Distr.GENERAL

E/C.12/2009/SR.216 de julio de 2009

ESPAÑOLOriginal: INGLÉS

COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

42º período de sesiones

ACTA RESUMIDA (PARCIAL)* DE LA SEGUNDA SESIÓN

celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,el lunes 4 de mayo de 2009, a las 15.00 horas

Presidente : Sr. MARCHÁN ROMERO

SUMARIO

C uestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional d e Derechos Económicos, Sociales y Culturales

El debate abarcado por el acta comienza a las 15 . 50 horas .

CUESTIONES SUSTANTIVAS QUE SE PLANTEAN EN LA APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

1.El Sr. TROMEL (Alianza Internacional de Discapacidad) pide al Comité que vele por que las disposiciones de su proyecto de observación general sobre el principio de la no discriminación sean acordes con las de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. En particular, el párrafo 24 del actual proyecto de observación general debería hacer especial hincapié en que la negativa de alojamiento razonable es una forma de discriminación por motivos de discapacidad. Dado que se trata de un concepto con el que están lidiando muchos países, el Comité debería aprovechar la oportunidad para clarificarlo. El párrafo 24 debería asimismo destacar el hecho de que la discriminación por motivos de discapacidad puede afectar a las personas consideradas discapacitadas, a las personas relacionadas con personas discapacitadas y a las personas que hayan tenido alguna discapacidad en el pasado.

2.La Convención prohíbe claramente la privación de libertad y el tratamiento involuntario por motivos de discapacidad. En ese sentido, también debería revisarse el párrafo 29, ya que se podría interpretar que anima a la discriminación contra las personas con problemas de salud mental. En particular, debería modificarse la formulación "una persona puede a veces constituir un peligro para él, para ella o para otros". El Comité tal vez quiera consultar al respecto al Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, y designar a alguno de sus miembros para que supervise, en general, la labor de dicho Comité.

3.El Sr. RIEDEL dice que el Comité estudiará el proyecto de observación general en la presente sesión. El proyecto más reciente aborda el tema de la negativa de alojamiento razonable y las categorías de personas afectadas por la discriminación por motivos de discapacidad. El Comité tratará de cooperar estrechamente con el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad con el fin de asegurar un enfoque uniforme cuando proceda.

4.La Sra. ANDIÓN (Centro de Derechos Reproductivos) dice que casi un tercio de la mortalidad materna en América Latina se produce en el Brasil. Con más de 4.000 muertes al año, las tasas de mortalidad materna del Brasil son considerablemente más altas que las de algunos países menos desarrollados. Aunque alrededor del 90% de esas muertes son evitables la tasa de mortalidad materna no ha descendido en los últimos 15 años. Además, las tasas muestran drásticas desigualdades, según la raza, la situación socioeconómica y el área geográfica: la probabilidad de las mujeres afrobrasileñas de morir por causas obstétricas es 50% mayor que la de las mujeres blancas.

5.La oradora insta al Comité a que recomiende al Gobierno del Brasil que tome medidas para reducir las tasas de mortalidad materna aumentando el presupuesto destinado a la atención de la salud materna, especialmente en las regiones pobres y rurales. El Gobierno debería velar por que los programas que desarrolle traten de la accesibilidad, disponibilidad y calidad de los servicios de salud materna, en particular, mejorando el sistema de derivación de pacientes y extendiendo la cobertura de los servicios obstétricos de urgencia. Asimismo, debería velar por que existan mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas, y aplicar medidas para eliminar las importantes desigualdades que enfrentan las mujeres afrobrasileñas y las mujeres con bajos ingresos para acceder a una atención de la salud materna de calidad.

6.El Sr. CABRERA (O'Neill Institute for National and Global Health Law) dice que, aunque el Gobierno del Brasil ha aplicado algunas políticas para el control del tabaquismo, no está cumpliendo totalmente con su obligación de proteger y materializar el derecho a la salud en relación con el control del tabaco. Se han adoptado importantes medidas para reducir el riesgo que supone el tabaco para la población en general, tales como la ratificación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, pero sigue habiendo graves insuficiencias en cuanto a la protección; por ejemplo, aún está permitido fumar dentro de restaurantes y bares, lo que supone un riesgo para la salud de los clientes y los empleados. El Gobierno del Brasil estima que cada año mueren 200.000 personas por causas relacionadas con el consumo del tabaco, y que pueden atribuirse siete muertes diarias al tabaquismo pasivo o al humo ajeno.

7.El orador solicita que el Comité recomiende al Gobierno del Brasil que adopte medidas legislativas para que los lugares cerrados estén 100% libres de humo de tabaco. También pide al Comité que, al redactar las observaciones finales sobre el informe del Brasil, tenga en cuenta las demás recomendaciones recogidas en el informe de la organización que representa.

8.La Sra. MOREIRA VAZ DE MELO (Justiça Global, Organización Mundial contra la Tortura, National Movement of Street Boys and Girls), en referencia al informe alternativo preparado por la organización a la que representa, dice que la criminalización de la pobreza es un fenómeno claro y visible en el Brasil, en particular, en las áreas urbanas. Los actores estatales y cuasi estatales a menudo identifican a los miembros más pobres de la sociedad como criminales o como criminales en potencia simplemente por su situación socioeconómica, y los convierten en blanco de extorsiones, arrestos y detenciones arbitrarias, violencia física e incluso ejecuciones sumarias. Las comunidades más pobres y marginadas del Brasil están en peligro constante de verse envueltas en actos de violencia policial letal; y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas señala que la policía es responsable de una quinta parte de los asesinatos del Brasil.

9.Las milicias, ilegales aunque toleradas y con estrechos vínculos con la policía, afirman que proporcionan seguridad y protección, pero de hecho, explotan a las comunidades pobres por medio de la extorsión y asumiendo el control del suministro de los servicios básicos lucrativos.

10.El sistema penitenciario del Brasil, con su hacinamiento y sus motines, torturas, masacres y extorsiones, es un factor que contribuye a la criminalización de la pobreza y a la perpetuación del vínculo entre la pobreza y la violencia.

11.La respuesta de la policía a las mujeres y niños víctimas de la violencia es inadecuada y a menudo violenta. Las mujeres de comunidades pobres y marginadas con frecuencia dependen económicamente de sus parejas, que abusan físicamente de ellas, y en algunas regiones las mujeres aún son vistas como una propiedad del hombre.

12.Por último, la oradora dice que las autoridades regionales a menudo dificultan a los defensores de los derechos humanos la realización de sus actividades legítimas.

13.La Sra. Moreira Vaz de Melo alienta al Comité a que pida encarecidamente al Gobierno del Brasil que tome en consideración los vínculos causales entre la ausencia de respeto de los derechos económicos, sociales y culturales y la discriminación y la violencia.

14.El Sr. ANDRIOLI (La Vía Campesina Brasil) dice que el Brasil es el mayor productor de soja del mundo, y que aproximadamente el 60% de su producción de soja está genéticamente modificado. El uso de organismos genéticamente modificados en la agricultura del Brasil ha incrementado el hambre y ha dejado sin tierra y en malas condiciones de salud a numerosos habitantes de las zonas rurales. Asimismo, ha contaminado el agua y el suelo, haciendo que dichos recursos resulten inutilizables para los pequeños agricultores. Por lo tanto, constituye una grave violación de los derechos económicos, sociales y culturales.

15.El orador solicita al Comité que inste al Gobierno del Brasil a que prohíba el uso de organismos genéticamente modificados en la agricultura y restablezca el acceso de los campesinos a las semillas tradicionales, su derecho a la propiedad de la tierra y su derecho a cultivar sin contaminación por la fumigación y por la utilización de organismos genéticamente modificados en las tierras vecinas.

16.El Sr. CARBONARI (Movimiento Nacional de Derechos Humanos), hablando en nombre de varias organizaciones no gubernamentales (ONG), dice que, aunque se han reducido levemente las desigualdades destacadas en las observaciones finales del Comité sobre el informe inicial del Brasil (E/C.12/1/Add.87), todavía el 75% de la riqueza del país está en manos del 10% de la población. El Gobierno ha aumentado el salario mínimo, ha introducido programas de seguridad social y de transferencia de renta, ha realizado esfuerzos para reducir la pobreza e integrar un número mayor de familias en el ciclo de consumo, pero los resultados de dichos esfuerzos son aún insuficientes.

17.Los grandes proyectos de desarrollo incluidos en el Programa de aceleración del crecimiento han tenido efectos adversos en las poblaciones y el medio ambiente. La prioridad dada al control de la inflación y la liberalización de la economía ha significado una drástica reducción en las inversiones sociales. En 2006, por ejemplo, el gasto público en amortización del interés de la deuda superó con creces el gasto en salud, educación, seguridad pública y derechos de la ciudadanía. Quedan así perjudicadas las poblaciones más pobres.

18.La Sra. RODR Í GUEZ (Proceso de Articulación y Diálogo) dice que los grupos más vulnerables del Brasil sufren grandes desigualdades, particularmente en el norte y en el nordeste del país, así como en las áreas rurales y las periferias urbanas. La mayoría de las víctimas de la violencia son los hombres jóvenes negros de los grandes centros urbanos, y según datos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el número de jóvenes que muere por arma de fuego en el Brasil es mayor que en cualquier otro lugar del mundo. Varias fuentes destacan lo vulnerable de la situación de la población negra en el Brasil: la mayor parte del 10% de la población más pobre del país es negra; las mujeres negras ganan, en promedio, considerablemente menos que los hombres; y en 2008 gran parte de las personas consideradas pobres eran indígenas o negras. La población negra del país registra a altas tasas de mortalidad infantil y de abandono de los estudios.

19.En cuanto a los indígenas, la oradora dice que es frecuente que sus tierras no estén debidamente desmarcadas. Son las principales víctimas de las consecuencias de la implantación de grandes proyectos de desarrollo de agronegocios y minero, y sufren a diario persecuciones, amenazas, violencias e invasión y depredación de sus tierras. Son a menudo confinados en áreas diminutas o en campamentos en la margen de las carreteras.

20.Con respecto a la atención sanitaria, la oradora expresa que en 2008 hubo denuncias de corrupción y de mal uso de los recursos públicos por parte de la Fundación Nacional de Salud, y los datos preliminares indican un aumento del número de muertes por falta de asistencia en salud.

21.La Sra. WERNECK (Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais) dice que la sociedad civil del Brasil espera que el Estado parte ratifique en breve el Protocolo Facultativo del Pacto.

22.Hay un importante foso entre la previsión normativa y la aplicación de políticas públicas que garanticen los derechos humanos. Aunque el Estado parte no ignora las recomendaciones de los órganos internacionales, no las ha aplicado ampliamente y de forma eficaz. Por ejemplo, las observaciones finales del Comité sobre el informe inicial del Brasil no han sido traducidas ni divulgadas, lo que dificulta el seguimiento y disminuye su eficacia.

23.La Agenda Brasilera de Derechos Humanos del Brasil no está bien coordinada y no puede resultar enteramente eficaz porque solo atiende a las denuncias de violaciones y la ejecución de programas públicos con baja incidencia social. El Brasil no ha avanzado en la resolución de los desafíos institucionales para garantizar los derechos humanos ni en la realización del Programa Nacional de Derechos Humanos propuesto.

24.El Sr. RECH (Parceiros de Misereor no Brasil) señala que los instrumentos de democracia directa previsto en la Constitución, como el plebiscito, el referendo y la iniciativa popular, raramente se utilizan en el Brasil. El control público que se puede ejercer por medio de los consejos de políticas y control social es escaso, y los pocos consejos de derechos humanos que existen dependen en la mayoría de la estructura gubernamental. La sociedad civil desearía ver mayor transparencia y tener mayor acceso a la información sobre los órganos públicos, sobre el presupuesto público.

25.Las conquistas sociales de los últimos años son fruto de la movilización y la presión social. Sin embargo, ha aumentado la criminalización y difamación, persecución, procesamiento, e incluso el asesinato, de líderes de los movimientos sociales. Existe una estrategia clara para legitimar dicha criminalización, utilizando el poder judicial e incluso los mecanismos legislativos. Al mismo tiempo, el Programa Nacional de Protección de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos no tiene un marco normativo definido y cuenta con pocos recursos para combatir el proceso de criminalización.

26.La Sra. BRAS GOMES pregunta por qué los representantes de ONG consideran que la labor realizada en los programas de bienestar social no es eficaz.

27.El Sr. SADI pide la opinión de los representantes de las ONG sobre las razones de la persistencia de los problemas económicos, sociales y culturales. Se pregunta por qué ha adoptado el Gobierno una postura tan poco rigurosa con relación al tabaco. Inquiere si se exportan productos genéticamente modificados y si estos llevan la correspondiente etiqueta identificativa. Por último pregunta si, en vista de la reciente caída de los precios del petróleo, la producción de biocombustibles es aún un problema.

28.El Sr. DASGUPTA solicita datos de las tasas de mortalidad materna, desglosados, por ejemplo, por región o categoría de ingresos.

29.El Sr. TEXIER pregunta si el programa "Hambre cero" ha producido algún cambio positivo.

30.El Sr. ABDEL - MONEIM pregunta cuál es la opinión de los representantes de las ONG sobre lo que afirman en general los Gobiernos de economías en transición, como es el caso del Brasil, en el sentido de que se ven obligados por las instituciones financieras internacionales a aplicar determinadas políticas.

31.ElSr. CARBONARI (Movimiento Nacional de Derechos Humanos) dice que el programa "Hambre cero", que se ha convertido en el programa de transferencia de renta "Bolsa Familia", ciertamente ha ayudado a una parte importante de la población a salir de la pobreza, pero los problemas estructurales, como la falta de tierra o la reforma de la vivienda, muestran que no se está paliando la pobreza con la suficiente rapidez.

32.La Sra. ANDIÓN (Centro de Derechos Reproductivos) dice que, según un estudio del Banco Mundial, las tasas de mortalidad materna del Brasil son entre tres y diez veces más altas que en los países con un PIB comparable. Las tasas más altas se registran en las regiones del norte y del nordeste. En comparación, países como el Perú o Guatemala han reducido de forma significativa sus tasas de mortalidad materna.

33.El Sr. ANDRIOLI (La Vía Campesina Brasil) dice que la soja se exporta como pienso para animales, en gran parte a China y a Europa. La legislación europea permite el uso de soja y maíz genéticamente modificados cuando va a ser empleado como pienso para animales, pero los productos derivados, tales como la leche, la carne y los huevos, no se etiquetan como genéticamente modificados. En consecuencia, los consumidores europeos no pueden verificar el origen de esos productos.

34.El Sr. RECH (Parceiros de Misereor no Brasil) dice que cuando los pequeños agricultores dejan de cultivar alimentos para cultivar biocombustibles, se reduce la cantidad de alimentos disponibles. La producción de biocombustibles destruye el medio ambiente y pone así en peligro el futuro de la agricultura a pequeña escala. Es cada vez más difícil evaluar los beneficios de la utilización de biocombustibles en lugar de petróleo.

35.El Sr. CABRERA (Universidad de Georgetown) explica que hay dos cuestiones principales que explican la ausencia de regulación relativa al tabaco en el Brasil. En primer lugar, tal y como ocurre en otros países, existe una presión interna por parte de la industria del tabaco y, en segundo lugar, el grupo de presión de los cultivadores de tabaco ejerce una gran influencia sobre la legislación para el control del tabaco. A pesar de que el Brasil ha ratificado el Convenio Marco de la OMS, poco se ha hecho para hacer cumplir y desarrollar la legislación nacional.

36.El Sr. SCHOKMAN (Centro de Recursos Jurídicos sobre Derechos Humanos) dice que su delegación representa a todas las organizaciones de la sociedad civil responsables del informe de las ONG titulado "Freedom Respect Equality Dignity: Action", presentado al Comité en abril de 2008, y de las posteriores adiciones para actualizar dicho informe que se han presentado en el actual período de sesiones del Comité. Señala a la atención de los miembros del Comité el resumen que se ha distribuido en la sala (http://www.hrlrc.org.au/files/icescr‑ngo-report-executive-summary-may-2009.pdf).

37.El Gobierno de Australia, elegido en noviembre de 2007, está trabajando para reanudar su labor en materia de derechos humanos a nivel internacional, regional y nacional.

38.A pesar de que se han producido muchos avances positivos, las ONG están extremadamente preocupadas porque la acción llevada a cabo en algunas áreas, parece consistir principalmente en cambios de políticas y no en cambios en la legislación. La Constitución de Australia, por ejemplo, contiene una disposición de hace más de 100 años que permite la discriminación contra la población aborigen. Además, no se han modificado las leyes sobre inmigración, es decir, que los solicitantes de asilo carecen de acceso a muchos derechos básicos, como el derecho a la salud y los derechos laborales.

39.La Comisión de Derechos Humanos de Australia no tiene una función formal en relación con la supervisión del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, y sus recomendaciones y conclusiones no son vinculantes. También ha sufrido serios recortes en su financiación, lo que compromete su trabajo.

40.Finalmente, el marco normativo de la Consulta nacional sobre derechos humanos que el Gobierno está llevando a cabo en la actualidad no incluye los derechos económicos, sociales y culturales.

41.El hecho de que Australia siga sin contar con una protección legal completa de los derechos humanos a nivel nacional suscita gran inquietud. Los derechos recogidos en el Pacto no son directamente aplicables según las leyes de Australia, y se observa una notable falta de medidas eficaces ante las violaciones de los derechos humanos. A falta de medidas legislativas concretas, la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en Australia seguirá siendo vulnerable.

42.Ante tales deficiencias, resultaría útil que el Comité formulara una recomendación para que Australia firme y ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto y haga una declaración por la que reconozca la competencia del Comité en virtud del artículo 11 del Protocolo Facultativo.

43.La legislación de Australia para la lucha contra la discriminación es muy limitada, y tan solo admite cuatro motivos: el sexo, la raza, la edad y la discapacidad. Las ONG instan al Comité a que formule una recomendación en favor de una legislación en materia de igualdad que abarque todos los motivos de discriminación especificados en el artículo 2 del Pacto.

44.En ese contexto, el orador recuerda que la Ley sobre la discriminación racial no está en vigor, uno de los resultados de las medidas legislativas extraordinarias adoptadas a raíz del informe "Los niños pequeños son sagrados" relativo a los abusos sexuales a niños en las comunidades indígenas. Dice que no se han aplicado las recomendaciones recogidas en aquel informe y solicita al Comité que recomiende su cumplimiento.

45.En relación con el artículo 3 del Pacto, el orador señala a la atención de los miembros del Comité que las mujeres australianas siguen estando insuficientemente representadas en muchas esferas de la vida pública y política, que existe una importante diferencia entre los salarios de hombres y mujeres, que no hay ningún régimen de licencia parental remunerada y que los servicios de atención infantil son escasos. Además, la violencia contra las mujeres que aún se da alcanza niveles aterradores.

46.El nuevo Gobierno ha tomado numerosas medidas positivas en materia de derechos laborales, pero muchos empleados, especialmente los de pequeños negocios, no están protegidos contra el despido improcedente. También existen restricciones al derecho de huelga y el derecho a la libertad de asociación, sobre todo en la industria de la construcción.

47.La Sra. PETTITT (National Association of Community Legal Centres and Kingsford Legal Centre) expresa que el progreso realizado con relación a las cuestiones planteadas en las observaciones finales del Comité sobre el tercer informe periódico de Australia (E/C.12/1/Add.50) ha sido limitado.

48.Respecto a la seguridad social, la oradora dice que los pagos son insuficientes para asegurar un nivel de vida adecuado. Además, el acceso a la seguridad social depende del cumplimiento de ciertos requisitos de "obligación mutua"; el incumplimiento de estos requisitos en tres ocasiones en un período de 12 meses conlleva la suspensión del pago durante ocho semanas, algo que, como la experiencia ha demostrado, puede llevar a la pérdida de la vivienda.

49.En cuanto a los derechos de las familias y los niños, los ámbitos que suscitan especial preocupación son la falta de centros de atención a la infancia accesibles y asequibles, así como la prohibición del reconocimiento formal de las parejas del mismo sexo en la legislación de Australia, a pesar de las enmiendas introducidas en las leyes que anteriormente discriminaban a las parejas del mismo sexo.

50.Las tres cuestiones clave en relación con el derecho a un nivel de vida adecuado son el alcance de la pobreza, la falta de vivienda y la situación de las personas discapacitadas. No ha habido respuesta por parte del Gobierno de Australia a las recomendaciones realizadas en 2006 por el Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado (A/HRC/4/18/Add.2), por lo que las ONG apelan al Comité para que inste al Gobierno de Australia a que lleve a la práctica dichas recomendaciones.

51.Respecto al derecho a la salud, la oradora dice que los servicios de salud mental carecen de recursos suficientes. Son muy extendidos los problemas en relación con el acceso a los servicios de salud mental, la calidad de la atención y alojamiento adecuado.

52.Los australianos indígenas, especialmente las mujeres, siguen teniendo tasas de mala salud y muerte más altas que los no indígenas. Aunque hace poco el Gobierno se comprometió a mejorar los resultados sanitarios de los indígenas, los niños indígenas continúan en peores condiciones que los niños no indígenas en muchos de los indicadores de la salud.

53.El número de reclusos con problemas de salud mental sigue aumentando, sin que haya un aumento proporcional de los recursos. La atención de la salud mental en las cárceles es manifiestamente inadecuada. Pese a las altas tasas de consumo de drogas intravenosas y de infecciones de transmisión sexual entre los reclusos, la mayoría de las cárceles australianas no ha adoptado aún estrategias eficaces para reducir al mínimo los daños.

54.En cuanto al derecho a la educación, la oradora expresa que el gasto del Gobierno en educación en la primera infancia es el más bajo del mundo desarrollado. En consecuencia, los niños de familias de habla no inglesa o de familias de bajos ingresos, los niños indígenas y aquellos con necesidades adicionales tienen menos probabilidades de acceder a la educación en la primera infancia, lo cual repercute en la materialización de los derechos económicos, sociales y culturales. Los niños y jóvenes indígenas registran cifras más bajas de acceso a todos los niveles de la educación. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, hay más de 100 lenguas amenazadas en Australia y una nueva política del Territorio del Norte que requiere que las primeras cuatro horas de enseñanza de cada día escolar se impartan en inglés, podría poner a las lenguas indígenas en mayor peligro.

55.El Sr. MALEZER (Foundation for Aboriginal and Islander Research Action) dice que el informe periódico de Australia (E/C.12/AUS/4) se elaboró y presentó sin consultar a los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y que es deficiente en muchos aspectos. El informe, por ejemplo, no identifica ni aborda de forma adecuada los asuntos relativos a la población aborigen y es engañoso en relación con el alcance de la discriminación del Estado parte contra la población aborigen.

56.El orador pide al Comité que aborde cinco cuestiones concretas: la necesidad de garantías constitucionales, legislativas y estructurales para promover y proteger los derechos humanos de la población aborigen; el reconocimiento del derecho de la población aborigen a mantener su cultura distinta y diversa, así como las medidas para el desarrollo de este derecho; procedimientos justos e independientes para el reconocimiento de la propiedad y el control de la población aborigen sobre sus tierras y recursos, así como el reconocimiento de otros derechos de propiedad, en particular el derecho a la propiedad intelectual; el desarrollo de la capacidad de los aborígenes para controlar sus propias instituciones y procedimientos para la adopción de decisiones; y el control de la educación de los niños aborígenes, la formación de los jóvenes aborígenes y la ejecución de programas y servicios a la población aborigen de acuerdo con sus métodos y valores sociales y culturales.

57.El orador expresa que la situación de la población aborigen se ha deteriorado desde que el Estado presentara su primer informe al Comité y pregunta qué se está haciendo, como parte del proceso de presentación de informes a los órganos de tratados, para eliminar la discriminación contra la población aborigen de Australia.

58.El Sr. KERDOUN pregunta si las ONG participaron en la redacción del informe del Gobierno. Si fue así, desea saber si plantearon al Gobierno los problemas que destacaron, para tratar de encontrar una solución.

59.El Sr. SADI solicita que se confirme que la legislación federal de Australia sólo cubre cuatro motivos de discriminación.

60.El Sr. SCHOKMAN (Centro de Recursos Jurídicos sobre Derechos Humanos dice que el informe del Estado parte fue preparado por el Gobierno anterior, que no consultó a las ONG, y que, efectivamente, en términos generales ofreció pocas oportunidades de participación a las ONG. El Gobierno actual está realizando consultas sobre su próximo informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

61.El orador confirma que la legislación de Australia sólo trata cuatro categorías de discriminación: por motivo de raza, sexo, edad y discapacidad. Se han mencionado otros tipos de discriminación en los informes de las ONG precisamente porque no estaban cubiertos.

62.Aunque el Comité no examinó con anterioridad el tema del cambio climático, el orador pide a los miembros que estudien la información presentada y hagan preguntas al respecto al Gobierno.

63.La Sra. GOODMAN (3D Trade-Human Rights-Equitable Economy) señala a la atención del Comité el acuerdo sobre tierras que están negociando el Gobierno de Camboya y Kuwait. El acuerdo se inscribe en el marco de una tendencia preocupante, y que se está acelerando rápidamente, por la que los Gobiernos adquieren tierras en otros países con el fin de asegurar su propio suministro de alimentos para el futuro, y esto podría influir desfavorablemente en los derechos recogidos en el Pacto, y en particular, en el derecho a la alimentación. En virtud del Pacto y de la legislación nacional, la concesión de tierras está sujeta a consulta pública pero, según informes, la población de la zona en cuestión no ha sido informada de las negociaciones. Además, el Parlamento de Camboya ha promulgado leyes para proteger las inversiones de Kuwait, leyes estas que podrían dificultar al Gobierno la adopción de medidas para cumplir sus obligaciones dimanantes del Pacto. La oradora alienta al Comité a que pregunte al Gobierno de Camboya cómo prevé consultar a todas las partes interesadas y evaluar las repercusiones del acuerdo sobre tierras, especialmente en los grupos vulnerables.

64.El Sr. PRED (Bridges Across Borders Southeast Asia), hablando en nombre del grupo Cambodia Land and Housing Working Group, dice que aunque algunos camboyanos han prosperado desde el restablecimiento de la paz y la estabilidad, otros muchos han visto cómo se ha ido deteriorando el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales. La rápida introducción de la economía de mercado, a falta de estado de derecho y de un sistema judicial independiente, ha atraído a inversores privados sin escrúpulos, cuyos intereses comerciales el Estado ha protegido a expensas del interés público.

65.La élite gobernante se ha enriquecido con la venta de los recursos del país. Se han realizado grandes concesiones de tierras, conocidas como "concesiones económicas de tierras", a empresas privadas dedicadas al desarrollo agroindustrial con efectos devastadores para aquellos que dependen de los recursos de la tierra y los recursos forestales. A pesar de lo prescrito por la ley, en general no se consulta a las comunidades locales antes de otorgar las concesiones, no se realizan evaluaciones de impacto social y ambiental y no se estudian soluciones de indemnización y reasentamiento. Incluso cuando se han cumplido las normas, el marco jurídico ha demostrado ser inadecuado.

66.Los sucesivos Representantes Especiales del Secretario General encargados de examinar la situación de los derechos humanos en Camboya han expresado su preocupación por los efectos que las concesiones económicas de tierras tienen sobre los derechos humanos y los medios de sustento de las comunidades rurales. Los informes indican un alarmante menoscabo del derecho a la alimentación como consecuencia del desplazamiento forzado, el menor acceso a la agricultura de subsistencia y la destrucción de los recursos naturales. Abundan el hambre y la malnutrición. El modelo de desarrollo del Gobierno ha tenido un efecto especialmente perjudicial para las poblaciones indígenas, y quienes intentan defender sus derechos con frecuencia son acosados e intimidados.

67.La Sra. BUGALSKI (Centro de Derecho de Vivienda y Desahucios) dice que el Gobierno de Camboya no ha protegido ni materializado el derecho de vivienda, según la interpretación que da el Comité a este derecho en sus observaciones generales Nos. 4 y 7.

68.Parece que se ha abandonado el compromiso del Gobierno de rehabilitar los asentamientos de los pobres de las zonas urbanas y de garantizar el régimen de seguridad de la tenencia, habida cuenta del rápido desarrollo urbano impulsado por una afluencia de inversión extranjera. El informe del Estado parte (E/C.12/KHM/1) menciona cuatro zonas que han sido elegidas para proyectos de tierra compartida, pero desde la presentación del informe muchos de los residentes han recibido notificaciones de desalojo, han sido desalojados por la fuerza o han sido condenados por acusaciones espurias por haber defendido su derecho a una indemnización justa, con el fin de facilitar el desarrollo comercial de dichas zonas.

69.El desalojo y la confiscación forzosa de la tierra es uno de los problemas de derechos humanos más difundidos en Camboya. El Gobierno niega que se produzcan tales desalojos, pero las pruebas son abrumadoras y el ritmo y la escala de los desalojos ha aumentado en los últimos años. Entre los instigadores de los desalojos forzosos figuran particulares con buenos contactos, empresas nacionales y extranjeras, y autoridades gubernamentales, mientras que las víctimas suelen ser los hogares más vulnerables. Camboya necesita con urgencia un marco jurídico amplio que regule la expropiación de la tierra y los desalojos y que permita al Estado cumplir con sus obligaciones derivados del Pacto.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.

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