Naciones Unidas

E/C.12/2011/SR.4

Consejo Económico y Social

Distr. general

3 de noviembre de 2011

Español

Original: francés

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

46 º período de sesiones

Acta resumida de la cuarta sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 3 de mayo de 2011, a las 15.00 horas

Presidente:Sr. Pillay

Sumario

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17del Pacto (continuación)

I nforme inicial de Turquía (continuación)

Se de clara abierta la sesión a las 15 .10 horas.

Examen de los informes

a)Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos16 y 17 del Pacto (tema 7 del programa) (continuación)

Informe inicial de Turquía (E/C.12/TUR/1; documento básico (HRI/CORE/TUR/2007); lista de cuestiones que deben abordarse (E/C.12/TUR/Q/1); respuestas escritas del Gobierno turco a la lista de cuestiones (E/C.12/TUR/Q/1/ Add .1)) (continuación)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Turquía vuelve a tomar asiento como participante a la Mesa del Comité.

Artículos 6 a 9 del Pacto (continuación)

2.El Sr. Onaner(Turquía) indica que es la Dirección General de la Condición de la Mujer la que vela por la aplicación del Plan de acción nacional para la igualdad de género y del Plan de acción nacional para combatir la violencia doméstica contra la mujer, elaborados en el marco de la estrategia para la promoción de la igualdad de género. No dispone aún de datos que permitan evaluar los resultados concretos de esa estrategia, pero no dejará de comunicárselos al Comité en cuanto la Dirección General se los transmita. Para combatir la violencia en el seno de la familia, el Gobierno turco ha tomado medidas administrativas y jurídicas y llevado a cabo, con ayuda de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en esa esfera, campañas de sensibilización dirigidas a todos los grupos sociales. En la estrategia global de lucha contra esa lacra se han incluido procedimientos de denuncia de fácil acceso para las mujeres y se han previsto medidas de protección, así como la creación de centros de acogida para las mujeres víctimas de la violencia conyugal.

3.Al contrario que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto no ha sido invocado aún ante los tribunales nacionales. El Sr. Onaner tiene intención de examinar de cerca esa cuestión y mantener informado al Comité de la evolución de la jurisprudencia. Puntualiza además, que no establece en modo alguno una relación entre la escasa tasa de participación de las mujeres en el mercado del empleo y la también baja tasa de escolarización de las niñas en ciertas regiones del país y añade que el Gobierno turco, plenamente consciente de ese problema, trata de resolverlo mediante campañas de sensibilización en las cadenas de televisión privadas y públicas, con miras a alentar la escolarización de las niñas.

4.Turquía no cuenta con una ley de igualdad, pero el proyecto de ley de creación de consejos para la igualdad constituirá, de hecho, un texto de referencia para todas las cuestiones relativas a la igualdad y dotará a dichos consejos de un poder de decisión al respecto. Turquía tampoco posee una ley que establezca cupos aplicables a la participación de la mujer en la vida política, pero cabe congratularse de que, en el marco de la campaña para las próximas elecciones legislativas, las candidaturas femeninas sean mucho más numerosas que en el pasado y sin distinción de partidos.

5.A diferencia de lo que afirmó un miembro del Comité, no se obliga a los detenidos a trabajar. Tienen la posibilidad de hacerlo, pero solo si lo desean y mediante remuneración. No cabe duda de que sus condiciones de trabajo podrían mejorarse, pero no son en modo alguno asimilables a las del trabajo forzoso. Es también cierto que hay periodistas detenidos actualmente en Turquía. Sin embargo, están privados de libertad no a causa de su actividad profesional sino por su presunta afiliación a una organización terrorista ilícita. Será la justicia la que se pronuncie sobre la culpabilidad o la inocencia de los interesados. El Gobierno turco es consciente de que la justicia del país peca de lentitud, lo que explica que reciba a menudo críticas por la duración de la detención policial y de la detención preventiva.

6.Es verdad que las cifras de desempleo han aumentado con regularidad durante los últimos años, pues Turquía no se ha librado de la misma crisis que ha afectado a los demás países del mundo. Las estadísticas provisionales para 2010 parecen indicar, sin embargo, que la situación está mejorando. El Gobierno turco no ha implantado ningún programa gubernamental de lucha contra el desempleo, pero habida cuenta que se trata de una de las preocupaciones principales de los partidos políticos de todas las tendencias actualmente en campaña, no hay razones para creer que no recibirá en el futuro la atención política deseada.

7.Los únicos niños menores de 16 años que trabajan son los que realizan trabajos de temporada, a menudo en el seno de la empresa agrícola familiar, durante las vacaciones escolares. Dado que no están forzosamente sometidos a los mismos horarios de trabajo que los que rigen en el mercado del empleo, es lógico que el salario no sea el mismo para los menores de 16 años, escolarizados el resto del año, que para los mayores de 16 años, que pueden desempeñar un trabajo habitual porque ya han superado la edad de escolarización obligatoria.

8.El salario mínimo se fija tras una serie de consultas entre todas las partes interesadas y, en relación con el nivel de vida de Turquía, no es peor que el de la media de los países europeos y puede incluso calificarse de aceptable. Además, se revisa periódicamente al alza para que los trabajadores mantengan su poder adquisitivo. En respuesta a la observación del Sr. Kedzia sobre el párrafo 90 del informe que se está examinando, el orador, que no llega a entender el vínculo entre la globalización y el hecho de que la fuerza de trabajo femenina se haya trasladado a la economía no estructurada, tiene la intención de informarse a través de las personas que redactaron el documento y dará a conocer al Comité el razonamiento en que se basa esa afirmación.

9.El objetivo de la reforma constitucional emprendida en septiembre de 2010 se cifraba, entre otros, en los artículos de la Constitución relativos a los derechos de sindicación, de negociación colectiva y de huelga (artículos 51, 53 y 54 de la Constitución), así como en las disposiciones sobre el derecho de los funcionarios a la negociación colectiva. Al suprimir la disposición que prohibía a los trabajadores afiliarse simultáneamente a varios sindicatos en un mismo sector de actividad, la reforma ha ampliado considerablemente el campo de aplicación de la libertad sindical. Ha otorgado igualmente a los agentes del Estado el derecho a la negociación colectiva en condiciones que deberán definirse en el marco de acuerdos específicos y ha suprimido una serie de obstáculos al derecho de huelga, como la prohibición de las huelgas generales, de las huelgas motivadas por consideraciones políticas, de las huelgas de solidaridad, de las huelgas intermitentes o incluso de la ocupación del lugar de trabajo. Para ello, los autores de la reforma se han inspirado en los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) así como en la Carta Social Europea. El Parlamento está examinando un proyecto de ley con miras a modificar, entre otras, la Ley de sindicatos y la Ley sobre los convenios colectivos de trabajo y se encargará de armonizar esos textos con las normas pertinentes de la OIT y de la Unión Europea.

10.El estancamiento o incluso la disminución de la tasa de empleo se explican por el envejecimiento de la población y por el hecho de que el número de personas en edad de trabajar aumenta al mismo ritmo, o incluso más rápidamente, que el número de personas que trabajan. Sea como fuere, el método utilizado para calcular esa tasa no ha cambiado a lo largo del período estudiado y las personas empleadas en el sector informal nunca se han contabilizado en las cifras oficiales de empleo. En ese sentido, el Sr. Onaner indica que el Gobierno turco se ha propuesto el objetivo de combatir el trabajo no estructurado y de tomar las medidas imprescindibles contra los empleadores que contratan a personas sin darlas de alta y, por consiguiente, sin ofrecerles protección social.

11.En Turquía, el acoso sexual en el trabajo está sancionado tanto por el Código Penal como por el Código del Trabajo. En los numerosos casos denunciados, los tribunales examinan en la actualidad si las acusaciones están fundadas o no. Pasando a la movilización general o parcial, que solo puede tener carácter excepcional en el país, las restricciones impuestas a los derechos individuales no se salen de los límites aceptables a nivel internacional. Si bien es cierto que el crecimiento y la creación de empleo no alcanzan los niveles indispensables, el Gobierno, que es consciente de las consecuencias que ello acarrea no solo para las personas sino también para el país en general, no escatima esfuerzos para mejorar la situación y garantizar la estabilidad económica de Turquía.

12.El Sr. Onaner dice que no hace tanto tiempo, los trabajadores extranjeros necesitaban efectivamente seis meses para obtener un permiso de trabajo en Turquía; ahora los trámites se pueden hacer en línea y ese plazo ya es solamente de un mes. En cuanto al éxodo intelectual, la delegación no dispone de datos concretos sobre las políticas gubernamentales para frenar ese fenómeno pero puede afirmar que los responsables de la adopción de decisiones no ignoran la situación. Desde hace algún tiempo, se está asistiendo al retorno de la segunda o tercera generación de turcos que se marcharon a trabajar a Europa Occidental y que se vuelven a instalar en el país para disfrutar de condiciones de vida más satisfactorias que las de sus allegados en el extranjero, cosa que ahora Turquía puede ofrecerles. Está claro, por tanto, que cuanto mejores sean las condiciones de vida en el país, menores dimensiones tendrá el fenómeno de la fuga de cerebros.

13.El Sr. Texier recuerda que en 2009 y 2010, un experto independiente de la OIT, basándose en el Convenio Nº 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), pidió al Gobierno de Turquía que le trasmitiera información acerca de las medidas adoptadas para garantizar que los periodistas, los escritores y los editores no sufrieran cortapisas en el ejercicio de sus funciones debido a las opiniones políticas que hubieran podido expresar. El orador desearía, por consiguiente, saber en qué consisten esas medidas. Además, según la declaración de la Confederación de sindicatos turcos, el salario mínimo no permite a una familia alimentarse correctamente más que durante 19 días al mes ni disfrutar de un nivel de vida digno más que durante 6 días al mes. La delegación podría informar al Comité en ese sentido. En cuanto al artículo 8 del Pacto, el Sr. Texier pregunta si la reforma constitucional de 2010 establece una libertad sindical y un derecho de huelga que se ajusten a los criterios enunciados por la OIT. Parece ser, efectivamente, que las fuerzas del orden público no siempre respetan el derecho de los trabajadores a manifestarse, por ejemplo el 1º de mayo, y que en 2008 la manifestación provocó múltiples detenciones. Convendría, por tanto, que los agentes del orden respetaran el derecho de huelga y de manifestación recogido no solo en el Pacto, sino también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

14.La Sra. Shin ha tomado nota de que la delegación no está en condiciones de dar a conocer los resultados de la evaluación del Plan de acción nacional para combatir la violencia doméstica contra la mujer 2007-2010, en el actual período de sesiones del Comité y que se incluirán en el segundo informe periódico del Estado parte. En ese caso, lo más adecuado sería que esos datos se desglosaron por año y por objetivo, con miras a facilitar la tarea del Comité cuando tenga que hacer el seguimiento de la evolución de la situación. Sería igualmente conveniente que se formularan de acuerdo con la sociedad civil y, en particular, con las asociaciones de defensa de los derechos de la mujer. En el próximo informe periódico deberían figurar también datos sobre los casos de acoso sexual que se hayan presentado ante los tribunales, ya se trate de salas de lo penal o de tribunales laborales, así como sobre las sentencias dictadas. La Sra. Shin reitera su pregunta acerca de los cupos de empleo para las personas con discapacidad, ya que sigue sin haber obtenido una respuesta.

15.La Sra. Cong ha observado que, con carácter excepcional, la Ley Nº 4857 del Trabajo autorizaba el empleo, en trabajos ligeros, de los niños de más de 14 años que hubieran terminado los estudios primarios. Pregunta cómo puede protegerse, en esas condiciones el derecho de los niños a la educación.

16.El Sr. Onaner(Turquía) hablando del trabajo de los niños mayores de 14 años, indica que las disposiciones de la ley se refieren exclusivamente a casos excepcionales, es decir a niños que han culminado pronto y satisfactoriamente ocho años de escolarización obligatoria y a los que se han encomendado tareas adaptadas a su edad, de ahí que se les abone un salario mínimo inferior al previsto para los niños mayores de 16 años. El empleador tiene la obligación de respetar esas condiciones, porque de lo contrario, se expone a sanciones. Además, es una tradición en efecto, que los trabajadores se manifiesten el 1º de mayo también en Turquía y sobre todo en Estambul, en la plaza Taksim, que es un lugar emblemático. Aunque haya habido en el pasado intervenciones de las fuerzas del orden, parece que en 2011 el proceso se desarrolló sin ningún tropiezo. El Sr. Onaner se compromete a que la información sobre la lucha contra la violencia doméstica ejercida contra la mujer, solicitada por el Comité, figure en el próximo informe periódico de Turquía. Confirma la existencia de cupos de empleo para las personas con discapacidad tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas. En las primeras, para respetar la ley, se han hecho adaptaciones para poder acoger a las personas con discapacidad. En las segundas, la situación es más difícil, pues ocurre a menudo que las empresas no disponen de las infraestructuras oportunas; la indemnización que deben abonar en ese caso tiene un objetivo disuasor y es superior al costo generado por una reforma del local, a fin de fomentar a la contratación de personas con discapacidad.

Artículos 10 a 12 del Pacto

17.El Sr. Tirado Mejía declara que es plenamente consciente de la dificultad que representa, para un país, realizar grandes proyectos de desarrollo, como la construcción de presas, por ejemplo, sin dejar de proteger a la población en las esferas contempladas en los instrumentos nacionales suscritos. Sin embargo, dado que las respuestas ofrecidas por el Estado parte al respecto han sido más bien vagas, el Sr. Tirado Mejía desearía que la delegación brindara explicaciones concretas, por ejemplo, sobre los procedimientos de reasentamiento de los desplazados, el número de personas afectadas, su indemnización o los programas futuros. Es cosa sabida que esos grandes proyectos llevan aparejadas consecuencias para el medio ambiente; sería útil, por tanto, saber cómo abordan las autoridades turcas ese problema; de la misma manera, la delegación podría indicar qué medidas tienen intención de tomar las autoridades para proteger los bienes culturales, a menudo de gran valor, que pueden ser afectados por esos proyectos. El Sr. Tirado Mejía recuerda, en ese sentido, que se ha puesto fin a la cooperación establecida con los Gobiernos de Alemania, Austria y Suiza para construir la presa de Ilisu, porque no se respetaban las normas internacionales de protección de la población. Parece ser, incluso, que ha habido tribunales turcos que han dictado resoluciones desfavorables a la continuación de ciertos proyectos, pero que no se han tenido en cuenta. Se invita a la delegación a aportar información al respecto.

18.El Sr. Riedl, en referencia a la Observación general Nº 15 del Comité (2002) sobre el derecho al agua, invita a la delegación a proporcionar cifras actualizadas y desglosadas relativas al saneamiento, en especial acerca de las instalaciones sanitarias, cuyos últimos datos se remontan a 2000 y 2003. Pone de relieve que el informe inicial del Estado parte no contiene detalle alguno sobre las iniciativas de las autoridades locales, que parecen actuar por su cuenta en lo tocante a la salud medioambiental e industrial y pregunta si la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso López Ostra ha generado algún cambio en el enfoque de esa cuestión. Desea recibir más detalles sobre los programas, planes de acción y estrategias adoptados para informar a los jóvenes, las mujeres y los hombres de las cuestiones de salud reproductiva y de los derechos conexos. En cuanto a la salud mental, el Sr. Riedl pide datos concretos sobre la relación numérica entre pacientes internados y pacientes en tratamiento ambulatorio y sobre las medidas adoptadas contra las terapias electroconvulsivas. Pasando a la salud de los refugiados y de los solicitantes de asilo, desearía saber si las personas indocumentadas y, en particular, los niños, tienen el mismo acceso a los cuidados o si, de conformidad con la política seguida en la Unión Europea (UE) la asistencia se limita a los casos de urgencia. Quisiera saber igualmente si está garantizada la atención primaria de la salud en las cárceles y si se cuenta con personal médico en el recinto de los establecimientos penitenciarios o si hay que recurrir al exterior. Tras observar que las cifras relativas al VIH/SIDA datan de 2002, pregunta cuál ha sido su evolución desde entonces y si el contagio, que en un principio era sobre todo homosexual, se ha convertido en heterosexual. Pregunta, por último, si el Estado parte garantiza a todos una atención de salud a un costo abordable.

19.El Sr. Schrijver quisiera saber qué medidas ha adoptado el Estado parte para luchar contra el fenómeno de los matrimonios precoces, concertados y forzados, que son cada vez más numerosos en las regiones del sur y del sureste del país y que se practican igualmente entre los turcos de fuera del país. Según algunos informes, se dan casos de trabajo infantil en ciertos sectores de la producción, como por ejemplo la fabricación de muebles, que exponen a los jóvenes trabajadores a accidentes y a enfermedades profesionales; parece ser también que hay muchos niños que trabajan en la calle. Se invita a la delegación a aportar cifras y a indicar las medidas tomadas para eliminar las peores formas de trabajo infantil, de conformidad con las obligaciones derivadas del Pacto y los convenios pertinentes de la OIT.

20.La Sra. Barahona Riera pregunta si el Estado parte tiene intención de tipificar la violencia doméstica, que es diferente de la violencia sexual y que se ejerce no solo contra la mujer, sino también contra los niños y las personas mayores. Desea conocer el porcentaje de matrimonios religiosos que no han sido legalizados mediante un matrimonio civil. Invita igualmente a la delegación a proporcionar informaciones adicionales sobre las personas mayores que, por haber trabajado en muchos casos en el sector no estructurado, carecen de pensión de jubilación, mientras que otras reciben pensiones muy precarias, así como sobre los programas de ayuda y de asistencia de que disponen. Aunque hayan disminuido, las tasas de mortalidad materna, siguen siendo elevadas, por lo que la Sra. Barahona Riera pone de relieve que sería muy útil para las mujeres contar con un seguro médico universal.

21.El Sr. Kedzia, como estima que el porcentaje de mujeres víctimas de actos de violencia conyugal (39%) es muy alto, solicita detalles sobre las actuaciones entabladas contra los responsables. Tras añadir que con el único instrumento de la ley en la mano no se puede acabar con esas prácticas, que obedecen también a causas culturales, pregunta por las medidas tomadas por el Estado parte para luchar contra ese fenómeno, así como por una eventual evaluación del Plan de acción nacional para combatir la violencia doméstica contra la mujer y las conclusiones pertinentes. Convendría contar con información sobre los efectos de las disposiciones del nuevo Código Penal relativas a la supresión de las reducciones de penas para los autores de crímenes cometidos en nombre del honor.

22.Pasando a los problemas relacionados con las grandes obras hidroeléctricas, el Sr. Kedzia desearía saber de qué garantías disponen los habitantes de las regiones afectadas, pues no ignora que las leyes de expropiación y de asentamientos prevén la posibilidad de recurrir a procedimientos acelerados. Subraya que las obras de la presa de Ilisu van a provocar el empobrecimiento de muchos de sus habitantes: según la Ley de expropiación, por ejemplo, la indemnización que se les abonará por la pérdida de sus propiedades inmobiliarias y de sus tierras será inferior al valor de las nuevas propiedades en las ciudades vecinas, adonde afluyen las personas expropiadas. A consecuencia de la pérdida de las tierras, también se ve amenazado el derecho a la alimentación. La delegación podría también proporcionar información sobre la manera en que el Estado parte piensa afrontar los graves problemas ambientales que plantean las obras gigantescas de Ilisu.

23.El Sr. Dasgupta señala a la atención la abundancia de núcleos de pobreza en ciertas regiones del Estado parte y, en especial, en el sudeste de Anatolia, por lo que desearía conocer cuáles son los motivos y saber qué medidas se han adoptado para resolver esa situación. Invita a la delegación a explicar qué proyectos tiene el Estado parte para mejorar el nivel de vida de las personas expropiadas por las obras hidroeléctricas de Ilisu, como se indica en las respuestas a la lista de cuestiones (E/C.12/TUR/Q/1/Add.1), siendo así que las indemnizaciones se calculan sobre la base del valor de mercado de las propiedades y que, en la mayoría de los casos, las personas tienen que endeudarse para encontrar una nueva vivienda. Se invita a la delegación a indicar qué actividades de seguimiento está llevando a cabo para determinar si han mejorado el nivel de vida y los ingresos de las familias reasentadas.

24.El Sr. Abdel- Moneim pone de relieve que los cálculos sobre el nivel de vida no deben basarse en el salario mínimo, sino tener en cuenta igualmente el índice de precios al consumo. Considera necesario derogar la norma discriminatoria del Código Civil que prohíbe a una mujer divorciada contraer una nueva unión hasta que no hayan transcurrido 300 días y presente un certificado de que no está embarazada; en ese sentido, desearía saber cuál es la influencia de la sharia en el Código Civil. Por último, al abordar el tema de las jóvenes que contraen matrimonio a una edad precoz en un entorno religioso, el orador solicita que se le confirme el dato de que no pueden acogerse a los derechos del matrimonio civil.

25.El Sr. Sadi (Relator para el país) pide detalles sobre la jurisprudencia en materia de delitos contra el honor, de violación de las disposiciones del Código Civil relativas a los matrimonios precoces, de trata de personas y de violencia contra la mujer. Hace hincapié en la situación en que se encuentran las personas con discapacidad en el Estado parte, que se consideran dejadas de la mano de los poderes públicos, aunque solo sea, por ejemplo, en materia de accesibilidad. Tras citar la Observación general Nº 15 sobre el derecho al agua o más concretamente, la cuestión del saneamiento, el Sr. Sadi invita a la delegación a indicar qué lugar se otorga al agua en la legislación del Estado parte y cuál es la situación del saneamiento en las zonas rurales. En cuanto a la salud física y mental, advierte que entre un 10% y un 20% de la población no está cubierta por un seguro de enfermedad y pregunta qué hacen esas personas cuando necesitan atención médica. El orador expresa su preocupación por la elevada tasa de suicidios de las jóvenes y pide detalles sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para luchar contra ese fenómeno y contra los matrimonios forzados, que son una de sus causas. Para terminar, tras manifestar su sorpresa por haber leído en un informe publicado por la OMS que en 2009 el 23% de la población turca vivía en zonas donde el paludismo es endémico, solicita confirmación de ese dato.

26.El Sr. Atangana pregunta cuáles han sido los resultados de la primera reunión del Comité de vigilancia de la violencia contra la mujer, celebrada en marzo de 2007 y de las eventuales reuniones ulteriores.

27.El Sr. Ribeiro Leăo desearía saber si los extranjeros están cubiertos por el programa ampliado de vacunación, al margen de que estén o no en situación legal.

28.La Sra. Cong, refiriéndose a los cuadros 26 a 28 del informe inicial del Estado parte, pregunta por el número de "hospitales pertenecientes a minorías no musulmanas" y los motivos por los que ha disminuido el número de centros de atención materna y de planificación de la fecundidad (que han pasado de 291 en 2000 a 280 en 2002). Se pregunta cuáles han sido las consecuencias de ese descenso para las mujeres.

29.El Presidente, en su calidad de miembro del Comité, desearía conocer el número de personas que viven en la pobreza en el Estado parte (en 2002 se cifraba en un 20%), si el plan de reducción de la pobreza comprende los derechos sociales, económicos y culturales, de conformidad con la Declaración del Comité sobre la pobreza (E/C.12/2001/10) y recabar detalles sobre las medidas tomadas para luchar contra la pobreza infantil y mejorar el suministro de agua a las poblaciones rurales.

30.Pregunta si existe un plan nacional para atender las necesidades urgentes en materia de vivienda (déficit de 3 millones de unidades) e invita al Estado parte a aportar cifras en su próximo informe periódico sobre la falta o la insuficiencia de viviendas.

31.Tras mencionar los problemas relacionados con la construcción de presas, ruega al Estado parte que facilite explicaciones sobre el proyecto de renovación urbana de Estambul, en el que se prevé la expulsión de unas 80.000 personas, lo que constituye una violación de las directrices adoptadas por el Comité en su Observación general Nº 7 (1997) sobre el derecho a una vivienda adecuada.

Artículos 13 a 15 del Pacto

32.El Sr. Kedzia se congratula de que el objetivo de Turquía consista en alcanzar una tasa de escolarización del 100% tanto para las niñas como para los niños a más tardar en 2010 (párrafo 96 del informe) y pregunta cuáles son los resultados de la campaña "¡Chicas, vamos a la escuela!", apoyada por el UNICEF, en particular en las zonas más remotas y cuya población (principalmente kurda) está en una situación más desfavorecida.

33.Recuerda que, en Turquía, los derechos de las minorías se rigen por el Tratado de Lausanne, firmado en 1923, y lamenta que el Estado parte no haya ratificado la Convención Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa. En referencia a la Observación general Nº 27 del Comité de Derechos Humanos (1999) sobre la libertad de circulación, subraya que la protección de todos los ciudadanos, consagrada en la Constitución turca, no basta para garantizar los derechos de las minorías e invita al país a facilitarle más detalles sobre el marco nacional de protección de los menores.

34.El Sr. Dasgupta desearía saber si, en las escuelas públicas, las minorías étnicas tienen acceso a una enseñanza en su lengua materna (en particular, kurdos, sirios o armenios). Teniendo en cuenta que se ha elevado a ocho años la duración de la escolarización obligatoria, pregunta si se ha previsto modificar o abolir la ley que autoriza el empleo de menores de 15 años que hayan finalizado seis años de enseñanza obligatoria.

35.El Sr. Abashidze solita al Estado parte que integre la protección de las minorías en un marco jurídico e incluya en la categoría de minoría a las no musulmanas.

36.La Sra. Barahona Riera invita al Ministerio de Educación del Estado parte a velar por que los manuales escolares no revistan un carácter sexista, tanto en la enseñanza pública como en la privada. Pregunta por las medidas tomadas para reducir la tasa de abandono escolar de las niñas y las desigualdades entre los sexos, desde la enseñanza primaria hasta la enseñanza superior. En materia de salud sexual y reproductiva declara que, además del acceso a los servicios conexos, es menester prever programas de educación para jóvenes y adultos. Pasando a los programas de formación inicial y en el servicio, organizados para los miembros de las fuerzas de seguridad, desea que se hagan extensivos al conjunto de la población.

37.El Sr. Kerdoun se preocupa por el marco jurídico previsto para velar por el respeto de la ley relativa a los centros de enseñanza privada en un contexto de creación de centros de todas las tendencias. Volviendo al párrafo 542 del informe, pregunta si la terminación del ciclo de enseñanza secundaria lleva aparejada la obtención de un diploma, si están autorizados los estudios en lengua extranjera y, en caso afirmativo, si el ruso forma parte de las lenguas propuestas.

38.El Sr. Marchá n Romero, menciona la Observación general Nº 21 del Comité (2009) relativa al derecho de toda persona a participar en la vida cultural y lamenta que el Estado parte no reconozca los derechos de las minorías e invita a ayudar a esas poblaciones a proteger, promover y desarrollar sus propias culturas, que forman parte integrante de la identidad nacional turca, sin negar su propia identidad ni obligarlas a asimilarse. Invita al Estado parte a adoptar una actitud más abierta y a entablar un diálogo constructivo y sostenido con el Comité sobre los logros alcanzados en esa esfera.

39.El Sr. Sadi (Relator para el país) pregunta por las medidas tomadas con objeto de implantar un sistema de transporte escolar para los niños de las zonas rurales. Pregunta si, desde la abrogación de la ley que prohibía llevar un pañuelo, se ha observado una discriminación a la inversa con respecto a las alumnas que no lo llevan. Desearía saber por qué únicamente ciertas minorías tienen derecho a abrir sus propios establecimientos escolares. Dado que recuerda que muchos romaníes han sido desplazados debido a proyectos de urbanización, pregunta si hay otras más minorías afectadas y si existe una política de lucha contra la discriminación de los romaníes y de las demás minorías. Ruega, por último, al Estado parte que indique si ha adoptado medidas respecto de las observaciones generales del Comité y si mantiene sus reservas al artículo 13 del Pacto.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.