Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

36º período de sesiones

Acta resumida de la 14ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 9 de mayo de 2006, a las 15.00 horas

Presidenta:Sra. Bonoan-Dandan

Sumario

Examen de los informes:

a)Informes presentados por los Estados Partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Cuarto informe periódico de México (continuación)

Se abre la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes:

a)Informes presentados por los Estados Partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto (continuación)

Cuarto informe periódico de México ((E/C.12/4/Add.16), documento de base (HRI/CORE/MEX/2005); lista de cuestiones (E/C.12/MEX/Q/4); respuestas escritas del Gobierno mexicano a la lista de cuestiones (E/C.12/MEX/Q/4/Add.1)) (continuación)

1. Por invitación de la Presidenta, la delegación mexicana vuelve a tomar asiento como participante a la mesa del Comité.

Artículos 1 a 5 del Pacto (continuación)

2.El Sr.  Fernández-Varela (México) dice que las desigualdades en términos de ingresos y de reparto de la riqueza no aparecieron con el tránsito a la economía de mercado, ni siquiera con la concentración de la tierra en el siglo XIX, sino que se remontan al período colonial, e incluso precolonial. Sin embargo, esta constatación no justifica la existencia de las desigualdades, que preocupan al Gobierno mexicano. Dicho esto, es muy difícil hacer que ciertos grupos sociales acepten las políticas públicas basadas en la redistribución de la riqueza, tanto más cuanto que sus efectos no se hacen sentir sino a largo plazo. En 1994, la devaluación de la moneda nacional (el peso mexicano) afectó en mayor medida a los ricos que, lógicamente, son quienes más han perdido. Así pues, la distribución de los ingresos siempre ha sido muy desigual, y nada permite afirmar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o las políticas económicas liberales hayan tenido alguna influencia.

3.En cambio, es verdad que el TLCAN ha favorecido más al norte del país, donde el producto interno bruto (PIB) ha aumentado aproximadamente dos veces más que en el sur del país. Para paliar estas desigualdades y la escasez de inversiones (a excepción de en aquellos lugares como Cancún que atraen a los capitales privados), el Gobierno mexicano ha elevado la inversión pública en el sureste del país. El ingreso por habitante es menor en el campo que en las ciudades y el número de personas que vive en la extrema pobreza es mucho más elevado en el medio rural. Ésta es la razón por la que el Programa "Oportunidades", cuyo objetivo es combatir la pobreza, ha centrado prioritariamente su acción en las zonas rurales. Sus resultados son esperanzadores, ya que la pobreza ha disminuido más que en las ciudades y el porcentaje de la población rural que no tiene acceso a los niveles mínimos en materia de nutrición, salud y educación se ha reducido considerablemente.

4.El TLCAN entró en vigor el 1 de enero de 1994 pero, por motivos de orden social, estaba previsto que no se aplicaría antes de 2009 a los productos que encabezan la producción nacional en términos de volumen, como el maíz, los cereales, la leche y la carne. La evolución que han experimentado estos productos no puede imputarse al Tratado. Por ejemplo, México siempre ha importado maíz, ya que la producción nacional nunca ha sido suficiente para satisfacer las necesidades en materia de alimentación humana y animal del país. En todo caso, el pequeño productor, que consume la totalidad de su producción y no dispone de excedente que agotar en el mercado, no se habría visto afectado por el Tratado, como tampoco lo habrían sido los productores que viven cerca de centros urbanos como la Ciudad de México y emplean su excedente para elaborar dulces que venden en la ciudad. Estos mercados no desaparecerán jamás, ya que se basan en la en la proximidad entre el lugar de producción y el lugar de consumo. En cuanto a los ricos agricultores del oeste, como los del Estado de Sinaloa, podrían perfectamente seguir produciendo cereales sin necesidad de recurrir a las ayudas propuestas, y están tanto menos amenazados cuanto que sus tierras sirven también para cultivar algodón y cítricos.

5.Las únicas personas a las que el Tratado puede perjudicar son los pequeños productores que venden sus mercancías en los mercados locales, como los de la Frailesca, en Chiapas, y que no son competitivos frente a los productores estadounidenses que obtienen altos rendimientos. Antes que culpar al Tratado, parece más sensato poner en marcha políticas adaptadas y prolongar las ayudas en favor de estos productores.

6.La pérdida de la diversidad genética del maíz, de los germoplasmas y de otros cereales no es imputable al TLCAN, sino a la comercialización de los productos agrícolas y a la revolución verde. Dicha pérdida se remonta a los años 50 y 60, durante los cuales la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller financiaron la puesta a punto de semillas de alto rendimiento y de variedades híbridas. El problema es ciertamente grave pero, de nuevo, no puede imputarse al Tratado, y el Gobierno mexicano no escatimará ningún esfuerzo para preservar la diversidad genética.

7.En cambio, el TLCAN ha permitido que un elevado número de personas encuentren trabajo (como los indígenas mixtecas de Oaxaca, que se han embarcado en la cosecha del tomate o del melón), y lograr ciertas conquistas sociales, como los servicios de salud a los que a partir de ahora tienen derecho los trabajadores jornaleros; además, ha abierto el mercado norteamericano a los agricultores mexicanos, que exportan al mismo sus frutas y verduras en proporciones desconocidas hasta el momento.

8.El Tratado de Libre Comercio no podía favorecer a todos, pero puede decirse que México ha ganado más de lo que ha perdido. Corresponde pues al Gobierno mexicano poner en marcha una política social que permita compensar a los "perdedores" ofreciéndoles, por ejemplo, posibilidades de reconversión y programas de formación. El Tratado no es contrario a las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la medida en que ha creado empleo y generado ingresos, dinamizado la producción y, por lo tanto, favorecido el bienestar. México se enfrenta a problemas medioambientales que no constituyen un efecto perverso del Tratado. La industria más contaminante es, en efecto, la del refinado del azúcar, que la legislación relativa a la protección del medioambiente no contempla.

9.México ha avanzado mucho en términos de acceso a la educación y servicios de salud, pero aún le queda mucho por hacer en el plano de la calidad. Ésta es la razón por la que el Gobierno mexicano pretende ofrecer a los niños desde las edades más tempranas unos niveles de educación, nutrición y salud adecuados.

10.En México, el 52 por ciento de las tierras es de propiedad colectiva, y no existe ningún indicador que sugiera que se está produciendo un proceso de privatización o concentración en manos de las mismas personas, contrariamente a las preocupaciones expresadas con anterioridad a la modificación del artículo 27 de la Constitución, que regula la propiedad de la tierra. Catorce años más tarde, sólo 29 de los 3.000 ejidos (cooperativas de tierra) de México han sido privatizados, vendidos a sociedades transnacionales a un precio muy elevado. En todo caso, una gran parte de las tierras no son propicias para la agricultura a causa de su aridez y de la falta de agua y, por lo tanto, no atraen a los inversores.

11.Los Acuerdos de San Andrés se centran en las tierras de las comunidades indígenas, pero es preciso saber que éstas son gestionadas democráticamente por campesinos y ejidatorios (miembros de cooperativas de tierras), entre otros. Para ciertos proyectos grandes que precisan de importantes inversiones, se consulta e invita a acudir a las urnas a todos los ejidatorios afectados. En particular, éstos han votado a favor del proyecto hidroeléctrico de La Parota, en el Estado de Guerrero, que aún no ha sido puesto en marcha debido a que el Gobierno mexicano se enfrenta todavía a una viva oposición y espera a la desaparición de todas las diferencias para iniciar los trabajos.

12.Existen programas que prevén remunerar a los campesinos que prestan ciertos servicios que contribuyen al respeto del medio ambiente, como la captación de CO2 mediante la plantación de árboles, la producción de agua dulce o de oxígeno o, incluso, la protección del paisaje agrario.

13.Tipificado en 1991, el acoso sexual está castigado con multa, e incluso con una pena de prisión cuya duración oscila entre los seis meses y los cuatro años, dependiendo de la gravedad del caso. Las violaciones se castigan de forma aún más severa. Los funcionarios declarados culpables de acoso son destituidos de sus funciones.

14.Se han adoptado diversas medidas de orden social en favor de la igualdad entre los sexos. El programa "Oportunidades", por ejemplo, que presta ayuda a los más desfavorecidos, ofrece a las chicas que cursan estudios secundarios becas cuya cuantía es superior a la de las becas de las que se beneficia la gente joven; además, los partidos políticos están obligados a presentar un número mínimo de mujeres en sus listas electorales, y existen sanciones administrativas para castigar los actos de discriminación contra las mujeres.

15.Se ha creado en el seno del Congreso una comisión encargada de la ayuda a los migrantes. En el marco de las políticas de desarrollo social, se han puesto en marcha programas en favor, particularmente, de los jornaleros agrícolas, y se han autorizado numerosas inversiones en materia de vivienda e infraestructuras en aquellas zonas donde trabajan muchos de ellos.

16.El Sr.  Torres Cisneros (México)dice que hay que reconocer que la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el sur de Chiapas en 1994 introdujo en el orden del día la cuestión de los indígenas, postergada desde hace años, puso evidencia la legitimidad de sus reivindicaciones y abrió el camino al proceso de reforma constitucional.

17.Se ha dicho que los acuerdos concluidos tras las negociaciones habidas entre los pueblos indígenas y los miembros del poder ejecutivo federal, llamados "Acuerdos de San Andrés", no habían sido respetados, pero el problema reside precisamente en el hecho de que los citados Acuerdos no habían sido ratificados por el conjunto del ejecutivo y que no se había asociado al proceso al poder legislativo. El equipo que llegó al poder en 2001 había hecho campaña sobre la cuestión, comprometiéndose a poner fin al conflicto zapatista y abordar el problema indígena. Su primera medida consistió pues en someter la Reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena propuesta por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) al poder legislativo, que la modificó por entender que ciertas peticiones sólo podían ser aceptadas por el Gobierno mexicano.

18.La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha insistido en la importancia de reabrir el debate sobre la cuestión indígena y dar curso a las aspiraciones legítimas de los pueblos indígenas. El nuevo Gobierno mexicano está convencido de que es posible desarrollar los derechos económicos, sociales y culturales de estos pueblos. La reforma de las instituciones debería, por ejemplo, permitir lograr avances en materia de salud, educación e infraestructuras. Dicha reforma debería asimismo desembocar en el reconocimiento de la cultura de los pueblos indígenas, así como en su propio reconocimiento en tanto que sujetos de derecho público, sin el cual no pueden gozar de derechos colectivos en materia de propiedad intelectual. Es importante, pues, que los distintos actores sociales tomen conciencia de que estos pueblos ejercen sus derechos y respeten sus costumbres, sus tradiciones y su cultura de forma colectiva.

19.La reforma constitucional de 2001 consagra el derecho de todos los pueblos autóctonos a la autodeterminación y, en consecuencia, a la autonomía, así como su derecho a decidir libremente su modo de vida y su forma de organización económica, social y cultural. No ha sido esta reforma, sino la reforma de San Luis Potosí, la que ha otorgado a los pueblos indígenas el estatuto de sujetos de derecho público. Dado que México es un país federativo, los Estados federales incorporan poco a poco las reformas constitucionales a su propia legislación. En 1995, por ejemplo, se procedió a la reforma de la Constitución del Estado libre y soberano de Oaxaca que, durante muchos años, ha sido la más avanzada del país desde el punto de vista del reconocimiento de los pueblos indígenas. Además, es la única que reconoce en la actualidad a la población afromestiza el estatuto de grupo étnico; sin embargo, es un texto algo atrasado, precisamente porque se refiere a "grupos étnicos" en lugar de a "pueblos indígenas", término incluido en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.

20.La reforma constitucional de 2001 incorporó cierto número de principios que permiten regular los conflictos internos manteniendo el respeto por las garantías individuales, los derechos fundamentales y la dignidad e integridad de las mujeres. Teniendo en cuenta que las comunidades indígenas están expuestas a la discriminación (de la que las mujeres y los niños son las principales víctimas), es indispensable instaurar un marco que favorezca el respeto de los derechos fundamentales y que garantice, en particular, que las mujeres puedan resultar elegidas en plano de igualdad con los hombres para un cargo público.

21.Asimismo, la reforma constitucional de 2001 consagró el derecho de los pueblos indígenas a preservar su lengua, sus saberes y todos los elementos constitutivos de su cultura y su identidad, su derecho a acceder a sus tierras de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constitución, su derecho a elegir, en las comunas donde residen indígenas, representantes en el seno de los consejos municipales, y su derecho a recurrir a los tribunales del Estado Parte y a velar por que sus costumbres y su especificidad cultural sean tenidas en cuenta cuando son parte de un procedimiento judicial, ya sea a título individual o colectivo.

22.Existen 800 municipios considerados indígenas, en los cuales reside aproximadamente el 40 por ciento de los indígenas del país, que están representados en el ámbito local. No puede olvidarse que la historia de los pueblos indígenas es milenaria, y que muchas de las comunidades tienen su origen en la colonización o la evangelización, o han sido fundadas por órdenes religiosas, entre otras. Asimismo, sus formas de organización son muy complejas, al igual que lo es su diversidad cultural y lingüística, siendo la multitud de dialectos existentes la mayor dificultad a la que se enfrentan estas poblaciones. En efecto, aunque México reconoce oficialmente unas 62 lenguas indígenas, su número es en realidad muy superior, ya que dentro de cada familia lingüística existen subgrupos. Todo ello explica que las comunidades indígenas sientan la necesidad de reagruparse en torno a otros símbolos, especialmente en la Iglesia o el Santo Patrón, y que se encierren en sí mismas, haciendo las relaciones exogámicas muy difíciles. Así pues, su único medio legítimo de representación son las asambleas comunitarias. Algunos pueblos autóctonos han propuesto formar asociaciones de ámbito regional para acceder a la autonomía, pero no todos. Las características peculiares las distintas regiones autóctonas (algunas de ellas multiétnicas, otras multiculturales) son tan complejas, y las formas de representación varían tanto de un pueblo a otro, que será extremadamente difícil permitirles acceder a la autodeterminación.

23.En el marco de la reforma institucional, se ha creado la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con el objetivo de elaborar políticas en favor de los pueblos indígenas que se adapten mejor a su actual situación y de coordinar todas las políticas públicas desarrolladas en este ámbito. La Comisión está dotada de recursos importantes, y de un presupuesto que aumenta cada año. Ha concentrado sus esfuerzos en las infraestructuras, razón por la que ha sido criticada, pero considera que para los pueblos indígenas es esencial que se construyan carreteras, facilitar el acceso al agua potable y llevar la electricidad a los pueblos, entre otras cosas.

24.En la actualidad, son 62 las lenguas indígenas que gozan del estatus de lengua nacional. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) trabaja actualmente para identificar de forma más precisa estas lenguas. Es sabido que ciertos pueblos empleaban la escritura, como lo demuestran los restos arqueológicos dejados por los Mayas, pero la mayoría de las lenguas indígenas son orales, y el INALI se encarga de codificarlas mediante el alfabeto latino. Conviene señalar que los Acuerdos de San Andrés se han redactado en numerosas lenguas indígenas, como el chol, el chuj, el jacalteco, el lacandón, el mam, el q’anjob’al, el tzeltal, le tzotzil y el zoque. Los indígenas tienen derecho a emplear su lengua materna en el marco de los procedimientos judiciales, lo que implica formar traductores jurados bilingües, objetivo para el que trabajan en la actualidad la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el INALI.

25.El Sr.  de Alba (México)dice que el actual equipo de gobierno se ha propuesto proteger mejor a los migrantes que se encuentran en territorio mexicano, en particular mediante la puesta en marcha de un programa de rehabilitación y modernización de los centros de retención. El Gobierno mexicano trata además de definir normas mínimas aplicables a la estancia de los migrantes indocumentados. Para todo ello es necesario contar con importantes recursos. Hay que señalar que la Organización Internacional para las Migraciones ha participado en la modernización del centro de retención de Tapachula, el más grande de América Latina, y que éste está dotado de una oficina permanente dirigida por un representante de la Comisión Federal de Derechos Humanos. No se trata sólo de mejorar las condiciones de vida en el centro, sino de garantizar además a los migrantes un trato mejor adaptado a su situación, que tenga en cuenta su sexo, y de tratar de resolver el problema del hacinamiento.

26.México es al mismo tiempo un país de emigración, de inmigración y de tránsito. La mayoría de los migrantes que abandonar el país lo hacen para instalarse en los Estados Unidos de América; los inmigrantes, por su parte, representan aproximadamente el 1,5 por ciento de la población total del país, pero este porcentaje viene aumentando desde hace algunos años.

27.Además, existe un programa de protección de los mexicanos que residen en el extranjero, dependiente de 46 consulados que disponen de unidades móviles para socorrer a los ciudadanos mexicanos en situaciones de dificultad. Existe un servicio de asistencia jurídica a disposición de aquellas personas que han sido condenadas a muerte en el extranjero y cuyo derecho a un juicio justo no haya sido respetado.

28.La cuestión de las migraciones ha adquirido una importancia particular tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, y los Estados deberían estar obligados a aplicar ciertas normas relativas a los derechos humanos, hayan o no ratificado la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. El Comité tiene en este sentido un importante papel que jugar, llamando la atención de los Estados Partes sobre la necesidad de ratificar este texto que tiene vocación de convertirse en el séptimo instrumento internacional en materia de derechos humanos de la ONU.

29.La Sra.  Sosa (México) dice que la Constitución de 2001 prohíbe la discriminación, ya sea por razón de edad, sexo, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opinión, orientación sexual, estado civil u otras causas. Además, México ha adoptado una ley para prevenir y erradicar la discriminación, que ha supuesto, en particular, la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y ha instaurado mecanismos administrativos que por primera vez en la historia del país permiten presentar una denuncia por este motivo.

30.El Instituto Nacional de las Mujeres (IMMUJERES) ha emprendido una iniciativa con el objetivo de adaptar la legislación nacional a los acuerdos e instrumentos internacionales relativos a los derechos fundamentales de las mujeres y, en particular, a aquellos que prohíben el ejercicio de la violencia sobre ellas. El Instituto trabaja en la actualidad para formular una ley marco sobre la violencia familiar que abordaría los aspectos penales, civiles y administrativos.

31.El Sr.  Labardini Flores (México) dice que la lucha contra la corrupción se ha intensificado en los últimos años, debido a que el Gobierno mexicano ha tratado de gestionar mejor los asuntos públicos y mejorar los servicios que se prestan a la población. El plan nacional de desarrollo 2001-2006 ha hecho hincapié en la transparencia, y ha simplificado y abreviado los trámites administrativos con el fin de limitar las posibilidades de corrupción y las decisiones arbitrarias por parte de los funcionarios.

32.La corrupción funcionarial ha pasado a ser constitutiva de infracción. Los funcionarios declarados culpables de actos de esta naturaleza se exponen a una amonestación y a sanciones pecuniarias, y corren el riesgo de ser depuestos de sus funciones, no poder acceder a otros puestos en la función pública y verse incursos en un procedimiento administrativo, o incluso penal. Los delitos que dan lugar a la imposición de sanciones van desde la obstaculización del acceso a la justicia hasta el abuso de autoridad. La reforma del Código Penal de 2002 ha incorporado a este instrumento no sólo el concepto de corrupción en el ámbito nacional, sino también el de corrupción a escala internacional, de conformidad con las disposiciones del Convenio de Lucha contra la Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

33.Se han presentado diversas iniciativas relativas a la trata de personas a la Cámara de Diputados y al Senado, que deberían elaborar conjuntamente un documento de síntesis sobre el tema. Este documento debería ofrecer la ventaja de abordar la cuestión de la trata desde dos perspectivas, a saber, el aspecto judicial y la asistencia a las víctimas de la trata, a la cual podrían asociarse las organizaciones de la sociedad civil. En 2005, México ha suscrito acuerdos con los Estados Unidos de América y Guatemala y ha elaborado diversos programas específicos para abordar este problema, que exige un conocimiento perfecto de cómo funcionan las redes de trata en el plano internacional y saber cómo se puede ayudar a las víctimas, cuyas necesidades varían de un caso a otro. Efectivamente, aquellas que han obtenido un visado y residen de forma legal en el territorio mexicano pueden, por ejemplo, obtener un permiso de residencia temporal una vez que dicho visado haya caducado.

34.Desde un punto de vista práctico, se ha contabilizado en las fronteras no menos de 20 organizaciones criminales dedicadas a la trata de seres humanos, organizaciones que es necesario distinguir de aquellas cuya actividad consiste en infiltrar a emigrantes clandestinos en territorio mexicano o facilitar su tránsito por el país. En 2005 se liberó a 160 personas víctimas de la trata.

35.La Sra.  González (México) informa a los miembros del Comité de que los tratados forman parte del derecho interno pero no pueden invocarse directamente ante los tribunales, lo que explica el problema de armonización legal suscitado por algunos de ellos en relación con los derechos fundamentales de las mujeres o de los migrantes. La cuestión del respeto de los derechos de las mujeres está en el centro de los debates desde hace más de veinte años, pero no todos los Estados federados consagran estos derechos en su legislación.

36.Es difícil evaluar el conocimiento que tienen los funcionarios, y entre ellos quienes toman las decisiones, de los derechos que consagra el Pacto, y si aplican o no este instrumento, pero desde 1999 se han multiplicado los cursos de formación destinados a los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Ejército. Prácticamente todas las universidades del país imparten cursos sobre los derechos humanos y se organizan numerosos seminarios sobre el derecho internacional humanitario. Sin embargo, no se ha elaborado ningún estudio para valorar los efectos de esta formación en la cultura jurídica del país.

37.Evidentemente, van a proseguir los esfuerzos realizados por el anterior equipo de gobierno para mejorar el respeto de los derechos humanos.

38.Las comisiones de derechos humanos de los Estados son organismos no judiciales de resolución de conflictos, lo que significa que no imponen penas, sino que se limitan a formular recomendaciones. Así pues, en este sentido gozan de una gran independencia, y además publican todos los años en la prensa una evaluación de la situación de los derechos humanos en el país.

39.La Constitución mexicana consagra, en diversos artículos, los derechos económicos, sociales y culturales (en particular, el derecho a la salud, a la tierra, al trabajo, a la vivienda, los derechos de los niños y la igualdad entre hombres y mujeres), pero no existe en ella un capítulo expresamente titulado "Derechos humanos". Por su parte, las disposiciones relativas a la administración de la justicia se encuentran comprendidas en el capítulo dedicado a las "Garantías individuales".

40.La Sra.  González dice que, entre octubre de 2005 y marzo de 2006, han sido asesinados 51 periodistas, y que el Gobierno ha creado una Oficina Especial del Procurador encargada de esta cuestión para tratar de encauzar el fenómeno. Asimismo, se ha ampliado el mandato de la Oficina Especial del Procurador que debe examinar los asesinatos de mujeres de Juárez, oficina que conoce ahora de todos los casos de asesinato de mujeres en el ámbito nacional.

41.El Sr.  Atangana solicita información complementaria sobre los tribunales itinerantes.

42.El Sr.  Marchán Romero desea saber qué hace el Estado Parte para garantizar el derecho de los indígenas a ser elegidos para los consejos municipales, teniendo en cuenta que no reconoce de forma sistemática las "juntas de buen gobierno" que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha creado en aplicación del principio del derecho a la autodeterminación, y si el Gobierno mexicano tienen la intención de reanudar el diálogo con el Ejército Zapatista en Chiapas.

43.La Sra.  Ghose solicita a la delegación mexicana que precise en qué consisten las medidas que ha adoptado el Estado Parte en favor de las minorías.

44.El Sr.  Torres Cisneros (México) dice que el Gobierno mexicano está dispuesto a reanudar el diálogo con el Ejército Zapatista, pero que éste se niega a ello argumentando que las reformas de 2001 no han avanzado como hubiera deseado. La cuestión del reconocimiento de las "juntas de buen gobierno" es compleja. Creadas por los propios zapatistas desde agosto de 2003 en el seno de los Caracoles, estas juntas permiten a las comunidades indígenas que no se reconocían en los partidos políticos ni se sentían representadas en el plano político participar en las decisiones que se adoptan en el ámbito municipal. En 2005, la nueva distribución de las circunscripciones electorales ha favorecido a los pueblos indígenas, que desde entonces tienen una mayor representación en el Congreso.

45.El Sr.  Labardini Flores (México) dice que las medidas positivas adoptadas en el marco del Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROEQUIDAD), desarrollado por el Instituto Nacional de las Mujeres (IMMUJERES), tienen por finalidad reparar las injusticias pasadas o los prejuicios que excluyen a los miembros de una determinada comunidad que, por la razón que sea, han sido víctimas de segregación. La Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación de 2003 dispone en su artículo 5 que no se consideran discriminatorias las medidas legislativas o educativas ni otras políticas adoptadas para promover la igualdad real de oportunidades. El capítulo 3 de esta misma ley hace hincapié en la necesidad de que los organismos públicos y las autoridades federales apliquen tales medidas, y de fomentar la escolarización de las niñas en todos los niveles de enseñanza, luchar contra el abandono escolar y poner a disposición de las mujeres una información completa sobre diversas cuestiones relativas a la salud y a la contracepción.

Artículos 6 a 9 del Pacto

46.La Sra.  Bras Gomes, leyendo en un informe paralelo presentado al Comité por una organización no gubernamental que el Gobierno mexicano tiene la intención de privatizar el sistema de pensiones de jubilación de la seguridad social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se pregunta si son los eventuales buenos resultados de la privatización de los fondos de pensiones los que han animado al Estado Parte a seguir por la vía de la privatización. La oradora considera que un sistema como el descrito podría resultar perjudicial para los grupos más desfavorecidos (como los desempleados, las personas de bajos ingresos o las que trabajan en el sector informal, en particular las mujeres), que por lo general no disponen de recursos para suscribir un plan privado de pensiones. La delegación mexicana podría precisar si es cierto que sólo un 38 por ciento de los trabajadores activos cotizan al plan de pensiones de la seguridad social, y qué sucede con el resto de la población.

47.Observando que los planes de pensiones parecen optar por inversiones de riesgo para hacer rentar su capital, la Sra. Bras Gomes desea igualmente saber si han puesto en marcha algún plan de acción para el supuesto de que las cosas fueran mal en los mercados financieros con el fin de poder seguir pagando las pensiones a los beneficiarios.

48.Sería interesante conocer qué hace el Estado Parte para asegurarse de que los empleadores satisfacen correctamente las cotizaciones sociales de acuerdo con el número de horas trabajadas por el asalariado y, en particular, si ha puesto en marcha algún sistema de control para luchar contra el fraude en este ámbito.

49.La Sra. Bras Gomes lamenta que las mujeres tengan preferencia sobre los hombres en lo que se refiere al acceso a los servicios de guardería, lo que considera es discriminatorio. Pregunta a este respecto si el Estado Parte ha aprobado un permiso de paternidad para los padres que deseen ocuparse de sus hijos.

50.El Sr.  Rzepliński, haciendo referencia a diferentes artículos de la Ley federal del trabajo y a otros textos legales relativos a la afiliación a un sindicato (en que se estipula, en concreto, que una misma organización no puede federar a funcionarios que trabajan en organismos públicos diferentes, que una sola organización puede agrupar a los empleados de una misma administración y que las personas afiliadas a un sindicato no pueden dimitir) estima que todas estas medidas permiten manipular fácilmente a los sindicatos de la función pública. El orador añade que, según el informe de la oficina de representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, titulado Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, la libertad de asociación se ve sistemáticamente obstaculizada, las autoridades ponen trabas al ejercicio del derecho de huelga y ejercen un estricto control sobre los sindicatos, los responsables sindicales no son elegidos por voto secreto y, lo que es peor, deben en ciertos casos firmar su papeleta. El orador agradecería que la delegación mexicana se pronunciase al respecto.

51.El Sr. Rzepliński desearía saber en qué ciertas disposiciones del Convenio No 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y del Convenio N° 174 sobre la prevención de accidentes industriales mayores de la OIT son "incompatibles o difícilmente conciliables con la legislación nacional". Refiriéndose al párrafo 129 de las respuestas escritas del Gobierno mexicano a la lista de cuestiones, donde se dice que los trabajadores y los sindicatos pueden recurrir a los tribunales competentes para hacer valer sus derechos o resolver un conflicto si consideran que se han lesionado sus derechos y garantías, el Sr. Rzepliński solicita a la delegación mexicana que informe al Comité acerca de la jurisprudencia relacionada con la protección judicial de los trabajadores y los sindicalistas.

52.Por último, el Sr. Rzepliński lamenta que, al igual que ocurre en la función pública, esté prohibido crear más de un sindicato en el seno de las maquiladoras (que, sin embargo, son empresas del sector privado), lo que constituye una violación del artículo 8 del Pacto.

53.El Sr.  Texier destaca el incremento regular de la tasa de desempleo declarado, así como el elevado número de parados que se encuentran en una situación particularmente difícil (3.300.000 personas) y de vendedores ambulantes (1.203.000 personas), y desea conocer qué medidas concretas ha adoptado el Estado Parte para contrarrestar esta tendencia, tanto más cuanto que las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) son aún más inquietantes que las que figuran en el informe examinado. Asimismo, el orador desea saber si está aumentando la incidencia del trabajo informal, que no da derecho a ninguna protección social, y si el Gobierno mexicano ha desarrollado algún programa para combatir este fenómeno.

54.Sería interesante saber en qué medida y de qué forma el Estado Parte vela por que la nueva ley que prohíbe pedir a las mujeres declarar un eventual embarazo en una entrevista de trabajo se aplique correctamente, en particular en aquellos sectores en que los empleados gozan de una escasa protección social, como las maquiladoras y las zonas francas, donde los derechos sociales son a menudo inexistentes. Sería útil disponer de más información acerca de las condiciones de trabajo en las maquiladoras y en las zonas indígenas, donde se emplea a niños de doce años e incluso menos, así como a jornaleros procedentes de otras regiones y muy mal pagados, a un salario que oscila entre los 48 y los 50 pesos, cuando el salario mínimo es de 60 pesos, una cantidad ya de por sí muy escasa.

55.El Comité apreciaría asimismo que la delegación mexicana comentase las cifras del servicio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que ha señalado que se han sometido a su consideración 106 casos de acoso sexual, 370 despidos por embarazo, 107 casos de violencia en el lugar de trabajo y 371 despidos injustificados. La delegación podría también pronunciarse sobre la cuestión de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, ya que la remuneración de éstas por igual trabajo es entre un 15 y un 30 por ciento inferior a la de los hombres.

56.El Sr. Texier considera grave que, en virtud de la Constitución mexicana, ni las comisiones de derechos humanos creadas en los Estados ni la Comisión Federal de Derechos Humanos tengan competencias para conocer de las violaciones de los derechos fundamentales en el lugar de trabajo, lo que equivale a despojar a los derechos sindicales de su condición de derecho fundamental. Lamentando asimismo las numerosas limitaciones al derecho a formar un sindicato y a sindicarse, desea saber si el Estado Parte tiene previsto eliminar estas restricciones a la libertad sindical y levantar la reserva que ha formulado en relación con el artículo 8 del Pacto.

57.Por último, sería interesante que la delegación mexicana explicase por qué el Estado Parte no ratifica el Convenio N° 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.

58.El Sr.  Abdel Moneim pregunta cómo han acogido las comunidades indígenas las medidas que ha adoptado el Estado Parte para acabar con la explotación de los niños y favorecer la protección de los menores que trabajan.

59.El Sr.  Marchán Romero desea saber cuál es la cifra exacta de menores que trabajan y qué hace el Estado Parte para protegerles de la explotación.

Artículos 10 a 12 del Pacto

60.El Sr.  Atangana apreciaría que la delegación mexicana detallase las medidas que ha puesto en marcha el Estado Parte para alentar a los padres a inscribir a su hijo en el registro civil, y qué repercusiones han tenido las medidas legislativas destinadas a luchar contra todas las formas de violencia familiar descritas en la respuesta escrita del Gobierno mexicano a la cuestión N° 21 de la lista de cuestiones.

61.La Sra.  Barahona Riera lamenta que el cuarto informe periódico de México no ofrezca más información sobre la igualdad entre sexos y sobre los avances logrados por el Estado Parte en este ámbito. Asimismo, deplora que las iniciativas legislativas destinadas a castigar la violencia contra las mujeres no hayan pasado aún del estadio de proyecto de ley, e insiste en la urgencia de adoptar la ley marco sobre la violencia familiar. Asimismo, desea saber si, una vez adoptada, esta ley será directamente aplicable en todos los Estados o deberá incorporarse a la legislación de cada uno de ellos.

62.La Sra. Barahona Riera espera que el Gobierno recientemente constituido siga apoyando las reformas y la adopción de los textos que prohíben la violencia familiar y desarrollando políticas en este ámbito. En particular, espera que el Estado Parte vele por que se tipifique pronto penalmente el incesto, se suprima el criterio de la buena fe de la víctima de las numerosas leyes y otros códigos en que figura y se eleve la edad de consentimiento sexual hasta por lo menos los 15 años.

63.Por lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva, la Sra. Barahona Riera se felicita de que exista la voluntad de legalizar el aborto en caso de violación, pero insiste en la necesidad de modificar las disposiciones del Código de Procedimiento Penal y poner en marcha los servicios de salud adecuados que permitan a las mujeres víctimas de una violación abortar sin riesgos. Asimismo, debe aprobarse la ley federal de salud.

64.La delegación mexicana podría indicar si el incremento de los gastos sociales se ha traducido en un aumento en el presupuesto de los sectores que favorecen la mejora de la calidad y el nivel de vida. ¿Se han puesto en marcha, por ejemplo, programas sociales en el ámbito de la vivienda, la educación, o la ayuda a las familias y a los ancianos?

65.La Sra.  Ghose pregunta qué alcance tiene el fenómeno de la violencia doméstica y en qué medida el Instituto Nacional de las Mujeres (IMMUJERES) puede intervenir en la esfera familiar. Lamenta que los centros de acogida para las víctimas de tales actos sean temporales y se pregunta si no sería posible ofrecer a las mujeres que se deciden a abandonar a una pareja violenta centros en los que pudieran instalarse de forma permanente.

66.La Sra. Ghose, recordando que el número de embarazos precoces es de 500.000 al año y que los abortos practicados sin asistencia médica representan la cuarta causa de muerte materna, pregunta si el Estado Parte es consciente de que, teniendo en cuenta que el aborto es ilegal, las jóvenes que se quedan embarazadas no tienen otra opción que asistir a una clínica que practicará la intervención médica sin disponer de autorización. ¿Es cierto que, aunque el Código de Procedimiento Penal autoriza el recurso a un aborto ilegal en caso de violación, son muchos los Estados que no permiten a las jóvenes ejercer este derecho? ¿Se forma a los policías sobre el trato que debe dispensarse a las mujeres que acuden a presentar una denuncia por violación, de forma que no se ponga en duda su palabra y sean escuchadas?

67.El Sr.  Sadi pregunta si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha agravado o no la situación especialmente alarmante de las mujeres y los niños, que se traduce, en particular, en un elevado número de niños de la calle, estimado en 11.000 en México y en varios miles en la capital.

68.El Sr. Sadi considera inaceptable que, haciendo caso omiso de la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños puedan trabajar en la agricultura desde los seis años de edad, que la edad para poder contraer matrimonio se haya fijado en los 14 años para las chicas y en 16 años para los chicos, que la del consentimiento sexual sea hasta de 12 años en ciertos Estados, y que un número tan elevado de niños sean víctimas de la trata, de la prostitución y de violaciones. Desea saber si el Estado Parte lleva o no a cabo campañas contra estas lacras.

69.El Sr.  Tirado Mejía recuerda que, en el contexto mexicano, la cuestión del acceso al agua es primordial y ha provocado actos de violencia en ciertas comunidades de Chiapas, Oaxaca y Guerrero en particular. Sin embargo, subraya que aproximadamente 13 millones de mexicanos sufren de escasez de agua y que cerca de un 10 por ciento de la población urbana no tiene acceso al agua corriente. ¿Podría la delegación mexicana indicar qué medidas se están adoptando para mejorar desde este punto de vista la situación?

70.El hecho de que México sea un país productor de droga, así como un país de tránsito de estas sustancias ilícitas, ha generado numerosos problemas de violencia en el ámbito nacional. El orador agradecería a la delegación mexicana que precisase qué extensión alcanza el consumo nacional y cuáles son las medidas adoptadas por el Estado Parte para combatir este fenómeno. ¿Ha aprobado el Senado la ley que despenaliza el consumo privado de drogas? Por último, se solicita a la delegación que precise en qué medida pretende el Estado Parte sumarse a la lucha mundial contra el tráfico de drogas.

71.El Sr.  Riedel, refiriéndose al cuadro que figura en la página 120 del informe examinado sobre la evolución de la tasa de mortalidad de los niños de menos de un año entre 2001 y 2002, desea saber qué es lo que explica que, a pesar de la tendencia general, esta tasa haya aumentado en ciertos Estados y, en particular, en Morelos, Durango, Oaxaca, Puebla y Guerrero, y qué hace el Estado Parte para paliar la situación.

72.Felicitándose a continuación por los buenos resultados de la lucha contra el VIH/SIDA y por el hecho de que el número de casos diagnosticados haya permanecido estable entre 2000 y 2002, el Sr. Riedel quiere saber cuál ha sido la tendencia en este ámbito desde 2002, y si es cierto que, desde 2003, todos los seropositivos se benefician de un tratamiento antirretroviral.

73.Por último, el Comité apreciaría que la delegación mexicana explicase por qué el estado de salud de la población en materia reproductiva es peor en los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca que en los demás Estados federados, y cuál es la razón por la cual la tasa de mortalidad materna de las mujeres indígenas fue en 2004 dos veces superior a la del resto de la población. ¿Qué medidas adopta el Gobierno mexicano para mejorar la situación, y cuáles son sus efectos en la práctica?

Se levanta la sesión a las 17.55 horas.

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