Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Sexto informe periódico que Rumania debía presentar en 2019 en virtud de losartículos 16 y 17 del Pacto *

[Fecha de recepción: 11 de diciembre de 2020]

I.Observaciones introductorias

1.En sus observaciones finales de 2014, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (en adelante, “el Comité”) pidió a Rumania que presentara su sexto informe periódico a más tardar a finales de 2019. En consecuencia, dado el pequeño retraso en su presentación, este informe nacional abarca el período comprendido entre 2014 y 2019. Como el documento básico común de Rumania está examinándose, el presente informe se divide en dos partes, a saber:

La parte I (“Información general”) contiene información sobre el marco legal y las políticas en los ámbitos que abarca el Pacto.

La parte II (“Progresos realizados en la aplicación del Pacto”) contiene las respuestas a las recomendaciones formuladas por el Comité en sus observaciones finales de 2014.

2.La información seleccionada y compilada por los expertos del Ministerio de Trabajo y Protección Social en coordinación con los del Ministerio de Relaciones Exteriores había sido suministrada por las diversas instituciones rumanas, como se indica en las secciones que figuran a continuación. El informe se sometió a debate público antes de ser aprobado por el Gobierno de Rumania.

II.Información general

3.En esta parte se destacan únicamente las modificaciones introducidas en la legislación después del período que abarcó el último informe presentado, en el que se describió detalladamente el marco constitucional y legislativo.

4.El 23 de diciembre de 2011 entró en vigor la nueva Ley de Asistencia Social, por la que se reformó el sistema nacional de asistencia social con sus dos componentes, a saber, las prestaciones de asistencia social y los servicios sociales.

5.Entre los valores y principios generales que fundamentan este sistema figuran el respeto de la dignidad humana, el derecho a elegir libremente el proveedor de servicios, el respeto del derecho a la libre determinación, la participación de los beneficiarios, la proximidad y la igualdad de oportunidades.

6.Pueden acceder a los servicios sociales:

Los ciudadanos rumanos que residen en el territorio de Rumania.

Los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, así como los ciudadanos de la Confederación Suiza.

Los extranjeros y los apátridas que tienen su domicilio o residencia en Rumania.

7.Posteriormente se modificaron 15 instrumentos legislativos para revisar el importe de la mayoría de las prestaciones de asistencia social a fin de garantizar un nivel de vida adecuado a los beneficiarios y sus familiares.

8.Durante el período de referencia se modificó y complementó varias veces la legislación en materia de seguro de desempleo y fomento del empleo para flexibilizarla a fin de poder aplicar medidas activas y aumentar su atractivo para los empleadores y los solicitantes de empleo.

9.Las modificaciones también tenían por finalidad mejorar el procedimiento de concesión de las prestaciones de desempleo determinando de manera clara y exhaustiva las categorías de personas desempleadas que podían estar aseguradas en el sistema de seguro de desempleo, tanto con carácter obligatorio como optativo, así como mejorar los servicios prestados a las personas que buscaban empleo.

10.La Ley de Educación Nacional núm. 1/2011, por la que se derogó la Ley de Educación anterior, detalla el ejercicio de los derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales, en particular el derecho a preservar, desarrollar y expresar su identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa. Por consiguiente, toda una sección de la Ley está dedicada a la educación de esas personas y estipula el derecho a estudiar en su lengua materna en todos los niveles y formas de educación, las modalidades de apoyo a los alumnos y la representación proporcional de las personas pertenecientes a una minoría nacional en las estructuras de administración de la educación.

11.Mediante varias modificaciones legislativas introducidas al Decreto Gubernamental de Urgencia núm. 137/2000, sobre la prevención y sanción de todas las formas de discriminación, se eliminaron todas las referencias a posibles excepciones en la definición de los actos ilícitos de discriminación y se instituyó la presunción relativa en el caso de la persona que alegue hechos que permitan suponer que ha tenido lugar un acto de discriminación.

12.El Decreto Gubernamental de Urgencia núm. 18/2017, sobre la asistencia médica comunitaria, representa un hito importante en los esfuerzos destinados a garantizar a las personas desfavorecidas, como las pertenecientes a la minoría romaní, el acceso a una atención sanitaria básica y unos servicios comunitarios integrados. Además, el Decreto regula, con fuerza de ley, la asistencia médica comunitaria (mediante enfermeras comunitarias, mediadores sanitarios y parteras) y los servicios sociales básicos (mediante trabajadores sociales). También introduce el concepto de centros comunitarios integrados. Estos centros se financian por conducto del Programa Operativo Regional 2014-2020 con carácter de complemento del proyecto relativo a los servicios comunitarios integrados, que se financia por medio del Programa Operativo de Capital Humano 2014-2020.

13.La Ley núm. 9/2018 introdujo una nueva esfera de actividad de la Defensoría del Pueblo, a saber, la del Defensor de la Infancia, coordinada por un Defensor del Pueblo Adjunto. El Defensor de la Infancia se dedica a promover y proteger los derechos de los niños menores de 18 años y a apoyar y fomentar el respeto y la promoción de los derechos del niño.

14.En 2015, el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional de Inclusión Social y Reducción de la Pobreza 2015-2020 (en adelante “Estrategia contra la Pobreza 2015-2020”), a raíz de un estudio de referencia elaborado con el apoyo del BIRF y el Banco Mundial, en asociación con el Ministerio de Trabajo y Protección Social. El actual documento estratégico se basa en las anteriores iniciativas en materia de inclusión social, a saber, el Programa Nacional de Lucha contra la Pobreza y la promoción de la inclusión social.

15.En la Estrategia se establecieron estas nueve esferas fundamentales de intervención (concebidas como un paquete de medidas e iniciativas destinadas a combatir una de las causas que crean o mantienen la pobreza): empleo, transferencias sociales, servicios sociales, educación, salud, vivienda, participación social, políticas territoriales y aumento de la capacidad para promover la reducción de la pobreza y la inclusión social. Nueve componentes de esas esferas de intervención se consideraron iniciativas prioritarias para el período 2015-2017.

16.En un primer informe resumido en que se evalúan los progresos realizados en la aplicación de las medidas de la Estrategia se analiza una selección de datos recolectados para extraer conclusiones generales sobre la situación y los progresos realizados a nivel sectorial, a saber:

Tanto la tasa de actividad como la de empleo aumentaron desde 2015, y en 2018 alcanzaron el 67,8 % y el 64,8 % respectivamente.

En el sector de los servicios sociales se elaboró un instrumento para individualizar las aldeas pobres y las comunidades rurales marginadas (Atlas of Rural Marginalized Areas and of Local Human Development in Romania, Banco Mundial, 2016).

Durante el período analizado pueden observarse las actividades llevadas a cabo para aumentar la equidad en materia de salud y la protección financiera. El número de personas por cada médico de familia o médico general aumentó de 1.607 en 2015 a 1.619 en 2018.

En el ámbito de las políticas territoriales, los objetivos generales de la Estrategia se centran en la reducción de las disparidades por zona de residencia o región y en el aumento de la calidad de vida en las zonas rurales y las zonas urbanas pequeñas.

Además, el Ministerio de Trabajo y Protección Social, junto con la Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos (SNSPA), en un proyecto financiado por el FSE titulado “Inclusión e Igualdad de Oportunidades Post 2020”, ha elaborado un nuevo estudio de referencia y un nuevo proyecto de estrategia de inclusión social y reducción de la pobreza para el período 2021-2027 y el correspondiente plan de acción.

17.A fin de apoyar el marco legislativo e institucional para aumentar la tasa de empleo, el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional de Empleo 2014-2020.

18.Este documento se basaba en un enfoque integrado de las políticas pertinentes, desde el punto de vista tanto del desarrollo de la demanda como de la gestión de la oferta en el mercado de trabajo. Las medidas previstas para aplicar la Estrategia en el período 2014-2020 se agruparon en torno a cuatro objetivos específicos, a saber, aumentar el empleo de los jóvenes y prolongar la vida activa de los mayores, mejorar la estructura ocupacional y la participación en el mercado de trabajo entre las mujeres y las personas pertenecientes a los grupos vulnerables, desarrollar recursos humanos muy cualificados con competencias adaptadas a las necesidades del mercado de trabajo, y mejorar el mecanismo de elaboración, aplicación, seguimiento y revisión de las políticas que afectan el mercado de trabajo.

19.La Estrategia Nacional de Salud 2014-2020 tiene por finalidad aumentar el acceso de todas las personas, particularmente las vulnerables y desfavorecidas, a los servicios de salud. Ese documento se centra en el paciente y preconiza una asignación más eficiente de los recursos financieros mediante la descentralización de la gestión y la transferencia de competencias a las comunidades locales, pero también mediante la concienciación de la población sobre los principales factores de las enfermedades y la importancia de adoptar comportamientos saludables.

20.Los objetivos específicos de la Estrategia son el mejoramiento de la situación existente en ámbitos como el estado sanitario y nutricional de madres y niños, el embarazo sin riesgos, la reducción de la mortalidad y morbilidad causadas por las principales enfermedades infecciosas (por ejemplo, las que pueden prevenirse mediante la vacunación, la tuberculosis, el VIH o la hepatitis), la seguridad de la sangre, el mejoramiento de las intervenciones en materia de promoción de la salud para hacer frente a las principales causas de enfermedad, la prevención de los cánceres más frecuentes, la salud mental, la salud ambiental, el acceso al tratamiento de las enfermedades raras, el suministro de órganos para trasplantes y el mejoramiento del acceso a los servicios de salud a todos los niveles, centrado en la salud comunitaria, la atención primaria, la atención ambulatoria especializada, los servicios integrados de urgencia, los servicios hospitalarios regionalizados y los cuidados paliativos.

21.La Estrategia Nacional de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños tenía por finalidad garantizar el acceso de los niños a servicios de calidad adaptados a sus necesidades específicas, reducir las disparidades sociales entre las diversas categorías de niños y el número de los pertenecientes a categorías que actualmente se consideran vulnerables (niños de familias pobres, de las zonas rurales, romaníes, con discapacidad o víctimas de violencia), y fomentar la participación de los niños en la adopción de decisiones. La Estrategia también elevó la edad mínima para la colocación de niños en instituciones y sentó las bases para el cierre de los internados de tipo antiguo.

22.La Estrategia desplazó el foco de atención de la asistencia pasiva al fomento de medidas de protección social individual en torno a la protección familiar y la responsabilidad individual para centrarse en el niño y la familia, incluso aumentando la cobertura de los servicios a nivel local, a fin de individualizar tempranamente a los niños vulnerables e intervenir rápidamente.

23.Los cambios generados por la aplicación de la Estrategia tenían por finalidad coordinar las medidas sociales con las aplicadas en otras esferas relacionadas con los derechos de los niños, especialmente la educación y la salud.

24.La Estrategia Nacional de Prevención del Abandono Escolar Temprano 2015-2020 se adoptó como parte de las actividades del Ministerio de Educación e Investigación Científica (en adelante “Ministerio de Educación”) destinadas a reducir el abandono escolar en general y el abandono escolar temprano en particular, y, en consecuencia, alcanzar tanto los objetivos nacionales como los de la Estrategia Europa 2020. La Estrategia Nacional garantiza la coordinación de todas las políticas nacionales y combina una serie de medidas de prevención, intervención y compensación, centrándose en las intervenciones a nivel de escuela y alumno. Se basa en los cuatro pilares estratégicos siguientes:

Fomentar el acceso a la educación y el suministro de una educación de calidad a todos los niños desarrollando y consolidando el sistema de educación y atención en la primera infancia.

Garantizar que todos los niños completen la educación obligatoria con el apoyo de mecanismos de alerta e intervención tempranas.

Reincorporar en el sistema educativo a los niños que han abandonado tempranamente la escuela, mediante programas especialmente adaptados (programas de segunda oportunidad).

Organizar y suministrar un apoyo institucional adecuado.

25.En 2014 se revisó la Estrategia del Gobierno de Rumania para la Inclusión de los Ciudadanos Rumanos Pertenecientes a la Minoría Romaní 2012-2014 y se aprobó un nuevo documento estratégico para el período 2015-2020. El nuevo documento preconiza una participación activa de los organismos públicos locales y centrales, así como de la sociedad civil romaní en las actividades destinadas a aumentar su inclusión socioeconómica.

III.Progresos realizados en la aplicación del Pacto y respuestas a las recomendaciones formuladas por el Comité tras su examen de 2014

A.Aplicación en el país de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas

26.Las instituciones nacionales que se ocupan de los programas de formación inicial y continua de jueces y abogados imparten una formación especializada en la protección internacional de los derechos humanos y las libertades fundamentales, centrada en los elementos fundamentales de la protección de esos derechos. Los elementos fundamentales que figuran en los diversos tratados internacionales de derechos humanos se exponen y examinan en el marco de la formación jurídica profesional.

B.Instituciones nacionales de derechos humanos

27.El párrafo 5 de las observaciones finales se refiere a tres instituciones rumanas que promueven y protegen los derechos humanos y combaten la discriminación, a saber, el Defensor del Pueblo, el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación y el Instituto Rumano de Derechos Humanos, y en él se señala que aparentemente sus esferas de competencia se superponen entre sí. En el anexo I se describen brevemente estas tres instituciones y se aclara que esa superposición solo es aparente, ya que tienen funciones y competencias diferentes que abarcan las distintas facetas de la protección de los derechos humanos (protección, promoción, vigilancia y sanción) y se complementan entre sí.

28.En cuanto al Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación y el Defensor del Pueblo, sus esferas de competencia no se superponen, ya que el primero actúa en un ámbito especial y el segundo en uno general. A diferencia del Defensor del Pueblo, el Consejo tiene atribuciones jurisdiccionales administrativas y aplica en sus procedimientos los principios de contradicción e imparcialidad, y su finalidad es emitir actos jurídicos administrativos sujetos al control de los tribunales según el procedimiento contencioso-administrativo. El Consejo tiene pues facultades de investigación, pero, a diferencia del Defensor del Pueblo, también puede detectar y sancionar los casos de discriminación. A la vez, el Consejo elabora y aplica políticas públicas en materia de no discriminación.

29.El Instituto Rumano de Derechos Humanos se centra en los componentes de promoción y concienciación, sin dejar de lado otros aspectos, como la investigación, la cooperación nacional e internacional, la presentación de informes o la información.

C.El máximo de los recursos de que se disponga

30.En 2011 se revisaron los programas destinados a las familias con niños y a las personas vulnerables.

31.Según su finalidad, las prestaciones de asistencia social se clasifican en las categorías siguientes: a) prestaciones para prevenir la pobreza y el riesgo de exclusión social y combatirlos; b) prestaciones de apoyo al niño y la familia; c) prestaciones para ayudar a las personas que tienen necesidades especiales; y d) prestaciones para situaciones especiales.

32.Durante el período de referencia, desde 2014 la asignación presupuestaria para los programas de prestaciones de asistencia social establecidos aumentó constantemente y en 2019 alcanzó 3.480 millones de euros, como se indica en el anexo 2.

33.Las cantidades mencionadas en el anexo 2 se refieren únicamente a la asignación de fondos incluida en el presupuesto anual del Ministerio de Trabajo y Protección Social, pero una parte de las prestaciones sociales están financiándose con cargo a los presupuestos locales.

34.En cuanto a los recursos asignados al desarrollo del sistema nacional de servicios sociales y la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la Ley de Presupuesto del Estado incluye los siguientes elementos:

A – Apoyo al sistema de protección de la infancia

B – Apoyo a los centros públicos para adultos con discapacidad

F – Residencias de mayores

B – Derechos en materia de asistencia individual a las personas con discapacidad severa o asignaciones mensuales

D – Residencias de mayores

35.El Ministerio de Trabajo y Protección Social también ha venido administrando ininterrumpidamente desde 1998 el programa de subsidios para las distintas asociaciones, las instituciones de beneficencia y los grupos religiosos reconocidos que establecen y gestionan servicios de asistencia social. Desde 2016, este programa se ejecuta por conducto de la Agencia Nacional de Pagos e Inclusión Social (ANPIS). Desde 2018, los grupos religiosos reconocidos por la ley tienen derecho a esos subsidios. En 2018, el programa tenía 8.729 beneficiarios y 17.996.199 lei asignados.

36.En el período 2011-2019, la lucha contra la pobreza y la exclusión social siguió siendo una prioridad nacional y los programas ejecutados por el Ministerio de Trabajo y Protección Social se destinaron principalmente a las personas vulnerables y las familias con niños. El anexo 2 contiene una descripción detallada de los programas que se están ejecutando para reducir la pobreza y promover la inclusión social de los grupos vulnerables. Los datos administrativos sobre el número de beneficiarios y el importe mensual pagado anualmente por cada prestación de asistencia social se detallan en el anexo 3. Las cifras, recogidas por Eurostat, indican lo siguiente:

El porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social disminuyó del 40,3 % en 2014 al 31,2 % en 2019.

El porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social una vez efectuadas las transferencias sociales bajó del 25,1 % en 2014 al 23,8 % en 2019.

En 2019, el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social experimentó una caída notable en cifras absolutas, a 6 millones, frente a los 9,11 millones de 2008.

37.Las cifras del anexo 3 también indican lo siguiente:

El número mensual de beneficiarios de la asignación de apoyo a la familia disminuyó de 277.624 en 2015 a 257.538 en 2017 y 224.437 en 2018.

El número mensual de beneficiarios de la ayuda social bajó de 245.545 en 2015 a 233.966 en 2017 y 202.976 en 2018.

38.Estas reducciones estuvieron determinadas por el incremento de las remuneraciones y de los ingresos laborales personales, así como de las pensiones, y por las medidas de activación adoptadas en 2018, basadas en las modificaciones introducidas en la Ley del Ingreso Mínimo Garantizado.

39.Las autoridades proseguirán la reforma del sistema de prestaciones de asistencia social para aumentar su eficiencia, especialmente la reforma de las prestaciones supeditadas al nivel de renta, a saber, el ingreso mínimo garantizado, la asignación de apoyo a la familia y el subsidio para calefacción del hogar, otorgadas a las personas más vulnerables a fin de garantizarles un ingreso mínimo.

Aumento de la capacidad administrativa

40.En 2012 se pusieron en marcha varios programas financiados con fondos nacionales o europeos para aumentar la capacidad administrativa desde una perspectiva infraestructural, así como los recursos humanos y la asistencia social suministrados a los beneficiarios.

41.En 2018 se empezaron a aplicar los Programas de Interés Nacional para desarrollar la red de servicios públicos comunitarios a domicilio destinados a las personas mayores dependientes y aumentar la capacidad administrativa y de respuesta de los servicios de asistencia social locales, con un presupuesto total de 114.400,72 lei. Su descripción detallada figura en el anexo 12.

42.Los gastos de inversión y renovación destinados a los centros de día y las residencias, como la constitución del expediente para obtener la autorización contra incendios, también se financian con cargo al presupuesto del Estado.

43.La financiación de las medidas destinadas a combatir la pobreza y la exclusión social también corrió por cuenta de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y la asistencia técnica se proporcionó como parte del Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales.

44.Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos tienen por finalidad aumentar la competitividad de los países reforzando los vínculos existentes entre la investigación, la innovación, las esferas de especialización inteligente y los sectores competitivos, aumentando el valor añadido en el sector de la tecnología de la información, incluida la utilización de los sistemas de gobierno electrónico, y promoviendo las inversiones que atienden las necesidades en materia de infraestructura de transporte, medio ambiente, energía y prevención de riesgos conforme a las normas europeas.

45.Para el período de programación 2014-2020 se asignaron a Rumania 43.000 millones de euros, de conformidad con el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea. De esa suma, la asignación correspondiente a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos es de 31.000 millones d euros. La asignación correspondiente a la Política de Cohesión, que se financia en el marco de los Fondos Estructurales, es de 23.000 millones de euros.

46. Además, el FEAD apoya las medidas de los países de la Unión Europea destinadas a prestar ayuda material a los sectores más pobres de la población, como la distribución de alimentos básicos, útiles escolares para los niños, kits para los recién nacidos, vestido y calzado, y productos de higiene.

47.Hasta ahora, el monto total recibido de la Comisión Europea, incluida la prefinanciación, para los programas financiados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos es de alrededor de 12.850 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 42 % de la asignación total de la Unión Europea para los programas.

48.También se recibieron de la Comisión Europea unos 8.700 millones de euros para pagos directos en la agricultura, destinados a apoyar los ingresos de los agricultores y promover la competitividad, la sostenibilidad y las prácticas agrícolas ecológicas.

49.En cuanto a los programas operativos financiados en el marco de la Política de Cohesión y el FEAD, tras la formulación de convocatorias de propuestas por aproximadamente el 99,8 % de la asignación total, las autoridades de gestión firmaron 8.380 contratos de financiación con los beneficiarios, por un valor total de unos 32.700 millones de euros, de los cuales 26.600 millones correspondían a la contribución de la Unión Europea (aproximadamente el 116 % de la asignación total de los Programas Operativos).

D.Prevención de la corrupción

50.Se aprobaron dos documentos estratégicos destinados a reforzar la prevención de la corrupción, uno para el período 2012-2015 y posteriormente otro para 2016-2020.

51.La Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción para 2012-2015 se expuso en el quinto informe periódico sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

52.El propósito de la Estrategia para 2016-2020 es promover la integridad aplicando rigurosamente el marco normativo e institucional a fin de prevenir la corrupción. El documento sigue teniendo carácter pluridisciplinario y se destina a todas las instituciones públicas. Introduce indicadores de resultado relativos a los riesgos asociados con los objetivos y medidas de la Estrategia, así como las fuentes de verificación, el inventario de las medidas de transparencia institucional y prevención de la corrupción y los indicadores de evaluación, y también las normas para la publicación de información por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los organismos públicos locales, el sector empresarial y la sociedad civil.

53.En cuanto a los mecanismos de prevención de la corrupción, la Estrategia para 2016‑2020 ha mantenido las misiones de evaluación mutua y el enfoque tricotómico del documento anterior (i) prevención; ii) educación y lucha; y iii) plataformas de cooperación) aplicable a la intervención estratégica en la lucha contra la corrupción. La evaluación de la ejecución de la Estrategia se realiza mediante misiones de evaluación temática (exámenes entre pares), herramienta destinada a evaluar y facilitar los intercambios de prácticas óptimas en la aplicación de las medidas de transparencia institucional y prevención de la corrupción en los organismos e instituciones públicos.

54.A nivel metodológico, la Estrategia tiene por objeto elaborar un marco legal uniforme para evaluar los riesgos de corrupción a nivel central y ulteriormente los incidentes de integridad, mediante la adopción de metodologías. Ya se han adoptado dos de esas metodologías, que incluyen instrucciones procedimentales y prácticas que cada institución puede hacer suyas y adaptar según sus particularidades.

55.A fin de apoyar la capacidad administrativa para aplicar la Estrategia se está ejecutando el proyecto “Aumento de la Capacidad Administrativa de la Secretaría Técnica de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción para 2016-2020”. Este proyecto brindará la oportunidad de: concienciar a los ciudadanos sobre las medidas de lucha contra la corrupción; realizar una evaluación de la legislación sobre la protección de los denunciantes de irregularidades de interés público y el traslado de los empleados públicos y privados; organizar y llevar a cabo 20 misiones de examen entre pares y elaborar un modelo general de buenas prácticas en materia de divulgación, como resultado de las misiones de examen entre pares realizadas; y organizar una sesión de formación para el personal del Ministerio de Justicia y sus dependencias.

56.Un estudio sobre el sistema de sanciones administrativas y su implementación a nivel de la administración pública central, elaborado en el marco del proyecto “Mecanismos Efectivos de Control Administrativo y Prevención de la Corrupción”, ejecutado por la Secretaría General del Gobierno y el Ministerio de Justicia, contribuirá a la consecución del objetivo de la Estrategia de reforzar los mecanismos de control administrativo.

57.Desde julio de 2017, la remuneración del personal con fondos públicos está regulada por la Ley Marco núm. 153/2017, que tiene por finalidad eliminar las disparidades salariales existentes en el sistema público de remuneraciones respetando a la vez el principio de sostenibilidad y previsibilidad financieras. En sí, los salarios básicos se establecen partiendo del principio de su clasificación tanto vertical como horizontal, dentro del mismo ámbito y según la complejidad e importancia de la actividad realizada.

E.Medidas para combatir la exclusión social y la discriminación de los romaníes

58.En 2011 se realizó en Rumania el Censo de Población y Vivienda. Ese año, la población general habitual se había reducido un 7,2 % respecto a 2002, pero tres grupos étnicos habían crecido, a saber, los macedonios (81,9 %), los romaníes (16,2 %) y los ceangos (21,3 %). Cada participante tenía la posibilidad de declarar a qué subgrupo particular pertenecía, para que se reflejase adecuadamente la diversidad existente dentro del grupo. Una campaña nacional realizada en las comunidades romaníes contribuyó a crear conciencia pública sobre el Censo, por lo que el número de personas que declararon ser de etnia romaní aumentó un poco, de 535.140 en 2002 a 621.573 en 2011.

59.El próximo Censo de Población y Vivienda debe realizarse en 2021. Está concebido como un censo mixto en el que se utilizarán métodos de recolección de datos mediante encuestas en línea asistidas por computadora (consistentes en la introducción en línea de los datos en los formularios del censo por el interesado) y entrevistas personales asistidas por computadora, precedidas de la introducción de los datos facilitados por las fuentes administrativas.

60.La modalidad del censo, a saber, el autorregistro en línea brinda a las personas la posibilidad de rellenar los formularios con total libertad dando las respuestas que desean, lo que elimina cualquier error posible de interpretación, acción o registro por parte de terceros, en este caso los censistas.

61.El futuro Censo irá acompañado de una campaña de comunicación y promoción transparente e integrada, que se realizará durante un período prolongado y tendrá por finalidad proporcionar a todas las personas, por diversos canales y con numerosas herramientas, la información más importante sobre el objetivo, la organización y la utilidad del censo. Un componente importante de la campaña estará dirigido a los grupos étnicos, mediante anuncios publicitarios, carteles, programas de radio y televisión y otras herramientas de promoción en los idiomas minoritarios. Algunos elementos de la campaña se prepararán en inglés y en lengua de señas.

Estrategia para la Inclusión de los Ciudadanos Rumanos Pertenecientesa la Minoría Romaní

62.La Estrategia cuenta con un mecanismo de seguimiento y evaluación, a saber, una comisión interministerial compuesta por representantes de los organismos públicos centrales encargados de las medidas de aplicación de la Estrategia, representados a nivel de las secretarías de Estado.

63.Esta comisión está encabezada por un secretario de Estado del Ministerio de Fondos Europeos, asistido por una secretaría técnica y apoyado por dos expertos de la Agencia Nacional para los Romaníes, el Coordinador Nacional para los Romaníes dependiente del Ministerio de Fondos Europeos, designado mediante resolución del Primer Ministro, así como un representante de la Secretaría General del Gobierno y otro de la Cancillería del Primer Ministro.

64.Como el período de ejecución de la Estrategia termina en 2020, se está realizando una evaluación que concluirá a finales de 2020.

65.La Agencia Nacional para los Romaníes ya formuló una recomendación sobre la política pública de inclusión de las personas pertenecientes a la comunidad romaní para el período 2021-2027.

66.Como se propone en un documento de política pública, la futura estrategia para 2021‑2027 prevé un enfoque actualizado de las políticas de inclusión de los romaníes, basado en los datos existentes y centrado en la elaboración de programas nacionales en las esferas prioritarias, como la educación, el empleo, la salud, la vivienda, la lucha contra las actitudes antirromaníes o el reforzamiento de la cultura de principios de igualdad y no discriminación entre las instituciones públicas y los proveedores privados de servicios públicos. Estas prioridades se establecieron sobre la base de amplias consultas públicas celebradas a nivel local con los romaníes y sus defensores, así como con los organismos públicos locales que se ocupan de la inclusión social de los romaníes.

67.La estrategia futura se centra en la creación de una cultura de principios de no discriminación e igualdad en toda la administración pública, tanto central como local, en todas las esferas de intervención, como requisito de la lucha contra las actitudes antirromaníes en todos los niveles de la sociedad. Además, la novedad de esa nueva estrategia es el foco de atención puesto en la responsabilidad de la administración pública local en materia de inclusión social de los romaníes, mediante un mecanismo participativo de detección de los problemas, priorización de las medidas y asignación de los presupuestos, recurriendo a la vez a los programas nacionales prioritarios antes que a los fondos europeos.

Suministro de documentos personales, en particular certificados de nacimiento

68.Durante el período que abarca el informe se ejecutaron diversos proyectos en los ámbitos nacional y local para prestar asistencia a los romaníes y mejorar su situación en lo que respecta a los documentos de identidad. Los más importantes se enumeran en el anexo 30 del quinto informe periódico presentado por Rumania en virtud del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

69.Además, en un plan de acción aprobado por la Dirección del Registro de las Personas y Administración de Bases de Datos se enumeran las medidas que deben seguir aplicando los registros civiles para que la población romaní esté inscrita tanto en el registro civil local como en el registro nacional. La primera consiste en contactar a los coordinadores romaníes departamentales y locales para recibir apoyo en la determinación de los posibles beneficiarios, así como a las organizaciones no gubernamentales (ONG) locales para determinar el apoyo que necesitan esos beneficiarios durante el procedimiento administrativo. La segunda consiste en recibir formación en la prevención de la discriminación y la lucha contra esta.

70.Los datos oficiales muestran un incremento importante del número de certificados de estado civil y documentos de identidad expedidos a ciudadanos rumanos de etnia romaní. Ahora bien, cabe destacar que la legislación rumana sobre los datos personales y el registro del estado civil respeta estrictamente el Reglamento General de Protección de Datos, que prohíbe procesar datos sobre el origen étnico de las personas, habida cuenta del alcance y los objetivos de los registros públicos en materia de datos personales. A este respecto, las personas mencionadas pueden ser identificadas en la medida en que declaren su pertenencia étnica ante los organismos públicos locales o las ONG que participan en la ejecución de determinada estrategia, lo que constituye una decisión personal, pero no haciendo constar la información en los registros oficiales. Los datos estadísticos correspondientes al período que abarca el informe muestran un incremento del 131 % de las nuevas inscripciones en los registros civiles y del 48 % en el registro nacional entre 2013 y 2019 (véase el anexo 13).

71.En las modificaciones legislativas introducidas en 2016 se abordó la situación de los niños cuya identidad no podía probarse, para permitir la inscripción de su nacimiento aun cuando, al ingresar al hospital, la madre no pudiera exhibir un documento como prueba de identidad. A tal fin, aunque no esté inscrita en el registro civil, ahora la madre puede inscribir al recién nacido declarando su propia identidad, que debe registrarse en un informe. El procedimiento tiene por objeto preservar el interés superior del niño y se basa en el requisito de que todo niño tenga una identidad. Además, las autoridades públicas deben adoptar las medidas necesarias para que la madre obtenga un documento de identidad.

Lucha contra los prejuicios y estereotipos negativos

Formación profesional inicial y continua de jueces, abogados, policías y funcionarios

72.A partir del período 2006-2007, durante el primer año de su formación en el Instituto Nacional de la Magistratura los jueces se familiarizan con el principio de la prohibición de la discriminación y el de un recurso efectivo, así como con la jurisprudencia internacional sobre estas cuestiones. Los estudios se complementan en el segundo año con el curso “Lucha contra la Discriminación”.

73.Los jueces y fiscales admitidos en la magistratura tras un concurso de oposición directo también reciben formación inicial sobre la discriminación y los delitos de odio en el Módulo de Derechos Humanos y en seminarios de derecho penal.

74.También se organizan constantemente actividades especiales de formación, como conferencias o seminarios, sobre el tema de la no discriminación, algunas de las cuales se realizan en el marco de programas o proyectos ejecutados en asociación con el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación y/o Romani CRISS.

75.El Instituto Nacional de Formación y Perfeccionamiento de Abogados ofrece una formación profesional inicial de dos años. El segundo año incluye el estudio de la protección de los derechos humanos. Además, en el marco del sistema de formación continua se imparten a los abogados conferencias y seminarios sobre la protección de los derechos humanos como parte de proyectos ejecutados conjuntamente por el Instituto y organizaciones gubernamentales o no gubernamentales.

76.El plan de estudios de las instituciones educativas dependientes del Ministerio del Interior incluye los temas que garantizan el desarrollo de las aptitudes profesionales en las relaciones profesionales entre los oficiales y suboficiales de policía, por un lado, y los ciudadanos, por el otro, para que los derechos e intereses de estos últimos se respeten y promuevan conforme a las normas vigentes.

77.Más de 2.350 estudiantes de la Academia de Policía “Alexandru Ioan Cuza” (en el período 2014-2019) y más de 11.595 graduados de las escuelas de suboficiales de policía y gendarmería recibieron formación en derechos humanos.

78.El Instituto de Estudios de Orden Público organiza cursos de formación en derechos humanos a los que asisten policías de las fuerzas de orden público, de investigaciones penales y de transportes. La finalidad de estos programas de formación es prevenir la discriminación y los abusos en la interacción entre los policías y las personas pertenecientes a grupos que corren el riesgo de ser discriminados. En el período 2014-2019 participaron en estos cursos 2.100 policías de los departamentos de orden público, investigaciones penales y transporte.

79.En el anexo 14 se proporcionan más detalles sobre estos programas de formación.

Lucha contra los prejuicios y estereotipos negativos

80.En cumplimiento de su función principal, el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación examinó casos de presunto trato discriminatorio de personas basado en su etnia romaní, en múltiples esferas de vida. El número de casos registrados cada año pone de manifiesto que la población tiene conciencia del mecanismo, así como el amplio recurso a este tipo de denuncias en diversos ámbitos de discriminación, con unos 50 nuevos casos por año (se detallan en el anexo 9).

81.El Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación también prosigue sus actividades de formación. De octubre de 2018 a marzo de 2020 el Consejo está ejecutando el proyecto “Diez Años de Aplicación de la Decisión Marco de la UE sobre el Racismo y la Xenofobia en Rumania: Desafíos y Nuevos Enfoques de los Delitos Motivados por el Odio” - NoIntoHate2018.

82.El proyecto tiene por finalidad evaluar los efectos de la Decisión Marco de la Unión Europea y determinar a la vez la necesidad de mejorar la legislación y las políticas de acuerdo con las normas de la Unión Europea, así como aumentar la capacidad de las instituciones nacionales de lucha contra la discriminación para participar en la prevención de los delitos motivados por el odio.

83.El proyecto apunta a utilizar los conocimientos especializados de algunos grupos de trabajo institucionales para revisar el marco legislativo proponiendo modificaciones si son necesarias. Se logrará aumentar la capacidad institucional organizando cursos de formación para las personas que participan directamente en el proceso de denuncia y registro de los delitos de odio. Entre agosto de 2019 y febrero de 2020, los expertos del Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación y del Instituto de Políticas Públicas, así como un experto internacional en delitos de odio, impartieron 12 sesiones de formación (8 para la categoría profesional de jueces y 4 para las categorías profesionales de policía y gendarmería).

84.En el período 2010-2019, la Agencia Nacional de Funcionarios Públicos ejecutó 15 proyectos que tenían un componente de formación centrado en la igualdad de oportunidades y la igualdad de género, así como en el desarrollo sostenible. La Agencia también ejecutó proyectos que incluían la formación en derechos humanos o participó en ellos (véase el anexo 14).

F.Logro de la igualdad de género

85.La representación adecuada de las mujeres en los cargos públicos es una preocupación constante de las autoridades. La Agencia Nacional para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, organismo público especializado que se encarga de promover el principio de igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres para eliminar todas las formas de discriminación basada en criterios sexuales en los programas y políticas nacionales, recoge anualmente datos sobre las mujeres y los hombres que ocupan cargos directivos en la administración pública central, que se envían a la Comisión Europea.

86.Para evaluar adecuadamente la situación de las mujeres en los cargos directivos y determinar las medidas que debían adoptarse para mejorar la representación de la mujer, la Agencia llevó a cabo varios estudios, a saber:

“Situación de las mujeres y los hombres en los cargos directivos de la administración pública central – 2019”.

“Representación de mujeres y hombres en las elecciones para los organismos públicos locales – 2016”.

“Representación de mujeres y hombres en las elecciones parlamentarias de 2016”.

87.Según estos datos, en la administración pública central ocupan los cargos directivos (desde director adjunto hasta secretario general) un 46,5 % de hombres y un 53,5 % de mujeres.

88.En cuanto a los cargos electivos locales, en 2016 se registró un pequeño incremento del número de alcaldesas y consejeras departamentales (véase el anexo 8).

89.La representación de mujeres y hombres en ambas cámaras del Parlamento en las tres últimas elecciones registró un aumento importante en 2016 en comparación con las dos elecciones parlamentarias anteriores (véase el anexo 8). Cabe señalar que, en 2016, el 27,75 % del total de candidatos a las elecciones parlamentarias eran mujeres.

Medidas para lograr un reparto más equilibrado de las responsabilidades profesionales y familiares entre mujeres y hombres

90.Los programas de prestaciones de asistencia social para las familias con hijos se diversificaron en el período 2011-2019. Uno de los programas destinados a los progenitores activos en el mercado de trabajo combina la licencia parental y la prestación por hijo a cargo con el incentivo mensual de inserción.

91.El importe mínimo de la prestación por hijo a cargo se ha aumentado de 600 lei en 2011 al 85 % del ingreso profesional medio neto del progenitor percibido durante los últimos 12 meses de los 2 años anteriores al nacimiento del niño. El importe máximo está limitado a 8.500 lei por mes.

92.La legislación sobre la licencia parental también prevé otras medidas de protección del empleo de las personas que tienen derecho a esa licencia, a saber:

La prohibición de que los empleadores despidan a las personas que solicitan la licencia parental o que ya están gozando de esa licencia o cobran el incentivo de inserción. Esta prohibición se extiende una sola vez a los seis meses posteriores a la reintegración de las personas al trabajo.

Al final de la licencia parental, el empleado tiene derecho a retomar su actividad laboral en condiciones de trabajo equivalentes a las que tenía antes de la licencia, así como a beneficiarse de toda mejora de las condiciones de trabajo a la que habría tenido derecho durante ese período.

93.Las personas con derecho a cobrar la prestación por hijo a cargo pero que siguen trabajando y perciben ingresos profesionales sujetos al impuesto sobre la renta tienen derecho a cobrar un incentivo mensual de inserción. Este se paga hasta que el niño cumple 3 años en mensualidades de 650 lei desde el 1 de abril de 2017, si el progenitor decide retomar su trabajo 60 días antes de que el niño cumpla 2 años.

94.La licencia y la asignación por adaptación se otorga desde 2016 para la adaptación con un niño adoptado. El progenitor adoptivo o, en su defecto, cualquiera de los cónyuges de la familia adoptiva que perciba ingresos sujetos al impuesto sobre la renta, con las modificaciones y adiciones posteriores, procedentes de salarios o ingresos asimilados, de actividades por cuenta propia o agrícolas, puede gozar de una licencia de adaptación de hasta un año de duración, que puede incluir también el período de custodia del niño que va a ser adoptado, así como de una asignación mensual. El importe mensual de esta es de 1.700 lei.

95.Las prestaciones y ayudas se conceden a los progenitores de niños con discapacidad hasta los 7 años de estos o a las personas con discapacidad que llegan a ser progenitoras. El importe de la prestación por hijo a cargo pagada a los progenitores que cuidan de un niño con discapacidad de 3 a 7 años de edad y tienen derecho a la licencia parental se ha aumentado, a partir de enero de 2018, de 600 a 1.250 lei, suma que representa el 93 % del salario mínimo neto.

96.También se ha establecido un nuevo tipo de prestación para los progenitores que cuidan de un niño con discapacidad y están activos en el mercado de trabajo con un contrato a tiempo parcial. Esta prestación representa el 50 % de la prestación mínima por hijo a cargo (650 lei) y puede acumularse con el salario.

97.La evolución de los importes de las prestaciones descritas anteriormente figura en el anexo 2.

G.Medidas para reducir el desempleo, en particular entre los jóvenes, los romaníes y las personas con discapacidad

98.Como parte de las iniciativas destinadas a apoyar la integración en el mercado de trabajo de las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos, especialmente los jóvenes que no trabajan, no estudian ni reciben formación profesional, el Gobierno recurrió a un instrumento específico, a saber, el Plan de Implementación de Garantías para los Jóvenes, adoptado inicialmente para el período 2014-2015 y luego para 2017-2020. En virtud de este plan, todos los jóvenes menores de 25 años que hubieran perdido su empleo o no hubieran podido encontrar un puesto de trabajo después de graduarse debían recibir, dentro de los cuatro meses siguientes a su inscripción en las agencias de empleo, una oferta de empleo de calidad, de programa de formación o de pasantía.

99.En el marco de un proyecto que puso en marcha en 2018 la Agencia Nacional de Empleo se constató que 105.320 jóvenes no trabajaban, no estudiaban ni recibían formación y que 95.036 de esos jóvenes eran nuevos inscritos en las bases de datos de la Agencia. En los cuatro primeros meses de ejecución del proyecto se concertaron 1.277 contratos de aprendizaje y 256.424 personas menores de 25 años se beneficiaron de programas de empleo, pasantía o aprendizaje.

100.Los resultados obtenidos mediante la aplicación de estas medidas, así como los de los estudios de evaluación de los efectos de las medidas activas, mostraron que los incentivos ofrecidos eran insuficientes, sobre todo desde el punto de vista de las cantidades otorgadas a los beneficiarios, a saber, los empleadores y las personas desempleadas inscritas en las agencias de empleo.

101.La Ley del Sistema de Seguro de Desempleo y de Fomento del Empleo (principal instrumento normativo que regula las medidas de aplicación de las estrategias y políticas adoptadas para proteger a las personas contra el riesgo de desempleo, a fin de garantizar un elevado nivel de empleo y adaptar la fuerza laboral a las exigencias del mercado de trabajo) se modificó y complementó para incluir medidas destinadas a:

Aumentar las posibilidades de empleo de las personas que buscan un puesto de trabajo.

Alentar a los empleadores a brindar oportunidades de empleo a las personas desempleadas de los diferentes grupos destinatarios.

102.Estas medidas se detallan en el anexo 4.

103.La Ley sobre el Aprendizaje en el Trabajo y la Ley de Pasantías acompañaron la modificación de la Ley del Sistema de Seguro de Desempleo. Como se detalla en el anexo 4, en 2017 y 2018 se aumentaron las cantidades pagadas a los empleadores que conciertan contratos de aprendizaje o pasantía para los graduados de la educación superior.

104.Los resultados generales de estas medidas de reforma ponen de manifiesto que la tasa de empleo ha aumentado constantemente en los últimos años, hasta el 70,9 % a finales de 2019 en el caso del grupo de edad de 20 a 64 años.

105.En 2019, la tasa de empleo de las mujeres subió menos que la de los hombres, lo que incrementó en 19 puntos porcentuales la diferencia en la participación en el mercado de trabajo en el caso del grupo de edad de 20 a 64 años.

106.La tasa de desempleo mantuvo su tendencia a la baja, alcanzando el 3,9 % a final de 2019, o sea, 2,9 puntos porcentuales menos que el valor registrado en 2015. Por consiguiente, en 2019 la diferencia entre la tasa de desempleo de las mujeres y la de los hombres fue de 0,9 % (4,3 % en el caso de los hombres frente al 3,4 % en el de las mujeres).

107.En Rumania, la tasa de jóvenes que no trabajan, no estudian ni reciben formación profesional sigue siendo alta en comparación con la media europea, aunque la tendencia es a la baja. En consecuencia, según los datos facilitados por Eurostat, la tasa de esos jóvenes ha disminuido en 3,4 puntos porcentuales en los cinco últimos años, del 18,1 % en 2015 al 14,7 % a final de 2019.

108.La tasa de desempleo de larga duración fue del 1,7 % en 2019, o sea, 1,3 % inferior al valor registrado en 2015.

109.El derecho a trabajar de las personas con discapacidad está garantizado por la ley. A final de 2017, el 25,89 % de esas personas estaban empleadas y un 28,52 % del total de personas con discapacidad lo estaban en el sector público.

110.Además, la Ley núm. 448/2006 regula la obligación de los organismos e instituciones públicos y las personas jurídicas públicas o privadas que tienen al menos 50 empleados a emplear como mínimo a un 4 % de personas con discapacidad.

111.Según la información facilitada por el Ministerio de Hacienda, que supervisa y controla el cumplimiento de estas disposiciones, a final de 2017 el 11,42 % de las personas con discapacidad estaban empleadas en entidades con más de 50 empleados y a final de 2018 su proporción era del 20,32 %.

112.El logro de los objetivos específicos en materia de empleo de la Estrategia para la Inclusión de los Ciudadanos Rumanos Pertenecientes a la Minoría Romaní 2015-2020 está aumentando el número de:

Personas activas en el mercado de trabajo

Mujeres romaníes activas en el mercado de trabajo

113.Además, la Agencia Nacional de Empleo elaboró el Programa Especial de Empleo para las Comunidades con Gran Número de Personas de Etnia Romaní, como parte de su Programa Nacional de Empleo anual. El Programa Especial se empezó a ejecutar en 2006 y abarcaba 145 localidades en 2019.

114.Las medidas del Programa Especial tienen por finalidad desarrollar las aptitudes profesionales, con inclusión de la evaluación de los conocimientos, si procede, y los medios y métodos para promover y mejorar las aptitudes y cualificaciones profesionales. El Programa se apoya con medidas específicas al servicio público de empleo, como las siguientes:

La difusión de información entre los empleadores, así como entre los solicitantes de empleo romaníes, sobre las medidas destinadas a fomentar el empleo de las que pueden beneficiarse.

La organización de ferias de empleo.

La colaboración con los representantes romaníes.

115.Se otorga particular atención a las medidas personalizadas, especialmente en materia de servicios de mediación laboral, partiendo de la idea de que, conforme a las disposiciones legales, el empleo puede concretarse basándose en las vacantes declaradas por los empleadores y en los servicios de asesoramiento profesional, cuya calidad depende del carácter adecuado de la orientación brindada a los solicitantes de empleo, ya sea directamente hacia los puestos de trabajo disponibles o en asociación con otras medidas de apoyo al empleo.

116.Los resultados de las medidas aplicadas por la Agencia Nacional de Empleo por conducto del Programa Nacional de Empleo en el período 2012-2019 también se exponen en el anexo 5, indicándose sus efectos sobre los grupos destinatarios.

117.En el anexo 6 figura la participación de las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos, como los desempleados de larga duración, las personas con discapacidad o las personas menores de 25 años, en los programas de formación profesional organizados por la Agencia Nacional de Empleo. En 2019 participaron en esos programas 7.137 personas pertenecientes a grupos desfavorecidos, cifra que representa el 34,28 % del total de participantes desempleados.

H.Medidas para consolidar la protección de los solicitantes de asilo

118.El marco legal sobre el asilo, modificado en diciembre de 2015 y enero de 2016, dispone lo siguiente:

Durante el procedimiento de asilo, el solicitante de protección tendrá derecho a acceder al mercado de trabajo en las condiciones previstas por la ley para los ciudadanos rumanos, tras la expiración de un plazo de tres meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, si no se ha adoptado ninguna decisión administrativa y la demora no puede imputársele, así como durante la fase judicial del procedimiento de asilo.

Los solicitantes de asilo que, al presentar su solicitud de asilo, tengan derecho de residencia en el territorio de Rumania y estén empleados legalmente, podrán seguir realizando su actividad lucrativa.

El solicitante de protección que no tenga medios de subsistencia tendrá derecho a gozar, previa solicitud y durante todo el procedimiento de asilo, de condiciones materiales de acogida que le garanticen la subsistencia y protejan su salud física y mental.

119.Las condiciones materiales de acogida consisten en alojamiento, alimentos, artículos de higiene y mantenimiento, vestido y calzado, y transporte, y pueden facilitarse en especie o en forma de asignaciones financieras o vales, o mediante una combinación de estos tres elementos.

120.Actualmente, la asignación alimentaria es de 10 lei diarios por persona y la de vestido de 67 lei por persona en verano y 100 por persona en invierno. La asignación para otros gastos, como transporte local, servicios culturales, prensa, servicios de reparación y mantenimiento o productos de higiene personal, es de 6 lei diarios por persona. El alojamiento se ofrece en uno de los seis centros regionales de acogida de solicitantes de asilo o se subsidia con 450 lei mensuales por persona. Los gastos de mantenimiento también se subsidian a razón de 120 lei mensuales en verano y 155 en invierno. Estas cantidades se indexan periódicamente sobre la base de los datos relativos a la calidad de vida facilitados por el Instituto Nacional de Estadística.

I.Protección social mediante el salario mínimo

121.El salario mínimo básico bruto garantizado, conforme al programa de trabajo normal, se establece mediante Decisión Gubernamental tras consultar a los sindicatos y los empleadores.

122.Su importe experimentó un incremento progresivo constante entre 2011 y la actualidad, de 670 lei en 2011 (unos 160 euros) a 1.900 lei (unos 410 euros) en 2018. A final de 2019, el salario mínimo era de 2.080 lei (unos 440 euros), siendo de 2.350 lei en el caso del personal superior con un año de antigüedad que ocupaba puestos que requerían educación superior y de 3.000 lei en el sector de la construcción.

123.Varios elementos corroboraron el carácter acertado de la decisión adoptada en 2018 de aumentar el salario mínimo básico bruto, a saber: el efecto del incremento del salario en la reducción del número de empleados en riesgo de pobreza y exclusión social; la reducción de la diferencia entre el salario mínimo y el medio; y las necesidades en materia de desarrollo económico y productividad, así como el objetivo de alcanzar y mantener un nivel de empleo elevado.

J.Garantía del respeto de los derechos sindicales

124.La legislación en materia de trabajo y diálogo social garantiza el derecho de asociación, establece la obligación de todo empleador de reconocer el derecho de sindicación al empleado y prohíbe que este renuncie a su derecho legal a ser asistido por un tercero (abogado o sindicato) en la negociación del contrato individual de trabajo.

125.La ley prohíbe la discriminación antisindical y permite que los trabajadores despedidos por su actividad sindical pidan su reincorporación ante los tribunales.

126.La ley también prevé medios legales para denunciar abusos e iniciar acciones judiciales contra estos. Las situaciones de violación de los derechos sindicales y/o de condicionalidad en el ejercicio de los derechos y libertades sindicales pueden notificarse por vía administrativa a la Inspección del Trabajo, al Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación y/o a un tribunal con competencia en materia laboral.

127.La legislación laboral garantiza la protección de los dirigentes sindicales, los representantes de los empleados y los afiliados a sindicatos contra el despido por motivos sindicales, el acoso y el maltrato.

128.Conforme a la ley, los siguientes comportamientos se consideran infracciones administrativas (faltas) y se sancionan con multas administrativas:

La violación de la prohibición de la injerencia en el ejercicio de los derechos de los sindicatos a adoptar libremente sus reglamentos, elegir sus representantes, organizar su administración y sus actividades y elaborar sus propios planes de acción. Las multas varían entre 15.000 y 20.000 lei.

La negativa del empleador a iniciar la negociación del convenio colectivo de trabajo. Se multa con 5.000 a 10.000 lei.

La negativa del empleador a recibir y registrar la notificación de las peticiones de los empleados y su justificación, así como las propuestas de solución de los posibles conflictos laborales. Se multa con 1.000 a 3.000 lei.

La negativa del empleador a permitir el acceso del inspector del trabajo para que verifique una infracción administrativa.

129.Las infracciones administrativas son constatadas por la Inspección del Trabajo. En el anexo 7 se proporcionan los datos estadísticos correspondientes.

130.Algunas de las violaciones de las disposiciones legales se califican como delitos penales punibles con pena de cárcel de 3 meses a 2 años o multa, como las siguientes:

Impedir que los empleados en huelga participen en esta u obligarlos a trabajar mientras están en huelga.

Restringir o condicionar de cualquier manera el ejercicio de sus atribuciones por los miembros elegidos del órgano directivo del sindicato.

131.El empleado, el sindicato o sus representantes elegidos que se consideren víctimas de un acto discriminatorio o una violación de sus derechos pueden notificarlos al Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación o interponer una denuncia judicial. La ley garantiza el libre acceso a cualquier vía legal de recurso y su libre ejercicio.

132.La práctica del Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación en el período 2014-2019 pone de manifiesto que la institución recibió cada año más de una decena de denuncias (véase el anexo 9).

K.Medidas para consolidar la seguridad social

133.La calidad de las prestaciones de asistencia social depende en gran medida de la capacidad de los beneficiarios para obtener oportunamente las prestaciones a las que tienen derecho, pero también de la adecuación de estas a los cambios socioeconómicos, como la tasa de inflación.

134.En 2011, la nueva legislación en materia de asistencia social introdujo el indicador social de referencia, que es una cantidad de referencia expresada en moneda nacional, para el cálculo de los niveles de las prestaciones sociales. Las prestaciones de asistencia social, sufragadas con cargo al presupuesto del Estado, se calculan tomando como referencia ese valor.

135.Así, el subsidio de desempleo, el ingreso mínimo garantizado, la asignación de apoyo a la familia, la asignación por guarda de niño, el bono de empleo para los graduados que son contratados, la asignación por hijo, la asignación para personas con discapacidad y la asignación alimentaria para las personas con VIH/sida se calculan sobre la base del indicador social de referencia.

136.El valor del indicador social de referencia se estableció en 2012 en 500 lei. Durante el período de referencia (2011-2019), los importes de las prestaciones de asistencia social se revisaron aumentando los coeficientes de cada prestación, pero no se actualizó el índice social de referencia.

137.Consciente de la necesidad de aumentar la eficacia de las prestaciones de asistencia social estableciendo un mecanismo de indexación que determinase de manera previsible la revisión de esas prestaciones, en 2019 el Ministerio de Trabajo y Protección Social puso en marcha, con la ayuda de consultores externos, el nuevo proyecto “Apoyo para la Elaboración de un Mecanismo de Indexación y la Experimentación de un Nuevo Método de Pago de las Prestaciones de Asistencia Social en Rumania”. La adopción de ese Mecanismo requiere una evaluación y una justificación en cuanto a la relación costo-eficacia, la previsibilidad presupuestaria y la adecuación de las prestaciones.

138.Como se indicó en el anterior informe periódico (pág. 29), la pensión social mínima garantizada, introducida en 2009, garantiza que perciban un importe mínimo las personas jubiladas con residencia en Rumania y complementa la jubilación si esta es inferior a la mínima. Desde 2010, esta prestación se considera una asignación social para las personas jubiladas y su importe aumentó constantemente, de 350 lei en 2009 a 704 en septiembre de 2019. A finales de diciembre de 2019, unos 970.000 jubilados percibían esta asignación.

139.El importe de la asignación por hijo aumentó en tres etapas en el período 2009-2020. Las sumas exactas figuran en el anexo 2 del presente informe.

140.Los importes actuales varían entre 150 lei (32 euros o 12 % del salario mínimo neto correspondiente a 2019) y 300 lei (63 euros o 24 % del salario mínimo neto correspondiente a 2019), según la edad del niño y si este tiene o no discapacidad.

141.Esta asignación es una prestación familiar que influye mucho en la reducción de la pobreza entre las familias con niños. Es un derecho universal garantizado por el Estado a todos los niños menores de 18 años, sin discriminación. Los jóvenes mayores de 18 años que asisten a una escuela secundaria superior o una escuela de formación profesional tienen derecho a cobrar la asignación por hijo hasta que terminan sus estudios.

142.Las familias con hijos que se encuentran en situaciones difíciles también pueden solicitar otros tipos de prestaciones de asistencia social (prestaciones otorgadas en función de los ingresos), si se reúnen las condiciones de admisibilidad previstas en la ley. Estos programas también se exponen en el anexo 2.

143.El poder adquisitivo de la renta jubilatoria se protege indexando periódicamente el índice de las pensiones, teniendo en cuenta la situación económico-financiera del país, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Fiscal-Presupuestaria y de conformidad con la correspondiente estrategia fiscal-presupuestaria.

144.El 1 de septiembre de 2019, el valor del índice de las pensiones aumentó a 1.265 lei. En el anexo 11 se expone la evolución de ese valor a partir de abril de 2001.

L.Medidas para consolidar el suministro adecuado deservicios sociales

145.Los servicios sociales son suministrados por proveedores públicos o privados acreditados por el Ministerio de Trabajo y Protección Social conforme a las disposiciones legales pertinentes.

146.Los servicios sociales que se suministran deben tener una licencia concedida por el Ministerio o los organismos competentes en ese ámbito, como la ANDPDCA o la ANES, conforme a las disposiciones legales y a las normas mínimas de calidad establecidas por Orden del Ministerio para cada tipo de servicio social.

147.Las normas mínimas de calidad aplicadas para conceder licencias a los servicios sociales guardan relación principalmente con los aspectos siguientes:

La finalidad de los servicios y las características específicas de las actividades realizadas.

Las necesidades básicas de los beneficiarios.

La calidad de vida y seguridad de los beneficiarios (derechos a la libre determinación, a elegir los servicios o a ser informado y consultado en la toma de decisiones, entre otros).

La calidad de la gestión y la competencia del personal especializado.

El respeto de la disciplina económico-financiera.

148.En cuanto al historial de los proveedores de servicios sociales y los propios servicios, el Ministerio gestiona y actualiza permanentemente el Registro de Proveedores Acreditados y Servicios Sociales con Licencia, denominado Registro Electrónico Único de Servicios Sociales, cuyo contenido está regulado por la ley.

149.Un proyecto ya concluido permitió al Ministerio elaborar un mapa de la distribución territorial de los servicios sociales existentes y su infraestructura conexa y de la necesidad de servicios e infraestructuras sociales, así como la tasa de pobreza relativa y la tasa de pobreza de las personas que trabajan, con miras a la adopción de una decisión personalizada (véase el anexo 12).

150.En cuanto a la supervisión, el seguimiento y la evaluación de la calidad de los servicios sociales, la Inspección Social es el principal mecanismo de control del Ministerio, cuya función es detectar, evaluar, desalentar y remediar las irregularidades y deficiencias en materia de asistencia social.

151.Los controles de la Inspección Social se planean anualmente en el ámbito de los servicios sociales, pero también pueden efectuarse previa solicitud y notificación de los ciudadanos o instituciones interesados. La Inspección Social realiza una evaluación en caso de que se solicite la evaluación o reevaluación de un servicio social o su clasificación (véase el anexo 7).

152.En función de la gravedad de los hechos constatados durante las inspecciones de los servicios sociales, los inspectores pueden ordenar las medidas siguientes:

Medidas correctivas, que se supervisan hasta la correspondiente resolución.

La suspensión de la acreditación del servicio social, que implica la prohibición de su funcionamiento durante un período determinado de tres meses como máximo.

La retirada de la acreditación del servicio social, que conlleva la prohibición de su funcionamiento.

La sanción de la contravención.

La remisión a otras instituciones de control competentes o a órganos de investigación penal.

M.Lucha contra la pobreza

153.Como la Estrategia actual está por concluir, en 2019 el Ministerio de Trabajo y Protección Social, junto con los expertos de la SNSPA como parte de un proyecto financiado por la Unión Europea, empezaron los preparativos para elaborar un nuevo marco estratégico de inclusión social y reducción de la pobreza para el período 2021-2027. Así, el Ministerio y la SNSPA llevaron a cabo un análisis de diagnóstico basado en datos estadísticos, que constituye la base de un mejor apoyo a las políticas públicas en esta esfera. Basándose en ese análisis se elaboró un proyecto de nueva estrategia y plan de acción para la inclusión social y la reducción de la pobreza 2021-2027, que se presentará para su aprobación mediante una decisión gubernamental.

154.Los documentos estratégicos nacionales aprobados para proteger y promover los derechos del niño y garantizar la inclusión de las personas pertenecientes a la comunidad romaní también contienen medidas destinadas a fomentar la inclusión social y eliminar la pobreza. Así, el Plan de Acción correspondiente a la Estrategia Nacional de Derechos del Niño incluye un objetivo general dedicado a la promoción de la inclusión social de los niños que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

155.Esto implica aumentar el acceso de los niños pobres a los servicios básicos, a saber, no solo los servicios sociales sino también los educativos y médicos. Esas iniciativas intersectoriales incluyen medidas específicas destinadas a los niños de las zonas vulnerables y contribuyen a reducir las disparidades entre los niños de las zonas rurales, por un lado, y los de las urbanas, por el otro.

156.También se introdujeron importantes mejoras en el marco legal de los servicios sociales. La introducción de disposiciones sobre la regulación, la concesión de licencias, el funcionamiento y la financiación de los servicios sociales, así como de nuevas normas mínimas de calidad para todos esos servicios, contribuye a prevenir la marginación y la exclusión social.

N.Garantía de una vivienda adecuada para los grupos desfavorecidos y marginados, en particular los romaníes

157.Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y un nivel de vida apropiado es un objetivo permanente de las autoridades rumanas, enunciado constantemente en sus estrategias de inclusión social y lucha contra la pobreza.

158.Este objetivo se persigue mediante diferentes programas que el Ministerio de Fomento, Obras Públicas y Administración (en adelante “Ministerio de Fomento”) puso en marcha y siguió aplicando durante el período que abarca el informe, a saber:

El programa de construcción de viviendas sociales, ejecutado en aplicación de la Ley de Vivienda. El acceso al alquiler de viviendas sociales se garantiza a las familias o personas que tienen un ingreso mensual neto inferior al salario medio establecido a nivel nacional. La Ley establece los elementos de referencia para el establecimiento de los criterios de admisibilidad por los organismos públicos locales y prohíbe explícitamente la segregación por cualquier motivo, como la raza, así como los desalojos forzosos sin las debidas garantías. Dado que la aplicación de los criterios de admisibilidad, que está descentralizada a nivel de la administración local, puede presentar incoherencias, la reforma en este ámbito también se centra en la revisión de esos criterios.

La construcción de viviendas de alquiler para personas menores de 35 años.

El programa de construcción de viviendas sociales para los inquilinos desalojados de viviendas nacionalizadas.

El programa experimental “Vivienda Social para las Comunidades Romaníes”, financiado con cargo al presupuesto del Estado, para la construcción de 300 viviendas destinadas a los romaníes en 11 localidades de las 8 regiones de desarrollo de Rumania.

Las inversiones en viviendas destinadas a personas vulnerables.

159.Estos programas se detallan en el anexo 10.

160.En el período de programación 2014-2020, la lucha contra la pobreza y la inclusión social se han vuelto mucho más pragmáticas. Así, el Programa Operativo Regional 2014‑2020, administrado por el Ministerio de Fomento en calidad de autoridad de gestión, implementa el mecanismo Desarrollo Local bajo Responsabilidad de la Comunidad (DLRC), que financia inversiones en infraestructura de vivienda, economía social, centros comunitarios integrados, educación y equipamiento de territorios urbanos degradados para las comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas marginadas. Los tipos de medidas financiadas incluyen la construcción, rehabilitación o modernización de viviendas sociales. El presupuesto asignado al Eje Prioritario 9 (FEDER+contribución nacional) es de 79,05 millones de euros.

161.El Ministerio de Fomento, en su carácter de autoridad nacional competente en materia de planificación del desarrollo regional y territorial, adoptó varias medidas para materializar las orientaciones en el ámbito de la vivienda.

162.En el marco del proyecto “Selección y Coordinación Eficientes y Transparentes de los Proyectos de Infraestructura Financiados con cargo a Instrumentos Estructurales y al Presupuesto del Estado para el período 2014-2020”, ejecutado con el apoyo del Banco Mundial, se elaboraron tres informes sobre vivienda, a saber, “Hacia una Estrategia Nacional de Vivienda”, “Coordinación entre los Fondos Gubernamentales y los Fondos Europeos” y “Priorización de Programas y Proyectos”. En esos informes se formulaban recomendaciones para subsanar las deficiencias en el sector de la vivienda en Rumania, complementar las inversiones del Estado con las de la Unión Europea en este sector y proponer una reforma de los programas de vivienda existentes, así como nuevos programas.

163.Las conclusiones extraídas pusieron de manifiesto que el parque comunicado de viviendas sociales en las municipalidades que habían respondido contaba con 29.167 unidades de vivienda social (en términos jurídicos) y 47.507 unidades si se incluían las de vivienda pública de carácter social. Menos de las dos terceras partes (57 %) de las municipalidades que habían respondido habían comunicado que no tenían un parque de viviendas sociales. El menor número de viviendas sociales se registraba en las ciudades más pequeñas. La existencia de ese tipo de viviendas también guardaba relación con el nivel de desarrollo de las ciudades que habían respondido.

164. Las viviendas sociales están ocupadas en su casi totalidad. La tasa total de ocupación es del 96 % al 97 %. Del 56 % al 57 % están alquiladas a familias de bajos ingresos y otro 40 % a otros grupos destinatarios. Se informó que el 30 % de las viviendas sociales tenían facturas de servicios públicos vencidas por un monto estimado en unos 2,8 millones de euros.

165.Las recomendaciones formuladas en el marco del proyecto descrito en el párrafo 160 fueron incluidas por el Ministerio de Fomento en el proyecto de estrategia nacional de vivienda.

166.El proyecto se encuentra en trámite de aprobación en el Ministerio de Fomento. En él se proponen, entre otras cosas:

La adopción de un marco legislativo general en que se aclaren los criterios de admisibilidad para acceder a una vivienda social en función de los ingresos del beneficiario.

La utilización de fondos públicos a fin de ayudar a las personas que no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades en materia de vivienda.

La regulación de un porcentaje mínimo obligatorio de viviendas adecuadas para las personas con discapacidad y las personas mayores, del total de viviendas construidas por los organismos locales.

La prohibición de los desalojos forzosos de los edificios de propiedad pública sin consulta previa a las personas desalojadas ni suministro de una vivienda alternativa.

La regulación estricta y transparente de las modalidades en que las administraciones públicas locales pueden recibir apoyo financiero con cargo al presupuesto del Estado para garantizar el acceso a una vivienda adecuada a las personas socialmente marginadas.

La aclaración de las obligaciones de los organismos administrativos locales para garantizar el acceso a una vivienda adecuada a las personas socialmente marginadas, en particular mediante medidas positivas.

La adopción de normas necesarias para establecer un sistema de recolección periódica de datos por el Ministerio de Fomento (transmisión, recolección, análisis) a fin de fundamentar los futuros programas y políticas de financiación de la vivienda social.

El seguimiento de la necesidad de las distintas categorías de personas de encontrar soluciones diferentes en materia de vivienda.

167.Con respecto a la última medida, el Ministerio de Fomento creará una plataforma que supervisará las inversiones públicas en el sector de la vivienda, así como datos sobre el parque de viviendas existente y las necesidades en materia de vivienda.

168.Los organismos públicos locales tendrán la obligación de publicar, en un lugar accesible al público y/o en su sitio web, los datos sobre el número de viviendas que posean y administren, según su destino y grado de ocupación, así como las decisiones por las que se hayan aprobado las listas de los solicitantes que se beneficien de las viviendas públicas respectivas.

Inversiones en condiciones de vida adecuadas

169.Las inversiones en infraestructura educativa, sanitaria y ambiental se realizan por conducto del Programa Nacional de Desarrollo Local, aprobado mediante el Decreto Gubernamental de Urgencia núm. 28/2013 (véase el anexo 10).

170.Según las estadísticas facilitadas por el Ministerio de Fomento, en el caso de las unidades territoriales en que la población romaní representa o excede el 20 % de la población, los fondos asignados por conducto del Programa Nacional de Desarrollo Local para el período 2013-2020 (fase I) ascienden a 661.188.076 RON, destinados a 206 objetivos, y para el período 2017-2020 (fase II) a 988.624.869 RON, destinados a 270 objetivos.

171.En diciembre de 2018, la Agencia Nacional para los Romaníes creó el Equipo de Trabajo sobre la Vivienda Romaní, que funciona bajo la coordinación del Presidente de la Agencia y está compuesto por representantes de las instituciones y los organismos administrativos centrales competentes en materia de inclusión de los romaníes. El objetivo de la creación de este equipo es elaborar por su conducto herramientas y métodos de trabajo para contribuir a lograr un acceso efectivo a una vivienda digna por las comunidades vulnerables romaníes, a prestar apoyo a las autoridades locales en sus misiones de intervención durante los desalojos y a proporcionar asistencia técnica en la aplicación de los programas de rehabilitación de viviendas y de acceso a los servicios públicos en las comunidades romaníes.

Asentamientos informales

172.En 2019, mediante una modificación de la Ley de Planificación Territorial y Urbanismo se reguló legalmente el concepto de “asentamientos informales”. Los organismos públicos, sean centrales o locales, tienen la obligación de individualizar esos asentamientos y convertirlos en una prioridad de sus políticas de vivienda, acceso a la infraestructura, salud pública y seguridad personal.

173.Mediante esa modificación se introdujo un cronograma para los organismos a fin de individualizar las tierras ocupadas por asentamientos informales y elaborar las formalidades catastrales, actualizar la base de datos relativa al número de habitantes de esos asentamientos, los inmuebles ocupados por esas personas y los tipos de asentamiento, e informar a los habitantes sobre las disposiciones legales y consultarlos al establecer las medidas adaptadas a las características específicas de cada asentamiento y a las necesidades de sus habitantes. Para apoyar a los organismos locales se introdujo una herramienta de trabajo destinada a facilitar y ordenar la recolección de datos sobre los asentamientos informales a fin de conocer, cuantificar y supervisar mejor su situación.

174.Tras esa etapa, el siguiente paso consiste en esclarecer el régimen jurídico y económico de la parcela ocupada por el asentamiento, así como la posibilidad de regular su situación. En caso de que dicha regulación implique el desmantelamiento total o parcial del asentamiento, los organismos locales deben garantizar la reubicación de los habitantes mediante alternativas de vivienda o prestando apoyo para la reconstrucción de las viviendas en los terrenos equipados con servicios públicos y puestos a disposición por los organismos. El proceso de reubicación debe llevarse a cabo consultando previamente a los habitantes sobre las posibles alternativas de reasentamiento y con su aprobación.

175.Para limitar la expansión de los asentamientos informales, los organismos deben individualizar los terrenos adecuados para futuras zonas habitadas o soluciones alternativas de vivienda e informar al respecto a los habitantes de esos asentamientos. En caso de que el asentamiento tenga que ser objeto de reestructuración o regeneración urbana, los organismos deben poner en marcha y coordinar las medidas necesarias para equiparlo de acceso a los servicios públicos.

176.Al mismo tiempo, los proyectos y programas destinados a los asentamientos informales se pondrán en relación con los programas de asistencia social que pueden destinarse ya sea a una zona afectada por la insalubridad, la falta de servicios y la pobreza, o a una o más categorías de beneficiarios de las medidas de asistencia social, presentes en gran número en el asentamiento informal.

177.Cabe mencionar que, incluso antes de que el concepto de “asentamiento informal” se reconociera legalmente, en 2014 el Ministerio de Fomento había financiado un estudio en el que se aclaraban las características de un asentamiento informal y se había elaborado un mapa de los asentamientos de ese tipo existentes en Rumania.

178.Según el estudio, en 2014 había 1.198 asentamientos informales en Rumania, de los cuales 953 (79,54 %) estaban en zonas rurales y 245 (20,46 %) en zonas urbanas. De las 3.181 unidades administrativas territoriales existentes en el país, aproximadamente la mitad (49,5 %) habían respondido a la solicitud de completar el cuestionario y un 35 % de ellas habían declarado que existían zonas con asentamientos informales en su territorio.

179.En esos 1.198 asentamientos informales individualizados en el estudio había 49.338 hogares ocupados por 63.492 familias. En cada unidad administrativa territorial se había detectado una media de 2 asentamientos y su distribución a nivel de departamento variaba apenas (entre 1 y 3 asentamientos en cada unidad).

180.Además, también antes de 2019, mediante una modificación introducida en 2016 en la Ley de Catastro y Bienes Raíces se había proporcionado el marco legal para permitir las intervenciones administrativas en los asentamientos informales en beneficio de sus habitantes.

181.Estas nuevas disposiciones introdujeron la gratuidad de la inscripción inicial en el Catastro de Tierras y la posibilidad de registrar la posesión de un bien inmueble sin tener título oficial. Esta modificación creó el marco legal necesario para hacer constar oficialmente, en los documentos técnicos, el derecho de posesión de las construcciones y/o la tierra, incluso las de los asentamientos informales urbanos y rurales. Se dispone pues de mecanismos y medidas legales que permiten que los habitantes de los asentamientos informales, carentes del derecho legal de propiedad, que reúnan los requisitos legales puedan convertirse en poseedores formales de la tierra o las construcciones y posteriormente solicitar el acceso a los servicios públicos.

O.Consolidación del ordenamiento jurídico interno para proporcionar un mínimo de seguridad en caso de desalojo forzoso

182.En la parte “Asentamientos informales” (supra, párrs. 170 a 179), el Gobierno expuso los progresos realizados en la regulación de la situación del conjunto de los asentamientos informales y de la situación individual de sus habitantes.

183.En la exposición siguiente, el Gobierno describirá los elementos esenciales del marco normativo general que regula el desalojo de inquilinos y la demolición de construcciones erigidas sin autorización en tierras fiscales.

184.Según el derecho civil, a menos que la ley disponga otra cosa, el desalojo del inquilino se lleva a cabo por orden judicial tras un procedimiento contencioso. La ley distingue dos casos de desalojo, a saber, cuando el contrato de arrendamiento está vigente, al menos aparentemente, y cuando no existe o ya no existe un título para el uso del inmueble. En este último caso el procedimiento es simplificado. En todos los casos, solo un tribunal puede ordenar el desalojo y es posible interponer un recurso contra su ejecución. El exinquilino puede pedir la suspensión del desalojo, pero, en el procedimiento simplificado, únicamente después de depositar una fianza.

185.En cuanto al desalojo de inquilinos de los edificios destinados a vivienda, el Código Civil dispone que, del 1 de diciembre al 1 de marzo del año siguiente, el desalojo no podrá ejecutarse, a menos que el propietario pruebe que, a los fines de lo dispuesto en la legislación sobre vivienda, él y su familia no tienen una vivienda adecuada o que el inquilino y su familia tienen otra vivienda adecuada a la que pueden mudarse de inmediato.

186. Esta disposición no se aplica al desalojo de personas que ocupan una vivienda abusivamente y sin título ni de las que se determine que ponen en peligro las relaciones de cohabitación o perturban gravemente el orden público.

187.En ambos casos de desalojo de inquilinos y exinquilinos se realiza una revisión judicial y se establecen garantías judiciales contra el desalojo abusivo.

188.En caso de que una vivienda, un albergue u otra estructura improvisada se erija sin autorización en un terreno fiscal, deberá demolerse sin previa autorización judicial ni ninguna otra formalidad, por orden de la administración local. La orden de demolición podrá impugnarse ante los tribunales de conformidad con la legislación contencioso-administrativa.

189.En el caso de una reclamación presentada contra un acto administrativo, la parte interesada puede pedir la suspensión de dicho acto desde el momento en que lo ha impugnado ante la autoridad que lo ha llevado a cabo. Esa petición puede presentarse ante un tribunal incluso antes de interponer una reclamación judicial.

190.Los prefectos de departamento, en su calidad de representantes del Gobierno a nivel local, están facultados para verificar la legalidad de los actos administrativos de los consejos departamentales, los concejos municipales y los alcaldes. A tal fin, las decisiones de los concejos municipales se comunican inmediatamente al prefecto o al alcalde, a más tardar dentro de los diez días laborables a contar desde la fecha de su adopción.

191.El prefecto tiene la posibilidad de impugnar ante un tribunal de lo contencioso-administrativo la legalidad de las decisiones de la administración pública local. La presentación de esa impugnación tiene un efecto suspensivo automático.

192.Además, como confirma la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el ordenamiento jurídico interno proporciona acceso a la justicia y las debidas garantías procesales en caso de desalojo forzoso de un asentamiento informal, de una vivienda alternativa tras un desalojo de un asentamiento informal o de un edificio que presente riesgos.

193.En esos casos de desalojo, las autoridades locales adoptan las siguientes medidas especiales:

Proporcionar soluciones que brinden la posibilidad de gozar de condiciones razonables de vivienda, como mantener unida a la familia o prevenir el abandono escolar de los niños, en caso de que el desalojo se deba a la necesidad de demoler la construcción y utilizar el terreno para otros fines.

Incluir varias disposiciones en las decisiones de los departamentos para establecer medidas que se adoptarán en este tipo de casos y asignar el presupuesto necesario para el pago del alquiler o el apoyo financiero a las familias y personas desalojadas.

Comunicar prontamente esas decisiones y facilitar el diálogo entre las autoridades y la sociedad civil por conducto de las organizaciones que actúan en este ámbito.

P.Acceso al agua y al saneamiento

194.Entre 2012 y 2018, el número de personas que tenían acceso al suministro público de agua aumentó en 1.412.000 y el de las que tenían acceso a la red cloacal se incrementó en 1.703.084. La extensión total de las tuberías de suministro de agua creció un 23,7 %, de 68.299,3 km en 2012 a 84.504,4 km en 2018, siendo ese crecimiento del 33 % en las zonas rurales. A la vez, la extensión total de la red cloacal aumentó en un 55 % y se duplicó en las zonas rurales durante el período mencionado.

195. En 2013, el Gobierno inició el Programa Nacional de Desarrollo Local, coordinado por el Ministerio de Fomento. Este programa proporciona un marco legal para la ejecución de proyectos de importancia nacional destinados a apoyar el desarrollo regional realizando obras de infraestructura, en particular de suministro de agua y desagües cloacales (véase el anexo 10).

196.Hasta ahora, el Programa ha incluido dos fases:

La primera se inició en 2013 y, a partir de 2015, los objetivos de inversión se financiaron mediante un programa plurianual. 1.629 proyectos de inversión, por un valor de inversión financiada de 5.574 millones de lei (más de 1.123 millones de euros), fueron proyectos de suministro de agua o desagües cloacales, o bien proyectos integrados (suministro de agua y desagües cloacales a la vez). 976 de esos proyectos ya se han concluido.

En 2017 se puso en marcha una segunda fase con nuevos objetivos de inversión respecto a la primera fase y una mayor dotación financiera. Se están ejecutando 1.319 proyectos de suministro de agua y desagües cloacales por un valor de inversión financiada de 8.578 millones de lei (más de 1.842 millones de euros). 116 de esos proyectos ya se han concluido.

Q.Progresos realizados en el aseguramiento de un acceso no discriminatorio a un sistema de atención de la saludasequible, de calidad y oportuno

Observaciones generales sobre la estructura y financiación del sistema de salud

197.La constitución del sistema social de salud de Rumania se expuso más detalladamente en nuestro informe periódico anterior.

198.Las personas que no están aseguradas gozan de un conjunto de servicios mínimos, que se prestan según diferentes niveles de atención médica. Ese conjunto incluye la atención médica primaria, la atención médica especializada ambulatoria y la atención médica hospitalaria. En el anexo 15 se detalla el contenido del conjunto de servicios mínimos de salud.

199.Los proveedores de servicios médicos que tienen una relación contractual con los organismos de seguro de salud están obligados a no cobrar por los servicios médicos prestados que estén incluidos en los paquetes de servicios sufragados con cargo al Fondo ni por los documentos expedidos por el suministro de esos servicios.

200.En 2016, el Ministro de Salud aprobó los planes regionales de servicios de salud, cuyo objetivo principal es garantizar una distribución justa y eficiente de los servicios ambulatorios y hospitalarios en todo el país, para mejorar el acceso a los servicios de salud y reducir las disparidades regionales y departamentales. Tras la recolección de nuevos datos en 2017 y 2018 y después de consultar a los representantes de las administraciones locales, el Ministro creó dos grupos de trabajo para actualizar los planes regionales. En el caso de una región ya se aprobó el plan actualizado y en el de otra está por completarse el proyecto actualizado.

201.Los recursos financieros asignados al sistema de salud aumentaron año tras año, como se indica en el cuadro siguiente.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Recursos asignados al sistema de salud (millones de lei )	3 143,6	3 758,5	4 086,6	4 537,1	6 060	9 394,1

202.Mediante la Orden núm. 1501/2016 del Ministerio de Salud se introdujo un mecanismo de intercambio de información para los pacientes de los hospitales públicos. Se pide a pacientes dados de alta seleccionados al azar que, con carácter gratuito, rellenen anónimamente un formulario sobre su satisfacción con las condiciones materiales y el tratamiento médico recibido, así como sobre las posibles alegaciones de peticiones de soborno. Si la respuesta sobre esto último es afirmativa, se pregunta a la persona si desea formular cargos o presentar una reclamación y el Ministerio de Salud la contactará directamente para aclarar el caso y notificar a las autoridades competentes. En 2016 se establecieron comisiones de ética en cada hospital público, en cuya composición se incluyó a representantes de la sociedad civil. Esas comisiones notificarían a las autoridades competentes en caso de que se hubiera cometido un delito o al Colegio de Médicos en caso de posible mala praxis.

203.Los órganos judiciales siguieron esforzándose por combatir la corrupción en el sector de la salud, como demuestra el número de causas penales por delitos de corrupción en este ámbito registradas anualmente en las fiscalías (252 en 2014, 378 en 2015, 392 en 2016, 310 en 2017, 290 en 2018 y 298 en 2019).

Aseguramiento de la accesibilidad de los servicios de salud a toda lapoblación, sin discriminación

204.La legislación rumana en materia de salud dispone que los servicios de atención sanitaria deben garantizar el acceso de los pacientes a la atención médica en igualdad de condiciones, sin discriminación por motivos de raza, género, edad, etnia, nacionalidad, religión, afiliación política o aversión personal.

205.La práctica del Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación evidencia el pequeño número de quejas presentadas anualmente por presunta discriminación en el acceso a los historiales sanitarios públicos. En el anexo 9 se detalla esa práctica y las soluciones adoptadas por esta institución.

206.La salud constituye uno de los principales ámbitos de intervención de la Estrategia del Gobierno de Rumania para la Inclusión de los Ciudadanos Rumanos Pertenecientes a la Minoría Romaní 2015-2020. Esta Estrategia tiene por finalidad mejorar el acceso a los servicios médicos básicos, preventivos y terapéuticos, prevenir las situaciones de enfermedad que contribuyen a los niveles de morbilidad y mortalidad que afectan a la población romaní y disminuir sus riesgos, aumentar la capacidad de los organismos locales para individualizar las necesidades existentes y atenderlas, y prevenir la discriminación de los romaníes en el sistema de salud.

207.Además, la Estrategia incluye un componente de campañas de información destinadas a aumentar el recurso a la planificación familiar, especialmente por las jóvenes romaníes, y a implementar las intervenciones en materia de salud maternoinfantil.

208.Cada año, en el marco del Programa Nacional de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud y en ocasión del Día Mundial de la Anticoncepción, celebrado el 26 de agosto, las direcciones de salud pública realizaron actividades de divulgación en colaboración con asociados locales. Con el apoyo de enfermeras comunitarias y mediadores sanitarios, esas actividades se destinaron también a las mujeres de los sectores vulnerables de la población.

209.A partir de 2016, cada año los mediadores sanitarios y las enfermeras comunitarias recibieron formación en materia de alimentación y nutrición saludables en las comunidades romaníes vulnerables. Se distribuyeron 4.500 kits que contenían instrumentos metodológicos y abarcaban siete temas de promoción de la salud, y 108.500 personas pertenecientes a la minoría romaní se beneficiaron de un proyecto de desarrollo de la colaboración intersectorial para el logro de un mejor estado de salud de la población, especialmente de los grupos vulnerables.

210.Los mediadores sanitarios romaníes también están contribuyendo a difundir nociones básicas sobre un estilo de vida saludable e información sobre el acceso de los miembros de la comunidad a la atención de la salud y los servicios médico-sociales y sobre las campañas de salud pública, como los programas de inmunización o la detección de las enfermedades transmisibles.

211.Los equipos comunitarios son otro vector importante de la difusión de la información esencial sobre los elementos básicos de la puericultura y los beneficios de la lactancia materna y las vacunas, las ventajas del sistema del seguro de salud y la alimentación saludable, en la presentación de los beneficios de la planificación familiar y la facilitación de la comunicación con los profesionales sanitarios. Estos equipos están compuestos por una enfermera comunitaria y un mediador sanitario y se dedican a vigilar y apoyar a las personas más vulnerables en las cuestiones médicas y/o sociales.

212.El número de mediadores sanitarios aumentó de 391 en 2014 a 456 en 2019 y el de enfermeras comunitarias de 982 en 2014 a 1.694 en 2019.

213.Estos profesionales atendieron a un número de beneficiarios en constante aumento, como se indica en el cuadro siguiente.

Año	Total de beneficiarios de los cuales	Embarazadas y madres recientes	Niños menores de 18 años
2017	618 380	31 750	135 500
2018	665 412	30 950	147 443
2019	765 232	27 650	299 100

214.A fin de consolidar esta herramienta, el Ministerio de Salud ejecutó varios proyectos en 84 comunidades de 7 departamentos para complementar el Programa Nacional de Mediación Sanitaria. Esas comunidades recibieron apoyo de un equipo compuesto por un mediador sanitario y una enfermera comunitaria contratados por los organismos locales. Su actividad posibilitó una evaluación precisa de las necesidades de la comunidad en materia de salud básica. Una vez finalizado cada proyecto, casi todos los equipos comunitarios fueron empleados por las municipalidades con sueldos pagados por el Ministerio de Salud, lo que garantizó la sostenibilidad del proyecto, y los centros de salud comunitarios fueron dotados de tecnología de la información y equipamiento médico básico.

215.El Ministerio de Salud puso en práctica un proyecto de orientaciones en materia de nutrición saludable y actividad física de los niños en los jardines de infantes y las escuelas. El proyecto se ejecutó por medio de las enfermeras comunitarias, las enfermeras escolares y los mediadores sanitarios romaníes que habían recibido formación especial al respecto. Esas actividades se siguieron realizando anualmente en el marco del Programa Nacional de Promoción de la Salud.

216.Además, mediante un proyecto en curso hasta 2022 en 139 comunidades rurales y pequeñas comunidades urbanas mediana o gravemente marginadas, las personas afectadas por la pobreza se beneficiarán durante 28 meses de servicios médicos, sociales y educativos adaptados a sus necesidades en materia de salud, asistencia y protección sociales, educación, empleo, vivienda y documentos de identidad. Este proyecto está relacionado con un programa de financiación del desarrollo regional, ya que en el marco de este último se financiará la construcción o renovación y el equipamiento de los centros comunitarios integrados, sedes de los equipos comunitarios integrados.

217.En el anexo 15 se proporcionan más detalles al respecto.

Prevención de la mortalidad de lactantes y materna

218.El primer objetivo estratégico general de la Estrategia Nacional de Salud es mejorar la salud y nutrición de la madre y el niño y reducir el riesgo de muerte de madres y bebés. Las embarazadas y las madres jóvenes, así como los niños menores de 18 años y otras categorías, están asegurados automáticamente en el sistema de atención de la salud.

219.En el marco de la aplicación de la Estrategia, el Instituto Nacional de Salud de la Madre y el Niño, en asociación con el UNICEF Rumania, investigó las causas sociales y médicas de mortalidad de lactantes y materna e individualizó en particular el nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer en los casos en que las madres, en su mayoría socialmente vulnerables, no habían vigilado su embarazo.

220.En el anexo 15 se detalla el conjunto de servicios básicos de que disponen las embarazadas y las madres jóvenes.

221.Esos servicios médicos, suministrados con carácter ambulatorio, están disponibles para toda embarazada remitida por el médico general para pedir una cita con un proveedor de servicios médicos hospitalarios de Rumania que tenga una relación contractual con un organismo de seguro de salud, para los tipos de servicios que necesite.

222.Según la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva 2016, el 92,9 % de las embarazadas había recibido atención prenatal durante el embarazo y ese porcentaje era un 2 % superior en el caso de las mujeres de las zonas urbanas residenciales. El 74,8 % de las embarazadas habían tenido su primera consulta prenatal en el primer trimestre de gestación, el 11,4 % en el segundo y el 1,3 % en el tercero.

223.Existe una tendencia positiva en la tasa de atención prenatal en el primer trimestre de embarazo de las mujeres de las zonas rurales, que aumentó del 54 % en 1999 al 66 % en 2004 y al 71,5 % en 2016.

224.El Ministerio de Salud recomienda un mínimo de diez consultas de atención prenatal a las embarazadas que tienen una preñez normal. Según la Encuesta de 2016, el 30,9 % de las mujeres habían notificado un mínimo de diez consultas prenatales ese año, porcentaje similar al de 2004 (30,6 %). Respecto a 2004 había aumentado el porcentaje de embarazadas de zonas rurales que realizaban un mínimo de diez consultas prenatales (30,4 % en 2016, frente al 22 % en 2004).

225.El 86,5 % de las embarazadas recibían atención prenatal de un ginecólogo obstetra, el 58,2 % del médico de familia, el 10,3 % de enfermeras y el 4,7 % de parteras. Se había reducido la diferencia entre las zonas urbanas y rurales en la atención prenatal, los servicios profesionales y el número de servicios suministrados.

226.Las malformaciones genéticas son la tercera causa de mortalidad en los niños, por lo que el Ministerio de Salud organizó seis centros regionales de genética médica financiados con fondos públicos en el marco de los programas nacionales de salud, para aumentar el diagnóstico prenatal y la capacidad de asesoramiento genético.

227.Los servicios médicos hospitalarios de parto se suministran cualquiera sea la condición de la paciente en materia de seguro de salud y con independencia de si existe o no una nota médica de remisión, y se sufragan con cargo al Fondo Único Nacional de Salud y Seguro Social.

228.Para la asistencia médica de los niños prematuros, el Ministerio de Salud estableció un sistema regionalizado a fin de garantizar que esos niños nacieran en un centro médico que pudiera suministrar servicios apropiados, con miras a reducir esta causa importante de mortalidad de lactantes. Los programas de formación de los profesionales que se dedican a la atención maternoinfantil, que en 2016 incluyeron el establecimiento de un centro de excelencia en patologías prenatales en el Instituto Nacional de Salud de la Madre y el Niño de Bucarest, tienen el mismo objetivo.

229.Como se consideraba que el riesgo más importante para la vida de los recién nacidos (de 0 a 3 meses) era el bajo peso al nacer y para estandarizar la atención médica prestada a este grupo de edad, desde diciembre de 2017 el Instituto Nacional de Salud de la Madre y el Niño está ejecutando, junto con la Fundación CRED, el proyecto “Hospital-Comunidad, Atención Continua de los Recién Nacidos y los Lactantes que Presentan un Mayor Riesgo de Enfermedad y Muerte”, con un presupuesto de 2.065.619,45 euros y un plazo de ejecución de 36 meses. En el marco de este proyecto se imparten sesiones de formación a 810 profesionales del sector médico para aumentar su competencia y suministrar servicios médicos adecuados a los recién nacidos y los lactantes, a fin de reducir la tasa de mortalidad y mejorar los indicadores de salud infantil. Además, se prepararán o actualizarán cinco guías clínicas sobre este tema.

230.En 2016, el Ministerio de Salud puso en práctica el programa nacional “La Madre y el Niño”, con un presupuesto de más de 2,5 millones de euros, para equipar con 634 incubadoras a 123 establecimientos hospitalarios (9 hospitales dependientes del Ministerio y 114 centros hospitalarios locales). Este programa constituyó una continuación de los logros del Proyecto de Reforma del Sector de la Salud (fase 2), ejecutado por el Ministerio de Salud con el apoyo financiero del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para la renovación de las maternidades y los servicios de atención de la salud neonatal, el suministro de equipo médico y asistencia técnica, y la formación del personal médico sobre el suministro de servicios modernos de obstetricia, ginecología y neonatología.

231.En Rumania, la tasa de mortalidad de lactantes disminuyó constantemente a partir de 2011 y en 2019 registró una importante caída de más de un tercio respecto a 2011, tanto en las comunidades rurales como urbanas. En el anexo 15 se proporcionan datos estadísticos desglosados por género y lugar de residencia.

232.También bajó la tasa de mortalidad materna, que en 2019 se redujo a la mitad (10,6 %) respecto a 2011 (25,5 %) (véanse los datos estadísticos en el anexo 15).

233.El recién nacido y su madre son objeto de controles médicos. Las visitas periódicas del personal médico al niño en su domicilio son obligatorias hasta que este cumple 1 año. El propósito de esas visitas es vigilar de cerca el crecimiento y desarrollo del niño, capacitar a las madres a fin de crear condiciones óptimas para el crecimiento y desarrollo del niño, y prevenir el abandono, el maltrato y el descuido, que tendrían consecuencias negativas para el desarrollo armonioso de este. Según la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva 2016, el 42,9 % de las madres (aumento respecto al 38 % de 2004) recibían atención posnatal domiciliaria en las seis primeras semanas posteriores al parto y no había diferencia entre las zonas urbanas y rurales. Durante las visitas domiciliarias, las madres recibían información y asesoramiento en materia de nutrición, cuidado del bebé y planificación familiar.

R.Salud sexual y reproductiva

234.La Estrategia Nacional de Salud, adoptada en 2015, incluye entre sus objetivos estratégicos la prevención y reducción de los embarazos no deseados, de la interrupción voluntaria del embarazo y de la mortalidad materna debida al aborto. Las medidas correspondientes tienen por finalidad incorporar la planificación familiar al conjunto de servicios básicos, ejecutar programas de distribución gratuita de anticonceptivos y realizar campañas de concienciación.

235.La Estrategia establece que el Programa Nacional de Planificación Familiar es una de sus herramientas esenciales y enumera las siguientes medidas prioritarias de apoyo a ese objetivo:

El aumento de la capacidad de planificación y pronóstico del Programa y de la supervisión de la distribución gratuita de productos anticonceptivos, con inclusión de las pruebas electrónicas y la comunicación de las existencias mediante una adquisición centralizada, garantizando de ese modo la continuidad en la adquisición y distribución, así como la diversificación de los métodos anticonceptivos disponibles.

La garantía del acceso de los beneficiarios admisibles a los productos anticonceptivos distribuidos gratuitamente.

La ampliación de la cobertura territorial de los proveedores de servicios integrados de planificación familiar, particularmente impartiendo formación a los médicos generales que trabajan en las zonas desfavorecidas o con grupos desfavorecidos o vulnerables y desarrollando la actividad de los centros o consultorios de planificación familiar y otorgándoles competencias adicionales en materia de salud reproductiva.

El aumento de los conocimientos y la conciencia de la población sobre las opciones reproductivas, particularmente en los grupos vulnerables con mayor riesgo de embarazos no deseados.

236.Los principales objetivos del Programa Nacional de Planificación Familiar eran reducir el elevado número de abortos y patologías causadas por el aborto, disminuir la mortalidad materna, respetar los derechos fundamentales de las mujeres y mejorar el papel de la mujer en la sociedad, en particular suministrando anticonceptivos gratuitamente. Según la Encuesta de 2016, el 38,7 % de las mujeres fértiles utilizaban métodos anticonceptivos modernos. Existía una tendencia positiva en la utilización de esos métodos entre las mujeres fértiles, que había aumentado del 23 % en 1999 al 34 % en 2004 y al 38,7 % en 2016. También había aumentado esa utilización entre las mujeres que estaban en pareja, del 14 % en 1993 al 30 % en 1999, al 38 % en 2004 y al 43,6 % en 2018.

Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH

237.En Rumania, la vigilancia en materia de VIH se realiza por conducto de nueve centros regionales de VIH, que llevan a cabo la evaluación clínica y biológica de todos los pacientes vigilados activamente y establecen los planes de tratamiento. Las terapias antirretrovíricas específicas se administran a los pacientes por conducto de 51 hospitales y salas de enfermedades infecciosas.

238.Las embarazadas seropositivas reciben una atención y unos servicios específicos suministrados por los nueve centros regionales y por hospitales y salas de enfermedades infecciosas que remiten a esas pacientes a las maternidades para que den a luz adecuadamente y sin riesgos. Los hijos recién nacidos de madres seropositivas son objeto de vigilancia y control durante 18 meses por los nueve centros regionales, que garantizan la evaluación clínica y biológica, la profilaxis y el tratamiento de los que siguen teniendo una carga viral detectable tras el período de profilaxis.

239.En cuanto a los instrumentos de vigilancia, en 2013 Rumania estableció el Registro Nacional de Mujeres Embarazadas Seropositivas y de Recién Nacidos Expuestos al VIH. El Registro almacena de manera dinámica los datos sobre las madres y los niños, entre otros los relativos al diagnóstico de VIH durante el embarazo, los exámenes virológicos e inmunológicos realizados poco antes del parto, el historial patológico y terapéutico, las coinfecciones maternas y los factores de riesgo. La evaluación relativa a los niños consiste en datos sobre el nacimiento, el recuento básico de CD4 y el ARN del VIH, y la dinámica de desarrollo del virus y la progresión de las enfermedades bajo tratamiento en el caso de los que tienen una carga viral detectable.

240.El tratamiento antirretrovírico para las mujeres y las embarazadas seropositivas se administra sobre la base de las recomendaciones formuladas por la Sociedad Clínica Europea del Sida en sus guías. La profilaxis de los niños expuestos al VIH se realiza aplicando el Protocolo Nacional para la Vigilancia de los Niños Expuestos al VIH, basado en las recomendaciones publicadas por la Red Pediátrica Europea para el Tratamiento del Sida (PENTA).

241.En el informe nacional más reciente sobre el estado de la epidemia del VIH en Rumania a final de 2019, publicado por el Departamento de Vigilancia y Evaluación de los Datos sobre el VIH/sida, se puso de relieve un descenso del número de niños nacidos de madres seropositivas, un 1,6 % de los cuales estaban expuestos e infectados. En el anexo 15 figuran datos más detallados al respecto.

242.La metodología de regulación del suministro de servicios de salud en el sistema social de salud incluye, con carácter de servicios de prevención, los destinados a los preadolescentes y adolescentes, que comprenden, además de las consultas preventivas sobre la salud del niño, el asesoramiento y control en materia de enfermedades de transmisión sexual para los que tienen comportamientos de riesgo; las pruebas de laboratorio para detectar la sífilis e información sobre los beneficios de la vacunación optativa contra el VPH o indicación de la vacunación contra este virus; y el asesoramiento en materia de planificación familiar prestado a los adolescentes sexualmente activos.

243.Las consultas preventivas para los adultos de 18 a 39 años incluyen un componente de planificación familiar, orientado según el deseo expresado por el paciente. El médico asesorará a todos los pacientes sobre los comportamientos sexuales responsables (relaciones con protección). Los objetivos de la detección de algunos riesgos importantes relacionadas con la salud reproductiva consisten en:

Evitar los embarazos no deseados en el caso de las mujeres en edad de procrear (18 a 39 años).

Planear los embarazos deseados en el caso de las mujeres en edad de procrear (18 a 39 años).

Evitar los riesgos de infección con enfermedades de transmisión sexual en la población de alto riesgo.

244. Los análisis de laboratorio de que puede beneficiarse la persona asegurada en el marco de los servicios médicos básicos en el ámbito de la asistencia sanitaria especializada ambulatoria incluyen las pruebas destinadas a determinar una posible infección con hepatitis B o C, la prueba de VIH para las mujeres embarazadas, las pruebas de sífilis, las pruebas de pérdida vaginal, y el Babes-Papanicolau de citología cérvico-vaginal.

245.El Instituto Nacional de Salud de la Madre y el Niño se asoció con PartNET, la Asociación SAMAS y la Asociación de Parteras Independientes en el programa RENASC (Renacido), ejecutado entre junio de 2018 y octubre de 2019. Este programa posibilitó la constitución de una red nacional para promover la salud reproductiva mediante políticas públicas integradas, que reúne a 700 personas competentes de más de 45 organizaciones, ONG e instituciones públicas y privadas. El programa también incluye la garantía de un mejor acceso a la información y a la educación sexual, así como la extensión del control antes de la concepción y el control prenatal. El resultado del programa, a saber, el Plan de Acción destinado a aumentar el acceso a los servicios de planificación familiar, recibió el respaldo del Ministerio de Salud y servirá de modelo para el próximo marco de políticas estratégicas y un plan operativo de salud sexual y reproductiva en Rumania 2020-2030.

246.Los temas relacionados con la educación sexual se enseñan en el marco de las asignaturas escolares obligatorias, como Biología, Educación Cívica o Asesoramiento y Orientación, o de las asignaturas escolares optativas correspondientes impartidas en los ámbitos nacional, regional y local o incluidas en los planes de estudio de las escuelas.

247.En 2004 se introdujo en todos los establecimientos educacionales la asignatura optativa Educación para la Salud. Algunos de sus temas son: “Planes de vida: familia, relaciones sociales e impacto de la vida sexual en el futuro”, “Salud reproductiva y salud de la familia”, “Concepción y embarazo: riesgos del embarazo en la pubertad y la adolescencia para la madre y el niño”, “Embarazo no deseado y aborto: riesgos, planificación frustrada y servicios de asesoramiento”, “Conducta sexual responsable”, “Enfermedades de transmisión sexual”, “Violencia en la sexualidad y abuso sexual”, “Formas de violencia doméstica (física, emocional, sexual y social)”, “Pornografía y prostitución” y “Legislación sobre sexualidad”. Durante el período que abarca el informe se impartió la asignatura optativa Educación para la Salud en una media anual de 2.300 escuelas y el número anual de alumnos que asistieron varió entre aproximadamente 110.000 y 246.000.

248.Mediante una modificación legislativa introducida recientemente, en 2020, en la Ley de Protección y Promoción de los Derechos del Niño se estableció la obligación de que todas las entidades —sean de la administración central o local, públicas o privadas— que tengan competencia en materia de salud y educación tomen las medidas necesarias para ejecutar sistemáticamente, al menos con carácter semestral, programas de educación para la vida, en particular de educación sexual para los niños, a fin de prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes. El Ministerio de Educación tiene la obligación correspondiente de facilitar el acceso de todos los estudiantes matriculados en la educación de grado a esos programas de educación para la vida.

S.Medidas para mejorar el acceso efectivo de todos los niños a la educación primaria y secundaria

Observaciones generales sobre la financiación del sistema de educación

249.La Ley de Educación Nacional introdujo un nivel mínimo de financiación de la educación nacional, fijado en el 6 % del PIB anual, que debía asignarse anualmente por ley. Sin embargo, dados el imperativo de tener un déficit presupuestario máximo y la necesidad de equilibrar los gastos realizados con cargo al presupuesto del Estado, la aplicación de esta disposición se postergó hasta 2021. Los montos han aumentado constantemente, como se indica en el cuadro del anexo 16. Con carácter adicional, los establecimientos educativos, tanto preuniversitarios como universitarios, pueden obtener y utilizar sus propios ingresos de manera autónoma.

250.La educación nacional se financia tanto con cargo al presupuesto del Estado como a los presupuestos de los organismos públicos locales. La financiación de los establecimientos educativos preuniversitarios consta de tres componentes, a saber, básico, complementario y adicional. La financiación se basa en el costo estándar por alumno o por niño que recibe educación preescolar, que se determina para cada nivel de educación, itinerario educativo y esfera de especialización. El aumento del monto durante el período de referencia, así como los detalles sobre el contenido de los tres tipos de financiación, se indican en el anexo 16.

251.Entre los años escolares 2014/15 y 2018/19, los sueldos docentes se incrementaron en un 181 % en el caso de los maestros de preprimaria y primaria y un 164 % en el de los profesores de secundaria, uno de los porcentajes más altos de la Unión Europea.

Acceso a una educación gratuita y de calidad para todos los niños

252.La Ley de Educación dispone explícitamente que la educación pública es gratuita (art. 9) y que los alumnos y los maestros de la enseñanza pública recibirán gratuitamente los manuales escolares, tanto para la educación en idioma rumano como en los idiomas de las minorías nacionales, conforme a la Ley.

253.El Reglamento Marco sobre la Organización y el Funcionamiento de los Establecimientos Educativos Preuniversitarios dispone que la comisión de padres puede decidir prestar apoyo financiero a la clase o la escuela. Esta decisión no es obligatoria para los padres y únicamente puede aplicarse por conducto de la asociación de padres constituida legalmente. Además, el Reglamento prohíbe la participación de los alumnos y del personal escolar en la recaudación o gestión de fondos. La violación de esta prohibición se considera una infracción disciplinaria.

254.Una encuesta realizada en 2018 por Save the Children Rumania mostró que más del 81 % de los padres que habían respondido confirmaban que no era obligatorio prestar apoyo financiero a la escuela o la clase. El 72 % de los padres no estaban aportando voluntariamente ninguna contribución a los fondos de la escuela y el 44 % no lo hacían a los fondos de la clase.

255.La Ley núm. 1/2011 dispone que los establecimientos educativos podrán extender las actividades de educación mediante los programas “Escuela después de la Escuela”. Las actividades ofrecidas mediante este tipo de servicios incluyen el reforzamiento de las aptitudes adquiridas o la aceleración del aprendizaje, así como cursos de recuperación. También se proporciona a los alumnos un espacio seguro como alternativa al pasar su tiempo libre en entornos potencialmente perjudiciales.

256.Estos programas pueden financiarse con cargo a múltiples fuentes, entre ellas los presupuestos de los organismos locales y, en el caso de los alumnos pertenecientes a grupos desfavorecidos, el presupuesto del Estado. Los detalles correspondientes figuran en el anexo 16.

Acceso de todos los niños a la educación primaria y secundaria y medidaspara garantizar el acceso de los niños desfavorecidos, particularmente losromaníes y los niños con discapacidad

257.Además de las medidas de apoyo social mencionadas anteriormente y destinadas a los grupos vulnerables, las autoridades establecieron nuevos incentivos para aumentar el acceso a la educación y la asistencia a la escuela. Estas medidas incluyen:

Bonos sociales para fomentar la participación de los niños de familias desfavorecidas en la educación preescolar (jardín de infantes), pagaderos a partir de 2015 (50 lei por mes en caso de asistencia a la escuela superior al 50 %).

Útiles escolares gratuitos para los niños de las familias socioeconómicamente desfavorecidas. En el marco del proyecto “Útiles Escolares para los Alumnos de Educación Preescolar y Primaria – Igualdad de Oportunidades en la Educación”, ejecutado entre 2017 y 2019 por el Ministerio de Educación, se suministraron kits de útiles escolares a 51.539 alumnos de educación preescolar y mochilas escolares a 308.611 alumnos de primaria y secundaria (grados 2º a 8º). Este proyecto tenía carácter de apoyo complementario al Programa Nacional de Útiles Escolares, iniciado en 2002, y suministró, a comienzos de cada año escolar, kits de útiles escolares a los alumnos de primaria y secundaria que asistían a clase a tiempo completo en establecimientos educativos públicos.

A partir de 2016, el Ministerio de Educación ejecutó, en 50 establecimientos públicos de educación preuniversitaria, el programa experimental “Comida Caliente para Estudiantes”, en cuyo marco se suministró apoyo alimentario a los niños que recibían educación preescolar y los estudiantes, siendo los beneficiarios 54.709 en el año escolar 2018/19. A partir de febrero de 2020, el programa se extendió a 150 escuelas.

258.Se siguieron aplicando las medidas de acción afirmativa destinadas a los alumnos y jóvenes romaníes, a saber, el otorgamiento anual de plazas especiales a los alumnos romaníes para su admisión en las escuelas secundarias de nivel superior y las universidades; la formación anual de mediadores escolares, generalmente de etnia romaní; la formación inicial impartida a jóvenes romaníes mediante la enseñanza abierta a distancia y cursos de frecuencia reducida para convertirse en maestros en las comunidades romaníes, y la formación anual mediante cursos intensivos de maestros de historia e idioma romaníes con el apoyo del UNICEF; el apoyo anual para impartir educación en idioma romaní en las escuelas preprimarias y primarias, así como la enseñanza de la historia, la cultura y el idioma romaníes en la educación primaria y secundaria.

259.En el marco del Mecanismo Financiero del EEE para 2014-2021, el Programa de Educación, Becas, Aprendizaje y Emprendimiento Juvenil, que incluye un componente destinado a los alumnos romaníes, con un presupuesto total de 1.411.756 euros, permitió financiar siete proyectos de escuela y educación inclusivas, tolerancia, entornos multiculturales, lucha contra la discriminación y ciudadanía democrática, así como la formación de maestros en las cuestiones conexas. Cada proyecto financiado incluye las siguientes actividades que deben realizarse en las escuelas asociadas:

La formación de los maestros que trabajan con niños romaníes sobre las formas de facilitar la inclusión de estos (métodos de enseñanza centrados en el alumno, escuela inclusiva y enseñanza en un entorno multicultural, democracia y educación ciudadana activa, derechos humanos y derechos del niño, tolerancia y lucha contra la discriminación).

La elaboración de planes de estudio y material didáctico sobre un entorno multicultural e inclusivo.

Actividades de educación y concienciación sobre la lucha contra la discriminación, así como actividades de concienciación y capacitación sobre la inclusión, organizadas conjuntamente con los progenitores romaníes y no romaníes.

260.Las autoridades siguieron aplicando el programa de mediadores escolares, destinado a facilitar la educación de los niños vulnerables y romaníes. Para garantizar el número necesario de esos profesionales, cada año el Ministerio de Educación imparte formación a unos 30 a 60 mediadores por conducto de los centros de formación de maestros o en asociación con ONG reconocidas. Por ejemplo, en los cuatro últimos años 284 personas recibieron formación como mediadores escolares. Actualmente hay unos 450 mediadores (75 % de ellos de etnia romaní) que trabajan todo el año en el sistema educativo en todos los departamentos del país.

261.Además, cada año se imparten anualmente a los maestros, cualquiera sea su grado de especialización, sesiones de formación y cursos sobre temas como la igualdad de oportunidades en la educación, la interculturalidad y la inclusión en la educación y mediante esta, los derechos humanos o los derechos del niño. En esos cursos y sesiones también se aborda la forma de prevenir y combatir la discriminación y segregación de los romaníes en la educación.

262.En 2016 se reformó el marco legal relativo a la inclusión y la eliminación de la segregación en la escuela. Uno de los resultados de esa reforma fue la aprobación de la Orden Marco núm. 6134/2016 sobre la Prohibición de la Segregación Escolar en los Centros de Enseñanza Preuniversitaria, que modificó la anterior normativa ministerial en esta materia.

263.La Orden dispuso la prohibición de todas las formas de segregación escolar, a saber, la segregación basada en el desempeño educativo, la condición socioeconómica de las familias, el lugar de residencia, la discapacidad, las necesidades especiales en materia de educación y los criterios étnicos. También complementó el marco legal vigente introduciendo importantes indicadores sobre una educación de calidad y sanciones específicas relevantes y dispuso la elaboración y aprobación por orden ministerial de la Metodología para la Vigilancia de la Segregación Escolar en relación con todos los criterios mencionados anteriormente, así como de la Metodología para la Prevención de los Casos de Segregación Escolar y la Intervención en esos Casos.

264.Mediante la Orden núm. 6134/2016 se estableció la Comisión Nacional para la Eliminación de la Segregación y la Inclusión Educativa, dependencia especializada del Ministerio de Educación cuya finalidad general es prevenir la segregación escolar y que tiene, entre otras funciones, la de promover las dos metodologías mencionadas. La Metodología para la Vigilancia de la Segregación Escolar se promovió en 2019.

265.La Orden también refuerza el papel de las inspecciones escolares departamentales en la prevención y eliminación de todas las formas de segregación escolar, así como el papel de las comisiones de prevención y eliminación de la violencia, la corrupción y la discriminación en el entorno escolar, y de promoción de la interculturalidad, que funcionan en cada establecimiento educativo. Estas comisiones se establecen en el Reglamento Marco para la Organización y el Funcionamiento de los Establecimientos de Enseñanza Preuniversitaria y funcionan con carácter permanente desde el año escolar 2016/17.

266.Algunas de las medidas de acción afirmativa aplicadas con carácter continuo son: la creación de grupos o clases mixtos en las escuelas preprimarias, primarias, y secundarias elementales (está prohibido crear grupos, clases o escuelas romaníes por motivos relacionados con el estudio del idioma romaní y/o la historia y las tradiciones romaníes); la colaboración con los mediadores escolares u otros representantes comunitarios en la realización de censos escolares, alentando a la vez a los padres romaníes a matricular a sus hijos en la escuela cada año; la reserva de un número de plazas en todas las clases para atender la matriculación tardía de niños; la prohibición de matricular a alumnos romaníes, aduciendo que tienen dificultades de aprendizaje, en grupos o clases de educación especial o escuelas de educación especial integrada, mediante un diagnóstico abusivo y antiprofesional; y la obligación de que todos los alumnos compartan los locales y servicios escolares, cualquiera sea su etnia.

267.A partir del año escolar 2017/18, la metodología para la matriculación de los niños en la educación primaria prevé que las inspecciones escolares departamentales puedan decidir la reconfiguración de los distritos escolares para eliminar la posibilidad de segregación escolar basada en el lugar de residencia.

268.Habida cuenta del papel fundamental que desempeña la educación en la primera infancia en la preparación de los niños para la escuela, las autoridades centraron parte de sus esfuerzos en garantizar que los niños fueran matriculados en los jardines de infantes. Tras la conclusión del Proyecto de Educación Inclusiva en la Primera Infancia 2007-2013 y de “¡Todos en Jardín de Infantes, Todos en Primera Clase! – Programas Integrados para Aumentar el Acceso a la Educación y el Nivel de Educación de los Niños en las Comunidades Desfavorecidas, Especialmente las Romaníes”, y basándose en el programa “Todos los Niños en Jardín de Infantes” para 2010-2015, el Gobierno propuso un nuevo incentivo a fin de fomentar el acceso de los niños de los grupos desfavorecidos o vulnerables a la educación, a saber, el vale social para el jardín de infantes.

269.Mediante una modificación introducida en 2019 en la Ley de Educación Nacional se dispuso que el grupo superior de la educación preescolar se volvería obligatorio a más tardar en 2020, el grupo medio en 2023 como máximo y el grupo inferior en 2030 como mucho.

270.Además, se están aplicando otros tipos de programas de apoyo educativo en comunidades desfavorecidas, como las romaníes, en asociación con ONG (“Cada Niño Merece una Historia” y “Programas de Verano Sotron” (Asociación OvidiuRo), y “Programa Rumania Crece Contigo” (Centro de Educación y Desarrollo Profesional “Step by Step”, ISSA, UNICEF, Jacobs y Fundación Botnar)).

271.Las inspecciones de educación departamentales, en cooperación con las escuelas, las municipalidades y las ONG, aplican anualmente, desde el año 2000, el Programa Jardines de Infantes de Verano, destinado a los niños de los grupos desfavorecidos, en particular los niños romaníes que no han ido al jardín de infantes. Las actividades del Programa se centran en garantizar la preparación de los niños para la escuela y mejorar su conocimiento del idioma rumano. En el marco del Programa también se aplican medidas sociales complementarias, como el suministro de comidas, útiles escolares y, ocasionalmente, vestido y calzado.

272.Para mejorar la calidad de la educación preescolar y desarrollar la necesaria infraestructura correspondiente, en 2009 el Ministerio de Educación empezó a ejecutar el Proyecto de Reforma de la Educación en la Primera Infancia en Rumania (PRET), que debe concluir en diciembre de 2021. Algunos de los objetivos del Proyecto son la formación de maestros y personal preescolares, el suministro de material didáctico y la construcción de nuevos edificios para 400 jardines de infantes. En marzo de 2019 se completó la formación de más de 60.000 maestros preescolares, cuidadores/asistentes y directores. Se elaboraron 7 módulos de formación específica, se estableció una red de 325 centros de recursos para la educación y el desarrollo y se suministró material didáctico a 12.500 unidades educativas encargadas de organizar las clases preparatorias.

273.El componente relativo a la rehabilitación y el desarrollo de la infraestructura debe completarse a más tardar el 31 de diciembre de 2021. Actualmente se han terminado 229 jardines de infantes y se están construyendo otros 139.

274.En agosto de 2019 se aprobó el nuevo Plan de Estudios para la Educación en la Primera Infancia, que se aplica a los niños menores de 6 años. El nuevo plan garantiza un enfoque actualizado y mejorado de la educación en la primera infancia y se centra explícitamente en los ámbitos del desarrollo (cognitivo, físico, lingüístico y socioemocional, así como el aprendizaje de la lectura y la escritura, y la capacidad y actitud de aprendizaje), y en el juego libre y el apoyo individual para el desarrollo y el aprendizaje.

275.Para seguir apoyando a los estudiantes secundarios de los grupos vulnerables, el Ministerio de Educación está ejecutando, en el período 2015-2022, el Proyecto para la Enseñanza Secundaria de Rumania (ROSE), con un costo estimado de 200 millones de euros, financiado enteramente con un préstamo del BIRF. En el anexo 16 se lo describe más detalladamente.

276.El Proyecto tiene por finalidad reducir el abandono escolar en la educación secundaria y terciaria y aumentar la tasa de aprobación del examen del bachillerato, e incluye dos tipos de intervenciones: i) intervenciones sistémicas y a nivel escolar, y ii) intervenciones a nivel universitario (establecimientos públicos de educación superior).

277.En el marco del primer componente están otorgándose 728 becas por un monto de 333,53 millones de lei. A partir de 2017, más de 143.653 estudiantes, de los cuales 74.801 eran muchachas, de las escuelas secundarias superiores beneficiarias participaron en las actividades pedagógicas, de apoyo y extraprogramáticas organizadas para apoyar la transición de los estudiantes entre la educación secundaria superior y la terciaria, el aumento de la asistencia a la escuela y el incremento de la tasa de graduación y aprobación del bachillerato.

278.El análisis de los indicadores de desarrollo del proyecto reunidos al final del año académico 2018/19 (segundo año de ejecución) muestra progresos en muchas de las instituciones apoyadas por el proyecto. Así:

La tasa de abandono en las escuelas apoyadas por el proyecto bajó del 6,5 % al 3 %.

El porcentaje de escuelas secundarias superiores con una tasa de abandono superior al 7 % se redujo del 23,1 % al 15,52 % en el caso de las escuelas apoyadas por el proyecto.

La tasa media de graduación aumentó del 86,9 % al 95,57 % en las escuelas apoyadas por el proyecto.

La tasa media de aprobación del bachillerato creció del 49,6 % al 62,93 % en las escuelas secundarias superiores apoyadas por el proyecto.

279.En el marco del subcomponente dedicado a las intervenciones sistémicas se apoya a todas las escuelas secundarias superiores para elevar la tasa de transición a la educación superior, mediante la revisión del plan de estudios de la enseñanza secundaria superior y actualizando los instrumentos de evaluación. La participación de alumnos rumanos en la evaluación internacional TIMSS en el período de abril a junio de 2019, así como la participación de estudiantes rumanos en PISA 2022, se financian por conducto de este subcomponente.

280.En el marco del componente dedicado a las intervenciones a nivel universitario se apoyan las actividades que atienden las necesidades de los estudiantes en gran riesgo de abandono de la universidad durante su primer año de estudio, especialmente los de los grupos desfavorecidos.

Prevención del abandono escolar y lucha contra sus efectos negativos

281.El objetivo de reducir la tasa de abandono escolar temprano, establecido por la Estrategia Nacional en 11,3 % para 2020, no se alcanzó, pero la tendencia de este indicador fue a la baja en el período 2015-2019. Esa tasa disminuyó pues del 19,1 % en 2015 al 15,3 % en 2019.

282.Hasta ahora, la aplicación de la Estrategia se ha evaluado en tres ejercicios, en 2017 (también se incluyeron 2015 y 2016), 2018 y 2019 (véase el anexo 16).

283.En 2017, el Ministerio de Educación inició el proyecto en gran escala CRED-Plan de Estudios Relevante, Educación Abierta para Todos (véase el anexo 16) en el marco de la reforma en curso de los planes de estudio. Su objetivo general es prevenir el abandono escolar temprano mediante medidas sistémicas destinadas a lograr una puesta en práctica innovadora y sostenible del nuevo plan de estudios. En el marco del proyecto se impartirá formación durante el servicio a 55.000 docentes de primaria y secundaria sobre el enfoque metodológico centrado en las aptitudes fundamentales, conforme al nuevo plan de estudios y adaptando la enseñanza a las necesidades específicas de cada alumno, en particular de los que corren el riesgo de abandonar la escuela. Un ámbito al que el Ministerio presta constantemente la debida atención es el mejoramiento y desarrollo de los programas de segunda oportunidad, destinados a los niños, jóvenes y adultos que no han completado su educación obligatoria. Anualmente, el número de beneficiarios varía entre 5.000 y 7.000, de los cuales alrededor del 60 % son de etnia romaní. En 2015 hubo 12.597 participantes en 287 escuelas; en 2016, 4.983 beneficiarios en la educación primaria y 8.366 en la secundaria elemental; y, en el año escolar 2017/18, 2.130 jóvenes se beneficiaron de la educación primaria y 3.525 de la secundaria elemental.

284.Por otra parte, en 2019 se formularon dos convocatorias para proyectos del tipo de educación de segunda oportunidad, a saber:

En aplicación de las medidas de educación de segunda oportunidad se financiarán proyectos de programas educativos de segunda oportunidad apropiados, con una asignación total de 163.454.000 euros, de los cuales 144.995.431 corresponden a los proyectos destinados a las regiones menos desarrolladas.

La convocatoria correspondiente a las medidas de educación de segunda oportunidad para los jóvenes que no trabajan, no estudian ni reciben formación profesional se destina a los proyectos que ayudan a esos jóvenes a terminar la escolaridad obligatoria, prestándose especial atención a las personas de las zonas rurales y a las pertenecientes a la minoría romaní, con una asignación total de 122,5 millones de euros, de los cuales 118,6 millones corresponden a las regiones menos desarrolladas.

285.En 2016, el Ministerio de Educación formuló dos convocatorias de concurso para proyectos de apoyo a la Estrategia Nacional para la Reducción del Abandono Escolar Temprano, destinados a prevenir y reducir ese abandono y promover la igualdad de acceso a una educación de calidad, a saber, “Maestros Motivados en Escuelas Desfavorecidas” y “Escuela para Todos” (véase el anexo 16). Esos proyectos empezaron a ejecutarse en 2018 y tienen por finalidad prestar apoyo a los alumnos y los docentes enfrentados al abandono escolar.

Derechos lingüísticos y culturales de las minorías nacionales

Permitir que las minorías nacionales expresen y desarrollen su cultura y sustradiciones y costumbres en su propio idioma

286.En el período 2014-2019, mediante varias leyes se introdujeron días de celebración de la mayoría de los idiomas minoritarios (eslovaco, checo, búlgaro, húngaro, serbio, turco, yidis, macedonio, ucraniano, griego y romaní). Para celebrar esos días se realizan eventos culturales en los pueblos y aldeas habitados por personas pertenecientes a las minorías nacionales y se alienta a las emisoras públicas de radio o televisión a que incluyan en sus programas espectáculos o transmisiones específicos de esos eventos.

287.Además, el Departamento de Información de Rumania (DIR) organiza cada año eventos para celebrar los idiomas de las minorías y su estudio, a saber, el Día Internacional de la Lengua Materna, el evento LiguaFEST y el Estand de la Diversidad Étnica, este último durante la Feria Internacional del Libro Educativo “Gaudeamus” y dedicado a la literatura, la prensa y las tradiciones de las minorías nacionales.

288.El apoyo a las organizaciones de las minorías nacionales siguió siendo importante y se centra en dos grandes objetivos, a saber, fomentar el diálogo y la cooperación entre todos los grupos étnicos y entre la población mayoritaria y las minorías nacionales, y garantizar la participación internacional en el diálogo intercultural promoviendo los conocimientos especializados que Rumania ha adquirido en este ámbito.

289.En el período 2016-2019 se asignaron 15,5 millones de lei para financiar los proyectos y actividades interétnicos que promovían la identidad cultural, lingüística y religiosa y los derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales a fin de combatir la intolerancia. Esos proyectos tenían los siguientes objetivos principales:

Promover el diálogo intercultural en el país y el extranjero para consolidar la cooperación entre las minorías nacionales y la población mayoritaria.

Publicitar la potenciación del patrimonio cultural material y espiritual de las minorías nacionales.

Promover la educación intercultural mediante métodos informales y la cooperación con el sistema de educación pública.

290.El DIR ejecutó por su cuenta 59 proyectos, cooperó con otras instituciones y con ONG en 50 proyectos y financió con fondos no reembolsables 206 proyectos presentados por ONG.

291.Además, el DIR apoya a 18 organizaciones de las minorías nacionales asignando fondos para financiar algunas de sus actividades, como la publicación de libros, libros de texto y manuales escolares en el idioma minoritario correspondiente o bilingües, la promoción de programas de radio o televisión, o la organización de eventos culturales y científicos en Rumania o el extranjero. El Departamento también financia la contribución nacional a los programas ejecutados con fondos europeos por las organizaciones de las minorías nacionales y destinados a desarrollar la comunidad respectiva. Para el período 2016-2019, el apoyo financiero se elevó a más de 456 millones de lei. Las organizaciones mantienen la libertad de decidir los propósitos particulares de cada categoría de actividad y las cantidades que se le destinan.

292.En cuanto al acceso a los medios de comunicación por las personas pertenecientes a las minorías nacionales y la expresión de su cultura y sus tradiciones en su propio idioma, la Ley de Medios Audiovisuales obliga a las emisoras a proporcionar un espacio para los programas destinados a las 20 minorías reconocidas en Rumania, a fin de que su idioma, su fe y sus tradiciones y costumbres estén representados en esos medios.

293.Los programas producidos y transmitidos por la Sociedad Rumana de Televisión (TVR) desempeñan un papel importante en la difusión del mensaje identitario. Según el Informe de Actividad de la TVR de 2018, los sets de TVR del interior del país y el de Bucarest asignaban espacios para programas de las minorías.

294.Los programas de televisión transmiten material en los idiomas de las minorías nacionales, principalmente en húngaro, en localidades de los departamentos de Covasna, Harghita, Mureş, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Bihor, Braşov y Arad. También hay programas para la población romaní, alemana, serbia, turca, ucrania, rusa lipovena, checa, eslovaca, búlgara, croata, tártara e incluso italiana.

295.Cabe mencionar que, entre las emisoras privadas, 29 programas de televisión transmiten material únicamente en húngaro (3 de ellos solo en videotexto), y 13 programas material en idiomas de minorías nacionales: húngaro (13), alemán (6), búlgaro (1) y romaní (1). También existe un canal especial en italiano, Telestar 1, que es bilingüe para Rumania y tiene cobertura nacional e internacional.

296.En cuanto a los programas de radio, el Consejo Nacional de Medios Audiovisuales concedió 36 licencias para la transmisión de programas únicamente en húngaro en localidades de nueve departamentos. Además, 33 programas de radio transmiten material en idiomas de minorías nacionales, a saber: húngaro (24), alemán (2), romaní (9), arrumano (4), serbio (2) y turco (1). A estos se añaden los programas producidos y transmitidos por la Sociedad Rumana de Radiodifusión (SRR) mediante el “Programa Húngaro-Alemán”, en húngaro y alemán, y por conducto de las estaciones regionales, que transmiten programas para las comunidades locales en 17 idiomas minoritarios.

297.El DIR también financia periódicamente diversos proyectos ejecutados por ONG o asociaciones culturales para formar redactores de los medios de comunicación de las minorías nacionales y promover la creación cinematográfica y el arte contemporáneo en un entorno interétnico.

298.En el período 2014-2019, mediante el Programa de Proyectos Prioritarios y el Programa de Necesidades Culturales Urgentes, el Ministerio de Cultura apoyó la ejecución de unos 110 proyectos culturales que tenían el objetivo general de conocer y promover el folclore tradicional, los festivales y otras formas de expresión e iniciativas específicas en los idiomas regionales o minoritarios o relacionadas con estos.

299.A continuación se indican los fondos destinados a la ejecución de esos proyectos en el marco del Programa de Proyectos Prioritarios y el Programa de Necesidades Culturales Urgentes del Ministerio de Cultura.

Año	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Monto	Lei	380 000	280 000	441 097	420 000	355 000	535 000
Euro*	85 500	63 000	98 220	92 000	76 295	112 745

* Al tipo de cambio medio anual.

300.Muchos de los eventos culturales realizados suscitan una reflexión creativa y amplia sobre la necesidad de fomentar el diálogo entre culturas, la diversidad étnica y la interacción interdisciplinaria en la promoción de la identidad étnica capitalizando el patrimonio cultural mueble e inmueble y utilizando tanto los medios de expresión contemporáneos como los tradicionales.

Medidas para fomentar el conocimiento de la historia, las tradiciones y la culturade los diversos grupos mediante la educación y el acceso a la información

301.Como se indica en la sección I, la ley reconoce el derecho de toda persona perteneciente a una minoría nacional a estudiar en su lengua materna en todos los niveles y formas de educación. Las modificaciones introducidas en la legislación en 2018 consolidaron la organización de la educación para los niños que estudian en su lengua materna o que estudian esa lengua como asignatura escolar. A este respecto, el costo estándar por alumno o niño en educación preescolar que se toma en consideración al asignar la financiación básica a los establecimientos de educación preuniversitaria en que la enseñanza se imparte en los idiomas de las minorías nacionales se calcula según un coeficiente incrementado basado en factores de corrección que tienen en cuenta la enseñanza en el idioma minoritario nacional o de este idioma.

302.La reorganización o disolución de grupos de estudio, incluidos los del ámbito de la educación en idioma materno, solo puede tener lugar con la aprobación del Ministerio de Educación, la Comisión de Educación del Consejo para las Minorías Nacionales y la organización que representa a la minoría nacional en cuestión en el Parlamento rumano.

303.En el marco de la reforma nacional de los planes de estudio iniciada en 2012 se revisaron los contenidos de la asignatura Historia de 4º grado de primaria para reflejar mejor las diferentes dimensiones de la diversidad, en particular la étnica, e incluir temas tales como “Los pueblos de ayer y hoy: dacios, romanos, griegos, galos, eslavos, turcos, rumanos, franceses, húngaros, alemanes, rusos, serbios, búlgaros”.

304.También se revisaron los contenidos de la asignatura Historia en la educación secundaria elemental (grados 5º a 8º), que ahora incluyen los siguientes temas relacionados con las minorías nacionales: “Diversidad étnica y religiosa en los territorios rumanos”, “Minorías nacionales de Rumania” y “El Holocausto en Rumania: judíos y romaníes”. Los alumnos que estudian en escuelas o secciones en que la enseñanza se imparte en su lengua materna o que estudian su lengua materna como asignatura en escuelas en que la enseñanza se imparte en rumano tienen, en el plan de estudios básico de los grados 6º y 7º, la asignatura Historia y Tradiciones de las Minorías, correspondiente a cada minoría nacional.

305.En el plan de estudios de 6º grado se introdujo la asignatura Educación Intercultural, centrada en los valores y principios de una sociedad intercultural y en las actividades prácticas que permiten a los alumnos aprovechar su propia cultura y apreciar otras culturas, como las de las minorías o de los migrantes.

306.Los alumnos también tienen la posibilidad de elegir, en el plan de estudios, en función de la decisión de la escuela en el caso de la educación secundaria, disciplinas tales como “Historia Oral-Historia Vivida-Historia Narrada”, “Educación Intercultural”, “Historia de las Minorías Nacionales” o “Historia del Pueblo Judío: El Holocausto”.

307.La ley establece que los docentes que enseñan en los idiomas de las minorías nacionales tienen derecho a recibir formación y perfeccionamiento en el idioma de instrucción, tanto en el país como en el extranjero.

308.La formación continua de los docentes se garantiza mediante programas impartidos por las inspecciones escolares, los centros de formación de maestros y las universidades, así como con el apoyo de los sindicatos generales de las minorías nacionales o sus sindicatos docentes. En 2018 se estableció en Oradea el Centro de Formación Continua de Maestros en Húngaro, que imparte programas de perfeccionamiento y formación continua para maestros y auxiliares docentes que enseñan en ese idioma.

309.En el marco del proyecto CRED, una de las guías para la aplicación del nuevo plan de estudios está dedicada a la historia y las tradiciones de las minorías. A fin de apoyar a los profesores de historia que enseñan esta asignatura optativa se elaboró un manual del profesor por iniciativa del Proyecto de Relaciones Étnicas y del DIR.

310.El DIR también elaboró proyectos para apoyar la formación de docentes en educación multicultural y una guía sobre educación intercultural para instructores y personal docente, y organizó sesiones de formación interactiva sobre no discriminación y derechos humanos.

311.Además, el DIR se asoció con el Ministerio de Educación y las organizaciones de las minorías nacionales en una campaña en línea para facilitar el acceso de padres y alumnos a la educación en un idioma de una minoría nacional y desarrollar las aptitudes de comunicación en la lengua materna. Así pues, en los sitios del Departamento y del Ministerio se publican información práctica sobre los documentos necesarios, el calendario de matriculación y la lista de los centros educativos que enseñan en idioma materno.

Medidas para fomentar el conocimiento de la historia, las tradiciones y lacultura de la comunidad romaní que vive en el Estado parte

312.Con respecto al aprendizaje del idioma romaní y de la historia y las tradiciones específicas como factores que permiten la inclusión, los alumnos romaníes tienen la posibilidad de estudiar en ese idioma en primaria y secundaria elemental en algunos departamentos del país y de estudiar el idioma, la historia y la cultura romaníes en 39 departamentos con carácter de asignaturas adicionales.

313. En los tres últimos años (2017-2019) se organizaron anualmente en 8 departamentos entre 7 y 10 grupos preescolares que impartían enseñanza bilingüe, compuestos por un total de 210 a 225 niños cada año.

314.En cuanto a la enseñanza del idioma romaní, se impartieron cursos sobre ese idioma y su correspondiente metodología de enseñanza, así como enseñanza de o en ese idioma, con inclusión de la asignatura Historia y Tradiciones Romaníes. Los centros de formación de maestros imparten constantemente cursos de romanipen. Por ejemplo, en 2019 se impartieron 16 de esos cursos, a los que asistieron unos 600 maestros.

315.Además, en el marco de la aplicación de la Estrategia Nacional para la Inclusión de los Romaníes, en 2016 el DIR puso en marcha, en cooperación con el Ministerio de Educación, una plataforma de proyectos centrada en el idioma romaní, a saber, “Lengua Materna Romaní e Historia, Tradiciones y Costumbres Romaníes en el Contexto Intercultural de la Educación de Grado”.

316.El DIR también coorganizó la Conferencia Nacional de la Juventud Romaní, evento que brindó a los jóvenes estudiantes romaníes la oportunidad de familiarizarse con la historia, las tradiciones y el ethos romaníes, así como con los conocimientos modernos en materia de liderazgo, para alentar a los jóvenes representantes de la comunidad a asumir la función de representantes comunitarios en los planos local, departamental y nacional.

IV.Otras recomendaciones formuladas al Estado parte

A.Asistencia para el desarrollo proporcionada por Rumania

317.En su carácter de Estado miembro de la Unión Europea (UE), Rumania se comprometió a proporcionar asistencia oficial para el desarrollo (AOD) por un monto que debe alcanzar 0,33 % de su ingreso nacional bruto a más tardar en 2030. Este compromiso deriva del compromiso colectivo contraído en el seno del Consejo Europeo, que estableció un umbral de 0,7 % para los Estados que se habían adherido a la Unión Europea antes de 2002 y, en el caso de los que se adhirieron después, un objetivo de 0,33 % para 2030. Actualmente, Rumania se encuentra en un nivel de 0,11 pero se ha registrado en los últimos años un incremento del monto neto de la AOD, que pasó de 889,7 millones de lei en 2017 a 980,9 millones en 2018 y 1.075 millones en 2019.

318.Todos los proyectos ejecutados en el período 2011-2019 en beneficio de los países en desarrollo mediante la formación y la transferencia de conocimientos especializados tenían un componente de derechos humanos, a saber, la reforma del sistema penitenciario de Libia (2013-2014), la protección de los derechos de los niños en la República de Moldova y Georgia (2014), los derechos de la juventud en la República de Moldova (2014 y 2016), y los derechos de la mujer y las cuestiones de paz y seguridad (2017 y 2019).

319.Los derechos sociales estuvieron en el centro de una serie de proyectos ejecutados por organismos nacionales en beneficio de terceros países, a saber:

Becas para estudios de doctorado y posdoctorado, exención del pago de derechos y cursos de idioma rumano para estudiantes de terceros países en desarrollo (estas becas y los subsidios educativos representaron el 80 % de la asistencia bilateral para el desarrollo); y rehabilitación de edificios educativos en la República de Moldova (2014-2018).

Garantía de un nivel de vida digno mediante el acceso al agua potable por los refugiados sirios en el Iraq; estudios de factibilidad para la puesta en funcionamiento de plantas de purificación de agua; ayudas alimentarias.

Contribuciones financieras a la OMS, el UNFPA y la SEEHN, así como la rehabilitación de hospitales regionales en Ucrania y la República de Moldova y su equipamiento con aparatos médicos.

B.Difusión de las observaciones finales

320.Las observaciones finales de 2014 se difundieron a los organismos nacionales y, como se indica en la primera parte del presente informe, una amplia gama de instituciones contribuyeron a este.

321.En 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores firmó un memorando de cooperación con el Instituto Europeo de Rumania, institución con amplia competencia en traducción jurídica internacional y europea, para empezar a traducir al rumano los documentos más importantes del proceso de seguimiento a nivel de las Naciones Unidas. Las observaciones finales, las observaciones generales, los informes temáticos y las recomendaciones del EPU se traducirán gradualmente al rumano y se podrán a disposición en línea en el sitio web del Instituto. También se transmitirán a los organismos nacionales para su aplicación.

C.Ratificación de otros tratados de derechos humanosde las Naciones Unidas

322.Con respecto a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, cabe señalar que los principios básicos enunciados en ese instrumento están incorporados en la legislación nacional vigente, que se ajusta a las normas de la Unión Europea en esta materia. Rumania sigue plenamente empeñada en proteger los derechos de los miembros de todos los grupos vulnerables, incluidos los migrantes.

323.En cuanto a la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto, la parte rumana todavía está evaluando los cambios que implicaría, desde el punto de vista de los recursos internos y habida cuenta del carácter complejo de las obligaciones que impone el Pacto.

324.Rumania inició el proceso de ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El proceso aún está en sus primeras etapas, por lo que no es posible proporcionar un calendario para el depósito del instrumento de ratificación.