaciones penales contra ellos, en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, será un mismo y único juez quien falle sobre la infracción y la nulidad del matrimonio. Los cónyuges cuya unión se haya declarado nula y prosigan la vida en común o la reanuden serán condenados a una pena de seis meses de cárcel”.

165.“El artículo 53 del Código Penal (posibilidad de que el juez alivie las penas) no es aplicable a las infracciones previstas en el presente artículo”.

166.Se han emitido fallos de aplicación de las citadas sanciones.

167.Por lo que respecta a la aplicación del requisito de los 18 años de edad, en el artículo 5 del Código del Estatuto Personal se prevé que “los dos futuros cónyuges no deberán estar sujetos a ninguno de los impedimentos previstos por la ley. Además, cuando uno de los dos futuros cónyuges no haya cumplido los 18 años de edad completos, no podrá contraer matrimonio. Por debajo de esa edad, no se podrá contraer matrimonio salvo en virtud de una autorización especial del juez, que solo la otorgará por motivos graves y en el interés superior de los dos futuros cónyuges”.

168.En cuanto a lo dispuesto en el artículo 227 bis, cabe señalar que en 2014 se creó una comisión de reforma del Código Penal que revisa actualmente sus disposiciones, a fin de adaptarlas a las previstas en la nueva Constitución, respetando las normas internacionales.

169.Por otra parte, en el proyecto de ley de lucha contra la violencia que sufren las mujeres se prevé que se revisen las disposiciones del citado artículo, con miras a proteger a las mujeres víctimas de la violencia sexual y poner fin a la eventual impunidad de sus agresores.

170.En cuanto al proyecto de ley de lucha contra la trata de seres humanos, después de que el Ministerio de Justicia terminara de redactarlo y el Gobierno lo aprobara, se elevó, a finales de 2015, a la Asamblea General de Representantes del Pueblo. La comisión encargada de la legislación general en la Asamblea acaba de aprobarlo, con ciertas aclaraciones exigidas por el Ministerio de Justicia para poder elevarlo al Pleno de la Asamblea.

171.Por otra parte, el Ministerio de Justicia creó, a principios de 2015, una comisión provisional que se ocuparía de trazar las líneas maestras de una estrategia nacional de lucha contra la trata de seres humanos. Esa comisión está compuesta por representantes de los ministerios competentes y de instancias interdisciplinarias de la sociedad civil y funcionará hasta que se apruebe el citado proyecto de ley y se constituya la comisión nacional prevista en él.

Cuestión 29

172.A continuación se expone lo dispuesto en el Código del Trabajo acerca de las excepciones en materia de trabajo infantil por debajo de los 16 años de edad, concretamente en los artículos 55, 56 y 57, enmendados en virtud de la Ley núm. 96-62, de 15 de julio de 1996:

Admisión de niños de 13 años de edad en labores agrícolas ligeras (art. 55);

Los niños de 13 años de edad podrán realizar labores ligeras que no perjudiquen su salud (art. 56).

173.Cabe señalar que los servicios de inspección laboral y de conciliación no han recibido ninguna solicitud de autorización para emplear a niños de edad inferior a la legal y tampoco han expedido ninguna autorización desde que se enmendaron esos artículos en 1996, dado que en el primer eje del Plan de Acción Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil para el período 2015-2020 se habla del “fortalecimiento y la armonización de los marcos legislativo e institucional” de lucha contra el trabajo infantil, por los siguientes medios:

Revisión del Código del Trabajo y la Ley de la Condición de los Empleados del Servicio doméstico para subsanar las lagunas que permiten que se explote a los niños sobre todo;

En las empresas familiares agrícolas;

Prohibición de realizar trabajos peligrosos a los menores de 18 años de edad;

Revisión de la Ley del Servicio Doméstico y promulgación de normas sobre la actuación de los inspectores de trabajo y los asistentes sociales.

Medidas de ayuda a los niños y los jóvenes que se hallan en situación de riesgo

Creación de una red de instituciones de protección social compuesta por:

21 centros de protección e integración social y 3 centros en vías de construcción;

1 centro de protección infantil;

3 centros de inserción y orientación social (Túnez, Sousse y Sfax);

2 centros de protección de niños en peligro (Túnez y Sidi Bouzid);

1 centro social de observación de niños que tienen conflictos con la ley.

174.Los centros de protección e integración social son centros diurnos encargados de colaborar en el diagnóstico precoz de las condiciones y las situaciones que pueden llevar a la delincuencia y la inadaptación social, y de instituir un sistema de observación de las diversas formas de inadaptación social, y de recopilación y elaboración de datos sobre este fenómeno, y llevar a cabo estudios interdisciplinarios sobre él. También se encargan de colaborar en la inserción social y educativa de los delincuentes o quienes corren peligro de convertirse en tales y de supervisar la trayectoria de estas personas y ayudarlas a readaptarse socialmente con medidas apropiadas.

175.Los beneficiarios de las prestaciones que ofrecen los centros de protección e integración social son las personas que corren peligro en el sentido de lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Protección de la Infancia y se hallan en las siguientes situaciones:

Niños que han perdido a los padres y quedan sin sostén familiar;

Niños expuestos a la negligencia o el vagabundeo;

Niños con falta notoria y continua de educación y protección, y niños a los que se maltrata de manera habitual;

Niños, de ambos sexos, que sufren explotación sexual;

Niños que sufren explotación en el marco de la delincuencia organizada conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Código de Protección de la Infancia;

Niños expuestos a la mendicidad y la explotación económica;

Niños cuyos padres o tutores son incapaces de asegurar su protección y educación.

176.Aparte de ocuparse del bienestar psicosocial y la reinserción familiar, social, educativa e incluso económica de los interesados, los centros de protección e integración social se orientan, cada vez más, hacia la actividad de base comunitaria para procurar la inserción específica de los niños de la calle.

177.Los centros de protección social infantil acogen a los niños que atraviesan situaciones difíciles y a los que corren peligro en el sentido de lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Protección de la Infancia, reciben orientación de los jueces de familia o los delegados de protección infantil, atienden las necesidades esenciales de los niños que acogen, les procuran una inserción social, psicológica, sanitaria y educativa apropiadas y garantizan su reinserción familiar, educativa y laboral, en colaboración con los diversos agentes interesados.

178.El centro social de observación de los niños se encarga, en particular, de acoger a los niños que tienen conflictos con la ley y caen dentro de la jurisdicción de los tribunales de menores, velan por que diversos especialistas en ciencias sociales, psicología, pedagogía y medicina estudien la personalidad de esos niños para determinar los motivos de que delincan, las características de su personalidad y unas fórmulas para reeducarlos.

179.Ese centro se encarga también de remitir, al tribunal competente, un informe con el dictamen de los especialistas, antes de que aquel emita una decisión.

180.Además de haber creado una red institucional de protección social e instituido programas de lucha contra la pobreza y de inserción social, educativa y económica de las personas con discapacidad, el Ministerio de Asuntos Sociales, en colaboración con los demás ministerios competentes y la sociedad civil, vela por la ejecución de varios programas (véase el anexo 8).

Lucha contra el trabajo infantil

181.Elaboración del Plan de Acción Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil en Túnez para el período 2016-2020, cuyo objetivo general consiste en adquirir un mejor conocimiento de la magnitud del trabajo infantil en el país y desarrollar sistemas, estructuras y capacidades para vigilar y reducir la magnitud de ese fenómeno, de manera eficaz y duradera, para 2020.

182.Los objetivos estratégicos del Plan de Acción Nacional son los siguientes:

Afianzar el marco legislativo y su aplicación para controlar y prevenir mejor el trabajo infantil;

Asegurar la coordinación nacional;

Mejorar el conocimiento de la situación laboral de los niños;

Aplicar medidas directas de protección y prevención del trabajo infantil;

Reforzar las capacidades de actuación y de coordinación de las instituciones nacionales para dar una mejor respuesta al trabajo infantil;

Reforzar el papel de la educación y la formación profesional en la respuesta al trabajo infantil.

183.El Ministerio de la Juventud y el Deporte, que es consciente de los efectos demoledores que tienen los fenómenos del reclutamiento y el adoctrinamiento de los jóvenes tunecinos en los grupos terroristas, ha elaborado, a partir de la aparición de las primeras conclusiones sobre esos fenómenos, un programa de actuación urgente.

184.Ese programa aprovecha todos los datos facilitados por los institutos de estadística y sondeos (Instituto Nacional de Estadística, Observatorio Nacional de la Juventud…), a fin de movilizar a todos los agentes nacionales e internacionales y liberar los medios necesarios para elaborar una estrategia nacional de lucha contra el terrorismo que sea fruto de la cooperación entre las instancias estatales, la sociedad civil, las ONG y los propios jóvenes.

185.El programa del Ministerio de la Juventud y el Deporte, que se integra en el programa nacional, tiene como lema “¡Nosotros, los jóvenes… defensores de la patria!” y sus objetivos son los siguientes:

Sensibilizar a los jóvenes para que hagan frente a los discursos que incitan al odio, la xenofobia y la violencia;

Fortalecer la capacidad de liderazgo de los jóvenes y su autoestima y revalorizar la condición de joven;

Ofrecer a los jóvenes los instrumentos indispensables para detectar y refutar el discurso yihadista;

Fortalecer el sentimiento patriótico de los jóvenes y mejorar su integración social;

Promover la adhesión de los jóvenes a la sociedad civil.

186.El programa del Ministerio engloba los tres programas específicos siguientes:

El programa nacional “jóvenes embajadores de la patria”, cuyo objetivo es formar a 30.000 jóvenes procedentes de barrios populares, zonas rurales, cuencas mineras y otros medios desfavorecidos en materia de liderazgo, coaching, cultura de la paz y la comunicación, etc. A su vez, esos jóvenes forman a los animadores-mediadores que promueven una cultura de paz.

El programa nacional “Jóvenes deportistas… por la patria”, cuya finalidad es aprovechar las competiciones deportivas organizadas en forma de campeonato nacional para sensibilizar a los jóvenes participantes acerca de los peligros que entrañan el pensamiento extremista y el adoctrinamiento de los yihadistas.

El programa nacional “Jóvenes periodistas… por la patria”, que consiste en hacer una gran campaña de comunicación para luchar contra el terrorismo por medio de radios web, sitios web y producciones audiovisuales realizadas en las instituciones y las asociaciones de jóvenes.

187.Se ha destinado un presupuesto de 7 millones de dinares, equivalente a 3,5 millones de dólares de los Estados Unidos, para aplicar ese programa, con independencia de la partida prevista en el presupuesto anual de 2016 del Ministerio de la Juventud y el Deporte para el programa dirigido a los jóvenes.

Artículo 11Derecho a un nivel de vida digno

Cuestión 30

188.El Gobierno es el único que realiza un seguimiento diario de los programas pertinentes; no hay ningún mecanismo de supervisión independiente de su ejecución.

Cuestión 31Abastecimiento de agua potable

189.Las fuentes de agua potable difieren de una región a otra, dependiendo de sus características geográficas y climáticas. También dependen de la evolución de las necesidades de agua de cada región.

Modalidades de abastecimiento regionales

La gran zona metropolitana de Túnez

190.La gran zona metropolitana de Túnez se abastece de agua a partir, esencialmente, de las aguas del norte que transporta el canal de Mejerdah-Cap Bon y los embalses de Kasseb y Beni Mtir.

191.En las cercanías de la parte occidental de la ciudad de Túnez, hay un complejo de depuración y almacenamiento de las aguas procedentes del canal de Mejerdah-Cap Bon y el embalse de Kasseb: es la planta depuradora de Ghedir El Golla.

192.El agua depurada se encauza hacia las reservas de la gran zona metropolitana a una velocidad de 5.400 l/s. Y se le suman las aguas depuradas en la planta de Fernana (provincia de Jendouba), que se bombean a través del conducto de suministro del embalse de Beni Mtir, a una velocidad de 300 l/s.

Bizerta

193.Esta región se abastece del acuífero de Mateur y la planta depuradora de Joumine y Sejnane, cuya capacidad de producción supera los 1.500 l/s.

Cap-Bon, el Sahel y Sfax

194.Las regiones de Cap-Bon, el Sahel y Sfax se abastecen de las aguas del norte que transporta el canal de Mejerdah-Cap Bon. Las regiones del Sahel y Sfax se abastecen también de las siguientes fuentes:

Las aguas del acuífero profundo de Kairuán;

Las aguas del acuífero profundo de Jelma, Sbeitla y Hajeb Laayoun;

Recursos locales.

Región del Sureste

195.Esta región, que comprende las dos provincias de Mednine y Tataouine, se abastece de los recursos locales y también de las aguas procedentes de dos plantas desaladoras de Yerba y Zarzis, cuya capacidad total de producción es de 30.000 m3/día.

Gabes

196.La región de Gabes (Gabes, Metouia, El-Hamma y Ouedref) se abastece esencialmente de la planta desaladora de aguas salobres construida en 1995 y cuya producción alcanza los 34.000 m3/día.

197.La producción total de la desaladora de Gabes permitirá atender las necesidades de agua potable de la región hasta finales de 2012, a la que abastece de un agua con una salinidad que no supera los 1,5 g/l.

Depuración del agua

198. El agua cruda se somete a un tratamiento fisicoquímico.

199.El agua cruda se somete a las siguientes etapas de tratamiento: la coagulación-floculación, la decantación, la filtración y, por último, la desinfección.

Coagulación-floculación

200.Consiste en añadir sulfato de aluminio o un coagulante cuyas cantidades y dosis se fijan según la turbiedad del agua cruda y previa realización de análisis de floculación en el laboratorio de supervisión de las plantas depuradoras. La adición de floculantes como los polielectrolitos permite transformar la materia en suspensión en copos para favorecer la decantación.

Decantación

201.Es la fase de recogida de la materia que hay en suspensión y de concentración y eliminación de los lodos.

Filtración

202.Consiste en pasar el agua por unos filtros de arena que retienen la materia no decantada, las algas y los microorganismos. Las bombas y los compresores de aire aseguran el lavado a contracorriente de los filtros de arena.

Tratamientos complementarios ocasionales

203.En caso de que el agua sea ácida, se añade cal (en forma de lechada de cal o agua de cal) para equilibrar el pH.

204.En caso de que el agua tenga un gusto o un olor desagradable, se puede utilizar carbón activo como absorbente.

Cloración

205.En la fase de precloración, se inyectan cantidades de cloro para favorecer la disminución de las materias orgánicas e inhibir la proliferación de algas, lo que facilita el proceso de tratamiento y mantiene limpias las plantas depuradoras.

Fase de poscloración (desinfección final)

206.La inyección de las cantidades idóneas de hipoclorito de sosa permite eliminar los microorganismos que queden y hacer frente a toda posible contaminación que haya en la red, desde el momento en que se trata el agua hasta el momento en que el consumidor abre el grifo. La regulación de la dosis de hipoclorito necesaria se hace de manera automática, en función de la cantidad y la velocidad del agua.

Control sanitario del agua

207.En 2013, se sometieron 55.886 muestras a análisis bacteriológicos en los laboratorios de la Sociedad Nacional de Explotación y Distribución del Agua (SONEDE), muestras que, en el 98,5% de los casos resultaron ser inocuas. Los resultados de esos análisis están en consonancia con las normas tunecinas y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

208.En paralelo, la SONEDE efectúa análisis fisicoquímicos de las aguas que se suministran.

209.Aparte del autocontrol garantizado por la SONEDE, los servicios del Ministerio de Salud efectúan análisis bacteriológicos de las aguas suministradas en las zonas alejadas de los laboratorios de la Sociedad, en virtud de un convenio firmado por ambas partes (véase el anexo 11).

Designación	2005	2008	2013
Número de muestras tomadas	52 884	47 964	55 886
Porcentaje de muestras contaminadas	1,7	1,3	1,5
Número de muestras/1.000 abonados	28	22	21

Cuestión 32

210.El Gobierno de Túnez ha implantado un programa específico de viviendas sociales para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible a todos los ciudadanos.

211.Se ha puesto en marcha ya un proyecto experimental de parcelas sociales en virtud del cual se acondicionarán alrededor de 570 viviendas en la provincia de Kasserine.

212.Hay dificultades y problemas administrativos, jurídicos e inmobiliarios que obstaculizan el avance de ese programa específico de viviendas sociales.

213.Ese programa ya entró en funcionamiento en 2012, para construir 30.000 unidades (20.000 viviendas nuevas y 10.000 viviendas que reemplazarían a alojamientos rudimentarios).

214.En el nuevo plan quinquenal (2016-2020) se prevé edificar 50.000 viviendas sociales, a un promedio de 10.000 unidades anuales.

Cuestión 33

215.A fin de mejorar las condiciones de vida dentro de las cárceles y luchar contra el hacinamiento en ellas, el Ministerio de Justicia, con el apoyo de algunos donantes, sobre todo europeos, trabaja en los siguientes ámbitos:

Mejora de la infraestructura de algunas cárceles, sobre todo las de Mornag, Borg El‑Amri y Monastir;

Fomento de la imposición de penas alternativas vigentes, sobre todo la pena de trabajos de interés general y la de indemnización penal;

La reforma de las normas penales vigentes estudiando la posibilidad de añadir otras penas alternativas (por ejemplo, la de llevar una pulsera electrónica) y la disminución de la duración de algunas penas, sobre todo las de consumo de estupefacientes.

Cuestión 34

216.El Ministerio de Justicia ha elaborado un proyecto de ley de asilo en concertación estrecha con los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Ese proyecto se ha concertado también con los diversos interlocutores de la sociedad civil y departamentos gubernamentales, se halla en vías de terminación en el citado ministerio y se someterá muy pronto a la aprobación del Gobierno.

217.Mientras llega el momento de la promulgación de la citada ley, el Estado tunecino se limita a aplicar las convenciones internacionales que tratan sobre la cuestión, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, ratificada en virtud del Decreto de 2 de junio de 1955, y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 31 de enero de 1967, ratificado en virtud de la Ley núm. 1968-26, de 29 de julio de 1968, y la Convención de la Unión Africana que Regula los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, de 10 de septiembre de 1969, ratificada en virtud de la Ley núm. 1989-77, de 2 de septiembre de 1989.

218.El Estado tunecino ratificó, en virtud del Decreto-ley núm. 2011-92, el acuerdo de colaboración entre el Gobierno de la República de Túnez y el ACNUR para la apertura de una oficina del ACNUR en territorio tunecino.

219.Cabe señalar que la operación de acogida de refugiados y expedición de permisos de residencia en territorio tunecino plantea problemas de orden práctico, entre ellos la necesidad de identificar completamente a los refugiados y tomarles las huellas digitales dada su importancia para la seguridad, lo que obliga a implantar procedimientos especiales de constitución de comisiones técnicas y de coordinación entre las diversas estructuras y organizaciones interesadas, dado que la mayoría de los refugiados evitan identificarse, dar sus huellas y colaborar con las autoridades competentes.

220.Dado que en la legislación penal y las reglamentaciones administrativas vigentes en Túnez sobre esa cuestión se prohíbe a los agentes de vigilancia de fronteras emplear armas de fuego, balas de goma y bombas lacrimógenas para luchar contra las oleadas de emigrantes ilegales, en el artículo 143 del Código Penal tunecino se exige, a los funcionarios públicos y otras personas, que presten auxilio a quienes se hallen en peligro y se dispone que la negativa a prestarlo o la lentitud en prestarlo se condenarán con penas de cárcel y multas.

221.Túnez ha elaborado una estrategia nacional de migración con un enfoque participativo y consensuado que respeta los derechos humanos. En ella se redefinen las líneas principales de la política migratoria teniendo en cuenta las nuevas oportunidades y los nuevos problemas que han surgido desde que Túnez se convirtió en un país de acogida en los últimos tiempos, sobre todo después de la revolución de 2011.

222.Las líneas principales de la citada estrategia son las siguientes:

El fortalecimiento de la gestión de las migraciones.

La garantía de los derechos y los intereses de los migrantes tunecinos y el estrechamiento de los lazos entre ellos y Túnez.

El fortalecimiento de la contribución de la migración al desarrollo socioeconómico en los planos local, regional y nacional.

La promoción de la migración regular de los tunecinos y la prevención de la migración irregular.

La quinta línea de la estrategia es la de la protección de los migrantes extranjeros y los solicitantes de asilo en Túnez. En ella se prevé aplicar medidas legislativas e institucionales para afianzar los derechos de los migrantes y su inserción en el tejido económico y social nacional.

223.El derecho de asilo, a pesar de ser nuevo y de no tener una base jurídica desarrollada, está protegido en la nueva Constitución de la Segunda República, en cuyo artículo 26 se garantiza el derecho de asilo político, en consonancia con las convenciones internacionales ratificadas por Túnez, sobre todo la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo de 1967, y el respeto de los derechos humanos (adhesión a los valores humanos y a los altos principios universales de los derechos humanos: párrafo 3 del preámbulo de la Constitución de 2014).

224.Por primera vez después de la crisis de los refugiados argelinos de 1956, Túnez ha tenido que hacer frente a un aflujo masivo de poblaciones desplazadas por el conflicto que estalló en Libia en 2011. Aunque tengan una capacidad y unos recursos técnicos limitados, las autoridades tunecinas (la Guardia Nacional, los servicios de protección civil, el ejército, la Guardia Fronteriza, etc.) han adquirido mucha experiencia y han incrementado su capacidad y conocimientos gracias a las actividades de formación y de otra índole realizadas con la ayuda de diversos organismos de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones, las ONG internacionales y el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

225.Túnez cuenta con una estructura administrativa bien desarrollada y una sociedad civil fuerte. La Media Luna Roja tunecina está presente en la mayoría de las comunidades y, gracias a su red de representación local en la que participan un gran número de voluntarios y miembros de la organización, ha logrado gestionar bien su labor con los refugiados y los migrantes, labor que ha desembocado en la creación del campamento de Choucha, cerca de Ras Jedir. El campamento ha acogido principalmente a migrantes y solicitantes de asilo, que han recibido una buena atención en los ámbitos social, sanitario y psicológico.

226.Los refugiados libios han sido acogidos principalmente por la población local tunecina, dados los fuertes lazos históricos y familiares que hay entre ambas poblaciones.

227.Después de que se hubieron marchado la mayoría de los migrantes y refugiados, se cerró el campamento de Choucha.

228.Sin embargo, para gestionar el fenómeno que acaba de exponerse hay que consagrar el derecho constitucional correspondiente en las normas legislativas y definir los derechos y las obligaciones de los solicitantes de asilo. A tal fin, el Gobierno de Túnez está elaborando una ley de asilo conforme a los principios y las normas internacionales. Mediante esa ley pretende garantizar una serie de derechos y libertades, como el derecho a la educación, la libertad de circulación en el interior y el exterior del país, la libre elección del lugar de residencia, el derecho al trabajo y la seguridad social, y el ejercicio de una profesión liberal.

229.El proyecto de ley sobre el derecho de asilo tiene por objeto crear una institución nacional de asilo independiente que se encargue de examinar las solicitudes de asilo y proteger los derechos de los solicitantes.

230.Mientras se espera a que se cree un sistema nacional de asilo, el ACNUR es la única entidad que se encarga de determinar el estatuto de los refugiados, en virtud de su mandato y de conformidad con el Acuerdo de Cooperación firmado con el Gobierno de Túnez el 18 de junio de 2011.

231.Por otra parte, el Gobierno ha tomado medidas para elaborar una ley nacional de prevención de la trata de personas y lucha contra ella. A tal fin, ya ha elevado un proyecto de ley a la Asamblea General de Representantes del Pueblo para que lo apruebe.

232.Ese proyecto de ley orgánica tiene por objeto prevenir todas las formas de explotación que podrían padecer las personas, sobre todo las mujeres y los niños; luchar contra la trata; reprimir a los autores, y proteger y auxiliar a las víctimas.

Artículo 12Derecho a la salud

Cuestión 35

233.En los últimos decenios, ha mejorado considerablemente la cobertura sanitaria en Túnez. Esa mejora se ha caracterizado por la creación de nuevas estructuras de atención y prevención y por el aumento de la capacidad de acogida de las ya existentes.

234.El interés creciente que hay por reducir las desigualdades geográficas y sociales en el sector de la salud se refleja en las iniciativas emprendidas por la nación para reforzar la red hospitalaria nacional en sus estructuras, edificaciones, equipo técnico, material y recursos humanos.

235.Se han tomado varias medidas para reducir las citadas desigualdades, entre las cuales figuran las siguientes:

El aumento del número de tarjetas de atención gratuita en las instituciones sanitarias públicas concedidas a familias de ingresos bajos;

El lanzamiento de un programa para garantizar la permanencia de la atención sanitaria en 13 provincias prioritarias;

El aumento del presupuesto de medicamentos para enfermedades crónicas en los servicios de primera línea, a fin de reforzar el funcionamiento de esos servicios y de hacerlos más accesibles a la población;

La programación de la construcción de nuevos hospitales en las regiones prioritarias;

La decisión de otorgar prioridad, en la contratación de nuevos directivos, a las regiones prioritarias, para reforzar sus recursos humanos;

El aumento de la accesibilidad de los servicios de medicina especializada para los ciudadanos de las regiones prioritarias, a fin de atender mejor sus necesidades;

La reclasificación de algunos hospitales locales, que han pasado a ser hospitales regionales que ofrecen y garantizan prestaciones sanitarias especializadas;

La ampliación de la red de centros regionales de medicina escolar y universitaria en varias regiones del interior del país, a fin de reducir las disparidades interregionales en materia de servicios de salud escolar y universitaria.

236.A pesar de la tendencia igualitaria y de una accesibilidad geográfica que se considera aceptable en ámbito de los servicios de primera línea, la distribución de los servicios de salud en el territorio nacional sigue adoleciendo de cierta desigualdad que conviene evaluar y corregir.

Medidas adoptadas para erradicar totalmente la corrupción en el sector de la salud (véase el anexo 11)

237.Por otra parte y para hacer frente al riesgo de que haya conflictos de intereses en materia de promoción de medicamentos, se está elaborando un proyecto de enmienda del Decreto núm. 90-1402, de 3 de septiembre de 1990, en virtud del cual se determinan las condiciones de divulgación de la información médica y científica, a fin de reprimir los excesos.

Cuestión 36

238.En octubre de 2015 se creó un comité de salud mental encargado de ejecutar un plan de acción para aplicar la estrategia nacional de promoción de la salud mental elaborada entre 2012 y 2013.

239.Se han creado diversos grupos de trabajo que se encargarán de elaborar los planes de acción de los diversos ámbitos de la salud mental.

240.La Comisión Nacional de Lucha contra el Suicidio, creada el 5 de febrero de 2015, elabora una estrategia nacional de lucha contra ese fenómeno.

241.En ese ámbito, se han creado comisiones regionales para aplicar la estrategia en el plano regional y se han impartido sesiones de formación a instructores en materia de prevención del suicidio y atención a los suicidas y sus allegados en diversas regiones de Túnez.

242.La lucha contra la toxicomanía constituye uno de los ejes principales de promoción de la salud mental en Túnez. Se ha elaborado un proyecto de enmienda de la Ley núm. 92‑52, de 18 de mayo de 1992, de estupefacientes, a fin de otorgar preferencia a las medidas terapéuticas respecto de las medidas penales.

243.A fin de prepararse para la aplicación de la nueva ley, se ha constituido un grupo de trabajo que se encarga de elaborar un plan de acción de lucha contra la toxicomanía en cuatro ámbitos:

La vigilancia epidemiológica;

El diagnóstico y la prestación de atención;

La creación de comisiones regionales encargadas de la lucha contra la toxicomanía y los aspectos preventivos correspondientes;

La creación de centros de acogida y rehabilitación de personas con hábitos de dependencia de los estupefacientes:

La actualización de los conocimientos de los médicos generales de los servicios de primera línea, para hacer más accesible la atención de la salud mental a los usuarios;

La creación de servicios de psiquiatría general y de psiquiatría pediátrica.

244.En los párrafos siguientes se exponen el número de casos de hospitalización forzosa por razón de una discapacidad mental y las garantías para que esa hospitalización constituya un último remedio, así como los recursos jurídicos contra la decisión de hospitalizar por la fuerza a una persona.

245.El número total de enfermos mentales hospitalizados contra su voluntad en 2015 fue de 7.787.

246.Las medidas de protección de los pacientes hospitalizados sin su consentimiento se enuncian en la Ley núm. 92-83, de 3 de agosto de 1992, de la salud mental y las condiciones de hospitalización por problemas mentales:

Una persona aquejada de problemas mentales solo podrá ser hospitalizada sin su consentimiento cuando su estado de salud represente una amenaza para su propia seguridad o la de terceros;

En todas las provincias donde hay un establecimiento de acogida a enfermos con trastornos mentales, se halla en curso la creación de una comisión regional de problemas mentales encargada de examinar la situación de esas personas en relación con el respeto de sus libertades individuales y su dignidad humana.

247.A continuación se enumeran las medidas adoptadas para introducir unos servicios psiquiátricos especializados dirigidos a los adolescentes:

Instaurar células de crisis regionales para prevenir el suicidio en el medio escolar;

Instaurar células de atención a los alumnos en los establecimientos de los ciclos primero y segundo de la enseñanza secundaria, para prevenir los comportamientos de riesgo;

Se prevé crear una unidad de atención a los adolescentes y una unidad de hospitalización diurna.

Cuestión 37

Medidas adoptadas para mejorar la calidad del medio ambiente por lo que respecta a la gestión de residuos

248.Las actividades de atención de la salud llevan aparejada, en general, la producción de residuos, de los cuales una gran parte entran en la categoría de basura doméstica y otra parte, en la de residuos de riesgo, por su naturaleza y tipología.

249.Para prevenir los riesgos engendrados por los diversos tipos de residuos en el interior y el exterior de los establecimientos de atención, se ha puesto en marcha una estrategia nacional de optimización de la gestión de los residuos derivados de las actividades sanitarias, cuyo objetivo principal es mejorar la capacidad actual de gestión de residuos de esos establecimientos.

250.En ese marco, se promulgó el Decreto núm. 2008-2745, de 28 de julio de 2008, en el que se fijan las condiciones y las modalidades de gestión de los residuos derivados de las actividades sanitarias, en consonancia con la Ley marco núm. 41-96, de 10 de junio de 1996, de residuos y control de su gestión y eliminación.

251.Ese decreto tiene por finalidad organizar la gestión de los residuos derivados de las actividades sanitarias, que abarca la clasificación, el embalaje, la recogida, el almacenamiento, el transporte, el tratamiento y la eliminación final.

252. Se han promulgado las normas de aplicación del citado decreto, y en particular la orden de publicación del manual de procedimientos de gestión de residuos peligrosos derivados de las actividades sanitarias.

253.Al haber ratificado el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes en 2004, Túnez está obligado aeliminar, de manera ecológicamente racional, esas sustancias químicas contaminantes prohibiendo y limitando su producción, su comercio y utilización.

254.En cumplimiento de sus compromisos, Túnez ha elaborado un plan de acción nacional de aplicación y un Plan de acción nacional específico de reducción de emisiones de contaminantes orgánicos persistentes (nueve plaguicidas orgánicos de efectos contaminantes persistentes, bifenilos policlorados, terfenilos policlorados y bifenilos polibromados, así como dioxinas y furanos), y ha hecho todo lo necesario para retirar y eliminar los contaminantes orgánicos persistentes que ya hay en el país y son producidos y desechados involuntariamente por fuentes humanas: las dioxinas y los furanos.

255.En el marco de la ejecución del plan de acción nacional de aplicación, Túnez ha realizado un proyecto de demostración y promoción de buenas técnicas y prácticas para gestionar los residuos derivados de las actividades sanitarias y los bifenilos policlorados en su territorio, a fin de reducir las emisiones de dioxinas, furanos y bifenilos policlorados reforzando el armazón institucional y reglamentario del Gobierno y poniendo en marcha unos programas de gestión racional y sostenible dirigidos a mejorar la gestión y la eliminación definitiva de los residuos derivados de las actividades sanitarias y los bifenilos policlorados.

256.Las actividades de sensibilización y formación abarcan todo Túnez. En el proyecto participan activamente los agentes del sector privado, en concreto las empresas que reparan transformadores, los laboratorios de análisis, las empresas autorizadas para gestionar residuos peligrosos, las clínicas, las farmacias, los centros de diálisis y la sociedad civil, las asociaciones científicas y de defensa del medio ambiente.

257.El proyecto ha contribuido a mejorar las condiciones sanitarias en Túnez al reducir los riesgos de contaminación y enfermedad estrechamente ligados a la manipulación de residuos derivados de las actividades sanitarias y a la exposición a los bifenilos policlorados. Se calcula en 2 millones la cifra de personas que ya se han beneficiado de la reducción de los contaminantes orgánicos persistentes gracias a la buena gestión de esos residuos y esos bifenilos en los lugares de ejecución del proyecto.

258.Las medidas adoptadas en ese marco son las siguientes:

Creación de un comité técnico central de gestión de los residuos derivados de las actividades sanitarias presidido por el Ministerio de Salud;

Creación de la unidad regional de gestión de los residuos derivados de las actividades sanitarias;

Mejora de las modalidades de gestión interna y externa de los residuos derivados de las actividades sanitarias, sobre todo en materia de clasificación, embalaje y almacenamiento;

Garantizar el control de la gestión de los residuos derivados de las actividades sanitarias en interiores y de todos los aspectos higiénicos relacionados con los residuos;

Responsabilizar a todos los profesionales de la salud (directivos, personal médico y paramédico, trabajadores) y fomentar su participación;

Tener en cuenta la cuestión de los “residuos” en los proyecto arquitectónicos de los hospitales;

Poner en marcha unos planes de acción regionales o interregionales de gestión de los residuos derivados de las actividades sanitarias;

Formar e informar al personal de los servicios de salud;

Crear una partida presupuestaria específica de gestión de los residuos derivados de las actividades sanitarias en todos los establecimientos de atención;

Elaborar una convocatoria de licitación nacional para subcontratar la recogida, el transporte, el tratamiento y la eliminación final de los residuos derivados de las actividades sanitarias (medida en curso).

Medidas adoptadas para mejorar la calidad del medio ambiente por lo que respecta a la contaminación del agua

259.El Ministerio de Salud concede una importancia particular a la prevención de las enfermedades de origen hídrico. Por ello, en su plan de acción garantiza una vigilancia sanitaria estrecha de la calidad de las aguas.

Control sanitario de las aguas potables

Control sanitario de las aguas potables en las zonas urbanas mediante la instalación de un sistema de vigilancia en tiempo real y a distancia (control del cloro residual libre, análisis bacteriológicos y análisis fisicoquímicos);

Inspecciones para controlar el estado de los diversos sistemas de abastecimiento de agua;

Asistencia técnica y organización de cursos de educación sanitaria para los beneficiarios;

Refuerzo del control sanitario de las aguas en las zonas fronterizas mediante la creación de una red nacional de control de las fuentes de agua potable.

Control sanitario de las aguas residuales

260.Se han adoptado las siguientes medidas:

Control de las prácticas de reutilización de las aguas residuales tratadas en las zonas de regadío;

Control de la calidad de las aguas residuales tratadas que se reutilizan para regar: análisis bacteriológicos y fisicoquímicos;

Instauración de un sistema de vigilancia para impedir el riego con aguas residuales crudas;

Sensibilización y educación sanitaria de los manipuladores de aguas residuales tratadas.

Control sanitario de las aguas de baño marinas

261.Se han adoptado las siguientes medidas:

Control de la calidad bacteriológica de las aguas de baño marinas: 6.707 análisis en 2015;

Inspección sanitaria de los lugares de baño en el mar para evaluar su susceptibilidad a la contaminación.

262.La clasificación de la calidad de las aguas de baño se atiene a las directrices de la OMS.

Control sanitario del agua de las piscinas

263.Se han adoptado las siguientes medidas de control:

Control de la calidad bacteriológica y fisicoquímica del agua de las piscinas;

Inspección sanitaria de las piscinas.

264.A lo largo de 2015, se han realizado las siguientes actividades principales:

Controles del cloro residual libre: 1.084;

Controles del pH: 1.118;

Análisis bacteriológicos: 926.

Medidas adoptadas para mejorar la calidad del medio ambiente por lo que respecta al uso de plaguicidas

265.Los servicios técnicos del Ministerio de Salud se encargan de aplicar diversas medidas en el ámbito de la salud ambiental.

266.A tal fin, ha aplicado las siguientes iniciativas (o las está aplicando):

Instauración de un sistema nacional de vigilancia de los plaguicidas;

Ejecución de un plan nacional de vigilancia de los plaguicidas;

Realización de estudios de evaluación;

Elaboración de la norma reglamentaria sobre los residuos de plaguicidas en la cadena alimentaria;

Redacción del borrador de la lista de especificaciones para formular desinfectantes y plaguicidas de uso en la sanidad pública.

Uso de plaguicidas

267.En el ordenamiento jurídico tunecino, la fabricación, la importación, la formulación, el embalaje, el almacenamiento, el transporte, la venta y la distribución de todo producto plaguicida utilizado para luchar contra organismos nocivos o con fines agrícolas se rigen por la Ley núm. 92-72, de 3 de agosto de 1992, de refundición de la legislación relativa a la protección de los vegetales, enmendada en virtud de la Ley núm. 99-5, de 11 de enero de 1999 (http://www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/1999/1999f/jo00599.pdf), cuyo título III versa sobre el “Control del comercio, la distribución y la utilización de productos plaguicidas”.

Pérdida de semillas locales

268.En virtud del Decreto núm. 2003-1748, de 11 de agosto de 2003, se creó el banco nacional de genes que, según el artículo 2 de aquel, “se encarga de evaluar y conservar los recursos genéticos locales, aclimatados y exóticos, y en particular los raros, los amenazados de extinción y los que poseen interés económico, ecológico o medicinal”.

269.El banco nacional de genes, que funciona “en forma de una red nacional que agrupa a todos los organismos públicos y los institutos de investigación científica, así como a todos los interesados de esta esfera, tiene encomendadas, entre otras atribuciones, la conservación de las semillas locales, y ello por los siguientes medios:

La recogida, la selección y la determinación de la procedencia de los recursos genéticos y su control sanitario;

La identificación, la evaluación y el aprovechamiento de los recursos genéticos;

La elaboración de un programa nacional en el que se definen las prioridades de conservación y su actualización;

La repatriación de las especies genéticas locales existentes en bancos de genes extranjeros, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia;

La elaboración de mecanismos de intercambio de recursos genéticos y de acceso a estos en los planos nacional e internacional;

El fomento de las actividades de conservación de los recursos genéticos in situ y ex situ”.

270.Para luchar contra la pérdida de semillas locales, el banco nacional de genes ha puesto en marcha, en colaboración con los diversos interesados, un programa de adaptación y conservación de especies locales de semillas de cebada y trigo en favor de los pequeños agricultores. Ese programa ha permitido crear una red que agrupa a institutos de investigación científica, establecimientos de enseñanza superior agrícola y comisarías regionales de desarrollo agrícola, además de al propio banco nacional de genes.

271.En el cuadro (del anexo 12) se recapitulan los resultados de la ejecución de ese programa durante el período 2012-2016.

Medidas de refuerzo previstas

272.Dentro del programa gubernamental de grandes reformas, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó una serie de medidas para reforzar el marco jurídico e institucional de protección del medio ambiente.

Medidas para reforzar el marco institucional

273.La principal medida es la revisión de los siguientes decretos:

Decreto núm. 2005-2933, de 1 de noviembre de 2005 (http://www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/2005/2005f/jo0902005.pdf), en virtud del cual se fijan las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Decreto núm. 2006-898, de 27 de marzo de 2006, de organización del citado ministerio;

Decreto núm. 94-1636, de 1 de agosto de 1994, en virtud del cual se fijan la organización y las atribuciones de los servicios exteriores del Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio;

Decreto núm. 2005-2317, de 22 de agosto de 2005, de creación de un organismo nacional de gestión de residuos, en virtud del cual se fijan el mandato del organismo, su organización administrativa y económica y sus modalidades de funcionamiento.

274.Por otra parte y con miras a procurar al Observatorio para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible de Túnez los medios para ejecutar su política y a dotarlo de una estructura autónoma, se ha elaborado un proyecto de decreto gubernamental de creación de un observatorio para el medio ambiente y el desarrollo sostenible, en virtud del cual se fija su organización administrativa y económica.

Medidas de refuerzo del marco jurídico

275.Son las siguientes:

Revisión del marco legislativo de gestión de las áreas protegidas que se rigen por el Código de Ordenación Forestal y promoción del turismo ecológico en esas áreas, dentro de la ejecución del proyecto “Turismo ecológico y conservación de la diversidad biológica del desierto”;

La refundición de las leyes y los reglamentos relativos al estudio de los efectos sobre el medio ambiente de la aplicación del Programa de desarrollo urbano y de la gobernanza local;

La elaboración del proyecto de decreto de delimitación del perímetro de la zona del litoral prevista en el artículo 2 de la Ley núm. 95-72, de 24 de julio de 1995, de creación de un organismo de protección y ordenación del litoral;

La reforma de la Ley núm. 2007-34, de 4 de junio de 2007, de calidad del aire, para reforzar su efectividad;

Los proyectos de normas de aplicación de la Ley núm. 96-41, de 10 de junio de 1996, de residuos y control de su gestión y su eliminación, que están en vías de elaboración y concertación con los servicios técnicos de las instituciones competentes:

Proyecto de decreto gubernamental de reforma del Decreto núm. 2005-3395, de 26 de diciembre de 2005 (http://www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/2006/2006f/jo0012006.pdf), en virtud del cual se fijan las condiciones y las modalidades de recogida de acumuladores y pilas gastados;

Proyecto de decreto gubernamental en virtud del cual se fijan las condiciones y las modalidades de gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos;

Proyecto de decreto gubernamental en virtud del cual se fijan las condiciones y las modalidades de gestión de los bifenilos policlorados;

Proyecto de decreto gubernamental en virtud del cual se fijan los tipos de bolsas de plástico cuya producción, importación, comercialización y distribución están prohibidas en el mercado interior;

Proyecto de decreto gubernamental de descarga de efluentes en el medio hídrico con arreglo a la norma NT 106.02;

Proyecto de decreto gubernamental en el que se fijan los ámbitos y las condiciones de utilización de las aguas residuales tratadas con arreglo a la norma NT 106.103.

Cuestión 38

276.A partir de 2012, el Ministerio de Salud ha adoptado medidas específicas para reforzar el acceso universal a los anticonceptivos y los servicios de salud sexual y reproductiva en 24 centros regionales, cuyos servicios ha integrado en unos centros de prestaciones básicas de salud, lo que permite ofrecer una amplia cobertura a la población.

277.Se han organizado unos seminarios de reflexión sobre los factores determinantes del acceso universal en los que han participado diversos interesados y que han permitido definir el conjunto esencial de servicios de salud sexual y reproductiva mediante la apertura de 22 espacios de atención a los jóvenes en los centros regionales. Por otra parte, los servicios técnicos del Ministerio de Salud han procurado generalizar y diversificar los productos anticonceptivos, lo que ha permitido que las mujeres tengan libertad de elección y reciban prestaciones gratuitas.

278.Gracias a las diversas medidas adoptadas, la tasa de uso de anticonceptivos alcanzó el 62,5% en 2011. Pero a pesar de ellas, el porcentaje de mujeres casadas cuyo deseo de usar anticonceptivos no se ha satisfecho se eleva al 7%.

Artículos 13 y 14Derecho a la educación

Cuestión 39

Educación básica y secundaria

a)Accesibilidad y disponibilidad de la educación

279.Las medidas adoptadas por el Estado para garantizar la gratuidad efectiva de los estudios y el cumplimiento de la obligación de escolarizar a los niños de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años han permito a Túnez obtener una tasa de escolarización muy satisfactoria, cercana al 100%, para los niños de 6 años, con paridad entre los dos sexos. En ese tramo de edad (que corresponde a la educación básica), la tasa de escolarización pasó del 90,1% en el año escolar de 2001/02 al 94,2% en el de 2014/15, sin diferencia apreciable entre ambos sexos, como aparece en el cuadro correspondiente (véase el anexo 13).

280.Cabe señalar que el Estado hace esfuerzos sin medida para ampliar, cada año, el mapa de distribución escolar, con miras a garantizar el acceso de todos a la escuela; todos los años se construyen establecimientos docentes y se programan y ejecutan reformas y ampliaciones de locales. Hoy en día, hay 4.597 escuelas primarias y 1.499 escuelas secundarias de primer y segundo ciclo, que se extienden por todo el territorio.

281. Se han tomado medidas de acompañamiento para garantizar el transporte de los alumnos en las zonas más apartadas y facilitar el acceso a los establecimientos docentes, que es una de las cuestiones que más suelen preocupar a los gestores del sector educativo.

282.El aumento del número de comedores escolares que ofrecen una comida caliente o fría a los alumnos, sobre todo en las regiones rurales, es una de las medidas adoptadas para persuadir a los alumnos de que no falten a clase y asegurarse de su asistencia. Por último, la reforma y la rehabilitación de los internados ha resultado ser una de las soluciones en las que se apoya y fundamenta la oferta educativa en las regiones rurales.

b)Lucha contra la deserción escolar

283.En el marco de la cooperación del Ministerio de Educación con la Oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Túnez, se ha trazado y aprobado una estrategia de lucha contra la deserción escolar. Se la tomó en consideración en el plan de desarrollo quinquenal del sector educativo y está completamente integrada en la reforma de ese sector.

284.Con la misma finalidad, se lanzó una campaña nacional denominada “La escuela recupera a sus niños” a principios del año escolar de 2015/16. Miles de alumnos han podido volver a clase gracias a los esfuerzos realizados por los diversos interesados, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Asuntos Sociales.

c)Incremento de la calidad de la educación (calificación de los docentes e infraestructuras)

285.En el ámbito de las infraestructuras, cabe recordar que durante mucho tiempo la concentración en ampliar la red de establecimientos docentes para satisfacer la demanda adicional y mejorar los indicadores de inserción de los alumnos repercutió muy negativamente en las obras de mantenimiento y rehabilitación de esos establecimientos. Las restricciones presupuestarias y las prioridades del sector explican también, en parte, la debilidad de los esfuerzos realizados para garantizar la viabilidad de unos establecimientos que han envejecido mucho. Esas conclusiones se aplican también a los equipamientos, que son muy ordinarios y no solo se han quedado anticuados sino que, en ocasiones, resultan muy difíciles de utilizar.

286.El diagnóstico realizado por los servicios técnicos del Ministerio y las regiones ha mostrado que los edificios escolares de todos los ciclos de enseñanza se hallan en una situación desastrosa, sobre todo los de las escuelas primarias, y que se necesitan partidas presupuestarias cuantiosas para renovar y rehabilitar los equipamientos.

287.Dado lo anterior, se han destinado varias partidas presupuestarias a mantener y rehabilitar los establecimientos docentes y a renovar los equipamientos educativos.

288.Se han financiado varios programas en ese ámbito, con miras a mejorar la calidad de los servicios educativos que se prestan en los establecimientos docentes aplicando medidas de acondicionamiento, rehabilitación y renovación de los equipamientos ordinarios, a fin de que el espacio escolar resulte más atrayente para los alumnos y los estimule a asistir a clase. Otra finalidad de esos programas es la de ampliar el mapa de distribución escolar y mejorar las condiciones de los internados, sobre todo en las regiones del interior del país.

289.Por lo que respecta a los recursos humanos, se han tomado nuevas medidas para mejorar las calificaciones de los docentes, sobre todo impartiéndoles un ciclo de formación adecuado antes de que empiecen a ejercer su profesión y sesiones de formación permanente.

d)Educación inclusiva de los niños con discapacidad

290.Merece la pena recordar las diversas etapas de la educación inclusiva.

291.Una primera etapa, entre 2003 y 2006, dirigida a los niños de edades comprendidas entre 6 y 9 años que tenían discapacidades motrices, usaban aparatos auditivos por ser sordos o sufrían una deficiencia mental leve. Asimismo, en esa etapa se lanzó una campaña de sensibilización y comunicación sobre el tema de la integración escolar.

292.Una segunda etapa, entre 2007 y 2011, en la que se emprendieron nuevas iniciativas: ampliación de la integración escolar a nuevas categorías de personas con discapacidad, como los débiles de vista; universalización, en el nivel preescolar, de las clases preparatorias en las escuelas integradoras; creación, en el nivel de la formación profesional, de escuelas de oficios que integraran a las personas con discapacidad; continuación de la formación inicial y permanente que se impartía a los docentes en materia de integración, y continuación de las campañas de sensibilización.

293.Está previsto que, a partir de 2011 y 2015, se generalice la integración de todos los niños con discapacidad en la totalidad del sistema de enseñanza básica y secundaria.

294.La aplicación de esa estrategia descansa en la intervención de un conjunto muy amplio de agentes a todos los niveles.

295.Colaboran en ello algunos ministerios: el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Asuntos Sociales y sus direcciones regionales.

296.En el plano regional y local, los agentes principales de la integración escolar son los siguientes: las comisiones regionales de personas con discapacidad, los inspectores escolares, los directores de escuelas, los médicos escolares, los asistentes sociales), los padres, las asociaciones y las ONG que trabajan en el ámbito de la discapacidad, así como las administraciones públicas y locales y los municipios.

e)Año de enseñanza preparatoria

297.En Túnez, la enseñanza preescolar tiene por objeto garantizar a todos los niños el máximo de igualdad de oportunidades para acceder a la enseñanza académica, facilitar su desarrollo físico, cognitivo y afectivo y desarrollar su autonomía y socialización.

298.El Gobierno de Túnez se ha mostrado firme partidario del año de enseñanza preparatoria. A tal fin, ha aplicado diversas medidas, de manera específica en las zonas rurales y urbanas más desfavorecidas y de manera general en las zonas pobladas desfavorecidas, dentro de los límites de los medios disponibles.

299.Los estudios realizados sobre la primera infancia, tanto en el interior como en el exterior del país, muestran claramente que los niños que han recibido educación preescolar obtienen mejores resultados en la escuela. Y, así, el porcentaje de nuevos alumnos matriculados en el primer año del primer ciclo de enseñanza básica que han cursado el año de enseñanza preparatoria ha subido rápidamente en los últimos años y ha llegado a un 80,4% en el año escolar de 2014/15, como aparece en el cuadro correspondiente (véase el anexo 14).

300.En el plano regional, los valores de ese indicador son muy irregulares, lo que da lugar a una diferencia entre regiones de casi 50 puntos (98,4% en la ciudad de Túnez y 47,8% en Kasserine). Las regiones del interior han registrado los porcentajes más bajos y más de 12 regiones están por debajo del promedio nacional.

301.En el plan quinquenal de desarrollo del sector educativo se estimula la universalización del año de enseñanza preparatoria, una medida que afianza la lucha contra las disparidades regionales y sociales.

Enseñanza superior

Medidas de mejora de la enseñanza superior

302.En virtud de la Ley núm. 19 de 2008, de 25 de febrero de 2008, de la enseñanza superior, se creó una “autoridad nacional de evaluación, control de calidad y acreditación”, que se ocupa de la evaluación de las universidades y los establecimientos docentes superiores, de la investigación y la supervisión de la configuración de los programas científicos y la actuación profesional de los docentes y su producción, de la gestión pedagógica, administrativa y financiera, de la formación y la concesión de contratos de investigación en función del rendimiento académico, y de los controles institucionales, en los que aplica unas normas de calidad aprobadas.

303.Entre las medidas más importantes que se han tomado para mantener la calidad de la enseñanza superior figuran las siguientes:

Impartir formación pedagógica a los docentes universitarios;

Impartir formación a los instructores y certificar a los docentes:

Reforzar las calificaciones y las capacidades;

Adaptar la enseñanza superior a las necesidades regionales, locales y mundiales del mercado laboral;

Mejorar la gobernanza manteniendo las estructuras pertinentes e implantando sistemas internos y externos de calidad.

Cuestión 41

304.Por lo que respecta a los procedimientos de protección de los docentes y los investigadores contra peligros y amenazas, en particular los derivados del extremismo, el Ministerio de Educación Superior ha adoptado medidas públicas de gran envergadura, a fin de garantizar la seguridad de la enseñanza superior y de la investigación científica mediante un sistema integrado de seguridad destinado a los establecimientos de enseñanza superior y de investigación.

305.En el ámbito de la lucha contra el terrorismo, se ha puesto en marcha un plan de investigación mediante la creación de una comisión interdisciplinaria cuya misión es elaborar un programa interdisciplinario de investigación científica sobre cuestiones que afectan a la lucha contra la radicalización y el terrorismo, en aplicación de la circular del Ministro de Educación Superior e Investigación Científica de 4 de marzo de 2016.

306.Asimismo, se lanzan, de manera permanente, campañas se sensibilización dirigidas a los estudiantes en los establecimientos universitarios.

Artículo 15Derechos culturales

307.El Ministerio de Cultura y Defensa del Patrimonio ha aplicado íntegramente una estrategia de protección del patrimonio arqueológico contra la destrucción y el saqueo. Todos los años se contrata a nuevos guardias para los diversos monumentos y lugares históricos.

308.Se han abierto investigaciones judiciales después de que varios artistas y activistas sufrieron agresiones verbales y físicas.