Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

4 5 º período de sesiones

Acta resumida de la 44ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 10 de noviembre de 2010, a las 15.00 horas

Presidente:Sr. Marchán Romero

Sumario

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Informes periódicos cuarto y quinto combinados del Reino de los Países Bajos (continuación)

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Informes periódicos cuarto y quinto de los Países Bajos (E/C.12/NLD/4-5); (E/C.12/NLD/4/Add.1); (E/C.12/NLD/4/Add.2); lista de cuestiones que deben abordarse (E/C.12/NLD/Q/4-5); respuestas escritas del Gobierno neerlandés a la lista de cuestiones (E/C.12/NLD/Q/4-5/Add.1) (continuación)

1. Por invitación del Presidente, la delegación del Reino de los Países Bajos vuelve a tomar asiento como participante a la Mesa del Comité.

Artículos 1 a 5 del Pacto (continuación)

2.La Sra. Swakhoven (Reino de los Países Bajos – Curaçao) dice que Curaçao y San Martín redactarán a la mayor brevedad un nuevo documento básico. Los informes periódicos se han preparado con la participación de departamentos y de organismos de los Gobiernos central y de ultramar y de organizaciones no gubernamentales (ONG) de las Antillas Neerlandesas consultadas durante el proceso. La retirada de la reserva formulada respecto del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobada por el antiguo Gobierno de las Antillas Neerlandesas y por los Estados de Curaçao y de San Martín que formaban parte de él, será examinada por el Parlamento del Reino de los Países Bajos y aprobada en una fecha próxima. Se transmitirá a los respectivos Gobiernos la observación relativa a la creación de instituciones de derechos humanos en las otras partes del Reino. Desde la obtención del derecho de voto y de elegibilidad en las Antillas Neerlandesas, las mujeres han ocupado siempre puestos en el Gobierno central y en los gobiernos de las islas.

3.La Sra. Wuite (Reino de los Países Bajos – San Martín) señala que el nuevo Gobierno de San Martín cuenta con un 40% de mujeres, sin que se hayan tomado medidas de discriminación positiva. No existe una política de igualdad propiamente dicha y la cuestión es tratada por organismos públicos, como la Oficina de Asuntos de la Mujer y la Oficina de desarrollo comunitario y social. El nuevo Ministerio de Salud Pública, Desarrollo Social y Trabajo será el encargado de las cuestiones de igualdad entre los sexos. El porcentaje de mujeres activas se ha mantenido estable en el decenio transcurrido y ascendió a cerca del 56% en 2009.

4.El Sr. Versluis (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) dice que una comisión de revisión de la Constitución está a punto de publicar un informe sobre una posible enmienda destinada, en especial, a reforzar la aplicabilidad directa de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esos instrumentos y su aplicabilidad forman parte de la capacitación impartida a los futuros jueces. En el marco del artículo 2 del Pacto, el país sostiene activamente la labor llevada a cabo por las Naciones Unidas para codificar el derecho al agua potable y al saneamiento y promueve otros derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la alimentación.

5.El Sr. Beets (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) explica que el Gobierno, a pesar de las restricciones presupuestarias que se ha visto obligado a adoptar, ha decidido mantener la tasa de asistencia oficial al desarrollo en el 0,7% del producto interno bruto (PIB), frente al 0,8% anterior, de conformidad con las recomendaciones del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

6.La Sra. Van Schaik (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) dice que el marco jurídico en vigor en materia de igualdad de trato se rige por cuatro leyes específicas (Ley general de igualdad de trato; Ley de incapacidad y enfermedades crónicas; Ley de la edad y Ley de hombres y mujeres). Se ha sometido a una extensa consulta en Internet un proyecto de ley que consolida esos cuatro textos, y el Gobierno está examinando en la actualidad sus resultados. En aplicación de la nueva directiva europea de igualdad de trato fuera del contexto laboral, que se está discutiendo actualmente en el seno de la Unión Europea, se ha previsto ampliar la protección otorgada por esas leyes.

7.El Sr. Beets (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) dice que los Países Bajos no son parte en la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, pues el instrumento no aborda con claridad la aplicabilidad de las prestaciones sociales y de otra índole a los migrantes en situación irregular. No obstante, todas las disposiciones legislativas y reglamentarias sin excepción alguna son de aplicación a los migrantes en situación legal y el derecho a trabajar se aplica a todos los trabajadores migrantes, independientemente de su estatuto.

8.El Sr. Kuijer (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) indica que la policía atiende cada año entre 2.000 y 2.500 denuncias de discriminación, en la mayoría de los casos por motivo de raza o de nacionalidad (40%) y generalmente (70%) en la esfera pública. Hay un fiscal encargado de casos de discriminación en cada fiscalía del país. En 2009, se entablaron unos 160 procedimientos, de los que el 84% terminó en una condena. Las denuncias por violencia en el hogar son muy numerosas, con casi 64.000 interpuestas en 2008, y de ellas, un 45% por violencia física y el resto por violencia verbal, que también encaja en la definición de violencia familiar. Por último, si la respuesta a la cuestión sobre la discriminación de los migrantes, que figura en la lista de cuestiones, resulta un tanto vaga es porque los migrantes en situación legal tienen los mismos derechos que los nacionales.

9.El Sr. Beets (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) indica que los solicitantes de asilo son atendidos por la Oficina de acogida de los solicitantes de asilo en lo tocante a vivienda, salud y trabajo y cobran una prestación financiera hasta que obtengan el permiso de residencia que les otorga los mismos derechos que a los demás residentes en situación legal. Desde 1998, la concesión de prestaciones sociales está vinculada al estatuto de residencia. No obstante, los niños indocumentados son escolarizados y los migrantes en situación irregular tienen acceso a la asistencia jurídica y a los tratamientos médicos indispensables. En los centros de internamiento para extranjeros hay menos de un 10% de mujeres, 0,1% de niños no acompañados, 3,2% de jóvenes mayores de edad y 0,3% de personas mayores de 60 años. Los centros de libertad vigilada son una solución sustitutoria para las familias con niños. En cuanto a las víctimas de la trata de personas, pueden obtener un permiso de residencia a condición de poder demostrar sus afirmaciones y de cooperar con las autoridades.

10.El Sr. Sadi desearía saber si el Estado parte tiene en cuenta las observaciones generales formuladas por el Comité a los efectos de interpretación y aclaración de los objetivos y el alcance jurídico de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

11.El Sr. Versluis (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) explica que, en virtud de la Constitución, las disposiciones vinculantes para todos son de aplicación directa. Recuerda seguidamente los criterios de aplicación de los instrumentos internacionales establecidos por la jurisprudencia. Uno de esos criterios es la intención de los autores; como el Pacto se remonta a 1966, los jueces tienden a interpretar algunas de sus disposiciones según las normas modernas. Además, habida cuenta de que a menudo han de aplicar las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos, los conocen y conocen también por supuesto las observaciones generales, que aplican igualmente.

12.El Presidente, tomando la palabra en su calidad de miembro del Comité, estima que esa respuesta es insuficiente pues, para el Comité, todas las disposiciones del Pacto son de aplicación directa, al menos en su interpretación más estricta.

Artículos 6 a 9 del Pacto

13.El Sr. Kedzia, tras mencionar la elevada tasa de desempleo entre los miembros de las minorías étnicas y las soluciones adoptadas por el Estado parte para darle solución, pide algunos detalles acerca de las medidas tomadas y propone que se difundan a título de buenas prácticas entre los países que tropiezan con problemas similares. La respuesta del Estado parte a una pregunta del Comité sobre el derecho de huelga (párrafo 116 de las respuestas a la lista de cuestiones que deben abordarse) resulta preocupante, por una parte debido al razonamiento subyacente, según el cual, en virtud del artículo 8 del Pacto, la legislación nacional se ajusta a este por defecto, lo que constituye una interpretación errónea del instrumento y, por otra, porque la decisión de ejercer el derecho de huelga es una prerrogativa de los sindicatos y no de los tribunales. El Sr. Kedzia desearía saber si existen criterios divergentes en lo tocante a la competencia de los tribunales en materia de derecho de huelga. Pasando a las prestaciones sociales y a las ordenanzas especiales destinadas a los trabajadores del sector informal en Aruba, pregunta qué porcentaje de la población activa representan esos trabajadores e indica que desearía disponer de más detalles sobre dichas órdenes.

14.El Sr. Martynov desearía conocer la posición del Estado parte respecto de la ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Citando un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que habla de una economía subterránea de gran envergadura, el Sr. Martynov desearía saber cuál es exactamente la situación en la totalidad del territorio, sin excluir a las islas. Muestra igualmente su perplejidad ante la ratificación desigual de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Estado parte ha denunciado, en efecto, los Convenios Nº 4 y Nº 6 sobre el trabajo nocturno (mujeres) y el trabajo de los menores respectivamente y el Convenio Nº 118 sobre la igualdad de trato (seguridad social), pero no ha ratificado los Convenios Nº 132 sobre las vacaciones pagadas y Nº 117 sobre política social. Desearía recibir algunas aclaraciones respecto de esas decisiones. También desearía saber cuáles son las intenciones del Estado parte en relación con los trabajadores domésticos que, al no estar considerados como empleados, carecen de protección. Por último, pregunta si el Gobierno tiene previsto modificar la ley que exige 50 años de residencia en los Países Bajos para obtener una pensión de jubilación completa, lo que penaliza a los trabajadores migrantes y, de hecho, los condena a la pobreza.

15.El Sr. Beets (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) señala que los hechos y las cifras contradicen la impresión de que la crisis afecta a todos los países con excepción de los Países Bajos. La economía no se recuperó hasta el primer trimestre de 2010 y parece ser que la tasa de desempleo se elevará al 4,9% en ese año, ligero aumento imputable a una serie de factores (retirada de las ofertas de empleo a causa de las dificultades para encontrar personal, adopción del régimen de desempleo parcial que puede enlentecer la contratación y reducción del número de trabajadores e inmigrantes altamente cualificados). El porcentaje de personas que cobraba en 2006 un salario inferior al sueldo mínimo en vigor fue del 1,3, pero desde 2007 la Inspección del Trabajo ha tomado medidas para sancionar esa práctica y el empleador que haya incumplido la norma deberá abonar una multa y pagar la diferencia salarial a su empleado.

16.El doble enfoque adoptado con respecto al mercado de trabajo funciona bien: a nivel general, se levanta inventario de los obstáculos y se estudian las necesidades de las personas que están desempleadas (nivel de instrucción insuficiente o desconocimiento de la lengua), mientras que los municipios, que conocen mejor a los desempleados, se encargan de ayudarlos, sobre la base de las orientaciones y consejos impartidos por las autoridades centrales. La disminución de las indemnizaciones puede explicarse por el hecho de que los desempleados que encuentran un puesto de trabajo (cada vez más) dejan de percibir las prestaciones de desempleo. Los detenidos han de trabajar a tiempo parcial, con objeto de facilitar su reinserción tras la puesta en libertad y no de obtener beneficios; además, esa actividad no es rentable.

17.La Sra. van Schaik (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) indica que el desfase salarial entre hombres y mujeres no se debe a la discriminación de estas últimas, sino más bien a los mecanismos implantados para favorecer la reanudación por parte de las mujeres de las actividades profesionales (ajuste del tiempo parcial, sobre todo), razón por la cual en los Países Bajos se prefiere hablar de "desigualdades de carrera profesional entre hombres y mujeres". Las autoridades están estudiando en la actualidad diferentes medios de resolver el problema (adaptaciones más flexibles del tiempo y de las modalidades de trabajo, por ejemplo). Si la formulación jurídica del derecho de huelga plantea algunos problemas, los tribunales no toman la decisión de limitar ese derecho más que en circunstancias muy concretas, sobre todo cuando está en juego la salud y la seguridad de las personas (caso reciente de la huelga del personal de limpieza de las estaciones ferroviarias, por ejemplo).

18.El Sr. Beets (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) puntualiza que, con los incentivos para reincorporarse a la vida activa, no se pretende ocupar el lugar de las prestaciones sociales. La asistencia social existente constituye una red de seguridad muy útil. Los datos del desempleo se basan en la definición de empleo de la Oficina Central de Estadística, a saber, una actividad que representa al menos 12 horas de trabajo por semana. Se ha evaluado la situación del mercado de trabajo teniendo en cuenta los datos del empleo y del desempleo, desglosados por grupos de actividad.

19.El Sr. Einerhand (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) dice que, además de las actividades llevadas a cabo por los municipios para luchar contra la no utilización de las prestaciones de la seguridad social, en 2009 se han adoptado medidas importantes para que personas en situaciones difíciles (desempleadas o incapacitadas, en especial) aunque no estén acogidas a la seguridad social, puedan obtener de los municipios prestaciones suplementarias a largo plazo. Se han organizado en ese sentido campañas de información. Además, la instancia encargada de abonar las pensiones de jubilación a los mayores de 65 años que no perciben una pensión completa y no tienen otra fuente de ingresos, puede ahora pagar una asistencia complementaria en función de las circunstancias de cada persona.

20.El Sr. Beets (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) indica que muchas instituciones nacionales, regionales y municipales se encargan de los problemas de igualdad de género. La entidad que depende del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia se basa en los datos, estudios y resultados pertinentes para aconsejar y orientar a las autoridades, los representantes políticos y las organizaciones, con miras a favorecer la igualdad de trato entre mujeres y hombres. Además, como las medidas destinadas a impulsar a los desempleados a volver a trabajar carecen de utilidad en tiempos de recesión, el Gobierno se esfuerza por mantener a los desempleados en contacto con la sociedad, a fin de promover la vuelta al trabajo en cuanto la economía empiece a recuperarse.

21.La Sra. van Trier (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) indica que el Consejo de Ministros neerlandés considera importante y urgente en tiempos de crisis tomar medidas en pro de los jóvenes sin empleo y prevenir su exclusión a largo plazo. Las diversas iniciativas adoptadas durante el período objeto de examen se orientan en ese sentido y engloban a los jóvenes que no son neerlandeses de origen. En la primavera de 2009 se puso en marcha un nuevo plan en pro del empleo de los jóvenes, con el objetivo sobre todo de mantener a los jóvenes en la escuela para impartirles una formación más avanzada, adaptar las iniciativas en función de la situación de cada una de las 30 regiones afectadas y ajustar mejor la oferta de los futuros empleados a las necesidades de los empleadores.

22.El Sr. Beets (Reino de los Países Bajos – Países Bajos), tras recordar que los Países Bajos son uno de los Estados miembros de la OIT que mayor número de convenios ha ratificado, aclara que la decisión de no ratificar o denunciar un convenio solo se toma en casos excepcionales o de incompatibilidad manifiesta entre el instrumento y las políticas en vigor en el país.

23.El Sr. Versluis (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) indica que el proceso de ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada el 30 de marzo de 2007, está bien encaminado. En términos generales, antes de ratificar cualquier instrumento, los Países Bajos se esfuerzan por adaptar sus normas y procedimientos a las disposiciones del texto.

24.La Sra. Van Schaik (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) señala que el reglamento de los empleados domésticos se aprobó para favorecer la subcontratación de todas las formas de trabajo doméstico y promover la regularización de ese sector de actividades. Sin embargo, la opción de que todos los empleados domésticos disfruten de condiciones tan favorables como las que se aplican a los demás trabajadores conlleva para el empleador una carga administrativa suplementaria que puede incitarle a decantarse por el empleo no declarado, fomentando así la economía paralela.

25.La Sra. Wuite (Reino de los Países Bajos – San Martín) indica que la posibilidad de que los trabajadores migrantes se beneficien de una prestación de jubilación depende del número de años que hayan residido en el territorio. La Ley general de pensiones de vejez, aprobada hace ya cierto tiempo, se aplica a los trabajadores migrantes y se están revisando sus disposiciones con miras a incluir a todos los grupos y luchar así contra la pobreza. Son cada vez más numerosos los trabajadores migrantes que solicitan recibir prestaciones sociales para completar la escasa pensión que perciben actualmente.

26.El Sr. Boasman (Reino de los Países Bajos – San Martín) dice que, si bien los trabajadores domésticos no pueden acogerse a los mismos derechos que los demás trabajadores, el salario mínimo en vigor se aplica a todos por igual. Cualquier empleador que desee contratar a un migrante como trabajador doméstico tiene que demostrar que ha adoptado las disposiciones necesarias en materia de seguro de enfermedad para el empleado. La normativa laboral, que establece la duración del tiempo de trabajo y del descanso semanal y la ordenanza sobre vacaciones pagadas se aplican también a los trabajadores domésticos. Recientemente, el programa de regularización de los trabajadores migrantes que residen desde hace más de cinco años en San Martín ha beneficiado a 1.255 personas, que pueden en la actualidad aportar sus contribuciones al sistema de seguridad social y disfrutar de las ventajas correspondientes. En términos generales, el régimen de seguridad social garantiza el seguro de enfermedad y las prestaciones sanitarias a los trabajadores indocumentados desde el momento en que ocupen un empleo y hasta que lo abandonen. Pasando al derecho de huelga y a la intervención de los tribunales, se han adoptado medidas para eliminar la prohibición de ese derecho (Código Penal revisado y Código de la Función Pública).

27.El Sr. Sadi quisiera saber en qué ámbitos, además del derecho de huelga ya mencionado, los trabajadores domésticos no gozan de los mismos derechos que los demás trabajadores.

28.La Sra. Bras Gomes observa que, según el cuadro 2 del informe que se está examinando, la participación de las mujeres de diversos orígenes entre 2000 y 2005 en el mercado de trabajo no ha avanzado verdaderamente y pregunta si el equilibrio que busca el Estado parte entre las políticas generales y las políticas específicas, ha tenido los efectos esperados. Desearía recibir más información sobre la decisión del nuevo Gobierno de suprimir las medidas de política en favor de la diversidad y del trato preferencial en función del sexo, para otorgar prioridad a la calidad en el proceso de selección.

29.El Sr. Abdel Moneim, refiriéndose al párrafo 70 del informe objeto de examen, se sorprende de que el Estado parte no disponga de estadísticas oficiales sobre el subempleo. Insiste en la necesidad de adaptar la realidad del mercado de trabajo al derecho al trabajo, tal como se indica en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y no a la inversa. Recuerda que una estrategia en favor del empleo debe tener en cuenta de manera equilibrada la oferta y la demanda y no únicamente la oferta.

30.El Sr. Martynov desearía saber en qué aspectos es incompatible con el derecho interno del Estado parte el Convenio Nº 118 de la OIT sobre la igualdad de trato (seguridad social) y cómo evalúa el Estado parte las dimensiones de la economía sumergida en su territorio.

31.El Sr. Beets (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) dice que todas las economías padecen el problema del equilibrio entre las políticas generales en pro del empleo y las políticas específicas para ciertas poblaciones, corriendo a veces el riesgo de que unas impongan limitaciones a las otras y viceversa. El Estado parte se encuentra hoy en una situación intermedia: aplica programas de lucha contra el desempleo destinados a grupos concretos, como los jóvenes o las personas de edad, por ejemplo, al tiempo que descarta la idea de hacer hincapié en la diversidad, opción que es fruto más de una política global que de una política en materia de empleo.

32.La Sra. van Schaik (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) indica que la decisión del Gobierno de poner término a la discriminación positiva en función del sexo o del origen étnico responde a la voluntad de centrarse más en las aptitudes de la persona; a partir de ahora ya no se establecerán objetivos cuantificados para la contratación de mujeres, por ejemplo, entre los efectivos de la función pública, debido a la voluntad de dar cabida a toda la mano de obra en toda su diversidad.

33.El Sr. Beets (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) es perfectamente consciente de que en las políticas de empleo se deben tener en cuenta simultáneamente la oferta y la demanda, de ahí la dificultad de hallar un equilibrio entre las dos y la necesidad de insistir en respetar el derecho a trabajar.

34.El Sr. Bel (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) explica que la denuncia por el Estado parte del Convenio Nº 118 de la OIT no significa que no respete la igualdad de trato, lo que no es en absoluto cierto, sino que no suscribe la noción de transferibilidad de las prestaciones a todos los países. Desde el año 2000, solo se pueden transferir prestaciones a los países con los que el Estado ha firmado convenios bilaterales, que garantizan que los beneficiarios son efectivamente los titulares de las prestaciones. Sin embargo, el Convenio Nº 118 no permite ningún tipo de limitación, por lo que el Gobierno ha tenido que optar por denunciarlo, tras consultar a las altas instancias jurídicas del país. No obstante, el Gobierno mantiene por encima de todo su compromiso con el principio de igualdad de trato.

35.El Sr. Einerhand (Reino de los Países Bajos – Países Bajos) dice que, según la OCDE, la economía sumergida en el Estado parte equivale al 10% de la economía nacional, porcentaje que, en comparación con otros países, no es demasiado elevado.

36.El Sr. Boasman (Reino de los Países Bajos – San Martín) señala que el derecho a la seguridad social en San Martín es prácticamente el mismo que en los Países Bajos; no se necesita tampoco recabar la autorización de las autoridades para despedir a un empleado. En la siguiente sesión se facilitará al Comité informaciones más detalladas.

Artículos 10 a 12 del Pacto

37.El Sr. Tirado Mej í a, refiriéndose al informe objeto de examen, considera preocupante la situación por lo que respecta a la violencia en el hogar y la reacción del Estado parte un tanto fatalista frente a un fenómeno que afecta también cada vez más a los hombres en los casos de crímenes de honor. Quisiera más información sobre esos crímenes de honor, que pueden dar lugar a múltiples interpretaciones, sin olvidar las culturales y las religiosas y que corren el peligro de encubrir delitos cometidos por razones distintas al honor. Convendría tener una información más amplia sobre las políticas desarrolladas para luchar contra ese grave problema de la violencia familiar, así como para combatir la violencia contra los niños y saber qué ha ocurrido con los castigos corporales que no están prohibidos, por ejemplo, en Aruba. También desearía saber si los niños nacidos fuera del matrimonio siguen siendo víctimas de discriminación y, en caso afirmativo, qué se está haciendo para acabar con ella. Según el informe que se está examinando, el Estado parte ha tomado medidas para reducir el consumo de alcohol y de tabaco, pero la delegación podría concretar también qué se está haciendo respecto de las drogas.

38.El orador pregunta, por último, cómo ha evolucionado la situación de la prostitución desde que se legalizó en el año 2000, si está previsto tipificar como delito la trata de personas, si existen excepciones a la prohibición del aborto, por ejemplo en caso de enfermedad grave que pueda poner en peligro la vida de la madre y cuáles son las políticas adoptadas en esa esfera.

39.El Sr. Dasgupta, refiriéndose a las obligaciones internacionales de los Estados partes en virtud del artículo 12 del Pacto, pregunta por qué las autoridades se han incautado de un lote de medicamentos genéricos procedentes de un país en desarrollo con destino a otro país en desarrollo, cuando esos fármacos, en tránsito en un puerto del territorio neerlandés, contaban con todas las autorizaciones necesarias, situación que ha puesto en peligro su acceso a un costo asequible en el país de destino. El Sr. Dasgupta desearía también que se le confirmara que la prohibición de fumar no está dirigida solamente a los lugares públicos cerrados, dotados de calefacción central o de un sistema de climatización.

40.El Sr. Atangana solicita a la delegación del Reino de los Países Bajos que tenga a bien comunicar los resultados preliminares de la gran encuesta pública de 2008 sobre violencia familiar, cuyo informe final deberá publicarse en fechas próximas. Pasando a la trata de personas, parece ser que las condenas dictadas son cada vez más severas, lo que demuestra que el Estado parte tiene intención de luchar más eficazmente contra esa lacra. Sin embargo, en el caso de Aruba, las informaciones disponibles solo mencionan detenciones, sin más detalles y el Sr. Atangana desearía ampliar su información. Desearía igualmente conocer el impacto de la cooperación establecida entre los Ministerios de Justicia de los cuatro Estados del Reino para luchar contra la trata de personas y saber si el intercambio de información en esa esfera ha sido provechoso.

41.El Sr. Riedel quiere puntualizar que las críticas que formuló en la sesión anterior respecto de los Países Bajos no iban dirigidas en modo alguno contra el papel tan dinámico y constructivo del Estado parte en las negociaciones relativas al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino contra las medidas tomadas para aplicar los instrumentos internacionales a escala nacional.

42.Al leer la respuesta a la cuestión 29 de la lista de cuestiones que deben abordarse el orador se congratula de comprobar que, en el Estado parte, los médicos atienden a los inmigrantes sin estatuto de residencia legal y que pueden incluso solicitar a las autoridades el reembolso de la asistencia sanitaria cuando esta no ha sido abonada, lo que es sumamente raro en los países europeos. Acoge con satisfacción igualmente las estadísticas facilitadas respecto de la lista de espera para la atención de salud mental a los niños y desearía conocer los resultados más recientes de las medidas tomadas para reducir los tiempos de espera al respecto. En las antiguas Antillas Neerlandesas, el aborto estaba prohibido, pero en la respuesta a la cuestión 32 de la lista de cuestiones, se indica que nunca da lugar a procesamientos, aunque en el Código Penal revisado sigue siendo ilegal. El Sr. Riedel desearía saber por qué se mantiene esa prohibición. Según las informaciones comunicadas por la Coalición de organizaciones no gubernamentales neerlandesas, las residencias de ancianos carecen en gran medida de enfermeros cualificados; la delegación podría indicar, por tanto, qué disposiciones tiene previsto tomar el Estado parte para resolver ese problema, mejorar los protocolos de atención y garantizar que haya suficientes médicos adscritos a esos centros, habida cuenta del envejecimiento general de la población. Da la impresión además, de que el 50% de los detenidos en los Países Bajos padece trastornos mentales, pero no recibe la asistencia que necesita. Convendría, por consiguiente, conocer qué está haciendo el Estado parte para mejorar su situación y qué límites ha establecido para las medidas de aislamiento de esas personas.

43.El Sr. Abashidze, recordando que el Estado parte ha creado un grupo de trabajo encargado de examinar las cuestiones relativas a la violencia conyugal y de elaborar un informe en otoño de 2010, pregunta si se ha redactado el informe y qué conclusiones contiene.

44.El Sr. Pillay dice que el Plan de Acción Nacional de reducción de la pobreza no tiene debidamente en cuenta los derechos económicos, sociales y culturales y lamenta que no prevea la implantación de mecanismos de responsabilidad basados en los derechos humanos, como lo propugnó el Comité en 2001. Tras destacar que el 10% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, pregunta cuáles son las categorías afectadas y si el Plan de Acción se centra más en las familias monoparentales, las mujeres, los niños y las minorías étnicas. Tras advertir que las tasas de desempleo son bastante elevadas en Curaçao y en San Martín, pregunta qué medidas se han tomado para combatir la pobreza en esos Estados. Desea saber, además, si Aruba prevé adoptar un plan de acción de reducción de la pobreza, pues le parece necesario.

45.Ha observado que el Estado parte declaró que sería contrario a la Ley sobre el derecho a prestaciones proporcionar un alojamiento a los migrantes indocumentados, por lo que el orador pregunta si el Gobierno ha proyectado modificar esa ley con objeto de adecuarla a las disposiciones del Pacto, lo que debería contribuir en gran medida a resolver el problema de los niños de la calle. Preocupado por el aumento considerable del número de personas sin hogar en el Reino que, según parece, oscilaba entre 35.000 y 40.000 a finales de 2009, pregunta si esas estadísticas son exactas y si se ha previsto un plan de acción nacional para luchar contra ese fenómeno, identificar sus causas y garantizar la integración de esas personas en la sociedad.

46.La Sra. Barahona Riera pregunta si el Código Penal tipifica como delito la violencia conyugal y cuál es la pena prevista en los diferentes Estados del Reino de los Países Bajos. Desearía igualmente saber si existe una ley de violencia conyugal, si incluye los abusos cometidos contra los niños o si se consideran un delito distinto y si los tribunales han entendido de causas de esa índole. Pregunta qué leyes rigen los temas relacionados con el aborto en los diferentes Estados del Reino, cuáles son los servicios prestados en materia de salud sexual y reproductiva y si existen programas de prevención al respecto. Advierte que la utilización de niños en la pornografía y el turismo sexual están prohibidos en el Estado parte, por lo que pregunta si esos delitos están recogidos asimismo en el Código Penal. En lo tocante a la prostitución, desearía conocer la opinión de la delegación sobre la obligación impuesta a los trabajadores de la industria del sexo de inscribirse en un registro oficial, lo que puede redundar en perjuicio suyo, pues muchos de ellos se encuentran en situación ilegal y, por tanto, más expuestos al riesgo de explotación sexual y de trata.

47.La Sra. Bras Gomes desearía saber qué categorías de familias han recibido la prestación de subsidios dependientes de los ingresos y por hijo, aprobada en 2008, si se han elaborado estadísticas desglosadas acerca de los beneficiarios, cuáles han sido los efectos de esa nueva asignación para las familias monoparentales y si existen sistemas parecidos en todos los Estados del Reino de los Países Bajos. Tras observar que el Estado parte se ha comprometido a reforzar la capacidad de los países en desarrollo de analizar y hacer un seguimiento de la inseguridad alimentaria de los grupos vulnerables, así como a hacerle frente y que se trata de una acción extraterritorial derivada de un compromiso voluntario, solicita más detalles sobre los motivos de ese compromiso. Además, desearía saber qué resultados ha obtenido la recomendación del Relator Especial sobre los efectos nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y vertimiento ilícitos de productos y desechos tóxicos y peligrosos, en la que recomendaba a los Países Bajos que continuara ayudando al Gobierno de Côte d'Ivoire a vigilar los efectos a largo plazo para el medio ambiente y la salud humana del vertido de desechos en su territorio.

48.El Sr. Sadi pregunta si los cuatro Estados del Reino ejercen su competencia extraterritorial cuando sus ciudadanos participan en actividades de trata de personas, pornografía infantil o prostitución y agrega que sería una manera muy eficaz de combatir ese fenómeno. Como ha tomado nota de la presencia de una importante comunidad musulmana y de la reiteración de casos de crímenes de honor, pregunta qué medidas concretas se han tomado al respecto, pues la experiencia demuestra que la agravación de las penas constituye una medida de disuasión y de prevención eficaz.

49.El Sr. Martynov pregunta si el nuevo estatuto de los Estados del Reino de los Países Bajos modifica la naturaleza de la responsabilidad del Estado parte por lo que hace al respeto de sus obligaciones en materia de derechos humanos en el conjunto de su territorio, incluidas las islas y si sigue siendo cierto que todas las leyes y disposiciones que no se ajustan al Pacto deberán modificarse en todos los Estados del Reino. Tomando como ejemplo la edad de admisión en el empleo, que no se adecua a las normas internacionales en el territorio de las antiguas Antillas Neerlandesas, mientras que sí lo está en la parte europea del Reino, pregunta qué decisión se adoptará al respecto.

50.Tras haber comprobado que, según las informaciones facilitadas al Comité, la legislación no tipifica como delito la producción o la difusión de publicidad de venta de niños, la utilización de niños en la prostitución y la pornografía infantil y que los abusos cometidos contra los niños son corrientes en el país, el Sr. Martynov pregunta qué medidas proyecta adoptar el Gobierno para resolver ese problema. Se congratula de que en julio de 2009 las autoridades elevaran la pena máxima por la trata de personas y autorizaran al Fiscal a sancionar a los traficantes, en particular por las actividades de preparación de la trata, y pregunta si el Estado parte dispone ya de datos que indiquen la repercusión de esas medidas. Dado que el problema parece persistir, pregunta si la ley está bien aplicada y qué interpretación le da el Gobierno a esa situación. Desearía saber además, si en las islas neerlandesas se registra el problema de los niños de la calle y, en caso afirmativo, cuál es su magnitud.

51.Pasando a la conciliación de las responsabilidades profesionales y parentales, el orador desearía saber si la oferta de servicios de acogida de niños de 0 a 6 años se ajusta a la demanda de plazas de guardería y de centros de día, y si existen listas de espera en la parte europea del Reino y en las islas. Observa que el estado de salud de los migrantes es generalmente mucho peor que el del resto de la población, lo que se refleja en particular en las tasas de mortalidad perinatal, por lo que deduce que existen restricciones al acceso de los migrantes a la atención de salud y pregunta qué se ha previsto para resolver el problema.

52.El Sr. Kedzia pregunta si el Gobierno ha extraído alguna lección de la aplicación del programa de lucha contra la violencia familiar para el período 2002-2008. Advierte que parece necesario haber residido en los Países Bajos una serie de años para beneficiarse plenamente del derecho a una pensión de jubilación y que ello perjudica a los migrantes, por lo que solicita detalles sobre los efectos de esa medida en términos de pobreza. Observa que los solicitantes de asilo rechazados se quedan a menudo en el país y constituyen un grupo especialmente vulnerable, así que pregunta cuántos son, si siguen teniendo acceso a los servicios sociales y qué se ha hecho para hacer frente a esa situación.

53.La Sra. Cong destaca que los jóvenes hasta la edad de 27 años han de seguir un programa que combina trabajo y estudios, so pena de verse privados de sus ventajas sociales, por lo que pregunta de qué ventajas se trata, si son permanentes o temporales y desearía recibir otras explicaciones al respecto. En cuanto a la financiación de la educación, en el informe del Estado parte se indica que este no financia las escuelas privadas, pero seguidamente se añade que se financian algunos tipos de escuelas privadas al igual que las escuelas públicas, si reúnen todas las condiciones necesarias. La oradora pide aclaraciones al respecto.

Artículos 13 a 15 del Pacto

54.El Sr. Kedzia felicita a los Países Bajos por haber concedido el derecho a la educación a los indocumentados hasta la edad de 18 años, pero subraya que los adolescentes indocumentados pueden también optar por una formación profesional y realizar cursos prácticos o de capacitación en la empresa, para lo que se necesita un permiso de trabajo. No obstante, las personas indocumentadas y los niños solicitantes de asilo tienen la posibilidad de obtener dicho permiso en los Países Bajos, lo que puede obstaculizar la continuación de su formación profesional. Pregunta si podría resolverse ese problema en el marco del derecho interno en vigor. Desearía saber además qué medidas se han tomado para garantizar la educación de migrantes en situación de internamiento administrativo.

55.El Sr. Kedzia expresa su preocupación por las informaciones que indican que no existe un programa oficial de educación en materia de derechos humanos en los Países Bajos, ya que esa enseñanza se deja al criterio de los profesores. Pregunta a la delegación si es cierto y, en caso afirmativo, si se ha previsto incluir esa materia en los programas escolares.

56.La Sra. Bras Gomes añade que la educación en materia de derechos humanos parece la mejor manera de prevenir los problemas de islamofobia y xenofobia derivados de la falta de información y de capacidad de aceptación de otras culturas y pregunta qué tiene previsto hacer el Estado parte para subsanar esa laguna.

57.La Sra. Barahona Riera pregunta si en los diferentes Estados del Reino existe un sistema público de centros preescolares, si esos centros son gratuitos para las personas de escasos ingresos y si se otorga una ayuda financiera para el acceso a los centros privados. Desearía saber igualmente si la oferta de centros preescolares se ajusta a la demanda y si la enseñanza preescolar está coordinada con el sistema de educación primaria. Además, pregunta qué programas de educación sexual y reproductiva se han implantado en la enseñanza primaria y secundaria y qué orientación tienen.

58.El Presidente, en su calidad de miembro del Comité, pregunta qué porcentaje del presupuesto del Estado parte se dedica a la cultura y a la investigación científica y si existen datos desglosados en ese sentido. Pasando al derecho a participar en la vida cultural, en especial para los grupos desfavorecidos y marginales, lamenta que el Estado parte no haya creado programas para las personas con discapacidad y los miembros de minorías étnicas, pues estima que no es oportuno tratar de la misma manera a las personas que no disponen de las mismas posibilidades en ese ámbito. Desearía saber, por último, si el Gobierno prevé elaborar una política en pro de la participación en la vida cultural de esos grupos desfavorecidos.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.