Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

45º período de sesiones

Acta resumida de la primera parte (pública)*de la 34ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 3 de noviembre de 2010, a las 15.00 horas

Presidente :Sr. Marchán Romero

Sumario

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17del Pacto (continuación)

Tercer informe periódico de la República Dominicana

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Tercer informe periódico de la República Dominicana (E/C.12/DOM/3) ; lista d e cuestiones que deben abordarse (E/C.12/DOM/Q/3 ); respuesta por escrito del Gobierno de la República Dominicana a la lista de cuestiones (E/C.12/DOM/Q/3/Add.1)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de la República Dominicana toma asiento como participante en el debate de la Mesa.

2.El Presidenteda la bienvenida a la delegación de la República Dominicana y la invita a presentar el tercer informe periódico del Estado parte.

3.El Sr. Puig(República Dominicana) dice que en enero de 2010 entró en vigor una nueva Constitución. Al integrar los principios del Pacto, la lista de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución se ha ampliado considerablemente; entre ellos se cuentan los siguientes: derechos de propiedad intelectual, de los consumidores, la seguridad alimentaria, derechos de la familia, la protección de los menores, de las personas de la tercera edad y de los discapacitados. Además, en ella el Estado dominicano, se define como Estado social y democrático de derecho. La Constitución prevé asimismo mecanismos de participación popular, como el referendo, el plebiscito y la iniciativa normativa municipal en el plano local, y la iniciativa legislativa popular y el referendo para consultas populares en el plano nacional. Se crea el Tribunal Constitucional y la figura del Defensor del Pueblo, se fortalecen las herramientas de lucha contra la corrupción y se condena el nepotismo y la prevaricación. Se da rango constitucional al secreto profesional y a la cláusula de conciencia del periodista, se contempla y garantiza el derecho a réplica y rectificación. Se destaca y reconoce el lenguaje de género en señal inequívoca de trato igualitario. Se hace extensiva al hombre y a la mujer la posibilidad de que el esposo o la esposa, luego del matrimonio, puedan optar por la nacionalidad dominicana. La Suprema Corte de Justicia dominicana estableció en 2003, y reiteró mediante sentencia de 2005, que el bloque de constitucionalidad está integrado por disposiciones de igual jerarquía que emanan de dos fuentes normativas: la nacional, formada por la Constitución y la jurisprudencia constitucional; y la internacional, compuesta por los pactos y las convenciones internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe señalar que en el pasado el país fue gobernado por dictaduras y que fue tan sólo a inicios de la década de los sesenta que arrancó el proceso que dio lugar al reconocimiento gradual de los derechos económicos, sociales y culturales. El año próximo, se cumplirán 50 años del proceso de democratización del país.

4.Este proceso se ha desarrollado en un contexto estructural de pobreza e inmigración. La República Dominicana y Haití comparten una misma isla y los dos países suman un total de 20 millones de habitantes. Ahora bien, de 1 a 1,2 millones de haitianos se han desplazado a la República Dominicana. Pese a los esfuerzos del Gobierno por lograr el crecimiento económico, más del 42% de la población sigue viviendo por debajo del umbral de pobreza, según las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, los datos oficiales del Banco Central de la República Dominicana indican que el 56% de la población activa trabaja en la economía informal.

5.Numerosos dominicanos (364.000 según datos de 2002) carecen de documentos. La Junta Central Electoral, para eliminar la situación de indocumentado adoptó medidas en 2005 al organizar una Unidad Central de Declaraciones Tardías que cuenta actualmente con diez unidades móviles, mediante las cuales unos 270.000 dominicanos, principalmente los de escasos recursos, han podido hasta la fecha obtener sus documentos de identidad. La Junta Central Electoral puso en vigencia el libro de registro del nacimiento de niño (o niña) de madre extranjera (Libro de extranjería) para los niños nacidos en territorio dominicano de padres extranjeros indocumentados; estos niños disponen así de su correspondiente constancia de nacimiento, en cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos internacionales, lo que permite la inscripción del nacimiento de esos niños en el registro civil del país de origen de los padres. Los niños apátridas no se inscriben en este registro, pues si se desconoce la nacionalidad de la madre, el niño recibe automáticamente la nacionalidad dominicana en virtud de la Convención para reducir los casos de apatridia de las Naciones Unidas, de 1961. La República Dominicana también ha tenido que reorganizar el registro civil que contenía un gran número de actas y expedientes incompletos, suplantados, adulterados y duplicados.

6.La discriminación por motivos de raza, nacionalidad, género, credo, edad, religión u otros no es aceptada constitucionalmente en el país. Estos tipos de manifestaciones tienen lugar únicamente a título individual. La Constitución en sus artículos 39 a 41 reconoce la igualdad de todos ante la ley y condena la discriminación en cualquiera de sus formas y manifestaciones. Ello ha dado lugar a que la Suprema Corte de Justicia adopte disposiciones que hacen "inaplicables" cuantas normas que se consideran discriminatorias para determinados sectores de la población. La población cuenta con una gran proporción de inmigrantes procedentes de Haití: del 10% al 12% aproximadamente. Se ha afirmado que esos inmigrantes sufren un trato discriminatorio por las autoridades, sin embargo, en la República Dominicana, los pobres, que sean dominicanos o extranjeros, viven en la misma precariedad. La repatriación de ciudadanos haitianos en situación ilegal en el país siempre se ha hecho en el marco del Protocolo firmado en 1999 entre la República Dominicana y Haití. No obstante, tras la terrible tragedia que asoló Haití en enero de 2010, la República Dominicana suspendió todos los procedimientos de repatriación hacia el país vecino. El Gobierno ha realizado gastos importantes en favor de los inmigrantes haitianos que absorben el 23% del presupuesto ordinario del Ministerio de Salud Pública. En el ámbito de la educación, no hay discriminación alguna.

7.En la República Dominicana, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Existe incluso una política de discriminación positiva, según la cual se reserva a las mujeres la tercera parte de las candidaturas a puestos electivos municipales y parlamentarios. Como consecuencia de ello, se duplicó el porcentaje de mujeres en el Congreso: del 9,3% en el período de 1990-1994, al 19% en el período de 2010-2016. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Mujer concertaron una alianza estratégica para garantizar el reconocimiento de los derechos de la mujer en el trabajo. El Ministerio Público creó un puesto de procuradora para el seguimiento a nivel nacional de los asuntos relativos a la mujer. Ante los numerosos casos de violencia de género, se han creado servicios pluridisciplinarios de prevención y de asistencia a las víctimas, que cuentan con psicólogos, médicos, abogados, así como policías preparados para el tratamiento de estas cuestiones. La violencia intrafamiliar es también frecuente; por lo tanto, el Gobierno ha adoptado medidas legislativas, en particular, para modificar la conducta.

8.La trata de personas, en particular mujeres y menores de edad, así como el tráfico de indocumentados en todas sus formas están prohibidos por la Constitución. El Gobierno creó en 2007 la Comisión Nacional contra el Tráfico y la Trata de Personas que elaboró un Plan Nacional de Acción contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes (2009-2014). Ya en 2004, la Procuraduría General de la República, por medio de su Unidad contra el Tráfico y la Trata de Personas, había empezado a coordinar la investigación y la persecución sistemática de todos los casos de trata de personas. También se han formulado políticas específicas para luchar contra la explotación sexual de menores de edad con fines comerciales.

9.Las mujeres constituyen el 50,2% de la población y son mayoritarias en las escuelas secundarias y en la universidad, donde representan el 55% del alumnado. Todo ello supone modificaciones importantes en la dirección de las empresas y en el mercado laboral.

10.El Código del Trabajo prohíbe el empleo de menores de 14 años de edad, impone restricciones al empleo de menores de 16 años y protege a todos los menores de edad contra las peores formas de trabajo infantil. Las infracciones a estas disposiciones son objeto de acciones judiciales graves. El Comité de Lucha contra el Trabajo Infantil cuenta con 35 comités locales y, con la participación de los sectores público y privado, coordina la ejecución del Plan Estratégico Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil. La República Dominicana participa en el programa regional de erradicación de las peores formas del trabajo infantil de aquí a 2015, y la erradicación del trabajo infantil de aquí a 2020. Gracias a este programa, ha sido posible proteger a 27.000 menores de la explotación en el trabajo. Un estudio sobre el trabajo infantil, que está casi terminado, mostrará los notables avances logrados en este ámbito. El Gobierno, consciente de que el lugar de los niños es la escuela, creó un programa de subsidio escolar del que se habían beneficiado en 2008, 208.000 familias.

11.Como la República Dominicana se adhirió a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y el derecho de organización y de negociación colectiva, en el Código del Trabajo se protege la libertad de sindicación y el ejercicio de la libertad sindical. El Ministerio de Trabajo cuenta con 203 inspectores (la tasa más alta de la región de América Central y el Caribe en relación a la población). El Ministerio elaboró un plan estratégico para 2008-2012 sobre la base de cuatro prioridades: aplicación de las normas de trabajo; creación de un mayor número de empleos y en mejores condiciones; no discriminación e igualdad de oportunidades; y desarrollo del sistema de seguridad social. También creó programas especialmente destinados a garantizar el acceso al empleo de los sectores más desfavorecidos, en particular los discapacitados, por la formación profesional, así como un programa destinado a mejorar la capacidad de empleo de los jóvenes entre los 16 y los 29 años que han abandonado los estudios prematuramente y que corren el riesgo de caer en la delincuencia. Este programa ha permitido dar capacitación a 45.000 jóvenes, el 60% de los cuales tiene actualmente un empleo estable. Naturalmente, las dificultades siguen siendo considerables (el 56% de la población activa trabaja en el sector informal, el nivel de formación es bajo, así como la productividad y, por lo tanto, los salarios) y constituye un círculo vicioso que es difícil romper.

12.La lucha contra la pobreza y la exclusión es una prioridad del Gobierno que ha establecido los siguientes programas de ayuda y de subsidios a los más desfavorecidos: Comer es Primero, del programa Solidaridad, por el que se distribuyen tarjetas electrónicas de débito que permiten comprar la canasta básica; y el subsidio de prestaciones específicas con el Bono Gas que permite a las familias pobres pagar el gas para cocinar y la gasolina para el transporte. El déficit habitacional es también objeto de una política enérgica. Entre 2003 y 2008 el Instituto Nacional de la Vivienda entregó unas 230.000 viviendas.

13.A principios de la década de 2000, las autoridades dominicanas habían abordado la cuestión de la seguridad social, creada por ley en 2001. El sistema que se ha establecido gradualmente consta de tres regímenes: un régimen contributivo, un régimen subsidiado por el Estado y un régimen contributivo subsidiado que se basa en los aportes del trabajador y un subsidio estatal. Los avances han sido notables. En 2007, sólo el 20% de la población (2 millones de personas) estaba cubierta por uno de estos regímenes; en julio de 2010, el porcentaje era del 40%, es decir, 4 millones de personas, y el que tiene más asegurados es el régimen subsidiado.

14.La Comisión Presidencial del SIDA (COPRESIDA) lleva a cabo importantes actividades y la estrategia que ha adoptado para contener el avance de la epidemia está dando buenos resultados.

15.La educación básica es obligatoria en la República Dominicana. En la enseñanza primaria, ha aumentado notablemente la cobertura, al pasar del 92% en 2000 al 95% en 2010, y en 2019 debería llegar al 100%. No obstante, la calidad de la enseñanza supone problemas, al igual que la repetición y la deserción escolar, aunque ésta se ha reducido un poco.

16.La República Dominicana es un país de origen y de acogida de migrantes. En su calidad de país de acogida mantiene relaciones estrechas con su vecino, Haití. Actualmente el país tiene la intención de adherirse a la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y al Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.

Artículos 1 a 5 del Pacto

17.El Sr. Pillayobserva que una decisión de la Suprema Corte de la República Dominicana otorga rango constitucional a los instrumentos internacionales en los que el Estado es parte y pregunta si hay jurisprudencia nacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales. También desea saber cuál es el verdadero lugar que ocupa el Pacto en el ordenamiento jurídico interno, pues al parecer la Suprema Corte de Justicia a veces se ha retractado. Por otro lado, según se informa, el Gobierno no asigna recursos suficientes para la consolidación de los derechos económicos, sociales y culturales (la inversión social, según parece, apenas alcanza el 8% del PIB, frente al 16% en los otros países de la región); sería interesante conocer los motivos de esta situación y si se ha previsto tomar medidas para corregirla.

18.El Sr. Pillay señala la insuficiencia de las medidas adoptadas contra la corrupción y el clima de impunidad que impera entre los funcionarios y los órganos de la fuerza pública y pregunta si se ha previsto crear un comité que se encargue de investigar los casos de violación de los derechos humanos con miras a perseguir y sancionar a los autores.

19.Tras recordar que la ley por la que se crea la figura del Defensor del Pueblo se promulgó en 2000, el Sr. Pillay desea saber por qué el puesto sigue vacante. Pregunta además por qué el puesto de Defensor de los Derechos del Niño también está vacante.

20.El Sr. Kedzia, que se suma a las preguntas del Sr. Pillay, desearía saber si el Estado parte tiene previsto ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto, si se ha fijado un plazo para cubrir la vacante de Defensor del Pueblo y si éste pedirá acreditación, de conformidad con los Principios de París.

21.El Sr. Kedzia pregunta si hay una ley contra la discriminación o si se prevé promulgar esa ley. Sería conveniente saber también si la disposición sobre la igualdad entre dominicanos y extranjeros en materia de derechos y libertades se aplica a los clandestinos de origen haitiano, a los migrantes y a los solicitantes de asilo, entre otros.

22.En lo que respecta a las cuestiones de nacionalidad, el Sr. Kedzia menciona la decisión de la Suprema Corte por la que se considera a los trabajadores haitianos como personas en tránsito y que, por lo tanto, no pueden adquirir la nacionalidad, y recuerda que en 2004 la Ley sobre la migración amplió la definición de personas en tránsito, que pasa a abarcar a los no residentes (incluidas las personas cuyo permiso de residencia ha caducado y los trabajadores indocumentados) e indica que, según la información de que dispone, esta ley se aplica retroactivamente. El orador pide a la delegación de la República Dominicana que confirme esta información y dé más precisiones sobre las disposiciones pertinentes de la Constitución de 2010. El orador desea, además, conocer el resultado de las audiencias organizadas el 28 de octubre de 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la nueva Constitución de la República Dominicana y sus repercusiones en la situación de los extranjeros, en particular los haitianos.

23.El Sr. Kedzia felicita al Gobierno de la República Dominicana por los esfuerzos realizados en la materia, y pregunta por qué el proceso de entrega de actas de nacimiento es tan largo (en 2002, había 364.000 habitantes que no las tenían y hasta la fecha sólo se han expedido 270.000) y si se ha previsto un plazo para corregir esa situación. Refiriéndose a continuación al Libro de extranjería que mencionó el Ministro de Trabajo, el Sr. Kedzia desea saber si el trámite se aplica a los indocumentados nacidos antes de la aprobación de la Ley de 2004.

24.El Sr. Schrijver toma nota de los progresos realizados en el Estado parte, pero señala varios problemas estructurales que obstaculizan el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales en la República Dominicana, incluida la discriminación e incluso los malos tratos que sufren los haitianos o las personas de ascendencia haitiana, según varias fuentes de información. Pide aclaraciones sobre la suspensión de la repatriación de haitianos desde el terremoto de enero de 2010 y pregunta qué medidas se han adoptado para resolver las consecuencias de esta tragedia.

25.El Sr. Schrijver desearía obtener más información sobre la política que aplica el Estado parte para resolver los numerosos problemas estructurales (la ampliación del sector informal, que supone una disparidad considerable en cuanto a ingresos y aumenta el trabajo infantil, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia doméstica y otros). Desea saber asimismo, qué tipo de asistencia internacional recibe o solicita el país a estos efectos y señala al respecto que podría ser oportuno pedir asistencia técnica a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Organización Internacional del Trabajo o al Banco Mundial, por ejemplo, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, atacando las causas fundamentales de los problemas.

26.El Sr. Abashidze señala que han pasado 11 años entre la presentación de los informes segundo y tercero de la República Dominicana y pregunta cuál es el motivo del retraso. También desea saber si, al elaborar el tercer informe, el Estado parte ha tenido en cuenta las cuestiones que se habían planteado tras el examen del informe anterior y que habían quedado sin respuesta. Asimismo, pregunta qué medidas o mecanismos permiten evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales por los tribunales y velar por que el Pacto se aplique en pie de igualdad con las leyes nacionales y que incluso tenga primacía sobre ellas en caso de discrepancia. Desea saber si en el Estado parte hay una institución encargada de la defensa de los derechos humanos y, en caso afirmativo, en qué medida respeta los Principios de París.

27.Según algunas informaciones, la República Dominicana no reconoce la existencia de discriminación o racismo en su territorio. Convendría indicar si existe un plan de acción nacional al respecto y si el Estado parte prevé revisar la legislación que priva a los haitianos indocumentados del derecho de voto. También convendría saber si el Gobierno tiene una idea precisa del número de clandestinos que viven en el país. Tras señalar que el trabajo forzoso, que en el derecho internacional puede asimilarse a la esclavitud, al parecer se practica en el sector de la construcción, de los servicios y de la agricultura, el Sr. Abashidze pregunta por qué el Estado parte no ratificó la Convención sobre la Esclavitud de 1926 y no adopta medida alguna en relación con el Protocolo de 1953 que la modifica.

28.El Sr. Atangana, que se suma a la pregunta planteada por los otros miembros del Comité sobre el lugar que ocupa el Pacto en el derecho interno, pregunta si tiene rango constitucional y si puede, por lo tanto, ser invocado ante los tribunales. En lo que respecta a la lucha contra la corrupción, señala que, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno, en 2009, el Estado parte quedó clasificado por Amnistía Internacional en el 99º lugar, de 180 países, y pregunta si esta situación no se debe a una falta de coordinación entre las distintas instituciones creadas para luchar contra ese fenómeno. Señala al respecto que la corrupción debilita el sistema judicial en la medida en que lo desacredita ante la opinión pública. En virtud del nuevo Código Procesal Penal, los militares pueden ser llevados ante los tribunales de justicia ordinarios. Sería interesante saber si este nuevo Código ha incidido en las sentencias pronunciadas en los casos en que están implicados altos funcionarios, por ejemplo. Por último sería conveniente saber qué medidas se han adoptado para mejorar la organización del sistema judicial y la distribución geográfica de los jueces.

29.La Sra. Barahona Riera desea saber si las dos estrategias sobre la igualdad de género que aplican respectivamente el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Trabajo están vinculadas y de qué presupuesto dispone cada una. Teniendo en cuenta la escasa participación de las mujeres en la vida política del Estado parte (30%) pregunta si el proyecto de transformar el Ministerio de la Mujer en Ministerio de la Familia tiene por objeto fortalecer la labor realizada en favor de la paridad o atenuarla, y si el Gobierno hace todos los esfuerzos necesarios para llegar a las mujeres más pobres de las zonas rurales, que son las más desfavorecidas al respecto. Pregunta asimismo si existe un marco legislativo contra el acoso sexual en el trabajo.

30.La Sra. Bras Gomes pregunta qué medidas ha previsto adoptar el Estado parte para paliar las repercusiones nefastas (en particular, sobre el derecho al agua) de los acuerdos de libre comercio o de asociación económica o comercial concertados con los Estados Unidos de América, la Unión Europea o la Comunidad del Caribe (CARICOM) y qué garantías se prevé establecer para evitar esas repercusiones en el futuro. Pregunta, asimismo, si el Estado parte ha reflejado las numerosas leyes y disposiciones relativas a la discriminación, que se enumeran en las páginas 6 a 9 del informe que se examina, en programas y medidas concretas y cuáles han sido los resultados. Desea al respecto que el Estado indique si se propone reagrupar todos los textos existentes sobre la discriminación en una sola ley. Por último menciona la marginación económica y social de los trabajadores de los bateyes (punto 7 de la lista de cuestiones) y señala que para el Comité es motivo de preocupación, no tanto la limitación de los recursos económicos, sino su desigual distribución.

31.El Sr. Tirado Mejía dice que frente al problema de la discriminación, en particular contra la población haitiana que continúa a pesar de los avances realizados (aprobación de leyes, evolución del comportamiento), el Comité espera que se adopten medidas gubernamentales firmes, especialmente en el ámbito del trabajo y la remuneración. Asimismo, espera que se adopten medidas mucho más enérgicas destinadas a resolver la situación de los indocumentados, que de hecho están civilmente muertos. Los hijos de padres extranjeros están privados de todo un conjunto de posibilidades y se encuentran en una situación muy confusa, que también es sumamente preocupante. Por último, convendría que la delegación diera a conocer el texto del artículo del nuevo Código Penal que tipifica como delito penal la discriminación y el atentado contra la persona, y que informara de casos concretos de sanciones penales por discriminación.

32.El Sr. Sadi , tras señalar que la parte del presupuesto que el Estado parte asigna a los derechos económicos, sociales y culturales es reducida, pregunta qué idea tiene el Estado parte del Pacto en su conjunto y si está a favor de su Protocolo Facultativo. Habida cuenta del importante lugar que ocupa la Iglesia católica en el Estado parte, pregunta si las otras religiones representadas gozan de un trato distinto. También desea saber si la sociedad civil ha colaborado en la elaboración del informe que se examina. En vista de la falta de información exacta sobre la educación en materia de derechos humanos, pregunta si esta enseñanza es obligatoria y qué lugar se le reserva. Por último, señala que es mucho más urgente velar por que los hijos de padres extranjeros o apátridas puedan disfrutar de los derechos sociales consagrados en el Pacto (educación, salud, vivienda) que ocuparse de inscribirlos en el registro civil.

33.El Sr. Abdel-Moneim pregunta cuál ha sido la evolución de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) en el curso de los diez años transcurridos desde la presentación del último informe, qué parte de esta asistencia se ha dedicado a crear una verdadera infraestructura económica en el país y en qué medida esta ayuda ha favorecido la plena realización de los derechos consagrados en el Pacto.

34.El Sr. Puig (República Dominicana) indica en primer lugar que naturalmente se ha consultado a la sociedad civil para la elaboración del informe que se examina, pero que el informe recoge únicamente la posición del Gobierno, como corresponde. En lo que se refiere a la jurisprudencia sobre los derechos económicos y sociales, la aprobación de la nueva Constitución es muy reciente, pero en el pasado, la Suprema Corte de Justicia ha invalidado algunos artículos del Código Civil por considerarlos discriminatorios contra los más pobres (obligación de abonar un pago parcial por disfrutar de ciertos derechos). El Tribunal Constitucional creado en virtud de la nueva Constitución, cuyos miembros han de ser nombrados próximamente, tendrá todas las competencias y los conocimientos técnicos necesarios para pronunciarse sobre la constitucionalidad de algunos textos. En lo que respecta a la elevada tasa de pobreza y la falta de inversiones en el sector social, el Sr. Puig señala que las grandes instituciones financieras internacionales conceden préstamos condicionados, lo que muchas veces limita el margen de maniobra del Gobierno. Además, el incremento de facilidades que estas instituciones concedieron tras la crisis mundial de 2008 agravó el endeudamiento del país y, al aumentar las obligaciones del servicio de la deuda, disminuye el presupuesto disponible en la misma proporción.

35.Para luchar contra la corrupción de los funcionarios, el Gobierno no se limita a aumentar el nivel de remuneración: la medida va acompañada de exigencias mayores para la contratación y se imparte formación permanente al personal. Las autoridades, que esperan con mucho interés la ayuda externa en su lucha contra la corrupción, se han reunido con representantes de las Naciones Unidas, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, en particular, y les han pedido que realicen un estudio sobre el nivel de corrupción en el sector privado y en el sector público del país. A petición del propio Presidente de la República, estas organizaciones han formulado unas 30 recomendaciones que le acaban de comunicar.

36.El Sr. Puig dice que, contrariamente a las afirmaciones de las que el Sr. Pillay se hace eco, los presuntos autores de ejecuciones extrajudiciales son llevados ante la justicia sistemáticamente, incluso cuando se trata de integrantes de las fuerzas del orden que manifiestamente han hecho uso abusivo de la fuerza. En todos los casos, incumbe a los tribunales establecer si los actos se califican de homicidios.

37.La función de Defensor del Pueblo se creó en 2000, pero el puesto sigue vacante porque no hay consenso en el Congreso. Los legisladores tampoco se han puesto de acuerdo sobre la elección del Defensor de los Derechos del Niño o del mediador para las cuestiones ambientales. Desde que se aprobó la nueva Constitución en enero de 2010, la actividad legislativa ha sido intensa y, por lo tanto, la designación debería producirse próximamente, a fines del año en curso a más tardar. El Congreso examina también la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto y la adhesión a este instrumento podría producirse en un futuro próximo.

38.El Código del Trabajo no establece distinción alguna entre los trabajadores por motivo de nacionalidad y el hecho de que los extranjeros estén o no en situación irregular no tiene incidencia alguna en sus condiciones laborales. Desde el momento en que existe un contrato de trabajo entre las partes, el empleado de nacionalidad extranjera que quiera hacer valer sus derechos en caso de conflicto con el empleador puede recurrir a la asistencia jurídica que presta el Ministerio de Trabajo, sea cual sea su situación en lo que respecta a la Ley de inmigración.

39.Teniendo en cuenta que la legislación dominicana no establece distinción alguna entre los trabajadores sobre la base de su nacionalidad o de situación jurídica, no hay datos estadísticos sobre los trabajadores extranjeros en la República Dominicana.

40.El Sr. Marques (República Dominicana) dice que la Ley Nº 08/1992 encarga a la Junta Central Electoral la responsabilidad de la inscripción de los nacimientos y las defunciones.

41.En 2002 se realizó un estudio sobre los indocumentados en las zonas de extrema pobreza; se llegó a determinar que entre 400.000 y 500.000 habitantes de esas zonas no tenían siquiera una partida de nacimiento. No se trata de extranjeros en situación de precariedad, sino de dominicanos que pertenecen a grupos de población especialmente desfavorecidos y marginados. En cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se ha organizado un programa que permitió la identificación de 364.000 personas y la expedición de los correspondientes documentos de identidad. Este programa se basa, en particular, en la labor de las unidades móviles, compuestas de asistentes sociales y de sociólogos y abogados, encargadas de llegar hasta las zonas más remotas para empadronar a las personas que no lo estuvieran. El Gobierno, consciente de la necesidad de atacar las causas fundamentales del fenómeno, ha establecido oficinas del registro civil en los propios establecimientos hospitalarios para facilitar la inscripción de los nacimientos, ya que según un estudio de la Oficina Nacional de Estadística, las dos terceras partes de las mujeres dan a luz en un hospital. Esos servicios se han creado en los 30 hospitales del país, donde se produce el 85% de los nacimientos, para que las madres salgan con un certificado de nacimiento con un número que permitirá identificar al hijo hasta que muera.

42.El Gobierno de la República Dominicana también ha adoptado medidas contra la falsificación de los documentos de identidad, lo que facilita la trata de seres humanos. Así, por ejemplo, no se expide ningún documento de identidad sin un certificado de nacimiento, y en todo documento deben figurar las huellas digitales del titular. Todo aquel que no pueda presentar un documento de identidad será objeto de una investigación, pero el procedimiento no supone una política discriminatoria de los extranjeros, ya que se aplica indistintamente a todos los indocumentados.

43.Según un estudio llevado a cabo en 2008 por el PNUD, el 90% de los migrantes tiene un certificado de nacimiento, un certificado de bautismo, un documento de identidad o un pasaporte, lo que indica que el problema de los extranjeros indocumentados no es tan agudo como se dice.

44.En virtud de la legislación dominicana, únicamente los ciudadanos dominicanos tienen derecho a voto. Los extranjeros que desean participar en la vida política pueden iniciar los trámites para obtener la nacionalidad dominicana.

45.El derecho a la ciudadanía se rige por los artículos 18 y 25 de la nueva Constitución. Todo hijo de padre (o madre) extranjero y de padre (o madre) dominicano adquiere automáticamente la nacionalidad dominicana por nacimiento. Asimismo, obtienen la nacionalidad los hijos de padres extranjeros con residencia legal en el territorio de la República Dominicana.

46.Desde el terremoto que devastó Haití en enero de 2010, entre el 20% y el 30% de las mujeres que dan a luz en los hospitales de la provincia de Santiago son haitianas que cruzaron la frontera para tener a su hijo en un establecimiento con atención médica. Estas mujeres no se proponían obtener para sus hijos la nacionalidad dominicana, sino que ante todo querían que el hijo naciera en condiciones de seguridad. Por este motivo las autoridades no les expiden documentos de identidad, sino un certificado de nacimiento que permitirá al hijo inscribirse en el registro civil de su país que, por otra parte, no acepta la doble nacionalidad.

47.A las personas que han obtenido la nacionalidad dominicana de forma fraudulenta confirmada se les retiran los documentos de identidad, pero tienen la posibilidad de obtenerlos mediante un trámite legal. Esta norma se aplica a todos los extranjeros con documentos falsos, sea cual sea su origen y no exclusivamente a los haitianos. En caso de tener conocimiento de casos concretos en que se haya despojado a una persona de la nacionalidad dominicana de manera injusta, los miembros del Comité deberían facilitar a la delegación la lista de las personas afectadas para que se pueda proceder a una verificación.

48.El Sr. Puig(República Dominicana) dice que los tribunales dominicanos ya han pronunciado condenas, incluso penales, en aplicación de las leyes contra la discriminación vigentes en el país.

49.El orador afirmó de manera categórica que en la República Dominicana no existe forma alguna de trabajo forzoso ni de esclavitud y que los extranjeros que trabajan en el territorio nacional, con o sin permiso de trabajo, han entrado en el país por su propia voluntad.

La delegación de la República Dominicana se retira.

Se levanta la primera parte (pública) de la sesión a las 17.50 horas.