Tercer informe periódico de la República de Túnezrelativo al Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales

I.Introducción

De conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la República de Túnez presenta al Comité su tercer informe sobre las medidas adoptadas y los logros alcanzados en la aplicación del Pacto desde la presentación de su informe anterior (mayo de 1999). Entre 1999 y 2014, el Estado consagró su visión de los derechos económicos, sociales y culturales. Durante la Revolución de 2011, esos derechos acicatearon las demandas populares y se convirtieron en un elemento fundamental del nuevo pacto social. En la elaboración de este informe se adoptó un enfoque participativo, se estableció un comité de pilotaje en el que se integraron representantes de todos los ministerios y de algunos organismos concernidos, y de él surgió una comisión de redacción más reducida. También se realizaron consultas a las organizaciones de la sociedad civil. Los redactores del informe se han ajustado a las directrices y a las observaciones que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales formuló con ocasión de la presentación del informe anterior de Túnez.

A.Información general

Túnez es un Estado libre, independiente y soberano. El islam es la religión del Estado; el árabe es su lengua, y su sistema político es republicano. Túnez es un Estado cívico fundado en la ciudadanía, la voluntad popular y el imperio de la ley. Túnez está situado en el norte de África, entre las latitudes 30º 14’ y 37º 13’ N, y las longitudes 7º 32’ y 11º 36’ E, y comprende una superficie de 163.610 km2. Limita al norte y al este con el Mediterráneo, al sudeste con Libia y al oeste con Argelia. Su capital es la ciudad de Túnez.

Según el último censo de población, realizado en 2014, la República de Túnez tiene 10.932 millones de habitantes. Es un país caracterizado por una dinámica demográfica estable. La población experimentó un ligero incremento natural del 1,29% en 2011, frente al 1,08% de 2004. La estructura etaria de la población, que hasta 1994 mostraba las características propias de una sociedad joven, ha variado notablemente. Los niños menores de 5 años ya solo constituyen el 8,2% de la población, mientras que en 1994 eran el 11%. En el mismo período, el porcentaje de la población compuesto por niños de 5 a 14 años descendió hasta el 36%. Por el contrario, las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 59 años, que en1994 constituían el 56,9% de la población, hoy constituyen el 66,4%. El porcentaje de la población con más de 60 años, por su parte, se ha incrementado del 3,8% al 10,1% entre 1994 y 2011.

Túnez, al igual que los países más avanzados, experimenta un proceso de piramidalización demográfica gradual en el que aumenta el porcentaje de las personas de edad al tiempo que desciende el de los niños. Entre 1956 y 1994, el porcentaje de personas con 60 años o más pasó del 4,1% al 8,3%, y en 2014 ya rondaba el 11%. Estas transformaciones demográficas plantearán en los años venideros una serie de retos, en particular en las esferas del empleo, la educación, la seguridad social y la salud.

B.Marco político y jurídico para la protección de los derechos humanos

Túnez vivió un magno acontecimiento durante el período de elaboración de este informe periódico: la Revolución de la Libertad y la Dignidad, cuya duración fue de aproximadamente un mes (del 17 de diciembre de 2010 al 14 de enero de 2011) y en la que resultó derrocado el régimen anterior. Tras la revolución, Túnez inició una etapa de transición de tres años en la que se produjeron reformas constitucionales, legislativas y políticas de calado, y en particular se transformó el régimen de gobierno y se reforzó el marco jurídico de los derechos humanos. Para ello se elaboró una nueva constitución de la República de Túnez que funda una sociedad democrática sustentada en el estado de derecho y en la exaltación de los valores universales, al frente de todos ellos la libertad y la justicia.

Desde la entrada en vigor de la Constitución, el 27 de enero de 2014, el sistema de Gobierno de Túnez se ha caracterizado por la división de poderes entre el Presidente de la República y el Presidente del Gobierno, con lo que se logra el equilibrio. En el régimen anterior, por el contrario, el Presidente de la República monopolizaba todos los poderes. El pueblo ejerce el poder legislativo a través de sus representantes en el Parlamento, que son elegidos para un mandato de cinco años en elecciones libres y directas. Las leyes fundamentales se sancionan por mayoría absoluta, y los proyectos de leyes ordinarias por mayoría simple de un tercio de la Cámara. El poder judicial es independiente del ejecutivo y del legislativo, garantiza la administración de la justicia, la prevalencia de la Constitución y el imperio de la ley, y protege los derechos y las libertades con arreglo a criterios internacionales. Los miembros de la carrera judicial son designados mediante decreto presidencial a propuesta del Consejo Superior de la Magistratura. El juez es independiente, está sometido únicamente al imperio de la ley, goza de inmunidad parcial y no puede ser procesado o privado de libertad mientras goce de inmunidad. El juez solo será trasladado, removido, cesado, destituido o disciplinado en los casos previstos en la ley y mediante resolución causada dictada por el Consejo Superior de la Magistratura.

En relación con el marco jurídico para la protección de los derechos humanos conviene señalar que la República de Túnez cree firmemente en los valores de la persona y en los principios supremos y universales de los derechos humanos, y se ajusta al derecho internacional. Túnez ha adoptado iniciativas y medidas jurídicas e institucionales adicionales encaminadas a afianzar y promover la cultura de los derechos humanos. Esta voluntad quedó ampliamente manifiesta en la elaboración de la nueva Constitución.

La Constitución de Túnez afirma los derechos humanos reconocidos internacionalmente, en particular los derechos económicos, sociales y culturales. Para asegurar la efectividad de estos derechos, el legislador tunecino los tutela y promueve con la salvaguardia de los siguientes mecanismos: el Tribunal Constitucional1,la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión para el Desarrollo Sostenible y los Derechos de las Generaciones Futuras, la Comisión para la Gobernanza y la Lucha contra la Corrupción, y las disposiciones del artículo 49 de la Constitución.

C.Avances en la práctica en relación con cada derecho sectorialdesde 1999

La última década se ha caracterizado por la aprobación de una serie reformas que han contribuido a mejorar el nivel y las condiciones de vida de los individuos y de las familias en todos los estratos sociales y en todas las instancias. Estas reformas han permitido avanzar hacia el progreso social desde los principios de solidaridad, igualdad de oportunidades, inclusión y rechazo de la exclusión y la marginalidad. Las políticas y los programas adoptados han permitido también mejorar los índices de desarrollo humano. Según el Informe sobre el desarrollo humano de 2014, entre 2000 y 2013 el Estado pasó de 0,642 a 0,721 puntos. Túnez se sitúa, de este modo, en el puesto 41 de la lista de los 53 países con un mayor desarrollo humano. Su posicionamiento a nivel mundial también ha mejorado, y entre 2000 y 2013 ascendió del puesto 101 al 90 de un total de 187 Estados.

En cuanto a la seguridad social, el período examinado se caracteriza por la ampliación de la cobertura social, a la que se han incorporado los trabajadores con bajos ingresos, los creadores y los artistas, y por la mejora de la cobertura real de los colectivos asegurados. En el período examinado, el régimen de seguro de enfermedad ha sido reformado y, fundamentalmente, se ha instituido el Fondo Nacional de Seguro de Salud (Caisse Nationale d’Assurance-Maladie).

Túnez ha tratado de proteger cada vez más la capacidad adquisitiva de los trabajadores con bajos ingresos y ha aumentado la cuantía de los sueldos mínimos. En el período examinado se ha prestado una atención especial a los colectivos desfavorecidos, sin sostén económico o con bajos ingresos. Ha aumentado el número de familias beneficiarias del Programa Nacional de Ayuda a las Familias Necesitadas. Por otro lado, diferentes mejoras han permitido reforzar el sistema de protección e inclusión social y promover la situación de las personas con discapacidad. Gracias a los programas destinados específicamente a los colectivos sociales con bajos ingresos, a la política de beneficios y transferencias sociales (cuya cuantía ha alcanzado el 25% del PIB) y a los programas de desarrollo social se ha logrado reducir la tasa de pobreza y mejorar los ingresos, las condiciones de vida y los indicadores sobre servicios sociales.

En cuanto a la educación, el Estado de Túnez ha trabajado para formar recursos humanos capacitados y ha impartido educación y formación profesional ajustada a las necesidades del mercado de trabajo nacional e internacional gracias, fundamentalmente, al mapa de instituciones educativas y a los aspectos organizativos de los diferentes ciclos del sistema educativo. A todo ello se suma la promulgación en 2002 de una ley marco sobre educación y a que la instrucción haya continuado siendo gratuita y obligatoria desde los 6 hasta los 16 años. Se ha destinado a la educación no menos del 4,7% del PIB. Para hacer efectivos los principios de igualdad de oportunidades y de equidad, el sector educativo ha establecido una red de escuelas inclusivas al servicio de los niños con discapacidad y ha puesto en práctica un programa para proporcionarles las condiciones materiales que precisan, construir y equipar salas multidisciplinares, habilitar pasillos de tránsito y construirles complejos sanitarios.

Durante el período examinado, la política de empleo se ha centrado en acelerar el ritmo de crecimiento, en promover la inversión, el emprendimiento y el trabajo autónomo, y en ejecutar el Programa Extraordinario de Contratación en la Función Pública. Túnez también ha aprobado incentivos para la contratación destinados a las empresas y medidas activas de intervención en el mercado laboral.

En relación con los programas y las intervenciones asistenciales para la mujer, el niño y las personas de edad conviene señalar que durante el período examinado se ha incrementado la feminización del mercado laboral, la vida pública y política, los puestos de responsabilidad política y el sistema educativo. La escolarización femenina a los 6 años ha alcanzado el 99% y más del 60% del alumnado universitario son mujeres. Se ha continuado apoyando la protección y la atención al niño mediante el respaldo a su sistema de derechos. Para ello, Túnez ha promulgado la Ley de los Derechos del Niño, ha formulado una ley contra el acoso sexual infantil y ha mejorado la atención sanitaria al niño. También ha ampliado la red de equipos móviles que se ocupan de la atención sanitaria y social a las personas de edad, ha establecido centros de día, ha ejecutado un plan nacional de preparación para la jubilación y de envejecimiento activo, y ha creado un registro nacional de personas mayores dispuestas a compartir su capacitación.

Entre 1999 y 2014, Túnez continuó promoviendo el derecho a la salud, que la voluntad política y legislativa clasifica desde 1991 entre los derechos fundamentales2. En las dos últimas décadas se ha ejecutado un conjunto de programas centrados en la promoción de la medicina preventiva. Además de los programas nacionales de salud maternoinfantil y contra las enfermedades contagiosas, no contagiosas y crónicas, y del Programa Nacional de Vacunación, en el capítulo de la medicina preventiva se incluyen programas cuyo objetivo es vigilar la seguridad sanitaria del país mediante el seguimiento de las enfermedades nuevas y emergentes, mejorar la medicina escolar y universitaria, y atender a los colectivos con problemas sanitarios específicos, como las personas de edad y los jóvenes. Los programas sanitarios también han priorizado la medicina primaria y la atención básica a todos los colectivos, para lo cual, en particular, se han llevado a cabo labores de mantenimiento de las infraestructuras existentes y se han creado otras nuevas, se han suministrado los equipamientos, los recursos humanos y la medicación necesarios, y se ha potenciado la medicina de urgencia. Todos estos avances han contribuido a la mejora de los indicadores sanitarios. En 2012, Túnez organizó un proceso de diálogo social sobre las políticas, las estrategias y los planes sanitarios nacionales en el que se realizaron amplias consultas con la sociedad civil y con todos los agentes del sector para discutir multitud de asuntos. El proceso de diálogo se clausuró con un congreso nacional sobre la salud y con una declaración que servirá de base a la política sanitaria durante el período 2015 a 2019. El presupuesto sanitario se incrementó un 10% en 2012, por lo que el gasto sanitario total rondó el 2,5% del PIB3, es decir, el 7,6% de los presupuestos del Estado.

II.Respuesta a las observaciones finales del Comité deDerechos Económicos, Sociales y Culturales sobreel segundo informe periódico del Estado

A.Independencia de las instituciones nacionales de derechoshumanos (párr. 8)

El Comité Superior de Derechos Humanos y de Libertades Fundamentales es una institución nacional de derechos humanos que fue transformada por el legislador tunecino mediante la Ley núm. 37, de 16 de junio de 2008, en una comisión nacional con personalidad jurídica e independencia económica. El legislador ha fortalecido sus atribuciones otorgándole, por ejemplo, la capacidad de intervenir de oficio en cualquier caso relacionado con el apoyo a los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como para participar en la preparación de los proyectos de informe presentados por Túnez a los organismos y comités de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, hacer un seguimiento de las observaciones y recomendaciones emitidas por dichos órganos y preparar un informe nacional anual sobre la situación de los derechos humanos para su difusión entre la población. Además, se ha ampliado su composición. En la Constitución aprobada el 27 de enero de 2014 se consagra esta institución como organismo constitucional independiente y se la denomina Comisión de Derechos Humanos. El Ministerio de Derechos Humanos se encargó de elaborar un proyecto de nueva ley para regular sus atribuciones y su organigrama de conformidad con los Principios de París, de modo que se multiplique la utilidad y la efectividad de su labor. El proyecto de ley se presentará a la nueva Cámara de Representantes del Pueblo una vez ratificado por el Gobierno.

B.Dar a todos los hombres, las mujeres y los niños de ambos sexosel derecho a la igualdad en las herencias

Túnez presentó su segundo informe periódico al mecanismo del examen periódico universal con ocasión del 13er período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, celebrado en 2012. Ya entonces se postergó el examen de esta recomendación, por ser el asunto objeto de debate nacional. El Gobierno de Túnez reiteró su compromiso de mantener los logros alcanzados por la mujer tunecina y de apoyar aún más sus derechos. Si bien la nueva Constitución consagra la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos, esta cuestión es tan compleja y afecta a tantas esferas que en el momento presente es difícil vislumbrar signos de consenso nacional al respecto.

C.Independencia del poder judicial como instrumento fundamental para la protección de los derechoseconómicos, sociales y culturales (párr. 6)

D.Pluralidad sindical

La Revolución ha traído consigo una nueva realidad en lo que respecta a la representación de los trabajadores tunecinos. Se han constituido centrales sindicales y sindicatos independientes nuevos, cada uno de los cuales representa a un colectivo diferente de trabajadores tunecinos, da voz libremente a sus opiniones y desarrolla sus actividades con independencia cabal. La Unión General de Trabajadores de Túnez ya no es la única organización sindical del país.

E.Vigilancia de la violencia familiar (art. 3, párr. 3)

Se ha designado un teniente fiscal de la República en cada tribunal de primera instancia para que se haga cargo de las causas de violencia familiar.

F.Intensificación de las medidas para erradicar las diferencias socioeconómicas interregionales

Para abordar los problemas y los desequilibrios interregionales, el Estado ha destinado partidas presupuestarias a mejorar las infraestructuras y a proporcionar servicios sanitarios y educativos. Asimismo ha adoptado un nuevo enfoque para la distribución de la inversión pública que sigue criterios objetivos y científicos basados en los niveles de pobreza y desempleo, la disponibilidad de servicios públicos e infraestructuras, el volumen de población, las condiciones de vida y las necesidades reales de cada provincia. Se ha definido un indicador de desarrollo regional que permite identificar los problemas de desarrollo y dirigir las inversiones públicas hacia los distritos menos desarrollados. También se ha puesto en marcha el Programa de Desarrollo Integrado, en cuyo marco se incluyen 90 proyectos distribuidos por todas las provincias de la República. Conviene señalar que el Fondo de Solidaridad Nacional fue suspendido tras la Revolución.

G.Desempleo y ratificación del Convenio núm. 158 de laOrganización Internacional del Trabajo (art. 6)

La Ley núm. 23/1989, de 27 de febrero, suprime la pena de trabajos forzados y la sustituye por la pena de prisión mayor de la misma duración. El Decreto núm. 115/2011, de 2 de febrero, relativo a la libertad de prensa, imprenta y edición, consagra el derecho a la libertad de expresión, que se hará efectivo con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al resto de las convenciones internacionales pertinentes ratificadas por la República de Túnez. Las penas privativas de libertad imponibles a los delitos de prensa han sido igualmente sustituidas por castigos pecuniarios.

H.Recomendación relativa a la educación (art. 13)

Túnez considera prioritario reducir las diferencias interregionales y asegurar la igualdad de oportunidades de todo el territorio nacional para acceder a cualquier ciclo del sistema educativo. En cuanto a la enseñanza independiente de los derechos humanos conviene señalar que los programas de la asignatura de educación cívica incluyen en todos los niveles contenidos de derechos humanos (entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos, las convenciones internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer). Los derechos humanos se estudian también en las asignaturas de humanidades y de lenguas extranjeras, y se han integrado en los métodos de enseñanza y aprendizaje partiendo de los contenidos propiamente de derechos humanos, y también de los literarios, históricos, religiosos o de otra índole. El objetivo es afirmar los derechos humanos y educar en ellos a las jóvenes generaciones.

I.Jurisprudencia tunecina sobre la observancia y la protecciónde los derechos

Túnez no dispone actualmente de tal información. Con todo, es claro que los tribunales tunecinos aplican y tutelan estos derechos, en particular en la esfera de la seguridad social y la salud (juzgado de lo social) y en la del trabajo (sala laboral), aunque en realidad lo hacen también en las demás esferas (tribunales de primera instancia y de apelación, y Tribunal Supremo).

III.Información desglosada sobre la aplicación de los artículos del Pacto

Artículo 1Derecho de los pueblos a la libre determinación

El párrafo 3 del Prefacio de la Constitución afirma: “Considerando que el ser humano fue honrado con un estatus especial; afirmando nuestra pertenencia cultural e histórica a la Nación Árabe e Islámica; partiendo de la unidad nacional, basada en la ciudadanía, la fraternidad, la solidaridad y la justicia social; apoyando la unidad del Magreb como paso previo para lograr la unidad árabe y la integración de los pueblos musulmanes y africanos, y apoyando asimismo la cooperación con todos los pueblos del mundo; en el afán de ayudar a vencer a cuantos sufren la opresión en el mundo; afirmando el derecho de los pueblos a la libre determinación, y apoyando los movimientos justos de liberación, y en primer lugar al movimiento para la liberación de Palestina; y oponiéndose a todas las formas de ocupación y de racismo”.

El derecho a la libre determinación deriva de la adhesión permanente a los principios de dignidad e igualdad entre todos los ciudadanos. La República de Túnez, como afirma su Constitución de 2014, renueva su adhesión a los principios de derechos humanos, condena enérgicamente todas las formas de discriminación y prohíbe cualquier forma de desigualdad en su territorio.

El Estado, desde su independencia, se ha construido sobre la unidad nacional y, por ello, no existen diferencias jurídicas o sociales entre los colectivos que conforman la sociedad. Todos los tunecinos son iguales ante la ley en derechos y deberes, sin discriminación por motivo de lengua, sexo, religión, cultura, adscripción política o cultural o procedencia regional. La diversidad de orígenes de la población de la República de Túnez es una fuente de variedad que apuntala la unidad y un valor y una idiosincrasia que caracterizan al pueblo tunecino.

Artículo 2 Medidas adoptadas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos, en particular mediante laasistencia y la cooperación internacionales, y su ejerciciosin discriminación alguna

Túnez ha ejecutado desde la independencia un gran número de políticas y programas encaminados a lograr el desarrollo inclusivo, y ha continuado haciéndolo, en particular, tras ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 18 de marzo de 1969. La ratificación del Pacto ha obligado al Estado a proporcionar y hacer efectivas salvaguardias suficientes para lograr un alto grado de desarrollo humano (art. 11). Tras la Revolución, y con objeto de llevar a la práctica esta orientación, la Asamblea Constituyente integró los derechos humanos reconocidos internacionalmente, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, en la Constitución. Su naturaleza de mandato constitucional supone una garantía de primer orden de que esos derechos se harán efectivos y serán protegidos, ya que la Constitución ocupa la cúspide de la pirámide legislativa tunecina4. Todas las leyes y normas promulgadas con anterioridad o posterioridad a la Constitución deben ajustarse a ella, so pena de ser declaradas inconstitucionales y ser derogadas5.

Entre estos derechos se cuenta, en particular, el derecho a trabajar, el derecho a gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias6, el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos7, el derecho a la seguridad social, incluso al seguro social8, el derecho de la familia, las madres, los niños y los adolescentes a la más amplia protección y asistencia posibles, el derecho a un nivel de vida suficiente, el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental9, el derecho a la educación10, el derecho a participar en la vida cultural11 y el derecho al agua12. La Constitución también tutela el derecho de acceso a la información en cuanto que derecho cardinal y universal.

Para asegurar la efectividad de estos derechos, el legislador les otorga en la Constitución diferentes mecanismos de salvaguardia: el Tribunal Constitucional13, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión para el Desarrollo Sostenible y los Derechos de las Generaciones Futuras, y la Comisión para la Gobernanza y la Lucha contra la Corrupción.

El Estado también ha aplicado esos derechos a través de la cooperación internacional. En relación con la agricultura, el Estado ha ejecutado un gran número de proyectos en colaboración con numerosas instituciones donantes internacionales para amparar el derecho a la alimentación y al agua de todos los ciudadanos. Esta afirmación se aplica igualmente al resto de derechos, en particular los derechos a la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la mejora de las condiciones de vida, que asisten a todos los ciudadanos sin distinción, especialmente a los marginados y a los desposeídos.

En el marco de la cooperación con los países en desarrollo, y en particular con los árabes y africanos, Túnez ha formado en su territorio a un gran número de profesionales superiores en diferentes y muy variadas especialidades.

Artículo 3Asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar detodos los derechos

El legislador tunecino ha consagrado a la mujer numerosas medidas de derechos humanos en un esfuerzo continuo por tratar de eliminar toda forma de discriminación, directa o indirecta, contra ella. Así pues, la mujer tunecina puede considerarse privilegiada en comparación con las ciudadanas de otros Estados.

El Estado elaboró en el decenio de 1990 un programa para todos los sectores cuyo objetivo es asegurar que la mujer goza de los derechos en pie de igualdad con el hombre. La ejecución del programa ha implicado a un gran número de instituciones y organismos entre los que destaca la Secretaría de Estado para los Asuntos de la Mujer y la Familia14, el Consejo Nacional para la Mujer, la Familia y las Personas Mayores15, el Centre for Research, Study, Documentation and Information on Women (CREDIF)16 y la Comisión Nacional para la Mujer y el Desarrollo17.

1.Leyes nacionales para la igualdad entre los sexos y convencionesinternacionales adoptadas en la materia

El legislador ha velado por que las leyes relativas a la mujer se ajusten a la evolución de los valores sociales, ha procurado abrogar o enmendar las disposiciones discordantes con el espíritu de los tiempos, y ha promulgado nuevas normas que respondan a las transformaciones sociales.

La segunda Constitución de la República afirma este deseo de erradicar la discriminación entre los sexos y su prefacio remite al marco universal de referencia de los derechos humanos. Su artículo 21 afirma que “los ciudadanos y las ciudadanas son iguales en derechos y en deberes, y son iguales ante la ley, sin discriminación”, y añade que “el Estado vela por que los ciudadanos y las ciudadanas gocen de los derechos y de las libertades individuales y públicas, y les garantiza los medios para una vida digna”.

El artículo 46, párrafo 1, de la Constitución obliga al Estado a proteger los derechos adquiridos por la mujer, a apoyarla y a promover su situación, y afirma que “el Estado garantiza a hombres y mujeres iguales oportunidades para acceder a todos los niveles de responsabilidad en todas las esferas. El Estado trabaja para lograr la paridad entre mujeres y hombres en las asambleas electas”. El legislador constituyente también consagra el papel del Estado en la erradicación de la violencia contra la mujer, considerada una de las manifestaciones principales de la discriminación contra ella. El apartado final del artículo 46 afirma que el Estado adoptará medidas suficientes para erradicar la violencia contra la mujer (art. 10).

El legislador ha velado también por poner fin a todas las formas de discriminación en el ámbito laboral. Según el artículo 40.1 de la Constitución, “el trabajo es un derecho de todo ciudadano y ciudadana. El Estado adopta las medidas necesarias para asegurar la efectividad de este derecho con arreglo a criterios de capacidad y justicia”. El Código de Trabajo proporciona una protección especial a la mujer y garantiza que ambos sexos gocen de igual protección.

El legislador ha modificado18, entre otros artículos del Código de Trabajo, el 5 bis: “No se discriminará entre el hombre y la mujer en la aplicación de este Código y de sus reglamentos ejecutivos”. El artículo 64, por su parte, tutela expresamente los derechos de la mujer durante el período posnatal y de lactancia, que podrá extenderse hasta nueve meses después del parto. Por otro lado, Túnez ha prohibido emplear a la mujer en trabajos nocturnos, salvo en el sector agrícola. En cuanto al trabajo y la garantía del bienestar de los trabajadores conviene señalar que el legislador ha procurado en los artículos 75 y 76 del Código de Trabajo brindar el más alto grado de igualdad entre los sexos en relación con las condiciones de trabajo, y sus artículos 77 y 78 prohíben emplear a la mujer en las minas. A ciertos grupos sociales, en particular a las mujeres, les preocupa la conciliación entre la vida familiar y las responsabilidades profesionales, y atendiendo a esta inquietud el artículo 94 del Código permite formalizar contratos de trabajo a tiempo parcial con los mismos derechos y obligaciones que los contratos a tiempo completo. En este sentido, el legislador permite a la empleada pública, para que pueda disponer de forma óptima de su tiempo familiar, optar por un régimen de trabajo a media jornada conservando dos tercios de su salario19. El Reglamento Básico de los Empleados del Estado, de las Comunas Locales y de los Organismos de la Administración Pública contiene disposiciones específicas para la mujer que dan respuesta a su naturaleza y su privacidad, entre otras las relativas a la excedencia (art. 70), las licencias (arts. 48.1 y48.2) y la jubilación anticipada (art. 7).

Túnez ha introducido modificaciones en la Ley de la Nacionalidad para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación. La Ley núm. 55, de 1 de diciembre de 2010, elimina toda forma de discriminación entre los progenitores respecto a la transferencia de la nacionalidad a los hijos. Concretamente, el artículo 6 afirma: “Es tunecino el hijo de padre tunecino o de madre tunecina”.

En cuanto a la responsabilidad familiar, el Código de Estatuto Personal otorga automáticamente a la madre la patria potestad (wilaya) de los hijos colocados bajo su guarda y custodia (Ley núm. 74/1993, de 12 de julio), lo que le permite tomar decisiones sobre los viajes, los estudios y las cuentas bancarias del hijo, sin perjuicio de que puedan asignarse judicialmente a la madre las otras facultades inherentes a la patria potestad si el padre no pudiera materialmente ejercerlas o las ejerciera con abuso o negligencia (resto de la legislación: artículo 10).

El legislador abolió mediante la Ley núm. 17/2000, de 7 de febrero, el artículo831 del Código de Obligaciones y Contratos. Este artículo requería la autorización del esposo para que el contrato de trabajo formalizado por la esposa fuera válido y daba al esposo derecho a rescindir el contrato formalizado por su esposa sin su consentimiento.

En el plano internacional, Túnez ha suscrito todas las convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer20. Túnez aplica el principio de igualdad al realizar los derechos económicos, sociales y culturales.

2.Avances en la consecución del principio de igualdad

El Estado ha adoptado leyes y medidas ejecutivas que han permitido adoptar mecanismos y planes de acción encaminados a que la mujer ejerza su derecho a participar en todas las esferas de la vida. Los indicadores siguientes muestran los avances logrados en este ámbito:

Presencia de la mujer en el poder judicial. En 2014, de un total de 1.951 jueces, 763 eran mujeres, y de un total de 199 secretarios judiciales, 110 eran mujeres.

Presencia de la mujer en el poder legislativo. La feminización de la Cámara de Representantes aumentó entre 1999 y 2009 del 5,11% al 29,95%, y en la Asamblea Nacional Constituyente, hasta el 29,95%. En 2014, el 31% de los miembros de la Cámara de Representantes del Pueblo eran mujeres (véase anexo1).

Presencia de la mujer en los órganos de gobierno regionales y locales. Los consejos regionales tenían en 2007 un promedio de representación femenina del32%, y los consejos municipales un promedio del 27,7% en 2005.

Presencia de la mujer en la función pública. En 2007, el 23,6% de los funcionarios públicos eran mujeres.

3.Evaluación de género y su impacto sobre la legislación y las políticasencaminadas a superar los estereotipos culturales tradicionales

En 2008, Túnez elaboró la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Perspectiva de Género en las Políticas Públicas, la Planificación y la Programación, cuyo objetivo era evaluar la situación en la materia. Con todo, no se han registrado avances en esta dirección.

Túnez ha adoptado medidas para erradicar los estereotipos y la falta de reconocimiento a la mujer, y para cumplir las recomendaciones formuladas en la Conferencia de Beijing de 1995, en las que se solicitaba el establecimiento de un mecanismo que vigile la imagen de la mujer en los medios de difusión. Entre otras cosas, el CREDIF realizó en 1999 un estudio que permitió conocer la imagen que corrientemente ofrecen de la mujer los medios de comunicación en la sociedad tunecina. La investigación permitió extraer conclusiones y formular recomendaciones, que se elevaron a las instancias competentes para que dieran respuesta a este fenómeno negativo21. El Arab Working Group for Media Monitoring, la Coalición de Mujeres de Túnez y el Conseil National pour les Libertés en Tunisie realizaron en2013 un estudio sobre la imagen de la mujer en los medios de comunicación tunecinos22.

Conviene señalar que, si bien no dispone de una política específica, la mujer con discapacidad se beneficia de las medidas de discriminación positiva destinadas, en igualdad de condiciones, a las personas con discapacidad de ambos sexos.

El legislador tunecino ha adoptado desde que el país alcanzó la independencia numerosas medidas para apoyar los derechos humanos que asisten a la mujer y ha protegido los logros legislativos recogidos en el Código de Estatuto Personal y en el Código Penal, a los que se han sumado nuevas disposiciones en favor del derecho a la intimidad. Túnez ha aplicado la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El Ministerio, por su parte, ha realizado numerosas intervenciones y ha ejecutado programas encaminados a promover la igualdad entre los sexos en la vida pública y privada. Estas medidas se cuentan entre las actuaciones que siguieron a la ratificación por la República de Túnez del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer mediante la Ley núm. 35/2008, de 9 de junio.

En 2007 se ejecutó la Estrategia Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer a lo Largo de Toda su Vida. La iniciativa, que contó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, se llevó a cabo con un enfoque colaborativo en el que participaron todos los sectores gubernamentales y las organizaciones y asociaciones concernidas. Esta Estrategia tiene como objetivo dar respuesta a todas las formas de violencia basadas en el género, sensibilizar a la sociedad sobre sus peligros y protegerla de los perjuicios que genera a la mujer y, también, a la familia y a toda la sociedad. Cuenta con cuatro áreas de intervención: recopilación y uso de información, servicios apropiados y diversificados, movilización social y toma de conciencia para cambiar las conductas y las instituciones, y medidas para promover la aplicación efectiva de la ley.

Puesto que la información estadística disponible era escasa, se resolvió reforzar la primera de las áreas de intervención de la Estrategia Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer a lo Largo de Toda su Vida. A tal efecto, la Oficina Nacional para la Familia y la Población realizó en 2010 una encuesta nacional sobre la violencia contra la mujer, la primera de su tipo en el país. La encuesta utilizó una muestra representativa de la sociedad tunecina compuesta por 3.873 mujeres de entre 18 y 64 años.

La encuesta desveló que el 47,6% de las mujeres declararon que habían sufrido al menos un tipo de violencia a lo largo de su vida. La mujer de las zonas rurales se encontraba más expuesta a todas las formas de violencia (48,7%) que la residente en las zonas urbanas. En definitiva, 1 de cada 2 mujeres había sufrido en Túnez al menos un tipo de violencia a lo largo de su vida, cifra que no difiere sustancialmente del promedio internacional, que es de 1 entre 3. Según el mismo estudio, en la zona sudoccidental del país las mujeres estaban más expuestas a la violencia (72,2%), seguida por la zona sudoriental (54,7%). No se apreciaban diferencias notables en la exposición a la violencia en función del nivel educativo, aunque la posibilidad de que una mujer sufriera violencia disminuía cuanto mayor era su nivel educativo. Por el contrario, las mujeres que no trabajaban estaban más expuestas a la violencia que las que sí lo hacían. En cuanto a los tipos de violencia, la encuesta desvela que la más común era la física (31,7%), seguida por la psicológica (28,9%), la sexual (15,7%) y la económica (7,1%). En relación con el entorno, la mujer rural sufría en mayor medida la violencia física y sexual que la mujer residente en un entorno urbano (32,8% y 16,5%, frente a 31,2% y 15,3%). Por el contrario, la mujer urbana sufría la violencia psicológica y económica en mayor medida que la rural (29,5% y 7,8%, frente a 27,7% y 5,8%). La mujer de la región sudoccidental del país era la que sufría los mayores índices de todas las formas de violencia (física: 48,3%, psicológica: 52,2%, sexual: 26,2%, y económica: 10,5%). El nivel educativo seguía siendo un factor con capacidad para proteger a la mujer frente a cualquier forma de violencia, mientras que la actividad laboral podía influir en el tipo de violencia sufrida. La mujer trabajadora estaba más sometida a la violencia psicológica y económica (32,4% y 10,1%) que la no trabajadora, que estaba más sometida a la violencia física y sexual (33,5% y 16,6%). La encuesta desvela también que era en el entorno familiar donde la mujer estaba más expuesta a la violencia, y que la pareja era su principal agresor, con independencia del tipo de violencia y de su porcentaje. La violencia física fue infligida por la pareja en el 47,2% de los casos, la violencia psicológica en el 68,5%, la violencia económica en el 77,9% y la violencia sexual en el 78,2%.

Los miembros de la familia fueron los autores de los actos de violencia física contra la mujer en el 43% de los casos, de violencia económica en el 22,1%, de violencia psicológica en el 16,7% y de violencia sexual en el 0,6% de los casos.

Ante estas cifras terribles, las mujeres víctimas de la violencia mostraban reacciones diversas. El 56,4% de ellas consideraba que la violencia tenía un impacto en su vida cotidiana, mientras que para el 55% era algo normal y en lo que más valía no entrar.

A pesar del esfuerzo realizado por los organismos públicos y por los agentes de la sociedad civil que se ocupan de la lucha contra la violencia hacia la mujer, los servicios disponibles para la mujer víctima de la violencia siguen siendo escasos. Es preciso reforzarlos y que una voluntad política más firme garantice que la legislación en vigor y las representaciones sociales que justifican todas las formas de violencia en la familia y en la sociedad serán modificadas.

El Ministerio de Asuntos de la Mujer colabora actualmente con los organismos públicos concernidos y con los agentes de la sociedad civil para, con el apoyo de los organismos de las Naciones Unidas, elaborar una ley marco para tipificar como delito todas las formas de violencia contra la mujer.

Artículos 4 y 5

Reservas o restricciones	Ley de Ratificación	Convención o Pacto
El Estado de Túnez ha retirado las reservas en aplicación del Decreto núm. 103, de 24 de octubre de 2011, aunque ha mantenido la declaración general. El procedimiento parala retirada de las reservas finalizó el 18 de abril de 2014.	Ley núm. 79, de 11 de julio de 1988	Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Ley núm. 30, de 29 de noviembre de 1968	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Decreto núm. 2, de 19 de febrero de 2011, y Orden núm. 550, de 14 de mayo de 2011	Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
Ley núm. 68, de 12 de julio de 1985	Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Ley núm. 70, de 28 de noviembre de 1966	Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial
Ley núm. 30, de 29 de noviembre de 1968	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Ley núm. 4, de 11 de febrero de 2008, y Orden núm. 568, de 4 de marzo de 2008	Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Ley núm. 92, de 29 de noviembre de 1991	Convención sobre los Derechos del Niño

Artículo 6 Derecho al trabajo, y medidas y programas adoptados paraaliviar el desempleo

Según el artículo 40 de la Constitución, “el trabajo es un derecho de todo ciudadano y ciudadana. El Estado adopta las medidas necesarias para asegurar la efectividad de este derecho con arreglo a criterios de capacidad y justicia”. El Reglamento Básico de los Empleados del Estado, de las Comunas Locales y de los Organismos de la Administración Pública afirma el principio de no discriminación por motivo de sexo, raza, color de piel o creencia en la aplicación de sus disposiciones. El artículo 5 bis de la Ley núm. 66/1993, de 5 de julio, enmienda el Código de Trabajo en relación con la no discriminación entre los sexos: “No se discriminará entre el hombre y la mujer en la aplicación de este Código y de sus reglamentos ejecutivos”. El desempleo y su agravamiento a finales de 2010, junto a la pobreza y la marginación masivas que azotaban el interior del país y los barrios populares situados en la periferia de las grandes ciudades fueron un motor fundamental para la Revolución tunecina.

1.Principales programas contra el desempleo entre 1999 y 2014

Túnez adoptó los programas activos de empleo (véase cuadro 1: Programas activos de empleo) que se financian con los recursos del Fondo Nacional para el Empleo. El objetivo de estos programas era asegurar a los demandantes de empleo formación complementaria para mejorar su empleabilidad y colaborar con las empresas para insertarlos en el mercado laboral a través de prácticas de empresa e intervenciones de capacitación para la vida laboral (para más información, sírvanse consultar el cuadro 2: Beneficiarios de las ofertas de capacitación para la vida laboral, por regiones).

El Programa para el Apoyo al Empleo, que forma a solicitantes de empleo para ofertas de trabajo personalizadas, se ha puesto en marcha el marco de las actuaciones acometidas para ejecutar el Plan para la Revisión y la Reforma de los Programas y los Mecanismos de Empleo y para impulsar una política sectorial en la materia. El Programa de Empleabilidad, por su parte, está destinado a empresas con alto valor añadido que empleen a titulados superiores con contratos de trabajo e inserción profesional definitiva, a las que se les subvenciona al menos el 70% de los costes. El Programa de Prácticas de Empresa y Capacitación para la Vida Laboral se está abandonando progresivamente para redirigir el patrón de desarrollo hacia la inversión en empresas con alto valor añadido.

Entre las actuaciones encaminadas a impulsar el sistema de inversión y la creación de pymes conviene destacar las numerosas medidas de incentivación de la iniciativa privada cuya adopción ha sido posible gracias al impulso de los programas de formación y coaching (para más información, sírvanse consultar el cuadro 3: Medidas para la promoción de la microempresa, y el cuadro 4: Instrucción empresarial para microempresarios).

La creación del Banque Tunisienne de Solidarité23 y del Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises24 ha permitido fortalecer los mecanismos para la financiación de ese tipo de empresas.

El Ministerio de Formación Profesional y Empleo, entre otras actuaciones encaminadas a impulsar la creación de microempresas, ha establecido organismos de carácter social y solidario que apoyan las iniciativas conjuntas de emprendedores jóvenes, en particular titulados superiores y personas que hayan finalizado su formación profesional. Se ha comenzado también a ejecutar experiencias piloto que serán evaluadas para introducirles las correspondientes modificaciones y generalizarlas.

En 2012, y con la participación de todos los organismos públicos, actores sociales y agentes de la sociedad civil, se elaboró la Estrategia Nacional de Empleo con objeto de ajustar una política nacional en la materia. Conviene señalar que la Subcomisión de Políticas de Empleo y Formación Profesional, instituida por el Ministerio de Formación Profesional y Empleo en el marco de la ejecución de los ejes que conforman el pacto social, está debatiendo y revisando la Estrategia Nacional de Empleo.

Túnez ha continuado aplicando el principio de libertad para la elección del empleo frente a todas las formas de trabajo forzoso. El Estado ha adoptado también medidas para asegurar la igualdad de oportunidades en el empleo y la erradicación de todas las formas de discriminación, ha anunciado públicamente los concursos para el acceso al empleo entre todos los postulantes y ha aplicado criterios de selección basados en la capacidad.

Pese a todas las medidas adoptadas, la representación de la mujer continúa siendo relativamente baja en el empresariado y entre los profesionales especializados autónomos. El Informe de desarrollo humano en Túnez desvela que solo el 6,5% de las mujeres trabajadoras son profesionales empleadas en pymes, porcentaje muy inferior al de los varones (20,6%). En 2012 se ejecutó un programa de creación de empleo para erradicar la feminización de la pobreza y mejorar la capacitación técnica de la mujer rural para crear y gestionar microempresas agrícolas, lo que permite promover su autoempleo, insertarla en el ciclo económico y financiar microproyectos acordes a las especificidades de la región.

Con objeto de duplicar la participación de la mujer en el mercado de trabajo se concertó en 2014 un convenio marco entre el Ministerio de Formación Profesional y Empleo y la Secretaría de Estado para los Asuntos de la Mujer. El convenio busca incentivar la iniciativa privada femenina promocionando la creación de empresas innovadoras de economía social cooperativa ligadas a las especificidades de la región.

La Ley Marco25 para el Adelanto de las Personas con Discapacidad consagra el derecho de acceso al empleo y a la función pública de esas personas, sin exclusión de ningún tipo o por motivo de discapacidad.

Consciente de que la persona con discapacidad tiene derecho al empleo, Túnez reservó en 2012 un 1% del empleo público a las personas con discapacidad. Esta medida, que se aplica a nivel nacional bajo la supervisión del Ministerio de Asuntos Sociales, ha permitido dar empleo a unas 850 personas con discapacidad. Por otra parte, el artículo 30 de la Ley citada obliga a los centros de empleo a reservar a las personas con discapacidad al menos el 1% de las vacantes que se produzcan en las empresas con al menos 100 trabajadores. Las empresas privadas han cubierto el 90% de las plazas asignadas a este colectivo, y las instituciones y administraciones públicas el 98%26.

El legislador reconoce por vez primera la posibilidad de poner en práctica alternativas de empleo cuando no es posible el empleo directo27. Las empresas del sector privado se benefician de incentivos para la contratación de personas con discapacidad28.

El Código de Trabajo prevé sanciones pecuniarias para el incumplimiento del deber de emplear a personas con discapacidad, que se duplicarán en caso de reincidencia.

Si el trabajador se ve afectado de una discapacidad a consecuencia de un accidente de trabajo, el empleador deberá mantenerlo en su puesto de trabajo original o trasladarlo a otro vacante y adecuado a su cualificación y a las características de su discapacidad. Si se trata de una incapacitación absoluta, el trabajador afectado pasará a clases pasivas con arreglo a la normativa en vigor.

En 2004, Túnez ejecutó un programa específico para la contratación de personas con discapacidad en colaboración con las asociaciones que trabajan en favor de esas personas. Entre otras actividades, el programa organizó campañas de toma de conciencia sobre las aptitudes de las personas con discapacidad, suscribió contratos de trabajo con empresas, financió proyectos destinados a esas personas y les suministró dispositivos protésicos que facilitan su movilidad hasta el lugar de trabajo.

Se ha establecido una comisión técnica mixta regional, integrada por representantes de todos los agentes implicados en la contratación de personas con discapacidad, que se ocupa de localizar oportunidades de trabajo en el mercado laboral y de supervisar las solicitudes de empleo. Esta comisión ha logrado colocar a unas2.500 personas con discapacidad desde 2004.

Para promover la empleabilidad de las personas con discapacidad, las asociaciones pertinentes han ejecutado un programa encaminado a proporcionar a esas personas formación profesional adecuada a sus especificidades y a las necesidades del mercado de trabajo en la región de su residencia, cualificándolos de este modo para el empleo. Las personas con discapacidad tienen reservado el 3% de la matrícula en los centros sectoriales de formación profesional. Si le resulta materialmente imposible integrarse en el sistema de formación ordinaria, la persona con discapacidad cuenta con los servicios de capacitación que le brindan las instituciones especializadas y los centros de educación especial. Túnez, considerando la importancia de las empresas privadas para la autonomía de las personas con discapacidad, ha provisto numerosos mecanismos que permiten financiar a las microempresas que ayudan a este colectivo. Entre ellos conviene destacar el Programa Nacional de Generación de Ingresos para Personas con Discapacidad en Situación Desfavorecida y en Condiciones de Trabajar, que financia anualmente unos 700 proyectos (para más información, sírvanse consultar el cuadro 5: Programa Nacional de Generación de Ingresos para Personas con Discapacidad en Situación Desfavorecida y en Condiciones de Trabajar).

Las personas con discapacidad también gozan de prioridad en el acceso a los préstamos para la financiación de microproyectos que conceden el Banque Tunisienne de Solidarité y las asociaciones para el desarrollo. El 3,8% de los proyectos subvencionados fueron propuestos por personas con discapacidad.

2. Reinserción laboral de los trabajadores despedidos

Túnez ha puesto en marcha diferentes programas de prevención y respuesta encaminados a promover la asistencia laboral. A los trabajadores despedidos se les ha proporcionado asistencia social, en concreto, han recibido becas y cobertura sanitaria durante un año desde la fecha del despido (para más información, sírvanse consultar el cuadro 6: Beneficiarios de las medidas para la reinserción en la vida activa).

El legislador ha dispuesto que si una empresa oferta contrataciones en la misma categoría laboral que ocupaban trabajadores cuyos contratos se rescindieron por razones económicas, esos trabajadores tendrán prioridad para ser contratados en las condiciones salariales que disfrutaban al ser despedidos y con arreglo a la ley. La prioridad tendrá una vigencia de un año desde la fecha del despido.

Túnez ha adoptado medidas de formación continua para afianzar el empleo de los trabajadores en riesgo de despido por razones económicas. Al mejorar su capacitación profesional se asegura la calidad de los servicios y la permanencia y la viabilidad económica de las empresas.

3.El trabajo en el comercio informal, sus consecuencias, y lacobertura social de sus empleados

El comercio informal y el contrabando son un fenómeno económico y social que surgió en el decenio de 1980 y que se ha extendido en los últimos años. La situación de transición que vive la región y el país ha agravado y extendido el problema. La economía sumergida afecta negativamente al ejercicio de los derechos económicos y sociales. Entre otras cosas supone un daño para la cabaña ganadera, amenaza la seguridad y la salud del consumidor y genera absentismo escolar. Este fenómeno se debatió durante los actos del diálogo económico que se desarrollaron en mayo de2014. El Estado ha adoptado un plan de choque para combatir el contrabando y contener la economía informal.

Los inspectores de trabajo han ejecutado en todas las regiones del país un programa de actuaciones destinado a trabajadores y artesanos. El programa consistió en campañas informativas y de toma de conciencia y en actividades no estructuradas para asistirlos en la transición a la economía formal y animarlos a ingresar en alguno de los regímenes de la seguridad social. La reforma del sistema de protección con un enfoque global para lograr la justicia social y ampliar la cobertura social posibilitará el acceso a la atención social y la cobertura sanitaria adecuada a todos los ciudadanos, incluidas las personas empleadas en la economía informal.

4.Salvaguardias jurídicas para la protección frente al despido abusivo

El Código de Trabajo incluye salvaguardias jurídicas en esta materia, en particular tras las enmiendas de 1994 y de 1996, por las que se modificaron sus artículos 14 (de las faltas graves que justifican el despido laboral) y 21 (del procedimiento de despido por causas económicas o técnicas). La reforma de 2007 amplió su artículo 267 para incluir a los representantes sindicales (desde que se comenzó a aplicar este artículo ha disminuido notablemente el número de despidos). El legislador, por otro lado, fija las indemnizaciones que el empleador debe abonar al trabajador despedido de forma abusiva para compensarle los daños causados. El monto de estas indemnizaciones dependerá del tipo de contrato de trabajo.

Artículo 7Derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

1.Salario mínimo nacional

Según el artículo 134 del Código de Trabajo, “se fijará un salario mínimo, y las partes contratantes no podrán acordar uno inferior”. Hay dos tipos de salario mínimo: el de los trabajadores del campo y el del resto de las actividades profesionales.

El Presidente del Gobierno determina mediante decreto el monto de los salarios mínimos profesionales tras consultar a las organizaciones de empresarios y a los sindicatos de trabajadores más representativos29. En el proceso de negociación se tiene en cuenta la tasa de inflación, el crecimiento del PIB y los impuestos para preservar la capacidad adquisitiva del trabajador que percibe del salario mínimo.

El salario mínimo de los trabajadores agrícolas se calculará para una jornada laboral de nueve horas, y el del resto de los trabajadores se hará en términos mensuales (para más información, sírvanse consultar el cuadro 1: Evolución del salario mínimo).

Con arreglo al incremento del salario mínimo para los sectores agrícola e industrial aprobado a finales de marzo de 2014, los trabajadores percibirán 348.096 dinares por una jornada semanal de 48 horas y 302.751 dinares por una jornada semanal de 40 horas.

El monto del salario mínimo agrícola ha pasado de 11.608 a 12.304 dinares diarios. Se espera que unos 280.000 trabajadores se beneficien de esta medida. Estos incrementos se descontarán en las pensiones de jubilación del régimen general del Fondo Nacional de la Seguridad Social en porcentaje igual a la evolución del salario mínimo. La medida se aplicará a unos 613.000 jubilados y pensionistas a partir del 1 de mayo de 2014.

En cuanto a los mecanismos de trabajo precario, se ha acordado resolver en un plazo de cinco años la situación de quienes realizan prácticas en empresas en el marco del Mecanismo 16, y en un año la situación los titulados superiores30. En total, 21.387 personas se beneficiarán de estas medidas (1.972 titulados superiores y 19.415 no titulados superiores).

2.Garantizar condiciones de trabajo adecuadas a todos los trabajadores

Túnez se adhirió en 1956 a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Hasta el momento, Túnez ha ratificado 61 Convenios Internacionales de la OIT, entre otros los 8 Convenios sobre los derechos fundamentales en el trabajo31.

Túnez también ha ratificado 2 de los Convenios de gobernanza de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)32, el Convenio núm. 142 sobre la Orientación Profesional y la Formación Profesional en el Desarrollo de los Recursos Humanos, y el Convenio núm. 159 sobre la Readaptación Profesional y el Empleo (Personas Inválidas).

3.Horas extraordinarias

Para calcular el monto de la hora extraordinaria de trabajo se incrementa el de la hora ordinaria un 75% si el empleado trabaja en régimen de jornada completa semanal de 48 horas; si lo hace en régimen de jornada completa semanal de menos de 48 horas, se incrementa un 25% hasta la hora 48ª y un 50% a partir de ella, y un 50% si trabaja a tiempo parcial. Cada hora que exceda de la jornada laboral se pagará en el sector agrícola un 25% más que la hora ordinaria.

4.Licencias pagadas

Los artículos 112 y 133 del Código de Trabajo regulan las licencias pagadas. El trabajador tiene derecho a vacaciones anuales pagadas por el empleador, concretamente a 1 día por cada mes trabajado hasta un máximo de 15 días. Los trabajadores menores de 18 años tienen derecho a 2 días de vacaciones por cada mes trabajado hasta un máximo de 30 días. Los trabajadores de entre 17 y 21 años tienen derecho a 1,5 días de vacaciones por cada mes trabajado hasta un máximo de 12 días. Por otra parte, según el artículo 107 del Código de Trabajo, los días feriados pagados se fijan mediante decreto o convenio colectivo. En este sentido conviene señalar que el artículo 20 del Convenio Colectivo Marco fija el calendario de días feriados. La concesión de los días feriados no causará la interrupción de la actividad de la institución o empresa durante más de 48 horas seguidas33. El Reglamento Básico de los Empleados del Estado regula las licencias pagadas de estos trabajadores. El empleado público tiene 1 día de descanso por cada semana trabajada y 1 mes de vacaciones por cada año de servicios prestados.

5.Conciliación de la vida profesional y la vida familiar

La legislación tunecina vela por la protección debida a las madres y por la conciliación de la vida profesional y familiar. El Código de Trabajo y los convenios colectivos incluyen disposiciones para la protección de la mujer trabajadora. Según el artículo 64 del Código de Trabajo, la mujer goza de una licencia por nacimiento de 30 días prorrogable, en cada ocasión, por otros 15 si se justifica la solicitud con las correspondientes certificaciones médicas. La mujer tiene también derecho, durante los primeros 9 meses de vida de su hijo, a 2 recesos diarios de media hora para amamantarlo34.

Algunos convenios colectivos sectoriales permiten a la mujer, en aplicación del artículo 64 del Código de Trabajo, ampliar la licencia por nacimiento. Conviene señalar que, con arreglo a la legislación en vigor, la mujer trabajadora goza durante la licencia por nacimiento de la asignación económica prevista al efecto (para más información sobre el régimen optativo de trabajo a media jornada en el sector público conservando dos tercios del salario, sírvanse consultar el artículo 3).

6.Igualdad salarial entre el hombre y la mujer

Túnez ha ratificado todos los Convenios Internacionales en la materia, entre otros el Convenio núm. 100 relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor.

Túnez ha consagrado la igualdad laboral entre el hombre y la mujer. El Código de Trabajo afirma el principio de no discriminación por razón de sexo en la aplicación de sus disposiciones. Este Código regula todos los aspectos relacionados con el trabajo, entre otros, el acceso al empleo, la contratación, las condiciones laborales y la rescisión del contrato de trabajo (art. 5 bis). El Convenio Colectivo Marco también consagra la igualdad entre el hombre y la mujer en relación con las oportunidades de empleo, la designación y los salarios (art. 11).

En el curso de las visitas de inspección a las empresas privadas y con vistas a asegurar la igualdad entre el hombre y la mujer, los inspectores de trabajo comprueban que la categoría laboral, el salario y las bonificaciones de los trabajadores, con independencia de sexo, correspondan a su antigüedad real en el puesto. Si observan irregularidades o violaciones de la legislación laboral, los funcionarios del Servicio de Inspección lo consignan por escrito y denuncian a la empresa ante el tribunal laboral competente. No abonar al trabajador, sea hombre o mujer, el salario legalmente establecido constituye un delito castigado por la ley (para más información sírvanse consultar el cuadro 2: Visitas de inspección y seguimiento por parte de los empleados en la Inspección de Trabajo).

En el sector público, el Reglamento Básico de los Empleados del Estado, de las Comunas Locales y de los Organismos de la Administración Pública tutela la igualdad salarial entre el hombre y la mujer. Concretamente, su artículo 13 consagra el derecho del funcionario a percibir salario una vez realizada la tarea encomendada, y le garantiza otras muchas prerrogativas sin distinciones motivadas por el sexo. El salario se fija considerando la antigüedad en el puesto, el nivel de formación, la capacitación, las competencias, las aptitudes y la eficiencia.

7.Penalización del acoso sexual en el lugar de trabajo

Según el artículo 226 bis del Código Penal, “el que, con gestos o de palabra, atentare públicamente contra las buenas costumbres o la moral o molestare a un tercero atentando contra el pudor será castigado con la pena de 6 meses de prisión mayor y multa de 1.000 dinares”. Conviene señalar que el artículo citado tipifica como delito todos los actos de acoso sexual, con independencia de que se cometan dentro o fuera del lugar de trabajo. La legislación tunecina otorga a la víctima directa del acoso sexual derecho a reparación por daños (para más información, sírvanse consultar el cuadro 3: Número de causas por acoso sexual).

8.Condiciones seguras y saludables en el lugar de trabajo

El artículo 40 de la Constitución afirma que “todos los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a trabajar en condiciones decentes y por un salario justo”.

Los artículos 289 al 334 del Código de Trabajo regulan la salud y la seguridad en el trabajo y disponen el establecimiento del Organismo de Inspección Médica Laboral y la adopción de medidas especiales en las empresas que desarrollen actividades peligrosas, perjudiciales para la salud o molestas. Túnez ha promulgado diferentes textos normativos que garantizan que los lugares de trabajo gocen de condiciones seguras y saludables35.

Se ha ejecutado un programa nacional contra los riesgos ocupacionales que incluía tres ejes principales: aumentar la cobertura de medicina laboral para los trabajadores, promover los servicios de salud ocupacional, y mejorar la seguridad en las empresas y reducir la siniestralidad laboral, en particular los accidentes graves o con resultado de muerte (para más información, sírvanse consultar el anexo 3: Información sobre accidentes laborales y enfermedades ocupacionales).

Por otra parte, se suscribieron los contratos para los programas de los complejos de medicina laboral correspondientes al período 2009-2011, lo que permitió suministrarles equipos médicos y técnicos, ayudarlos a habilitar unidades sanitarias fijas en ciertas zonas industriales, formar cuadros médicos y técnicos, y organizar actividades informativas y de toma de conciencia dirigidas a las partes que intervienen en el proceso productivo.

Se han preparado pruebas médicas y técnicas que han permitido a los médicos y a los cuadros técnicos de los complejos y servicios de medicina laboral mejorar los servicios de salud y de seguridad ocupacionales.

La Orden núm. 2344/2009, de 12 de agosto, facilita las condiciones para que las empresas con menos de diez trabajadores obtengan créditos y ayudas del Fondo Nacional de Seguro de Salud para financiar proyectos de salud y de seguridad ocupacionales.

Artículo 8Derecho de sindicación

1.Requisitos para la constitución de sindicatos

Túnez suscribió el Convenio núm. 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, el Convenio núm. 98 relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, y el Convenio núm. 135 sobre los Representantes de los Trabajadores. Para reforzar el derecho de sindicación, Túnez ha ratificado recientemente el Convenio núm. 144 sobre Consultas Tripartitas para Promover la Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo, el Convenio núm. 151 sobre la Protección del Derecho de Sindicación y los Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la Administración Pública, y el Convenio núm. 154 sobre la Promoción de la Negociación Colectiva.

Los artículos 242 a 257 del Código de Trabajo regulan la constitución de los sindicatos y la sindicación. Para constituir un sindicato no se exige ninguna autorización previa de los poderes públicos. Todos los requisitos impuestos por la legislación tunecina al respeto tienen como único objetivo que los poderes públicos estén al tanto de que se ha constituido un sindicato. Las organizaciones de trabajadores y de empresarios pueden desarrollar sus actividades inmediatamente después de depositar el estatuto fundacional del sindicato y la relación de las personas responsables de su gestión en la sede de la Wilaya o la Gobernación en cuyo distrito se encontrará la sede del sindicato.

El derecho de sindicación está reconocido a la mayoría de los grupos de trabajadores, incluidos los empleados públicos. El artículo 4 de la Ley núm. 112/1983, de 12 de diciembre, relativo al Reglamento Básico de los Empleados del Estado, de las Comunas Locales y de los Organismos de la Administración Pública, reconoce el derecho de sindicación a los empleados públicos.

En cuanto a las restricciones legales al derecho a la acción sindical conviene señalar que el ejército nacional es el único colectivo que, en aplicación del artículo 36 de la Constitución, carece de derecho a la acción sindical. Todos los sindicatos están sometidos a la Constitución, a la legislación y a los principios de transparencia financiera y rechazo de la violencia.

El panorama sindical fue testigo tras la Revolución del 14 de enero de la constitución de nuevas centrales sindicales, numerosos organismos sindicales dependientes de ellas, y colegios profesionales independientes de determinados oficios y sectores profesionales.

2.Mecanismos para la negociación colectiva

El Código de Trabajo no contiene disposiciones sobre los diferentes niveles de la negociación colectiva (empresarial, sectorial y nacional). La regulación de la negociación colectiva continúa sujeta al acuerdo entre los agentes sociales.

El 14 de enero de 2013 se suscribió el Documento del Pacto Social. Este documento constituye una especie de “constitución social” que ordena las relaciones entre el Gobierno, la Unión General de Trabajadores de Túnez y la Unión Tunecina de Industria, Comercio e Industrias Artesanales. El Pacto Social comenzó a aplicarse al iniciar su labor las comisiones encargadas de ejecutar sus ejes.

Se convino en institucionalizar el diálogo social y para ello se estableció el Consejo Nacional para el Diálogo Social. Entre los principales objetivos de este organismo se cuenta hacer un seguimiento del clima social público y vigilar el cumplimiento de la legislación social. El Consejo Nacional para el Diálogo Social puede hacerse cargo por iniciativa propia de los asuntos de carácter económico y social relacionados con el empleo y con las relaciones laborales, y presentar las propuestas pertinentes a las instancias competentes.

3.Derecho a la huelga

Según el artículo 36 de la Constitución, “se reconoce el derecho a la huelga. Este derecho no es aplicable al Ejército Nacional, ni tampoco a las Fuerzas de Seguridad Interior y de Aduanas”. Los artículos 376 a 390 del Código de Trabajo definen las condiciones y los procedimientos para iniciar la huelga e interrumpir el trabajo con arreglo a la ley. El ejercicio del derecho a la huelga está sujeto a ciertas condiciones que se exponen a continuación. Las estructuras consultivas de diálogo con que cuente la empresa deben ser informadas sobre la causa de desavenencia, antes de que esta se convierta en conflicto laboral colectivo, para tratar de conciliar una solución entre las partes. La huelga debe notificarse a los empresarios y a la Inspección de Trabajo diez días antes de su inicio mediante carta certificada con acuse de recibo. En la notificación debe especificarse el lugar de la huelga, su fecha de inicio, su duración y sus causas. La decisión de iniciar la huelga debe ser ratificada por la Central Sindical de Trabajadores, so pena de incurrir en la ilegalidad. Este requisito impide la convocatoria de huelgas espontáneas fuera del marco sindical. El cuarto requisito exige que se intente la vía conciliatoria para solucionar el conflicto (para más información, sírvanse consultar el anexo al artículo 8).

Artículo 9 Derecho a la seguridad social

1.Sistemas de la seguridad social

Según el artículo 38 de la Constitución de 2014, el Estado “garantiza el derecho a la cobertura social en los términos que establezca la ley”.

El sector de la seguridad social incluye en Túnez el Fondo Nacional de Jubilación y de Prevención Social (Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale)36, el Fondo Nacional de la Seguridad Social (Caisse Nationale de Sécurité Sociale)37 y el Fondo Nacional de Seguro de Salud38.

Los regímenes de la seguridad social incluyen las siguientes prestaciones: prestaciones familiares, asistencia en metálico en caso de enfermedad, parto o fallecimiento, cobertura sanitaria, pensión de vejez, invalidez y viudedad, capital de indemnización en caso de fallecimiento, e indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales (para más información, sírvanse consultar el cuadro 1: Evolución del número de personas en situación activa y en clases pasivas).

Esta política ha permitido mejorar el sistema de la seguridad social y ha cosechado importantes frutos. El porcentaje real de población con cobertura social se elevó en 2013 hasta el 84% (para más información, sírvanse ver el cuadro 2: Evolución del porcentaje de cobertura en los sectores público y privado). La cobertura de la seguridad social se ha ampliado para incluir a todos los colectivos en situación activa y se han consolidado los nuevos regímenes de cobertura social, siendo los últimos el destinado a los colectivos con ingresos bajos y el destinado a los artistas, creadores e intelectuales (para más información, sírvanse ver el cuadro 3: Evolución del número de personas en situación activa y del número de pensionistas: el régimen de artistas, creadores e intelectuales).

Para que la cobertura social alcance a todos los colectivos sociales y profesionales se han instituido diferentes regímenes de la seguridad social en el sector privado que se añaden a los previstos para los empleados públicos (es decir, entre otros, para los funcionarios y los trabajadores de las empresas de titularidad pública). Estos regímenes incluyen a los asalariados no agrícolas, los asalariados agrícolas, los pescadores, los trabajadores autónomos de los sectores agrícola y no agrícola, los empleados domésticos, los pequeños agricultores, los artistas, creadores e intelectuales, los estudiantes, los titulados superiores, y los trabajadores despedidos por razones económicas o técnicas.

Túnez ha destinado numerosos mecanismos específicamente a proporcionar cobertura social a la comunidad tunecina residente en el extranjero, entre otros, los convenios bilaterales de seguridad social suscritos con 15 Estados.

Túnez ha adoptado resoluciones y medidas para alcanzar la cobertura social universal de todos los colectivos en situación activa y de todos los estratos sociales, y para mejorar las prestaciones y acercarlas a los asegurados. Al mismo tiempo ha procurado mantener la estabilidad financiera de los fondos de la seguridad social para que puedan hacer honor a sus obligaciones con las generaciones presentes y futuras. Entre otras cosas, se ha elevado automáticamente el monto de la pensión de jubilación cada vez que se incrementaba el salario mínimo de los trabajadores no asalariados agrícolas y no agrícolas (2002), se han equiparado los derechos de los beneficiarios de diferentes regímenes jurídicos de seguros de vejez, invalidez y defunción (2003), se han regulado los cauces y los procedimientos para igualar los período de no cotización directa a los regímenes de la seguridad social, se ha otorgado a los empleados públicos la posibilidad de disfrutar de una licencia de emprendimiento empresarial conservando su cobertura social (2003), se ha instituido la figura del juez de la seguridad social (2003), se ha establecido un régimen de seguro de salud para los sectores público y privado (2004), se ha instituido el Fondo Nacional de Seguro de Salud y el Consejo Nacional del Seguro de Salud (2005), se ha permitido retrasar el pago de las contribuciones sociales a los titulados superiores emprendedores (2004), y se ha ampliado a cinco años el plazo de subsidiación estatal a la contribución patronal para la seguridad social en las empresas radicadas en las zonas de desarrollo regional prioritario (2005) y en las nuevas contrataciones de titulados superiores (2005).

a)La seguridad social de las personas con discapacidad

Túnez, en un esfuerzo renovado para hacer efectivo el derecho que asiste a esas personas a gozar del más alto nivel de salud sin discriminación basada en la discapacidad, ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Túnez ha adoptado medidas suficientes para que esas personas gocen de servicios sanitarios, incluidos los de rehabilitación.

La Ley Marco39 dispone que las personas con discapacidad dispondrán gratuitamente de servicios terapéuticos y de rehabilitación en los centros de salud públicos, así como de dispositivos protésicos. El Estado sufraga estos servicios a las personas con discapacidad en situación de necesidad. Los fondos sociales se hacen cargo de los servicios prestados a las personas bajo su cuidado y a sus responsables o tutores.

b)La seguridad social de los huérfanos

Pensión de orfandad de los asegurados en el Fondo Nacional de laSeguridad Social (sector privado)

La pensión de orfandad se abona a los huérfanos del asegurado asalariado o autónomo que, en vida, fuera beneficiario de una pensión de invalidez o de vejez. Se trata de un derecho automático que se extingue al cumplir el beneficiario 16 años, o 21 si acredita estar cursando estudios de enseñanza secundaria, formación profesional o universitarios. El estudiante universitario no becado continuará cobrando la pensión de orfandad hasta los 25 años. No se aplicará límite de edad al huérfano con discapacidad o menoscabo físico permanente40. Tampoco a la huérfana que acreditadamente carezca de medios de vida o cuyos alimentos no recaían sobre su esposo a la fecha de fallecimiento del progenitor, si al momento de fallecer este era beneficiario de una pensión de vejez o de invalidez.

Pensión de orfandad de los asegurados en el Fondo Nacional de Jubilacióny de Prevención Social (sector público)

Pensión temporal de orfandad

Según el artículo 45 de la Ley Marco41, “hasta que cumpla 21 años, el huérfano del empleado público recibirá una pensión cuyo monto será igual al 10% de la pensión de jubilación que percibía o podría haber percibido su progenitor a la fecha de la defunción”. Si el fallecido hubiera dejado 5 o más hijos, el cónyuge supérstite percibirá el 50% del monto de la pensión de jubilación y el 50% restante se distribuirá equitativamente entre los huérfanos.

Asignación por fallecimiento a favor de los huérfanos

Disfrutan de la asignación por fallecimiento los huérfanos en guarda y custodia hasta los 16 años, y los huérfanos de 16 a 18 años si cursan formación profesional en centros privados para integrarse en el mercado laboral. El límite de edad para la percepción de esta asignación no se aplica a los huérfanos con discapacidad mayores de 20 años y sin trabajo, siempre que lo apruebe la Comisión de la Invalidez Física del Fondo Nacional de Jubilación y de Prevención Social.

Para cumplir el pacto social, mejorar las prestaciones de la seguridad social y el nivel de vida individual y familiar y preservar la estabilidad social, entre otras cosas, se está realizando una revisión completa de los regímenes de la seguridad social con vistas a aprobar las reformas que convenga manteniendo el nivel de las rentas mínimas según el sistema distributivo y, al tiempo, el equilibrio financiero. También se ha comenzado a actualizar el estudio prospectivo sobre la reforma de los sistemas de pensiones en los sectores público y privado.

2.Asignación de vejez

La asignación de vejez consiste en un único pago al asalariado asegurado que, habiendo cumplido la edad legal de jubilación, no acredite haber completado el período exigido de cotizaciones (40 períodos de 3 quincenas de cotización ininterrumpidos).

3.Prestaciones en el marco de la ayuda social

El Programa Nacional de Ayuda a las Familias Necesitadas es una pieza fundamental del sistema de protección social no contributiva y el mecanismo más importante para la redistribución de la riqueza y la promoción de la justicia social y la igualdad de oportunidades con que cuentan los pobres y los grupos más vulnerables, y tiene un efecto real sobre la pobreza y las desigualdades. El Programa Nacional de Ayuda a las Familias Necesitadas es también un mecanismo fundamental de protección frente a los riesgos vitales que permite evitar pérdidas y, a las familias, conservar sus miembros activos y potenciar su independencia. El programa proporciona a las familias que viven bajo el umbral de la pobreza prestaciones económicas directas y tratamientos gratuitos en los centros sanitarios públicos.

4.Programas complementarios del seguro social

Los programas complementarios del seguro social consisten en ayudas económicas que se entregan a las familias pobres con ocasión de las festividades religiosas. El programa de ayudas circunstanciales, por su lado, permite a sus beneficiarios satisfacer necesidades básicas sobrevenidas o perentorias que afecten a los componentes básicos de la familia.

5.Disfrute de iguales derechos pasivos para el hombre y la mujer

El hombre y la mujer gozan en Túnez del derecho a pensión en pie de igualdad y con sujeción a iguales exigencias y procedimientos. La mujer puede disfrutar de la jubilación anticipada. La mujer asalariada del sector no agrícola y madre de tres hijos vivos puede solicitar la jubilación anticipada a los 50 años si ha cesado de realizar actividades remuneradas.

Artículo 10 Protección y asistencia a la familia, y protección a lamadre y al niño

1.Familia y matrimonio en la legislación tunecina

El artículo 7 de la Constitución de 2014 define la familia como “el componente básico de la sociedad. El Estado protege a la familia”.

La legislación del Estado tutela por igual los derechos familiares del hombre y de la mujer. Según el artículo 3 del Código de Estatuto Personal, es condición para la formalización del matrimonio el consentimiento de ambos contrayentes. Según su artículo 9, el contrayente y la contrayente pueden perfeccionar el matrimonio por sí mismos o apoderar para ello a un tercero de su elección. La Ley núm. 32/2007, de 14 de mayo, fija la edad mínima para el matrimonio del hombre y de la mujer en 18 años completos. La Ley núm. 94/1998, de 9 de noviembre, otorga a ambos cónyuges libertad para elegir el régimen de bienes gananciales y destinar uno o varios bienes inmuebles al uso familiar compartido. La Secretaría de Estado de la Mujer y la Familia trabaja actualmente en un proyecto de mejora de la atención familiar que permitirá establecer centros de orientación familiar. Ya se ha puesto en marcha un proyecto de centro piloto que se espera generalizar al resto de las regiones.

2.Mejora de la legislación y de los servicios sociales para el apoyoa las familias

a)Atención al niño

El artículo 47 de la Constitución afirma que “la garantía de los derechos del niño es un deber de ambos progenitores. El Estado asegura la dignidad, la salud, la atención y la educación del niño. El Estado debe asegurar todas las formas de protección a todos los niños, sin discriminación y atendiendo a su interés superior”. El Código de los Derechos del Niño de 1995 constituye un notable paso adelante que tutela expresamente sus derechos y promueve su función en diferentes esferas de la vida comunitaria y familiar. Sin embargo, el incremento del número de niños infractores de la ley apunta a que este marco jurídico resulta insuficiente. Por ello, y para brindar al niño la atención adicional que precisa, Túnez ha ejecutado programas y mecanismos42 de prevención destinados a los niños y a los jóvenes, en particular a los que sufren circunstancias difíciles, fenómenos de exclusión y marginación, o cualquier tipo de explotación, incluida la explotación laboral y el empleo en circunstancias no adecuadas o ilegales que supongan una amenaza para la integridad física y psíquica del niño o del joven (para más información, sírvanse consultar el cuadro 1: Centros de tutela para niños carentes de apoyo familiar).

Los niños en riesgo son uno de los colectivos sociales más vulnerables y más expuestos desde un punto de vista sanitario, físico, moral y educativo. El artículo 20 del Código de los Derechos del Niño enumera las posibles situaciones de riesgo.

Los organismos que se ocupan de la previsión social trabajan en coordinación con los otros agentes para detectar situaciones de riesgo, diagnosticar sus necesidades de apoyo y colaborar en la resolución de problemas adoptando medidas de inserción y asegurando la disponibilidad de servicios sobre el terreno, la derivación a las estructuras y los organismos especializados, y la atención posterior de los niños que estuvieron ingresados en centros de atención social.

Entre otras medidas de atención destinadas a los niños y a los jóvenes en riesgo de sufrir cualquier forma de explotación, Túnez ha reforzado la red institucional de centros para la asistencia básica, social, psicológica y sanitaria, y les ha proporcionado servicios residenciales activos y atención educativa, de capacitación y de animación. También se han ajustado programas individualizados y adecuados a las necesidades de las personas tuteladas, en particular los niños y los jóvenes, que aseguran su reinserción familiar, educativa y profesional; se han realizado intervenciones ante los organismos judiciales, sociales, administrativos y sanitarios; se ha asegurado la prestación de servicios de atención posterior, y se ha comenzado a elaborar un marco normativo para el establecimiento de un mecanismo de asistencia social urgente en la zona metropolitana de Túnez capital.

Túnez ha ampliado la red de centros para la defensa y la inserción social que se ocupan de los niños en situación de riesgo, los que han abandonado el sistema educativo y los carentes de entorno familiar y educativo, así como de los niños y los jóvenes de la calle, las familias en dificultades o en riesgo de desestructuración, los niños en conflicto con la ley, los reclusos que han cumplido condena y sus familias, y los jóvenes y adultos socialmente inadaptados (para más información, sírvanse consultar los cuadros 2 y 3, artículo 10). Los centros para la defensa y la inserción social supervisan la ejecución del Programa para la Acción Social en la Calle, cuyo objetivo es realizar intervenciones individuales con cada niño en situación de riesgo. Los organismos públicos intervienen en los casos de niños infractores de la ley mediante la provisión de servicios de atención social y psicológica destinados al interesado y a su familia43 (para más información, sírvanse consultar el cuadro 2: Labor de los centros para la defensa y la inserción social).

b)Personas de edad

Marco jurídico

Túnez, ante el cambio demográfico que está experimentando y el incremento progresivo del porcentaje de personas mayores, ha formulado un marco legislativo específico para esas personas. La Ley núm. 114/1994, de 31 de octubre, para la Protección de las Personas Mayores, sus reglamentos ejecutivos y decretos constituyen un importante avance. El sistema de atención a las personas mayores se compone de numerosos programas y mecanismos ejecutivos públicos, asociativos y voluntarios.

Organismos públicos para la protección de las personas de edad

Secretaría de Estado para la Mujer y la Familia. Desde 200544, el Ministerio de Asuntos de la Mujer y de la Familia supervisa las cuestiones relativas a las personas mayores, y materializa, coordina y ejecuta las políticas que les conciernen abordando el problema de la piramidalización demográfica con un enfoque global. Túnez ha ampliado las atribuciones del Consejo Nacional para la Mujer y la Familia45 para que en su mandato se incluya también el colectivo de personas de edad, y ha instituido en su seno una comisión encargada de la atención y la inserción de esas personas. También se ha establecido en el Consejo Superior de la Población una Comisión para las Personas Mayores que se ocupa de analizar los retos futuros derivados de su incremento y las posibles mejoras que podrían introducirse en los servicios sociales, económicos y sanitarios destinados a ese colectivo a la luz de los cambios sociales, demográficos y económicos.

El Ministerio de Asuntos Sociales proporciona a través de sus dependencias servicios y ayudas a las personas de edad necesitadas y, por conducto de los organismos de la seguridad social, atención a los jubilados con cobertura social y a sus familiares. Todo ello convierte al Ministerio de Asuntos Sociales en un agente fundamental en esta esfera. Los asistentes sociales de sus delegaciones regionales, por otro lado, se encargan de realizar estudios sociales sobre las personas mayores y un seguimiento de su situación económica, social y de otra índole.

El Ministerio de Salud Pública trabaja para cumplir los objetivos de atención geriátrica, y en particular proporciona servicios sanitarios en las instituciones terapéuticas y en los centros hospitalarios, formula programas preventivos, realiza estudios e investigaciones y mejora las aptitudes del personal competente mediante actuaciones de formación básica y de capacitación profesional. Los logros alcanzados por las actuaciones y los programas nacionales de salud destinados a las personas de edad han ayudado a integrarlos y a darles relevancia en el medio social. El Programa Nacional para la Salud Geriátrica, por ejemplo, se puso en marcha en 1995 y persigue preservar la autonomía de la persona de edad y mejorar su calidad de vida desde un punto de vista psicológico, físico y social. El Ministerio de Salud exhortó mediante una circular a todos los centros hospitalarios a dar prioridad de atención a los pacientes de edad avanzada en todos los niveles de tratamiento (recepción, hospitalización, análisis clínicos, etc.). Asimismo ha trabajado para asegurar la gratuidad de los tratamientos a las personas con ingresos limitados o sin sostén económico. El Ministerio de Salud también ha prestado gran atención al desarrollo de la investigación científica en geriatría social. El Instituto Nacional de Salud Pública realizó un estudio nacional sobre la salud de las personas de edad y sus condiciones de vida en el seno de la familia. El estudio permitió conocer el estado de salud de esas personas y evaluar sus necesidades en todas las esferas, en particular en la sanitaria y en la social.

Función de la sociedad civil

La Secretaría de Estado para la Mujer y la Familia, en colaboración y coordinación con los organismos públicos concernidos y con el tejido asociativo, ha ejecutado los planes y los programas encaminados a lograr “una sociedad para todas las edades” en la que se preserve la dignidad de la persona de edad y se le asegure una vida digna. El tejido asociativo se compone de asociaciones de voluntarios, entre otras, la Union Tunisienne de Solidarité Sociale, las asociaciones regionales y locales que atienden a las personas de edad, y las asociaciones de jubilados.

Los programas asistenciales atienden a las personas de edad en su propio entorno; si están necesitados, les proporcionan prestaciones fijas, y les brindan servicios sociales y sanitarios domiciliarios o familias de acogida. La institucionalización de una persona de edad es una medida excepcional a la que se recurre cuando se ha comprobado que no existe una solución alternativa, en particular, en el ámbito familiar o en el entorno.

Túnez dispone también de centros de día que rompen el aislamiento de las personas mayores y les posibilitan la comunicación social y el entretenimiento, al tiempo que alivian a la familia asegurándole la atención a sus mayores durante las ausencias laborales o académicas. El Estado, para promover la inversión privada en este ámbito, ha abierto a los emprendedores privados la posibilidad de establecer residencias de tercera edad46.

c)Personas con discapacidad

El legislador tunecino parte del principio de que la persona con discapacidad tiene derecho a la libertad. En consonancia con ello, el artículo 17 de la ley47 aboga por que la persona con discapacidad permanezca en su entorno y por que la discapacidad no la prive de libertad. Sin embargo, afirma, “se podrá de forma excepcional ingresar a la persona con discapacidad en una institución especializada” a solicitud propia o de quien la represente legalmente. Túnez dispone de residencias para personas con discapacidad.

Túnez ayuda a las personas con discapacidad a potenciar sus vidas y a mantener su estabilidad familiar en su propio entorno. El Estado concede anualmente 23.000 prestaciones fijas a personas con discapacidad y sin recursos. El monto de las asignaciones se incrementa si la familia tiene hijos en edad escolar y se actualiza periódicamente al coste de la vida. El legislador considera importante que el niño con discapacidad permanezca siempre, en la medida de lo posible, junto a su familia. Los centros de atención diurna para personas con discapacidad han conocido en Túnez un desarrollo notable48.

Túnez ha adoptado un enfoque social que prioriza la permanencia de la persona con discapacidad en su propio entorno. Con todo, es posible también colocar a la persona con discapacidad en una familia de acogida a solicitud propia, o de quien lo represente legalmente, y de la familia de acogida, a la que se brindará apoyo financiero y en especie.

3.Protección de la maternidad

Protección de la mujer trabajadora (art. 9)

La legislación tunecina afirma la completa igualdad entre el hombre y la mujer en todas las etapas de la vida laboral y de la actividad económica. Esta igualdad se aplica tanto al sector público como al privado, en particular en el acceso al empleo, la promoción profesional, los salarios y la inversión. En el sector público se permite a la funcionaria con hijos trabajar media jornada conservando dos tercios de su salario y todos sus derechos de jubilación, atención social y ascensos. Con esta medida se pretende conciliar su vida familiar y profesional. El Código de Trabajo y los convenios colectivos también incluyen disposiciones que protegen a la trabajadora con hijos49. Algunos convenios colectivos sectoriales permiten a la mujer trabajadora, en aplicación del artículo 64 del Código de Trabajo, ampliar la licencia por nacimiento. Conviene señalar que, en aplicación de la legislación en vigor, la trabajadora goza durante el período de licencia por nacimiento de la asignación económica prevista. La ley prevé medidas para permitir a los padres atender a sus hijos en las mejores condiciones. Por ejemplo, la embarazada empleada en el sector privado puede abandonar su lugar de trabajo sin previo aviso cuando su salud lo exija, siempre que con posterioridad presente una certificación médica que justifique su ausencia. Por otro lado, la mujer embarazada no puede ser despedida y no se le puede exigir el pago de las multas previstas en el Código de Trabajo en caso de ausencia injustificada del lugar de trabajo. Tampoco puede ser empleada para trabajos subterráneos o nocturnos, ni trabajará en los días de descanso semanal, en las fiestas religiosas o en los días feriados. El Código de Trabajo también otorga a la mujer trabajadora el derecho a trabajar a tiempo parcial o a media jornada para cuidar de sus hijos menores de edad o con discapacidad, a condición de que la reducción de jornada se recoja por escrito en el contrato de trabajo. La ley dispone que la licencia por nacimiento de la mujer empleada pública tenga una duración de dos meses, que podrán disfrutarse de forma consecutiva o segmentada. La funcionaria con hijos podrá también obtener una licencia máxima de cuatro meses, siempre que lo solicite y lo autorice el jefe de sección.

4.Medidas de protección y asistencia adoptadas en favor de los niñosy los jóvenes

a)Edad mínima para el trabajo infantil (art. 6)

El artículo 53 del Código de Trabajo fija la edad laboral mínima en 16 años, aunque establece ciertas excepciones (arts. 53.2 a 56). Si se trata de trabajos que, por su naturaleza o por las circunstancias en las que se desarrollan, puedan suponer un riesgo para la salud, la seguridad o la integridad moral del niño, la edad laboral mínima son 18 años (art. 58). Túnez también ha promulgado reglamentos ejecutivos50 que regulan la edad mínima laboral en ciertas actividades y definen los trabajos en los que no puede emplearse a menores de 18 años51. Según el artículo 65 del Código de Trabajo, los niños menores de 14 años descansarán al menos 14 horas consecutivas y su tiempo de descanso estará necesariamente comprendido entre las 20.00 y las 08.00 horas52. Los niños de entre 14 y 18 años de edad no trabajarán en horario nocturno, descansarán al menos 12 horas consecutivas y su tiempo de descanso estará necesariamente comprendido entre las 22.00 y las 06.00 horas53.

Los menores de 18 años que trabajen en actividades agrícolas, si no han cumplido 16 años, tendrán un descanso nocturno no inferior a 12 horas consecutivas, y si tienen entre 16 y 18 años, el descanso nocturno no será inferior a 12 horas consecutivas, siempre que a lo largo del día disfruten de un receso. Los menores de 18 años no serán empleados para ningún trabajo entre las 22.00 y las 05.00 horas. Por otra parte, Túnez ha adoptado numerosas medidas para proteger mejor al niño del trabajo infantil y de la explotación económica, y en particular ha ratificado algunos de los convenios internacionales de trabajo conexos54. Una resolución del Ministro de Asuntos Sociales, de 19 de enero de 2000, fija los trabajos en los que está prohibido emplear a los menores de 18 años por ser peligrosos para su salud, seguridad o integridad moral, y establece los requisitos para la concesión de permisos de trabajo que, de forma individualizada, autoricen la presencia de niños en celebraciones públicas o su participación en trabajos cinematográficos. Túnez también ha aumentado la edad mínima para el trabajo doméstico infantil de 14 a 16 años.

b)Plan Nacional Contra el Trabajo Infantil

Entre septiembre de 2013 y diciembre de 2014, una comisión tripartita integrada por representantes de seis ministerios supervisó la elaboración del Plan Nacional Contra el Trabajo Infantil. Este Plan Nacional tiene como primer objetivo erradicar las peores formas de trabajo infantil para, seguidamente, erradicar toda forma de trabajo infantil. El Plan comenzará a aplicarse a principios de 201555. Por otro lado, la Inspección de Trabajo vigila el empleo infantil en las empresas y asegura el efectivo cumplimiento de la legislación laboral, en particular la que regula la edad laboral mínima, las condiciones de trabajo y los tipos de trabajo para los que está prohibido emplear a niños.

5.Salvaguardia de los derechos económicos, sociales y culturales de lossolicitantes de asilo y de sus familias

El Estado ha promulgado leyes nacionales56 basadas en una aproximación universal a los derechos del hombre y en la no discriminación. El Estado también ha ratificado convenios internacionales57 que velan por el interés de las familias de los migrantes.

6.Violencia doméstica contra la mujer y el niño

La legislación tunecina, concretamente el artículo 218 del Código Penal, tipifica como delito la violencia doméstica y considera el matrimonio circunstancia agravante en los delitos de violencia contra el cónyuge, lo que incrementa la condena de uno a dos años de prisión58.

a)Protección del niño frente al maltrato

Es autor de un delito sexual infantil el que obligare a un niño a realizar actos de naturaleza sexual o los realizare él mismo, materialmente, en el cuerpo de un niño, así como el que incitare a cometer tales actos, hiciera de intermediario para su comisión, o los aprovechara o explotara mediante, entre otras cosas, su publicación o distribución con la intención de obtener un beneficio material. Conviene señalar que la protección penal frente a los delitos sexuales directos y los delitos de explotación sexual es solo una de las maneras con que la legislación tunecina protege al niño y vela por él.

b)Protección de la mujer frente a la violencia

En torno al 47% de las mujeres tunecinas han padecido alguna forma de violencia en cierto momento de su vida. El Estado aprobó en 2014 una ley general para la erradicación de todas las formas de explotación contra la mujer y la niña. Esta medida es perfectamente coherente con la Constitución de 2014, en la que se afirma que la lucha contra la violencia hacia la mujer es una prioridad nacional. Un gran número de mandatos constitucionales allanan también el camino hacia la consecución de una mayor igualdad entre el hombre y la mujer, y definen de manera precisa la responsabilidad del Estado en la esfera de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Esta decisión es una respuesta a las recomendaciones formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas a Túnez en2010, y reiteradas en 2013, en las que se afirmaba la necesidad de que el Estado aprobase una ley general contra la violencia hacia la mujer que se ajustase a los criterios de las Naciones Unidas.

En 2008 se aprobó la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Entre otras medidas adoptadas para su ejecución, la Secretaría de Estado para la Mujer y la Familia afirmó que era necesario promulgar una ley general que prevenga la violencia contra la mujer y la niña y proteja a las mujeres que hayan sobrevivido a ella. La iniciativa fue respaldada por los organismos de las Naciones Unidas, entre otros el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ONU-Mujeres, el UNICEF y el Consejo de Europa.

El proyecto de ley general para la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas se elaboró con un enfoque basado en el sistema de derechos humanos y en la igualdad entre los sexos. Desde esta perspectiva, la violencia contra la mujer y la niña constituye una violación de sus derechos fundamentales cuyo telón de fondo son los problemas de género. El proyecto de ley, que no descuida la diversidad de formas que puede adoptar la violencia, es un avance esencial que refuerza la legislación nacional en la esfera de los derechos de la mujer y de la niña. El proyecto es fruto de un enfoque participativo e inclusivo y su aprobación y puesta en práctica exigirá la movilización comunitaria de cuantos agentes conforman la sociedad civil y de todos los defensores de los derechos humanos (para más información sírvanse consultar el cuadro 3: Causas por delitos sexuales contra la mujer y el niño).

7.Tipificación como delito de la trata de personas

Túnez no dispone de una ley específica en la materia, aunque se ha elaborado un proyecto de ley para la lucha contra la trata de personas que está a la espera de ser presentado a la Cámara de Representantes del Pueblo. Por ello se aplica el Código Penal para luchar contra estos actos, cuyos autores son procesados, entre otros delitos, por consumo de prostitución ilícita, incitación al libertinaje, proxenetismo y fraude. En 2013 se instruyeron 177 causas por esos delitos y fueron detenidas y puestas a disposición de la justicia 107 personas. En los 7 primeros meses de 2014 se instruyeron 50 causas y fueron detenidas 8 personas. Cuando no se sobreseyó la causa, las penas oscilaron entre los 6 meses y los 3 años de prisión (para más información, sírvanse consultar el cuadro 4: Número de causas falladas por delitos de trata de personas).

Entre otras medidas adoptadas en la materia conviene destacar el establecimiento de la Unidad para la Lucha contra la Trata de Personas de la Subdirección de Prevención Social (Dirección General de la Policía Judicial), que se ocupa específicamente de este tipo de delitos. Entre otras cosas, la Unidad para la Lucha contra la Trata de Personas emite órdenes de busca y captura contra las mujeres jóvenes conocidas por frecuentar los Estados solicitantes de prostitutas y contra los proxenetas, los detiene y los pone a disposición judicial. También pone en busca y captura a los huidos; se coordina con los puntos fronterizos aéreos y terrestres y los informa sobre los movimientos fronterizos de las personas conocidas por frecuentar los Estado que atraen a mujeres para explotarlas como prostitutas; se pone en contacto con las administraciones competentes para recopilar información sobre los proxenetas y sus víctimas, y se coordina con las asociaciones que trabajan a favor de la mujer para proporcionar atención psicológica y social a las víctimas de la trata de personas.

El Ministerio del Interior trabaja junto a la Organización Internacional para las Migraciones en el marco del programa de colaboración Support and Hand-Over of Assistance and Referral Mechanisms as well as Exchange of Practices in Anti-Trafficking (S.H.A.R.E.) para estudiar la prevalencia de este fenómeno en Túnez. A tal efecto, entre otras cosas, se celebró una jornada de estudios sobre la prevención de la trata de personas en Túnez y un encuentro de concienciación para presentar los resultados del estudio Baseline Study on Trafficking in Persons in Tunisia.

La Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior procura responder a las solicitudes formuladas por las organizaciones conexas, hace un seguimiento de las mismas y adopta las medidas necesarias.

Artículo 11 Derecho a un nivel de vida suficiente

1.Umbral nacional de pobreza, base aplicable y mecanismos de medición

Los indicadores de pobreza y de desigualdad social del Instituto Nacional de Estadísticas se basan en los datos de la Encuesta Nacional de Gasto, Consumo y Nivel de Vida de los Hogares, que se realiza cada cinco años. Esta encuesta hace un seguimiento de las adquisiciones efectuadas por las familias de la muestra durante todo un año y, como es práctica común en los Estados en desarrollo, define el umbral de pobreza tomando como referencia la pobreza absoluta.

Evolución del umbral de pobreza anual per c a pita entre 2000 y 2010,desglosado por regiones

	Umbral de pobreza ( dinares)	Umbral de pobreza extrema ( dinares)
2000	2010	2000	2010
Gran Túnez	902	1 277	534	757
Medio urbano	818	1 158	518	733
Medio no urbano	581	820	405	571

Para adaptarse a la evolución constante de los sistemas internacionales59 de evaluación de la pobreza en los Estados en desarrollo, el Instituto Nacional de Estadísticas realizó en 2005 una primera revisión de la metodología que empleaba desde 1980. La nueva metodología adoptada se basa en:

Estimar el componente alimentario del umbral de pobreza, partiendo de la evaluación de los requerimientos ideales de consumo calórico, y el costo promedio de la cesta alimentaria básica, así como calcular su componente no alimentario basándose en una ecuación multifactorial. El proceso se repite para el medio urbano y no urbano60 tomando como referencia una muestra unificada de población urbana y rural (población con un promedio de ingreso per c a pita de entre 360 y 480 dinares tunecinos).

Esta metodología permite segmentar el umbral de pobreza en dos niveles: el más bajo (“pobreza extrema”), que se evalúa considerando un requerimiento ideal de consumo calórico necesario per c a pita de 2.200 calorías diarias, y el más alto, para cuya evaluación se requiere definir el nivel de gasto más alto en los artículos no alimentarios (calculado considerando la estructura del gasto) y calcular el coste de los requerimientos alimentarios ideales.

Para refinar aún más los sistemas de medición de la pobreza, el Instituto Nacional de Estadísticas realizó una segunda revisión metodológica e introdujo elementos nuevos: se redefinió la muestra (para integrar al 20% de la población más pobre, mientras que antes la componían las familias con ingresos per c a pita de entre 360 y 480 dinares anuales) y los requerimientos de consumo calórico individual, se revisó la definición de los componentes no alimentarios incluidos en la medición del umbral de pobreza61, y se definió el indicador de bienestar.

Esta metodología desveló que la pobreza se redujo entre 2000 y 2005 del 32,4% al 23,3%, y en 2010 bajó al 15,5%. En Túnez se considera pobre a la persona cuyo consumo anual no supera el umbral de la pobreza, fijado en 1.277 dinares anuales para las urbes y en 820 dinares para las zonas no urbanas. Se considera que sufre pobreza extrema la persona cuyo consumo anual no supera el umbral de la pobreza extrema, fijado en 757 dinares anuales per c a pita para las urbes y en 571 para las zonas no urbanas (para más información, sírvanse consultar el cuadro 1: Evolución de los porcentajes de pobreza extrema y de población vulnerable).

Pese al retroceso notable de la pobreza a nivel nacional, estas tasas continúan siendo elevadas, en especial en las regiones del interior. En el medio no urbano, la tasa de pobreza es más de dos veces superior a la que se registra en las ciudades grandes.

En 2010, el porcentaje de población que vivía bajo el umbral de pobreza en la zona occidental del país rondaba el 32,3%. Por ello, seguían siendo necesarias más medidas para atajar las diferencias sociales resultantes. La región centro oeste continúa siendo la más pobre del país y la brecha que la separa de las regiones costeras se ha agravado (para más información, sírvanse consultar el cuadro 2: Distribución de las tasas de pobreza, desglosadas por regiones).

Al tiempo que el indicador de medición de la pobreza, Túnez ha adoptado el índice de desarrollo humano62. Según el Informe Anual Mundial sobre el Desarrollo Humano de 201464, en 201363 el índice de desarrollo humano en Túnez fue de 0,721, frente al 0,642 de 2000, lo que sitúa al país en la posición 41 de un total de 53 Estados clasificados en la categoría de países con un desarrollo humano alto. También ha mejorado la posición de Túnez a nivel mundial y el país ha pasado entre 2000 y 2013 de la posición 101 a la 90 de un total de 187 Estados.

El cuadro que figura en el anexo muestra la evolución del índice de desarrollo humano en Túnez entre 2000 y 2013. La esperanza de vida al nacer se incrementó en el mismo período 2,3 años (de 72,6 a 74,9 años). El promedio de años de escolarización, por su parte, se incrementó 1,8 años (de 4,8 a 6,6). La esperanza de vida escolar se incrementó 1,4 años (de 13,2 a 14,6). En cuanto al nivel de vida, el PIB per c a pita aumentó entre 2000 y 2013 un 4,6% (para más información, sírvanse consultar el cuadro 3: Esperanza de vida al nacer e ingresos per c a pita anuales).

2.Plan/Estrategia Nacional Contra la Pobreza, mecanismos para la vigilanciay la ejecución del Plan, y evaluación de los avances en la erradicaciónde la pobreza

En el marco de su política para la erradicación de la pobreza, Túnez ha adoptado una serie de programas encaminados a promover el desarrollo social, aliviar las diferencias interregionales y sociales, y conservar el capital humano. Las constantes y los principios generales que inspiran estas políticas respetan todos los derechos económicos y sociales y velan por que se garanticen en la teoría y en la ejecución de sus mecanismos y programas. Túnez no ha recogido en un documento unificado estas políticas y programas, pese a que en su política de desarrollo las ha priorizado y ha subrayado su papel fundamental y su impacto en la erradicación de la pobreza.

Para evaluar la efectividad de los programas aprobados y los avances logrados en la erradicación de la pobreza se realiza cada cinco años una encuesta nacional de consumo, ingresos y nivel de vida de los hogares. La última de estas encuestas se realizó en 2010. La evaluación se basa también en fuentes administrativas, entre otras, en el Registro Nacional de Familias Necesitadas, que permite extraer indicadores socioeconómicos relativos a las familias con ingresos bajos, y en las conclusiones de las evaluaciones de ciertos programas.

3.Políticas y programas para luchar contra la pobreza

Además de las políticas y los programas de desarrollo encaminados a luchar contra la pobreza, en particular las políticas de educación, empleo, seguridad social y ayuda para artículos de primera necesidad, Túnez ha forjado una red de seguridad social que permite proporcionar servicios a colectivos vulnerables o con necesidades especiales. Túnez ha aprobado también programas a medida para combatir la pobreza, que incluyen intervenciones asistenciales, y promover la inserción.

Programas de promoción social

Los programas de atención más destacados son los de promoción social. Estos programas se ocupan de proporcionar a los grupos de población necesitados y con ingresos bajos lo necesario para una vida digna, y de brindar a los colectivos vulnerables la atención que precisan. El Programa Nacional de Ayuda a las Familias Necesitadas es uno de estos programas de promoción social.

El Programa Nacional de Ayuda a las Familias Necesitadas proporciona a las familias que viven bajo el umbral de la pobreza una aportación económica directa de 110 dinares (frente a los 73 de 1999), lo que equivale al 34% del salario mínimo. Actualmente disfrutan de esta ayuda 235.000 familias (frente a las 135.000 que lo hacían en 1999). Tienen prioridad para acceder a la ayuda las familias encabezadas por una mujer y las familias con hijos a su cargo. El Programa reserva a la familia beneficiaria con hijos en edad escolar una ayuda adicional de 10 dinares por hijo, con un límite de 3 hijos. El Programa, por otro lado, proporciona atención médica gratuita a las familias necesitadas que cumplan los criterios previstos, a las personas con discapacidad afectadas por invalidez laboral, y a las personas de edad que residan con sus familias, así como brinda tratamiento a precios reducidos a las familias con ingresos bajos que no dispongan de cobertura sanitaria. Las familias pobres también reciben asignaciones en metálico con ocasión de festividades religiosas (en este concepto se distribuyeron más de 23 millones de dinares en 2013), ayudas puntuales y ayudas para los gastos de principio de curso escolar y universitario (14 millones de dinares en 2014). Túnez también ha promulgado resoluciones encaminadas a asegurar la transparencia del sistema de distribución de las asignaciones fijas y a promover los derechos de los colectivos necesitados.

Paralelamente, han comenzado los preparativos para crear un banco de datos avanzado y dinámico sobre las familias necesitadas y con bajos ingresos. Este banco de datos permitirá mejorar la precisión de las intervenciones sociales para que puedan llegar a sus destinatarios. Túnez, con el apoyo financiero del Fondo para la Transición Democrática y bajo la supervisión del Banco Mundial, ha establecido también un sistema informático sobre las familias necesitadas y con bajos ingresos, y ha llevado a cabo una revisión completa para recopilar información actualizada sobre esas familias y sus miembros.

Programas asistenciales para colectivos específicos

En el marco de sus actuaciones para luchar contra la pobreza, el Estado ha adoptado también programas de inclusión destinados a diferentes colectivos, entre otros los niños, las personas de edad, las personas con discapacidad y las mujeres con necesidades especiales.

Para mejorar el nivel de vida y las condiciones de vida en las regiones menos desarrolladas, el Estado, entre otras cosas, ha ejecutado programas de desarrollo destinados a la población de las zonas rurales y de las zonas urbanas pobres. Entre ellos cabe destacar el Programa de Desarrollo Urbano Integrado65. Este programa, que representa una nueva generación en este tipo de actuaciones, incluye proyectos para los entornos urbano y rural e intervenciones en los barrios pobres encaminadas a mejorar las condiciones de vida y a proporcionar oportunidades de trabajo. El programa está destinado a 290.000 personas que residen en barrios populares.

También conviene destacar el Programa de Obras Públicas Regionales para el Desarrollo66. Este mecanismo de creación de empleo temporal, cuyas actuaciones cubren todas las provincias de la República, tienen por objetivo absorber a los trabajadores no cualificados y de extracción social pobre.

También conviene destacar el Programa de Desarrollo Integrado67, cuyo objetivo es proporcionar oportunidades de trabajo, mejorar los ingresos y desarrollar las infraestructuras y los equipamientos públicos. Este programa está destinado a distritos preferentes, fronterizos, con problemas especiales (como zonas desérticas, montañosas o mineras) o con niveles medios o bajos de actividad económica. En total, el programa incluye 90 proyectos distribuidos por 55 distritos (9,2 millones de habitantes). Las regiones del interior, cuyos indicadores están rezagados respecto a los de las regiones costeras del país, se han beneficiado del 81,1% de los proyectos del programa (el 18,9% han ido a las regiones costeras).

El Programa Regional de Desarrollo ha permitido suministrar agua potable y luz eléctrica a 64.469 y 43.016 familias, respectivamente; mejorar los medios de subsistencia y las condiciones habitacionales de 107.667 y 63.250 familias, respectivamente, y acondicionar unos 2.035 km de caminos rurales.

Programa de Apoyo a los Empleos con Gran Densidad de Mano de Obra

El Programa de Apoyo a los Empleos con Gran Densidad de Mano de Obra ejecutará durante tres años a computar desde 2013 un total de cinco proyectos piloto con empleo de una gran cantidad de mano de obra en algunas de las regiones del interior, lo que supondrá un coste de 13 millones de dinares. Los proyectos se ejecutarán en las provincias de Siliana, Kasserine, Gafsa, Kef y Sidi Bouzid.

Estos programas de desarrollo se han enfrentado a numerosas dificultades que les han impedido ser tan eficaces como hubiera sido de desear. Entre ellas destaca el bajo porcentaje de los créditos transferidos a los concejos regionales que fueron empleados (apenas el 50%) y la escasa capacidad de los concejos y de los servicios técnicos regionales para ejecutar en los plazos los proyectos programados por falta de recursos humanos y materiales. Además, no se había evaluado el impacto real sobre las regiones beneficiarias, no se coordinaron los programas entre sí y con el resto de las intervenciones sectoriales, y el empleo de los programas se alejó de sus objetivos.

4.Transferencias sociales (para más información, sírvanse consultarel cuadro 4: Transferencias sociales y programas inclusivos)

Las transferencias sociales son actuaciones de carácter social que el Estado y las instituciones públicas realizan en favor del ciudadano. Estas intervenciones adoptan formas diversas, pero consisten principalmente en servicios educativos, de formación profesional, sanitarios o de otra índole, gratuitos o semigratuitos, que sufraga el Estado; en proporcionar equipamientos y servicios esenciales y ayudar a las obras necesarias para ello (por ejemplo, suministrar agua potable y contribuir a la electrificación de las zonas rurales); en brindar ayudas directas en especie y en metálico (como asignaciones a familias con ingresos bajos o ayudas temporales); en subvencionar ciertos artículos básicos para acotar la diferencia entre su precio real y el precio de venta al público, y en beneficios sociales que son sufragados por los organismos de la seguridad social a los asegurados y a sus beneficiarios (pensiones, asignaciones familiares y seguros de enfermedad y de prevención de riesgos laborales). Las transferencias sociales, frente al salario percibido por el trabajador por el servicio realizado, son un ingreso social adicional sin contraprestación directa.

5.Derecho a la alimentación

a)Medidas para garantizar alimentación a precios razonables, cualitativa y cuantitativamente suficiente y que cumpla las especificaciones sanitarias

Túnez, como miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha adoptado la definición internacional de seguridad alimentaria68 y ha convertido la seguridad alimentaria en una constante de sus políticas de desarrollo. Túnez ha añadido dos elementos al concepto de seguridad alimentaria: por un lado, proporcionar alimentos en la medida de lo posible utilizando la producción nacional y respetando las normas de viabilidad económica; y por otro, procurar el equilibrio sostenible de la balanza comercial alimentaria. Gracias a la aplicación de estrategias sectoriales (para cereales, aceites, patata, tomate, productos lácteos, aves de corral y pesca) y a las medidas adoptadas, Túnez ha logrado mejorar de forma constante su seguridad alimentaria. Túnez está lejos de sufrir las situaciones vergonzosas que se registran en ciertos países azotados por la hambruna, la desnutrición y, consecuentemente, la falta de seguridad alimentaria. Los productos alimenticios básicos y no básicos han estado disponibles de forma regular y no se han padecido dificultades de abastecimiento. Ni siquiera en los períodos difíciles (sequías pertinaces) se han registrado desequilibrios graves entre la demanda de los ciudadanos y las existencias, y tampoco perturbaciones en el suministro de alimentos.

b)Garantía del suministro regular de alimentos

Para garantizar el suministro regular de alimentos se han acumulado existencias reguladoras de los productos de consumo más importantes (patatas, huevos, leche, carne de aves de corral) y se han establecido redes especiales de almacenamiento y distribución. La Oficina de Cereales, por su parte, está almacenando una reserva estratégica permanente de cereal con capacidad para satisfacer la demanda de consumo durante dos meses. Túnez trabaja para elevar su capacidad de almacenamiento y se prevé realizar una ampliación adicional de 6,4 millones de quintales.

c)Mejora de la producción y de la productividad

Túnez está realizando un esfuerzo sostenido para ejecutar los planes sectoriales, lograr la autosuficiencia en los artículos básicos y suministrar los alimentos en la cantidad necesaria, con la calidad exigida y de forma regular a lo largo de todo el año y contando solo, en la medida de lo posible, con la producción nacional. Entre los logros más importantes alcanzados por Túnez en este plano se cuenta haber producido prácticamente todas las verduras y cereales que necesitaba el país, más del 95% de las carnes rojas consumidas y todas las carnes blancas, los huevos y los productos lácteos. Entre 2010 y 2013, Túnez cubrió aproximadamente el 72% de su balanza comercial alimentaria.

Pese al esfuerzo realizado para reforzar la seguridad alimentaria, la capacidad de la producción local para cubrir las demandas de consumo de un gran número de artículos básicos es baja. Entre 2010 y 2014, Túnez importó el 38% del trigo duro que necesitaba y el 81% de la demanda de trigo blando. Además, importa todo el arroz, el maíz, el azúcar y los aceites vegetales que precisa. El desequilibrio en la balanza comercial contribuye a la merma de la seguridad alimentaria individual, en particular en las regiones pobres. La disminución de la producción local se debe principalmente a la inestabilidad climática y a la irregularidad de las precipitaciones, lo que afecta negativamente a los cultivos de secano, así como al escaso dominio de las técnicas de producción y de riego para el cereal de regadío.

El Fondo General de Compensación69 incluye un gran número de artículos en su política de subvención de los precios de los alimentos básicos. Los pobres se benefician del 9,2% del total de las subvenciones, el 60,5% va destinado a la clase media y el 7,5% a la clase acomodada70. El costo de la subvención a los alimentos básicos ha experimentado una evolución notable, y en 2013 alcanzó el 1,9% del PIB. El costo de estas subvenciones ha conocido un incremento sin precedentes y ha pasado entre 2005 y 2010 de 243 a 730 millones de dinares71. Entre 2010 y 2013 se duplicó72, y en 2014 supuso 1.450 millones de dinares. Es preciso, por tanto, conciliar la función social del Fondo General de Compensación y el peso económico que supone para los presupuestos del Estado.

La política de subvenciones desplegada por Túnez supone un logro social que ha contribuido en gran medida a proteger la capacidad adquisitiva de las clases bajas y medias. Sin embargo, esta política también ha tenido efectos negativos, entre otros, el alto coste económico que ha gravado los presupuestos del Estado, la escasa productividad de las empresas privadas que desarrollan sus actividades en los sectores subvencionados, el incremento de ciertos fenómenos negativos (como el derroche y el contrabando debido a las diferencias de precios con los Estados vecinos), y el destino final de las subvenciones a colectivos que no eran sus destinatarios. En 2002 se instituyó un organismo especializado que se encarga de analizar con detalle los eslabones del sistema de subvenciones y de determinar sus orientaciones estratégicas y las reformas que precisa.

6.Derecho al agua

La política hídrica de Túnez busca asegurar el abastecimiento a las generaciones presentes y futuras y preservar los recursos hídricos en el equilibrio entre la oferta y la demanda y teniendo en cuenta el cambio climático y el desarrollo urbanístico y económico. Túnez viene formulando desde 1990 planes nacionales para la movilización de los recursos hídricos. Los objetivos de estos planes han sido movilizar el 95% de los recursos hídricos antes de 2016, ejecutar el Programa Nacional para la Desalinización de Aguas Marinas, mejorar el dominio de las técnicas de desalinización, racionalizar la demanda hídrica, ahorrar en el uso de las aguas de riego y continuar comunicando los embalses para permitir los trasvases de excedentes y el abastecimiento a todos los sectores.

7.Medidas adoptadas para asegurar el acceso universal al agua en cantidadsuficiente y a precios razonables

Túnez suministra agua potable a las zonas rurales a través de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), si se trata de zonas de población concentrada y cercanas a su red de distribución de aguas, y a través de los servicios de la Dirección General de Ingeniería Rural (Direction Générale du Génie Rural), si se trata de zonas de población dispersa y de difícil acceso. En este último caso, el abastecimiento se realiza de forma colectiva y mediante grifos de uso público, o de forma individual si concurren las condiciones técnicas. En las zonas rurales se utilizan las zonas de captación de agua presentes en los ecosistemas hídricos para abastecer colectivamente de agua potable a la comunidad, abrevar el ganado y preservar a los árboles en las épocas de sequía.

Para alcanzar la equidad cuantitativa y cualitativa interregional, Túnez ha seguido una estrategia de compensación que buscaba lograr el equilibrio hídrico entre las regiones con excedente y las secas, especialmente durante las épocas menos lluviosas y en tiempos de sequía. Además, se mezclan las aguas de los diferentes embalses para regular la salinidad.

8.Información sobre el sistema disponible para estudiar la calidad del agua(art. 12)

9.Medidas de educación sobre el uso saludable de las aguas y la protecciónde los recursos hídricos

En 1995 se puso en marcha la Estrategia Nacional para el Ahorro de Agua en todos los sectores agrícolas y no agrícolas. La Estrategia adopta diferentes medidas complementarias de carácter técnico, institucional y económico. Por otro lado, conviene destacar el papel fundamental que desempeñan las zonas de captación de agua en la gestión de los ecosistemas hídricos. En 2012 había en Túnez aproximadamente 2.580 zonas de captación de agua, de las que 1.327 suministraban agua potable. La agricultura de regadío es el sector con mayor consumo de agua (en torno al 80% de los recursos hídricos consumidos), por lo que compite con otros usos, en particular con el agua potable para consumo humano, cuya demanda ha crecido. El Programa Nacional para el Ahorro de Agua ha permitido suministrar equipamientos para el ahorro de agua de riego a aproximadamente el 88% de la superficie regada, de los que más del 45% eran equipos para el riego localizado. Aunque Túnez también utiliza recursos hídricos no convencionales, como las aguas depuradas y las desalinizadas, su uso continúa siendo limitado por la escasa calidad de las aguas tratadas y el alto coste del proceso de desalinización.

10.Derecho a vivienda adecuada

a)Vivienda inadecuada y medidas adoptadas al respecto

Túnez ha ejecutado numerosos programas habitacionales encaminados a asegurar el derecho a la vivienda y luchar contra el fenómeno de la vivienda precaria. Entre estos programas destacan los siguientes.

El Programa Nacional para la Erradicación de las Viviendas Precarias, que se puso en marcha en 1986 y finalizó en 2007, eliminó y sustituyó 94.000 viviendas precarias, el 80% en el medio rural y el 20% restante en el medio urbano.

El Fondo de Solidaridad Nacional se puso en marcha en 1992 y gracias a él se han construido viviendas nuevas para sustituir a las marginales, se han introducido mejoras en el parque de viviendas existente y se han construido zonas residenciales nuevas. Entre 1993 y 2005 se beneficiaron de las actuaciones del Fondo de Solidaridad Nacional unas 63.000 viviendas (43.000 viviendas nuevas construidas y 20.000 mejoras en el parque de viviendas existente).

Entre 1992 y 1996, el Programa Nacional de Rehabilitación de los Barrios Populares permitió dotar de infraestructuras (carreteras, saneamiento, alumbrado público, tratamiento de aguas pluviales y suministro de agua potable) a 222 barrios de 135 municipios, y entre 1997 y 2001 se beneficiaron de sus actuaciones 540.000 personas. Entre 2002 y 2006, sus intervenciones se extendieron a 259 barrios de 224 municipios, y se beneficiaron de ellas 580.000 personas. Entre 2007 y 2012 se rehabilitaron 229 barrios de 190 municipios, de lo que se beneficiaron unas 600.000 personas y 120.000 viviendas.

Entre 2007 y 2009 se beneficiaron del Programa para la Promoción de los Barrios Populares de las Ciudades Grandes 26 barrios distribuidos por 17 municipios y concejos regionales y por 15 provincias. Se estima que se beneficiaron de estas actuaciones 32.286 viviendas y 166.055 personas. La II fase de este programa permitió atender entre 2010 y 2012 a 21 zonas en las que se integraban 56 barrios repartidos por 17 municipios y concejos regionales. De estas actuaciones se beneficiaron unas 200.000 personas que ocupaban unas 40.000 viviendas. Entre otras cosas, se asfaltaron aproximadamente 232 km de carretera, se construyeron 49 km de red de alcantarillado para aguas servidas y 43 km para aguas pluviales, así como se instalaron 4.263 puntos de iluminación.

El Programa para la Mejora y la Inserción de los Barrios Residenciales (2012-2016) está destinado a 119 barrios distribuidos por 62 ayuntamientos y 8 concejos regionales. Estos barrios incluyen 132.000 viviendas habitadas por unos 685.000 habitantes.

La primera fase del Programa Especial para el Hábitat Social se puso en marcha en 2012 y tiene como objetivo eliminar las viviendas precarias y sustituirlas por viviendas nuevas o rehabilitarlas. Las actuaciones previstas permitirán, entre otras cosas, sustituir 9.000 viviendas precarias por viviendas nuevas.

b)Medidas para dar acceso a viviendas dignas sufragadas por el Estado

No está garantizado el acceso universal (sin consideración a los ingresos o a la capacidad para acceder a los recursos económicos) a una vivienda digna cuyo coste pueda ser asumido y cuya tenencia esté asegurada por imperativo legal.

El Estado instituyó el Fondo para la Mejora de la Vivienda para asegurar el acceso a viviendas dignas a los colectivos con ingresos medios o bajos. En el marco del Programa Especial para la Vivienda Social, el Fondo ha proporcionado unas 20.000 viviendas sociales a familias con ingresos bajos.

La Orden núm. 1467/2006, de 30 de mayo, para la regulación de las especificaciones técnicas encaminadas a facilitar la movilidad de las personas con discapacidad en los edificios públicos, en los espacios y equipamientos compartidos, en los complejos de viviendas y en los edificios privados con acceso público, garantiza que las personas con necesidades habitacionales especiales dispongan de viviendas habitables.

El Código de la Planificación del Territorio y del Urbanismo persigue evitar la construcción de viviendas en emplazamientos contaminados o cercanos a fuentes de contaminación que amenacen la salud de sus habitantes, y regula el territorio y su buen uso, la planificación urbanística, la planificación y construcción de las comunidades residenciales y su desarrollo con objeto de cualificar el espacio de residencia y preservar la seguridad y la salud públicas.

Hasta 2011 nunca se habían ejecutado lanzamientos forzosos en Túnez. En esa fecha, al iniciarse la Revolución tunecina, algunas familias ocuparon 965 viviendas que eran propiedad de promotores inmobiliarios públicos. De ellas fueron desalojadas 82 por la fuerza pública. Túnez, para asegurar el derecho del inquilino a permanecer en la vivienda y protegerlo frente al desalojo, ha aprobado la Ley núm. 35/1976, de 18 de febrero, modificada mediante la Ley núm. 122/1993, de 27 de diciembre, por la que se regulan las relaciones entre los propietarios y los inquilinos de locales habilitados como viviendas o para uso profesional o de administración pública.

Artículo 12Salud física y psíquica de la población

1.Política nacional de salud

a)Política nacional para la mejora de la situación sanitaria de toda la población

El Plan Nacional de Salud se centra en los siguientes ejes fundamentales: promover la medicina preventiva, apoyar la salud reproductiva, preservar la seguridad sanitaria, luchar contra las enfermedades no contagiosas y contra las enfermedades crónicas, mejorar el desempeño y la eficiencia de los centros hospitalarios y de los centros de salud, y mejorar las infraestructuras sanitarias. El artículo 38 de la Constitución consagra la salud como un derecho constitucional, en particular el derecho a atención gratuita de las personas sin sostén familiar o con ingresos bajos (art. 38), el derecho al agua (art. 44) y el derecho a un entorno sano y equilibrado (art.45)73. Desde 2012, la Estrategia para la Promoción de los Derechos Humanos se ha centrado en impulsar una reforma de la financiación sanitaria que permita lograr la cobertura sanitaria universal, mejorar la prestación eficiente de los servicios necesarios para todos los tunecinos74 y proteger a la familia tunecina frente a la carga que representan los gastos médicos personales o que puedan resultar de accidentes sobrevenidos.

En relación con la reforma institucional conviene señalar que la mejora de los centros de salud primaria está asociada a la descentralización del sistema sanitario. Con ello se pretende asegurar y garantizar los servicios de salud, acercarlos al ciudadano y aliviar las diferencias interregionales en la prestación de estos servicios. Para ello se ha duplicado el número de centros de atención primaria, de modo que queden cubiertas todas las regiones del país. La labor del Estado se ha centrado en continuar ampliando la cobertura sanitaria de la población75.

Túnez ha prestado especial importancia a la atención sanitaria primaria, y concretamente a la detección precoz de las enfermedades, a los cuidados terapéuticos para los enfermos crónicos y a la promoción de los hábitos saludables. También ha subrayado la importancia de acelerar la reforma de los servicios de atención primaria, y para ello ha brindado apoyo adicional a la medicina de familia, ha mejorado las infraestructuras y los equipamientos con que cuentan los organismos de atención primaria y ha iniciado la reestructuración de los centros de salud y del sistema de vigilancia epidemiológica. Es preciso añadir que la carga de sufragar la cobertura sanitaria gratuita ha afectado negativamente al equilibrio presupuestario de los organismos públicos, lo que se refleja en la calidad de los servicios.

b) Un sistema nacional de atención primaria para toda la población

En primer lugar, Túnez formuló programas nacionales para solucionar progresivamente los problemas sanitarios más urgentes relativos a las enfermedades contagiosas76 y no contagiosas a la vista de la evolución demográfica y epidemiológica y de los recursos disponibles.

En segundo lugar, se procedió a mejorar el acceso a los servicios terapéuticos, para lo cual se ha potenciado el abanico de servicios sanitarios77.

En tercer lugar, Túnez ha fortalecido la capacidad del sistema sanitario y ha llevado a cabo actuaciones de choque para ejecutar el Programa Nacional de Apoyo a los Centros de Salud, la Estrategia para la Calidad de los Servicios de Atención Sanitaria Primaria y la Estrategia para la Inclusión de los Servicios de Salud Maternoinfantil (para más información, sírvanse consultar el cuadro 1: Evolución de los indicadores presupuestarios y de los equipamientos médicos). La escasez de medios humanos y materiales y el no haberse puesto en marcha el sistema de acreditación constituyen los principales retos y dificultades que han obstaculizado el logro de estos objetivos en la práctica.

c)Instalaciones sanitarias preventivas, terapéuticas y de rehabilitación

Túnez ha puesto en marcha un plan experimental para el establecimiento de centros de atención sanitaria primaria de diferentes tipos, y los ha equipado utilizando listas unificadas. Los equipamientos técnicos y hospitalarios, incluidos los grupos electrógenos, los equipos de alta tecnología médica y los sistemas contra incendios, están sujetos a control técnico, seguimiento y mantenimiento periódicos. Los planes de evacuación están actualizados y se trabaja sin cesar para mejorar los servicios técnicos de mantenimiento y el cuidado de los equipamientos y de las instalaciones sanitarias.

Entre los obstáculos que se registran en esta esfera conviene señalar que los equipos no se renuevan y es necesario crear o rehabilitar las infraestructuras hospitalarias cumpliendo las nuevas normas y especificaciones, en particular las relativas al ahorro de energía y a la adecuación de los equipos y de las técnicas de intervención tecnológicamente más sofisticados.

d)Costos de los servicios de atención sanitaria y del seguro sanitario privadoy público

Los organismos sanitarios públicos atienden a los pacientes asegurados con arreglo al régimen de atención que eligieron. Los pacientes no asegurados son atendidos a precios reducidos o de forma completamente gratuita. Téngase en cuenta que la mayoría de los pacientes no asegurados que acuden a los centros sanitarios públicos se acogen al régimen de precios reducidos y, por tanto, solo se les exige un copago simbólico.

En el sector privado es el Servicio de Tarificación de los Actos Profesionales el responsable de fijar las tarifas de los servicios de atención sanitaria que deberán abonar los pacientes no asegurados.

2.Formulación de una política nacional (art. 7)

3.Seguridad y servicios: Seguridad en el trabajo (art. 7)

4.Licencias de productos farmacéuticos y equipamientos médicos, ygarantía de no caducidad

La Farmacia Central de Túnez es responsable de importar los medicamentos y algunos dispositivos médicos y de suministrarlos a los organismos sanitarios públicos. La Farmacia Central de Túnez también colabora en la formulación de la política del Ministerio para los medicamentos de uso humano y animal. La distribución de medicamentos, artículos paramédicos, dispositivos médicos y artículos de parafarmacia está sujeta al sistema de licencias o a los pliegos de condiciones, así como a los mecanismos de control técnico que se aplican al momento de la importación.

5.Medidas de formación destinadas al personal sanitario, en particularformación sanitaria y sobre derechos humanos

Túnez ha revisado su sistema de formación médica para armonizarlo con los criterios internacionales en vigor. Actualmente se proporciona esta formación en 15 escuelas de enfermería repartidas por todo el territorio de la República. Estas escuelas aseguran la impartición de cursos de formación continua a los cuadros paramédicos y a los ayudantes técnicos. Se han reajustado las especialidades que se cursan en las escuelas de enfermería y han quedado como sigue: auxiliar sanitario, auxiliar de asistencia a domicilio, y auxiliar educativo para la primera infancia.

Entre los obstáculos y las dificultades que se experimentan en esta esfera conviene señalar los problemas para que se reconozca la formación del personal de enfermería en el sistema de enseñanza superior, por lo que en algunas especialidades paramédicas (especialmente los ayudantes sanitarios) deben continuar la formación en centros no universitarios; la carencia de información precisa sobre las demandas de capacitación paramédica; la limitada contribución del sector privado a la absorción de los egresados del sistema de formación paramédica y la continua presión sobre el sector público, que no puede absorberlos a todos; el limitado control sobre las instituciones que forman a los paramédicos por falta de medios humanos y materiales, y la escasez de formadores y de recursos humanos especializados al servicio de la formación.

6.Mejora de la salud infantil y de la atención a la salud materna

El Ministerio de Salud ha continuado consolidando la política del Estado para la salud reproductiva, y para ello ha proporcionado atención adicional a la salud maternoinfantil, ha promovido la prevención y la detección precoz de la discapacidad, y ha elaborado, revisado y actualizado los programas nacionales en la materia. Túnez, por otro lado, ha elaborado un plan de intervención para las provincias cuyos indicadores de salud maternoinfantil continúan por debajo del nivel deseado. Aproximadamente el 90% de los centros de atención primaria incluyen entre sus servicios la salud reproductiva. También se ha reforzado el Programa Nacional de Vacunaciones con objeto de superar la cobertura actual entre los niños menores de 2 años (97%).

La prestación de servicios médicos gratuitos y su generalización a todos los colectivos sociales y a todas las regiones explican los éxitos cosechados por el Programa Nacional de Salud Reproductiva.

7.Prevención y tratamiento de las enfermedades relacionadas con el agua

El Ministerio de Salud ha prestado gran importancia, en particular, a la prevención de las enfermedades relacionadas con el agua. Ha procurado preservar los avances alcanzados en la prevención del cólera y de la esquistosomiasis, la disminución de la prevalencia de la fiebre tifoidea y de la hepatitis A, el tratamiento de los casos diagnosticados de esquistosomiasis contraída en el extranjero, y la lucha contra los brotes de hepatitis A, para lo cual ha adoptado medidas de educación para la salud y se ha coordinado con los demás sectores.

Los servicios de salud y protección del entorno centrales y regionales se ocupan de asegurar el control sanitario de la calidad del agua potable en las regiones urbanas y rurales, y el cumplimiento de los estándares y de la normativa en vigor. Estos servicios también garantizan el uso agrícola de las aguas residuales, que son sometidas a controles para salvaguardar la calidad de los productos agrícolas y la salud del consumidor. Con todo, pese a los esfuerzos realizados, el control sanitario del agua potable no está a la altura de lo deseado. Es necesario fortalecer la capacitación técnica del personal responsable de gestionar los riesgos sanitarios relacionados con el agua no potable.

8.Ejecución y refuerzo de los programas de vacunación y de lasestrategias para el control de las enfermedades transmisibles

El Ministerio de Sanidad ha continuado reforzando los programas de vacunación contra las seis enfermedades contempladas en el Programa Mundial de Vacunas. La cobertura vacunal nacional supera el 95%. El Estado realiza el control epidemiológico de las enfermedades seleccionadas a través del Programa Nacional de Vacunaciones. En 2012, Túnez puso en marcha el Programa Nacional Contra Todos los Tipos de Hepatitis C y reforzó los ejes estratégicos para la lucha contra esa enfermedad. También se ha reforzado el control de las infecciones agudas y severas de las vías respiratorias en el marco del sistema de vigilancia de la gripe, y las medidas para luchar contra la leucemia y para vigilar las enfermedades que podrían convertirse en pandemias, las enfermedades importadas (como la malaria), la esquistosomiasis, la fiebre hemorrágica y las enfermedades de transmisión sexual (como el sida).

La escasez de recursos y la falta de accesibilidad o el elevado precio de las vacunas y de los nuevos medicamentos continúan obstaculizando la inclusión de las vacunas nuevas contra la hepatitis C en la cobertura de inmunización. Sería posible acceder a las vacunas que tienen un precio elevado forjando estrategias de adquisición con los Estados vecinos.

9.Prevención de la drogadicción, del tabaquismo y del uso de sustanciasprohibidas o dañinas

La Ley núm. 17/1998, de 23 de febrero, regula la prevención de los efectos nocivos del consumo de tabaco en los lugares públicos restringidos. La Ley núm.52/1992 prohíbe la tenencia, el consumo y la distribución de sustancias estupefacientes, y obliga a los propietarios de las cafeterías, los restaurantes y otros establecimientos públicos a reservar espacios para los no fumadores. Aunque Túnez dispone de legislación adecuada y de organismos que atienden a las personas drogadictas o alcohólicas, las medidas contra la drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo siguen siendo limitadas, no se dispone de información sobre la situación epidemiológica real de las conductas adictivas, son escasas las estructuras hospitalarias específicas para personas drogadictas y alcohólicas, y el país no dispone de centros de ayuda para la desintoxicación y la reinserción.

Para superar estas deficiencias, se está trabajando actualmente para revisar la legislación en la materia, adoptando un enfoque preventivo y educativo para proteger a la sociedad de la lacra de las drogas, frente al mero endurecimiento de las penas contra los distribuidores o contrabandistas de sustancias estupefacientes. Además, se ha reforzado la vigilancia de la utilización de medicamentos prohibidos y otras sustancias dañinas para la salud, como el tabaco, y se trabaja actualmente para revisar la Ley núm. 17/1998, de 23 de febrero, relativa a la prevención de los daños del tabaquismo, a fin de hacerla más conforme con las disposiciones del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

10.Prevención del sida y de otras enfermedades de transmisión sexual

Túnez ha establecido centros de orientación y de detección anónima y gratuita del sida. Actualmente se dispone de 25 de estos centros. A ellos se suman los planes nacionales para el control y la prevención, la atención a los posibles casos, la capacitación de los profesionales y la orientación de la conducta del ciudadano. Pese a los esfuerzos realizados, continúa el temor a que la estigmatización y la discriminación impidan que se pueda conocer y acceder al colectivo de destino de estos programas. Según datos de 2013, el 22% de los afectados no desvela por qué vía se contagió.

11.Garantizar la asequibilidad de los medicamentos esenciales, según losdefine la Organización Mundial de la Salud

Túnez ha velado por el suministro de medicamentos a los centros sanitarios. También ha promovido cuantitativa y cualitativamente la industria farmacéutica, lo que permitirá ampliar la cobertura de la demanda nacional de medicamentos. Los tratamientos antirretrovíricos son gratuitos para todos los tunecinos que padecen sida. Estos tratamientos están disponibles en cuatro centros de atención y se dispensan con arreglo a las recomendaciones internacionales. Debido a su elevado precio, en particular el de los antiretrovíricos de tercera línea, la gratuidad solo se aplica a los tunecinos. Por otro lado, las partidas presupuestarias reservadas para la provisión de tratamientos para las patologías crónicas en los centros de atención primaria solo cubren el 50% de la demanda. Téngase en cuenta que el 80% del presupuesto de los complejos de asistencia sanitaria básica están reservados a la adquisición de tratamientos para patologías crónicas y para satisfacer la demanda de las personas que las padecen, cada año más numerosas, cuyo seguimiento se realiza en el nivel de atención primaria. Conviene recordar que a los enfermos crónicos se les suministra gratuitamente cada 15 días la medicación prescrita por los centros de atención primaria.

12.Asegurar el tratamiento y atención adecuados de los enfermos mentalesen centros psiquiátricos

La Ley núm. 83/1992, de 3 de agosto de 1992, regula la atención de salud mental y el internamiento hospitalario por trastornos mentales. Esta Ley fue modificada y completada mediante la Ley núm. 40/2004 con objeto de poner al día los sistemas de atención y tratamiento y superar algunas dificultades y deficiencias, en particular las relacionadas con el internamiento obligatorio, cuyo coste es asumido por el Estado (incluyendo tanto el de tratamiento como el de internamiento). En 2008 se estableció la Unidad de Gestión por Objetivos con vistas a ejecutar el proyecto de promoción de la salud mental.

13.Gratuidad de los tratamientos y de la medicación (art. 9)

Los servicios de salud mental se organizan siguiendo la división territorial para conciliar los recursos sanitarios compartidos, reforzar la relación de los servicios de atención primaria y especializada, y crear un sistema permanente de consulta a expertos, orientación y formación. Según datos de 2013, Túnez dispone de 287 psiquiatras, 32 de ellos especialistas en psiquiatría infantil. La sanidad pública dispone de 1.004 camas para enfermos mentales. En algunas regiones, el diagnóstico de los pacientes de salud mental lo realizan los médicos de familia.

No obstante, se ha podido comprobar que la aprobación de los regímenes de internamiento voluntario e involuntario puede generar solapamientos en el procedimiento de atención a los pacientes; que los equipos médicos y los pacientes pueden encontrar problemas de desplazamiento cuando las regiones están conformadas por una unidad territorial muy extensa, y que existen grandes variaciones interregionales en relación con el número de médicos y de camas por habitante (aunque, en cualquier caso, la disponibilidad de psiquiatras sigue siendo relativamente baja, concretamente 2,63 por cada 100.000 habitantes). También se registran variaciones en la distribución de psiquiatras por centro, ya que la mayoría ejerce en los situados en las regiones costeras. Por último, en todo el país hay solo 32 especialistas en psiquiatría infantil y no se dispone de pabellones específicos para adolescentes, por lo que si el paciente ha cumplido 15 años es internado junto a los adultos.

Artículo 13 Derecho de todas las personas a la educación

1.Obligatoriedad de la educación en Túnez

Según el artículo 1 de la Ley de Orientación sobre la Educación, “la educación es una prioridad nacional absoluta. La enseñanza es obligatoria de los 6 a los 16 años. La educación es un derecho fundamental reconocido a todos los tunecinos sin discriminación alguna por motivos de sexo, origen social, color o religión. Se trata de un deber en cuyo cumplimiento participan los individuos y la comunidad”.

Desde que accedió a la independencia, el Estado tunecino ha consagrado la obligatoriedad de la educación. El artículo 39 de la Constitución de 17 de enero de 2014 afirma este derecho como sigue: “La educación es obligatoria hasta los 16 años. El Estado garantiza el derecho a la educación pública gratuita en todas las etapas del sistema educativo y la disponibilidad de los recursos necesarios para lograr la excelencia en la educación y la formación profesional. El Estado consolida la identidad árabe e islámica y la pertenencia nacional de las jóvenes generaciones, fortalece la lengua árabe y generaliza su uso al tiempo que promueve la apertura a las lenguas extranjeras y a todas las civilizaciones, y difunde la cultura de los derechos humanos”.

2.Función de la educación en la orientación hacia el pleno desarrollode la personalidad humana, del sentido de su dignidad y delrespeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales

Según el artículo 3 de la Ley de Orientación para la Educación Preescolar y Escolar (2002), “la educación persigue fomentar en el alumno la fidelidad a Túnez, inculcarle el amor a la patria y el orgullo de ser tunecino, hacerlo consciente de la identidad nacional, avivar su sentimiento de pertenencia cultural en las dimensiones nacional, magrebí, árabe, islámica, africana y mediterránea, y consolidar su apertura a las distintas culturas del mundo. La educación tiene también como objetivo inculcar en el alumno valores universalmente aceptados por los tunecinos y basados en la apreciación de la ciencia, el trabajo, la solidaridad, la tolerancia y la justicia, para lograr una sociedad enraizada en los elementos que conforman su personalidad cultural y, al tiempo, abierta a la modernidad; una sociedad inspirada en los más altos valores humanos y en los principios universales de la libertad, la democracia, la justicia social y los derechos humanos”. Túnez ha procurado basar la educación en los derechos humanos, y que ello quede patente en los planes de estudio, en los programas escolares, en la vida estudiantil y en todas sus actividades.

3.Medidas concretas adoptadas por el Estado para lograr la gratuidady la obligatoriedad de la educación primaria

Según el artículo 39, párrafo 2, de la Constitución, “el Estado garantiza el derecho a la educación pública gratuita en todas las etapas del sistema educativo”. La educación pública, en todas sus etapas (primaria y secundaria), es gratuita en Túnez. Las tasas escolares son solo una cantidad simbólica que las familias se encargan de abonar. Los padres o tutores sufragan, entre otros gastos escolares, el coste de libros, material y transporte, aunque las familias necesitadas disponen de becas escolares. Túnez, por otro lado, ha reforzado los mecanismos para la asistencia a las familias pobres y con bajos ingresos en el deseo de promover la igualdad de oportunidades y la equidad entre las clases sociales, en particular en relación con la educación, que constituye un derecho fundamental y un medio para erradicar la pobreza. Túnez ha adoptado numerosas medidas encaminadas a ayudar a los alumnos de primaria y secundaria a hacer frente a los gastos generados por sus estudios, reducir el fenómeno de la deserción escolar y aliviar esta carga económica a los hijos de las familias pobres. A tal fin se han asignado ayudas para el inicio del curso universitario, se han duplicado los fondos para comedores escolares, se han otorgado más de 41.000 becas y se han proporcionado servicios gratuitos de jardín de infancia a los hijos de las familias pobres.

Túnez ha asignado fondos para el capítulo de acción social escolar que han permitido reforzar la atención a los alumnos de primaria y secundaria, en particular a los que se encuentran en riesgo de sufrir inadaptación escolar o de abandonar el sistema educativo debido a las dificultades económicas por las que atraviesan sus familias.

El Estado garantiza la existencia de servicios de transporte escolar y universitario gracias a las empresas de transporte público de personas, que posibilitan el traslado de los alumnos de primera y secundaria, y gracias al Programa de Transporte Escolar Rural, que facilita los desplazamientos de ida y vuelta de los alumnos de primaria entre las zonas abruptas y los lugares de estudio.

4.Disponibilidad de la enseñanza técnica y profesional y medios paraque los estudiantes puedan adquirir conocimiento y aptitudes

En los últimos años se han adoptado numerosas medidas para potenciar la enseñanza técnica. Estas medidas se han centrado en desarrollar las capacidades y aptitudes ya presentes en los alumnos para promover la adquisición de una capacitación profesional y técnica. Túnez estableció las escuelas de formación técnica en 1992, y en el curso 2000/01 se convirtieron en centros profesionales. Seguidamente, en el curso 2007/08, se puso en marcha la educación preparatoria técnica.

En esta etapa, el alumno recibe formación técnica aplicada que lo capacita en alguno de los principales ramos profesionales (industria, construcción y servicios), además de formación en lenguas, ciencias y ciencias sociales. La formación profesional básica tiene tres modalidades: formación residencial, formación a través de acuerdos de prácticas con empresas y formación ad hoc.

5.Medidas concretas adoptadas para lograr la gratuidad de la enseñanza superior y su accesibilidad en pie de igualdad, sin discriminación y según la capacidad

Según el artículo 6 de la Ley núm. 19/2008, de 25 de febrero, de la Educación Superior, “podrán inscribirse en el ciclo de educación superior los titulares del certificado de estudios secundarios, o de una certificación extranjera convalidable, según criterios de capacidad y sin discriminación”.

El artículo 7 de la Ley citada continúa: “La educación superior pública es gratuita. Las instituciones de educación superior y de investigación están autorizadas a aplicar a los alumnos tasas de matrícula en las condiciones que regulará una orden ministerial”. En aplicación de esta norma, el artículo 2 (nuevo) de la Orden núm. 1419/1995, de 31 de julio, por la que se regula la contribución económica de los alumnos a la vida universitaria, modificada y completada con la Orden núm. 1359/1997, de 14 de julio, dispone lo siguiente: “La contribución económica del alumnado a la vida universitaria en relación con las tasas de matriculación, biblioteca, exámenes, control médico y actividades pedagógicas, culturales y deportivas, se determinará considerando la etapa de estudio y la especialidad”.

6.Medidas adoptadas para promover la alfabetización, la educaciónde adultos y la educación continua

A partir de 2000, el Programa Nacional de Enseñanza de Adultos se centró en Túnez en aplicar el principio de educación para todos y el principio de derecho al aprendizaje a lo largo de la vida, y para ello ha proporcionado formación profesional a colectivos cuyas circunstancias los privaron de la posibilidad de educarse o dejaron pronto de estudiar y cayeron en el analfabetismo. Esta formación profesional ha estado acompañada de una formación cultural complementaria impartida en forma de lecciones de comunicación social, en las que se abordan cuestiones relacionadas con la familia, la educación, la salud, la ciudadanía, el diálogo y el medio ambiente. La Dirección de Alfabetización y de Educación de Adultos hace un seguimiento de las circunstancias sociales de los estudiantes, los atiende y les ofrece incentivos especiales, entre otros, ayudas en metálico y en especie para los alumnos necesitados o en situación de extrema pobreza (para más información, sírvanse consultar el cuadro1: Programa de Alfabetización).La Dirección de Alfabetización y de Educación de Adultos también se interesa por la situación de la mujer y, para hacer efectivo el principio de igualdad con el hombre, contribuye a impulsar su función en la familia y la sociedad mediante medidas de toma de conciencia. Además, proporciona a los estudiantes jóvenes formación sobre habilidades básicas y, cuando es necesario, medios de trabajo en proyectos de subsistencia.

Túnez ha establecido centros para educar a los trabajadores analfabetos en el lugar de trabajo, lo que les permite mejorar su rendimiento laboral, les abre perspectivas de ascenso y mejora su situación económica.

Se ha registrado una mejora notable de los indicadores de analfabetismo. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de analfabetismo evolucionó entre 1999 y 2011-2012 como sigue:

Entre 1999 y 2012, la tasa de analfabetismo de las personas de 10 o más años de edad descendió del 27% al 18,1%;

En el mismo período, la tasa de analfabetismo femenino descendió del 36,3% al 25,5%;

Entre 1999 y 2011, la tasa de analfabetismo en el medio rural descendió del 40,8% al 29,9%;

En el mismo período, la tasa de analfabetismo femenino en el medio rural descendió del 53,2% al 40,1%;

Entre 1999 y 2011, el analfabetismo de los jóvenes de entre 15 y 29 años descendió del 9,1% al 3,2%;

En 1999 había 2.050.361 analfabetos de 10 o más años de edad en el país; en 2012 dicha cifra había descendido hasta los 1.640.146.

7.Medidas adoptadas para reducir las tasas de deserción escolaren la educación primaria y en la secundaria

El Decreto compartido del Ministerio de Educación y del Ministerio de Asuntos Sociales núm. 06, de 19 de abril de 2010, relativo a la atención al alumno desertor, tiene como objetivo cumplir el principio de obligatoriedad y gratuidad de la educación. Este Decreto permite notificar de forma inmediata y automática los casos de deserción escolar que se produzcan en los centros educativos a la Sección de Trabajo Social Escolar o a la Unidad Local para la Promoción Social, que se ocuparán de adoptar oportunamente las medidas necesarias. Entre las medidas adoptadas para reducir el fenómeno del absentismo escolar destacan las siguientes:

Se han generalizado de forma progresiva las aulas preparatorias;

Se ha proporcionado apoyo a los alumnos con riesgo de fracaso escolar y se ha integrado el coste de este apoyo en el presupuesto ordinario para el profesorado;

Se ha reducido el número de alumnos por aula en los centros de educación primaria con calificaciones inferiores a la media nacional;

Se ha suministrado equipamiento educativo y pedagógico;

Se ha ampliado la red de oficinas de atención en los centros de educación preparatoria y secundaria;

Se han establecido comisiones locales encargadas de hacer un seguimiento de los niños no escolarizados de entre 6 y 16 años.

En las zonas de interés prioritario se han retirado los privilegios del transporte escolar frente al transporte rural;

Se ha aumentado el número de dependencias de trabajo social y se han reforzado sus competencias;

Se han adoptado medidas para estabilizar al profesorado en las zonas que registran tasas de fracaso escolar superiores a la media nacional;

Se ha apoyado la formación continua del profesorado y se le han concedido incentivos;

Se ha mejorado el índice de cobertura pedagógica y se han intensificado las medidas de seguimiento y de evaluación;

Se han realizado estudios diagnósticos sobre las causas del fracaso escolar;

Se han realizado los preparativos para la formulación del plan nacional renovado contra el fracaso escolar y para la generalización progresiva de las aulas preparatorias;

Se ha proporcionado apoyo a los alumnos con riesgo de fracaso escolar, y se ha integrado el coste de este apoyo en el presupuesto ordinario para el profesorado.

Artículo 14Obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria

(Art. 13)

Artículo 15Participación en la vida cultural, goce de los beneficiosdel progreso científico y garantía del efectivo ejerciciode este derecho

Túnez ha procurado lograr el equilibrio entre los derechos económicos y sociales y los derechos culturales, y para ello ha fortalecido los principios de derecho a la cultura y a la libertad de pensamiento y expresión, la descentralización cultural y la protección de los derechos de la propiedad literaria y artística, así como ha favorecido la posición del creador y ha protegido el patrimonio cultural nacional, le ha prestado la debida estima y lo ha desarrollado.

Túnez ha promovido que el sector privado contribuya al esfuerzo del Estado en esta esfera. Para ello ha dado a los particulares y a las empresas la posibilidad de patrocinar las instituciones, los proyectos y las obras de naturaleza cultural mediante el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades, lo que permite crear una dinámica nueva en la escena cultural y proteger el patrimonio nacional.

1.Información sobre, entre otras cosas, las instituciones culturales fundamentales,los festivales, los teatros, los museos y las bibliotecas públicas, y medidasadoptadas para promover la participación en las actividades e instituciones culturales

a)Formas de acceso a los centros de actividades culturales a preciosrazonables para todos los grupos de población

Para promover la descentralización cultural, Túnez ha revisado el marco jurídico regulador de los organismos públicos para la labor cultural78, esto es, los centros y los complejos culturales, los centros de arte dramático y artes escénicas, las casas de la cultura, los conservatorios públicos de música y danza, y las bibliotecas públicas. También se ha establecido una comisión consultiva para la cultura en las regiones integrada por representantes de los organismos competentes79. Entre estos organismos destacan los centros públicos para la labor cultural80, los museos, las casa de la juventud y los festivales (para más información, sírvanse consultar el anexo 1: Gráfico sobre la distribución geográfica de los centros y de los complejos culturales, y el anexo 2: Cuadro sobre las actividades de las casas de la juventud).

b)Tarifas reducidas para estudiantes y para ciertos colectivos

Los estudiantes disfrutan de tarifas reducidas en las representaciones artísticas que tengan lugar en los teatros, en las casas de la cultura y en otros organismos públicos para la labor cultural. En 2012 se aprobó que la entrada a los eventos citados sea gratuita para todos los estudiantes tunecinos81.

Se ha aplicado un descuento del 50% en la entrada a las personas de edad en consideración a la atención especial que el Estado les dispensa. La ley también consagra la gratuidad de acceso de las personas con discapacidad a museos, monumentos históricos, estadios y espacios deportivos y de esparcimiento.

c)Eliminación de los obstáculos que impiden el acceso de las personascon discapacidad a la participación plena en la vida cultural

El Estado ha trabajado para eliminar los obstáculos que impiden a las personas con discapacidad ejercer su derecho a participar en las actividades culturales. También se ha promovido e intensificado la animación cultural destinada a las personas con discapacidad82. La Unión Nacional de Ciegos solicitó al Estado que aprobara medidas excepcionales de promoción destinadas a los creadores con discapacidad. Por otro lado, se han otorgado estímulos y facilidades que propician la práctica de las actividades culturales a las personas con discapacidad83.

2.Medidas adoptadas para proteger, celebrar y preservar el patrimonioy el atuendo tradicional

El Estado concede gran importancia al patrimonio cultural, lo protege y lo valoriza. Túnez ha ratificado los convenios internacionales relacionados con el patrimonio84. El Código del Patrimonio Arqueológico e Histórico y de las Artes Tradicionales85 establece mecanismos para la tutela de estos bienes y prevé sanciones para los que los dañen. En 2011 se agravaron las penas previstas para los que expolien o roben los restos arqueológicos y los bienes de carácter histórico, científico, artístico o tradicional86.

El Festival Anual del Patrimonio se celebra entre los días 18 de abril y 18 de mayo, y cada año se elige un eje de trabajo nacional relacionado con el patrimonio material o inmaterial, y se organizan desfiles con atuendos tradicionales.

Para proteger el patrimonio, entre otras medidas, se publica en colaboración con las asociaciones que trabajan en esta esfera un informe sobre las agresiones sufridas por las distintas regiones del país, y se ha establecido la Comisión Nacional para el Patrimonio Cultural Inmaterial. Entre otras actividades celebradas en el marco del Proyecto para la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial a través del Fortalecimiento de la Capacidad Nacional en Túnez, en 2014 se organizó un taller de formación en el que se abordó la aplicación a nivel nacional del convenio para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, y otro taller sobre la elaboración de la normativa reguladora del inventario del patrimonio cultural inmaterial.

3.Empleo de los beneficios que reporta el progreso científico, técnico ytecnológico a un coste razonable y sin perjuicio de la dignidad yde los derechos humanos

a)Medidas adoptadas para asegurar, a un coste razonable, el acceso de laspersonas y de las comunidades desfavorecidas y marginadas a losbeneficios que reporta el uso del progreso científico y técnico

La legislación sobre comunicaciones87 consagra el derecho de todo ciudadano al goce de los servicios relacionados con las tecnologías de la información y de la comunicación. A tal efecto se han supervisado programas públicos encaminados a ampliar la cobertura de la red pública de telecomunicaciones, de modo que cubra todas las regiones del país, en particular las menos desarrolladas. El Estado contribuye a financiar los proyectos relacionados con el Programa de Servicios Integrales de Telecomunicaciones, lo que permite que los servicios de telefonía y de Internet estén disponibles para todos los solicitantes y a precios razonables.

Las personas con discapacidad disfrutan de una reducción del 50% en la tarifa de Internet. Las tecnologías modernas de la comunicación se han puesto al servicio de las personas con discapacidad a través de un programa especial que permite, primero, proporcionar apoyo pedagógico a los niños con discapacidad escolarizados y, segundo, brindar servicios a distancia a las personas con discapacidad. También se han comenzado a poner en marcha los sitios web de gestión administrativa y se ha animado a las asociaciones que lo deseen a que creen sitios web al servicio de las personas con discapacidad.

b)Medidas adoptadas para impedir la utilización de los progresos científicosy técnicos con fines contrarios al disfrute de la dignidad humanay los derechos humanos

Según el artículo 26 del Código de las Telecomunicaciones, “el titular de la licencia: —se comprometerá a cumplir las condiciones de secreto y neutralidad de las señales transmitidas—; respetará las convenciones y los tratados internacionales ratificados por el Estado tunecino”. La Orden núm. 3026/2008, de 15 de septiembre, define las condiciones generales para el uso de las redes públicas de telecomunicaciones y las redes de acceso. El artículo 6 de esta Orden regula la confidencialidad y la neutralidad de las comunicaciones transmitidas, el tratamiento de los datos de carácter personal y la confidencialidad de la información almacenada. Estos compromisos se incluyen en los convenios de licencia y en las autorizaciones que el Ministerio concede a los agentes del mercado de las telecomunicaciones, salvaguardando con ello la libertad personal de los usuarios de las redes de telecomunicaciones, salvo en lo que decrete y autorice el poder judicial. Los operadores de telecomunicaciones adoptan las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información almacenada sobre la navegación de los abonados, los usuarios visitantes y los navegantes, en particular la información personal, y se asegura de que la información transmitida o almacenada no se desvele a terceros sin la autorización del usuario.

4.Medidas para la protección eficaz de los intereses materiales y moralesde los creadores

a)Protección de los derechos de los autores en el reconocimiento desu calidad de creadores, y protección de sus produccionescientíficas, literarias y artísticas

El Estado ha formulado un marco legislativo y normativo completo para proteger los derechos de los creadores. En relación con la protección de la propiedad industrial y de los derechos de los creadores y de los autores de invenciones industriales conviene señalar la promulgación de la Ley de Patentes y Marcas Industriales, Comerciales y de Servicios, y de Protección de los Dibujos y los Modelos Industriales88. La Ley núm. 33/2009, de 23 de junio, permitió ampliar la tutela jurídica dispensada a la propiedad literaria y artística para incluir, junto a los derechos del autor, otros derechos conexos. Esta Ley permitió también agravar las sanciones penales previstas para los atentados contra esos derechos y fortalecer las medidas precautorias y de carácter excepcional para evitar la comisión de tales delitos. El Fondo de Promoción de la Creatividad Literaria y Artística89 se estableció con el objetivo de respaldar a los creadores y de proporcionarles un entorno propicio para la labor creativa. Parte de los recursos de este fondo se han destinado específicamente a promover las obras culturales, artísticas e intelectuales, a la formación de los artistas y a la promoción de conciertos en directo. Túnez también ha ratificado diferentes convenios internacionales sobre estas cuestiones90. Tras la Revolución del 14 de enero de 2014 se promulgaron varios decretos que afirman esta protección91.

b)Protección de los intereses materiales básicos de los autores que les permitan mantener un nivel de vida adecuado (art. 9, párr. 116)

5.Disposiciones legislativas encaminadas a proteger la libertad y laactividad creativa y a restringir el ejercicio de la libertad

La Comisión para la Selección de las Obras Teatrales y Escénicas, Profesionales y de Aficionados, Propuestas para su Distribución en los Espacios Culturales se instituyó mediante la Orden núm. 3086/2012, de 4 de diciembre. Esta comisión se ocupa de evaluar las obras artísticas con criterios objetivos y de valorar, sin ninguna otra consideración, el valor artístico de su exhibición. La comisión selecciona la obra artística que se distribuirá por los espacios culturales.

El Decreto núm. 80/2011, de 23 de agosto de 2011, por el que se establecen empresas privadas para ciertas actividades culturales, abolió la autorización exigida para crear empresas privadas de producción cinematográfica y televisiva y empresas privadas de importación y distribución de películas de cine y televisión, y sustituyó esa autorización por un pliego de condiciones que es ratificado por resolución del Ministro de Cultura.

6.Medidas adoptadas para la conservación, el desarrollo y la difusiónde la ciencia y de la cultura, y para promover la cooperacióninternacional en esta esfera (art. 2)